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Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan
TEMA DEL MES
� Julián Núñez Sánchez Presidente de Seopan Nuestro país ha asumido el compromiso de cumplir, en los próximos 10 años, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 que, en 2015, aprobaron 193 jefes de Estado y de Gobierno de distintos países de Naciones Unidas -España, entre ellos- reunidos en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Nueva York. Para cumplirlos, España debe invertir en infraestructuras 157.000 M€ en la próxima década. En el informe ‘Infraestructuras para la Reconstrucción Económica y Social de España’, realizamos un análisis detallado de estas infraestructuras y su valor estimado.
E
spaña se encuentra, en estos momentos, ante el reto de inyectar en nuestra economía, en el periodo de cinco años, más de 72.000 M€ procedentes del programa de ayudas europeas Next Generation-UE, constituido por la Unión Europea para ayudar a los estados miembros a superar los efectos económicos de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Para ello, el Gobierno tuvo que presentar, antes del 30 de abril de 2021, un Plan de Reconstrucción y Resiliencia en el que quedaran detalladas las reformas e inversiones que se propone afrontar con cargo a los fondos, y justificar su adecuación a los objetivos de desarrollo sostenible, a cuyo cumplimiento está estrictamente condicionada la concesión de las ayudas. Esta es una oportunidad para avanzar en los ODS. Para garantizar el éxito en la eficiente aplicación de estos recursos disponibles, la sociedad civil y, muy especialmente, sus empresas, deben poner a disposición de esta ingente tarea todo el potencial de sus capacidades, colaborando estrechamente con los poderes públicos, responsables de orientar la política económica y de fijar las estrategias, e identificar las líneas de acción para su efectiva implementación. Con este objetivo, nuestra asociación, junto con Tecniberia, la asociación de empresas de ingeniería, ha presentado una propuesta de colaboración -a disposición en nuestra página web- que, con una inversión de 100.813 M€, comprende más de 2.280 actuaciones concretas en 10 áreas de inversión y reforma, que hemos denominado macroproyectos tractores. Estos se encuadran en el ámbito de la vivienda, el medio ambiente (depuración de agua, prevención de inundaciones y tratamiento de residuos), el transporte ferroviario de mercancías, el transporte público, la movilidad sostenible, el refuerzo de las infraestructuras sanitarias, la modernización y digitalización del sector de la construcción, y las reformas legales para hacer posible la realización de todas ellas en el reducido espacio de tiempo que la condicionalidad de la Unión Europea impone. Se trata pues de una selección de las infraestructuras identificadas en nuestro informe de ODS que, siendo prioritarias, se ciñen escrupulosamente a los objetivos de transformación ecológica y digital impulsadas por Europa. Todas las actuaciones que hemos propuesto se alinean con las políticas tractoras y líneas de actuación marcadas por el Plan de Reformas, Transformación y
INVERSIÓN PÚBLICA 2000-09 VS 2010-2019
INVERSIÓN PÚBLICA 2021/2022 (M€)
INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL 2021/2022 EN 10º EUROS
Fuente: European Economic Forecast Winter 2020
Resiliencia de la Economía Española, Plan España Puede, presentado por el presidente del Gobierno de España el pasado 7 de octubre, y con el Plan Nacional de Reformas y Recomendaciones del Consejo de la UE en el marco del Semestre Europeo, y con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Asimismo, todas las actuaciones seleccionadas podrían ser ejecutadas antes del 1 de enero de 2027 y cuentan con una rentabilidad económica y social (TIR social) positiva. La realización de estas actuaciones supondría, en su periodo de ejecución, según se justifica en la propuesta, utilizando la metodología generalmente aceptada, la generación de 191.320 M€ de actividad económica inducida, la creación de 1.401.876 puestos de trabajo, con un retorno fiscal a través de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales y ahorro de prestaciones públicas de 46.481 M€. La propuesta prevé la posibilidad de que su financiación se pueda llevar a cabo, en cuanto a 12.773 M€, con cargo a la línea de subvenciones de los fondos NG-UE (lo que representaría un 17,5% de dichos fondos) y 88.039 M€, con cargo a fondos privados mediante fórmulas de colaboración público-privada. En este sentido, considero importante incidir en que la colaboración de las empresas para la construcción y operación de infraestructuras no implica un cambio de titularidad del servicio ni del activo, que en todo momento sigue siendo enteramente público. Esta colaboración público-privada supondría que, por cada euro aportado por los fondo europeos, se lograría movilizar hasta 6,8 euros de capital aportado por las empresas (logrando así el efecto multiplicador a que se refería el presidente del Gobierno en la presentación del plan “España Puede”) y liberaría fondos públicos que podrán destinarse a otras prioridades. Me gustaría también aclarar que no proponemos invertir con el único objetivo de crear empleo y actividad en las empresas. No estamos hablando de un nuevo Plan E aumentado. Hemos tenido muy en cuenta que todas las inversiones deben realizarse sobre la base de su rentabilidad económica y social, medida por su capacidad de producir valor para el ciudadano e inducir actividad económica estable y permanente.
Plan Nacional de Infraestructuras
Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, aparte de dar cumplimiento al compromiso que como país hemos asumido, supone una histórica oportunidad para modernizar nuestra economía y bienestar social. Pero, como decía, esto no será posible si no dotamos al país de las infraestructuras necesarias. En este momento, estamos a la cola de la Unión Europea y continuamos invirtiendo apenas el 40% de la media de las cuatro mayores economías europeas. En el ámbito global, las mayores potencias
ANÁLISIS LICITACIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
IMPACTO DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU EN 2021
siguen apostando por la inversión pública: cinco de las economías más desarrolladas del mundo figuran entre los diez países que más están invirtiendo en infraestructuras. Por ello, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 debería contemplar -y esta es nuestra sugerencia- un Plan Nacional de Infraestructuras que, fruto del acuerdo entre las distintas formaciones políticas y administraciones públicas, contemple las necesidades de infraestructuras para los próximos 10 años, y fije las prioridades de su ejecución. Sería muy deseable que este plan contase con un alto consenso para evitar que se repita lo que ha ocurrido durante los últimos 12 años, en los que hemos visto cómo se han aprobado hasta tres grandes planes de infraestructuras que, sin embargo, no han servido para fijar las prioridades de inversión en el medio y largo plazo. Nuestras prioridades sociales, junto con la obligación de reducción de deuda y déficit público, que marcarán los próximos años una vez superada la pandemia,
La propuesta de Seopan-Tecniberia para la Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 10 macroproyectos tractores.
no permitirán que los presupuestos públicos financien todas las inversiones que, en materia de infraestructuras, el país necesita. Pero esto no puede seguir sirviendo de excusa -llevamos así más de una década- para eludir nuestro compromiso con el futuro. España no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes, pues la reindustrialización y modernización del país son objetivos prioritarios para preservar nuestro desarrollo, competitividad y bienestar social. Es necesario plantearse otras formas de financiación para afrontar esta realidad económica, para lo que es preciso revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras. Y para ello debemos recuperar la colaboración público-privada fomentando el modelo de concesión. Y aprovecho para reiterar, una vez más, que financiar inversiones mediante concesiones no es privatizar. La infraestructura permanece en todo momento bajo la titularidad y control públicos. Y presenta, además, importantes ventajas, pues anticipa en el tiempo las inversiones, minimizando la captación de recursos públicos y su impacto en el déficit público, y es un modelo más equitativo y equilibrado para la generación de españoles que ha construido este país con su aportación por la vía del pago de sus impuestos. Asimismo, esta fórmula concentra en un mismo agente el proyecto, la construcción, la financiación y la operación y mantenimiento de la infraestructura, simplificando la transferencia de riesgos y responsabilidades y reduciendo el plazo medio de maduración de nuestras inversiones. Pero nuestro modelo concesional y su práctica ha desaparecido de la contratación pública. En 2016 licitamos el 2% del valor de concesiones de lo que licitamos en 2007. Soy consciente de que determinados problemas de viabilidad surgidos con algunas concesiones. como las carreteras radiales de Madrid, han originado un negativo prejuicio contra las concesiones. Prejuicio injustificado, pues hay que recordar que, en este caso concreto, el de las radiales, el contrato no pudo llegar a buen fin por la negativa de la Administración a cumplir la obligación, reconocida legalmente, de reequilibrar las concesiones, como consecuencia del importantísimo sobrecoste de las expropiaciones que declararon los Tribunales, y de las obras adicionales que ordenó el propio ministerio concedente. En aquel caso, falló el contrato, o mejor dicho, el cumplimiento del contrato por parte de la Administración, pero no el sistema. Debemos vencer este prejuicio hacia la colaboración público-privada en la realización de infraestructuras ya que nuestra experiencia de los últimos años, aparte de estos casos puntuales, debe calificarse de éxito. A lo largo de los últimos 10 años previos a la crisis, se han gestionado de forma exitosa, mediante concesiones, muchas actuaciones. Entre ellas, podría enumerar las siguientes:
El sistema concesional funciona en todo el mundo y nuestras mayores compañías son además líderes en los cinco continentes en la promoción de todo tipo de concesiones de infraestructuras y servicios. Por ello, no resulta coherente que un país como el nuestro, pionero en infraestructuras y cuyos modelos de financiación y gestión son una referencia para todo el sector a nivel mundial, se quede ahora rezagado con el perjuicio que eso puede suponer para el futuro de nuestros ciudadanos.
