Revista Semana número 11/ 20 DE AGOSTO DE 2026

Santo Domingo, República Dominicana, Año 1, edic. N.º 11, 20 de agosto de 2026

SALUD

Fortalecen atención prenatal para reducir riesgos maternos y neonatales

NUEVAS DESIGNACIONES

Internacional:

Macron: el principio del fin de una era en Francia

Abinader mueve piezas clave del Gobierno tras el 16 de agosto

Opinión Educación

La omnipresencia del debido proceso: eje y centro de gravedad del orden constitucional

Ministerio de Educación asegura cobertura total de docentes para el año escolar 2026-2027

Editorial SANTO

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CONTENIDO

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Un buen inicio El próximo 24 de agosto, más de dos millones de estudiantes están llamados a regresar a las aulas para iniciar el año escolar 20262027. El Ministerio de Educación llega a esta fecha anunciando una cobertura total de las necesidades docentes y una amplia jornada de capacitación que ha involucrado a más de 90,000 maestros. Son señales positivas que merecen ser reconocidas porque comenzar un año escolar con planificación, personal disponible y una estructura organizada no es un asunto menor.

Pero un sistema educativo no puede medir su éxito únicamente por la capacidad de abrir las escuelas a tiempo. El verdadero desafío comienza después del primer timbre. Está en garantizar que las aulas permanezcan activas durante todo el calendario, que cada hora de docencia tenga contenido y propósito, y que los estudiantes encuentren en sus centros educativos las condiciones necesarias para Dra. Nathalie Almonte aprender y avanzar.

Directora Editorial

• Pág.3 EDUCACIÓN • Gobierno incorpora más de 1,200 aulas nuevas para el inicio del año escolar 20262027.

• Ministerio de Educación asegura cobertura total de docentes para el año escolar 2026-2027.

• Pág.4 ¡LO BUENO! Salud Pública y SNS fortalecen atención prenatal para reducir riesgos maternos y neonatales.

• Pág.5 ACTUALIDAD • Leonardo Aguilera cumple primer año al frente de Banreservas con enfoque en sectores productivos.

• Gonzalo Castillo plantea fortalecer el sector agropecuario para garantizar alimentos en todo el país.

• Pág.6 CAMBIOS Nuevas designaciones: Abinader mueve piezas clave del Gobierno tras el 16 de agosto.

• Pág.8-9 INTERNACIONAL Macron: el principio del fin de una era en Francia.

• Pág.10 OPINIÓN La omnipresencia del debido proceso: eje y centro de gravedad del orden constitucional.

• Pág.11 OPINIÓN Estrecho como espejo: cuestión de prioridades.

EN PORTADA | EDIC.11 |AGOSTO 2026

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La educación dominicana necesita dar un paso adicional: convertir el esfuerzo operativo en resultados de aprendizaje.

Tener maestros en las aulas es indispensable; lograr que estén permanentemente acompañados, actualizados y dotados de herramientas pedagógicas efectivas es todavía más importante. Capacitar a decenas de miles de docentes constituye una buena señal, pero el impacto de esa formación deberá sentirse posteriormente en la comprensión lectora, el pensamiento matemático, las ciencias y las competencias que nuestros estudiantes necesitan para desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente.

También corresponde reconocer que la escuela no puede cargar sola con toda la responsabilidad. El compromiso de las familias, los docentes, los directivos, las comunidades y las autoridades debe mantenerse durante todo el año. Cumplir el calendario escolar, proteger las horas de clase y colocar el aprendizaje por encima de cualquier interés sectorial deben convertirse en compromisos nacionales, no en aspiraciones que se renuevan cada mes de agosto.

El país tiene ante sí una oportunidad. Si este año escolar comienza con más organización, cobertura docente y formación del magisterio, el siguiente paso debe ser aún más ambicioso: demostrar que ese esfuerzo se traduce en mejores estudiantes y mejores aprendizajes. Celebrar un buen comienzo es justo; conformarnos con él sería insuficiente. La educación dominicana necesita continuidad, medición y resultados. Ese debe ser el verdadero indicador del éxito.

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Educación

Gobierno incorpora más de 1,200 aulas nuevas para el inicio del año escolar 2026-2027

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l Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó que ha incorporado más de 1,200 aulas nuevas al sistema educativo nacional de cara al inicio del año escolar 2026-2027, como parte de un amplio programa de ampliación, recuperación y mantenimiento de la infraestructura escolar pública.

La cartera educativa explicó que varios centros se encuentran en la fase final de sus trabajos y serán entregados en los próximos días, con el propósito de alcanzar la meta de 1,500 nuevas aulas para el nuevo año lectivo. La planificación de la DIE, dirigida por el ingeniero Roberto Herrera, contempla además 94 planteles con trabajos activos y fechas estimadas de terminación durante agosto, lo que permitirá incorporar 762 aulas adicionales proyectadas para este mes.

A este esfuerzo de expansión se suma un programa nacional de mantenimiento que alcanza 1,342 planteles educativos en todo el país, con intervenciones destinadas a preservar y mejorar las condiciones físicas de los centros públicos. Según el MINERD, estas labores benefician 9,831 aulas y se ejecutan mediante distintas modalidades, entre ellas el Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (PROTCES), procedimientos coordinados con la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), sorteos, brigadas de administración directa, licitaciones y brigadas de emergencia.

La Dirección de Infraestructura Escolar también informó la construcción de 32 techados deportivos escolares, de los cuales una gran parte ya ha sido entregada e inaugurada, mientras otros permanecen pendientes de actos formales tras la conclusión de las obras. Estas acciones forman parte de las prioridades del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y de la gestión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, orientadas a fortalecer la infraestructura educativa y garantizar mejores condiciones de calidad y seguridad para estudiantes y docentes.

Ministerio de Educación asegura cobertura total de docentes para el año escolar 2026-2027

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l Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) aseguró que tiene cubierta en un 100 % la necesidad de docentes para el inicio del año escolar 2026-2027, al tiempo que mantiene en marcha un amplio programa de capacitación y actualización del magisterio nacional.

La información fue ofrecida por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco De Oleo, durante una entrevista en el programa Revista 110, en la que explicó que el sistema educativo dispone de los maestros requeridos para garantizar el inicio del próximo período escolar. De Oleo precisó que el MINERD renovó los contratos de aproximadamente 10,000 docentes incorporados el año pasado.

El funcionario indicó que, aunque durante el año escolar pueden surgir necesidades puntuales por jubilaciones, enfermedades u otras situaciones que generen movilidad del personal, el Ministerio cuenta con la disponibilidad necesaria para responder a esos casos.

“Tenemos cubierta en un 100 % la necesidad de docentes para el inicio del próximo año escolar”, afirmó.

De manera paralela, el MINERD desarrolla jornadas de formación y actualización con la participación de más de 90,000 docentes durante el período de verano. De Oleo señaló que estas capacitaciones continuarán después del inicio de clases, con técnicos y especialistas enfocados en nuevas metodologías y estrategias pedagógicas, con el propósito de fortalecer las competencias del magisterio y elevar la calidad de los aprendizajes.

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¡Lo bueno!

Salud Pública y SNS fortalecen atención prenatal para reducir riesgos maternos y neonatales

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l Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), iniciaron un taller de formación de facilitadores orientado a fortalecer el control prenatal y reducir los riesgos maternos y neonatales.

La capacitación forma parte del proyecto “Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Materno Infantil en las Provincias de Dajabón y Elías Piña”, iniciativa que busca mejorar las competencias del personal sanitario y garantizar una atención más oportuna a las embarazadas desde el primer nivel.

El programa contempla evaluación integral de la gestante, historia clínica perinatal, nutrición, inmunización, consejería, evaluación fetal, planificación del parto y detección temprana de hipertensión, hemorragias e infecciones.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que el fortalecimiento del control prenatal constituye una herramienta esencial para identificar embarazos de riesgo y prevenir complicaciones.

“Cuando fortalecemos el control prenatal, identificamos tempranamente los embarazos de riesgo, mejoramos la referencia oportuna y garantizamos una atención integral desde el primer nivel de atención; salvamos vidas”, expresó.

Por su parte, el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, afirmó que la estrategia busca colocar en el centro la protección de las madres y sus hijos, garantizando orientación, seguimiento y servicios cercanos a sus comunidades. Señaló que el compromiso de la institución es que cada mujer pueda acceder a un control prenatal oportuno, integral, humanizado y de calidad, independientemente de su lugar de residencia o condición económica.

El representante de la OPS/OMS en el país, Bernardino Vitoy, reafirmó el respaldo del organismo a las acciones dirigidas a disminuir la mortalidad materna e infantil. Vitoy citó, entre las intervenciones desarrolladas junto a las autoridades na-

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cionales y KOICA, el fortalecimiento de la planificación familiar, la anticoncepción inmediata posterior al evento obstétrico, la capacitación en cuidado crítico materno y el mejor uso de la información sanitaria para apoyar la toma de decisiones. El proyecto contempla el fortalecimiento de 31 puntos de control prenatal en Dajabón y 19 en Elías Piña, articulados con hospitales provinciales, médicos, enfermeras, promotores de salud y equipos del primer nivel de atención. La formación de facilitadores tendrá una duración de tres días y busca que los conocimientos adquiridos puedan ser replicados entre otros profesionales y en las comunidades, ampliando de manera progresiva las buenas prácticas para la protección de la salud materna y neonatal.

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Actualidad

Leonardo Aguilera cumple Gonzalo Castillo plantea fortalecer el sector primer año al frente de Banreservas con enfoque agropecuario para en sectores productivos garantizar alimentos en todo el país

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l doctor Leonardo Aguilera arriba a su primer año como presidente ejecutivo del Banco de Reservas con una gestión orientada al financiamiento de los sectores productivos, el respaldo a la construcción y la vivienda, el apoyo al campo dominicano, la dinamización del mercado automotriz y la promoción de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. Desde su llegada a la entidad, en agosto de 2025, Aguilera ha enfocado su administración en consolidar a Banreservas como un instrumento financiero de apoyo al crecimiento económico, en consonancia con la política de desarrollo impulsada por el presidente Luis Abinader.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, Banreservas desembolsó más de RD$282,430.2 millones mediante préstamos, de los cuales RD$135,349.7 millones fueron destinados directamente al financiamiento de sectores productivos, equivalentes al 47.9 % del total, beneficiando a 34,873 clientes vinculados a mipymes, agropecuaria, comercio, manufactura, turismo, vivienda y otras áreas de alto impacto económico. Durante este período, la entidad también canalizó recursos a través de iniciativas como Expo Pymes Banreservas, que cerró con financiamientos superiores a RD$17,200 millones; el Summit Mujer Pymes Banreservas, con RD$5,000 millones disponibles para empresas lideradas por mujeres; y el Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027, con RD$12,000 millones a tasa preferencial.

La gestión también ha incluido apoyo a proyectos habitacionales, ferias inmobiliarias para dominicanos residentes en el exterior, financiamiento al sector automotriz y respaldo a iniciativas de infraestructura energética, como la termoeléctrica Manzanillo Power Land.

Al cumplir su primer año al frente de Banreservas, Aguilera encamina a la institución hacia la celebración de sus 85 años con una agenda centrada en financiamiento, cercanía, inclusión económica, apoyo sectorial, eficiencia, transparencia y compromiso con el desarrollo de la República Dominicana.

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l aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó que, si asume el Gobierno, impulsará una política de fortalecimiento del sector agropecuario para elevar la producción nacional y garantizar mayor acceso a los alimentos en todo el territorio dominicano.

Durante un recorrido por Sabana Yegua, en la provincia Azua, Castillo sostuvo que su propuesta busca que haya alimentos disponibles en todo el país y se comprometió a facilitar financiamiento amplio, accesible y a bajo costo para los productores agropecuarios. El recorrido forma parte de una agenda nacional anunciada por el dirigente peledeísta para fortalecer sus aspiraciones presidenciales y escuchar directamente a las comunidades.

Castillo también destacó la importancia de la alimentación en la salud de la población y citó datos del Banco Mundial sobre el impacto económico de la inversión en nutrición. De acuerdo con ese organismo, cada dólar invertido en nutrición puede generar un retorno de hasta 23 dólares, debido a sus efectos en la salud, la productividad y el desarrollo humano.

El aspirante presidencial sostuvo que el fortalecimiento de la producción nacional debe convertirse en una prioridad para garantizar alimentos de calidad y a precios asequibles, mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas y dinamizar la economía rural.

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CAMBIOS

Nuevas designaciones: Abinader mueve piezas clave del Gobierno

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l presidente Luis Abinader abrió una nueva etapa de ajustes en el tren gubernamental tras el 16 de agosto, con movimientos que abarcan áreas estratégicas como política exterior, vivienda, puertos, energía, transporte, emergencias, aviación civil, migración, atención a la primera infancia, desarrollo territorial, seguridad y mandos militares y policiales. Las designaciones fueron formalizadas mediante varios decretos, en una reorganización selectiva que coloca nuevos responsables en instituciones de alta exposición pública.

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¿Cuáles fueron los tres movimientos de mayor peso político?

1 La designación de Víctor “Ito” Bisonó

como ministro de Relaciones Exteriores goza de gran relevancia por su amplia experiencia política y sus buenas relaciones con muchos de los gobiernos de la región. Muestra de ello es que el martes recibió la visita de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, como señal de respaldo.

2 Uno de los cambios que ha generado

mayores reacciones y comentarios positivos es la designación de Jean Luis Rodríguez, uno de los ministros más jóvenes del gabinete, quien pasa a dirigir el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y que, sin lugar a dudas, se convierte en uno de los funcionarios más influyentes de la gestión de Abinader.

3 Otro movimiento relevante fue la

designación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía, en sustitución de Celso Marranzini. Desde esa posición, Santos tendrá a su cargo la coordinación estratégica de Edesur, Edenorte y Edeeste.

En el área portuaria, el Poder Ejecutivo designó a Francisco Alejandro Campos Álvarez como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), en sustitución de Jean Luis Rodríguez, mientras que Julia Luz Marina Muñiz Suberví fue nombrada presidenta del Consejo de Administración de esa institución. Estos cambios forman parte de la misma reestructuración que movió a Bisonó hacia Cancillería y a Rodríguez hacia Vivienda.

En transporte y respuesta a emergencias, el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en sustitución de Milton Morrison. Méndez, quien por años encabezó el Centro de

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Operaciones de Emergencias (COE), pasa ahora a una de las instituciones con mayores desafíos ciudadanos por el impacto del tránsito en la vida diaria. La dirección del COE quedó en manos de Erwin Robert Olivares Luciano, mientras Carlos Manuel Paulino Cárdenas fue nombrado director ejecutivo de la Defensa Civil.

Los cambios también alcanzaron organismos vinculados a la aviación civil, los aeropuertos y los mercados agropecuarios.

Mediante el Decreto 552-26, Julio de Jesús Peña Guzmán fue designado presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC); Héctor Elie Porcella Dumas, asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de la JAC; Mérido de Jesús Torres Espinal, director ejecutivo del Departamento Aero-

Ilustración de referencia

cambios en la estructura militar y policial.

El presidente Abinader tomó juramento a los nuevos comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, así como al nuevo director de la Policía Nacional. En ese contexto fueron designados Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo como comandante general de la Fuerza Aérea; Jimmy Arias Grullón como comandante general del Ejército; y Ernesto Rafael Rodríguez García como director general de la Policía Nacional. También fueron juramentados Jorge Iván Camino Pérez como inspector general de las Fuerzas Armadas, Delio Buenaventura Colón Rosario como viceministro de Defensa para asuntos militares, Guillermo Caro Cruz como jefe del CUSEP y Rafael Raimundo Ramírez Tejeda como comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial.

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portuario; y Mariana Tavárez de Santos, directora general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM).

Además, Víctor Pichardo Custodio fue nombrado cónsul dominicano en Mayagüez, Puerto Rico, e Israel Terrero Vólquez, ministro consejero en el servicio interno.

En el ámbito social, consular y migratorio, el Decreto 553-26 designó a Kenia Xiomara Guante Valdez como directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), a Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como cónsul general de la República Dominicana en Miami y a José Benedicto Hernández Tejada como director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Estas posiciones tienen incidencia directa en áreas sen-

sibles como la atención a la niñez, los servicios consulares para la diáspora y la formulación de políticas migratorias.

Otra línea de movimientos se produjo en entidades territoriales y de desarrollo. José Dolores Andújar Ramírez fue designado director de Desarrollo Provincial; Nidio Encarnación Santiago, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal; César Andrés Pichardo Fermín, presidente del Consejo de Directores de Coraasan; y Bernardo Antonio Inoa Pichardo, miembro de ese consejo. También fue nombrado Elías de Jesús Brache Rivas como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California.

Las juramentaciones incluyeron, además,

Los movimientos del 16 de agosto combinan sustituciones, traslados y nuevas incorporaciones en áreas sensibles para la gestión pública.

Más que un cambio general de gabinete, la jornada configura una reorganización orientada a fortalecer la coordinación en sectores estratégicos y a colocar nuevos rostros al frente de instituciones con alta demanda social.

El desafío inmediato será que estas designaciones se traduzcan en resultados visibles, especialmente en áreas donde la ciudadanía espera respuestas rápidas, eficiencia institucional y mayor capacidad de ejecución.

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Internacional

MACRON: EL PRINCIPIO DEL FIN DE UNA ERA EN FRANCIA SANTO

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A menos de un año de dejar el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron entra en la recta final de una presidencia que transformó la política francesa. Mientras el país debate quién podrá sucederlo en 2027, el mandatario intenta consolidar su legado en medio de reformas, tensiones internas y una fuerte apuesta por el liderazgo europeo.

Por Nathalie Almonte Fotos: Fuente externa

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mmanuel Macron comienza a despedirse. Este agosto marca su último verano completo como presidente antes de las elecciones de 2027, y algunas de sus intervenciones ya suenan a balance.

El pasado 17 de agosto, durante la conmemoración de la liberación de Bormes-lesMimosas, pidió a los franceses no dejarse arrastrar por el “derrotismo” y defendió la fortaleza de Francia en un escenario internacional cada vez más incierto. Después de nueve años en el poder, la pregunta empieza a imponerse: *¿qué país dejará detrás?* Una semana clave para su legado Macron volvió a colocarse en el centro del debate nacional con una ley que establece en Francia el derecho a recibir ayuda para morir bajo determinadas condiciones.

La reforma, aprobada por el Parlamento y validada por el Consejo Constitucional, representa una de las decisiones sociales más trascendentes y controvertidas de la etapa final de su presidencia.

La medida resume una característica de su trayectoria: incluso acercándose al final de su mandato, Macron continúa impulsando reformas capaces de dividir a la sociedad y redefinir el papel del Estado.

Del banco al Elíseo Emmanuel Macron nació el 21 de diciembre de 1977 en Amiens. Estudió filosofía y se formó en la École Nationale d’Administration, institución históricamente vinculada a la élite política y administrativa francesa. Tras trabajar en la Inspección General de Finanzas, pasó al sector privado como banquero de inversión.

Su ascenso político fue vertiginoso. En 2012

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se incorporó al Palacio del Elíseo durante la presidencia de François Hollande y dos años más tarde fue nombrado ministro de Economía. En 2016 creó En Marche!, un movimiento que prometía superar la histórica división entre izquierda y derecha.

El 7 de mayo de 2017 derrotó a Marine Le Pen con cerca del 66 % de los votos y, con apenas 39 años, se convirtió en el presidente más joven de la Quinta República.

Su triunfo alteró profundamente el sistema político francés y relegó a los partidos tradicionales que durante décadas se habían disputado el poder.

Del entusiasmo a la contestación Gobernar resultó más difícil que conquistar el poder. El movimiento de los chalecos amarillos se convirtió en una de las mayores crisis de su primer mandato, al reunir protestas contra el costo de vida, la desigualdad y la percepción de una presidencia distante de parte de la población. Después llegaron la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, que reforzaron el perfil internacional de Macron.

En 2022 volvió a derrotar a Marine Le Pen

y consiguió la reelección con alrededor del 58,5 % de los votos. Sin embargo, inició su segundo mandato en una Francia mucho más polarizada y con un Parlamento fragmentado. La reforma de las pensiones, que elevó la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, provocó nuevas protestas y reforzó la imagen de un mandatario dispuesto a imponer cambios incluso frente a una fuerte oposición social.

consecutivo y el espacio político que construyó deberá demostrar si puede sobrevivir sin él.

Entre los posibles herederos aparecen figuras como Édouard Philippe , Gabriel Attal y Sébastien Lecornu , mientras el avance de la derecha nacionalista continúa condicionando todo el tablero político francés. La gran pregunta es si el macronismo puede existir sin Macron.

Una Francia más fragmentada

El legado

En junio de 2024, tras el avance de la extrema derecha en las elecciones europeas, Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas. La decisión terminó produciendo un Parlamento sin mayoría absoluta y una gobernabilidad mucho más compleja.

Desde entonces, su atención se ha concentrado cada vez más en el ámbito internacional. Macron ha convertido la autonomía estratégica europea en uno de los grandes ejes de su presidencia: defiende una Unión Europea con mayor capacidad en defensa, tecnología, industria y seguridad. La guerra en Ucrania ha dado nuevo peso a esa visión.

Sus defensores ven en él a un presidente reformista que modernizó la economía, defendió la integración europea y mantuvo a Francia como protagonista internacional. Sus críticos lo consideran un mandatario excesivamente vertical y distante de sectores importantes de la sociedad. Ambas imágenes forman parte de su legado.

Macron llegó al poder prometiendo transformar Francia. Casi una década después, se aproxima al final de una presidencia marcada por protestas, reformas, crisis sanitarias, guerra en Europa y una profunda reconfiguración política.

Su último desafío quizá no sea aprobar una nueva reforma ni ganar una última batalla. Será demostrar que el proyecto que inició en 2017 puede sobrevivir cuando él abandone el Palacio del Elíseo.

¿Qué viene después?

Francia ya mira hacia 2027. La Constitución impide que Macron pueda presentarse inmediatamente a un tercer mandato

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La omnipresencia del debido proceso: eje y centro de gravedad del orden constitucional Por Francisco Franco

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esde tiempos inmemoriales, en la mayoría de las religiones y cultos, una de las principales características atribuidas a las deidades es la omnipresencia, cualidad sobrenatural que permite —o permitiría— a Dios, o a los dioses, estar presente en todas partes a la vez.

Pero extrapolemos y pasemos de lo divino a lo terrenal: si tomamos a la Constitución como el evangelio de la vida en sociedad —pacto social y norma suprema—, debemos convenir, sin titubear, en que sus disposiciones son transversales a todo el ordenamiento e irradian de manera constante sobre todos los ámbitos de la comunidad. Y aunque la doctrina segregue u organice su contenido entre una “Constitución orgánica”, entendida como el conjunto de normas que distribuyen el poder y determinan la organización del Estado, y una “Constitución dogmática”, comprensiva de aquellas que consagran derechos, libertades y garantías, lo cierto es que toda la Carta Magna —y, con ella, toda actuación de los poderes públicos en un Estado social y democrático de derecho— debe ser interpretada funcionalmente al servicio de los derechos fundamentales y de la dignidad humana.

Ahora bien, dentro de esa supremacía y obligatorio respeto al texto sagrado social, existen normas cuya activación o eficacia no se agota en la necesidad de su aplicación ante la verificación del supuesto de hecho previsto en su texto. Por el contrario, cual omnipresentes, ciertas disposiciones proyectan su fuerza normativa y deben ser observadas en toda actuación pública y privada, imponiéndose como parámetros permanentes de validez y límite. Y justo entre estas emerge, con singular trascendencia, el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrado y desarrollado en el artículo 69 de la Constitución.

Esta garantía compuesta concentra en su definición un catálogo de prerrogativas subjetivas que deben ser respetadas “en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, cuyo alcance nuestro supremo intérprete constitucional ha extendido también al ámbito de las relaciones privadas, como se desprende, entre otras, de las sentencias TC/0192/16 y TC/0514/20. Entre esas garantías se encuentran el derecho a ser oído, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y al contradictorio, el non bis in idem, el principio de legalidad procesal y sustantiva, así como las garantías propias del derecho probatorio.

En no pocas decisiones, nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a la dimensión y proyección de este derecho. Ha explicado, por ejemplo: (i) que el debido proceso constituye un principio jurídico procesal que reconoce a toda persona determinadas garantías mínimas dirigidas a procurar un resultado justo y equitativo, permitiéndole ser oída y hacer valer sus pretensiones legítimas, y que se trata de un derecho fundamental susceptible de protección mediante la acción de amparo (TC/0331/14); (ii) que la incorporación constitucional del debido proceso a las actuaciones judiciales y administrativas dejó atrás antiguas restricciones que excluían determinados procedimientos administrativos; (iii) que el derecho de defensa exige que toda persona sometida a una actuación susceptible de afectarla disponga de una oportunidad real

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para conocer los señalamientos formulados en su contra y defenderse; (iv) que el respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa supone, entre otros elementos, que una decisión sancionatoria esté precedida de una investigación, que esta sea puesta en conocimiento del afectado y que este haya tenido la posibilidad efectiva de defenderse (TC/0048/12); y (v), no menos importante, que el derecho fundamental al debido proceso, de origen estrictamente judicial, se ha extendido no solo a las actuaciones administrativas de las entidades estatales, sino también al interior de instituciones privadas, dando lugar al denominado debido proceso inter privatos (TC/0192/16).

En definitiva, el debido proceso no aparece únicamente cuando el conflicto ya ha estallado ni se reduce al instante formal en que una autoridad decide, sino que acompaña, condiciona y limita todo itinerario capaz de incidir sobre derechos, intereses legítimos o situaciones jurídicas. Su fuerza normativa precede la decisión, penetra el procedimiento, gobierna la formación de la voluntad pública y, allí donde la Constitución así lo exige, alcanza incluso las relaciones entre particulares. De ahí que no pueda ser concebido como una mera sucesión ritual de garantías, sino como una auténtica condición constitucional de legitimidad del ejercicio del poder.

En un Estado social y democrático de derecho, por tanto, ninguna potestad puede considerarse jurídicamente plena si ha sido ejercida al margen de la posibilidad real de conocer, contradecir, defenderse y ser oído. Porque allí donde falta el debido proceso, aun cuando subsista la apariencia externa de legalidad, comienza a quebrarse el orden constitucional mismo.

Y quizá sea justamente esa su dimensión más trascendente: como aquellas presencias que la teología imagina sin confines, el debido proceso no necesita ser invocado para existir; está llamado a permanecer, silencioso pero imperativo, allí dondequiera que el poder —público o privado— pueda rozar la esfera de libertad y dignidad de la persona.

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Estrecho como espejo: cuestión de prioridades

Por Elena Crespo

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inguna crisis migratoria se entiende bien si se cuenta desde una única foto.

Es cierto que, entre el 30 y el 31 de julio de 2026, entraron de forma irregular en Ceuta decenas de miles de personas.

La cifra inicial rondó los 50,000 ingresos, de los cuales más de 48,000 regresaron a Marruecos en cuestión de horas, y posteriormente el Gobierno español situó el número total en 72,000. Ese dato desmiente, a la vez, dos relatos: el de la invasión y el del silencio institucional. Llamar invasión a un fenómeno migratorio no es una simple licencia retórica; es lo que la Escuela de Copenhague denomina securitización: convertir un fenómeno social en amenaza existencial para blindarlo frente al debate racional. También es lo que Robert Entman describe como framing: la construcción de la realidad mediante la palabra elegida, “invasión” en vez de “flujo”, para decidir de antemano qué causas y qué responsables resultan pensables.

Ese mismo cuidado con el lenguaje exige aplicar la misma vara al sur del propio conflicto: al Sáhara Occidental. Es, con diferencia, el litigio jurídico más sólido y menos discutido de esta historia. El territorio figura en la lista de la ONU de Territorios No Autónomos desde 1963, y España fue la potencia administradora hasta que en 1976 comunicó a Naciones Unidas el fin de su presencia en el territorio. Sin embargo, el debate jurídico sobre sus responsabilidades históricas y políticas continúa abierto.

El 16 de octubre de 1975, semanas antes de la Marcha Verde y de los Acuerdos de Madrid, la Corte Internacional de Justicia fue tajante: no existían vínculos de soberanía que invalidaran el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. En 2022, España rompió su neutralidad histórica de décadas y respaldó el plan marroquí de autonomía; dos años después, en octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la anulación de acuerdos pesqueros y agrícolas entre la UE y Marruecos por no contar con el consentimiento del pueblo

saharaui. Ese desajuste entre lo que Madrid dice defender y lo que los tribunales confirman es hoy una de las fracturas más hondas de su credibilidad exterior.

La cuestión de Ceuta y Melilla es distinta y merece tratarse con el mismo rigor. No es un litigio abierto en el marco de Naciones Unidas: es un hecho jurídico asentado para España, aunque Marruecos mantenga reivindicaciones sobre ambos territorios desde su independencia en 1956. Melilla es española desde 1497; Ceuta quedó incorporada definitivamente a la Corona española en 1668, tras el Tratado de Lisboa. Naciones Unidas nunca las ha incluido en su lista de territorios pendientes de descolonización.

Defender esa soberanía no exige épica ni sobreactuación identitaria: exige, simplemente, citar los hechos con precisión.

Y está el gas, que expone algo más incómodo que cualquier frontera: la dependencia como límite estructural de la política exterior española. El Gasoducto MagrebEuropa cruzaba Marruecos hasta España, pero Argelia dejó de utilizar esa vía en 2021 tras la ruptura con Rabat. Desde entonces, Medgaz, que conecta directamente Argelia con España, reforzó su papel estratégico en

el suministro energético español. España necesita cooperación con Marruecos para la frontera y estabilidad con Argelia para el gas. Esa doble dependencia, más que una voluntad política plenamente autónoma, ayuda a explicar por qué Moncloa rara vez eleva el tono.

Sobre este mapa, el discurso institucional practica lo que Coombs llamó minimización de responsabilidad: mafias y bulos, pero pocas veces decisiones propias; un silencio estratégico que evita nombrar el Sáhara o el gas porque ambos asuntos exponen dependencia. Y el discurso combativo sustituye el análisis por adrenalina.

Ninguno construye lo que Fombrun definió como reputación: la coherencia percibida entre lo que se dice y lo que se hace; ni el poder blando descrito por Joseph Nye. Esa coherencia solo se construye explicando, con tratados y sentencias, por qué el Sáhara sigue siendo una deuda pendiente, por qué Ceuta y Melilla no admiten discusión en el marco jurídico español e internacional, y por qué la acción exterior de España ante Marruecos estará siempre condicionada mientras dependa de la cooperación fronteriza marroquí y del gas argelino.

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