EL DERECHO A LA CIUDAD

El concepto del “derecho a la ciudad” fue desarrollado por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre en su obra “El derecho a la ciudad” (“Le Droit à la Ville”), publicada en 1968. Lefebvre propuso esta idea como una crítica a las formas convencionales de urbanización y como un llamado a la participación activa de los ciudadanos en la construcción y transformación de los espacios urbanos.

Para Lefebvre, el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho individual de acceder a los beneficios que la ciudad ofrece, como son la vivienda, el trabajo, la educación y el entretenimiento. Más allá de eso, lo veía como un derecho colectivo y político que permitiría a los habitantes de la ciudad influir en la toma de decisiones, sobre cómo se planifican y desarrollan los espacios urbanos. Consideraba que el poder de tomar decisiones sobre el uso del espacio urbano estaba altamente concentrado en manos de las élites y los planificadores -que habían surgido del higienismo y los ensanches premodernos-, mientras que los ciudadanos comunes tenían poco o ningún control sobre la configuración de su entorno cotidiano.

Sus argumentos planteaban que el espacio urbano no debería ser simplemente un producto comercial, sino un lugar donde las personas puedan expresar su identidad, cultura y formas de vida, dando soporte a la participación activa en la creación y transformación de la ciudad, con una mayor apropiación de los espacios públicos y una mayor democracia en la toma de decisiones. El derecho a la ciudad, debería ser un medio para desafiar las estructuras de poder existentes y permitir la creación de un entorno urbano más justo, inclusivo y vibrante.

Por su parte David Harvey, un geógrafo y teórico social británico, también ha contribuido significativamente a la comprensión y desarrollo del concepto del “derecho a la ciudad” en línea con las ideas de

Lefebvre, ampliando y reinterpretando este concepto desde una perspectiva más contemporánea, centrándose en las dinámicas económicas y políticas del capitalismo global, así como en las luchas por la justicia social y la transformación urbana.

Ambos compartían que el derecho a la ciudad no es solo un derecho individual, sino un derecho colectivo y político, sin embargo, Harvey profundizó en la relación entre el capitalismo y la urbanización, argumentando que el derecho a la ciudad es esencial para contrarrestar las desigualdades económicas y sociales perpetuadas por el sistema capitalista.

Desde la perspectiva de Harvey, las ciudades son espacios donde se concentran las inversiones de capital y donde se generan oportunidades económicas. Sin embargo, también señaló que estas inversiones y oportunidades a menudo conducen a la gentrificación, el desplazamiento de comunidades marginadas y la creación de un entorno urbano excluyente. En este contexto, veía el derecho a la ciudad como una lucha constante para asegurar que el acceso a los beneficios urbanos y la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano no estuvieran monopolizados por las élites económicas y políticas.

Harvey también conectó el derecho a la ciudad con las luchas por la justicia social y la equidad, argumentando que la lucha por el derecho a la ciudad involucra la resistencia a las políticas y prácticas que perpetúan la segregación socioeconómica y espacial, así como la promoción de alternativas más inclusivas y democráticas. Además, enfatizó la importancia de la solidaridad entre diferentes grupos de la sociedad en esta lucha, ya que las desigualdades urbanas afectan a todos los ciudadanos, independientemente de su origen.

El concepto del “derecho a la ciudad” sigue siendo relevante en el mundo de hoy, y ha ganado aún más importancia debido a los cambios sociales, económicos y urbanos, abriendo nuevos debates en un entorno de triple crisis -climática, sanitaria y social- como la propuesta parisina de “ciudades de quince minutos”. A medida que las ciudades crecen y se transforman en centros de actividad económica, cultural y social, las cuestiones relacionadas con el acceso equitativo a los recursos urbanos y la participación en la toma de decisiones urbanas continúan siendo temas críticos. Aquí hay algunas formas en las que el concepto del derecho a la ciudad es relevante en el mundo contemporáneo:

DESAFÍOS DE LA URBANIZACIÓN: A medida que más personas se trasladan a las ciudades en busca de oportunidades, se presentan desafíos en términos de vivienda asequible, acceso a servicios básicos, transporte público eficiente y espacios públicos de calidad. El derecho a la ciudad implica la necesidad de abordar estas cuestiones y garantizar que todas las personas, independientemente de su origen socioeco - nómico, tengan acceso a un entorno urbano saludable y sostenible.

GENTRIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO: La gentrificación, que implica el desplazamiento de comunidades de bajos ingresos debido a la inversión y el desarrollo en áreas urbanas, sigue siendo un problema en muchas ciudades. El derecho a la ciudad aboga por estrategias que eviten el desplazamiento injusto y mantengan la diversidad socioeconómica en los vecindarios.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El derecho a la ciudad defiende la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones urbanas. En la actualidad, la participación ciudadana es esencial para garantizar que los planes de desarrollo urbano sean inclusivos y reflejen las necesidades y deseos de la comunidad en su conjunto.

DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN: A medida que las ciudades prosperan, también aumentan las disparidades económicas y sociales. El derecho a la ciudad busca abordar estas desigualdades al promover políticas y prácticas que brinden igualdad de oportunidades y acceso a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social.

IMPACTO AMBIENTAL: La sostenibilidad ambiental es una preocupación cada vez mayor en las ciudades modernas. El derecho a la ciudad implica la creación de entornos urbanos que sean respetuosos con el medio ambiente y que promuevan la calidad del aire, el acceso a espacios verdes y la movilidad sostenible.

TECNOLOGÍA Y VIGILANCIA: En la era digital, las cuestiones relacionadas con la privacidad y el uso de la tecnología en las ciudades también entran en juego. El derecho a la ciudad aboga por un enfoque equilibrado que garantice que la tecnología se utilice de manera ética y no infrinja los derechos de los ciudadanos.