LOS PRINCIPIOS

principios (el 8,5% del total). Y los resultados del primer informe de participación contrastan con, al parecer, el mal ánimo frente al nuevo texto constitucional.

Al momento de terminar este artículo, las cifras oficiales arrojan un total de 1.069 enmiendas presentadas al texto elaborado por la Comisión de Expertos del “Proceso Constitucional 2.0”. Además, el 21 de julio se entregó, por parte de las Universidades de Chile y Católica de Santiago, el primer informe de “Participación Ciudadana” que contiene los datos de las preferencias de la sociedad chilena en materias constitucionales.

Seguramente, cuando el lector se enfrente a estas páginas las cifras ya estarán ordenadas por temas, capítulos y artículos del texto, por lo que en ese momento existirán nuevas y mejores herramientas para analizarlas en su mérito –aunque no hay mejor mecanismo de análisis que la realidad–. Por ahora, basta decir que ya el número aparece sorpresivo, considerando que el anteproyecto fue votado por 24 representantes de todos los sectores políticos y buena parte del mismo por la unanimidad de sus miembros. Las primeras 94 indicaciones recaen en el Capítulo que trata sobre los

¿Pero qué pudo haber pesado tanto en la percepción de los consejeros electos para presentar tantas modificaciones de una propuesta que fue celebrada hasta por el propio Presidente de la República hace 45 días? ¿Es una muestra de fuerzas? ¿Una técnica de negociación? (El “tejo pasado” le llamamos por estas tierras).

Marcaremos como espacio temporal los momentos previos a octubre del año 2019, pasando por el fracaso de la Convención Constitucional y la fecha de hoy, 19 de julio de 2023.

El 4 de septiembre del año 2022 quedará marcado en la historia como la gran derrota de una propuesta compleja, árida, lejana y de muy bajo contenido de base ciudadana, la que fue defendida con dientes y uñas por el Gobierno de “Apruebo Dignidad” y sus “dos almas” (una de ellas más convencida de su viabilidad que la otra). Parecía un texto sacado de otra dimensión para implantarlo en un país que no se considera parte de un mundo que ve las cosas como un sueño eterno o como una utopía sin destino. Chile, al parecer, quiere realidades y certezas que hasta ahora los dirigentes políticos no han sabido leer ni entender. Pero tampoco lo hace la Academia ni los sesudos análisis que han aparecido a la rápida durante este tiempo (mención aparte merecen los libros de Agustín Squella, Renato Garín y Alfredo Mayol). Más aún, Bruce Ackermann, en entrevista en el diario “La Segunda” también de hoy 19 de julio nos dice que “los momentos constitucionales duran una o dos décadas”.

Resulta complejo referirse a los “momentos constitucionales” como una cadena sucesiva de hechos que motivan el cambio de una Constitución por otra, puesto que estos, por lo general, se dan siempre producto de una revolución en contra de un sistema para reemplazarlo por otro, tal como ocurrió con el asalto a La Moneda en el año 1973. Ahora, menos mal, todo ha sido en democracia y la violencia ya puede ubicarse en un momento histórico determinado, que no es otro que el 18 de octubre de 2019.

Pero sigamos el orden propuesto.

Regularmente, cuando nos enfrentamos a una situación nueva, distinta, lo que hacemos es tratar de entenderla, asociarla con algo conocido y clasificarla. Es así como se nos ha instruido a enfrentar la realidad y a interpretarla; asumimos una posición desde las bases de nuestro conocimiento previo y emitimos el propio juicio de valor, o sea, desde un (o unos) “principio” (s). Esta posición refleja los condicionamientos que ejercen las estructuras de poder en las dinámicas y prácticas socioculturales de las que somos parte; a través de nuestra participación social las aceptamos, transmitimos y reproducimos. Es por ello que la multitudinaria marcha del 21 de octubre del año 2019 y la posterior ola de protestas, asaltos, violencia pública por parte de las fuerzas de orden, abuso de los derechos humanos y movilizaciones en el país tomaron a todos por sorpresa. Nadie entendía bien lo que pasaba con un país serio, históricamente democrático, con una macroeconomía sólida y ejemplo para sus vecinos, aunque con niveles de desigualdad alarmantes y no solucionados. A nivel internacional se advertía antojadizamente que el alza del Metro era la causa, mientras que para el chileno “de a pie” el diagnóstico, la explicación y hasta la solución eran claros: el desgaste del sistema político era evidente y la gente ya no iba a seguir soportando más carga. El “pueblo” se hacía presente: “el pueblo despertó” repetían como mantra los medios y analistas. Incluso más, un movimiento con importante votación, la “Lista del Pueblo”, tuvo un lugar en la fallida Convención.

Pero quemar de manera simultánea más de cien estaciones del Metro de Santiago (infraestructura crítica), saqueos a grandes, medianos y pequeños comercios, ciudades destrozadas y otras hundidas en su propia debacle como Valparaíso, eran algo más que el reclamo por el acceso a mejores garantías de vida. Fue un momento de furia colectiva en que cada cual levantó su bandera de lucha para confundirse en un colectivo móvil y sin líderes. Era el propio todo social endeble y excluido, ahora fortalecido en la masa informe, reclamando y destrozando, haciendo ver a los “chalecos amarillos de París” como aprendices.

Precisamente bajo el lema y hashtag “Chiledespertó”, millones de personas en todo el país salieron a las calles a manifestar su inconformidad y desacuerdo con el trato que, durante décadas, el azuzado neoliberalismo de los gobiernos de la Concertación y la derecha, a través de sus políticas y programas, han vulnerado a las clases sociales más débiles económicamente hablando; es decir, la clase media, la asalariada. Esa es la base del discurso de los refundadores. No es un secreto, como se anticipó, el nivel de desigualdad existente en Chile, uno de los países con peor distribución del ingreso en el mundo, donde la brecha salarial es muy amplia: mientras un obrero gana cerca de 400 dólares al mes, un supervisor o jefe de área puede percibir hasta 10 o 15 veces ese sueldo, en una sociedad donde todo se paga y todo se debe al mismo tiempo: educación, salud, vivienda y transporte, lo que derivó en los llamados “derechos sociales”.

Para graficar esta realidad, debemos considerar y poner en perspectiva lo que significa para una familia asalariada de clase media vivir en Chile, conformada por cuatro personas (dos adultos profesionales y dos menores estudiantes), con un ingreso promedio mensual de 1300 dólares. Esta familia debe enfrentar el costo básico de su alimentación, vestimenta, servicios y transporte diario. Gastos escolares, de salud (aunque el 80% de la población está en FONASA), la cuota de la casa (hipoteca o arriendo), intereses que suben con la inflación sin que lo hagan los sueldos y otros gastos, como el celular e Internet, estas últimas, hoy, lamentablemente necesidades básicas. Esto es sin contar la posibilidad de ampliar o remodelar la casa para que los niños jueguen libremente, contar con horas de ocio, de mejorar calidad de vida o de comprar un automóvil usado por el pésimo transporte público. Ese sueldo promedio no alcanza para ahorrar, apenas alcanza para mantenerse, sin entregar la posibilidad de mejorar o acceder a otro tipo de vida. La única forma de ampliar ese poder adquisitivo y mejorar un poco la calidad de la existencia y enfrentar su costo es a través de préstamos o tarjetas de crédito, que a la larga disminuyen todavía más el ingreso mensual y se convierten en una deuda larga y pesada. “Pago para ser de clase media” parece ser la consigna.

La crisis fue mal leída y, por lo tanto, pésimamente enfocada en su gestión. Una de las claves era observar cómo la gente no pedía otra cosa que mayor acceso y garantía de los derechos sociales, como asimismo igualdad institucional, enojo general gatillado por los casos “Penta” y “Soquimich”, en que los culpables fueron sancionados con las recordadas “clases de ética”. No fueron solamente los treinta pesos del Metro, sino un dolor subterráneo, una marea crispada. Las clases medias emergentes hicieron todo lo necesario para ser escuchadas en una sociedad de consumo y no fueron oídas. El país siguió su ruta y continuó entregando datos prístinos en materia fiscal a fin de año. Chile, a nivel macro, seguía siendo el “mejor país de Sudamérica”, o el mejor alumno del curso de una generación bastante desmejorada de las anteriores, por más que algunas autoridades se autocalifiquen como “moralmente superiores”.

El modelo había nacido en el año 1973 con un “Estado policial” procurando una economía neoliberal de mercado, y ahora, en el año 2019, parecía morir con una economía de mercado pidiendo el auxilio de un “Estado policial.” La carta de navegación fue otorgada en un comienzo por las corrientes más radicales del neoliberalismo encabezadas por Milton Friedman, quien afirmó muy seguro en su visita a Chile durante la dictadura que “no hay almuerzo gratis.”

El ingenio político del momento en que explotó la crisis del año 2019, sumado al volumen aumentado por académicos que querían ver sus tesis doctorales hechas realidad y que naufragaron en su ambición, derivó en constitucionalizar el levantamiento y encapsular todo en la ilegitimidad de la Constitución de 1980; esta era, ante la mera constatación de los hechos y su mala lectura, el origen de todos los males en Chile.

Luego vino el plebiscito, la Convención y el fracaso rotundo de su propuesta de nueva Constitución nacido en la comuna de Santiago. La “casa común” no había sido más que un eslogan de mentira. Ya en otras columnas en esta revista me he referido a ese período, por lo que me remito a las mismas para tener una perspectiva al respecto. Huelga decir, sin embargo, que una cosa es la legitimidad de una Constitución y otra, muy diferente, es su contenido, aunque ambas están paradójicamente unidas. No hay Carta Fundamental legítima por el mero hecho de ser votada, sino que su contenido debe cumplir con los estándares mínimos de un documento de ese tipo, esto es libertad, limitación del Poder del Estado, organización del sistema político, Estado laico y democracia en su más amplio sentido.

Pero la propuesta no gustó y menos satisfizo los intereses de todas las personas que se movilizaron en el país ni de quienes apoyamos desde un principio la redacción de un nuevo texto constitucional legitimado en democracia. En mi caso lo consideré como un objetivo generacional. Pero los “derechos sociales” se transformaron mágicamente en políticas identitarias, plurinacionalidad y refundación del sistema político (supresión del Senado incluido).

Al día de hoy, luego de transcurridos cuatro meses y fracción de la instalación del nuevo Proceso Constitucional, el país, de acuerdo con las encuestas más acertadas en términos de percepción y predictibilidad, no está del todo preocupado de lo que sucede en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, y lo que es peor, señala que rechazará en el plebiscito de salida. Ya no hay dinosaurios ni corpóreos japoneses de color amarillo, tampoco guitarristas que utilizan el podio del orador para cantar discursos ni menos gente que telemáticamente emite su voto desde la ducha. Simbólicamente ahora hay corbatas y gente que se preocupa por la seriedad de su trabajo, no por nada buena parte de los expertos son reconocidos académicos de las más prestigiosas universidades chilenas, particularmente de sus Escuelas de Derecho.

En un principio fue la Comisión Experta, cuyo producto de constitución “habilitante” -ver número anterior de esta revista- fue felicitado por todos los sectores políticos (no hay que olvidar que dicha instancia está compuesta por 24 expertos/as de todas las tendencias). Ahora el Consejo electo por votación popular es otra cosa, comenzó la política y sus juegos de intercambios, señales, luces y prensa, o sea una competencia por el poder.

En un proceso descafeinado y sin la fantasmagórica épica del anterior, la luz estuvo esperanzadoramente prendida mientras duró el “Mes de la Participación Ciudadana”, brillantemente encabezado por las Universidades de Chile y Católica de Santiago (a las que ya me referí), junto a todos los establecimientos educacionales a lo largo del país. La gente participó de manera bastante mayor a la que se esperaba por medio de los cuatro mecanismos considerados, excediendo hasta las expectativas más alegres. El viernes 21 se presentó el primero de los informes que permitirán saber cuan influyente fue la sociedad en el actual proceso. No hay que olvidar que el anterior tuvo nueve meses para que todos participaran (lo que claramente significa un número mayor), en cambio ahora solo hubo 31 días: la razón estuvo en que el diseño consideró que para que esta fuera realmente incidente, los consejeros debían contar con la información previa a la votación y no durante la misma. (Todos los informes y números son públicos, disponibles en www.secretariadeparticipacion.cl) Podrá el votante y cualquier ciudadano verificar cuan cerca estuvo su representante de sus necesidades, deseos y principios. Además, será material útil para detectar dos problemas: 1) qué le preocupa al chileno hoy, 2) dónde están los mayores acuerdos. Esperemos que esta luz no sucumba.

Vaya, por ahora, el siguiente dato arrojado por ese primer informe de participación ciudadana: “los participantes, en promedio, están de acuerdo en un 87% con la propuesta de la Comisión de Expertos; de hecho, no hay ningún artículo que haya recibido una evaluación negativa”. (Flavio Quezada, académico de la UC, encargado del mecanismo “Consulta Ciudadana”, El Mercurio, C6, 22 de julio de 2023).

De las 1.069 indicaciones (sugerencias de modificación al texto propuesto por los expertos), parece ser que (a pesar de representar el 8,5% del total) la paridad y la vigencia de los tratados internacionales ratificados por Chile y valor infra o supraconstitucional, serán los temas más debatidos en el Capítulo I de la propuesta, que no es sino el que trata los “principios constitucionales”.

Comienza el artículo 1° del anteproyecto de los expertos declarando que “La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derechos”. Agrega el artículo 4° que “Chile adopta para su Gobierno la república democrática, y que la ley asegurará el acceso igualitario de hombres y mujeres a los cargos electivos; sigue el artículo 5° declarando que “El ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes; agrega el artículo 7° que “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible; sigue el artículo 10° afirmando que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus autoridades a dar estricto cumplimiento al principio de probidad; el artículo 11 trata sobre la seguridad; el 12 sobre el cuidado y preservación de la naturaleza; el 13 constitucionaliza como emblemas patrios a la bandera, el escudo de armas y el himno nacional, y el 15 condena el terrorismo en cualquiera de sus formas. Si bien el artículo 16 no está en el Capítulo I, señala en su número 1 que la Constitución asegura a todas las personas “el derecho a la vida. Se prohíbe la pena muerte”.

En síntesis, el anteproyecto de los expertos reconoce como principios constitucionales a la dignidad humana (en la que es enfático), la libertad y la igualdad en el ejercicio de los derechos, la paridad en los cargos de elección popular, que Chile es un Estado social y democrático de derechos, que es una República democrática –en cuanto sistema político–, que el ejercicio de la soberanía tiene como límite los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes sobre la materia, el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la Nación chilena, el respeto del principio de probidad, los emblemas patrios y el derecho a la vida prohibiendo la pena de muerte.

Todas líneas rojas intrazables para cualquier demócrata.

Fueron aprobados de manera unánime o bien con un voto en contra y una que otra abstención. Pero los acuerdos fueron absolutamente mayoritarios. El acuerdo está. (Votaciones disponibles en www. procesoconstitucional.cl)

En una mera formulación de hipotética –más bien un deseo-, me cuesta imaginar a una persona razonable que esté en esta dimensión que no reconozca en los anteriores principios comunes un acuerdo de vida social libre, democrática y tolerante. El solo hecho de que seamos un “Estado social y democrático de derechos” obliga al sistema a interpretar y aplicar normas y políticas públicas con ese enfoque y propender a una sociedad más justa e igual, lo que no es lo mismo que idéntica. Las diferencias siempre existirán, por lo que hay que propender a que los más desposeídos tengan una vida digna.

No hay que olvidar que desde los presocráticos la idea de “principio” significó aquello de lo cual derivan todas las demás cosas. En términos políticos no son sino las bases sobre la cual estamos parados para reafirmar nuestra democracia, pero ahora con enfoques nuevos y refrescantes para los próximos años. Las mismas encuestas referidas arrojan, de manera pareja, que más del 80% de los consultados quiere “acuerdos” de los dirigentes políticos, que no es otra cosa que buscar “lo común” para el normal desarrollo de los distintos proyectos de vida con visiones morales propias dentro de un marco flexible y abierto, fomentando conciencias libres para el futuro.

Cualquier retroceso en materia de los principios enunciados sería un error y otra mala lectura de lo que la “conciencia colectiva” nacional percibe como necesario. A Chile le gusta su historia, sus costumbres y sus símbolos. No es el momento de otra falla ni de llevar agua a molinos circunstanciales. El “momento constitucional” chileno puede terminar en diciembre, y ojalá no dure décadas como afirmó Ackermann. Quizás es la hora de cerrar el círculo y luego modificar lo que los ciclos demanden, pero para eso tenemos que estar de acuerdo en la estructura, en los principios, puesto que de otra forma lo que se derive de algo será una deformación de un principio no acordado, lo que seguro seguirá provocando y ahondando los nuevos y serios problemas de convivencia e intolerancia por la que hoy transitamos. Las imposiciones, por las mayorías con que se cuenten, no siempre tienen buenos resultados. Basta mirar lo que pasó el 4 de septiembre del año 2022. Por alguna razón el innegable resultado de un 87% de la población de acuerdo con el texto del anteproyecto no se puede obviar, menos aun cuando se tuvo conocimiento del mismo antes de votar. La participación ciudadana sí importa.