ABINADER CONSERVA
EL RESPALDO; su gabinete pierde fuerza. La encuesta SONDEOS revela una amplia brecha.
España vuelve a reinar
La final del Mundial 2026 reune campeones, realeza, líderes políticos y celebridades en un cierre histórico.
EDUCACIÓN:
Cuando la justicia vuelve a herir a la víctima.
Un Código
La reforma del Código Penal representa una oportunidad histórica para fortalecer la justicia dominicana y actualizar su respuesta frente a los desafíos de la sociedad actual. Sin embargo, ese proceso no debe construirse como una disputa entre derechos fundamentales. La libertad de expresión, el honor, la dignidad, el debido proceso y la protección de las víctimas no son garantías incompatibles; forman parte de un mismo sistema democrático que debe ofrecer equilibrio y seguridad para todos.
Dra. Nathalie Almonte Directora Editorial GALA Media Group
Defender la libertad de expresión significa proteger el derecho a informar, investigar, denunciar y cuestionar el ejercicio del poder sin temor a censura ni persecución. Pero esa protección no puede convertirse en una licencia para difundir acusaciones falsas que destruyan reputaciones sin consecuencias. La crítica legítima fortalece la democracia; la difamación deliberada la debilita, porque sustituye el debate responsable por la desinformación y el daño personal.
Del mismo modo, la protección de los derechos del imputado no debe obligar a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar o sexual a revivir repetidamente el trauma sufrido. El sistema puede garantizar la defensa y la contradicción mediante declaraciones grabadas, pruebas anticipadas, salas especiales y comparecencias remotas. Una justicia moderna debe buscar la verdad sin convertir cada etapa procesal en una nueva forma de sufrimiento.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de aprobar un Código Penal coherente, humano y constitucional. No se trata de elegir entre libertad y honor, ni entre garantías procesales y dignidad de las víctimas. Se trata de crear normas capaces de proteger todos esos derechos de manera simultánea. La calidad de una democracia se mide, precisamente, por su capacidad para evitar que la defensa de una persona termine significando la desprotección de otra.
• PAG.03 Fánaticos
Mundial 2026: una final histórica que convirtió el fútbol en espectáculo global.
• PAG.04 ¡Lo bueno!
La JAC impulsa la conectividad aérea y consolida a RD como Hub regional.
• PAG.06 REPORTAJE
Legados que inspiran: nuevas generaciones al servicio de la política dominicana.
• PAG.08 Educación
Luis Miguel De Camps destaca ante el CONEP la educación como motor del desarrollo nacional.
• PAG.09 Análisis
Libertad de expresión y derecho al honor: el equilibrio que exige la reforma penal.
• PAG.10 Encuestas
Abinader conserva respaldo, pero su gabinete enfrenta señales de desgaste.
• PAG.12-13 Opinión
• RD en un momento decisivo.
• La revictimización en el proceso penal: una deuda pendiente con las víctimas dea violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
EN PORTADA | EDIC.7 |JULIO 2026
• Presidente Ejecutivo:: Ruddy De los Santos
• Directora Editorial: Nathalie Almonte
• Jefe de Redacción: Sauro Scalella
• Diseño y diagramación: Marcos Novas
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Por: Nathalie Almonte
Fotos: casareal.es
España conquistó su segunda Copa Mundial al vencer 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey. El encuentro se decidió en el tiempo extra, cuando Ferran Torres marcó el gol que permitió a “La Roja” recuperar el título 16 años después de su coronación en Sudáfrica 2010. Con este resultado, España también impidió que Argentina revalidara el campeonato obtenido en 2022.
La final tuvo una presencia especialmente simbólica para los españoles. El rey Felipe VI y la reina Letizia asistieron acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La familia real celebró posteriormente sobre el terreno de juego junto a los futbolistas y el trofeo, en una imagen que unió a la Corona con una de las mayores celebraciones deportivas recientes del país.
Las gradas también reunieron a numerosas figuras del entretenimiento y del deporte. Entre los asistentes se encontraban Beyoncé y Jay-Z, Tom Cruise, David y Victoria Beckham, Matt Damon, Tom Brady, Timothée Chalamet, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem y Sofía Vergara. La presencia de estrellas internacionales confirmó que la final trascendió el ámbito futbolístico y se convirtió en uno de los mayores acontecimientos sociales y mediáticos del año. El cierre del Mundial dejó además registros de gran impacto: fue la primera edición organizada conjuntamente por tres países, Canadá, Estados Unidos y México; contó con 48 selecciones y 104 partidos; reunió a 6,810,966 espectadores y produjo 308 goles. España dominó también los reconocimientos individuales, con Rodri como Balón de Oro, Unai Simón como mejor guardameta y Pau Cubarsí como mejor jugador joven. Curiosidades y coincidencias de la final
Los tres anfitriones, juntos
Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark
Carney representaron a Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores del Mundial.
España tuvo representación doble
Además de los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas, estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Trump entregó la Copa
El mandatario estadounidense participó junto a Gianni Infantino en la ceremonia de premiación y permaneció cerca de los jugadores durante la celebración.
Una final con tensión diplomática
El palco reunió a líderes con diferencias políticas y comerciales, especialmente en las relaciones de Estados Unidos con México, Canadá y España.
Milei fue el gran ausente
Pese a que Argentina disputaba la final, el presidente Javier Milei no asistió y siguió el encuentro desde su residencia, según informaciones publicadas antes del partido. Primer presidente estadounidense en casa Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en funciones que asistió a una final mundialista celebrada en terri-
torio estadounidense. Bill Clinton no estuvo en la final de 1994.
La familia real viajó completa
Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía realizaron juntos su primer viaje oficial fuera de España como familia para acompañar a la selección.
Fútbol y diplomacia
Sheinbaum aprovechó la cita para representar a México como país coanfitrión, en medio de negociaciones comerciales regionales con Estados Unidos y Canadá.
La Junta de Aviación Civil (JAC) se mantiene en una etapa de crecimiento y consolidación bajo el liderazgo de su presidente, Héctor Porcella, quien asumió la dirección del organismo con una visión clara: convertir al país en un referente regional de conectividad aérea, modernización y eficiencia regulatoria.
La JAC ha demostrado un firme compromiso con el fortalecimiento del sector aeronáutico nacional. Las decisiones adoptadas han sido clave para ampliar las rutas internacionales, diversificar los mercados emisores de turistas y mejorar las condiciones operativas de las aerolíneas que conectan al país con el mundo.
La institución ha fortalecido su rol estratégico en el desarrollo del turismo, la conectividad regional y la inserción de la aviación dominicana en los estándares globales de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
Los acuerdos de servicios aéreos han posicionado al país como el segundo con mayor índice de conectividad aérea en Latinoamérica, enlazando actualmente 414 destinos en 75 países.
El impacto de estos acuerdos también se refleja en el crecimiento de las rutas y aerolíneas; de 878 rutas en 2020 se alcanzaron 1,096 en 2025, operadas actualmente por 365 aerolíneas activas. Asimismo, aumentó la capacidad de los operadores locales, de seis líneas aéreas nacionales en 2020, a 13 en la actualidad, pasando de 695 asientos a 3,232 desde el 2020 al 2025.
Para finales del 2026, se estima superar los 20 millones de pasajeros en entradas y salidas, un 30% más que en 2019, reafirmando a la aviación civil como uno de los pilares estratégicos de la economía nacional.
La República Dominicana concluyó con éxito el ICAN 2025 (International Civil Aviation Negotiation Event), la plataforma más grande de negociaciones aéreas a nivel mundial, donde se llevaron a cabo 35 negociaciones, de las cuales se suscribieron 20 instrumentos bilaterales.
Héctor Porcella Dumas es el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 390‑24, con efecto desde el 16 de agosto de 2024. Su formación académica en Administración de Empresas en la Georgia Southern University, combinada con una extensa trayectoria en alta gerencia y coordinación de las responsabilidades misionales de la autoridad de Aviación Civil de la República Dominicana, le han permitido desempeñar un papel crucial en el desarrollo e implementación de políticas clave dentro del sector aeronáutico. Bajo su liderazgo, la JAC se ha orientado hacia una expansión de rutas aéreas, modernización institucional y participación en organismos de aviación regional e internacional.
Por Nathalie Almonte Fotos: Fuentes externas
Crecer en una familia presidencial significa conocer desde temprano el peso de las decisiones públicas, las exigencias del liderazgo y la responsabilidad de representar a los ciudadanos. En la República Dominicana, Carolina Mejía, Omar Fernández, Sonia Guzmán y Orlando Jorge Mera siguieron los pasos de sus padres y desarrollaron carreras propias en la política, la administración pública y la diplomacia. A ellos se suma Orlando Jorge Villegas, quien representa la tercera generación de una familia estrechamente vinculada con la historia democrática nacional.
Carolina Mejía es hija del expresidente Hipólito Mejía, quien gobernó el país entre 2000 y 2004, y de la fallecida exprimera dama Rosa Gómez de Mejía. Economista de profesión, fue candidata a la Vicepresidencia de la República en 2016 y posteriormente se convirtió en la primera mujer elegida alcaldesa del Distrito Nacional. Desde el gobierno municipal ha construido un perfil propio, centrado en la recuperación de espacios públicos, la gestión urbana y el acercamiento con las comunidades.
Omar Fernández es hijo del expresidente Leonel Fernández y de la abogada Rocío Domínguez. Tras desempeñarse como diputado, fue elegido senador del Distrito Nacional en 2024 con 256,054 votos, la cifra más alta obtenida por un senador de la capital en la historia democrática dominicana. Su formación jurídica y su estilo de comunicación le han permitido conectar con públicos jóvenes y desarrollar una identidad política diferenciada.
Sonia Guzmán es hija del expresidente Antonio Guzmán Fernández, quien dirigió la República Dominicana entre 1978 y 1982, y de la exprimera dama Renée Klang de Guzmán. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito económico y diplomático: fue la primera mujer integrante de la Junta Monetaria, participó de manera decisiva en las negociaciones del tratado DR-CAFTA y representó al país como embajadora en Estados Unidos hasta 2025. Su carrera constituye uno de los ejemplos más destacados de continuidad del servicio público dentro de una familia presidencial.
Orlando Jorge Mera fue hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, quien gobernó entre 1982 y 1986, y de Asela Mera de Jorge. Abogado y dirigente político, presidió el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, ocupó importantes responsabilidades partidarias y se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde 2020 hasta su fallecimiento
en 2022. Fue reconocido por su disposición al diálogo, su defensa de la institucionalidad y su compromiso con la protección de los recursos naturales.
La continuidad de esa familia alcanza una tercera generación con Orlando Jorge Villegas , hijo de Orlando Jorge Mera y nieto de Salvador Jorge Blanco. Comunicador y dirigente político, fue elegido diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Las historias de Carolina Mejía, Omar Fernández, Sonia Guzmán, Orlando Jorge Mera y Orlando Jorge Villegas muestran que un legado presidencial puede convertirse en una escuela de servicio, preparación y compromiso con el país, siempre que cada generación sea capaz de construir su propio camino
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvo un encuentro con la directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), durante el cual presentó la visión que impulsa el Ministerio de Educación para fortalecer el sistema educativo dominicano como motor de desarrollo, movilidad social y crecimiento sostenible.
De Camps explicó que la estrategia de transformación educativa está enfocada en desarrollar las capacidades de los estudiantes, identificar sus talentos y crear oportunidades para que ese potencial contribuya al progreso del país. Destacó que la educación es la política pública con mayor capacidad para ampliar oportunidades, reducir brechas y preparar a las nuevas generaciones ante los desafíos de un mundo en constante cambio.
Durante la reunión, el ministro resaltó la importancia de fortalecer la educación técnicoprofesional, ampliar la enseñanza del inglés e impulsar competencias vinculadas con la
inteligencia artificial, las disciplinas STEM y la formación en valores. También subrayó que el desarrollo del talento requiere una alianza permanente entre el Estado, las familias, las universidades, el sector productivo y la sociedad. El encuentro permitió intercambiar ideas
para estrechar los vínculos entre el sistema educativo y los sectores productivos, con el propósito de facilitar la inserción de los jóvenes en la vida laboral, el emprendimiento y la innovación. De Camps valoró la disposición del CONEP de continuar trabajando junto al Ministerio de Educación y reiteró que la educación constituye la principal inversión para construir una República Dominicana más competitiva, con mayor bienestar y prosperidad compartida.
Un artículo de opinión publicado en Diario Libre por Miguel E. Valerio Jiminián, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, advierte sobre los riesgos que podría generar la reforma del Código Penal si la protección de la libertad de expresión termina debilitando los mecanismos jurídicos frente a la difamación. El planteamiento central no cuestiona el derecho a informar ni la fiscalización ciudadana, sino la posibilidad de que acusaciones falsas contra funcionarios, empresas contratistas del Estado o integrantes de consejos públicos queden sin una respuesta suficientemente efectiva. El análisis establece una distinción necesaria entre la crítica legítima y la imputación falsa de hechos concretos. En una democracia, los ciudadanos y los medios deben poder cuestionar la gestión pública, investigar posibles irregularidades y denunciar actuaciones de interés colectivo. Sin embargo, esa facultad no debería confundirse con la difusión de afirmaciones carentes de pruebas que puedan destruir la reputación de una
persona, una empresa o una institución. Valerio Jiminián sostiene que la Constitución protege tanto la libertad de expresión como el honor, la dignidad y la intimidad. Desde esta perspectiva, ninguno de estos derechos debe interpretarse de manera absoluta. El reto del legislador consiste en construir un equilibrio que permita la crítica firme y la denuncia responsable, pero que también ofrezca protección a quienes resulten afectados por señalamientos falsos difundidos públicamente.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación, según el artículo publicado en Diario Libre, es la propuesta de modificación del artículo 211, numeral 5. El texto permitiría que algunas expresiones ofensivas o despreciativas se tramiten únicamente por la vía civil. Para el jurista, esta solución puede resultar razonable en determinados casos de injuria, pero sería insuficiente cuando se atribuyen falsamente conductas concretas, como desviar fondos públicos o participar en actos de corrupción.
La preocupación adquiere mayor relevancia porque el daño reputacional suele producirse de forma inmediata. Una acusación falsa puede afectar contratos, relaciones comerciales, carreras profesionales y la confianza pública, aun cuando posteriormente exista una decisión favorable para la persona o entidad perjudicada. El profesor también cuestiona que la respuesta penal pudiera limitarse a acusaciones relacionadas con la vida privada, dejando fuera imputaciones falsas que afecten directamente el desempeño público o institucional.
El planteamiento de Miguel E. Valerio Jiminián invita al Congreso Nacional a revisar la reforma desde una perspectiva constitucional y equilibrada. La libertad de expresión debe mantenerse como una garantía esencial para la democracia, pero no puede convertirse en impunidad para difamar. El debate no consiste en silenciar la crítica ni restringir el periodismo, sino en asegurar que la mentira deliberada y las acusaciones falsas encuentren una respuesta jurídica proporcional al daño que pueden causar.
La más reciente encuesta de la firma SONDEOS muestra que el presidente Luis Abinader conserva un importante nivel de confianza ciudadana. El 63 % de los entrevistados valora positivamente su desempeño, frente a un 31 % que expresa una opinión negativa y un 6 % que no tiene una posición formada. La medición se realizó mediante 1,200 entrevistas presenciales entre el 8 y el 11 de julio de 2026. El respaldo al mandatario, sin embargo, no se refleja con la misma intensidad en la evaluación de su equipo de gobierno. Solo un 32 % considera buena la gestión del gabinete, mientras un 34 % la califica como mala, un 24 % como regular y un 10 % no responde. Esta diferencia evidencia que la figura presidencial continúa siendo uno de los principales activos de la administración. Entre las figuras políticas evaluadas, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, registra un 78 % de confianza positiva. Le siguen la vicepresidenta Raquel Peña, con un 77 %, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con un 71 %. En el ámbito institucional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, obtiene el mayor nivel de aprobación, con un 81 %.
Las áreas del Gobierno mejor valoradas son Educación y Turismo, ambas con un 74 % de aprobación. Deportes alcanza un 71 %, Seguridad vial un 70 % y la Lucha contra la corrupción un 68 %. También presentan resultados favorables el crecimiento y la estabilidad económica, con un 66 %, así como la construcción de obras y la solución de agua potable, ambas con un 65 %. Las mayores preocupaciones se concentran en la gestión de la inmigración ilegal, que recibe un 81 % de desaprobación. También registran altos niveles de rechazo la
inversión y los incentivos para la agricultura, con un 63 %; las relaciones internacionales, con un 61 %; y la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el narcotráfico, con un 54 %. El sistema energético obtiene un 48 % de desaprobación y la creación o mejora del empleo un 47 %. Entre los funcionarios, David Collado encabeza la valoración positiva con un 72 %, seguido por Luis Miguel de Camps, con un 71 %, y Leonardo Aguilera, con un 70 %. En el extremo opuesto aparecen Faride Raful, con un 54 % de valoración negativa, y Roberto Álvarez, con un 53 %. Pese a estas señales de inconformidad, el 44 % de los consultados cree que la situación económica mejorará en los próximos dos años, mientras un 36 % considera que empeorará.
Por: Andrés Lugo Risk
La República Dominicana vive un momento decisivo. Hemos desarrollado una economía con un crecimiento sostenido durante más de tres décadas, hemos consolidado sesenta años de estabilidad política, hemos avanzado como una sociedad con paz social perdurable, hemos demostrado poseer solidez institucional y hemos afianzado nuestra posición mundial como destino de inversión. Logros alcanzados por el trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo y la madurez que debemos de reconocerle a toda la sociedad, desde nuestro liderazgo político, hasta la clase empresarial, los colectivos de trabajadores, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación junto con amplios y diversos sectores que han incidido positivamente en la vida nacional en los últimos tiempos.
Sin embargo, esta gran realidad, concreta y demostrable, avalada no solo por las estadísticas oficiales, sino también, por los índices, rankings y evaluaciones de los más creíbles organismos y entidades internacionales nos presenta nuevos retos. El desarrollo trae consigo nuevos desafíos ante una ciudadanía que crece, se educa, tiene más conciencia social y exige más y mejores condiciones. El crecimiento obliga a servicios públicos de mejor calidad, mayores infraestructuras, mejores carreteras, mejores puertos, mejor movilidad, agua, saneamiento, energía, salud y tecnología.
Frente a esas necesidades, hay una situación que debemos asumir con responsabilidad: ningún Estado por sí solo puede financiar todas las obras y servicios que demanda una nación moderna. Los recursos públicos son valiosos, pero limitados. Por eso, la pregunta no es si necesitamos más inversión, es como nos organizamos mejor para obtener los recursos y el financiamiento necesario para que el
Estado siga trabajando en favor del desarrollo nacional. Ahí entra un mecanismo moderno y alterno, un novedoso modelo de contratación pública que ha tomado mucho auge en el mundo por su efectividad y conveniencia, las conocidas alianzas o asociaciones públicoprivadas (APP).
Las APP no son una fórmula para reducir el papel del Estado. Son una herramienta para fortalecerlo. El Estado conserva la rectoría, define el interés público, establece las reglas, supervisa el cumplimiento y protege al ciudadano. El sector privado aporta capital, innovación, experiencia técnica y capacidad de ejecución. Cuando ese equilibrio funciona, el resultado es poderoso: proyectos mejor preparados, riesgos mejor distribuidos, servicios más sostenibles y beneficios más tangibles para nuestras comunidades.
En la DGAPP lo decimos todo el tiempo: una alianza público-privada no comienza cuando se firma un contrato. Comienza cuando una necesidad pública se convierte en una decisión estratégica. Comienza cuando una institución identifica una brecha, cuando se evalúa si existe valor por dinero, cuando se estudian los riesgos, cuando se mide la sostenibilidad fiscal, cuando se escucha al mercado y cuando se diseña una iniciativa capaz de generar confianza.
Y es que el financiamiento persigue la confianza. El capital llega donde hay reglas claras. Los inversionistas participan donde existe seguridad jurídica. Las instituciones avanzan cuando hay coordinación. Y los ciudadanos respaldan los proyectos cuando comprenden que detrás de cada obra hay un beneficio real para sus vidas cotidianas. Por eso los gobiernos dominicanos deben pasar de la estrategia a la acción. Y ese es el compromiso de la administración del presi-
dente Luis Abinader. Como alinear políticas públicas, instrumentos financieros, organismos multilaterales, banca, fiduciarias, instituciones sectoriales y capacidades técnicas para construir una ruta de ejecución de proyectos APP más robustos, transparentes y confiables. Esa es la clave del avance en las sociedades modernas.
El Marco Nacional Integrado de Financiamiento de las Naciones Unidas nos ofrece una ruta para pensar el financiamiento de manera más inteligente. No se trata solo de buscar recursos; se trata de secuenciar decisiones, mitigar riesgos, combinar instrumentos y preparar proyectos que puedan pasar del papel a la realidad.
Desde la creación de la DGAPP, nuestro país ha dado pasos firmes en la construcción de una cultura de profunda colaboración entre el sector público y el privado. Hemos avanzado en estructuración, promoción, fortalecimiento institucional y generación de confianza. Port Samaná (un pequeño puerto de carga convertido en moderna terminal de cruceros en Arroyo Barril, Samaná) primera APP adjudicada en nuestra historia, es una muestra de que el modelo puede transformar infraestructura, dinamizar territorios, generar empleo y abrir nuevas oportunidades sin que el Estado renuncie a su rol ni a la propiedad pública. Pero este es apenas el comienzo. El país necesita una nueva generación de obras y servicios públicos capaces de conectar comunidades, elevar servicios, ampliar oportunidades y aportar a los objetivos nacionales de desarrollo, como el Plan Meta 2036. Esa es la tarea que tenemos por delante: convertir necesidades públicas en proyectos bien preparados; convertir proyectos bien preparados en inversión; y convertir esa inversión en bienestar para todos los dominicanos.
Por: Mariela M. Ramos Ventura
Procuradora fiscal
Uno de los principales desafíos de los sistemas modernos de justicia penal consiste en garantizar el acceso efectivo a la justicia sin convertir el propio proceso judicial en una nueva fuente de sufrimiento para la víctima. Aunque el ordenamiento jurídico reconoce derechos y establece mecanismos de protección para quienes han sufrido violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer o delitos sexuales, la realidad demuestra que, en numerosas ocasiones, el proceso penal termina reproduciendo el mismo daño que pretende reparar.
La denominada revictimización o victimización secundaria ocurre cuando la víctima, como consecuencia de la intervención de las instituciones encargadas de investigar y juzgar el delito, vuelve a experimentar el sufrimiento derivado de los hechos inicialmente denunciados. No se trata únicamente de un daño emocional, sino de una afectación a su dignidad, estabilidad psicológica y confianza en el sistema de justicia. En la práctica, una víctima de violencia de género o de un delito sexual suele relatar los hechos en múltiples ocasiones. Inicialmente, lo hace ante los agentes policiales que reciben la denuncia; posteriormente, ante el fiscal encargado de la investigación; luego, es entrevistada por profesionales de la psicología forense para determinar las secuelas emocionales derivadas de la agresión; en algunos casos, debe comparecer ante médicos legistas; posteriormente, debe declarar
durante la audiencia de medida de coerción; más adelante, en la audiencia preliminar, vuelve a narrar los hechos; y, finalmente, durante el juicio de fondo, debe enfrentar nuevamente el interrogatorio de las partes y declarar ante el tribunal.
Cada una de estas comparecencias obliga a la víctima a revivir episodios profundamente traumáticos. Recordar y verbalizar una agresión sexual, una golpiza o años de violencia psicológica no constituye un simple acto procesal; representa un ejercicio emocionalmente devastador que puede reactivar síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático, miedo e, incluso, sentimientos de culpa o vergüenza.
A ello se suma un elemento particularmente lesivo: la obligación de encontrarse físicamente con su agresor en cada etapa del proceso. La sola presencia del imputado puede generar temor, intimidación y un profundo
impacto psicológico, especialmente cuando existe un historial de violencia, amenazas o control sobre la víctima. En muchos casos, el proceso judicial se convierte en un espacio donde la víctima revive el ciclo de violencia que precisamente buscaba superar. Paradójicamente, mientras los profesionales de la salud mental trabajan para ayudar a la víctima a procesar el trauma y recuperar su estabilidad emocional, el propio sistema judicial la obliga, de manera reiterada, a reconstruir los hechos una y otra vez. Esta dinámica contradice los principios modernos de protección integral de las víctimas y dificulta significativamente su proceso de recuperación.
Diversos instrumentos internacionales reconocen la necesidad de evitar la revictimización. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del
