Revista maat4 enero11

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AĂąo 2: Diciembre 2010, Enero 2011

Consejo Editorial Dra. Rosa Margarita Romagoza de López Bertrand Abogada, Salvadoreña Con posgrados en: Educación Universitaria Derecho Pluralista Público y Privado Doctorado en Derecho Pluralista Público y Privado Universidad Autónoma de Barcelona Consejal Propietaria Consejo Nacional de la Judicatura Representante de los Abogados Docentes de las Universidades Privadas

Dra. Nancy Andrighi Abogada, Brasileña Ministra

Dra. María Mercedes Buongermini Palumbo Abogada, Paraguaya Con posgrados en: Especialización en Derecho Romano. Instituto de Derecho Romano y Civil Comparado Universidad Georgia-Augusta de Göttingen, Alemania.

Didáctica Universitaria, Departamento de apoyo Pedagógico. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.

Académica de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas – Derecho Encargada del Área de Género de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia

Dra. María Milagros Calvo Ibarlucea Abogada, Española Presidente del Tribunal Calificador en el proceso selectivo para ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, de conformidad con el Acuerdo de 8 de marzo de 2006 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Con numerosas conferencias y ponencias internacionales

Editorial maat Les presentamos la cuarta entrega de la Revista electrónica Maat creada a partir de reflexiones compartidas sobre la necesidad de buscar el mejoramiento en la administración de justicia y los derechos humanos.

Maat es símbolo de la verdad, la justicia, la armonía cósmica y se representa como diosa en la mitología egipcia. La Maat egipcia, no es sólo verdad y justicia, sino también orden y ley. Su sentido va más allá y trasciende la autoridad de una soberanía humana o de un legislador divino.

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD) colabora con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; provisión de asistencia técnica; y recolección y difusión de información en temas de su competencia.

Itinerario…

La Revista Maat se estructura de la siguiente manera: • Maat editorial • Maat Reflexión: donde la profesora Alda Facio nos da una explicación del uso correcto de la palabra equidad o igualdad.

• Nuestra Maat es un lugar para los escritos desde las mujeres y sobre las mujeres. De este modo, el informe “Abusos y miedo en Ciudad Juárez” nos presenta una realidad cerca e indignante desde la perspectiva de derechos humanos. Este es informe conjunto entre WOLA y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La Fundación Justicia y Género como el Programa Mujer Justicia Género se crearon a partir de profundas reflexiones sobre la necesidad de buscar el mejoramiento de la administración de justicia y los derechos humanos en la región. Para combatir esa invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, que trae como consecuencias discriminación, desigualdad, opresión y violencia contra la mujer.

• Las noticias internacionales, las actividades y el trabajo en nuestra fundación: cierran los detalles de Maat. Y agradecemos su acompañamiento durante estos dos años de ediciones sistemáticas.

De esta forma ambos, ILANUD y la Fundación Justicia y Género desde la idea de combatir esa invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, que trae como consecuencias discriminación, desigualdad, opresión y violencia contra la mujer. Ponemos en sus manos nuestra primera edición.

Maat noticias Observadores del Primer Encuentro

Costa Rica

Exitoso encuentro de Magistradas

Magistradas de las más altas Cortes de Justicia de Iberoamérica / San José, Costa Rica

Esta actividad fue auspiciada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y organizada conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y la Fundación Justicia y Género, así como la Secretaría Técnica de los Encuentro de Magistradas.

Con la participación de magistradas de España, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, México, El Salvador, Colombia y Costa Rica culminó el primer Encuentro de Magistradas Constitucionales de las más altas Cortes de

Observadores del Primer Encuentro

Naciones Unidas

Fondo de Población de Naciones Unidas llama a los Estados a no tolerar la violencia contra las mujeres

Justicia de Iberoamérica “Por una Justicia de Género”.

En un ambiente de camaradería y debate se trataron diferentes temas siempre desde la profunda reflexión que permitía la participación de las magistradas y de los observadores en este caso. Con el objetivo de permitir la deliberación en torno a la incorporación de la perspectiva de género en la justicia constitucional relacionado con los derechos reproductivos se trabajó durante dos días en la ciudad de San José, Costa Rica.

• El trabajo de los medios de comunicación es determinante Cualquier expresión de violencia contra las mujeres debe ser condenada por la población o por los Estados, de esa manera se logrará transformar la idea de que la problemática es parte de un ámbito privado y se llevará a la denuncia pública, dijo Marcela Suazo, Directora para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Maat noticias La funcionaria internacional aseguró que en ese proceso el trabajo de los medios de comunicación es determinante, ya que es a través de sus escritos que se logra cambiar el imaginario colectivo de que las agresiones contra las niñas, las adolescentes y las adultas se resuelven en los propios hogares.

enfoque de género en el observatorio municipal, que es una instancia de apoyo a quienes son víctimas de la violencia de género argumentó Gloria Candray, consultora de OXFAM. La campaña tuvo como lema “Entre vos y yo... una vida diferente” y hace un llamado a mujeres y hombres para tomar un rol activo en cambiar las realidades y velar por los derechos femeninos. Las capacitaciones fueron impartidas por consultores costarricenses de la Fundación Justicia y Género.

La violencia contra la mujer está tipificada en la mayoría de países del continente americano, por lo que su denuncia es indispensable para acabar con la impunidad; las personas no deben tolerar ese tipo de crímenes, añadió la entrevistada.

Suazo destacó que los sistemas de justicia deben ser capacitados y sensibilizados sobre las cuestiones de género y las características de la violencia machista, para atender los procesos con la debida prudencia y lograr sentencias justas.

Paraguay

Corte Suprema de Justicia Paraguaya con una política de género

Guatemala atraviesa por un momento importante al implementar la creación de juzgados especializados en la violencia contra las mujeres y el femicidio, así como al desarrollar otras acciones preventivas y de atención a la problemática, expresó la representante regional del UNFPA.

La secretaría de género del Poder Judicial de Paraguay con el apoyo de la Ministra de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alicia Pucheta inició el proceso de elaboración de una política de género para su país.

El Salvador

La magistrada María Mercedes Bougermini estuvo coordinando el proceso, dicha política tiene como objetivo promover el acceso a la justicia de las mujeres en condición de igualdad. En el diseño de la misma participaron más de cincuenta personas de diversas instancias judiciales las cuales elaboraron el borrador de política y su respectivo plan.

Capacitan para prevenir violencia de género Prevenir la violencia de género es el principal objetivo de una capacitación que se impartió en el mes de septiembre, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, El Salvador. Se trabajo en indicadores para la implementación del

La visión y compromiso institucional los pone en una condición de avance en el tema en la región del Mercosur. Nuestras más sinceras felicitaciones por la labor realizada.

Maat noticias Argentina

España

Convenio por la justicia y el género

Debate de Justicia y Género La Universidad de Cádiz organizo junto al Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Fundación Justicia y Género, el XI Encuentro de Magistradas de los más altos órganos de Justicia de Iberoamérica.

Con la idea de articular un sistema de colaboración amplia entre la Fundación Justicia y Género y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en razón de los objetivos de ambas Instituciones se realizó el Convenio.

De esta manera, se busca promover el desarrollo de actividades de formación, investigación y articulación de acciones en cuestiones de interés común. Colaborar en la organización de cursos, simposios, seminarios, talleres, conferencias, en función de los requerimientos y acorde al interés de ambas Instituciones. Cooperar en la organización y realización de instancias de formación, capacitación y actualización en temas afines.

En un debate Por una Justicia de Género y el I Encuentro Académico de decanos y decanas y docentes universitarios de las facultades de Derecho de Iberoamérica, titulado Igualdad y No Discriminación por Razones de Género en la Educación del Derecho.

Asimismo, todas las actividades y proyectos conjuntos que decidan concretar las partes deberán ser objeto de un Protocolo Adicional. En él se fijarán las características y condiciones de la actividad o proyecto a realizar, su objeto, plazo de ejecución, responsables por ambas partes, forma de financiamiento y toda otra condición o circunstancia que se estime necesaria. Para ello, Roxana Arroyo Vargas, presidenta de la fundación y representante junto con Susana Medina de la Asociación de Mujeres Jueces firmaron un convenio para potenciar ambas instituciones.

Estas actividades se desarrollaron a finales del mes de noviembre en Cádiz. Por primera vez en su historia se tuvo como país anfitrión a España, habiéndose elegido la ciudad de Cádiz como sede en atención a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. La magistrada del Tribunal Constitucional de España, Elisa Pérez, ofreció la conferencia inaugural.

Maat noticias Honduras

la Fundación Justicia y Género, con sede en Costa Rica, para dialogar respecto a la participación del TCE en eventos de cátedra virtual sobre temas electorales, sobre la invitación formulada a las juezas del TCE para participar en Encuentros Internacionales de magistradas de las Cortes de Justicia de Iberoamérica; y, de otras formas de apoyo por parte de estas Instituciones a la gestión del Tribunal.

Oficina para la Equidad de Género Celebramos desde nuestro portal virtual la inauguración de la Oficina para la Equidad de Género del Tribunal Supremo Electoral en Honduras.

Para Lisseth Alemán, Coordinadora de la Oficina para la Equidad de Género del Tribunal Supremo Electoral de Honduras es pertinente la interacción con el pleno de este órgano electoral a fin de hacer extensiva la invitación a participar en la cátedra virtual para compartir experiencias con todos los participantes.

México

Justicia Electoral con Igualad de Género

“Esto es parte del interés por incorporarnos en la Capacitación y formación en Género, así como dar a conocer a los Organismos electorales la incorporación de la oficina en nuestra estructura organizacional”, puntualizó Alemán.

Como parte de las actividades desarrolladas para institucionalizar la perspectiva de género dentro y fuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha puesto a disposición del público en general, la página web JUSTICIA ELECTORAL CON IGUALDAD DE GÉNERO http://genero.te.gob.mx/, la cual pretende constituirse en un referente común de mujeres y hombres preocupados y ocupados en generar condiciones de igualdad para ambos sexos, en el ejercicio de sus derechos políticos.

Quito, Ecuador

Foro Interparlamentario de las Américas La Dra. Tania Arias Manzano y la Dra. Alejandra Cantos, se reunieron con el Dr. Rodrigo Jiménez, representante de ILANUD, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; y Dra. Roxana Arroyo, Presidenta de

El objetivo primordial de este espacio cibernético, es difundir de manera organizada, sistemática y de fácil acceso la información impresa y

Maat noticias electrónica sobre: eventos, estudios, publicaciones, programas de televisión, sentencias, estadística, sitios de interés y numeraria, así como una encuesta sobre temas de actualidad en la materia que se actualizará de forma periódica Fuente: Dirección de Equidad y Género Coordinación Técnica Administrativa Costa Rica

Audio temático En una conferencia con el auspicio del Centro de Derechos Humanos (Facultad de Derecho de la Universidad de Chile), Corte Interamericana de Derechos Humanos, Centro de Estudios en Derecho, Universidad de Costa Rica, Comisión Especial de la Mujer, Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, ambas de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Para poder acceder al audio: http://www.radiofeminista.net/index.php/noticias-todas/noticia2010/180-conferencia-acceso-a-la-justicia-impunidad-y-violenciacontra-las-mujeres-un-tema-de-derechos-humanos.html

Maat reflexión ¿Equidad o Igualdad?

una igualdad real o de resultados. La experiencia les había demostrado que la igualdad garantizada en nuestras leyes, no había dado los frutos esperados.

Por: Alda Facio Montejo

El problema ha sido que el contenido que se le ha dado al concepto de igualdad ha sido androcéntrico, es decir, que se ha utilizado al hombrevarón como el modelo de lo humano y desde ahí se han pensado todos los otros derechos humanos. Así, se ha creído que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres de lo que estamos hablando es de igualar a las mujeres a los hombres, es decir, de hacerlas más parecidas a los hombres para que puedan gozar de los mismos derechos. Pero ese no es el real significado de la igualdad que planteamos las mujeres que buscamos la eliminación de la discriminación. Ni tampoco es la igualdad que plantea la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).

En los meses previos a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en 1995 en Pekín, así como en la conferencia misma, hubo una acalorada discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad.

Afortunadamente, la posición del caucus de derechos humanos en Pekín fue la que privó: en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción de Pekín se mantuvo el término “igualdad”.

Sin embargo, en América Latina, debido a que el caucus latinoamericano se pronunció a favor del término equidad, los gobiernos y las ONG´s han ido paulatinamente destituyendo las políticas de igualdad por las de equidad. Aunque fue y es comprensible que aún las ONG´s se cansaran de la forma como la “igualdad” era y es interpretada y aplicada, la sustitución no puede traer beneficios porque la equidad es a lo sumo una meta social de la cual los gobiernos pueden excusarse aludiendo toda clase de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y por lo tanto una obligación legal a la que no se pueden sustraer.

Si bien es cierto que muchas latinoamericanas apoyaron el término equidad en vez del de igualdad, fue porque erróneamente pensaron y piensan que el de equidad es más aceptable porque no exige tratamiento exacto o medidas iguales para hombres y mujeres, como sí lo exige, según su mal entender, el principio de igualdad. Según ellas, la equidad exige que se le dé a cada uno o una según sus necesidades por lo que creyeron que si se hablaba de “equidad” en vez de “igualdad” quedaría claro que lo que se pretendía no era una igualdad formal, sino

Caucus es un término en inglés que significa un grupo de trabajo y/o de presión en torno a una área específica. En la ONU se usa para designar a una coalición de ONGs y/o de personas que se agrupan para hacer cabildeo (“lobby”) sobre determinadas propuestas.

Pero más importante aún, sustituir la igualdad por el más ambiguo término de “equidad” no va a corregir el problema del contenido que los poderosos le den a cualquiera de los dos términos. Por eso mi posición desde el marco de los derechos humanos es que lo que debe hacerse es reconceptualizar la igualdad de conformidad a la CEDAW y no inventarse nuevos términos que no están garantizados en ningún documento legal. Por eso creo que fue y es equivocado sustituir el término igualdad por el de equidad.

Digo que esta opinión esa equivocada porque está basada en varios errores conceptuales y otros político-estratégicos. Primero, no es cierto que la igualdad exija tratamiento exacto ni medidas iguales para hombres y mujeres. Más bien, uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de la teoría de los derechos humanos es que es discriminatorio tratar a diferentes como idénticos y por ende, siempre se ha entendido que el principio de igualdad exige que el derecho y las

Maat reflexión políticas públicas no traten a hombres y mujeres como si fueran idénticos. Cierto es que la igualdad formal generalmente sí exige tratamiento idéntico. Pero no hay que olvidar que hay muchas circunstancias en que esto es lo que necesitamos las mujeres, por ejemplo, requerimos la misma educación formal, idénticas condiciones para el ejercicio de nuestro derecho al voto, idéntico derecho a la libertad de expresión, etc. que los que tienen los hombres. Otras veces necesitamos tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres, ya sea por diferencias biológicas mutuas o por la histórica desigualdad de poder entre los géneros. Lo importante es entender que la igualdad, según la teoría de los derechos humanos, exige tratamiento no discriminatorio, es decir, exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los derechos humanos por ambos géneros de todas las edades, colores y habilidades. En otras palabras, el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un tratamiento idéntico a hombres y mujeres y a veces, un tratamiento distinto.

la justicia divina la que exige que las mujeres usen la burka, no trabajen en forma remunerada, no se eduquen y estén en este mundo sólo para servir a los hombres, darles hijos y cuidar de ellos. En muchos países de África, se considera equitativo que las mujeres no hereden de sus padres ya que ellas no tendrán que ser proveedoras como sí lo serán sus hermanos.

Otra razón que nos debe hacer dudar de las bondades de sustituir la igualdad por la equidad es el hecho de que los primeros en proponerla en el camino hacia Pekín fueron las fuerzas fundamentalistas islámicas, el Vaticano y sus seguidores latinoamericanos. Ninguno de estos grupos se distingue por su respeto a los derechos humanos de las mujeres, entonces, ¿por qué pensar que su propuesta de sustituir igualdad por equidad se debía a que querían un mundo mejor para las mujeres? Al contrario, estos grupos plantearon, por ejemplo, que hablar de equidad con respecto al derecho a heredar de los progenitores, era mejor que hablar de igualdad porque permitía a los padres ser más justos en la repartición de los bienes. Hijos e hijas podrían heredar equitativamente si los hijos varones heredaban las tierras y los bienes de producción, porque serían ellos los proveedores, mientras las hijas heredaran utensilios de cocina, porque serían ellas las reinas del hogar.

Segundo, porque el término equidad es un concepto bastante subjetivo que además, significa distintas cosas en distintos idiomas y hasta en el mismo idioma. En castellano, el diccionario ideológico de la lengua española lo define, entre otras acepciones, como “la justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva” o como “la moderación en las condiciones que se estipulan para un contrato”. “Justicia natural” según muchos, es que las mujeres no accedan a los puestos de decisión porque ellas tienen el poder de la maternidad. “Moderación” en las condiciones del contrato social es lo que piden los neoliberales que quieren que el mercado regule casi toda la actividad humana. Y ya sabemos lo que “el mercado” depara a las mujeres: más trabajo por menos salario.

Otra razón conceptual es que el principio de igualdad siempre va aparejado al de no discriminación. Esto quiere decir que podemos medir o evaluar objetivamente cuándo hay igualdad porque según la teoría de los derechos humanos, sólo habrá igualdad si no hay discriminación ni directa ni indirecta. Es por ello que la CEDAW, que es el instrumento que vela por los derechos de las mujeres, habla de que hay que eliminar todas las formas de discriminación contra todas las mujeres para lograr la igualdad. Con la equidad no podemos hacer lo mismo porque el principio de equidad no va aparejado al de no discriminación, precisamente por no ser un principio de los derechos humanos.

En términos legales, el diccionario Cassell’s de vocablos legales dice que el concepto de equidad se refiere a, entre otros, “la justicia en relación a hombres y mujeres”. Todas sabemos que para el Vaticano, es justo que las mujeres no tengamos derechos sexuales y reproductivos y que para los fundamentalistas islámicos de Afganistán, por ejemplo, es 10

Maat reflexión Una razón político-estratégica es que los instrumentos internacionales de derechos humanos usan el término igualdad y prohíben la discriminación basada en el sexo, mientras ninguno utiliza el de equidad. Así, las mujeres no podríamos acusar a un estado de no haber distribuido equitativamente sus recursos entre hombres y mujeres, pero sí podríamos acusarlo de violar el mandato de igualdad y no discriminación si a las mujeres nos dan menos recursos que a los hombres.

Pero para quienes no están convencidas y convencidos de que la equidad no es una buena substituta de la igualdad, tal vez la mejor opción sea utilizar los dos conceptos. Por ejemplo, cuando se necesite una mejor distribución de recursos para un determinado fin, no está mal hablar de igualdad y equidad. Por ejemplo, está bien decir que se implantarán políticas para la equidad e igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, cuando estemos hablando del derecho al trabajo, a un salario digno, a la educación, a la salud, debemos entender que no queremos gozar de estos derechos en forma equitativa sino gozarlos sin discriminación. Es decir, queremos igual derecho al trabajo, igual derecho a la salud, igual derecho a todos los derechos.

Sin la igualdad, de nada servirían los derechos humanos porque habría miles de justificantes para limitarlos en razón del sexo, la etnia, edad, habilidad, sexualidad, etc. Quienes creemos en la igualdad, y por ende en la de mujeres y hombres, creemos que los sexos, así como las etnias, las razas, las generaciones, etc. somos igualmente deferentes e igualmente semejantes y que ni nuestras diferencias ni nuestras semejanzas deberían ser una razón para que unos exploten, discriminen, opriman, o de alguna forma deshumanicen a otras.

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Nuestra maat Abuso y miedo en Ciudad Juárez

atrocidades cometidas por organizaciones narcotraficantes y otros grupos criminales en México, ampliamente documentadas en los medios.

Por el contrario, el informe se centra en las violaciones a los derechos humanos — incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias — cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano, principalmente las fuerzas armadas, en el contexto de la lucha antidroga en el país. La impunidad por las violaciones cometidas fomenta nuevos abusos, además de debilitar la confianza de los ciudadanos y su voluntad de colaborar en la lucha contra cualquier tipo de crimen.

Un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México Maureen Meyer, con contribuciones de Stephanie Brewer y Carlos Cepeda

Debido a los altos niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez, el informe subraya especialmente la situación en esta ciudad. Los casos señalados a lo largo del informe han sido documentados por organizaciones de derechos humanos locales en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, las cuales, con enorme coraje, han tratado de arrojar luz sobre las violaciones ocurridas como consecuencia d operaciones de seguridad en el estado de Chihuahua.

Introducción

La violencia asociada a la lucha contra el narcotráfico que ha devastado partes de México en los últimos años ha dejado muchas víctimas: decenas de miles de personas asesinadas por traficantes o por las fuerzas de seguridad, incluyendo miles de civiles inocentes, cuyas muertes, en su mayoría, nunca serán investigadas; madres y padres que han perdido a sus hijos a manos del tráfico de drogas; huérfanos estigmatizados por sus comunidades, quienes, ante la muerte violenta del padre, suponen que éste era un criminal; ciudades que han visto a sus habitantes huir aterrados y a sus negocios cerrar por falta de clientes o por culpa de la extorsión; la lista continúa.

Este informe busca dar voz a algunas de las víctimas de la lucha contra el crimen organizado en México, especialmente a aquellos individuos que han sufrido abusos a manos de las mismas fuerzas de seguridad cuya función es protegerlos. No pretende minimizar las incontables

Maureen Meyer es la Coordinadora del Programa para México y Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés). Stephanie Brewer es la Coordinadora del Área Internacional y Carlos Cepeda es un ex integrante del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. A.C. (Centro Prodh).

En primer lugar, el informe da cuenta de la violencia relacionada con el narcotráfico y las políticas adoptadas por el gobierno de México, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, para hacer frente a la crisis de seguridad en México. Posteriormente examina las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la lucha antidroga del gobierno.

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Nuestra maat tráfico de drogas1. Estas cifras aumentaron dramáticamente tras la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente en diciembre de 2006.

En junio de 2010 se contabilizaron aproximadamente 23,000 víctimas mortales de la violencia relacionada con el narcotráfico desde el inicio del gobierno de Calderón. En 2009 se registraron más de 8,200 homicidios relacionados con el narcotráfico; en junio de 2010 ya se contabilizaban más de 6,200 muertes en lo que iba de año.

Muertes violentas ocurridas en la lucha antidrogas en México durante el gobierno de Felipe Calderón 2006 (solo Diciembre) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

8281 5661

2007 6230

2008 2009

2773

2010 (hasta el 30 de Junio)

62

Los datos disponibles sugieren que más de la mitad de los homicidios relacionados con el narcotráfico ocurrieron en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California, aunque en los últimos tres años y medio la violencia relacionada con las drogas ha afectado a todas las entidades federativas y al Distrito Federal. Además, el narcotráfico ha demostrado cuán fácilmente la violencia se puede trasladar de un lugar a otro con el desplazamiento de las batallas por territorio y los cambios en las alianzas entre las organizaciones narcotraficantes.

Nuevo Laredo, localizada en el estado de Tamaulipas donde un pico de violencia en 2005 ocasionó el primer operativo antidroga del gobierno de presidente Fox, había pasado por un periodo relativamente tranquilo en los últimos años registrándose 31 homicidios en 2009 en todo el estado. Sin embargo, como consecuencia de nuevas rivalidades entre organizaciones traficantes de drogas, Nuevo Laredo y otras ciudades del estado están nuevamente sumidas en la violencia; en la primera mitad de 2010 se registraron 260 muertes en Tamaulipas.2

2007 2008 2009

Fuente:

2006 (solo Diciembre)

Recuento Milenio, responsables: Roberto López, Rafael López y Melissa del Pozo.

2010 (hasta el 30 de Junio) Milenio Diario

La ola de violencia en México

En el año 2005 — que marca el inicio de la actual ola de violencia — se registraron menos de 1,800 asesinatos relacionados con el

A no ser que se indique lo contrario, las estadísticas sobre la cantidad de muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas y la lucha antidroga ocurridas durante la administración de Calderón citadas en este informe provienen de los registros del diario Milenio desde el 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2010. Estos datos fueron recopilados y sistematizados por Roberto López, Rafael López y Melissa del Pozo, reporteros de Milenio (www.milenio.com). Si bien existen varios diarios y otras fuentes que ofrecen estadísticas de este tipo (las cifras varían de acuerdo a la fuente consultada), Milenio es reconocido a nivel nacional como una fuente de información confiable sobre las muertes violentas relacionadas con la lucha antidroga durante el periodo 2006–2010; por otra parte, elegimos basarnos en estas cifras porque son más conservadoras que algunas de las otras fuentes disponibles. Agradecemos a Milenio, Roberto, Rafael y Melissa su colaboración en este aspecto del informe.

A pesar de que el gobierno mexicano ha detenido o acabado con la vida de miembros notorios de organizaciones de narcotraficantes y ha incautado importantes cantidades de drogas y armas, la violencia continúa interrumpida como también el flujo de drogas a los consumidores de Estados Unidos. Adicionalmente, estos grupos criminales han expandido sus actividades ilícitas en el país más allá del tráfico de drogas para incluir el lavado de dinero, el tráfico de personas, los secuestros y la extorsión.

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Nuestra maat crimen organizado.4 Según el gobierno mexicano, la presencia de los militares en la calle revertiría la tendencia a la inseguridad en México y por este motivo se asignaron a las fuerzas armadas tareas hasta entonces reservadas para la policía y otras autoridades civiles. Estos operativos antidroga incluían el establecimiento de numerosos retenes militares para detectar drogas y armas, además de facultar a las fuerzas armadas para efectuar cateos y emitir órdenes de aprehensión, desmantelar centros de distribución de drogas y, en ciertos estados, erradicar cultivos ilícitos.

Númer o de muertes r elacionadas con la lucha antidr ogas en algunas entidades federativas en el periodo D iciembre 2006 – Juni o 2010

Se estima que hay casi 50,000 militares desplegados en varias regiones del país en operativos antidroga en los que los soldados llevan a cabo actividades que por ley corresponden a la policía civil.5 Sólo iba a trabajar Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Cd. Juárez En el mes de agosto de 2008, Roberto recorría el mismo camino en rumbo a la empresa donde había trabajado en el turno nocturno por 25 años en Ciudad Juárez. Antes de llegar a su lugar de trabajo fue detenido por un retén de militares, lo bajaron del auto, lo inspeccionaron y acosaron con preguntas violentas: ¿qué hacía en su auto a esa hora?, ¿a dónde se dirigía?, ¿por qué estaba nervioso? y aunque se esforzaba por contestar de la mejor manera, el temor sobre lo que les ha sucedido a muchos en Ciudad Juárez lo puso nervioso. Luego que los soldados revisaron el auto, le mostraron un paquete con droga [que Roberto no reconoció] e iniciaron otro interrogatorio, ¿de dónde había sacado la droga?, ¿quién se la había vendido? Roberto no acertaba a poder contestar, nunca ha consumido droga, ni comprado ni vendido, sólo iba al trabajo.

Elementos de la política de seguridad mexicana

Tras asumir su cargo en diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón anunció que la lucha contra el crimen organizado sería una prioridad para su gobierno. Para ello, desarrolló una estrategia basada en el uso de la fuerza — principalmente a través del despliegue de las fuerzas armadas mexicanas — para desbaratar las actividades de las organizaciones traficantes de droga a la vez que implementaba reformas institucionales, en particular a los sistemas policial y judicial.3 Operativos antidroga

Pocos días después de asumir la presidencia, Calderón lanzó en Michoacán, su estado natal, el primero de varios operativos militares antidroga en estados mexicanos considerados “zonas calientes” del

Le vendaron los ojos, lo ataron de las muñecas y lo llevaron a un lugar que sólo conoce por los sonidos, pisadas fuertes que entraban y salían, 14

Nuestra maat preguntas de los militares, golpes y gritos de hombres que estaban en el mismo lugar y estaban siendo torturados.

transición de ocho años para la implementación del sistema oral acusatorio de justicia penal. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y es posible que exceda los plazos previstos. En mayo de 2010, sólo 13 de los 31 estados mexicanos (y el Distrito Federal) habían tomado medidas para implementarlas reformas previstas para este periodo y en la vasta mayoría de estos estados el nuevo sistema aún no está funcionando. Esto deja a víctimas, acusados y abogados en un sistema principalmente inquisitivo que no permite el debate de igual a igual entre las partes ni el examen riguroso de las pruebas y no respeta las garantías fundamentales del debido proceso.6

A los tres días de interrogatorios y golpes, lo soltaron con una advertencia: “Si te preguntan qué te pasó, diles que te secuestraron, acuérdate que sabemos donde vive tu familia”. La familia acudió a interponer denuncia el mismo día de su desaparición en agosto de 2008. En febrero de 2010 fue llamado a ampliar la denuncia contra los militares por el Mayor Lic. Dorian Martínez de Justicia Militar en Ciudad Juárez y decidió no acudir por el temor a las represalias.

Reformas judiciales

Otros cambios que, al contrario del sistema acusatorio, entraron en vigor inmediatamente después de la promulgación de la reforma constitucional en 2008 incluyen una serie de medidas para hacer frente al crimen organizado que son violatorios de los derechos humanos. En este sentido, cabe destacar la aplicación del arraigo (detención preventiva) en casos en los que se investigan posibles conexiones con el crimen organizado. Bajo la figura del arraigo, un sospechoso puede ser privado de su libertad por un periodo de 40 días, prolongable a 80 días, sin acusación formal en su contra. Se han documentado numerosos casos en los que individuos detenidos en arraigo han sido torturados para obtener evidencia o una confesión forzada (posiblemente falsa).7 Las reformas, en definitiva, también establecieron dos sistemas judiciales separados, uno para el “crimen organizado” y otro para el “crimen común”. Los individuos acusados de tener vínculos con el crimen organizado pueden ser detenidos en centros especiales, con mínimo contacto con terceros, por ejemplo sus abogados, y estar sujetos a estándares procesales que ofrecen menor protección en materia de debido proceso de la que corresponde por ley a los detenidos “normales”. Por ejemplo, en casos relacionados con el crimen organizado se puede negar a la defensa acceder al nombre y otra información acerca del acusador. El temor por la seguridad en casos vinculados al crimen organizado puede ser real; hacerle frente a costa de las garantías del debido proceso no

La capacidad de investigar, juzgar y sancionar efectivamente a las personas que cometan delitos es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, se estima que en México menos del 25 por ciento de los crímenes son denunciados y sólo el 2 por ciento de ellos resultan en una sentencia. Dando cuenta de la necesidad de cambiar el sistema de justicia penal en México, en 2008 se aprobaron una serie de reformas constitucionales y legislativas. Uno de los elementos clave de estas reformas es la transformación del sistema judicial mexicano en un modelo judicial acusatorio en el que la fiscalía y la defensa asumen posiciones opuestas y cada parte presenta su evidencia y argumentos en un juicio público. Este sistema es totalmente diferente del tradicional modelo inquisitivo mexicano, donde la mayor parte de la evidencia es presentada por escrito al juez y el proceso penal no es público. Otros elementos importantes de las reformas incluyen el derecho a la presunción de inocencia y la introducción de vías alternativas de resolución de conflictos en procesos penales.

Dada la magnitud de las reformas que están siendo implementadas, las cuales deberían resultar en un sistema judicial más efectivo, eficiente y transparente, el Estado mexicano estableció un periodo de 15

Nuestra maat Cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad

aumenta la seguridad, por el contrario, menoscaba el respeto por los derechos humanos.

La posición de México en el tráfico global de drogas y los niveles de violencia que éste genera actualmente están vinculados a su situación geográfica fronteriza con Estados Unidos, el país con los mayores niveles de consumo de drogas ilegales del mundo.11 Los funcionarios estadounidenses cada vez se inclinan más a aceptar parte de la responsabilidad por el narcotráfico y la violencia en México, incluyendo a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, con motivo de su visita a México en marzo de 2009, declaró que “[nuestra] insaciable demanda de drogas ilegales alimenta el narcotráfico. Nuestra incapacidad de detener el tráfico de armas a través de la frontera para armar a estos criminales ocasiona la muerte de policías, soldados y civiles.”12

Reforma policial

En cuanto a la policía, el cambio más significativo fue la reestructuración de las fuerzas de seguridad federales para establecer la Policía Federal en junio de 2009, que integra a la antigua Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) en una sola fuerza. La Policía Federal ganó facultades de investigación; asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo un número reducido de efectivos de la Policía Federal Ministerial para llevar adelante sus investigaciones.8 En paralelo a la creación de esta “nueva” fuerza policial, el gobierno federal implementó medidas para profesionalizar, capacitar y modernizar la fuerza. Estas medidas incluyen: mejores estándares de contratación, una academia de policía modernizada (situada en San Luis Potosí), y una plataforma de comunicación integrada conocida como Plataforma México.9

Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha jugado un papel en la definición de la lucha antidroga de México, que incluye la promoción de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en los operativos antidroga. Si bien no es la primera vez que Estados Unidos provee asistencia en seguridad a México, ésta alcanzó niveles sin precedente tras el inicio del gobierno de Calderón en 2006. Las negociaciones entre Estados Unidos y México culminaron con el anuncio, el 22 de octubre de 2007, de la “Iniciativa Mérida”, un programa de asistencia en seguridad para México y América Central. El paquete de ayuda ya ha excedido los tres años previstos inicialmente para su duración y Estados Unidos ha expresado su compromiso por mantener este alto nivel de cooperación con México más allá de 2012.13

Como resultado de estas acciones se establecieron mejores sistemas para depurar a la policía e investiga a los nuevos reclutas, además de mecanismos para aumentar el control ciudadano de la policía, tales como la creación de observatorios ciudadanos para la Policía Federal y las policías estatales. Sin embargo, expertos en reforma policial en México han expresado su preocupación acerca de la expansión de las facultades de investigación de la Policía Federal y su autoridad para intervenir las comunicaciones sin los mecanismos de control internos y externos necesarios, al tiempo que critican el fracaso de la nueva ley en cuanto a la incorporación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.10

Hasta la fecha, Estados Unidos ha destinado $1.5 mil millones en asistencia para México bajo la Iniciativa Mérida con el fin de combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada al mismo, incluyendo asistencia específica para la reforma judicial, el desarrollo institucional, la lucha anticorrupción y el fomento del Estado de Derecho.14 Una porción significativa de los fondos, $481.5 millones, ha sido destinada 16

Nuestra maat a la compra de helicópteros de transporte para la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) y aeronaves de vigilancia para la Secretaría de Marina de México (SEMAR). Aparte de los fondos de la Iniciativa Mérida, que provienen del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) continúa apoyando a las fuerzas armadas mexicanas en la lucha antidroga. Se estima que entre 2008 y 2010 el DOD destinó $80.9 millones a financiar la lucha antidroga en México.15

“Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo” Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC ) El 29 de diciembre de 2009, José Ángel Alvarado Herrera y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, se encontraban en una camioneta afuera de la casa de un familiar en la comunidad de Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua cuando fueron arbitrariamente detenidos por diez militares del Ejército Mexicano en uniformes. Los militares se acercaron al vehiculo de José Ángel, lo sacaron y lo golpearon, y luego subieron a José Ángel y Nitza a sus camionetas y se los llevaron.

Junto con su creciente apoyo económico a los esfuerzos del gobierno mexicano en materia de seguridad, el Congreso estadounidense reconoció la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en México y no quiso vincular a Estados Unidos con el apoyo o entrenamiento a violadores de derechos humanos. Por ello, la Iniciativa Mérida incluye la posibilidad de retener el 15% de los fondos asignados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que el gobierno mexicano está cumpliendo con los cuatro requisitos en materia de derechos humanos previamente acordados entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Estos requisitos consisten, entre otros, en garantizar que las autoridades civiles investiguen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la Policía Federal y en cumplir con la prohibición de dar valor probatorio a las declaraciones obtenidas mediante tortura.16 A pesar de que varias organizaciones de derechos humanos estadounidenses, mexicanas e internacionales han documentado el incumplimiento de estos requisitos por parte del gobierno mexicano,17 en especial la falta de investigaciones y acciones judiciales contra miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones a los derechos humanos, el Departamento de Estado ha enviado dos informes favorables al Congreso sobre los requisitos, a consecuencia de los cuales se liberó la mayor parte de los fondos retenidos.

Minutos después ese mismo día, su tía se encontraba en su domicilio junto con su hija, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, cuando escuchó un vehículo y se dio cuenta que estaban jalando s puerta de la entrada. Cuando ella fue a abrir unos militares con armas largas la empujaron y le dijeron que se encerrara en el baño con los niños y que iban a arrestar a su hija. La madre les preguntó por qué motivo y le dijeron que se callara y no estuviera preguntando. Los militares secuestraron a Rocio sin decir a dónde ni por qué motivo se la habían llevado.

La familia denunció los hechos inmediatamente ante la policía de la comunidad y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Nuevo Casas Grandes, donde se negaron a tomarles la denuncia. Fue hasta el 31 de diciembre cuando el Ministerio Público de Buenaventura accedió a tomar la denuncia correspondiente y ese mismo día informó a la familia que “tenía información que las tres personas se encontraban en el Batallón 35 de Infantería y que los estaba investigando el ejército.”

Los familiares han tenido varias reuniones con oficiales del Batallón 35 17

Nuestra maat de Infantería, las cuales no han resultado en avances en las investigaciones o en encontrar sus familiares desaparecidos.

nuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta cifra aumentó casi en un 1000% en los primeros tres de los seis años del mandato de Calderón, de 182 denuncias en 2006 a 1,791 en 2009.18 En una declaración emitida a fines de junio de 2010, la SEDENA reconoció que la Comisión Nacional había recibido un total de 3,981 denuncias en su contra por abusos a los derechos humanos.19 Las violaciones a los derechos humanos denunciadas incluyen actos de tortura, detenciones arbitrarias, cateos sin orden judicial, abusos sexuales, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

El 3 de febrero de 2010 la desaparecida Nitza se comunicó por teléfono con uno de sus familiares. Nitza le dijo llorando “Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo.” Las autoridades locales, estatales y federales han sido informadas sobre esta llamada pero hasta la fecha los familiares desconocen si ha habido resultados de su rastreo.

El 4 de febrero el ejército mexicano realizó visitas a los domicilios de los familiares de los desaparecidos de manera amenazante e intimidatoria, diciendo a los familiares que buscan a quienes están interponiendo denuncias en contra del ejército.

El aumento en el número de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas es preocupante, sobre todo porque los soldados mexicanos rara vez son investigados y juzgados por los abusos que cometen y los pocos casos que resultan en acciones judiciales son atraídos por las autoridades militares en lugar de las autoridades judiciales civiles. El Artículo 13 de la Constitución Mexicana establece que los delitos contra civiles perpetrados por miembros de las fuerzas armadas pertenecen al fuero civil. Sin embargo, el Artículo 57 del Código de Justicia Militar de México ha sido ampliamente interpretado para justificar la competencia del fuero militar para investigar casos de violaciones a los derechos humanos contra civiles.

El 20 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado declinó las investigaciones a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar. Desafortunadamente, no se tiene acceso al expediente dentro del fuero militar. Las denuncias y quejas interpuestas ante autoridades estatales, municipales y federales no tienen en autos ninguna diligencia que se haya realizado para intentar localizar a las victimas y hasta la fecha de esta publicación, se desconoce el paradero de José Ángel, Nitza y Rocío.

La Procuraduría General de Justicia Militar suele declararse competente en casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a militares; al mismo tiempo, las instituciones judiciales del fuero civil le ceden jurisdicción aún cuando no están obligadas a hacerlo.

El sistema de justicia militar se caracteriza por la falta de objetividad, transparencia e independencia, lo que ha resultado en el prácticamente nulo avance de las investigaciones por abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Hasta la fecha, solamente una violación a los derechos humanos cometida por un militar durante el gobierno de Calderón ha resultado en una condena en el fuero militar (se trata de un

Violaciones a los derechos humanos en el marco de operativos antidroga

La dependencia del gobierno mexicano en las fuerzas armadas no ha dado una respuesta satisfactoria a la inseguridad que asola a muchas regiones de México, como demuestra el aumento continuado de los asesinatos asociados al narcotráfico, y además ha expuesto a la población civil a numerosas violaciones a los derechos humanos. Un indicador de los abusos cometidos por los militares es la cantidad de de18

Nuestra maat soldado condenado a nueve meses en prisión por disparar a un civil que no se detuvo ante un retén militar).20

llevaron en la Cherokee en la cual iban a bordo tres hombres, las fueron manoseando, lamiendo, y anduvieron por varias colonias de la ciudad hasta llegar a un lote baldío. Bajaron a la muchacha de 23 años, estaban ahí otros policías con uniforme y uno de ellos le introdujo sus dedos en la vagina. A la otra mujer la dejaron en la camioneta, le mordieron los pechos, en ese momento ella dijo que estaba embarazada y solamente la empujaron. Después de un rato las volvieron a llevar, ahora a un Oxxo, donde las entregaron a los soldados que las habían detenido al principio. Mientras los soldados estaban distraídos ellas aprovecharon para escapar, corrieron hasta que encontraron alguien para llevarlas a luegar donde estaba su carro.

Ellas pusieron una denuncia el lunes siguiente, pero por miedo a represalias, contra ellas o su familia, ya no piensan continuar con esta. Las mujeres recuerdan que en un momento los soldados les dijeron que no sabían lo que les iba a pasar y que esta experiencia apenas comenzaba.

El rol de las fuerzas armadas como principal actor en los operativos antidroga ha llevado a un aumento en los abusos dada la impunidad de la que históricamente han gozado las fuerzas castrenses mexicanas. Pero también hay otros peligros asociados a la participación de los militares en operaciones de seguridad pública relacionados con las diferencias en entrenamiento y mandato entre las fuerzas. Las fuerzas armadas están entrenadas para actuar en situaciones de combate, en las cuales el objetivo es eliminar al enemigo mediante el uso de la fuerza sin consideración alguna por el bienestar del enemigo. Por el contrario, las fuerzas policiales están entrenadas para interactuar con civiles dentro de un marco básico de derechos constitucionales. Debido a las diferencias en cuanto a roles y tácticas, los conflictos y abusos son prácticamente inevitables cuando se asigna a los militares tareas que corresponden a la policía. Aparte genera serias dudas acerca de la práctica actualmente extendida de nombrar a militares en cargos de mando en las fuerzas policiales locales.

“Siento un sentimiento que nunca había sentido de rabia, coraje, impotencia y miedo mucho miedo” El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Casos de Mujeres

El 4 de noviembre de 2009, una mujer fue detenida por una unidad de militares en el traslado de su casa al trabajo en Ciudad Juárez. Le pidieron que descendiera de su automóvil para revisarlo y ella accedió y les pidió que lo hicieran rápidamente porque no quería llegar tarde a su trabajo. Los soldados se molestaron y le dijeron que entonces también le harían una revisión física a ella. Ella les preguntó si habría una mujer que pudiera hacerlo, pero los soldados sólo se rieron. “Me tocaron el cuerpo mientras me decían — qué rico hueles güerita — se burlaban de mí y me recargaron en la camioneta para seguirme revisando como si fuera una delincuente y tocando mis partes íntimas.” Una compañera del trabajo pasó por el lugar y se detuvo a preguntarme qué sucedía y si estaba bien; los soldados se rieron y uno de ellos finalmente dio la orden para que me dejaran ir. “Es algo que me ha afectado pues siento

Ha habido varias denuncias de mujeres que han sido abusadas por el Ejército y la Policía Federal en Ciudad Juárez.

Abusos de Soldados hacia las mujeres juarenses Casa Amiga Centro de Crisis Una noche dos hermanas de 32 y 23 años de edad salieron a dar una vuelta en un bar de la localidad. Al salir de ese lugar las abordó una patrulla para una revisión. Unos minutos después llegaron unos soldados y a una de las hermanas la subieron a una Cherokee y la otra fue obligada a conducir su carro acompañada de un soldado. Las llevaron a un lote baldío cerca de la estación Chihuahua donde dejaron el carro. Luego las 19

Nuestra maat Violaciones a los derechos humanos durante el Operativo Conjunto Chihuahua

un sentimiento que nunca había sentido de rabia, coraje, impotencia y miedo mucho miedo”. No soy la única, “tengo otra compañera que le hicieron lo mismo”.

En 2008 la tasa de homicidios en Ciudad Juárez — la ciudad más grande del estado de Chihuahua, situada en la frontera con El Paso, Texas — fue de 130 por cada 100,000 habitantes.21 En 2009, esta cifra ascendió a 191.22 En ambos años Juárez tuvo la tasa de homicidios más alta del país y una de las más altas del mundo.23 Según una reciente encuesta conducida por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el gobierno municipal y la Organización Panamericana de la Salud se estima que alrededor de 230,000 personas abandonaron la ciudad en los últimos dos años y que más de la mitad de estos individuos emigraron a Estados Unidos. 24

Número de muertes violentas registradas en Cd. Juárez en el periodo 2005-2009

A causa de estos niveles de violencia, el operativo antidroga más notorio se llevó a cabo en Ciudad Juárez. El 21 de marzo de 2008, el ex-Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, anunció el inicio de la estrategia de seguridad pública conocida como Operativo Conjunto Chihuahua, inicialmente denominado Operativo Conjunto Juárez. En la primera fase del operativo se desplegaron 2,026 efectivos de las fuerzas armadas junto con 425 agentes de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.25 Tan solo cinco días después los militares asumieron el control de las instalaciones y funciones de las instituciones policiales en el estado de Chihuahua.26 En junio del mismo año, el gobierno federal ordenó el despliegue de otros 1,400 soldados para apoyar a los que ya estaban operando en Chihuahua.27 En marzo de 2009, el gobierno anunció que iba a enviar 5,332 soldados más a Ciudad Juárez y las fuerzas armadas tomaron el control de la policía local.28

Fuentes: Datos estadísticos del INEGI sobre muertes violentas en Cd. Juárez en el periodo 2005-2008, disponible en: http://inegi.org.mx/est/contenidos/ espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral. asp?s=est&c=11144 Agencia EFE 2009 Ciudad Juárez supera 2.600 muertes en 2009 y es urbe más violenta de México, 31 de diciembre 2009; disponible en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=478444

A pesar de la presencia masiva de militares en Chihuahua durante más de dos años, especialmente en Ciudad Juárez, los niveles de violencia delictiva no se han reducido; por el contrario, entre 2006 20

Nuestra maat y 2009 se cometieron más de 4,900 homicidios y ha habido al menos 1,300 homicidios en los primeros seis meses de 2010.29 Al mismo tiempo, las violaciones a los derechos humanos también aumentaron a niveles alarmantes. A pocos meses del comienzo del Operativo Conjunto en 2008, el estado de Chihuahua ya encabezaba la lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de militares recibidas por la CNDH, con 199 denuncias contra militares registradas en los primeros seis meses del año.30 Basándose en las denuncias recibidas, oficiales de la CNDH afirmaron que “los ataques más frecuentes son tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, retención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica.” En los casos en que los sospechosos son trasladados ilegalmente a instalaciones militares, “los agraviados son interrogados por personal militar, quienes les sacan información por medio de tortura: golpes, toques eléctricos, sumersión en agua, les cubren la cabeza con bolsas de plástico…”31 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua informó en septiembre de 2009 que había recibido más de 1,450 denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el Operativo Conjunto Chihuahua.32

Cipriana Jurado, colega de Josefina, ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su integridad. Por otro lado, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez y abiertamente crítico de los constantes abusos contra la población civil por parte de las fuerzas armadas, sufrió amenazas que le obligaron a huir del país durante varios meses.34 En agosto de 2010, Emilia González, defensora de los derechos humanos de Juárez que lidera el reclamo por el juzgamiento de los crímenes cometidos por militares en el fuero civil, recibió visitas amenazantes de soldados armados en su casa.35 Hechos de Tortura Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez El 03 de febrero del 2010 se detuvo una camioneta sin identificación oficial tripulada por elementos del Ejército Mexicano y otras personas civiles, le hablaron a Israel Arzate, quien vende discos en el Centro Comercial de Ciudad Juárez. Le preguntaron si él era Carlos Madrigal y aún cuando les respondió que no fue detenido y llevado al cuartel militar donde lo torturaron física y psicológicamente. Este momento fue el último que Israel fue visto hasta que fue presentado ante los medios de comunicación por la Procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, el 6 de febrero del 2010, como uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvarcar, que ocurrió el 30 de enero del 2010. ii A pesar de que su esposa y madre lo buscaban por las delegaciones policíacas, las clínicas, el cuartel militar y el Centro de Readaptación Social (Cereso) Municipal, en ninguna de las instituciones les dijeron su paradero, sus familiares solo sabían que se encontraba preso por que lo vieron en la televisión.

Aquellos que denuncian violaciones a los derechos humanos cometidos por militares corren el riesgo de ser amenazados, atacados e incluso asesinados. A principios de enero de 2010, una defensora de los derechos humanos, Josefina Reyes, fue asesinada de un disparo en la municipalidad de Guadalupe, al este de Ciudad Juárez, un crimen que para muchos está relacionado con su trabajo de denuncia de los abusos cometidos por las fuerzas armadas que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua.33 Sus colegas de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil han sido hostigados y amenazados a causa de su trabajo en defensa de los derechos humanos. Fruto del miedo por su seguridad y la de su familia, otra defensora de los derechos humanos,

Israel narra que es inocente y que en los días que estuvo “desaparecido” le dieron choques eléctricos en su pecho y abdomen, le colocaron una 21

Nuestra maat bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar. Le dijeron que necesitaban que declarara que él había participado en la masacre de los jóvenes de Villas de Salvarcar. Después de dos desmayos sufridos por los golpes y quemaduras, y creyendo que dañarían a su esposa, Israel les dijo que sí, que él había participado en la masacre como halcón.

tortura vivido. i Una periodista independiente ha entrevistado a Israel en la cárcel. Se puede ver la entrevista en cuatro partes:http://www.youtube.com/watch ?v=VPWSKajn4Bw;http://www.youtube.com/watch?v=2dkZvyEf83A; http://www.youtube.com/watch?v=i8oHZyCjMqk; http://www.youtube. com/watch?v=6d2yelZm9kI

iii Le obligaron tomar seis pastillas desconocidas que lo dejó mareado y luego fue presentado ante los medios. El 18 de marzo del 2010, sin notificación judicial, fue sacado por Agentes de Investigación del Estado de Chihuahua del Cereso Estatal, donde se encuentra recluido esperando el inicio del juicio.

ii Se refiere al asesinato de 16 jóvenes que estaban en una fiesta en Ciudad Júarez. iii Término que la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua ha manifestado que se les denomina a los vigilantes de hechos delictivos para dar aviso de la llegada de autoridades a la zona.

Por más que siete horas no se informó del paradero de Israel. En este tiempo lo llevaron al cuartel militar y a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de la Zona Norte, donde volvieron a repetirse hechos de tortura al colocarle una bolsa en la cabeza diciéndole que les ayudará a resolver su caso y que ahora no lo iban a golpear por que deja huellas y su mamá andaba haciendo mucho escándalo afuera. En estos momentos Israel se encuentra vinculado a proceso por dos delitos, uno por posesión de auto robado y otro por presunto implicado en el múltiple homicidio de la colonia Villas de Salvarcar; un defensor público lleva su defensa.

Cambios en la estrategia del gobierno

El 30 de enero de 2010, 16 jóvenes fueron asesinados por un grupo de asaltantes armados en una fiesta en Ciudad Juárez. Si bien antes de estas muertes existía una creciente preocupación por los operativos antidroga, que se manifestaba en la forma de protestas contra la presencia de los militares, estos asesinatos en particular provocaron la reacción de la sociedad civil a lo largo del país y un reclamo generalizado al gobierno para que cambiara su estrategia de seguridad.

Calderón, quien en varias ocasiones ha calificado a las muertes de civiles como “daño colateral” en la “guerra” contra el crimen organizado, inicialmente reaccionó frente a la muerte de los adolescentes afirmando que “probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad.” De esta manera, el Presidente los clasificó como miembros de bandas sin citar ninguna fuente que pudiera corroborar su declaración, la cual después retiró.36 En respuesta a la creciente presión pública, el 11 de febrero de 2010 Felipe Calderón y varios miembros de su gabinete de seguridad emprendieron la primera de tres visitas a Ciudad Juárez a lo largo de un mes.37 Como resultado de estas

Por los hechos de tortura se levantó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando se le aplicara el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

Según información proporcionada el 9 de Julio de 2010 a la Sra. Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate por parte de la Visitadora Lic. Deyanira Cruz Elenes de la Primera Visitaduría de la CNDH, peritos especialistas de la Comisión aplicaron el Protocolo y le ha diagnosticado el Síndrome de Estrés Postraumático originado por los hechos de 22

Nuestra maat visitas, el gobierno anunció el programa “Todos Somos Juárez: Reconstruyamos la Ciudad,” mediante el cual todos los niveles de gobierno se comprometieron a invertir $270 millones en 160 acciones concretas en la ciudad. Estas inversiones incluyen proyectos como la construcción de escuelas, remodelación de hospitales, desayunos para estudiantes, una orquesta juvenil, capacitación antiviolencia y centros de rehabilitación para adictos. A pesar de que la página Web del programa enumera varios logros,38 muchos residentes de Juárez afirman que, a seis meses del lanzamiento de la iniciativa, aún no han visto resultado alguno de los programas.39

Si bien no se deben minimizar los niveles de inseguridad causados por grupos vinculados al narcotráfico en Ciudad Juárez, la tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la consecuente impunidad simplemente suman otro tipo de inseguridad a la ciudad en lugar de reducir la violencia asociada al narcotráfico. La muestra de casos descritos en los recuadros a lo largo de estas páginas, documentados por organizaciones de derechos humanos locales de Ciudad Juárez, demuestra que los mismos agentes encargados de garantizar la seguridad ciudadana están perpetrando actos de violencia. Debido a su presencia dominante en el Operativo Conjunto Chihuahua hasta abril de 2010, los casos mencionados en este informe incluyen abusos por parte de militares. Según datos recientes sobre Ciudad Juárez, la Policía Federal, que ahora tiene un rol protagónico en las operaciones de seguridad en esa ciudad, parece estar cometiendo sus propios abusos. Lo anterior demuestra que simplemente reemplazar a los militares por policías, que también tienen débiles mecanismos de rendición de cuentas, no ayudará a prevenir la victimización de los ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad.43

Antes de anunciar su intención de poner más énfasis en el gasto social en Juárez a través de “Todos Somos Juárez,” en enero de 2010 el gobierno mexicano había declarado que efectuaría un cambio en su estrategia de seguridad que involucrara el traspaso gradual del control del Operativo Conjunto Chihuahua a la Policía Federal mexicana, bajo el nuevo nombre de “Operación Coordinada Chihuahua.”40 El 8 de abril de 2010, el gobierno anunció que aproximadamente 5,000 efectivos de la Policía Federal asumirían tareas hasta entonces a cargo de los militares, con el apoyo de entre 2,500 y 3,000 “nuevos” policías municipales.41 Bajo esta nueva estructura, la Policía Federal está a cargo de patrullar las calles, dirigir el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), inspeccionar bares y discotecas, investigar casos de secuestro y extorsión, además del crimen de alto impacto y desmantelar redes criminales. Se anunció que los militares mantendrían su rol como guardianes de las cruces internacionales, los terminales aéreas y terrestres y los accesos carreteros de Ciudad Juárez, y seguirían trabajando en zonas rurales del municipio de Ciudad Juárez.42 Este cambio significa que la lucha antidroga en las zonas urbanas de Ciudad Juárez está ahora en manos de la Policía Federal; no obstante, los militares continuarán teniendo un rol en la ciudad y sus alrededores.

Conclusión

Si bien el fortalecimiento institucional ha formado parte de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, el elemento central de ésta ha sido claramente el despliegue de fuerzas de seguridad lideradas por militares en operativos antidroga. Este enfoque no ha logrado reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en México, a la vez que ha producido un dramático aumento en el número de violaciones a los derechos humanos.

Retirar eficazmente a las tropas militares de las tareas de seguridad pública es un paso clave para separar la seguridad pública de la seguridad nacional dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos y para garantizar los recursos y la energía necesarios para fortalecer las instituciones policiales civiles. No obstante, incluso si en el futuro se llegara 23

Nuestra maat a limitar el rol de los militares en todo el país, esto no disminuiría en absoluto la gravedad de los abusos que ya han cometido los militares, los cuales permanecen impunes.

más recursos a los esfuerzos de reforma policial de modo que las instituciones policiales civiles puedan asumir su mandato como encargados de la seguridad publica, en tanto la policía federal, estatal o local siga operando con sistemas de rendición de cuentas débiles o inexistentes, sus agentes continuarán cometiendo abusos contra la población civil.

Por lo tanto, es fundamental desarrollar nuevos sistemas de control interno y externo, o fortalecer los sistemas existentes dentro de los cuerpos policiales, especialmente a nivel estatal y local, para que los agentes policiales entiendan claramente que ante cualquier comportamiento criminal, incluyendo violaciones a los derechos humanos, serán sancionados.

Un paso esencial para asegurar que los abusos por parte de militares sean sancionados y prevenidos a futuro sería garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sean juzgadas por las autoridades civiles. En una sentencia de 2009 contra el gobierno mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que reformara el Artículo 57 de su Código de Justicia Militar para garantizar que este tipo de abusos sean juzgados por las autoridades civiles.44 Lamentablemente, en base a debates recientes sobre la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso mexicano, parece evidente que, si bien la ley propuesta regularía la participación de los militares en los operativos antidroga, las reformas del Artículo 57 no se discutirán hasta las próximas sesiones que tendrán lugar en septiembre.

En cuanto a la cooperación con México, el gobierno de Estados Unidos debería priorizar el fortalecimiento de las instituciones civiles mexicanas — por ejemplo mediante la capacitación en el sistema de justicia penal acusatorio — y no la expansión de la participación militar en la lucha antidroga. Estados Unidos también debe dar claras señales a México de que no ignorará la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de los operativos antidroga. La decisión del Departamento de Estado de retener parte de los fondos suplementarios para México del presupuesto de 2010 hasta que el gobierno mexicano demuestre avances en la presentación y aprobación de legislación en materia de derechos humanos, incluyendo leyes que garanticen que las graves violaciones a los derechos humanos contra civiles serán juzgadas en tribunales civiles y no militares, es un mensaje importante del gobierno estadounidense.46 Sin embargo, la totalidad de los fondos condicionados debería ser retenida hasta que México demuestre que está haciendo frente debidamente a los abusos cometidos por militares, como los que se detallan arriba, y que los responsables son efectivamente sancionados. A ambos países les conviene esforzarse por poner freno a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Si bien existen claros desafíos a la seguridad pública en México, el uso

Tan importante como sancionar a los soldados por los abusos que cometan es la necesidad de fortalecer el sistema judicial mexicano.

Si bien las reformas constitucionales de 2008 contemplan numerosas medidas, entre otras la introducción de juicios orales y mayores garantías procesales, éstas no garantizan que México pueda superar desafíos históricos como la corrupción, falta de transparencia y la debilidad de sus instituciones judiciales.45 A fin de reducir la estremecedora tasa de 98% de impunidad por crímenes en México, y de mejorar la eficacia de la investigación y el juzgamiento de agentes del Estado acusados de violaciones a derechos humanos, es necesario que el gobierno redoble sus esfuerzos para implementar plenamente las reformas aprobadas en 2008 y que disponga medidas para hacer frente a los desafíos históricos que presenta el sistema.

Finalmente, si bien es necesario prestar más atención y dedicar 24

Nuestra maat de tácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas contra la población, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, ni beneficia ni se justifica por la situación actual: solamente responde a un tipo de crimen y violencia con otro. Aún menos legítimo es utilizar los problemas del país con el crimen organizado como justificación de los ataques contra defensores de los derechos humanos, como los casos ocurridos en Juárez mencionados arriba, cuyos protagonistas continúan trabajando en favor del Estado de Derecho a pesar del enorme riesgo personal que esto conlleva. La seguridad pública y los derechos humanos no son mutuamente excluyentes; ambos son componentes esenciales de un Estado democrático.

A medida que el gobierno mexicano avanza en su estrategia de seguridad debe sancionar a los miembros de las fuerzas armadas y policiales mexicanas responsables de violaciones a los derechos humanos, como medida fundamental para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en el país.

aeronaves a fin de frenar el tráfico de drogas y destruir cultivos ilícitos. En enero de 2007, el gobierno implementó el Operativo Conjunto Guerrero con el fin de luchar contra el narcotráfico en dicho estado. En el mismo mes, el gobierno dió inicio a la Operacion Conjunta Sierra Madre, centrada en la zona del Triángulo de Oro, que abarca los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua. El siguiente año, el gobierno reforzó las operaciones militares en el estado de Chihuahua mediante el Operativo Conjunto Chihuahua, lanzada en marzo de 2008, con un despliegue inicial de más de 2,000 soldados. Fuentes: Presidencia de la República, “Anuncio sobre la Operación Conjunta Michoacán”, 11 de diciembre de 2006, “El Presidente Calderón en la Ceremonia de Entrega del Sable de Mando de la Marina Armada de México”, 19 de enero de 2007, “El Presidente Calderón en la Ceremonia de Entrega del Sable de Mando de la Marina Armada de México”, 19 de enero de 2007 y Secretaría de la Defensa Nacional, “Efectivos militares refuerzan las acciones en contra de la delincuencia organizada en el estado de Chihuahua”, 27 de marzo de 2008.

5 Rubén Mosso, Seguirá reservado el número de militares en estados: Sedena, Milenio, 11 de enero de 2010 http://impreso.milenio. com/ node/8701363.

6 David A. Shirk, “Judicial Reform in Mexico: Change and Challenges in the Justice Sector,” Trans-Border Institute, University of San Diego, May 2010, http://catcher.sandiego.edu/ items/ peacestudies/Shirk-Justice%20Reform%20in%20Mexico. pdf, p. 1.

7 En su informe sobre su visita a México en el año 2008, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU constató que, de acuerdo con el registro médico del Centro Nacional de Arraigo (un centro donde los sospechosos pueden ser detenidos por periodos de entre 40 y 80 días sin haber sido formalmente acusados), aproximadamente la mitad de los arraigados llegaban con lesiones de origen reciente, en promedio 17 lesiones en ocho partes del cuerpo, y todos los entrevistados denunciaron haber sido golpeados. Fuente: Subcomité para la Prevención de la Tor-

Notas Finales 1 David Shirk, “Drug Violence in Mexico: Data and Analysis from 2001–2009,” Trans-border Institute, Universidad de San Diego, enero de 2010. Disponible en: http://www.justiceinmexico.org/ resources/pdf/drug_violence.pdf, p. 4.

2 Recuento Milenio 3 John Bailey, “Combating Organized Crime and Drug Trafficking in México: What are Mexican and US Strategies? Are They Working?,” Working Paper Series on U.S.-México Security Cooperation, Instituto de México (México Institute) del the Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Instituto Trans-Fronterizo (TBI) de la Universidad de San Diego, Mayo de 2010.

4 El primer operativo antidroga del gobierno de Calderón fue la Operación Conjunta Michoacán, que se inició en diciembre de 2006, para la cual se destinaron 4,260 soldados, 246 vehículos y 46 25

Nuestra maat tura de la ONU, “Informe Sobre la Visita A México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, 29 de mayo de 2009, http://centroprodh.org.mx/2008/ informesubtortura.pdf, párrafos 223–24.

8 Con autorización judicial, la Policía Federal posee facultades para investigar el crimen organizado que incluyen la intervención de comunicaciones telefónicas, satelitales y de Internet; además pueden asegurar la escena del crimen, ejecutar una orden de detención y procesar evidencia en coordinación con el Ministerio Público. La nueva ley también exige que los aspirantes a entrar en la Policía Federal atraviesen procesos de evaluación más estrictos. Ley de la Policía Federal, vigente desde el 1 de junio de 2009. El Artículo 8 trata sobre las facultades y obligaciones de la Policía Federal, mientras que el Capítulo XI cubre el control judicial de las acciones policiales.

9 Eric Olson, “Police Reform and Modernization in México, 2009,” Instituto de México del Woodrow Wilson International Center for Scholars, septiembre de 2009, Washington, DC. 10 Insyde, “La nueva Ley de Policía Federal,” Serie Cuadernos de Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), Número 27, septiembre de 2009.

11 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “World Drug Report 2010,” www.unodc.org/documents/wdr/ WDR_2010/ World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf.

12 Mark Landler, Clinton says U.S. Feeds México Drug Trade, New York Times, 25 de marzo de 2009, www.nytimes. com/2009/03/26/ world/americas/26México.html.

13 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Report to the Congress on México and Post-Merida, junio de 2010.

14 El 30 de junio de 2008, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la concesión de un primer monto de $400 millones de dólares por concepto de ayuda a México, como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2008. El 11 de marzo de 2009, México recibió una suma adicional de $300 millones

provenientes de la Iniciativa Mérida a través de la Ley General de Asignaciones de 2009. La Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2009, aprobada el 24 de junio de 2009, asignó $420 millones para México. El 16 de diciembre de 2009 se aprobó la Ley General de Asignaciones de 2010, y México recibió $210, 250,000 en asistencia bajo la Iniciativa Mérida. En julio de 2010, con la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2010, se aprobaron otros $175 millones destinados a promover la reforma judicial, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en México.

15 Oficina General de Auditoría de los Estados Unidos (US Government Accountability Office, GAO), “Merida Initiative: The United States has Provided Counternarcotics and Anticrime support but Needs Better Performance Measures,” 20 de julio de 2010, p. 4.

16 Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2008 (FY2008 Supplemental Appropriations Act) (Ley Pública 110-252), sección 1406.

17 Ver, por ejemplo, el comunicado de prensa y memo conjunto escrito por varias organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, México e internacionales, “Conditioned funds under the Merida Initiative should not be released unless concreteprogress is made on human rights requirements”, 26 de mayo de 2010. Disponible en: http://www. wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=1106&Item id=8.

18 Ver los correspondientes informes anuales de la CNDH: www.cndh. org.mx.

19 Secretaría de la Defensa Nacional de México, “Situación de quejas y recomendaciones durante la presente administración”, 28 de junio de 2010, http://www.sedena.gob.mx/index.php?idart=3132. Este número contrasta con las 1,225 denuncias contra la SEDENA recibidas por la CNDH a lo largo de los seis años de la presidencia de Vicente Fox (2000–2006). Fox también se apoyó en los militares para combatir el crimen organizado, pero no alcanzó los actuales niveles de militarización generalizada. Gustavo Castillo García, Se disparan en este 26

Nuestra maat sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército, La Jornada, 24 de julio de 2009, disponible en: www.jornada.unam. mx/2009/07/24/index. php?section=politica&article=008n1pol.

20 Ver: “Carta al Secretario de Gobernación expresando preocupación por amenazas contra defensores de derechos humanos en Tijuana.”

Secretaría de Gobernación, Documento100-243, 20 de octubre de 2009.

Disponible en: www.hrw.org/es/news/2009/11/20/carta-respondiendoal-secratario-degobernaci-n-de-m-xico-fernando-francisco-g-mez-m.

21 Juárez, la ciudad más violenta del mundo, El Economista, 26 de agosto de 2009, http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/08/26/ciudad-juarez-mas-violenta-mundo.

22 Figueroa, Martha Elba, De lejos siguen a Juárez otras ciudades violentas, El Diario, 11 de enero de 2010.

23 www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/477776.ciudad-juarez-lamasviolenta-del-mundo.html.

24 Rocío Gallegos, Se han ido 230 mil de Juárez por la violencia, El Diario, August 26, 2010. http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=4f 85f60ad62c4a761e1c034fd6def3cf.

25 Notimex, Anuncian Operativo Conjunto Chihuahua, en Noticieros Televisa México, 27 de marzo de 2008: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/México/717671.html 26 La Redacción, Toman militares instalaciones de la SSP de Chihuahua, en revista Proceso, 11 de abril de 2008: http://www.proceso.com. mx/rv/modHome/detalleExclusiva/58212 27 Reforzaron 1,400 militares el Operativo Chihuahua, Milenio, 1 de julio de 2008.

28 Jorge Alejandro Medellín, Juárez bajo sitio militar, El Universal, 1 de marzo de 2009: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166104. html; Agencia EFE, Asumen militares mandos policiales en Cd. Juárez, 16 de marzo de 2009: http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/ primera/pulsonacional/asumen_militares_mandos_policiales_en_cd._ juarez/540226.

29 Cálculo basado en el gráfico número tres y en datos provenientes de

Molly Molloy, “Frontera Listerve”, 30 de junio de 2010, http://groups. google.com/group/frontera-list?hl=en.

30 Víctor Ballinas, Chihuahua, primer lugar en abusos de militares: CNDH, La Jornada, 16 de julio de 2008 www.jornada.unam. mx/2008/07/16/index.php?section=politica&article=019n1pol.

31 Ibid.

32 Luis Carlos Cano, Suman mil 450 quejas vs. Ejército: Las denuncias, por violaciones y 13 desapariciones, dice CEDH, El Universal, 10 de septiembre de 2009, www.eluniversal.com.mx/estados/73044.html.

33 Luis Carlos Cano, Matan a defensora de la zona agrícola en Ciudad Juárez, en El Universal, 5 de enero de 2010, disponible en: http://www. eluniversal.com.mx/estados/74286.html , Ver también Amnistía Internacional, Acción Urgente 01/10 – Defensora de Derechos Humanos en Peligro Tras el Homicidio de Otra Defensora, 5 de enero de 2010.

34 Gloria Leticia Díaz, A la caza de activistas en Ciudad Juárez, Proceso, 11 de enero de 2010, disponible en: www.proceso.com.mx/rv/ modHome/detalleExclusiva/75452.

35 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, “México: Hostigamiento e intimidación contra la Sra. Emilia González Tercero,” MEX 012 / 0810 / OBS 103, 20 de agosto de 2010.

36 Agencia EFE, Calderón condena el cobarde asesinato de 16 jóvenes en Ciudad Juárez, Diario ABC, 2 de febrero de 2010: http://www.abc. es/agencias/noticia.asp?noticia=257609.

37 Gustavo de la Rosa Hickerson, ¿Y los niños por qué?, El Universal, 2 de febrero de 2010: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47255. html.

38 http://www.todossomosjuarez.gob.mx/ 39 Nick Miroff, México hopes $270 million in social spending will help end Juárez drug violence, The Washington Post, 12 de agosto de 2010. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/11/ AR201...

40 Stratfor Global Intelligence, México Security Memo, 18 de enero de 2010.

27

Nuestra maat 41 Mark Stevenson, Police take over from army in México border city, Associated Press, 8 de abril de 2010, http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=10326312 42 Mario Héctor Silva y María de la Luz González, Policía Federal toma control de Cd. Juárez, El Universal, 9 de abril de 2010, disponible en: http://movil.eluniversal.com.mx/notas/estados/i75454.html.

43 Marcela Turati, Cien días en inopia federal, Proceso, 6 de junio de 2010.

44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C, No. 209, www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf, para. 342.

Este caso fue llevado ante la Corte por las organizaciones Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México.

45 David A. Shirk, “Judicial Reform in Mexico: Change and Challenges in the Justice Sector,” Trans-Border Institute, University of San Diego, May 2010, http://catcher.sandiego.edu/items/peacestudies/ShirkJustice%20Reform%20in%20Mexico.pdf, p. 26–27.

46 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “México–Merida Initiative Report”, 2 de septiembre de 2010.

de gobiernos y organizaciones internacionales, y fomenta alternativas mediante la publicación de informes, campañas de educación y la incidencia política.

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 1666 Connecticut Avenue, NW Suite 400 | Washington, D.C. 20009 teléfono: 202.797.2171 | facsimile: 202.797.2172 correo electrónico: wola@wola.org | página web: www.wola.org Acerca del Centro Prodh El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) fue fundado por la Compañía de Jesús en 1988, con el objetivo de defender los derechos humanos de los grupos más vulnerables en México y de esta manera contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. El Centro Prodh, con sede en la Ciudad de México, trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la defensa integral de casos paradigmáticos, programas de capacitación para defensores de derechos humanos, litigio internacional y la publicación de informes sobre la situación de los derechos humanos en México. Entre los temas de los cuales el Centro Prodh se ocupa en la actualidad están la seguridad ciudadana y los derechos humanos, la justicia transicional, la reforma al sistema de justicia penal y los derechos económicos, sociales y culturales.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Serapio Rendón No. 57-B | Col. San Rafael Del. Cuauhtémoc, CP 06470 | México, DF, México teléfono: (5255) 5546 8217 | facsimilie: (5255) 5546 8217 ext. 108 correo electrónico: internacional@centroprodh.org.mx página web: www.centroprodh.org.mx

Acerca de WOLA La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia socioeconómica en América Latina y el Caribe. Fundada en 1974, WOLA juega un papel clave en los debates políticos sobre Latinoamérica en Washington. WOLA facilita el diálogo entre actores gubernamentales y no gubernamentales, analiza el impacto de las políticas y los programas 28

Nuestra maat Agradecimientos: Queremos agradecer a la Directora Ejecutiva de WOLA, Joy Olson, al Director de Programas de WOLA, Geoff Thale y al Director del Centro Prodh, Luis Arriaga, por los importantes comentarios y sugerencias que aportaron para la producción de este informe. También extendemos un agradecimiento especial al Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Cd. Juárez, a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, a la Casa Amiga Centro de Crisis y a Gustavo de la Rosa por haber contribuido con casos para esta publicación y por su trabajo invalorable por la defensa de los derechos humanos en Ciudad Juárez.

Joseph Bateman, Asistente de Programas de WOLA, ayudó en la producción de este informe.

Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Kellogg.

ISBN: 978-0-9844873-3-2

29

Maat actividades Costa Rica

Además se enlazaron de manera simultánea más de 50 salas de videoconferencias, esto gracias a la plataforma tecnológica que brinda el departamento de Videoconferencia y Audiografía (VAU) de la Universidad. Cabe mencionar que estas actividades forman parte de un ciclo de videoconferencias que realiza la Cátedra, en esta oportunidad, la doctora Roxana Arrollo, presidenta de la Fundación Justicia y Género fue quien fungió como moderadora de la actividad.

Roxana Arrollo, presidenta de la Fundación Justicia y Género, Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la UNED.

Costa Rica Colegio de periodistas Radio Internacional Feminista en exposición En el Colegio de Periodistas de Costa Rica 41 fotografías que forman parte de la exposición Haití Querida: una muestra de fotografías tomadas por un equipo de Radio Internacional Feminista RIF luego del terrible terremoto que azotó esa nación el 12 de enero del presente año. En la exposición hay dos fotografías de Flavia Cherry una activista feminista, cuatro fotografías de María Suárez, periodista de RIF, una de Fernando Maldonado, un voluntario guatemalteco y el resto de fotografías fueron tomadas por Katerina Anfossi, Directora de RIF. Si desea más información de la exposición Haití Querida o de la cobertura periodística de RIF en Haití puede visitar el sitio web www.radiofeminista.net o comunicarse al (506) 22491319 o al correo andrea@radiofeminista.net

Gran inauguración de la Cátedra Virtual Justicia y Género • Con el fin de crear espacios de discusión sobre temas relacionados con los derechos humanos, el acceso a la justicia de las mujeres y la administración de la justicia en general con perspectivas de género, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) dio por inaugurada la Cátedra Virtual Justicia y Género. Para ello, se llevó a cabo la videoconferencia “La mujer como moneda de cambio en las políticas patriarcales”.

Esta actividad que fue organizada por el Instituto de Estudios de Género de la UNED , el Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, y la Fundación Justicia y Género, contó con la participación de varios países latinoamericanos como Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, entre otros.

Fuente: Andrea Alvarado, RIF-FIRE 30

Maat juriprudencia Cádiz España 16 de noviembre de 2010

relación de complementariedad.

Tomando en cuenta que diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos del sistema universal reconocen el derecho al acceso a la justicia, caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966 que reconocen además como primordial, el derecho de contar con recursos jurídicos y con una justicia pronta y cumplida en condiciones de igualdad ; la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 3 establece la obligación por parte de los tribunales de atender al interés superior de niño/a. Así mismo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en su artículo 2 que condenan la discriminación racial en su artículo 6 reconociendo el derecho a contar con protección y recursos judiciales efectivos y el derecho a pedir a los tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño que puedan haber sufrido las víctimas de discriminación racial, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en su artículo 9 determina el respeto del derecho indigenista y su sistema de justicia siempre y cuando sea compatible con los derechos humanos.

Asimismo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de marzo del 2007 en su artículo 13 establece el derecho al acceso a la justicia de las mujeres en condición de discapacidad.

DECLARACIÓN DE CADÍZ ESPAÑA DE LAS MAGISTRADAS DE LOS MÁS ALTOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DE IBEROAMÉRICA “Por Una Justicia de Género” PREÁMBULO Nosotras, las mujeres que integramos los MÁS ALTOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DE IBEROAMÉRICA, reunidas en el XI Encuentro de Magistradas “por una justicia de género” Recordando: Que la Constitución de Cádiz de marzo de 1812 es fuente fundamental del constitucionalismo iberoamericano, siendo la primera Constitución de España Reconociendo: Que solo en las últimas tres décadas del constitucionalismo iberoamericano, en sus casi doscientos años de existencia, se está incorporando la perspectiva de género y se encamina a asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres Conscientes: Que las constituciones de los Estados iberoamericanos obligan a garantizar a todas las mujeres habitantes de su territorio sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, condición de discapacidad, opinión política y otras, y por tanto el derecho al acceso a la justicia de las mujeres como un derecho humano.

Recordando: Que los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos del sistema americano igualmente reconocen una serie de derechos relacionados con el acceso a la justicia como la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce las garantías judiciales en el artículo 8, el principio de legalidad y de irretroactividad en el artículo 9, el derecho a indemnización en el artículo 10, la igualdad ante la ley en el artículo 24 y la protección judicial en el artículo 25. Asimismo, el Protocolo de esta misma convención (el Protocolo de San Salvador) en su artículo 3, establece que: “los Estados partes en

Recordando: Las constituciones políticas iberoamericanas que establecen la relación del derecho interno y el derecho internacional en una 31

Maat juriprudencia el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Recordando que la responsabilidad de asegurar el derecho a la justicia le corresponde al Estado y no exclusivamente a los órganos de justicia.

Reconociendo que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, enfatiza el derecho de las ciudadanas a vivir sin ningún tipo de violencia o discriminación , así como la respectiva obligación de los Estados de garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación . Así mismo para lograr ese objetivo se recomienda la adopción de medidas especiales de carácter temporal para corregir las condiciones persistentes de discriminación de hecho mientras estas persistan y hasta que se alcance la igualdad de oportunidades.

Reunidas en Cádiz España, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2010 para reflexionar y analizar la aplicación, e interpretación de las normas constitucionales en beneficio de la justicia con perspectiva de género adoptamos la siguiente Declaración:

Reconociendo que el Derecho Constitucional es uno de los pilares fundamentales para asegurar el acceso a la justicia.

DECLARACIÓN DE CÁDIZ ESPAÑA Declaramos lo siguiente: 1. Exhortar a los Estados a incorporar la perspectiva de género en sus constituciones políticas.

Reconociendo que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer impone como obligación de los Estados Partes la adopción de medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer o de realizar actos u omisiones que de cualquier forma atenten contra su integridad o perjudiquen su propiedad; a la par que establece procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sido sometida a violencia, los que incluyen, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, así como el establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia obtenga resarcimiento efectivo, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

2. Alentar a los Estados a ratificar los tratados de derechos humanos y muy en especial el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

3. Insistir en la importancia de interpretar y aplicar las normas constitucionales y legales con una perspectiva de género integrando los derechos humanos de las mujeres en todas las jurisdicciones.

4. Insistir en la necesidad de aplicar la CEDAW y Belen do Para como marcos de resignificación interpretativos que garanticen la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

5. Insistir que el principio de no discriminación y el derecho a vivir una 32

Maat juriprudencia vida libre de violencia implica erradicar practicas culturales, tradiciones o creencias basadas en la inferioridad de uno de los sexos.

14. Promover que los presupuestos en el ámbito de la administración de justicia incorporen la perspectiva de género con fundamento en los informes de impacto por razón de género.

15. Reiterar la necesidad de asegurar el goce y disfrute de los derechos fundamentales a las mujeres que laboran en la administración de justicia evitando acciones de discriminación o violencia.

6. Exhortar que las asociaciones y que quienes emitan dictámenes culturales sobre asuntos indígenas de los pueblos originarios, estén integrados por al menos un 40 por ciento de mujeres.

7. Fortalecer las jurisdicciones para asegurar el acceso a la justicia y los Derechos Humanos de las mujeres.

16. Establecer campañas de divulgación sobre los derechos fundamentales de las usuarias de los servicios judiciales.

8. Exhortar a los Estados para que aseguren una paridad de género en el nombramiento de los componentes de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica.

9. Desarrollar mecanismos de divulgación de la jurisprudencia constitucional y recomendaciones de órganos internacionales con perspectiva de género para ser utilizados en la argumentación jurídica de las diversas jurisdicciones de la administración de justicia.

17. Exhortar a los organismos judiciales de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de su sistema judicial, en especial a sus magistradas, para que utilicen ante la Corte Centroamericana de Justicia el mecanismo de la consulta prejudicial que ofrece el Derecho Comunitario para la aplicabilidad de la perspectiva de género.

10. Divulgar entre los poderes judiciales sus buenas prácticas en la aplicación de los derechos de las mujeres como forma reciproca de aprendizaje.

18. Apoyar a la Secretaría Técnica del Encuentro de Magistradas la Fundación Justicia y Género en la tarea de promover la implementación de las Declaraciones de Magistradas y su plan para ello.

11. Promover la transversalidad de género en todas las actividades de la administración de justicia.

19. Agradecer al Estado Español, su Poder Judicial y al Consejo General del Poder Judicial y a todas y todos sus colaboradoras y colaboradores, por su calurosa hospitalidad, la que ha hecho posible la realización de este décimo primer Encuentro.

12. Promover canales de cooperación y articulación de esfuerzos entre las escuelas de capacitación judicial y las facultades de derecho para incorporar la perspectiva de género en los pensum de estudio, metodología de aprendizaje y formación de docentes.

20. Agradecer y aceptar la propuesta de la República de Ecuador, de constituirse en sede del XII Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, y en consecuencia, declarar a dicho país como sede de ese encuentro, así como a la República de Costa Rica para ser sede del II Encuentro de Magistradas Electorales

13. Promover el desarrollo de doctrina constitucional con perspectiva de género.

33

Maat juriprudencia de Iberoamérica y la República de El Salvador para el I Encuentro de Magistradas Penales de Iberoamérica.

21. Solicitar que los Órganos de la Administración de Justicia ordinario y electoral de la República de Ecuador sea nombrado como Secretaría pro tempore del XII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, con el fin de que trabaje de manera conjunta con la Secretaría Técnica, la Fundación Justicia y Género en el seguimiento de los acuerdos tomados y la elaboración de la agenda que será tratada en dicho Encuentro.

Firmantes

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Maat Diversidad Matrimonio entre personas de mismo sexo en México, D.F.

formas de vida que no habían sido aceptadas, para entrar por la puerta principal y darle un vuelco.

Pero esa transformación no va ser fácil. La impugnación a la legalización de los matrimonios homosexuales y a la adopción, o los intentos para impedir que una pareja de argentinos contrajera el matrimonio, ocurren debido a la imposición de modelos únicos, a la búsqueda de las iglesias en recuperar su poder de injerencia sobre los Estados. La jerarquía eclesiástica es muy ambiciosa, se le da cobijo y no solo quiere cumplir con su tarea evangelizadora, sino que quiere imponer una forma de pensar, y de vivir, sin reconocer que no tiene más vigencia.

Por: Gloria Careaga*

El día 21 de Diciembre de 2009, en la Ciudad de México se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en la primera metrópoli en América Latina a permitir ese tipo de unión. El día 23 de Diciembre, ser celebró el primer matrimonio con registro civil en Argentina, autorizado por la jueza Gabriela Seijas, en Buenos Aires.

Las iglesias señalan lo que a su entender es correcto y qué no es correcto. Sin embargo, en este tema han roto los límites. No sólo han vigilado el rumbo de sus feligreses, sino que, tratando de mantenerles en orden, han violentado las normas de convivencia establecidas. Regresan al descrédito a través de la ofensa, y llaman a la desobediencia civil, lo que resulta inaceptable para los procesos de consolidación democrática en un Estado laico.

El más importante mensaje que envían Argentina y México hacia el resto del continente tras los últimos acontecimientos en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo es que se puede alcanzar una meta tan ambiciosa. La conquista alcanzada es muy importante, una vez que no solo iguala a las parejas al otorgarles a todos los mismos derechos independientemente de su orientación sexual e identidad de género, pero también impacta directamente en el núcleo de la estructura social. Rompe con las ideas tradicionales de familia, pareja y exige la reorganización de la estructura social para dar cabida a otras realidades, que no estaban contempladas. El sistema educativo, los servicios públicos, el sistema de salud, el mundo laboral, es decir todo el sistema social se revoluciona, así como el imaginario social y sus significaciones.

El interés manifiesto de las fuerzas conservadoras por la derechización de la región es evidente y estos avances lesionan profundamente sus intenciones, evidencian su incapacidad para comprender la realidad actual, como para, con un uso desmedido de poder, imponer sus ideas.

Para que Latinoamérica pueda reconocer la diversidad sexual como parte de la realidad, hace falta la reafirmación de la laicidad, como se ha hecho en México recientemente; y la escucha e interés de los gobiernos en la población. Hace falta más visibilidad de las personas LGBT, que ha llevado a que la población les reconozca como un o una ciudadana igual a otros. Las encuestas dejan ver que las y los entrevistados no tienen problema con la protección de los derechos - TODOS - de las personas LGBT.

El interés del movimiento LGBT y del movimiento feminista está centrado en la transformación social. Una transformación que rompa con las ideas naturalizadas que impiden el reconocimiento y valoración de la riqueza de la diversidad cultural y sexual. Descolocan el eje de la estructura social al exigir que se reconozca formalmente que existen otras 35

Maat Diversidad Probablemente no hay una clara concepción de la riqueza que implica para la sociedad su reconocimiento, haría falta una mejor educación sexual, pero sobre todo un ponerse al día con los avances alcanzados en el desarrollo del conocimiento en este campo.

Para nuestra fortuna, la región latinoamericana es una que se destaca por el trabajo de investigación y de discusión teórica sobre la sexualidad, pero los espacios académicos todavía no han dado el suficiente reconocimiento.

Hay harto trabajo adelante. * Gloria Carega es co-secretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

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Créditos Rodrigo Jiménez

ha participado como experta consultora y expositora en una gran cantidad de actividades de asistencia técnica a nivel internacional.

Jurista costarricense especialista en derechos de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y niños/as. Con énfasis en Derechos Humanos, Derecho Laboral y Derecho de Familia.

Su formación académica: Licenciado de Derecho en la Universidad de Costa Rica. master en Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica, master en educación de la Universidad Autónoma de Centroamérica, master en administración de negocios en la Nacional University de San Diego California.

Marlon Mora Director

Ronald Rivera Diseñador

Roxana Arroyo Doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Irlanda (pendiente aprobación de la tesis) Roxana Arroyo Vargas, abogada y activista feminista en derechos humanos. Abogada y Notaria por la Universidad de Costa Rica. Doctorado en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid “Instituto Bartolomé de las Casas”.

Alda Facio Master en Derecho Comparado en New York University, Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesora en los cursos de Maestría en Estudios de Género de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Adicionalmente a su actividad como docente, 38