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Cajonear y silenciar en la Legislatura porteña
Otro intento del GCBA en pandemia Un freno al desalojo de la Escuela Taller
Tres camiones del Ministerio de Educación porteño intentaron vaciar anoche el histórico edificio donde funciona la Escuela Taller del Casco Histórico. La comunidad educativa logró frenar el desalojo a partir del amparo presentado el año pasado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
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Texto: El Grito del Sur
Sábado a las nueve de la noche. Las calles desoladas por la pandemia y el frío. Hay movimientos extraños en las inmediaciones de la Escuela Taller del Casco Histórico, ubicada en el barrio de San Telmo, donde se observa la presencia de tres camiones. Gente ajena a la comunidad educativa que entra y sale. Un vecino de la zona le avisa desesperado a uno de los profesores que se estaban llevando todas las pertenencias de la institución. Los sospechosos eran ni más ni menos que funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que había decidido concretar -esta vez sí- el desalojo del histórico edificio ubicado sobre la Avenida Brasil.
Frente a esta situación, alumnos y alumnas de esta institución educativa lograron frenar el desalojo a partir de la acción de amparo patrocinada el año pasado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad con el objeto de que se ordene «otorgar a la Escuela Taller del Casco Histórico, en forma previa a la demolición del edificio sito en Brasil 200 un edificio de uso definitivo y no transitorio, que se encuentre ubicado en el Casco Histórico de la Ciudad y cumpla, de mínima, con las condiciones y dimensiones que actualmente tiene la Escuela». La causa quedó ahora en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 39, a cargo del Dr. Gonzalo Viña.
«Fueron tres camiones en la puerta llevándose cajas a la calle Alsina. Algunos compañeros con vehículo siguieron a estos camiones y pudieron comprobarlo. Cuando se les preguntó a los camioneros de dónde eran, nos dijeron que del Ministerio de Educación de Soledad Acuña. No tuvieron problema en decir de dónde venían. Esto fue entre las nueve y las once de la noche. En ese momento intervino el abogado Jonatan Baldiviezo, llegó la policía y se hizo el secuestro de las cosas además de clausurarse la escuela», relató a El Grito del Sur Patricia Scaglione, alumna de la carrera «Esgrafiado» en la Escuela Taller.
El conflicto entre la institución y las autoridades porteñas viene desde
hace tiempo. En agosto del año pasado, estaba programada la demolición de la escuela pero no había propuesta de mudanza. La avanzada del Gobierno de la Ciudad se frenó a partir de un amparo patrocinado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En noviembre, la jueza Romina Tesone decidió suspender la mudanza hasta que se pusiera a disposición un lugar propicio. «Nos ofrecieron primero Parque España, donde no hay nada construido y que además no tiene nada que ver con el casco histórico, y después un edificio en la calle Alsina ocupado por la Dirección de Música. Entre diciembre y enero les sacaron todas las cosas y les vaciaron el edificio», contó Scaglione.
Cabe destacar que en el presente ciclo lectivo, desde el inicio de la cuarentena, no hubo cursada virtual en la Escuela Taller del Casco Histórico ni se facilitó material teórico a los alumnos y las alumnas para que puedan continuar estudiando.
Alerta por falta de vacantes y desinversión de Larreta “Caer” en la escuela pública por la pandemia
Un informe elaborado por el Observatorio Gente en Movimiento advirtió que 3 de cada 10 familias está considerando pasar a sus hijes a las escuelas de gestión estatal. Madres, docentes e investigadoras opinan sobre las posibles implicancias de estos indicadores en un sistema educativo ya colapsado.
Texto: El Grito del Sur
El Observatorio Gente en Movimiento difundió en su último informe detallado sobre la calidad de vida durante la crisis del COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires las dificultades que atraviesan las familias que envían a sus hijes a colegios de gestión privada: el 50 por ciento manifestó que no se encuentra en condiciones de abonar la próxima cuota; el 31 por ciento evalúa la posibilidad de hacer el pase a una escuela de gestión estatal; y el 34 por ciento piensa en buscar una escuela más económica. En caso de confirmarse estos números, y en especial una fuerte migración de la matrícula privada a la estatal, estaríamos hablando de un total de 93.310 vacantes que buscarían un lugar en el sistema público, del que todos los años quedan excluidos entre 10 y 20 mil niños, niñas y adolescentes. En ese marco, El Grito del Sur conversó con madres, docentes e investigadoras especializadas en educación acerca de las consecuencias sociales de lo expuesto en el informe.
«El desplazamiento de la escuela privada a la escuela pública por falta de trabajo o por no poder pagar las cuotas es un fenómeno que sucede en las crisis y el gobierno de Larreta ya tendría que estar previendo la ampliación de los edificios escolares y la construcción de nuevos edificios, porque sino no va a poder cumplir con la demanda del derecho a la educación de vastos sectores de la sociedad», advierte Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). En este sentido destaca también que el problema de la falta de vacantes no es algo nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que, por el contrario, es una problemática de «larga data» que afecta principalmente al nivel inicial, a las escuelas primarias de jornada completa en la zona sur y también a las escuelas secundarias, ya que al dividirse por especialidades la matrícula no siempre llega a cubrir la demanda de vacantes.
Ana Miranda es investigadora del CONICET especializada en Educación y, en diálogo con este medio, opina: «Éste es un proceso que tendremos que ver más adelante, porque no tenemos ninguna seguridad aún de cómo va a evolucionar la pandemia. Habría que ver efectivamente qué sucede con la reapertura de los colegios, por ejemplo». «Hoy en día tenemos mucha incertidumbre para poder pensar esta situación, pero seguramente demandará un gran esfuerzo público», agrega. En este sentido, refuerza la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad para solucionar las distintas problemáticas, ya que «al menos en lo que se observa en las demandas de padres y madres que llevan a sus hijos a la educación pública, existe todavía un pedido de que las autoridades educativas tengan mayor presencia».
Desde el colectivo Vacantes para tod@s en la Escuela Pública vienen relevando la magnitud de esta problemática desde hace varios años y ya llevan presentados más de 700 amparos judiciales para garantizar la vacante de niños, niñas y adolescentes en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Pines, una de las fundadoras e integrantes del espacio, acusa a la administración porteña de tener «una política de vaciamiento y privatización» y asegura que «lo más alarmante es que la política en estos años ha sido la de cierre de salas, grados, cursos y escuelas enteras -acumulando un total de 200 cursos cerrados-«. «En ningún momento fue preocupante para ellos que haya pibes y pibas que se quedan afuera, sino que siguieron achicando la matrícula en la escuela pública», denuncia.
En esa misma línea, Angélica Graciano plantea que «va a haber una situación sumamente crítica e incon
trolable» que parte de un diagnóstico anterior relacionado con el crecimiento de las problemáticas educativas en el contexto de aislamiento, donde «el derecho a la educación del 50 por ciento de los chicos está siendo gravemente lesionado».
«La expulsión hacia la privada de las familias de clase media durante los ’90 fue parte de un ciclo privatizador y desigualador muy extendido y socialmente legitimado -por más que hubo resistencias-, cuyas consecuencias se ven en el estado de las escuelas públicas hoy», añade Valeria, del colectivo Familias x la Escuela Pública, y explica: «Si la clase media se «apropia» del sistema educativo, mete mucha más presión hacia la política educativa, sobre todo en una ciudad como CABA. Entonces, que «vuelvan» puede ser bueno porque va a permitir visibilizar lo que venimos diciendo los colectivos: no hay vacantes, no hay inversión en infraestructura, no hay suficiente formación docente, etc.».
Sin embargo, la dificultad que manifiestan las familias para pagar la cuota de las escuelas de gestión privada implica también una consecuencia a futuro para muchas instituciones que contarán con menos recursos para el regreso a las clases presenciales. En función de esto, desde Vacantes para tod@s en la Escuela Pública consideran que «los edificios deberían ser expropiados o comprados por el Estado y puestos a funcionar como escuelas estatales». A esto se le suma, además, el reclamo por la derogación del Decreto 330, que habilita el cierre de grados y cursos, el pase de los Centros de Primera Infancia a la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad -actualmente dependen de Desarrollo Social- y el pedido urgente de un aumento presupuestario que contemple un plan de obras para la construcción de nuevas escuelas con vistas a ampliar la matrícula disponible en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace algunos años, el cálculo que hacían desde este colectivo de padres y madres marcaba la necesidad de que se construyeran 80 escuelas nuevas para cubrir la demanda de vacantes. Antes de la pandemia, este dato se había actualizado y ascendía a unas 150 escuelas, cifra que deberá revisarse si se confirma el pase de una porción de la matrícula de los colegios privados a los públicos.
Cajonear y silenciar en la Legislatura porteña
En una dinámica que niega toda apelación al “diálogo” y al consenso, el Ejecutivo porteño lleva cajoneados más de 300 proyectos opositores desde que comenzó la emergencia sanitaria. “La Legislatura porteña es una escribanía”, coinciden diputados y organizaciones sociales. Salud, Promoción Social y Educación, las áreas más censuradas por el larretismo.
Texto: Martín Suárez
“La Legislatura porteña es una escribanía” se convirtió en una de las frases más escuchadas desde que el Ejecutivo porteño tiene mayoría absoluta en el parlamento de la Ciudad. Expresión que propone que el larretismo se niega a habilitar el debate de proyectos de la oposición y que sólo sesiona para imponer sus propios documentos. Los bloques opositores aseguran que este modus operandi se viene repitiendo en los últimos años, y pensar que esta situación durante el confinamiento ha mejorado, está alejado de toda realidad. Al realizar un relevamiento sobre los cientos de proyectos presentados por las y los legisladores opositores durante la pandemia, no resulta exagerado decir que, como nunca antes, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires se encerró en sí mismo y soterró el debate en la Legislatura. Desde que se inició la cuarentena, la alianza Vamos Juntos cajoneó alrededor de 300 proyectos de la oposición. Documentos devenidos de las comisiones más sensibles, cuyos “beneficios” están directamente destinados a la población mayormente postergada de la Ciudad. Salud, Promoción Social y Educación, son las áreas en cuestión censuradas por el larretismo, entre los que se encuentran proyectos de Ley, pedido de informes y diferentes iniciativas. En casi 5 meses de cuarentena, el conjunto de documentos que el oficialismo se niega a debatir hasta la fecha en la Legislatura, suman un total de 297 proyectos, de los cuales 61 corresponden a asistencia social, 97 incumben al sector educativo y 139 están vinculados directamente a indagar, mejorar y ampliar las condiciones del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Florencia Diasprotti, maestra de la Escuela Mugica, referente social y militante del PCCE, advierte que “hay muchos proyectos de Ley que se presentaron en la Legislatura que son de vital importancia para la comunidad de la Villa 31: entre ellos, la ley de asistencia económica, alimentaria y sanitaria para comedores. En la misma línea y con la idea de achicar la brecha digital, los proyectos que tienen que ver con educación, como los de garantizar conectividad y computadoras para estudiantes; y el proyecto de Tarjeta Alimentaria que evitaría que miles de personas se estén movilizando al mismo tiempo para buscar una bolsa de alimentos”. A la censura legislativa que realiza el oficialismo sobre estos proyectos, se le suman las últimas decisiones que se alejan de la realidad de las y los ciudadanos, “como el pago de aguinaldo en cuotas para los trabajadores estatales porteños, y el hecho de que no destina un peso para paliar la situación de quienes más necesitan la presencia del Estado, mientras sigue gastando fortunas en publicidad y marketing, en fortalecer a las fuerzas represivas, o pagando sobreprecios en insumos (como los barbijos) siempre favoreciendo a los sectores concentrados de la economía”, agrega Diasprotti. Entre los casi 300 proyectos que Vamos Juntos congeló en la Legislatura, se encuentra el de la creación de la figura de “promotoras de la salud” en los equipos territoriales del sistema de salud de CABA. Esta iniciativa representa un salario digno para quienes “son las primeras que van al frente en la búsqueda activa de los casos de COVID en los barrios más vulnerables. Hasta hace muy poco, la mayoría cobraba un contrato precarizado de 14 mil pesos”, señala el legislador porteño del Frente de Todos, Javier Andrade, que presentó este proyecto hace varios meses. En la Ciudad de Buenos Aires hay 45 Centros de Salud y Acción Comunitaria -CeSACy 39 Centros Médicos Barriales -CMB-, un total de 84 dispositivos de salud donde sólo 52 promotoras de la salud están reconocidas. “Son muchísimas las que trabajan promoviendo el acceso a la salud, el primer eslabón en la atención primaria de la Ciudad son las promotoras”, destaca Andrade. El legislador también opinó sobre por qué el Gobierno porteño cuajó el debate de proyectos tan relevantes durante la pandemia: “El modelo de Ciudad desigual que plantean siempre perjudica mucho más a los sectores vulnerables, y en particular las promotoras de salud son mujeres que viven y realizan esta tarea en las villas y en los barrios más carenciados de la Ciudad. Para este gobierno, que está hace 13 años, es más importante destinar 28 millones de pesos para comprar máquinas expendedoras de bebidas y snacks, como salió publicado hace unos días en el Boletín Oficial, que invertir ese dinero en salud”, concluye. Entre los proyectos que presentó Andrade durante la cuarentena, se destacan: crear dispositivos de entrega de medicación para pacientes crónicos, descentralizados de los hospitales y centros de salud; y la implementación de protocolos de atención en las unidades febriles de urgencia.
El reclamo más fuerte que le hacen todos los sectores al Gobierno de la Ciudad, es que destine dinero a las y los vecinos del distrito para complementar las diferentes ayudas económicas que otorga Nación. “La Ciudad de Bs As debería estar sosteniendo la economía de los pequeños comerciantes, los artesanos, las PyMES, las cooperativas, a través de una IFE y una ATP porteño, para que complemente con las designaciones que destina el Gobierno nacional y que las y los porteños no tengan que elegir entre la economía y la salud”, opina Enrique Rositto, secretario de Prensa de la CTA Ciudad. Cabe señalar que el Gobierno nacional auxilia a más de 290 mil porteños la suma de 10 mil pesos mensuales mediante la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Esto ocurre mientras que el Gobierno de la Ciudad solamente aporta mediante el programa Ciudadanía Porteña $4500 a apenas 48 mil vecinos de la Ciudad. Por eso sostenemos que es importante que el oficialismo habilite el debate del proyecto del Frente de Todos, que impulsa que el Gobierno porteño cobre por única vez un impuesto del 1% a las personas o empresas que hayan pagado Ingresos Brutos iguales o superiores a los 30 millones de pesos”, cierra Rositto.
