Sentencias Destacadas 2016

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PRÓLOGO

Este decimotercer tomo de nuestro anuario Sentencias Destacadas reúne dieciocho trabajos que comentan las sentencias relevantes que, pronunciadas en 2016 y seleccionadas por nuestro Consejo Editorial, emanan de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

COMENTARISTAS Y ACCESO LIBRE A BASE HISTÓRICA DE SENTENCIAS DESTACADAS Dos elementos editoriales merecen especial mención en este prólogo.

El primero es celebrar el compromiso de entusiastas nuevos autores que se incorporan aquí al creciente grupo de abogados y académicos que publican en nuestras páginas. En esta versión escriben por primera vez Rodrigo Barcia, Matías Carrasco, Juan Pablo Escudero, Juan Carlos Flores, Roberto Guerrero, Cecily Halpern, Francisco Leturia, Claudia Mejías, Enrique Navarro, Gonzalo Severin, Emilio Pfeffer, Ignacio Ried, Ricardo Riesco, Tatiana Vargas y Ángela Vivanco. Con ellos hemos alcanzado –desde la primera publicación de Sentencias Destacadas 2004– a más de un centenar el número de profesores, abogados y economistas que en trece años han revisado los fallos más importantes del año.

Un segundo aspecto que debe destacarse es que Sentencias Destacadas se incorpora ya oficialmente a una política de datos abiertos a fin que todos los comentarios históricos publicados, sean accesibles a todo público desde la web. De esta forma, durante el año 2016 se subieron a la página http://lyd.org/sentencias-destacadas/ todos los artículos publicados en nuestro anuario desde el año 2005 en adelante. A ello se suman buscadores por autor, año, tribunal, área del derecho y tema que facilitan la búsqueda. De esta forma, jueces, abogados, estudiantes y la comunidad jurídica en general tendrán un acceso más expedito a los cerca de 150 comentarios de sentencias que se han escrito en estos años.

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El año 2016 ofreció contiendas judiciales de particular interés, todos con impacto institucional, valiosos tanto para la opinión pública como para el mundo del derecho. Como es tradicional, el Tribunal Constitucional abordó temas polémicos con rigurosidad y profundidad en sus sentencias. Esa es la respuesta que ofrece a las tensiones propias de un año electoral que suelen debilitar el control de constitucionalidad y, con ello, deteriorar las bases mismas del sistema democrático. En esta publicación abordamos tres sentencias dictadas durante el año que siguen despertando el interés de la opinión pública. Todas ellas muestran un razonamiento jurídico del cual puede discreparse pero que bajo ningún respecto debe conducir a cuestionar la importancia del control de constitucionalidad.

La Corte Suprema, por su parte, fue objeto en 2016 de la mayor parte del interés de nuestros comentarios. Sus fallos abordaron temas polémicos y otras materias que, aunque de menor interés para la amplia opinión pública, resultan sumamente relevantes para el derecho. En esta ocasión se comentan 16 sentencias vinculadas con temáticas tan variadas como los derechos fundamentales, la consulta indígena, la responsabilidad del Estado, el control de constitucionalidad de normas preconstitucionales, la forma de interrumpir los plazos de prescripción, la propiedad minera, las reglas que regulan la fusión con partes relacionadas, el recurso de revisión, el control judicial de los reglamentos, los procesos sancionatorios de las Superintendencia entre otros.

Por último, se examina una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago por la relevancia del análisis que efectúa para las futuras operaciones con personas relacionadas. Asimismo se comenta otra sentencia de la Corte Suprema en una materia vinculada con la libre competencia en relación a la responsabilidad por incumplimiento de condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Las sentencias del Tribunal Constitucional en 2016 reciben cuatro comentarios en este anuario.

Dos de ellos se introducen en una de las sentencias más relevantes del año en el denominado caso “Cascadas”. Como se sabe, en esa decisión una contundente mayoría del Tribunal Constitucional, declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso pri-

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mero del artículo 29 del DL 3538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros que establece una forma de aumentar las penas pecuniarias frente a ciertas infracciones en el mercado de Valores.

El primero de estos análisis, de Víctor Manuel Avilés y José Francisco García, sostienen que la sentencia se transformará en un leading case para el derecho administrativo sancionador al fijar estándares constitucionales adecuados al ejercicio de potestades sancionadoras tanto en el mercado de valores como en otras áreas afines. Agregan que el fallo también es un aporte para los regulados y para el ejercicio legítimo del ius puniendi estatal. En el segundo comentario, Enrique Navarro celebra igualmente la sentencia y su aproximación al principio de proporcionalidad. Tomando en consideración jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República da cuenta de manera precisa la forma en que este principio ha ido configurando también la actividad sancionadora del Estado.

A su turno, Cecily Halpern analiza en extenso la sentencia del Tribunal Constitucional pronunciada con ocasión del requerimiento de inconstitucionalidad deducido respecto del proyecto de ley sobre reforma laboral, promovido por el Ejecutivo desde 2014. El tema despertó amplio interés de la opinión pública y generó, en ocasiones, severas e injustas críticas a la magistratura constitucional. El comentario muestra que la sentencia contiene un profundo análisis de las normas constitucionales relevantes y que tras esa decisión hay una reflexión valiosa.

Por último, Tatiana Vargas aborda otro pronunciamiento que ha encendido una creciente polémica, que es el que resolvió el primer recurso de inaplicabilidad en contra de ciertos artículos de la denominada Ley Emilia; sabemos que este cuerpo legal exige la aplicación de una pena efectiva de 1 año en ciertas circunstancias. La autora respalda la aproximación del Tribunal Constitucional al conflicto, presentando los riesgos asociados a una legislación efectista y llamando la atención sobre otras eventuales inconstitucionalidades de esa legislación.

CORTE SUPREMA En la sección dedicada a la Corte Suprema se analizaron 15 sentencias, siendo una de ellas comentada por dos autores.

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Rodrigo Barcia abre la sección comentando un fallo donde se aprecian los criterios que utilizan tanto el máximo tribunal como la doctrina para juzgar la incorporación de la norma de la ley de protección a los derechos de los consumidores que establece restricciones a los efectos de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.

Más adelante Gabriel Bocksang y Eduardo Soto Kloss se refieren, en comentarios separados, al fallo denominado “Poblete Novoa”, de agosto de 2016. Este caso da cuenta de un creciente debilitamiento del control de los jueces sobre los decretos supremos. En particular, el hecho que se rechacen recursos de protección en contra de reglamentos lleva a ambos autores a criticar la decisión de la Corte.

Bocksang, a su vez, analiza el fallo teniendo en consideración una jurisprudencia que ha tendido a consolidar una cierta inmunidad de la administración. De esta forma, ambos comentarios plantean con preocupación el estado actual del contencioso-administrativo en Chile y el nivel de protección de los derechos de las personas frente a actos de la Administración.

Sebastián Donoso y Juan Pablo Escudero se refieren a una excepcional sentencia que resolvió una bullada controversia en la comuna de Padre de las Casas y que dejó sin efecto ciertos actos administrativos que entregaban en comodato un terreno contiguo a la comunidad indígena reclamante para emplazar en dicho lugar una medialuna. De entre los diversos aspectos del fallo que destacan los autores, llama la atención que se trata de una de las pocas sentencias que aplica el Convenio a actos administrativos municipales y la correcta aplicación que hace el fallo del Reglamento de la Consulta.

Por su parte Juan Carlos Flores comenta la sentencia sobre la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual seguida en contra del Fisco de Chile en la construcción y equipamiento del Hospital Militar de La Reina. La decisión es especialmente interesante pues sostiene que en materia contractual el Estado debe indemnizar y reparar todo daño. Esto incluso si el contrato específico que el Estado suscribe omite cualquier referencia al deber de reparación o si el particular contratista renunció parcialmente a cualquier tipo de indemnización. Con esto, la responsabilidad del Estado se ubica en una posición coherente en una sociedad en la que el Estado está al servicio de la persona.

Francisco Javier Leturia comenta el caso de los globos de televigilancia instalados por dos municipalidades y que generaron variada polémica en la opinión pública. La sentencia, que tiene

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su origen en recursos de protección presentados por un grupo de vecinos, pondera adecuadamente las posibles lesiones a los derechos de privacidad e intimidad, en contraposición al resguardo de la seguridad ciudadana. A partir del mismo caso, el autor analiza la decisión de los tribunales de justicia en materias que no han sido previstas por el legislador, en particular, en el ámbito constitucional.

A su turno, Constanza Hube analiza las sentencias de la Corte Suprema que acogieron dos recursos de protección interpuestos en favor de dos extranjeros, con decretos de expulsión pendientes.

Los casos se originan en la negativa de un oficial del Registro Civil de fijar día y hora para su matrimonio en Chile con ciudadanos chilenos, por carecer de Cédula de Identidad. Las sentencias recibieron atención pues generó una polémica inédita entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en relación al órgano jurisdiccional responsable del control de constitucionalidad de normas preconstitucionales. La autora aborda con detención la polémica y concluye que, en nuestro ordenamiento jurídico, el resguardo de la supremacía constitucional en casos como el que se analizaba corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional.

Claudia Mejías y Gonzalo Severin centran su análisis en una interesante sentencia que modifica la doctrina preponderante en la Corte sobre la interrupción de la prescripción adquisitiva. El fallo, que marca un antes y un después en la lectura que hará el tribunal en este tipo de casos, tiene enorme importancia tanto en lo dogmático como para el ejercicio de la profesión. Por eso los autores analizan en detalle la contienda tanto desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como desde el análisis que hace la Corte Suprema a diversas normas del Código Civil vinculadas con el caso. Finalmente, los autores plantean una mirada prospectiva del debate que generará esta sentencia.

En tanto, Emilio Pfeffer comenta un fallo de la cuarta Sala de la Corte Suprema que, desestimando recursos de casación, rechazó las solicitudes de constitución de servidumbres de ocupación y transito solicitadas por concesionarios mineros. Como plantea el autor, la sentencia considera que las referidas servidumbres se situaban dentro de un área de propiedad fiscal que se dice reservada por los ministerios de Energía y Bienes Nacionales para el desarrollo de proyectos energéticos futuros que, en caso de concretarse, resultarían incompatibles con la actividad minera. La aproximación

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de la Corte es criticada en este comentario por el riesgo que implica para el ejercicio del derecho de propiedad y la actividad minera.

La sentencia “Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros” es objeto del comentario de Ignacio Ried. El caso se vincula con diversos procesos en los que los fallos condenatorios fueron fundamentados en declaraciones autoincriminatorias obtenidas mediante apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado de Chile. El autor desarrolla los antecedentes jurídicos del caso, aborda los aspectos procesales del recurso de revisión y termina concluyendo que este no era la vía correcta para la anulación de dos sentencias pronunciados en 1974 y 1975.

Sebastián Soto, a su vez, analiza diversas sentencias de la Corte Suprema que en repetidas ocasiones se pronunciaron impugnando procesos sancionatorios realizados por la Superintendencia de Educación. El comentario considera que las sentencias establecen criterios relevantes para avanzar hacia una separación más clara entre quien formula los cargos y quien resuelve la acusación en el derecho administrativo sancionador. A juicio del autor, la Corte Suprema se aproxima acertadamente al tema desde el principio de imparcialidad lo que puede generar un efecto irradiación en el resto de los procedimientos sancionatorios.

Por último, Ángela Vivanco elabora un detallado análisis del denominado “derecho al olvido” a propósito de una sentencia de la Corte Suprema sobre la materia. El comentario profundiza en una materia de crucial importancia en momentos donde la cantidad de información personal disponible en internet crece exponencialmente. Para ello se analiza el caso desde la perspectiva de la privacidad prestando atención a jurisprudencia de tribunales extranjeros.

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Y LIBRE COMPETENCIA Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago da pie a Roberto Guerrero para recordar el adagio inglés que dice que “de los casos difíciles salen malas leyes”. Esto a propósito del proceso de reestructuración societaria del grupo Enersis. El autor analiza críticamente la sentencia para mostrar cómo en este caso el fallo opta por un camino que tiende a complejizar hacia el futuro la aplicación de la ley en materia de fusiones.

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Y finalmente, en lo relativo a materias de libre competencia, Matías Carrasco y Ricardo Riesco comentan una sentencia de la Corte Suprema relacionada con el régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el marco de operaciones de concentración. Los autores le reconocen un indiscutible valor en cuanto a sentar con más claridad la interpretación de una materia que había sido discutido con anterioridad solo ante el TDLC. Sin embargo, el razonamiento de fondo de la Corte es discutible tanto desde una perspectiva de política pública económica como también desde la mirada netamente jurídica.

LA CONSOLIDACIÓN JURÍDICA DE SENTENCIAS DESTACADAS Y LA TAREA PENDIENTE Después de trece años de publicación ininterrumpida, creemos que Sentencias Destacadas está cumpliendo con creces una de las metas que se propuso en 2005. Al mismo tiempo, tiene un desafío pendiente.

El acierto: creemos que nuestro anuario ha venido consolidando irreversiblemente su creciente calidad jurídica; su método académico de análisis legal, su trabajo de fuentes, su rigor y su objetividad de publicación especializada en Derecho. Es un orgullo observar cómo se citan nuestros trabajos en la literatura y cómo se consolida este anuario como un referente académico del derecho.

El desafío es en nuestra tarea de comentaristas. Queremos una más directa conexión entre las decisiones judiciales y sus consecuencias para las correctas políticas públicas, especialmente las que favorecen la libertad de las personas. Fundamos en 2005 esta publicación buscando ese complejo sello, ese vértice jurídico-público. Y cada año debemos seguir profundizando en esa perspectiva para que nuestros comentarios apunten a un análisis siempre necesario para una sociedad como Chile en que las transformaciones políticas, las ansiedades legislativas y sus consecuencias legales impactan –a veces imperceptiblemente– el espacio básico que las personas necesitan para su realización personal.

Arturo Fermandois V. Sebastián Soto V.

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