GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOCIEDAD
El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Transparencia en relación con la información vinculada a la investigación de delitos ¿Qué sí y qué no se puede o debe publicitar?
Fiscalía General del Estado de Guanajuato
INTRODUCCIÓN
En el Informe del entonces Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, presentado de conformidad con la resolución 16/4 del Consejo Nacional de Derechos Humanos, de fecha 4 de septiembre de 2013, se precisa que el derecho de acceso a la información incluye tanto el derecho general del público a tener acceso a la información de interés general, así como a información referente a ellos mismos que pueda afectar a sus derechos individuales.
Asimismo, en dicho informe se señala que las autoridades intervienen como representantes del público, ofreciendo un bien común; por ello, en principio, sus decisiones y acciones deben ser transparentes, puntualizando que existe un fuerte interés en la divulgación de algunos tipos de información, lo que puede influir en el goce de otros derechos por las personas y que, en algunos casos, la información sólo puede considerarse reservada, como mucho, en circunstancias excepcionales, mismas que no pueden poner en peligro la esencia de tal derecho, y mucho menos cuando la información solicitada está relacionada con violaciones a los derechos humanos.
Bajo tales premisas, es que en la Fiscalía General del Estado se patentiza la visión y el compromiso institucional de transparentar nuestro actuar bajo un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos, pugnando por la máxima publicidad como principio rector de actuación en la materia, lo cual no implica que el ejercicio del derecho de acceso a la información sea absoluto, pues como quedó señalado, éste puede ser restringido excepcionalmente y sólo en la medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales.
Situados en este punto y tomando en consideración la función sustantiva que por regla general tiene encomendada esta Representación Social investigación y persecución de los delitos , es que la comisión de una conducta delictiva impacta significativamente no sólo en quienes resienten las consecuencias lesivas del acto, sino que, en particulares casos por sus alcances y efectos mediáticos , el eco trasciende a la generalidad, vulnerando la tranquilidad y tejido social.
Ante esta situación, por una parte, surge en la sociedad la necesidad legítima y genuina de conocer los avances y resultados de las investigaciones; mientras que, por otra parte, la autoridad en este caso, la Fiscalía General del Estado , debe ser muy cuidadosa con la información que conforme a derecho puede hacerse pública.
En ese sentido, la presente Guía busca, desde un lenguaje claro, sencillo y con la ayuda de ejemplos, explicar la complejidad que implica el dar a conocer información vinculada con la investigación y persecución de delitos, sobre todo considerando los esquemas actuales bajo los cuales operan y se allegan de información los grupos criminales.
Así pues, en las siguientes líneas y de manera general, se expondrá el marco jurídico que regula el derecho de acceso a la información y, posteriormente, se presentarán algunos ejemplos que nos permitan dimensionar los efectos de publicar determinada información, bajo el propósito de que la opinión pública y la ciudadanía en general cuenten con elementos que permitan poner en contexto y perspectiva tan delicada función.
Finalmente, resulta importante puntualizar que esta Guía no resulta vinculante, es decir, no tiene carácter obligatorio para el ejercicio de nuestras funciones, siendo su única intención la de presentarse como una herramienta orientativa a disposición de la sociedad en general, puntualizando que dependerá de las circunstancias especiales de cada hecho para determinar caso por caso el grado de apertura de la información que conforme al marco jurídico aplicable resulte factible dar a conocer institucionalmente.
MARCO JURÍDICO
Ø Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De conformidad con lo establecido en la fracción I, apartado A, del artículo 6o de nuestra Carta Magna, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
Ø Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
En el marco del derecho internacional, el derecho a la información se reconoce en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión y numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección .
Ahora bien, reconocer tal derecho a la información ha conllevado aceptar a su vez que tal prerrogativa puede estar sujeta a limitaciones conforme a lo previsto en el artículo 19.3 del Pacto previamente señalado, en el que se precisa que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Ø Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El numeral 4 de la legislación en cita, dispone que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, precisando que, de manera general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, las leyes de las entidades federativas y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivas competencias.
No obstante ello, dicha disposición a su vez refiere en esencia y conforme al ámbito de atribuciones de esta Representación Social que la información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público conforme a los términos establecidos por la ley mencionada.
Conforme a lo anterior, en el artículo 112 de tal legislación general, se estable un catálogo de información que podrá clasificarse como reservada, destacando para los efectos del presente instrumento y, particularmente, en atención a nuestra esfera competencial, aquella información cuya publicación:
• Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de una persona denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
• Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.
• Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en dicha Ley General y no la contravengan; así como las previstas en los tratados internacionales.
Bajo tales premisas, y derivado del esquema de excepciones al derecho de acceso a la información reconocido a nivel constitucional y convencional, a continuación, tomando como referencia las restricciones legales particularmente las vinculadas a la investigación y persecución del delito a las que se hace alusión en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se presentan diversos ejemplos a fin de explicar con mayor claridad los supuestos en que, conforme a las particularidades de cada caso, pudiera resultar inviable la publicación de determinada información.
EJEMPLOS
I.
VINCULADOS
A LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS
Información que pueda causar daño u obstruya la persecución de los delitos / altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación / afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en tanto no hayan quedado firmes / afecte la seguridad de una persona denunciante, querellante o testigo, familias
Al respecto, a continuación se exponen algunos ejemplos o situaciones fácticas que pudieran actualizar los supuestos a los que alude la ley de referencia:
- Dar a conocer el estatus o avances en las investigaciones. La persona o personas involucradas en la comisión de un delito de impacto mediático suelen estar al tanto de los posicionamientos que al respecto lleven a cabo las autoridades ministeriales, de ahí que en determinados casos, el informar sobre el estatus o avances de las carpetas de investigación, pudiese comprometer el éxito de las mismas (permitiendo anticipar acciones de la autoridad y ocultar o destruir evidencia), así como incentivar a estas personas a sustraerse del ejercicio de la acción penal particularmente, en aquellos asuntos en que la investigación esté judicializada y/o con orden de aprehensión vigente, cambiando de domicilio, medios de contacto, o bien, evitar lugares donde pueden ser ubicados o inclusive poner en riesgo a personas terceras involucradas, pues las y los presuntos responsables pudieran ejercer sobre éstos acciones intimidatorias o incluso atentar contra su integridad a efecto de alterar el rumbo de las indagatorias y/o causas penales respectivas.
- Otorgar datos o referencias de persona o personas presuntas responsables identificables o identificadas dentro de carpetas de investigación. De proporcionar tal información se pone en riesgo el debido proceso, pues se vulnerarían las prerrogativas de tales personas para su adecuada defensa en
detrimento de la pretensión de esta representación social de procurar justicia, al tiempo de atentar contra el principio constitucional de presunción de inocencia.
- Brindar datos o referencias de persona o personas identificables o identificadas como víctimas u ofendidos de delitos. Además de poner en riesgo su propia seguridad e integridad por las represalias que esto les pudiera implicar, con la consecuente repercusión negativa en las investigaciones ministeriales correspondientes, ello propiciaría escenarios de revictimización para las mismas (resentir nuevamente experiencias traumáticas, generándose afectaciones psicológicas o emocionales, sobre todo en casos de índole sexual y/o que involucren a niñas, niños y adolescentes) y, en ese sentido, la vulneración de sus derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con la dignidad, privacidad y protección efectiva por parte de las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones respectivas.
- Otorgar datos o referencias sobre hechos delictivos en particular. Si bien se pensaría que tal situación podría aparentemente corresponder a información estadística que puede otorgarse, habría que tener en cuenta que la recopilación de tales datos o referencias en contraste con información que pudiera ser obtenida a través de diversas fuentes, es decir, el acopio y análisis de piezas dispersas, pudieran utilizarse con la finalidad de llegar a una visión de conjunto, lo cual hace posible deducir de hechos independientes, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines contrarios a los objetivos institucionales.
- Dar a conocer manuales de procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de dictámenes. La difusión de tales instrumentos permitiría a los infractores anticipar mecanismos para el análisis de las probanzas y diseñar esquemas de evasión para desvirtuar los indicios, así como el ocultamiento o alteración de los mismos.1
Información que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público
No resulta jurídicamente viable difundir información contenida en carpetas de investigación. Para mayor referencia e identificación de los alcances de tal restricción, en ciertos casos, pudiera considerarse como información reservada la siguiente:
1 Como insumos para la integración de los ejemplos mencionados se retomaron diversas consideraciones contenidas en los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para Elaboración de Versiones Públicas” (en adelante, Lineamientos Generales), expedidos por el otrora Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo objeto si bien consistía, en esencia, en establecer criterios para la clasificación de información con motivo de: i) la recepción de solicitudes de acceso a la información; ii) por resolución de autoridad competente; o bien, 3) para generar versiones públicas en cumplimiento a obligaciones de transparencia, se considera resultan orientadores para el presente ejercicio particularmente las consideraciones previstas en el lineamiento vigésimo sexto .
• Indicios que se reúnen para el esclarecimiento de los hechos
• Datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño 2
Asimismo y de manera más detallada, resulta importante tomar en consideración lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone, en su artículo 218 lo siguiente:
“Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.”
Al respecto, resulta orientativo lo previsto por el numeral 217 del instrumento normativo previamente aludido, en el cual se señala que el Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, correspondiendo éstas, en esencia y por la naturaleza propia de una investigación ministerial, a actos de investigación.
Bajo tales premisas, y de manera enunciativa, más no limitativa, se pudiera inferir que no se podrá tener acceso a información relacionada y/o vinculada a los siguientes actos de investigación, en su caso, contenidos en carpetas de investigación:
• Inspección del lugar o del hallazgo; de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; de personas; o de vehículos.
• Revisión corporal.
• Levantamiento e identificación de cadáver.
• Peritajes.
• Aportación de comunicaciones entre particulares.
• Reconocimiento de Personas.
• Entrega vigilada y las operaciones encubiertas.
• Entrevista de testigos y/o imputados.
• Recompensas.
• Exhumación de cadáveres.
• Órdenes de cateo.
• Órdenes de aprehensión y/o comparecencia y/o citación.
• Intervención de comunicaciones privadas y correspondencia.
• Toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la personas requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a ser examinada.
• Entre otros actos de investigación.
2 Como insumos para la integración de los ejemplos mencionados se retomaron las consideraciones contenidas en los Lineamientos Generales particularmente las previstas en el lineamiento trigésimo primero .
Información que por disposición expresa de una ley o tratado internacional tengan carácter de reservada
Para mayor esquematización sobre el supuesto de referencia, vinculado a temas de investigación y persecución de delito, resulta aplicable la porción normativa aludida en el apartado que antecede (artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
II. VINCULADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD PERSONAL
A la par de la información, datos y/o referencias que requieren de un tratamiento especial respecto a su publicidad por estar vinculadas a la investigación y persecución de los delitos, existen otros supuestos de similar naturaleza, mismos que a continuación se exponen bajo el esquema utilizado en el apartado anterior.
Información que comprometa la seguridad pública Conforme al ámbito de atribuciones de la Fiscalía General del Estado, se pudiera actualizar el supuesto de referencia, en caso de otorgar información respecto de:
- Número de Agentes de Investigación Criminal con que cuenta la institución.
- Número de servidores públicos que prestan sus servicios en un espacio físico determinado e identificado en la institución ya sea agencias del ministerio público, laboratorios, oficinas administrativas, etc. , pues ello permitiría dimensionar la capacidad de respuesta de cada inmueble, trayendo consigo un riesgo de seguridad, pues se facilitaría la identificación de sedes con menor densidad operativa, permitiendo a grupos delictivos planificar incursiones o ataques.
- Número y tipo de armamento o equipo táctico, tecnológico y científico, así como demás información vinculada a dichos rubros.
- Detalles técnicos sobre sistemas tecnológicos o informáticos; así como de bases de datos vinculadas a la investigación de delitos.
- Características sobre bienes y servicios especializados utilizados institucionalmente para la persecución de delitos.
- Entre otros rubros de naturaleza similar.
Lo anterior, ya que de otorgarse tales referencias se estarían revelando datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones de seguridad pública entre éstas, la Fiscalía General del Estado , sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicación, así como el riesgo latente de que los grupos delictivos aprovechen tal información a efecto de evadir las técnicas y metodologías de investigación institucionales, comprometiendo directamente la operatividad y los resultados de las estrategias de persecución penal.3
Información que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física
3 Como insumos para la integración de los ejemplos mencionados se retomaron las consideraciones contenidas en los Lineamientos Generales particularmente las previstas en el lineamiento décimo octavo .
Se pudiera actualizar el supuesto mencionado en caso de:
- Brindar información y/o referencias que identifiquen o hagan identificables a servidoras y servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado, cuya función se vincule directamente con la investigación del delito personal ministerial, agentes de investigación criminal, peritos, analistas de información, personal de psicología, trabajadoras sociales, entre otros .
- Otorgar información sobre personas físicas o jurídico colectivas que presten bienes y servicios a esta Fiscalía General del Estado, vinculados directamente a la investigación de los delitos, equipamiento táctico, tecnológico y científico, desarrollos tecnológicos, entre otros de análoga naturaleza, pues su exposición e identificación facilitaría la interrupción de la cadena de suministro de insumos especializados o el desarrollo de tácticas de evasión por parte de la delincuencia.4
- Número de servidores públicos que prestan sus servicios en un espacio físico determinado e identificado en la institución (supuesto desarrollado en el apartado anterior).
COMENTARIOS FINALES
• La presente Guía se erige como una herramienta de comunicación con la sociedad, que permita un mayor acercamiento y conocimiento sobre el quehacer institucional, principalmente, en temas vinculados a la investigación y persecución de los delitos y, particularmente, el identificar y visibilizar las implicaciones que conlleva publicitar determinada información, pugnando en todo momento por un equilibrio y salvaguarda de los derechos individuales y colectivos que amerita tan delicada función.
• La visión de la Fiscalía General del Estado es, en todo momento, pugnar por la transparencia y acceso a la información, sin olvidar y tener en cuenta los supuestos de excepción a tal prerrogativa que constitucional y legalmente debemos observar en los casos que fáctica y jurídicamente resulten procedentes.
• El resguardo de información como la mencionada en esta Guía es, en última instancia, una medida de protección para la sociedad en general, toda vez que cualquier vulneración a la operatividad táctica y científica comprometería directamente el derecho a la justicia de las víctimas del delito, mismas que para esta Representación Social se constituyen en el centro de toda acción institucional.
• Resulta importante precisar que la información a que se alude en los supuestos de excepción mencionados en la presente Guía, por regla general, sí sería susceptible
4 Como insumos para la integración de los ejemplos mencionados se retomaron las consideraciones contenidas en los Lineamientos Generales particularmente las previstas en el lineamiento vigésimo tercero .
de publicitarse cuando ésta se brinde solo de manera estadística, así como aquella vinculada a resultados o acciones institucionales generales.
• Como ha quedado plasmado en la Guía, dependerá de las circunstancias de cada caso en particular para determinar si conforme al marco jurídico aplicable es procedente publicitar o no información vinculada con la investigación de delitos.
• Finalmente, no se omite mencionar que si bien la Guía se presenta como una herramienta de apoyo y orientador para la sociedad en materia de transparencia particularmente en temas vinculados a la investigación y persecución de los delitos , las cuestiones relativas a la clasificación formal de información dentro del procedimiento de acceso a la información pública se realizarán en observancia a lo dispuesto en la ley general y local en la materia, de ahí que tal instrumento en ningún caso pudiera considerarse como un acuerdo de carácter general ni particular para clasificar información.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como numeral 39 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
Abril de 2026 Guanajuato, Guanajuato