La construcción de un mito: la Mano Negra

La Construcción de un mito:

la Mano Negra.

José Luis Gutiérrez Molina.

Título: “La construcción de un mito: la Mano Negra”.

Autor: José Luis Gutiérrez Molina.

1ª edición: Junio de 2014.

Diseño y composición: J.M Flores.

Edita: Federación Local de Sindicatos de CNT-AIT de Jerez de la Frontera.

Plaza del Arenal, nº 20-22, bajo - Jerez de la Frontera (Cádiz).

Web: cnt-ait.net/jerez - Email: jerez@cnt.es Tfno.: 956.33.24.56

Esta publicación puede reproducirse libremente, citando la fuente y respetando la textualidad original.

Jerez de la Frontera, Junio de 2014.

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ÍNDICE. 1) PRESENTACIÓN.

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2) LA CONSTRUCCIÓN DE UN MITO: LA MANO NEGRA (1883-1884).

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3) LOS PROCESOS.

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3.1) Juicio “de la Posada de Cuatro Caminos” o “de la Venta del Empalme”.

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3.2) Juicio del “Cortijo de la Parrilla”.

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3.3) Juicio de “Arcos”.

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3.4) Juicio de “los venteros Núñez”.

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4) LAS CONSECUENCIAS.

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5) BIBLIOGRAFÍA.

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PRESENTACIÓN. “La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos”. Éste era uno de los lemas fundamentales de la primera Asociación Internacional de Trabajadores que en 1864 se fundara con el objetivo de coordinar las luchas de la clase asalariada del mundo entero. Y esa frase se grabó a hierro en la mente de la clase obrera andaluza de la época, empeñada en conseguir por sus propios medios la liberación, mediante la accción directa, sin intermediarios ni protectores.

Hacia 1883-1884, el campo de la comarca de Jerez y de sus alrededores, bullía de fiebre libertadora, y no cesaban las huelgas y las reclamaciones. Y era esa capacidad de movilización, esa organización impresionante, la que atemorizaba al Poder de la época, que preveía que alguna vez podía volverse la tortilla, perder sus privilegios y frenar sus abusos.

Hoy, ciento treinta años después, aunque el contexto social y cultural es bien distinto, siguen prevaleciendo muchas de las necesidades de esa época; fundamentalmente un empobrecimiento acelerado de las clases desposeídas y una necesidad apremiante de éstas de organizarse para resistir y dejarse oír. “¡Asociación o muerte!”, gritaba el movimiento obrero de fines del XIX. “¡Unión, organización, lucha!”, pensamos los/las luchadores/as del siglo XXI, que vemos que no hay otro camino para el bien común que las estrategias de lucha colectiva y la autogestión comunitaria.

Nuestra organización sindical, la CNT, sigue empeñada en recordar a los/las nuestros/ as, a los/las que lucharon y se dejaron la vida en ello. Es esa Memoria Histórica que no podemos perder la gente sin poder: reconocer nuestra identidad, saber qué ocurrió, aprender del pasado para saber actuar en el presente y así labrarnos nuestro propio futuro. Y la Memoria Histórica de la clase obrera no puede quedarse sólo en el 1936, debemos conocer y reconocer quiénes lucharon y padecieron desde mucho antes, desde que el primer esclavo dio un grito de rebeldía.

En este sentido, los represaliados por el caso de la Mano Negra están mucho más cerca de lo que se pueda creer. Son nuestros hermanos de fatigas, son las víctimas del Estado contra la Anarquía, son las voces antiguas que nos recuerdan de dónde venimos y quiénes somos. No les olvidemos.

Salud y Anarquía.

Federación Local de Sindicatos de la CNT – AIT de Jerez de la Frontera. Junio de 2014.

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LA CONSTRUCCIÓN DE UN MITO: LA MANO NEGRA (1883-1884).

Con este nombre se conocen los procesos que, con el pretexto de la existencia de una organización terrorista de ese nombre, pretendieron acabar con la creciente fuerza que estaba adquiriendo el asociacionismo obrero de FTRE en la provincia de Cádiz. Las primeras noticias de su existencia se remontan a 1882, cuando las autoridades afirmaron haber descubierto una organización criminal que pretendía derribar al Gobierno y asesinar a los propietarios agrarios. Le siguió una ola de detenciones por toda Andalucía que desembocaron en la instrucción de varios cientos de sumarios supuestamente dirigidos a aclarar los delitos y asesinatos atribuidos a una sociedad secreta llamada “La Mano Negra”.

Supuesto emblema de la “organización” secreta.

Estos juicios fueron los conocidos como el “de la Posada de Cuatro Caminos” o “de la Venta del Empalme”; el “de Arcos”; el de “los venteros Núñez” y, finalmente, el que mayor repercusión alcanzó y ejecutados tuvo, el “Proceso de La Parrilla”. Aunque los hechos que se juzgaban no tenían ninguna relación entre sí, las autoridades los utilizaron para escribir una de las páginas más sangrientas de la represión estatal contra el obrerismo en general y el anarquismo en particular. A consecuencia de ellos fueron agarrotadas ocho personas, algunas de ellas destacados militantes del obrerismo jerezano. Otras 15 fueron condenadas a cadena perpetua y pasaron casi dos décadas en prisión y varios centenares de internacionalistas permanecieron encarcelados durante meses.

Hoy día no se tiene la menor duda de que la llamada “Mano Negra” no existió como tal y que se trató de un montaje urdido en las más altas instancias gubernamentales. Estuvieron implicados los ministros de Guerra y Justicia de 9

los gobiernos presididos por Sagasta (8/2/81 – 13/10/83) y José Posada Herrera: Arsenio Martínez Campos Antón y Joaquín López Domínguez en Guerra y Francisco Silvela Le Vielleuze, mano derecha de Sagasta, Manuel Alonso Martínez, Vicente Romero Girón y Arsenio Linares Rivas.

Además del cacique local, el liberal jerezano Juan Manuel Sánchez Gutiérrez de Castro, duque de Almodóvar del Río. Martínez Campos recibió del Director General de la Guardia Civil, Tomás García Cerunio, el oficio en el que se adjuntaba un supuesto reglamento de “La Mano Negra” y una relación de las poblaciones en las que existía un mayor número de trabajadores organizados. Romero Girón nombró al juez especial que se encargó de llevar adelante los procesos. Finalmente, Almodóvar defendió la necesidad de aplicar una dura política de orden público social.

Los protagonistas directos del montaje fueron el comandante de la Guardia Rural de Jerez, Tomás Pérez Monforte, que llevaba años utilizando todos los medios posibles para arrancar de raíz el asociacionismo campesino en la comarca; el Capitán General de Andalucía, Camilo García Polavieja quien, a comienzos de 1883, se instaló en Jerez para dirigir las operaciones y el teniente coronel José Oliver Vidal que fue destinado a la ciudad andaluza junto a 100 guardias civiles. Del aspecto judicial se encargaron el juez especial Mariano del Pozo Mazzeti y el fiscal de la Audiencia de Jerez Pascual Domenech Foinas, nombrado ex-profeso en marzo de 1883.

A la actuación gubernamental y judical le acompañó una bien orquestada campaña de prensa, interpelaciones parlamentarias, noticias de terribles amenazas anónimas y rumores de crímenes no esclarecidos que alfombraron el camino hacia el cadalso de los ocho ejecutados. Para entender en su conjunto las razones de esta brutal represión tenemos que remontarnos al destronamiento de Isabel II. La revolución de septiembre de 1868 dio paso una fuerte conflictividad agraria por toda Andalucía con invasiones de fincas en litigio y parcelación forzosa de otras. Así ocurrió en localidades gaditanas cercanas a Grazalema. Hacia 10

estas tierras se dirigieron, en el otoño de 1869, Salvochea, Guillen y Paúl y Angulo quienes tras proclamar la república en Arcos de la Frontera, se dirigieron hacia la sierra. Pensaron que en ellas podían encontrar apoyos tanto de los núcleos republicanos como de los primeros internacionalistas. Los mismos que hacia 1874 formaban parte de la Federación de la Comarca Sur de la FRE. Unas sociedades que continuaron funcionando tras la ilegalización y práctica desaparición de la AIT española tras la Restauración monárquica de 1875.

Delegados suyos acudieron a la conferencia obrera convocada en Gracia, entonces una población cercana a Barcelona, en febrero de 1881. En septiembre de 1882, la renacida AIT española, ahora bajo las siglas de la FTRE, celebró su segundo congreso en el teatro Cervantes de Sevilla. En la capital andaluza se pudo comprobar la rápida expansión de la organización por los campos gaditanos a pesar de dificultades como las reticencias de los trabajadores y la oposición de autoridades y propietarios. Fue lo que sucedió en Setenil.

Allí, a los pocos días de organizarse sus obreros, comenzaron las presiones y amenazas de la Guardia Civil de “enviar a las islas Marianas” a los asociados.

A mediados de marzo de 1882, Grazalema se independizaba de la organización de Ubrique. Dos meses después se había organizado una Federación Local, adherida a la FTRE y a la UTC, integrada por una sección de campesinos y otra de oficios varios. En los meses siguientes, la UTC y la FTRE aparecieron en localidades como San José del Valle y Benaocaz y se produjeron los primeros conflictos. Durante la huelga que sacudió Setenil en julio de 1882, las presiones contra los trabajadores llegaron hasta simular la deportación de una veintena de ellos. Por tanto, no resulta extraña la numerosa presencia de secciones gaditanas en el segundo congreso de la FTRE, de Sevilla. Fueron más de doscientos los delegados que acudieron en representación de unas 650 secciones que reunían a casi sesenta mil afiliados en toda España. Los de la provincia de Cádiz lo hacían en nombre de más de una cuarta parte del total de federados de la Comarcal de Andalucía Oeste.

Su amplio orden del día incluyó tanto la reafirmación de los principios anarco-colectivistas, como la realización de campañas para obtener la jornada de ocho horas, crear escuelas laicas y conseguir la igualdad de derechos de la mujer. Aunque la cuestión central fue si aceptar, o no, la legalidad monárquica. Los internacionalistas españoles estaban divididos en este asunto 11

entre “legalistas” y “clandestinos”. Con anterioridad al congreso, en abril, los partidarios de la acción ilegal se habían reunido en Barcelona donde decidieron que, fuera la que fuera la decisión del comicio, se crearía una asociación secreta. Un mes más tarde, en mayo, comenzó a publicarse en Sabadell un periódico llamado Los Desheredados. Nombre que terminaron adoptando los partidarios de la ilegalidad.

Se ha identificado ilegalistas con radicales y anarcomunistas seguidores de Kropotkin y a legalistas con moderados y colectivistas bakuninistas. Sin embargo, las líneas de división fueron más complejas. Fue la acción pública o secreta la que los dividía y, en segundo término, hasta qué punto utilizar, o no, la violencia. La aparición de Los Desheredados fue una respuesta al silencio con el que la comisión federal de la FTRE había acogido el acuerdo sobre la “propaganda por el hecho” del congreso celebrado en julio en Londres.

Como defendían los sectores españoles partidarios de la clandestinidad, se había rechazado la legalidad burguesa y considerado que había llegado el momento de pasar a la acción, tanto oral y escrita como “por el hecho” y recomendado aumentar la propaganda entre los trabajadores del campo y el estudio de “las ciencias técnicas y químicas”. Estas diferencias fueron fuentes de continuos problemas internos y son un elemento fundamental para entender los sucesos de “La Mano Negra”.

Otra cuestión que no se puede olvidar es situarse en un tiempo y un país en el que la violencia no era un hecho excepcional de la vida política y social. Hacía poco tiempo que las autoridades republicanas habían reprimido, con idéntica saña que las monárquicas, a los internacionalistas. Utilizando palabras de Canalejas, se puede definir el clima social de la España de ese momento con el dato de que en los treinta años transcurridos entre 1851 y 1881 se produjeron ochenta sublevaciones militares y las guerras carlistas y cubana. Unas y otras se llevaron la vida de casi trescientas mil personas. Además, la vida cotidiana de las clases populares estaba lastrada por circunstancias como una esperan12

za de vida media por debajo de los treinta años y una escandalosa mortalidad infantil. Contexto en el que no era inusual que aparecieran en los conflictos sociales el uso del cañonazo, el asesinato o la deportación.

No nos debe extrañar por tanto que, en los medios obreros, tuviera resonancia la idea de actuar de forma clandestina y, si era necesario, violenta.

En especial, en el mundo agrario andaluz en donde las situaciones límite no eran excepcionales. El triunfo en el congreso sevillano de los partidarios de la acción legalista no significó que los “ilegalistas” cejaran en sus intentos.

Durante los años siguientes organizaron “Los Desheredados” que se consideraba la auténtica intérprete de los acuerdos de la AIT. La cronología de los congresos que celebró esta entidad es confusa y mal conocida. Para unos, el primero lo celebraron en Cádiz a fines de 1882, aunque también pudiera ser que no fuera más que el primero que celebró la Comarcal Andalucía del Sur creada en el congreso sevillano. Dudas que también existen para el de Sevilla, reunido, para unos, en 1883 y en 1884 para otros. Sólo el último, que tuvo lugar en Cádiz, en diciembre de 1884, está bien documentado por el folleto que se editó con sus acuerdos y asistentes.

Acudieron delegados de toda la provincia. Tanto de poblaciones serranas como Grazalema, Ubrique, Setenil o Villamartín, como de la campiña y la Bahía como Jerez, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Puerto Real, San Fernando o Chiclana. Una prueba más de la expansión del obrerismo por esta comarca en la que parece que estaba uno de los núcleos más fuertes de los partidarios de la clandestinidad. Su desarticulación se convirtió en un objetivo gubernamental. Era preciso fracturar al obrerismo en un momento, como el de finales de 1882, en el que la situación en el campo andaluz era crítica. De todas partes llegaban a la prensa, obrera o mercantil, numerosos testimonios de la terrible situación que padecían los trabajadores agravada por la penuria, su mucha hambre, la numerosa presencia de la Guardia Civil y de tropas, los atropellos y los escasos medios para ganar un jornal.

La organización de los trabajadores inquietaba enormemente a los propietarios y autoridades jerezanas. Uno de ellos, el diputado conservador Camacho del Rivero en el Congreso de los Diputados, afirmó que en los pueblos serranos habían tomado gran vuelo las ideas sociales. Opinión que compartía su rival político, y como se ha dicho futuro protagonista de los hechos de “La 13

Mano Negra”, el liberal duque de Almodóvar del Río. Éste no tenía la menor duda en que aquellos aislados pueblos eran campo abonado para cualquier doctrina que propusiera “despojar al que tiene en favor del que no tiene”. Autoridades y empresarios, sin hacer demasiados distingos entre las diferentes corrientes obreras, recibieron con temor la demostración de fuerza que significó el congreso sevillano. Así que, en paralelo a la expansión de la FTRE y a sus discusiones internas, comenzaron a urdirse los mimbres de la trama que terminaría con el asesinato legal de ocho trabajadores.

Se puede situar entre noviembre y diciembre de 1882 el origen de la conspiración. Desde principios de año la tensión social había aumentado. Hubo concentraciones ante los ayuntamientos y algunos incidentes en las calles.

Las autoridades intentaron disminuir la crispación mediante el reparto de pan, obligando a los propietarios a dar trabajo, intensificando las obras en carreteras y trasladando a numerosos contingentes de parados a lejanas obras ferroviarias. Sin embargo, estas medidas ni aliviaron la miseria ni detuvieron las protestas. Incluso durante la cosecha el trabajo escaseó. Entonces se incrementaron los robos a los vendedores de pan, los asaltos a cortijos en busca de alimentos, ganado y cabalgaduras e, incluso, se llegaron a enviar anónimos amenazantes y a provocar incendios.

Una tensión que continuó durante el otoño. Las autoridades veían la mano de las sociedades obreras en la extensión de los incidentes.

El motín que se produjo en Jerez el 2 de noviembre fue el acontecimiento que les convenció de que había que emplearse a fondo y dar un escarmiento que restableciera la tranquilidad y segara la cada vez mayor osadía de los campesinos. Los incidentes comenzaron cuando una concentración ante el ayuntamiento de varios cientos de trabajadores rechazó que sólo la mitad de ellos fueran empleados en las obras públicas previstas. A continuación numerosos grupos asaltaron panaderías y otros establecimientos de alimentación por toda la ciudad.

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A partir de ese momento aumentó el número de detenciones y las patrullas de caballería del Ejército que recorrían los campos. También, la acción de confidentes y provocadores contratados por Pérez Monforte se hizo presente. La prensa comenzó a jugar su papel. Sus páginas se llenaron de inquietantes artículos sobre la situación y pidiendo “mano dura”. Además, no por casualidad, también se publicaron noticias sobre el juicio que, en Lyon, se celebraba contra la llamada “Banda Negra”. Se daban los primeros pasos para la aparición de una organización de asesinos llamada “La Mano Negra”.

En diciembre las detenciones se contaban ya por centenares. Entonces, se produjo el asesinato de los venteros Núñez. Uno de los asaltantes resultó muerto y en el dobladillo de su sombrero se encontró oculto un ejemplar del periódico barcelonés Revista Social. Al día siguiente fue detenido Juan Galán Rodríguez que fue acusado de las muertes por habérselo ordenado una “asociación secreta”.

Dos semanas después, según filtraron las propias autoridades a la prensa meses más tarde, le fue encontrado a otro de los detenidos un llamado “Programa para los grupos de acción revolucionaria”. También, antes de finalizar el año, la Guardia Civil halló en el campo, debajo de una piedra, el reglamento de “La Mano Negra”. En ambos casos hoy está suficientemente demostrado que esos escritos no eran sino burdas falsificaciones de un documento incautado a un militante obrero detenido por Pérez Monforte en 1878. Desde entonces circularon diversas copias. Todas ellas realizadas por la Guardia Civil a partir de supuestos “originales” nunca vistos. Una de ellas, incorporada al sumario del proceso del “crimen de La Parrilla”, sirvió de prueba para imponer las condenas a muerte.

Durante enero de 1883, a medida que el montaje iba tomando cuerpo, fueron muchas más las detenciones que se produjeron en las localidades de la comarca. Incluso, se llegó a hablar de la existencia de “una partida socialista” que actuaba por Villamartín. La serranía gaditana fue una de las zonas más castigadas por la represión. En Ubrique, la Guardia Civil detuvo a un anciano al que apaleó de tal manera que murió. En Setenil, fueron presos la mayoría de los militantes de la FTRE. Quienes se acercaban a la cárcel a ayudarles lo eran también. Fue lo que ocurrió con Antonio Romero Garrido que le llevó un colchón a la joven Isabel Luna, una federada y autora de un folleto internacionalista. En Benamahoma quedaban secuestradas en la oficina de Co15

rreos, prensa y publicaciones y los propios padres castigaban a los hijos que ingresaban en la FTRE. También a los arrieros, como medida de seguridad y control, se les prohibió circular por las trochas. En consecuencia debían parar en posadas, en vez de en los tradicionales descansaderos donde tenían comida y forraje gratis.

Antes de que finalizara enero fueron detenidos 16 miembros de la sociedad obrera de San José del Valle. Durante febrero le siguieron otros arrestos en Jerez, Bornos y Arcos. A comienzos de marzo ya eran más de 400 los campesinos en prisión y cinco mil el total de trabajadores asociados que había pasado por distintas cárceles. No sólo de la provincia de Cádiz sino también de las de Sevilla, Málaga y Jaén.

Simultáneamente la prensa publicó espeluznantes relatos sobre las actividades secretas de “La Mano Negra”. Sus miembros habían cometido hasta 14 crímenes, eran miles sus afiliados y tenían previsto unos terribles planes. De nada sirvió que los propios trabajadores, denunciaran estas informaciones como un “bu”. Es decir, como un fantasma con el que se pretendía meter miedo. En el Parlamento, los diputados conservadores comenzaron a pedir que las leyes se aplicaran con la mayor dureza y se puso en marcha la maquinaria judicial. Llegó a la ciudad el juez especial del Pozo que se instaló en la propia cárcel.

Para que el castigo fuera ejemplar era preciso encontrar asesinatos que atribuir a “La Mano Negra”. Pronto los esfuerzos de las autoridades tuvieron éxito. Un nuevo crimen se sumó al de los venteros Núñez. A principios de febrero en el cortijo “Isletes Bajos”, en el término municipal jerezano, fueron encontrados unos restos humanos. Los hábiles interrogatorios de Oliver consiguieron que varios trabajadores se confesaran autores de la muerte por habérselos ordenado el “jefe” de la banda. Poco a poco del Pozo y el fiscal Domenech lograron reunir una copiosa información sobre las actividades de las sociedades obreras y “documentos” que la policía atribuía a la organización secreta.

Parece que la causa inmediata del montaje fue la posibilidad de que en el verano de 1883 se declarara una huelga general en la campiña gaditana. No fue casual el comienzo del proceso que terminó con un mayor número de 16

condenas a muerte, el de “La Parilla”, y las noticias del inicio del paro. La cosecha de ese año se preveía mejor que las de los anteriores y los propietarios no iban a consentir que se perdiera.

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LOS PROCESOS. Los distintos sumarios abiertos en los que estaban implicados supuestos miembros de la banda pasaron de nueve mil folios y fueron interrogados varios cientos de trabajadores de los que más de doscientos fueron procesados. Todo estaba preparado para que se levantara un nuevo acto de la representación: la vista de los sumarios. Unos juicios que fueron los primeros que se celebraron en Jerez por el nuevo procedimiento de audiencia oral y pública. Para ello, la antigua casa del Corregidor, junto a la céntrica la plaza del Arenal, fue convertida en Palacio de Justicia. Allí, con la asistencia de numerosos periodistas y público, se desarrollaron las sesiones de los crímenes atribuidos a “La Mano Negra”. Las crónicas llenaron las páginas de los periódicos locales, nacionales e, incluso algunos extranjeros, que desplazaron enviados especiales. Los mejores hoteles de la ciudad se quedaron sin habitaciones libres y las entradas y salidas de los acusados eran seguidas por una expectante multitud.

Fueron cuatro los sumarios seleccionados para la representación del drama: el de la “Venta del Empalme”, el del “Cortijo de La Parilla”, el de “Arcos” y el de los “Venteros Núñez”. Las fechas en las que se celebraron no fueron casuales.

Aunque era el sumario más reciente, fue el de la Venta del Empalme el que abrió la tanda. ¿Por qué? Hay quien le atribuye una finalidad “de ensayo” de lo que iba a venir. Lo que tenía todas las trazas de ser un crimen común proporcionó la posibilidad de golpear al asociacionismo obrero al saberse que uno de los acusados había tenido una destacada militancia. En esta ocasión, como en los otros tres procesos, destacaron los defectos de instrucción y la obtención de confesiones y pruebas mediante torturas.

1. Juicio “de la Posada de Cuatro Caminos” o “de la Venta del Empalme”.

Situada en el camino a Rota, en el dos de abril de 1883, había sido degollado su propietario, el tabernero Antonio Vázquez. La vista comenzó el 26 de mayo. Los cuatro acusados, Diego Maestre Morales, Antonio Roldán Sevilla, Francisco de Paula Prieto Beltrán y José Jiménez Doblado, a los que se consideró afiliados a “La Mano Negra”, fueron condenados a muerte. Como en los restantes el fiscal Domenech sostuvo su pertenencia a la sociedad secreta, 18

aunque las únicas pruebas de las que disponía eran las confesiones obtenidas por la Guardia Civil.

La noticia de las sentencias soliviantó tanto el ánimo de los trabajadores de El Puerto de Santa María, ciudad donde debían cumplirse por estar el lugar del asesinato en su término municipal, que sus autoridades encabezaron las peticiones de clemencia al consejo de ministros. La conmutación por cadena perpetúa llegó cuando ya se encontraban en la ciudad los verdugos de Albacete y Granada. Para entonces ya habían comenzado las sesiones de la vista más importante: la que juzgó la muerte del “Blanco de Benaocaz” en el cortijo de La Parrilla. Lo fue no sólo por el número de detenciones que originó, más de seiscientas, y acusados, diecisiete, sino también por las ejecuciones que se efectuaron, siete.

2. Juicio del “Cortijo de la Parrilla”.

Había empezado el 5 de junio de 1883. Se juzgaba el asesinato, cometido en una fecha que no pudo establecerse, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 1882, de Bartolomé Gago Campos, llamado “Blanco de Benaocaz”. Había ocurrido en el cortijo La Parrilla situado en lo que hoy es término de San José del Valle. Fueron acusadas y procesadas 17 personas. Las causas de la muerte eran confusas. Domenech aceptó la versión de que la habían ordenado los jefes de una organización secreta. Aunque las razones no las pudo concretar el fiscal que se refirió, en diversas ocasiones, a una venganza familiar, al impago de una deuda o a que Gago era considerado un delator.

Al comenzar la sala estaba abarrotada y el edificio rodeado por grupos que esperaban ansiosos noticias. Las sesiones estuvieron repletas de las mismas 19

irregularidades que caracterizaron la instrucción. Un par de ejemplos. Cuando los abogados defensores pidieron que se cotejaran las copias de los Reglamentos de “La Mano Negra” encontrados con el original del proceso de 1878, les fue denegado. Hasta tal punto llegó el sainete que, el prestigioso abogado sevillano Pastor y Landero, defensor de Bartolomé Gago, dijo que o bien el fiscal carecía de “ilustración o rectitud” o que su actuación era debida a “indicaciones superiores”. Tampoco se pudo comprobar que el cadáver encontrado fuera el del “Blanco”. Ni siquiera se investigó la procedencia de una carta, incorporada al sumario, supuestamente escrita por el propio muerto, un mes más tarde de su fallecimiento desde Barcelona. Según ella, estaba en esa ciudad a donde había emigrado. Lo cierto es que los forenses declararon que los restos no podían reconocerse por el estado de descomposición en que se encontraban.

El juicio quedó visto para sentencia el 14 de junio. Cuatro días después se dictó sentencia. Salvo dos, José Fernández Barrio y Juan Cabezas Franco, que fueron absueltos, al resto de los acusados se les imponían condenas en diverso grado. De ellas, siete a muerte. Por ser autores materiales contra Bartolomé y Manuel Gago de los Santos, José León Ortega y Cristóbal Fernández Torrejón. También a la máxima pena resultaron castigados, por auxiliarles, Gregorio Sánchez Novoa y los hermanos Francisco y Pedro Corbacho. Éstos últimos como “ejecutores morales”. Los demás, por cómplices, sufrieron condenas de 17 años y 4 meses: Salvador Moreno Piñero, Juan Ruiz Ruiz, Gonzalo Benítez Álvarez, Rafael Jiménez Becerra, Cayetano de la Cruz, Agustín Martínez Saez, Antonio Valero Hermoso y Roque Vázquez García.

La opinión pública se dividió. Mientras una parte se mostraba partidaria de la clemencia, otra insistió en que las ejecuciones debían llevarse a cabo como ejemplo. Fue ésta última la que prevaleció. No importaron ni las irregularidades, la falta de pruebas o los métodos empleados para la obtención de las confesiones. Ni siquiera la convicción de algunas destacadas personalidades de que eran inocentes. El ministro de la Gobernación del gobierno de Cánovas del Castillo respondió a una gestión realizada por un religioso jerezano que “no importa [que fueran inocentes], es preciso que mueran y morirán”.

El cinco de abril de 1884 el Tribunal Supremo dictó una nueva por la que se sentenciaba a muerte a todos los condenados. Finalmente, el Consejo de 20

Ministros decidió que sólo fueran ejecutados los condenados en la primera sentencia más el maestro Juan Ruiz. El garrote sólo pudo terminar con las vidas de siete de ellos. Uno, León Ortega, la salvó por la enajenación mental que le sobrevino a causa de las torturas. Ruiz era un maestro nacido en Écija que vivía en Arcos y ejercía en el cortijo “El Alcornocalejo”. Era secretario de la Federación del Valle y había asistido al congreso de la FTRE celebrado en Sevilla en septiembre de 1882. Los hermanos Corbacho Lago también vivían en “El Alcornocalejo”. Francisco parece que era vicepresidente de la federación.

Los demás también eran miembros de la sociedad obrera.

Los verdugos de Madrid, Albacete y Burgos cumplieron las sentencias la mañana del 14 de junio de 1884 en la plaza del Mercado de Jerez. Los condenados fueron vestidos con una mortaja de color negro, se les colocó un gorro, también negro, y un escapulario, y fueron esposados y atados. El traslado desde la cárcel se efectuó enmedio de una gran multitud que apenas dejaba avanzar los cuatro carros en los que iban los reos. En el momento de partir, Manuel Gago dio un grito de “¡Viva la libertad!” que fue respondido por parte del público. Los guardias amagaron una carga y se produjeron carreras, caídas y desmayos. En la plaza se había levantado un tablado en donde se colocaron siete postes. Ya en la plataforma, mientras los sacerdotes les pedían que confiaran en la misericordia de Dios, fue Bartolomé Gago quien gritó que el pueblo les perdonara, que no se fiaran de los “servilones” y que no se les dijera a sus hijos que había sido un criminal.

El primero en sufrir el lazo del garrote fue Gregorio Sánchez. El último, como había pedido, Francisco Corbacho. Pasaron 18 minutos entre uno y otro. A medida que morían se les tapaba la cara. Aunque cuando terminaron las ejecuciones fueron mostrados a los presentes sus rostros desencajados.

Después el público fue retirándose lentamente y los cuerpos quedaron ex21

puestos durante todo el día, hasta la caída del sol. Entonces miembros de la Hermandad de la Paz y Caridad los bajaron a unos féretros que fueron enterrados de pié en una fosa común. Se cerraba así la macabra obra de teatro que llevaba representándose en Jerez desde hacía más de un año. Mientras se habían celebrado los otros dos juicios que la completaban.

3. Juicio de “Arcos”.

Aunque era el segundo sumario abierto, el proceso que se llama “de Arcos” fue el tercero en celebrar su vista. Para su inicio hay que remontarse al 14 de agosto de 1882, día en el que murió el guarda rural Fernando Oliveras. La autopsia que se le realizó parece indicar que falleció de un disparo accidental de su escopeta. Sin embargo, unos meses después, una denuncia anónima la atribuyó a una paliza que le habían dado los miembros de “La Mano Negra” Cristóbal Durán Gil y Antonio Jaime Domínguez. La causa había sido la negativa de Oliveras de pertenecer a la sociedad. Fue suficiente para que se pusiera en marcha la rueda represiva. Se detuvieron a más de un centenar de campesinos. Los acusados, y algunos de sus familiares, fueron encarcelados y torturados hasta que se confesaron culpables. El sumario quedó cerrado el 8 de marzo de 1883 y la vista se celebró el 30 de junio del mismo año, a los quince días de cerrarse las sesiones del de “La Parrilla”.

En esta ocasión el juez del Pozo fue sustituido por otro llamado Ramón Barroeta. Aunque se mantuvo en la acusación a Domenech quien, desde la primera sesión, pretendió demostrar la existencia de “La Mano Negra”. Un día duró el juicio, al siguiente, el 1 de julio, se hizo pública la sentencia por la que se condenaba a Durán y Jaime a cadena perpetua y a 17 años, respectivamente. Interpuesto recurso el Tribunal Supremo sólo redujo en dos años y medio la segunda.

4. Juicio de “los venteros Núñez”.

El último en juzgarse fue el tercero de los sumarios instruidos. Se le denomina el de “los venteros Núñez”, dueños de una taberna situada en el llamado “Pago del Hambre” en el camino de Jerez a Trebujena. En ella, el 3 de diciembre de 1882 cinco hombres mataron al propietario, Juan Núñez, a su mujer, María Labrador Sánchez, y a un cliente llamado Manuel Román Ortiz. Al 22

día siguiente fue detenido Juan Galán Rodríguez que estaba herido en una mano. Trabajaba de capataz en una viña cercana, era sordo y había estado implicado en la muerte de una anciana, aunque había sido absuelto. Cuando fue presentado por la Guardia Civil ante el juez denunció que su confesión de culpabilidad y de pertenecer a una sociedad secreta le había sido obtenida mediante malos tratos.

Como en el caso de la “Venta del Empalme” levanta dudas el retraso en celebrarse. Desde que comenzó su instrucción hasta que se celebró la vista pasaron nueve meses. Durante ellos lo que parecía un crimen común se convirtió en uno más atribuible a “La Mano Negra”. Para que así fuera se han Venta Núñez. esgrimido dos razones. Una que sólo se trató de un peldaño más de la vorágine represiva puesta en marcha para desarticular el obrerismo y paralizar cualquier intento de huelga. Otra, coetánea a los hechos, que fue utilizado para terminar con la oposición a la sustitución de la tradicional hoz de podar las viñas por una nueva tijera que resultaba, por su productividad, más rentable para los propietarios. La vista del juicio tuvo lugar en septiembre, cuando ya, a pesar de los esfuerzos de Oliver, Pérez Monforte, del Pozo y Domenech, la existencia de la terrible sociedad secreta estaba en duda y el sumario de “La Parrilla” había pasado a manos del Tribunal Supremo. En esta ocasión no podía escaparse la presa.

Tras nueve meses de noticias “sensacionales”, dura represión y juicios públicos, el día 18 de septiembre de 1883 la sala de la Audiencia jerezana estaba llena a reventar. Incluso en sus bancos se sentaban corresponsales de periódicos extranjeros. La acusación se basó en los testimonios del mozo de la venta, un joven algo retrasado llamado José Almorín, y del hijo de las víctimas, de cuatro años de edad. Éste último, interrogado por el fiscal, aseguró sin dudar que a su padre lo mató Galán. En ese mismo sentido declaró el sirviente. A pesar de la imposibilidad física de que hubieran presenciado los hechos que aseguraron ver, su testimonio fue tomado en cuenta.

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Por el contrario se rechazaron las declaraciones de los más de veinte testigos presentados por la defensa negando que existieran cualquier tipo de rencillas entre Galán y los venteros. También el tribunal se negó a reconocer los evidentes malos tratos físicos que presentaba el acusado y a investigar los rumores que corrían por la ciudad sobre que la causa del obstinado silencio que mantenía era debido a que entre los autores de los asesinatos estaba su padre. Tampoco se practicaron ninguna actuación para encontrar a los demás participantes en la reyerta. Hasta tal punto llegaron las obstrucciones al abogado defensor que éste terminó renunciando.

En cualquier caso la vista continuó y el 22 de septiembre se dictó sentencia por la que el acusado era condenado a muerte como autor de dos asesinatos y un aborto. Sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Confirmada la pena, por las calles de Jerez, se oyó esta copla: Inocente Juan Galán Perra vida, perra suerte tu calvario fue una plaza fue tu cruz un vil garrote (Pantoja y Ramírez, 2000: 99) Como ocurriría unos meses después con los condenados de “La Parrilla” de nada sirvieron los millares de firmas que llegaron al Gobierno pidiendo clemencia. La víspera de la ejecución, los teatros jerezanos cerraron. Mientras, en la cárcel, Galán cenaba el menú que los cofrades de la “Paz y Caridad” le ofrecieron. Las almendras y las pasas que acompañaban al postre pidió que se las entregaran a sus hijos para que se las comieran y tuvieran un recuerdo suyo. Durante toda la noche estuvo acompañado de unos sacerdotes a los que pidió que pusieran un crucifijo en el interior de su ataúd. Sobre las ocho de la mañana del sábado 19 salió de la cárcel vestido con la negra túnica de los ajusticiados. Esposado, con los brazos atados y los tobillos con cadenas subió al carro que le condujo a la plaza del Mercado donde se levantaba el cadalso y donde, ironías del destino, vivía.

Una trágica procesión se puso en marcha encabezada por Pérez Monforte a caballo. Cuando llegaron, todavía, una vez más, Galán proclamó su inocencia. A las 8 y 24, el doblar de las campanas de las iglesias de la ciudad indicó 24

que la sentencia se había cumplido. El juicio que había sido el último en celebrarse era el primero que se cobraba la sangre que desde hacía meses se pedía. Que el comandante de los guardas rurales jerezanos encabezara la comitiva no dejaba de ser un guiño sobre el papel que había tenido.

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LAS CONSECUENCIAS. Aunque el número de causas abiertas por el Juzgado Especial continuaba siendo de varios centenares, se consideró que con las ejecuciones de Galán y los siete de “La Parrilla” se alcanzaban los objetivos propuestos de detener el resurgir del asociacionismo obrero y amedrentar al campesinado. Sin embargo no fue así. Ni detenciones, ocupación de los campos, juicios y ejecuciones, detuvieron las acciones reivindicativas y el funcionamiento de las secciones obreras. A finales de mayo de 1883, en plena represión, los campos gaditanos comenzaron a paralizarse por una huelga en demanda de una jornada de nueve horas, la supresión de los destajos y el aumento de los jornales.

Nuevamente las detenciones se contaron por miles y se sustituyeron a los huelguistas por esquiroles portugueses y soldados. Casi un mes resistieron los trabajadores antes de retornar al trabajo y, aun así, autoridades y propietarios no se sintieron tranquilos. En agosto, el capitán general de Andalucía, Camilo Polavieja, declaró el estado de guerra en su jurisdicción.

El resultado fue que, aunque la cosecha resultó más cara que si se hubieran admitido las reivindicaciones obreras y la represión no alcanzó su objetivo último, sí se detuvo la expansión de la FTRE y de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). Además, se agudizaron las diferencias entre clandestinos y legalistas. Enconó la disputa la actitud del comité federal de la FTRE, y del conjunto de la organización que, durante el congreso de Valencia de octubre de 1883, se distanciaron de las organizaciones gaditanas afectadas por la represión y se negaron a proporcionar a los hermanos Corbacho una coartada firmando un aval de asistencia a un congreso.

No apoyar decididamente a los acusados fue interpretado como dar por buena la versión de las autoridades.

La propia Revista Social, cuya mera posesión hacía al detenido miembro de “La Mano Negra”, mantuvo una prudente expectativa. Los terribles acontecimientos fueron utilizados como arma arrojadiza por legalistas y clandestinos. Las descalificaciones 26

y expulsiones se sucedieron. A estas diferencias se refirió, en junio de 1886, un manifiesto firmado por “Varios Socialistas Revolucionarios. Miembros de la organización Los Desheredados” (El Socialismo, Cádiz, 15.6.1886).

En él, junto a la reafirmación de que los trabajadores nada debían esperar de la política y que la explotación no desaparecería hasta la muerte del capitalismo, los firmantes se referían a la desconfianza, de unos, y la credulidad de otros, que habían provocado los procesos de “La Mano Negra” y su secuela de “odios y discordias entre todos los federados”. El resultado era que, en vez de luchar contra la burguesía, se habían enzarzado en “disidencias y confusiones” con el consiguiente perjuicio para avanzar por el camino de la emancipación.

Seriamente dañada por los sucesos de “La Mano Negra”, la FTRE tomó en Barcelona, en 1885, la decisión de “retirarse al monte Aventino”. Es decir, permanecer en la más completa inactividad hasta que la represión gubernamental cesase. Independientemente de que el acuerdo fuera aceptado por el conjunto de las federaciones, el hecho es que las organizaciones obreras de la provincia de Cádiz continuaron funcionando. Si la mayoría de sus poblaciones habían estado presentes en el congreso de la capital, para los años siguientes poseemos numerosas muestras de actividad societaria. Muy disminuidos en número de adherentes pero funcionando. Un signo de que, a pesar de la dura represión, el obrerismo había arraigado con fuerza entre los trabajadores del campo.

Los procesos de “La Mano Negra” se efectuaron sin las mínimas garantías.

Los detenidos fueron apaleados y torturados para obtener las confesiones que pesaban sobre ellos; se rechazaron sin comprobar pruebas favorables a los acusados y, por el contrario, se aceptaron sin más las que les perjudica-

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ban. Sin embargo el montaje se ha transmitido hasta fechas recientes como una auténtica verdad y ha dado lugar a una frase hecha del lenguaje. Incluso hoy quien no esté familiarizado con la bibliografía histórica puede dar por cierta la existencia en el campo andaluz de una banda de asesinos llamada “La Mano Negra”. No era la primera vez, ni fue la última, que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se unían para ponerse al servicio de la burguesía agraria andaluza, para evitar la expansión de las “ideas disolventes” de la manumisión obrera.

Otra causa, quizás más profunda que la mera desarticulación de las asociaciones obreras, subyace en la represión de 1883: la especial preocupación por la instrucción que desarrollaban los anarquistas. Contamos con datos suficientes para comprender los versos que recorrieron la campiña gaditana los meses siguientes a los ajusticiamientos de Jerez: Maestrito, maestrito.

Buen socialista y valiente, Por enseñar a tu gente, Te condenaron a muerte.

(Pantoja y Ramírez, 2000: 233) Versos que recordaban a Juan Ruiz, uno de los ejecutados. Ruiz era uno de los maestros libertarios que recorrían campos y ciudades andaluzas para, no sólo, alcanzar donde la desidia estatal o la indiferencia religiosa no llegaba, sino para, sobre todo, proporcionar al proletariado conocimientos. Ruiz era

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secretario de la sección del Valle. Doble motivo de persecución ya que no sólo cometía el delito de buscar la asociación de los trabajadores sino el, aún más grave, de instruirlos tanto para que no fueran engañados en las cuestiones más inmediatas, tal que el cobro de los salarios o las superficies a trabajar, como para proporcionarles las herramientas intelectuales con las que pensar en la posibilidad de vivir en un mundo más justo.

Veinte años más tarde todavía permanecían en prisión ocho de los condenados: Cristóbal Durán Gil, José Jiménez Doblado, José León Ortega, Diego Maestre Morales, Agustín Martínez, Salvador Moreno, Francisco Pietro Beltrán y Antonio Valero Hermoso. En 1900, el viejo político republicano federal Ramón de Cala encabezó un primer intento de obtener su indulto. No tuvo más efecto que uno de los condenados por el proceso de “La Parrilla”, Salvador Moreno Piñero, insistiera en su inocencia en una carta que publicaron los periódicos obreros y republicanos. Los presos jerezanos tuvieron que esperar a que, en enero de 1902, fueran indultados los anarquistas barceloneses sentenciados por el atentado de la procesión del Corpus de 1895. Federico Urales y su compañera Soledad Gustavo empezaron en su periódico Tierra y Libertad una nueva campaña. Esta vez cuajó. Las denuncias de lo ocurrido llegaron a las páginas de la prensa internacional y se celebraron numerosos actos.

Durante un año continuó la campaña hasta que en enero de 1903 el ministro de justicia, Eduardo Dato Iradier, comenzó a tramitar el perdón. Cristóbal Durán Gil, fue el primero que salió en libertad. El día 6 de febrero llegó a Arcos de la Frontera donde iba a vivir. La conmutación incluía el destierro a 25 kilómetros de Jerez. Para los siete restantes aún tuvo que pasar un mes más hasta que la Gaceta de Madrid publicara el decreto de su indulto. Como a Durán, se les prohibió residir en Jerez. Incluido León Ortega del que se reconocía que había perdido la razón. No consta que fueran revocados los premios con los que se premiaron a los ejecutores directos de la trama. Como el teniente coronel José Oliver que fue ascendido a coronel.

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BIBLIOGRAFÍA. Castro Alfin, Demetrio. Hambre en Andalucía. Antecedentes y circunstancias de La Mano Negra. Ediciones de La Posada, Córdoba, 1986.

Maurice, Jacques. El anarquismo andaluz. Crítica, Barcelona, 1990.

Olaya, Francisco. Historia del movimiento obrero español (siglo XIX). Madre Tierra, Madrid, 1994.

Pantoja Antúnez, José Luis y Ramírez López, Manuel. La Mano Negra. Memoria de una represión. Editorial Quorum, Cádiz, 2000.

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En memoria de todos nuestros hermanos ejecutados, apaleados, torturados, deportados, humillados, etc., en la lucha por la Revoluciรณn Social.

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Este texto fue presentado por el historiador José Luis Gutiérrez Molina en la conferencia que ofreció en 2013, en el marco de los actos organizados por la CNT de Jerez por el 129 aniversario de los sucesos de la Mano Negra.

Con motivo del 129 aniversario del ajusticiamiento de los hombres de la I Internacional y de la Federación de Trabajadores de la Regional Española (FTRE) por manos del Estado, en el conocido proceso de “La Mano Negra”, la Federación Local de Sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) de Jerez de la Frontera, realizó dos actos el viernes día 14 de Junio de 2013. El primero a las 18:30 horas con una ofrenda floral en la Plaza del Mercado, lugar donde se instaló el patíbulo y fueron ejecutados a garrote vil siete de los ochos condenados a muerte. Seguidamente, a las 19:00 horas, en la sala Julián de la Cuadra del Museo Arqueológico, el historiador José Luis Gutiérrez Molina disertó sobre los hechos históricos y las condiciones sociolaborales de la época, así como las “razones” de estado que dieron lugar al desencadenamientos de los hechos. Aquí presentamos el texto de su conferencia.

Este año, 2014, conmemoramos el 130 aniversario de los sucesos, y queremos aportar esta publicación por dicho motivo.

Federación Local de Sindicatos de la CNT–AIT de Jerez de la Frontera.