Sofos de Mileto

SOFOS

DE MILETO Articulista

La Sociedad Digital, que caracteriza la comunicación como versátil, amplia e incesante, permite que las ideas y sus formatos de expresión sean difundidos y recibidos solo con un clic.

La libertad de opinión y de criterio es una conquista de la humanidad y un pilar fundamental de cualquier sistema democrático que se precie de proteger el ejercicio de los derechos humanos. Frontera Viva, con su plataforma que entrelaza página web y redes sociales, en este primer aniversario ha sido un canal para opinar sobre el contexto tan convulsionado que vive

Venezuela, su zona de frontera y su gente. Quizás nunca antes en la historia contemporánea social, política y económica del país había sido tan necesario el ejercicio activo y abierto de la libertad de expresión ante las pretensiones de coartar los mecanismos de su divulgación. Por ello, nos congratulamos con Frontera Viva que, preservando la naturaleza propia de esta libertad, le imprime su particular fisonomía, gracias a la maximización de los recursos, herramientas y funciones que ofrecen las tecnologías de los medios informativos digitales, en este mundo virtual en el que nos relacionamos a diario, en permanente conocimiento y debate.

¡Feliz Aniversario, Frontera Viva!

AMOR Y ODIO NO SE REGULAN Según la mitología griega, Eros, en el ser humano. Amor y odio son puede sentir sobre personas, jovenzuelo portador de arcos y sentimientos sobre los que han dado instituciones e ideologías. Pero esa flechas, nació de la oscuridad de la su parecer e interpretación multiplici- animadversión está en el fuero Noche y del abismo del Caos. Andaba dad de clérigos, filósofos, poetas, interno. Como lo señalaba Descartes, con su antorcha encendiendo cortesanos, escritores. Resulta que en se ubica en el plano de la conciencia, corazones. Era una fuerza fundamen- Venezuela hay unos “genios”, dícese incluso se ha llevado a nivel del tal del universo, opuesto en todo caso constituyentes, que legislando indebi- inconsciente. Aristóteles lo interpreta al desorden y a las tinieblas. Su damente, creen que amor y odio son como un deseo de aniquilación de un propósito era ser un impulso genera- susceptibles de ser regulados, de ser objeto. Y David Hume lo ve como un dor y constructivo. Eros fue el fruto de limitados, de ser impuestos o sentimiento irreductible que no es la relación de dos distintas pasiones. castigados. Estos constituyentes son definible en absoluto. La Psicología Venus, Diosa romana de la naturale- un fenómeno al pretender normar el define al odio como un sentimiento za, que simboliza la vitalidad y la profundo impregnar de estos dos profundo y duradero, intensa alegría de la creación natural. Ella sentimientos y hasta de interpretar expresión de animosidad, ira y quedó atrapada en un apasionado cuando se está actuando con amor o hostilidad hacia una persona, grupo u romance con Marte, el Dios de la con odio en una determinada acción objeto. Todo hace ver que el odio es guerra, de la discordia y del odio. humana. Hablemos, en particular, del una pasión fanática, muchas veces Entonces, en dos caras de la misma odio. Es un sentimiento profundo de ilusa que, mientras no se exterioriza, moneda quedaron enlazados para aversión, de antipatía, de repulsión y, al único a quien hace daño es a quien siempre dos profundos sentimientos en cierta forma, de enemistad. Se lo siente, causándole una destrucción

en su equilibrio emocional. Ahora bien el odio, al igual que el amor, siendo un profundo sentimiento, es imposible de ser regulado jurídicamente como tal. El derecho, cuyo fin es reglar conductas y comportamientos humanos, realizados en sociedad, no puede imponer una forma determinada de manejar esos sentimientos, menos el odio en ese plano intrínseco. Lo que el derecho disciplina son hechos y acciones. Y, además, cuando esos hechos toman una forma, una manera, una expresión, unas características, se establece una relación de causalidad entre el resultado de esa acción y la intención. Sólo así, con esa conexión, se puede determinar si el objetivo de causar un daño con ese resultado, por el agente, fue doloso o culposo, es decir, lo realizó con intención, hasta con alevosía y premeditación, o fue el producto de una falta de conocimiento, de destreza, de habilidad, de negligencia, de impericia o de una gran torpeza en el seguimiento de ciertas previsiones. Lo importante, para el Derecho Penal es ver si existen los elementos constitutivos del delito, para que el odio sea punible, es decir, sometido a un castigo. Sólo si el odio causa una limitación, un daño, una lesión a quien se dirige, puede ser objeto de una regulación jurídica y se le puede determinar una condena por la norma penal.

En la concepción causal la acción es la conducta humana dominada por la voluntad que produce en el mundo exterior un cambio determinado. Para la concepción finalista, la acción es una conducta humana dirigida por la voluntad hacia un determinado resultado. Para la concepción social la acción es la realización voluntaria de consecuencias relevantes para el mundo social y voluntariamente realizadas por un ser humano.

En el ámbito penal, la acción es una conducta voluntaria, que consiste en un movimiento de un organismo destinado a producir cierto cambio en el mundo exterior, vulnerando una norma prohibitiva. Debe ser voluntaria, porque de lo contrario se excluye del campo delictivo. Además, esa conducta activa debe exteriorizarse en el mundo material, porque si ocurre en el fuero interno y no llega a manifestarse la acción, también se excluye del campo delictivo. Esto quiere decir que primero hay una fase interna, dada solo en el pensamiento, en la mente y en los sentimientos. Y hay una fase externa, en donde se desarrolla la acción. Si no se exterioriza, no hay acción penal y, en consecuencia, no hay delito. Esa manifestación de la voluntad que se traduce en una conducta corporal externa, o en una actuación del agente, genera un resultado. Éste es el efecto de la acción que el Derecho Penal califica para reprimirlo y el ordenamiento jurídico tipifica para sancionarlo. Consiste en la modificación verificable introducida por la conducta en el mundo exterior. Y como si esto no bastara, cuando existe la fase externa de la acción, generándose un resultado, primordialmente en los llamados delitos materiales, ese efecto es una causal de imputabilidad. Existe así una relación de causalidad entre la conducta y el resultado.

En conclusión, para poder aplicar una sanción, el sentimiento debe manifestarse, exteriorizarse en el mundo exterior, y debe causar un resultado, en el objeto del odio, cuyo efecto o daño en la víctima esté vinculado con la forma de expresión del odio. Si uno solo de estos requisitos está ausente, no es reprensible el odio en el campo penal. Una “ley constitucional” que no es ley

La ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, el 2 de noviembre de 2017, decretó la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Y señalamos el carácter írrito de este órgano porque no se debe olvidar que fue convocada y constituida subvirtiendo la facultad que tiene el pueblo como depositario del poder constituyente, para convocar a una entidad de esta naturaleza, preceptuado en el Artículo 347 constitucional, facultad que se arrogó Nicolás Maduro, infringiendo la universidad del voto y el principio de representación en unas bases comiciales totalmente fraudulentas. Igualmente, hay que recordar que, en el supuesto negado de ser lícita la actuación de esa Asamblea Nacional Constituyente, dentro de sus atribuciones no está la de sancionar “leyes constitucionales”. Desde el punto de vista de su procedencia formal, esa ley es un bodrio invento del régimen y de los ignorantes de los miembros de este cuerpo irregular, que no conocen nada sobre técnica legislativa, y con la cual han querido vaciar el Estado de Derecho y el miembros de este cuerpo irregular, que no conocen nada sobre técnica legislativa, y con la cual han querido vaciar el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico válido del país. El único órgano del Poder Público que, conforme a la Carta Magna, en su condición de cuerpo legislador, tiene la competencia de dictar actos normativos en forma de ley es la Asamblea Nacional, tal cual lo dispone el Artículo 202. No hay otro tipo de conjunto de normas jurídicas que se denomine “ley constitucional”. Y tal facultad tampoco le aparece atribuida a la Asamblea Nacional Constituyente en los Artículos 347, 348 y 349 ejusdem, por lo que mal pudo haberlos utilizado ese inválido órgano, como base legal en la mencionada “ley constitucional”. Sus funciones exclusivas son la de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y, primordialmente, redactar una nueva Constitución. Al haberse dictado esta ley constitucional, desconociendo la facultad de la Asamblea Nacional de ser la única calificada para dictar leyes, esa Asamblea Nacional Constituyente ha venido incurriendo en usurpación de funciones, siendo nulas todas sus actuaciones, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 138 constitucional.

Ahora bien, asimismo, es necesario dejar en evidencia que la “Ley Constitucional contra el odio”, no regula lo que pretende prescribir. Veamos.

Su artículo 20 tipifica el delito de promoción e incitación al odio. En este sentido, quien públicamente o mediante cualquier otro medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia a un grupo característico, entre ellos a un grupo político, le será impuesta una sanción de prisión de 10 a 20 años. En razón de lo que ya se ha analizado

anteriormente, esta disposición ni siquiera sanciona la expresión, la manifestación externa en el propio agente del sentimiento de odio. Recordemos que mientras se mantenga en el fuero interno de la persona, el sentimiento no es punible, porque no hay una acción penal. Sólo cuando ese deseo, ese sentir profundo, toma una forma así sea mínima de aparición en el exterior, es que existe la acción penal. Además, recordemos que esa acción que se pudiera exteriorizar de odio debe ser voluntaria, porque de lo contrario tampoco es punible penalmente. Lo que esta norma pretende infructuosamente castigar es que una persona fomente, promueva o incite en terceros el odio. Si eso es lo que se intenta, entonces la acción penal consiste, no en exteriorizar odio, sino en producirlo en los demás. En otras palabras, cuando la norma tipifica las acciones de promoción, fomento e incitación, lo que está caracterizando como antijurídico es que se excite, se avive, se provoque, se cause, se siembre, se impulse y se haga originar odio en terceros. Entonces, según esta norma, una persona, sin sentir ni demostrar odio, lo puede inducir en los demás. Y eso, realmente, es algo ilógico y poco probable, aunque no imposible, porque el ser humano, regularmente sintiendo amor u odio, muchas veces de manera duradera, busca extenderlo hacia la gente.

Pero también hemos expuesto que otro elemento para que se configure el delito es la relación de causalidad entre la acción y el resultado, en este caso el daño que produce esa manifestación. Inexorablemente es necesaria la relación de causalidad entre la conducta corporal y el resultado, para que opere una causal de imputabilidad. Entonces, si odio es un sentimiento que se da en el fuero interno de un individuo, ¿cómo se podría probar que un agente, incluso sin sentir odio, ha provocado en dos, cinco, veinte, mil, un millón de personas el sentimiento de odio en la interioridad de todos ellos? ¿Un juez penal podrá determinar de manera precisa que supuestamente incitar un sentimiento, puede afirmarse el mismo, puede plantarse, puede fijarse en el corazón y esquema de sensibilidad de otros? Semejante absurdo sólo es el producto de mentas fanáticas, ofuscadas y posiblemente atormentadas, que sesionan indebidamente en ese esperpento que llaman la Asamblea Nacional Constituyente. Pero para no conformarse con este irracional tipo delictual, esta “ley constitucional” agregó, en su artículo 21, el agravante de si ese supuesto hecho punible es ejecutado por motivo de la pertenencia de la víctima a un determinado grupo racial, étnico, religioso o político.

En este sentido, este agravante interfiere en la frontera de los delitos de la comunicación, entre ellos la difamación y la injuria, en los cuales el objeto jurídico de protección es la dignidad u honor de una persona y en los que por causar ofensa en esos bienes intangibles, el odio que, como hemos anotado, entraña un sentimiento de antagonismo u hostilidad, pudiera confundirse con la ofensa que implica la expresión de un sentimiento peyorativo respecto a otra persona. Es que incluso esa expresión, que en principio pareciera ofensiva o difamatoria, pudiera estar excluida de responsabilidad penal, porque pudo haber sido expresada no con el ánimo de agraviar el honor, sino con el ánimo de gastar una broma, con la intención de corregir, de relatar hechos o sucesos o de informar. Lo mismo puede decirse de la ofensa a la reputación de funcionarios públicos, como el delito de ultraje que lesiona el honor, la reputación o el decoro de un miembro de un órgano público o de un funcionario público, y el delito de vilipendio político, que lesiona el honor y la dignidad de los cuerpos constituidos en poderes públicos y el particular delito de vilipendio al Presidente de la República y otros altos representantes del poder. Todos estos tipos penales, algunos reformados indebida e incompetentemente por la Sala Constitucional del TSJ en una sentencia del 2003, la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales los denominan delitos de desacato, pronunciándose en las declaraciones, pactos y convenciones de Derechos Humanos, sobre cómo ellos restringen gravemente la libertad de expresión e información. Con estos delitos se ha querido frenar, particularmente, la libertad de emitir opiniones y críticas que el discurso político tiene sobre los gobiernos y sus instituciones, así como la expresión que como derecho tienen los ciudadanos sobre el ejercicio de gobierno, sin olvidar el juicio público acerca de la actuación impune de los poderes públicos y sus representantes, reduciéndose, con estos delitos, la función fiscalizadora que se debe a sí misma la ciudadanía sobre sus gobernantes. Sin embargo, como se aprecia, el régimen insistió en seguir legislando sobre este tema, con esta “ley constitucional”.

Como un mecanismo de control sobre los medios radioeléctricos, televisión y radio, y sobre las redes sociales y medios electrónicos, el artículo 22 de esta “Ley Constitucional contra el Odio” impone la sanción de revocatoria de la concesión, de conformidad con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y la sanción del retiro de la publicación, y en caso de negativa, las sanciones de multa y bloqueo de los portales, respectivamente. Al cerrar toda vía de expresión y opinión, así como de información libre y veraz en radio y televisión, no quiere el régimen ni siquiera dejar abierto el teclado y el toque táctil en las redes sociales y medios digitales, vías populares de reclamo, de protesta, de testimonio de conciencia, de exigencia de prestación pública por los responsables de atender las necesidades del venezolano. Persecución y censura con odio

Numerosos han sido los casos en Venezuela en los cuales el régimen, con la herramienta sumisa de los prestadores de justicia y órganos de investigación policial, se ha dado a la tarea de perseguir, con este adefesio de “Ley Constitucional contra el Odio” a ciudadanos, políticos, opositores, estudiantes, disidentes, sindicalistas, médicos, gremialistas, entre otros, y a censurar y detener a periodistas, radiodifusores, locutores, columnistas, generadores de opinión, activistas de derechos humanos, emisoras de radio, televisoras, portales web, tuiteros y usuarios de redes sociales, por emitir críticas, opiniones y mostrar hechos de manera gráfica, acerca de la acción nefasta del régimen con la que tiene acabada toda la institucionalidad, la libertad, el ejercicio de los derechos humanos y la normalidad de la vida de los venezolanos.

La aplicación de esta ley contra el odio comenzó el 3 de enero de 2018, con los casos de Ronald Güemes y

Erika Palacios, quienes fueron los primeros procesados por ella en el marco del desarrollo de una protesta vecinal contra Nicolás Maduro; ha pasado por los casos de los bomberos de Mérida, Ricardo Prieto y Carlos Varón, con su viral video del burro; y sigue con el más reciente de la médico Andreina Urdaneta, por reclamar en WhatsApp la falta de condiciones de salud e insumos para atender los pacientes del Covid-19 en el Hospital de Cabimas. El listado es largo.

Esta utilización de semejante ley para tanto esconder la verdad del entorno, como para callar las críticas del pluralismo político, en búsqueda del rescate de la auténtica democracia, demuestra en realidad la intolerancia del régimen opresor. No estaríamos lejos de acertar que el régimen sí exterioriza, con ello, ciertamente, el odio con el cual nos ultraja, nos veja, nos somete a toda la población, que nunca en su historia republicana

había estado en un grado de deterioro y postración de su bienestar y calidad de vida, como el causado por estos usurpadores del poder. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 1998, ha sostenido el mismo criterio expresado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, señalando que la libertad de expresión es el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes, respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad. El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión, inevitablemente generará discursos críticos, o incluso ofensivos, para quienes ocupan cargos públicos o para quienes están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública; por lo tanto, una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo autor de esa expresión, afecta a la esencia y al contenido de la libertad de expresión, no sólo de aquel a quien se silencia sino del conjunto de la sociedad. Si lo que busca el régimen con estas amenazas y acciones intimidantes es que lo amemos incondicionalmente, le rindamos de manera obligada sentimientos de cariño, de simpatía, en verdad están muy lejos de lograrlo. Los venezolanos, en el amplio espectro de la vida nacional, lo que sentimos y gritamos a viva voz, por cualquier medio posible de difusión, es nuestra repulsa, nuestro rechazo, nuestra inconformidad, nuestra reprobación por una élite que se ha adueñado del poder para no solamente cometer fechorías, perseguibles hasta por la justicia internacional, sino también para ahogarnos en la mayor desventura. No hay amor para ellos, ni con persecución ni con censura.

Amor y Odio no se regulan

Se dice que era “El Mundo Perdido”. No es para menos. Podría compararse con el Paraíso Terrenal. Zona de riqueza, de aventuras y de diversidad natural. Nacida en el planeta desde milenios remotos. Los científicos han certificado que cuando la Tierra se vio envuelta en un proceso de enfr amiento, terminó totalmente cubierta de mar. Y de sus profundidades luego emergió la primera gran piedra: El Escudo de Gondwana.

Luego de un complejo y lento proceso de separación de placas y continentes hasta llegar a lo que hoy es Suramérica, surgen dos hijas de Gondwana: El Escudo de Brasil y el Escudo de Guayana. Este último ocupa la región al sur del Orinoco y el norte del río Amazonas; desde los llanos colombo-venezolanos al oeste y el mar Atlántico al este, incluyendo a Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y una parte de Brasil. Esto quiere decir que el Escudo de Guayana es una de las cinco hijas de Gondwana, la tierra más antigua del mundo.

Tiene una extensión aproximada de medio millón de kilómetros cuadrados, Comprende los Estados Bolívar, Amazonas, parte de Delta Amacuro y la zona en disputa de la Guayana Esequiba. Allí se encuentra el Escudo Guayanés, que desde tiempos inmemoriales estuvo cubierto por una densa vegetación. Desde su formación han transcurrido 4.000 millones de años y apenas 100 millones que los árboles han cubierto la faz de la tierra. Se supone que los indígenas habitan la región hace 2.000 a 3.000 años, luego de un gran éxodo desde el Amazonas hacia el mar Caribe. Hoy está constituido por rocas cristalinas, tanto ígneas incluido el granito, como metamórficas. Por ello se encuentra una gran variedad de metales. Corren ríos con efectos de coloración sedimentario por los efectos de la excavación de la base de los ríos de las arenas y arcillas de fondo. Pero también se encuentran los tepuyes, relieves más elevados del paisaje, con mesetas de bordes abruptos. Se aprecia que las cascadas que bordean los tepuyes tienen que atravesar profundos desfiladeros y cortes, que tienen algunas veces varios centenares de metros de profundidad, como sucede en el Auyantepui, en el cual varias de las cascadas salen por una abertura al final de un río subterráneo, a una altura intermedia en la pared del propio tepuy.

La mayor parte de Escudo guayanés está cubierto de selva. Su suelo es un colchón de hojas y frutas en estado de alteración natural y donde asoman raíces y troncos caídos resbaladizos, conformando la irregularidad de su superficie, donde sólo la planta del pie indígena la ha podido recorrer con destreza. Es inescrutable la diversidad de plantas y animales que la habitan, más de 2.000 individuos vegetales menores de un metro, han podido contarse en 100 metros cuadrados; más de 600 especies de aves registradas; un sinfín de insectos; un sin número de orquídeas, aún por clasificar, y bromelias adornan los bosques y las selvas, y en las cumbres de los tepuyes crecen numerosas plantas endémicas. Entre las especies más interesantes se encuentran las plantas carnívoras que atrapan insectos, para obtener los nutrientes necesarios para su alimentación. Es decir, hay un inventario inmenso que desborda cualquier intento de taxonomía.

Cada expresión natural lucha por sobrevivir. Los matapalos, huéspedes de talludos árboles, crecen hasta cubrir y matar a su receptor original. Numerosas plantas desafían las alturas para alcanzar los rayos del sol, y sueltan extensas lianas para alimentarse de la savia del suelo. Pero también está el contraste de la inmensidad de las sabanas, inspiradoras de cuentos y mitos. Su aplicación ha obedecido a numerosas quemas, siendo la más conocida La Gran Sabana.

Numerosos descubridores, conquistadores y aventureros, con no menos penurias, se dieron a la tarea de explorar este vasto e intrincado territorio. Cada uno volvía a Europa con la propagación de la leyenda de “El Dorado”. Ella suponía la existencia de un reino indígena ubicado en el interior del continente que albergaba fabulosas riquezas: piedras preciosas, calles, plazas y palacios de oro. En lagunas se “criaba” el oro. Aunque los cartógrafos ubicaban este edén en varias partes, incluso en la sabana bogotana, la mayoría sospechaba que más bien se encontraba en territorio amazónico y concretamente en Manoa, poblado a orillas del lago Parima.

Uno de los personajes más controversiales de esta historia fue Sir Walter Raleigh, quien estuvo dos veces explorando Guayana. Escribió algunos libros sobre sus expediciones y búsquedas de “El Dorado”. En ellos afirmaba: “Para concluir diremos que Guiana es un país que aún conserva su doncellez que no ha sido violada ni saqueada, engañada o mancillada, su tierra no ha sido rota ni desgarrada, ni la virtud y gracia de su suelo ha sido gestada, sus sepulcros no han sido violados para buscar oro, sus minas no han sido rotas por las picas y barras, ni las imágenes de sus templos han sido profanadas o robadas.”

El mismo Raleigh cuando regresó desde Guayana a Europa llevó estaño. Él tenía igualmente conocimiento de los inmensos depósitos de hierro, cuya explotación inician los capuchinos en 1724. Tiburcio Vera descubre en 1926 el rico yacimiento de hierro en El Pao, a 35 Km al sur de la confluencia del Orinoco con el Caroní.

La faja de hierro se extiende desde la serranía de Imataca hasta las galeras del Cinaruco. La producción a gran escala comienza en 1950 y en 1962, cuando SIDOR inicia sus actividades. En 1850 son localizados aluviones auríferos del río Yuruani, a 250 Km al sureste de Ciudad Bolívar. Pero el primer hallazgo de importancia fue el de El Callao, en 1864, con el descubrimiento de un rico filón de oro, considerado como una de las principales minas del mundo entre los años 1879 y 1881. Surgen los pueblos de Guasipati, Tumeremo y Upata. A ellos llegan aventureros y explotadores ambiciosos. Aparece también un nuevo dorado: el del caucho o balatá. El Sr Goodyear inventa la rueda de caucho para la naciente industria automotriz. La Hevea guianensis, también conocida

como purguey, purvio, pendae y níspero, se convierte en el objetivo comercial. Se derriban numerosos árboles, una verdadera deforestación se protagoniza en la Sierra de Imataca y el Cuyuní, extendiéndose hasta las profundidades del estado Amazonas. El balatá se transporta por el río en planchas de 50 kilos hasta Ciudad Bolívar, donde están las casas comercializadoras.

Pero como aún hay más riqueza, en 1913, en las orillas del Caroní, en la zona de El Guri, hoy ocupada por la represa Raúl Leoni, se consiguen los primeros diamantes. Nace Santa Elena de Uairén. Vendría la historia de Jimmy Ángel, otro buscador de diamantes, quien aterriza con su Flamingo G-2-W sobre el Auyantepui, destruyendo la avioneta en 1937, pero descubriendo la cascada más alta del mundo. Un inventario de madera de 16 millones de metros cúbicos comienza a sufrir irreparables consecuencias. La formación vegetal de este territorio, que ha tomado 3.000 millones años, en 300 años el hombre ha dejado su huella destructora demasiado visible. Siguen llegando garimpeiros abriendo heridas como las de El Diamante, La Esmeralda e Imataca, envenenando los ríos con diversos químicos y sin observar la prohibición del uso de materiales tóxicos y de maquinarias hidráulicas, y causando lesiones en las hoyas hidrográficas de los ríos Caroní y la Paragua. De tal manera que de fiebre en fiebre, en apenas tres siglos, el ser humano “civilizado” ha ido convirtiendo el “infierno verde” en “desierto rojo”.

Esa depredación de las riquezas naturales de Guayana, específicamente de sus minerales, se ha convertido en un instrumento del régimen para captar la ayuda de mafias, de sectores terroristas, de grupos de delincuentes, con ansias muy apetecibles, devoradoras y de extracción, en forma indiscriminada, del nuevo “Dorado” venezolano. Se trata del Arco Minero, de más de 111 mil Km2, y que se estima contiene 7 mil toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de uso industrial. De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela. En este territorio conviven mafias, mineros ilegales, traficantes de drogas, junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, así como militares y exintegrantes de las FARC.

Uno de elementos explotados en el Arco Minero es el Torio, metal blando, para ser utilizado como combustible nuclear, pues es más abundante en la corteza terrestre que el uranio y es 90 % más poderoso en una explosión nuclear; además todo su contenido es utilizable en un reactor. En Venezuela se ha informado que soldados rusos e iraníes de Hezbolá están a cargo de su búsqueda. Particularmente existen dos yacimientos de torio, uno en el cerro Impacto en Amazonas y otro más pequeño en El Baúl, estado Cojedes. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de este mineral en el mundo.

Todas estas actividades ilícitas traen consigo pago de sobornos a militares y policías, así como cupos o vacunas que se entregan a grupos criminales, además de la presencia del narcotráfico. Esta es la realidad del saqueo del botín dorado de Venezuela, un tesoro que en vez de traer bienestar para la población venezolana, se ha convertido en objeto de crimen, corrupción, deforestación y muerte.

El Estado, en un sentido amplio, es tan antiguo como la sociedad misma, y de su origen, que se pierde en la historia, solo se tienen hipótesis. Los grupos constituidos trascienden más allá de lo doméstico, y a una familia se le une la otra, y a las dos primeras una tercera, creándose por multiplicación los grupos, los cuales se van desarrollando intelectualmente y adoptando un sentido propio, único e independiente de otros grupos humanos. A ello se le une una economía creciente que ve la necesidad de la agrupación en mayor escala para subsistir y defenderse.

El Estado, entonces, es el producto de una larga y lenta formación histórica y social, a la cual se le une el Derecho, pero su raíz se pierde al paso de los siglos. Es factible pensar que el ser humano sintió en ese grupo la necesidad de crear un poder coactivo que garantizase la paz interna y organizara la defensa en lo externo. Es así como el Estado es la creación del ser humano, de su cultura y sin él no puede existir.

Los griegos llamaron a su organización estatal “polis”, o sea, ciudad. Era un Estado miniatura con su derecho, su idiosincrasia, su estructura democrática sui géneris, donde se enseñaba la política al igual que un arte, creando así la ciencia política. No hay que confundir la noción de Estado con el de país, nación, gobierno, ni mucho menos con el de patria.

El concepto de Estado difiere según los autores, pero en general lo definen como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, contando con una soberanía interna y externa sobre un territorio. La definición clásica del jurista alemán Hermann Heller lo ubica como una unidad de dominación, independiente en lo interior y en lo exterior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial. Jellinek, desde la perspectiva social y jurídica, lo entiende como unidad de asociación dotada originalmente de poder de denominación, formada por hombres asentados en un territorio. Según al concepto de Derecho, agrega este autor, es la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder originario y asentada en un territorio, o la corporación territorial dotada de un poder de mando originario.

Todo Estado tiene un territorio, toda población se encuentra asentada en un territorio, y toda población y su territorio se encuentran unidos por un ordenamiento jurídico. Un territorio sin población no es más que un desierto. En realidad ni siquiera sería un territorio, sería una superficie perdida en el globo terráqueo. Y una población sin territorio o es nómada o no existe; y el ordenamiento jurídico es el poder unificador de territorio y población. De allí que pueblo, territorio y dominio no es una abstracción jurídica, sino una realidad efectiva que solo se inicia en la concurrencia de los tres factores. Dos de ellos (territorio y pueblo) son de naturaleza material; el tercer elemento (dominio o poder) pertenece al reino ideológico. La conclusión de lo anterior es la imperiosa e neludible necesidad de estas tres condiciones: territorio, población y poder para la existencia del Estado. Visto ello, se puede concluir, indefectiblemente, que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica.

La población la constituyen las personas que se encuentran en la superficie terrestre de un Estado, nacionales o no, estructuradas en una organización capaz de perpetuarla, de diferenciarla de otros conglomerados humanos circundantes y de constituirse en el fundamento del mismo. La población, entonces, puede definirse como el conjunto de seres humanos que constituye, por sus nexos, una colectividad fija, establecida sobre un territorio. El concepto de población tiene un sentido diferente al de pueblo. La población propiamente dicha es una formación natural, es una unidad política y es susceptible de contarse. Se trata de un grupo biológico, es un concepto genético, es la condición de existencia política, pero sin fisonomía propia, pues los fenómenos demográficos son iguales en todas las naciones. El concepto de pueblo va más allá de lo demográfico. El pueblo es el producto de la historia que ha ido uniendo, por nexos íntimos y a través de generaciones, a los seres humanos, como son una cultura específica, la religión, el idioma y una idiosincrasia que el devenir ha ido amoldando y consolidando, para llegar a tener su fisonomía, su propia conciencia. Un pueblo específico está determinado por su propia personalidad. Entonces, cada pueblo tiene su propio cuerpo físico que se mantiene mediante la reproducción natural.

El pueblo, en este aspecto natural, es la población, susceptible de ser captada por conceptos estadísticos y de las ciencias naturales.

La Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V) de Naciones Unidas señalaba que para el 5 de marzo de 2020 el número de estas personas venezolanas en el mundo alcanzó la cifra de 4.933.920, de los cuales 4.1 millones, aproximadamente, residían en países de América Latina y el Caribe, registrando la mayor inmigración venezolana Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Cierto que ha habido recientemente un número de retornados al país, pero no es una cifra tan enorme como los venezolanos que aún permanecen afuera. Venezuela se encuentra infiltrada de grupos cubanos, que han penetrado diversas instituciones públicas y oficiales, en áreas de tanta estrategia como seguridad y la propia migración. Se ha nacionalizado a iraníes, quienes junto con los chinos y rusos han penetrado áreas de producción de materia prima y de recursos básicos para el Estado. Grupos irregulares armados se han asentado dentro de la población, como guerrilla y paramilitares, así como mafias narcoterroristas, que penetran y se desplazan desde la línea limítrofe hacia los Estados fronterizos y al interior con la mayor impunidad y con la mirada pasiva de las autoridades. Estos indeseables atracan, roban, secuestran y raptan a la población venezolana.

Pero como si esto no bastara, la propia población que se mantenido sobreviviendo en Venezuela lo hace con unas condiciones sociales y económicas de extrema pobreza, con desnutrición infantil, mortalidad neonatal y con población adulta que se encuentra desnutrida y enferma. Es una especie de exterminio deliberado, que ha puesto a toda esta población en el mayor riesgo, en una situación de vulnerabilidad permanente. La población económicamente activa ya casi ni existe, porque las fuentes de producción, de trabajo formal, de prestación de servicios fueron aniquiladas. El campo y el medio rural ya no generan riqueza por el abandono en su apoyo de producción. Y el desempleo es la regla en el comercio, en las industrias, en las empresas, en los servicios personales y de atención masiva. La población venezolana, como medio para justificar la existencia del Estado, se encuentra en grave deterioro, disminuyendo y contando su descenso. La población venezolana tiene una mengua continuada.

Se trata del espacio donde se levanta y tiene su asiento la comunidad del Estado. Ocupa un espacio dentro del globo terráqueo, con una ubicación geográfica en latitud y longitud. El territorio con sus costas, montañas, lagos, pantanos, clima, depresiones, recursos naturales, fronteras y otras peculiaridades, constituyen, en sí, una unidad. En esta parte de superficie terrestre, delimitada mediante fronteras, el Estado ejerce su soberanía y dominio exclusivo. Sin territorio el Estado no puede concebirse. Sin territorio tampoco hay población. La propiedad esencial del Estado es la unidad e individualidad del mismo. Es la base de sustentación física de un pueblo organizado jurídica y políticamente, donde ejerce su poder.

El territorio comprende a su vez el espacio terrestre, el espacio aéreo, el espacio insular, el mar territorial, la zona marítima contigua y la zona económica exclusiva o mar patrimonial. En las últimas décadas ha cobrado también importancia la regulación jurídica del mundo cósmico o espacio ultraterrestre. El límite de todas estas porciones se denomina frontera, y es lo que en definitiva hace identificable al Estado. Pueden existir fronteras físicas y naturales, así como las convencionales o artificiales.

En el territorio habitan los ciudadanos en un plano de igualdad. Es la tierra con la cual está en relación la población, donde arraigan sus habitantes y tiene sus afectos, con sus recuerdos, la tierra de sus ancestros, no importa que sea grande o pequeña, rica o pobre. En ese espacio el ciudadano va generando una vinculación espiritual de amor que lo identifica con su región, haciéndolo diferente de sus vecinos en cuanto a valores y tradiciones.

El territorio posee una doble importancia jurídica. En el aspecto positivo, el Estado solo ejerce dominio sobre los seres que habitan en su territorio, incluyendo a los extranjeros. En el aspecto negativo, se prohíbe a toda potencia intervenir jurídica o moralmente sobre habitantes de un territorio que no es el suyo, excepto que lo permita un tratado político o de paz.

Sin contar que el Esequibo está en discusión y que los responsables de defenderlo y recuperarlo como parte de nuestro territorio han sido negligentes en instancias internacionales, el espacio venezolano está invadido. Bolívar y Amazonas han sido explotadas por extranjeros con total permisividad para extraer ilegalmente los recursos naturales de una tierra de gran emporio. Hay informes recientes de ONG’s según los cuales la zona limítrofe de Venezuela con Brasil y Colombia están tomadas por el narcotráfico e irregulares armados de la guerrilla, que controlan 2580 pasos fronterizos en una sola entidad federal, así como el mando en pasos fluviales, utilizándolos para el narcotráfico, el contrabando y hasta el paso de armas. Lamentablemente, no se han dado acciones concretas de las Fuerzas Armadas para detener esta invasión. Ni tampoco habrá “Zonas Estratégicas de Defensa Integral Temporal” que de manera efectiva detengan estas incursiones en territorio donde el Estado venezolano debería poseer y ejercer plena soberanía. Se ha revelado incluso que esos elementos de la guerrilla utilizan escuelas fronterizas como sus centros de reclutamiento y adoctrinamiento de niños. Todo eso sin contar la trata de personas que cometen, desplazándose a sus anchas por esas áreas limítrofes. Lo grave es que varios de esos grupos armados tienen presencia hasta en el interior del país, en estados como Trujillo, Lara, Falcón, Portuguesa, Guárico, Carabobo, Distrito Capital, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. Transparencia Venezuela informa recientemente que 9 bloques delictivos armados operan en el país y 15 grupos paramilitares o parapoliciales, extranjeros y nacionales, dominan la Nación. El territorio venezolano tiene una invasión continuada.

El Estado para existir requiere de un

ordenamiento que regule la voluntad de sus ciudadanos, estructurado jurídica y políticamente, en el cual se establezcan los derechos y deberes de los gobernantes y gobernados, y estar constituido por un conjunto de normas cuya supremacía le corresponda a la Constitución y a las leyes, que deben obedecer, observar y ejecutar, dirigidas a lograr los fines de justicia, seguridad jurídica y una vida abastecida para todos. Maurice Hauriou menciona que el Poder Público implica una libertad soberana que reside en el pueblo, ejercida a través de órganos constitucionales; es una energía dirigida hacia la consecución permanente del Estado de Derecho; y es una superioridad que gobierna a los ciudadanos asentados en un territorio determinado, mediante reglas establecidas que se deben poner en práctica para garantizar el orden constitucional.

El Poder Político es de derecho y realiza el derecho mediante la coacción, lo cual es un deber que el Estado cumple a través de sus órganos. Sin embargo, el Poder no es del órgano, sino del Estado, y ese poder en un régimen constitucional dominante está repartido con referencia a la ley. Es preciso agregar que la autoridad del poder se basa en la legitimidad y la confianza que la población le ha dado al depositario del poder, al cual se ha reconocido como una personalidad superior. Los detentadores legítimos del poder están en capacidad de tomar, por cuenta de la sociedad organizada, todas las decisiones que precisa la gestión de sus intereses generales, organización de la que deriva aquel poder coactivo, que permite a la voluntad así constituida, imponerse a los individuos con fuerza también legítima y dentro del marco de la ley.

El Poder Político en Venezuela está asaltado, atracado, secuestrado y manejado al antojo del crimen. Los órganos del Poder Público, con excepción del Parlamento Nacional, (en vía de extinción por un CNE espurio) no se han autolimitado ante el propio ordenamiento jurídico que deben crear, y que más bien vulneran, lo interpretan y aplican a su real conveniencia. Sus actos, lejos de propender al bien común, al bien público, de unificar hacia el orden, la justicia y la seguridad jurídica a las voluntades individuales y colectivas, degradan la dignidad humana.

El Poder Político en Venezuela, desde hace años, carece del sistema de pesos y contrapesos para que esos órganos sean controlables mutuamente. Existe una terrible confusión cuando los asaltantes del Poder Político creen que los titulares de esos órganos atracados son permanentes, no sujetos al principio alternativo en el ejercicio del poder, y pretenden perpetuarse en el tiempo, cometiendo sus desafueros, cuando en realidad es el Estado, como unidad política y social, el que posee la continuidad en el tiempo. Las generaciones pasan pero el Estado subsiste. El único órgano del Poder Público en Venezuela, reconocido con legitimidad, legalidad y autoridad, en la conciencia nacional y en las esferas internacionales, es el legislativo. Sin embargo, le colocan al lado a otro parlamento paralelo, tal como sucede con cualquier órgano de poder que no esté bajo el control de los atracadores. Sucede así, por ejemplo, con la figura -sin ninguna base constitucional- del protectorado. Los asaltantes y usurpadores del poder se han robado también la soberanía popular y, de manera descarada, el poder originario que reside ntransferiblemente en el pueblo de Venezuela. La autoridad del poder se ha convertido en una fuerza bruta, que con grupos policiales y militares se ha dado a la tarea de perseguir, detener, torturar, liquidar y ajusticiar a cualquier pensamiento que les parezca amenazante y sea expresión de disidencia, de reclamo, de información, de oposición, de ciudadanía aquejada o de liderazgo social. Sus actos, aparte de nulos de nulidad absoluta, se configuran como delitos graves de narcotráfico, terrorismo, corrupción, tortura, exterminio, crímenes de lesa humanidad, ultraje de la dignidad humana y violación de derechos humanos esenciales. El Poder Público venezolano es objeto de un atraco continuado.

Sin la presencia a cabalidad, con certeza, y en forma institucional de una población, de un territorio y de un poder público, hay que poner en duda la existencia de un Estado en Venezuela. No existe, con sus tres elementos constituyentes, un Estado que en su esencia sea una unidad colectivamente organizada, con acatamiento de un ordenamiento jurídico que le dé un piso de institucionalidad. No hay un ente que en derecho persiga como sociedad estatal el bien común, orientado por la Constitución y leyes de obligatoria observancia. En vez de imponerse un Estado sujeto al derecho y al bienestar colectivo, en el que gobernantes y gobernados acuerden quedar sometidos bajo los principios de igualdad, de corresponsabilidad, de respeto, de tolerancia, se ha impuesto por encima de ese Estado un interés personal de un cartel de criminales, que más que gobernar han dilapidado ingentes recursos públicos para intereses propios.

En Venezuela hace años se esfumó un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, que proveyera la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio transparente de la voluntad popular a través del sufragio, la construcción de una sociedad justa y pacífica, la promoción de la continua prosperidad y bienestar de la ciudadanía y la garantía del estricto cumplimiento de la Constitución y del ejercicio pleno de los derechos humanos. Venezuela es realmente un caso inédito del acontecer contemporáneo donde no existe Estado. Es una porción de tierra donde reina el caos y la anarquía.

En el año 2013 Malcolm Gladwell, periodista, escritor, ensayista y sociólogo inglés publicó su libro “David y Goliat: Desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes”. En esta obra Gladwell se centra en la posibilidad de que ocurran eventos improbables en situaciones donde un resultado pareciera muy favorecido hacia el contrincante. El texto contiene muchas historias diferentes de desvalidos que terminan superando las posibilidades. Personas con debilidades de partida han llegado más lejos que muchos que tienen el viento a sus espaldas. Y eso vale tanto para David frente a Goliat, una de las historias allí reflejadas, como para todos los Vietnam -civiles o militares- que en el mundo han existido. Hay una amplia gama de ejemplos en los que las principales desventajas percibidas de hecho resultan ser las claves del triunfo de los Davids contra los adversarios o situaciones similares a Goliat. La adversidad, la inadaptación, confieren una fuerza que hay que saber aprovechar. Entonces, el que parece poderoso no lleva siempre las de ganar. Gladwell no hizo más que actualizar un concepto bien conocido en la historia: el del conflicto asimétrico o la lucha entre el débil y el fuerte.

El conflicto asimétrico, bien estudiado por la historiografía militar estadounidense en pleno fiasco de Vietnam, precisa que su resolución depende de la legitimidad de las partes.

El lado fuerte gana si sabe persuadir al débil de que su autoridad es legítima. Y a la inversa, la parte débil gana si sabe sostener y mantener que el comportamiento de la parte fuerte es ilegítimo. Conclusión: en el conflicto asimétrico se gana más por psicología que por fuerza.

“Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano” (Samuel 17, 49-50). Pues bien, este relato bíblico es la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso, un recuerdo de que aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfante. Es una peculiar metáfora que se ha extendido por todo el planeta, en cuanto que da forma al universal anhelo de poder decidir nuestra suerte por nuestra propia mano, sin encontrarnos sometidos a influencias externas.

Lo que hace parecer fuerte a Goliat es su mayor debilidad. Al menos, lo teníamos claro hasta que Gladwell reformula el mito. Parece que más bien David lo tenía ganado desde el principio.

En ningún momento Goliat podría haber vencido, afirma el escrito, y era algo que tuvieron muy presentes los primeros transmisores de la historia. Se suele olvidar que David iba armado con una honda, un arma de largo alcance, mientras que Goliat, por su gran tamaño, estaba especializado en el cuerpo a cuerpo. Por ello, el filisteo le dice a David “ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo”. En opinión de Gladwell, es un detalle esencial. No demuestra sólo que Goliat era un bravucón, sino que le interesaba que David se acercase.

“Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se levantó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo”, cuenta la Biblia. En realidad, lo que cuenta la historia es que David consiguió ganar haciendo imponer sus virtudes sobre las de su adversario, con el que se encontraba en casi igualdad de condiciones. Goliat lo habría destrozado en un combate cuerpo a cuerpo, pero probablemente David era un virtuoso de la honda, con la que había pasado toda su existencia derribando a leones y lobos. Ciertamente, en realidad, la honda era una tecnología muy superior a la armadura y la lanza de Goliat.

La fortaleza es sólo una apariencia, recuerda Gladwell. Todos los Goliats tienen importantes puntos débiles que un enemigo avezado puede descubrir y aprovechar.

Si el más fuerte gana todas las batallas, no hay ninguna esperanza para el resto de nosotros. Si los mismos que tienen todo el poder, todo el dinero y toda la fuerza son los que van a ganar todas las peleas, ¿para qué vamos a seguir adelante? Así que esta historia sirve para los que no tenemos grandes esperanzas pensemos que de vez en cuando podemos llegar a la cumbre. Eso es absolutamente cierto, y es de lo que tratan las historias de los desvalidos.

El Goliat en Venezuela ha pretendido imponer su temeridad, su fuerza bruta, su poderío, su imparable represión

a la gran mayoría de los venezolanos, tratando de inocular miedo y pretendiendo hacernos sentir los débiles en este conflicto asimétrico.

Desde el establecimiento del chavismo como corriente política en Venezuela a finales de los años 90’s, surgieron grupos sociales de tipo comunitario autodenominados “colectivos”, que apoyan al chavismo y al madurismo. Estos grupos manifestaban al comienzo estar dedicados a la promoción de la democracia, de grupos políticos y actividades culturales. Sin embargo, la mayoría de ellos han venido actuando como grupos paramilitares para la defensa del régimen. Sus conductas de intimidación y hasta hechos delictivos, con el apoyo del Estado, los hicieron intervenir frecuentemente en las marchas opositoras para arremeter contra los manifestantes. Finalizando su mandato en 2018, Nicolás Maduro solicitó públicamente en diversas ocasiones estar preparados para el combate en caso de que sucediera un golpe de Estado en su contra o una intervención militar extranjera, alimentando aún más la actitud hostil de estos grupos.

Pero estos colectivos no han sido los únicos grupos que infunden temor en la población civil. Desde que se inició el mandato de Maduro en 2013, las fuerzas de seguridad del Estado también han sido empleadas como instrumentos de intimidación, persecución y tortura. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en todo momento violando la Ley, pero con apoyo del Estado, realizan operativos en los sectores populares del país para supuestamente combatir la delincuencia, pero con la aplicación de ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles desarmados. Últimamente su función se ha circunscrito tanto a intimidar, apresar y violentar la integridad física y psíquica de dirigentes de la oposición, periodistas, médicos y cualquier venezolano que ose dejar en evidencia el comportamiento brutal del régimen en la violación de todos los Derechos Humanos, como en cometer las más abyectas fechorías relacionadas con la corrupción, el narcotráfico y la vinculación con grupos armados terroristas, especialmente la guerrilla colombiana y el Hezbolá. El propio narco Estado venezolano ha criminalizado de facto la protesta. La práctica frecuente es acusar de traición a la patria a cualquier manifestante, quienes en detrimento de sus derechos constitucionales, son enjuiciados en tribunales militares, aunque estos tribunales existen solo para procesar militares, no civiles. En otras ocasiones, una simple imagen, tomada en ejercicio de la libertad de expresión y de difusión convierte al usuario de la red en infractor que incurre en instigación al odio.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en informe ha documentado cómo las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado las detenciones arbitrarias como mecanismo para intimidar a los disidentes del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente denuncia el escrito que las personas detenidas con frecuencia han sido sometidas a torturas y tratos crueles. Asimismo se expone en el informe casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. Inclusive se ha denunciado que la ministra del Servicio Penitenciario ha liberado reos en ocasiones para arremeter contra la población. Caso omiso hace el monstruo de las exigencias de organismos internacionales de paralizar estas arremetidas.

La tendencia en la alta esfera del chavismo es la difusión de odio en contra de la oposición venezolana, quien es vista no como un adversario político sino como un enemigo que se debe erradicar. En programas transmitidos por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), se acusa públicamente de distintos delitos a varios individuos de oposición, aun sin presentar pruebas de sus acusaciones. Incluso el propio Nicolás Maduro en 2018 amenazó con aplicar ejecuciones extrajudiciales a cualquier opositor que considerara “terrorista”, esto en alusión al asesinato del exfuncionario Óscar Pérez en manos de efectivos de seguridad del Estado. El arma del temible Goliat venezolano es la aplicación de la fuerza, del terrorismo de Estado, y del combate en posición de total asimetría contra un pueblo desvalido, desnutrido, hambriento, cansado, enfermo, agotado, lleno de miedo y ahora desprotegido ante una terrible pandemia, en la que el régimen juega a su sostenimiento en el poder, controlando la ausencia de combustible y dejando a la buena de Dios a los contagiados, con una supuesta improvisación en la atención médico hospitalaria. Es la perversidad la que blande el mango de la lanza de este Goliat. Estas son sus armas que presuntamente lo muestran como indestructible.

Lo primero por hacer como presuntos débiles es restaurar la más firme convicción que después de un mal final para Goliat, viene un nuevo y mejor comienzo para David. Si caemos en la trampa de la desmoralización con la cual el régimen nos quiere inculcar, para mantenernos pasivos, y con ello arrinconarnos hacia el precipicio, como dijo Mons. Baltazar Porras el pasado 02-08-2020 en la misa para conmemorar a la virgen María en su advocación de la Rosa Mística, seremos una sociedad muerta. Los Davids todavía tenemos un hálito de esperanza y una capacidad así sea mínima de reacción. En el primer semestre de 2020 se registraron alrededor de 4500 protestas en todo el país.

Luego de rescatar esa proyección hacia un horizonte promisorio, hay que encauzar y canalizar apropiadamente las exigencias y demandas sociales, económicas y políticas. La oposición indudablemente ha sido torpe en diagnosticar las fortalezas que tenemos como supuestos débiles y en planificar una efectiva estrategia de lucha, que nos permita sacar del bolsillo la honda que dé en el blanco. No podemos depender solo de una –parece ya lejana- intervención externa. Todo parece indicar que si comenzamos nosotros mismos a examinar cuáles son las armas con las que posiblemente ya contamos y no las hemos apreciado o las hemos

ignorado, hay grandes probabilidades de vencer al monstruo. Tal vez así haya mayor concreción en el acompañamiento de los aliados externos.

El Goliat perverso está herido. Tiene su flanco débil. Tiene muchos frentes abiertos que lo tienen también acorralado. Por ejemplo, su fuente de financiamiento del narcotráfico se le cierra gradualmente y lo pone en vías de asfixia. Su legitimidad ante el mundo la tiene en el subsuelo. La corrupción, desmantelando hacia el exterior el erario público, se persigue hasta con recompensa. Ante tantos golpes los débiles debemos seguir persistiendo en abrirle aún más esas lesiones para convertirlas en mortales. ¿Y cómo se hace eso? Con el arma que todos tenemos, con la honda que todos poseemos. Cada quien desde su plataforma, con sus propios recursos, con sus habilidades y destrezas podemos tumbar a ese Goliat presuntamente imbatible. Si al régimen no le gusta la buena educación, pues los educadores deben seguir ilustrando, enseñando, formando, encendiendo y manteniendo esas luces para atacar la ignorancia con la que Goliat quiere oscurecernos. Si al régimen le molesta la protesta, hay que proseguir, colocándolo en evidencia como el mayor violador de los DDHH, y hay que seguir mostrando al mundo todas esas fechorías. Si al régimen le da urticaria que los médicos exijan mejores condiciones para su labor asistencial, por tener un sistema de salud totalmente colapsado, y en el más grave deterioro, hay que seguir reclamando por la salud integral. Si los servicios públicos están totalmente inservibles, y el régimen continúa suspendiendo su prestación adecuada, hay que continuar demandando la continuidad con calidad de los mismos. En fin, cada David debe seguir en su rol desempeñando con excelencia lo que sabe hacer, indudablemente no dando oportunidad para dejarse atrapar, midiendo la reacción del Goliat y preservando su ntegridad. Debemos, como David, mantener que el comportamiento del Goliat es ilegítimo, maligno y traidor. Entonces, los débiles ganaremos más por la estrategia, la psicología, la coordinación, que por la fuerza. Mientras nos mantengamos en esa tónica, aparecerán los liderazgos apropiados, los que realmente estén consubstanciados con nuestros planes, con nuestras pericias, con nuestras aspiraciones, con la recomposición de nuestro horizonte.

Esta lucha puede acabar sólo de dos formas. O Goliat nos sigue invitando a acercarnos a él y nos aplasta totalmente, o como David, con astucia, mayor inteligencia y habilidad le ponemos la piedra en todo el frente, ganando lo que parecía perdido.