Folleto

La canasta b谩sica de la Ley del Derecho a la

Alimentaci贸n

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l Estado, como sujeto obligado del derecho a la alimentación, debe dar garantía y responder permanentemente a las necesidades alimentarias de todas las personas, mitigar los riesgos alimentarios y proteger a la población contra daños, enfermedades y discapacidades. Al mismo tiempo lograr el máximo potencial de capacidades humanas a través del bien comer para erradicar la desigualdad y la exclusión, esto es, la garantía de los derechos humanos a través de la participación ciudadana para alcanzar con justicia un pleno estado de bienestar para todos y todas.

“Toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” Art. 4º Constitucional Mexicano Estos son elementos sustantivos para exigir el Derecho a la Alimentación.

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Obligados y titulares. El Estado es el Obligado y debe garantizar el Derecho a la Alimentación nutrición, suficiente y de calidad. La ciudadanía de todos los rincones de México, es Titular de este derecho y puede exigirlo. La población con incapacidad de autotutelarse este derecho merece ser protegida por el Estado y por toda la población. La ley debe establecer el tipo de violaciones así como las sanciones correspondientes cuando se atenta contra este derecho.

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Política de Estado. El Estado debe diseñar y plasmar en la ley una política alimentaria y de nutricional integral, donde se planee desde hoy y hasta el 2030 la seguridad alimentaria, donde se articulen a todas las dependencias federales involucradas. Además la ley debe facilitar la aplicación de esta política en todos los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, para llegar a las localidades por pequeñas que sean.

Derecho a la tierra. La ley debe garantizar el acceso efectivo a la tierra por derecho; para sembrar, producir y comer en términos de justicia y equidad, así en tierras continentales como en aguas oceánicas para aprovechar los saberes de campesinos y pescadores. La ley debe reconocer la parcela ejidal y comunal, como patrimonio familiar inembargable, inalienable y sólo transferible a miembros de la familia. Esto debe reflejarse en la disminución de la migración y mayor productividad.

Equidad de género. Se deberá reconocer en la ley el acceso y titularidad de la tierra para las mujeres, dignificar su papel como productoras en la economía del cuidado, para facilitarles recursos agrícolas o acuícolas, insumos para el campo y pescaderías.

La ley debe promover financiamiento a las mujeres que generen alimentos para sus familias y comunidades.

Producción sustentable. La ley debe proteger la producción pequeña y mediana de alimentos locales, así se reducen traslados para la venta y consumo humano con menor huella de carbono. La ley debe proteger a las semillas contra el uso de transgénicos, especialmente en especial al maíz, así como a los suelos, los saberes ancestrales, la biodiversidad presente y futura de México, y respetar métodos de cultivo tradicional sin pesticidas ni fertilizantes químicos. Se debe promover el cultivo orgánico. Se deberá fortalecer la formación agroecológica de los productores y productoras, a fin de garantizar alimentos sanos. Frescos y nutritivos.

La canasta básica de la Ley del Derecho a la Alimentación

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Canasta alimentaria mexicana. La ley debe definir los cultivos y alimentos estratégicos para disminuir la mala nutrición y mejorar la salud de las y los mexicanos, que al mismo tiempo sean rentables para impulsar la economía a todos los niveles, resistentes a riesgos climáticos y los más adecuados para la cultura nacional para ser protegidos, como el maíz, frijol, amaranto, quelites, nopal, hortalizas y pescado, entre otros. El gobierno federal y los gobiernos de los estados deberán crear reservas estratégicas de alimentos, para garantizar los alimentos básicos en caso de desastres naturales o conflictos sociales.

Derecho al agua. En la ley se garantizarán procesos de acceso, saneamiento, captación y suministro de agua de forma permanente. Para el consumo humano, la siembra, la pesca, el paisaje, la infraestructura hidroagrícola. La ley debe asignar la responsabilidad de invertir en obras de captación y aprovechamiento de agua de lluvia a nivel doméstico, parcelario y comunitario. Todos los ríos, manantiales, aguas subterráneas, lagunas y mares deberán protegerse de contaminación y privatización.

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Inversión en el campo. La ley debe priorizar la inversión pública productiva como caminos rurales, electrificación, conectividad y tecnificación de riego. Investigación científica, innovación y transferencia tecnológica para la autosuficiencia alimentaria con base en pequeña y mediana unidad de producción. Profesionalización autogestiva de productores a nivel local y microrregional donde se incluyan a jóvenes y mujeres rurales.

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Combate a la pobreza rural. La ley definirá como uno de los indicadores del cumplimiento del derecho a la alimentación, la fijación y retribución del valor a la conservación de los recursos vegetales del campo; la capacidad de producir alimentos y la producción de servicios y productos ambientales, que no vayan en detrimento de la producción de alimentos ni del tejido social comunitario y con potencial de desarrollo en agricultura familiar, para revertir el deterioro ambiental en zonas ahora empobrecidas y donde se devuelva el reconocimiento para generar riqueza ecológica, humana, social y estructural. La superación de la pobreza rural debe combatirse con una visión integral, y debe ser un asunto de prioridad nacional, porque la agricultura proporciona mucho más que alimentos.

Cambio Climático. La ley debe establecer responsables para crear y respetar redes de estaciones climatológicas comunitarias, otorgar seguros de cosechas por cambio climático, contener la devastación de recursos naturales, lograr la reserva estratégica de alimentos, bancos regionales de germoplasma públicos y en manos de las comunidades, mecanismos de contingencia climática, protección de zonas de reserva ecológica y respeto a zonas de reserva por guardias comunitarias.

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Vigilancia Nutricional. La ley contemplará la creación de un sistema de inteligencia epidemiológica para la vigilancia permanente del estado de nutrición para intervenir de forma oportuna y prevenir los daños de la mala alimentación. En particular se protegerá a mujeres desde el embarazo así como a niños y niñas como interés superior de la Nación. Se respetará y promoverá el derecho a la lactancia materna, al neurodesarrollo, la prevención de la obesidad así como a la detección y atención del daño metabólico ocasionado por alimentación inadecuada.

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Derecho a la cultura. Se protegerá en la ley la identidad alimentaria como valor social, la tradición culinaria y la vida comunitaria como recurso para el despliegue de capacidades y florecimiento humano. Los alimentos disponibles y accesibles deberán ser aceptados por los titulares de derecho a la alimentación y los alimentos incluidos en los programas sociales deberán considerar el respeto a la idiosincrasia y libre determinación de los pueblos.

Soberanía alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria deberá cubrirse primordialmente con alimentos nacionales: sin monopolios, sin semillas genéticamente modificadas ni alimentos chatarra; para controlar la salud, las importaciones, los precios y proteger los intereses de la población así como la economía nacional. La ley debe otorgar la responsabilidad de velar por el bienestar de la población a los y las representantes del Estado.

Se deberá promover la siembra de huertos urbanos y de parcelas, con alimentos orgánicos, libres de pesticidas, plaguicidas y transgénicos.

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Abasto justo. Los alimentos nutritivos y de calidad, por ley serán distribuidos a través de mercados locales, en puntos comunitarios de consumo, programas de asistencia social y modelos alternativos de economía solidaria protegidos de tiendas de gran comercio. El Estado debe garantizar condiciones mínimas para un mercado con participación de pequeños y medianos productores beneficiados con un sistema de precios remunerativos con certeza de comercialización de sus productos. Se procurará infraestructura de almacenamiento, redes de frío y procesamiento a nivel local, microrregional y nacional para la reserva pública de alimentos. Deberán promoverse cadenas cortas de producciónconsumo entre el origen y el destino.

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Consumidores. La ley contemplará un sistema de reglamentos para garantizar y exigir los derechos del consumidor a la información, a la protección contra riesgos sanitarios, a la publicidad veraz, a la comida sana dentro y fuera de casa, a precios justos y a la orientación alimentaria de calidad en las dependencias federales, estatales y municipales. Se garantizará comida sana en escuelas, hospitales, asilos y en poblaciones vulnerables.

Reestructurar el presupuesto al campo. La ley debe amparar los recursos al campo vía decreto presidencial con vigencia sexenal, obligación de entrega anticipada a las siembras y verificación ex post, con tope de apoyos, para incorporar a pequeños productores de menos de 5 hectáreas, con prioridad a zonas indígenas y marginadas, con incentivo adicional por conservación y regeneración de suelos agrícolas, forestales, cuerpos de agua, biodiversidad y paisaje. Se protegerá la compactación de los subsidios de fomento productivo y la apertura programática por la SHCP en el PEF, Sagarpa y PEC Rural al inicio del sexenio. Crearse partidas específicas y etiquetadas para fortalecer la producción familiar de autoconsumo.

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Participación ciudadana. Se consolidará por ley un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con participación parlamentaria de grupos sociales y académicos, para vigilar el cumplimiento del derecho y definir por consenso acuerdos a favor del bien comer con una visión de largo plazo, así como las rutas y mecanismos ciudadanos claros para exigir el derecho a la alimentación, prevenir y denunciar violaciones del mismo.

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C A M P A Ñ A