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(Re)Construyendo democracias: El continuo ejercicio cívico Autor: William J. Román Rivera, MA Educador OEG

And to draw us near and bind us tight. All your children here, in their rags of light. In our rags of light, all dressed to kill. And end this night, if it be your will, If be your will, if be your will. Leonard Cohen[1]

I. El sofocante abrazo hacia el autoritarismo En una época patentemente convulsiva, repleta de conflictos reales ineludiblemente escoltados de narrativas vehementemente encontradas, en la cual toda premisa es susceptible al desmenuce interminable en los medios de comunicación y las redes sociales, me surgen varias interrogantes sobre el estado de situación del servicio público y la relación que guarda ese servicio público con la democracia. A pesar de estar bombardeados con tanta información, tanto contenido, tanta controversia, ¿hemos perdido de perspectiva inquietudes legítimas, sobre un patrón observable de un giro hacia el autoritarismo en sociedades declaradas como democráticas?[2] ¿Nos encontramos en una de aquellas rupturas de paradigmas históricas en la que la democracia en sí se pone en cuestión? Aun reconociendo las variedades de democracias que existen en el sistema internacional actual, cuando utilizo el término democracia me refiero a aquellas entidades políticas en las cuales existen remedios ante posibles abusos de poder (conferido o delegado) contra los derechos humanos, derechos individuales o derechos colectivos de la ciudadanía. [1] Cantautor y poeta canadiense. [2] El Varieties of Democracy (V-Dem) Research Project es un proyecto investigativo independiente y parte de un instituto académico de investigaciones multidisciplinario que recoge datos sobre el estado de diversas democracias a nivel internacional que compara calidad de democracia utilizando rangos como características liberales, participativas, igualitarias, deliberativas y electorales. En el último reporte, la 10ma edición, publicada en marzo del 2026, se describe una reversión marcada de democracias tornándose autoritarias, con números consistentes al año 1978. De acuerdo con los datos presentados, el 41% de la población global se encuentra viviendo en regímenes autocráticos o en vías de autoritarismo.

Además, los modelos democráticos basan estos remedios con fundamentos en Derecho, conforman gobiernos representativos constitucionales establecidos bajo la normativa de “decide la mayoría, siempre y cuando también se protejan los derechos de las minorías”[3]. Es una cuestión cargada, sin lugar a duda, pero es crucial para toda democracia que sus ciudadanos, sus habitantes y, específicamente, sus servidores públicos puedan problematizar y exigir más de sus instituciones estatales y gubernamentales en vez de solo participar en meras pantomimas de armonía para disimular un “orden” social. Para la supervivencia de un servicio público digno e íntegro en una democracia, ni el sentimiento de placidez ni la comodidad se deben confundir con los objetivos positivos de efectividad, calidad de justicia o verdadero equilibrio y ecuanimidad social. Esto es y debe entenderse como una cuestión de compromiso ético con la democracia en un mundo cambiante. La robustez de un sistema democrático depende de impulsar diálogos complejos. 2

Diálogos donde se enfrentan múltiples visiones, y en donde se fortalecen los pilares de una sociedad dinámica y capaz de conciliar posiciones encontradas sin una dependencia de persistente violencia institucional. Este dinamismo democrático incluye, pero no se limita a: a) el respeto y la tolerancia ante genuinas diferencias de opinión, b) una disposición en atender los conflictos a través de espacios públicos y cooperativos, c) espacios de comunidad bajo un marco legal-jurídico y reglamentario independiente que recojan normas consuetudinarias de sana convivencia y praxis participativa que estén claramente designados y basadas en una buena fe de todos aquellos que participen, o sea, espacios que el teórico Jürgen Habermas describía como una “acción comunicativa”. Esta dinámica no está libre de conflicto ni de malentendidos, pero reconoce el esfuerzo necesario para crear consensos o soluciones en conjunto, sean de naturaleza temporeras o por plazos a ser determinados. Es en esta visión democrática, que se basa su continuo desarrollo y perfectibilidad y en donde se ubica al Estado, como árbitro, protector y, en ocasiones, proveedor de instrumentos, de procesos y de respuestas. De igual modo, alude al vínculo directo y recíproco que tienen estos derechos con la conciencia social, responsabilidad ciudadana, el servicio público y el rol de la sociedad civil.

[3] Concepto existente desde las épocas de democracia ateniense y la república romana, aunque reforzados con los insumo filosóficos y legalistas de fundadores constitucionales en los Estados Unidos de América, como, por ejemplo, el tercer presidente de los EE. UU, Thomas Jefferson.

No obstante, esta visión democrática no está libre de críticas o de detractores. Este escrito tiene la intención de analizar algunos de aquellas críticas provenientes de movimientos y discursos reaccionarios, antipluralistas, antidemocráticos y autoritarios. Por consiguiente, intento entender las justificaciones ético-morales y lo que pretenden ofrecer estas corrientes como remedios para aquellas posibles falencias de la democracia liberal. Con este ensayo, se busca reflexionar las posiciones críticas a la democracia, pero también recalcar la importancia y el valor inherente de mantener el ejercicio democrático como mecanismo que construye consensos y desarrolla potencial social. El servicio público, y los servidores públicos, tienen una función clave para transformar y promover la práctica del ejercicio democrático en las instituciones y en las sociedades que conformamos. El propósito entonces es resaltar al servidor público como un agente integral de estos valores democráticos y un bien público en sí. A continuación, las diversas modalidades de autoritarismo existentes, cómo se presentan y qué intentan ofrecer comparado con las democracias.

II. Autoritarismo: Definiciones, modalidades y justificaciones éticomorales Para ser un término potencialmente chocante cuando es utilizado, ¿sabremos definir autoritarismo de una manera completa y profunda? Las características de regímenes autoritarios pueden ubicarse en un engorroso espectro ideológico, psicológico, sociocultural y económico político, pero consistentemente mantienen los siguientes fundamentos: la concentración de poder, la centralización institucional de autoridad y el culto a la personalidad hacia una persona o hacia un grupo reducido. Entonces a pesar de que puedan existir diversas modalidades de autoritarismo, todos estos regímenes tienen en común una tendencia centrípeta[4], inconsistencias discursivas, arbitrariedad legaljurídica que favorezca ciertas esferas de poder, erosión de la independencia fiscalizadora, el uso de políticas y recursos públicos para segregar, castigar y criminalizar minorías. Acompañado de esta concentración de poder, está la desarticulación de salvaguardas sociales e institucionales (periodísticas, científicas y académicas) a quienes ocupan las posiciones de poder. Esto puede resultar en un teatro de sombras, un proyecto de manufacturar consentimiento que eleva la “ley y orden” pero que no atiende los problemas reales de las poblaciones.

[4] Perspicazmente descrito por Papa Francisco I cuando fue cuestionado sobre la popularidad creciente de movimientos de ultraderecha en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre para el medio noticioso NB Now (antes conocido NotiBomba) en el 2023. El término alude a una tendencia de la física en la cual la fuerza de objetos que tienden a moverse hacia su centro o atrae hacia su propio centro. 3

A lo contrario, estas maquinaciones objetivamente sujetan a sus poblaciones a menos libertades y más restricciones caprichosas a derechos previamente reconocidos y consagrados a través de hitos históricos y sacrificados esfuerzos colectivos. Antes de tratar de comprender cómo los autoritarismos llegan a convencer sus poblaciones (o, específicamente, sectores influyentes de tales poblaciones) conviene precisar las diferentes modalidades de autoritarismos existentes en nuestro pasado reciente, ya que no hay solo una versión monolítica de autoritarismo sino una gama compleja, insertada en contextos históricos y culturales dispares.

III. Totalitarismos: Fascismo, Estalinismo y Dictaduras absolutistas El fascismo es una ideología autoritaria y reaccionaria por naturaleza, o sea obsesionada con jerarquías tradicionales de poder social y económico. Sus discursos están empapados de agravios percibidos, pero también de reclamos populares reales sobre un sentimiento de falta de seguridad (física, económica y/o sociopolítica). Entre sus características principales, el fascismo utiliza narrativas inundadas de nostalgia nacional en conjunto con mitos basados en un pasado colectivo idealizado[5], que en muchas ocasiones es totalmente ficticio o altamente distorsionado. Igualmente, esta modalidad autoritaria acostumbra el uso de categorías identitarias simplistas con lenguaje cargado y de peso existencial. En otras palabras, el discurso gira alrededor de un “nosotros contra ellos”. “Ellos” o este “otro”, en este contexto, no es solamente descrito como mera oposición a un programa político con ideas distintas, aunque respetables, sino como una amenaza existencial a la totalidad de la comunidad política nacional. No se basa en tolerancia sino en justificar respuestas extremas a problemas que describe como extremos. Además, esta ideología autoritaria se nutre de responsabilizar las problemáticas socioeconómicas, culturales y espirituales sobre comunidades minoritarias a los márgenes de dichas sociedades. Asimismo, inmigrantes, grupos étnicos o religiosos minoritarios, identidades sexuales o de género no-tradicionales, al igual que movimientos sociales críticos y políticamente desalineados del gobierno son vistos a través de un lente prejuicioso y señalados como los únicos culpables de las crisis económicas y sociales.

Mientras tanto, el estalinismo[6] o el comunismo estilo soviético (del 1922 al 1953), se caracterizaba por instrumentalizar el discurso del conflicto de clases, proveniente de la tradición analítica marxista-lelinista, como justificación de persecución y violencia estatal.

[5] Concepto de “neonostalgia” en el autoritarismo desarrollado por Louisa Toxvaerd Munch, candidata a PhD en Estudios de Literatura Comparativa en la Universidad de Warwick, Reino Unido. [6} Recibe su nombre por el líder político georgiano de la Unión Soviética, Iósif Vissarionovich Dzugashvilli “Stalin”, y su modalidad de régimen autoritario durante 1922 hasta el 1953, año en que fallece.

A esto, el estalinismo le sumaba un constante sentido de persecución y paranoia que fue desarrollado y reforzada por hechos históricos puntuales. La Segunda Guerra Mundial, en la cual las repúblicas soviéticas lucharon contra la Alemania Nazi y, luego, la incipiente Guerra Fría contra los Estados Unidos de América sirvieron de contexto geopolítico que, en sus mentes, ratificaba la severidad autoritaria del régimen. El contexto histórico se utilizaba para justificar constantes abusos de poder, prácticas crueles de vigilancia y espionaje, censura y violencia estatal sobre ciudadanos soviéticos. En efecto, el régimen iba impulsando y manteniendo una cultura de temor y terror institucionalizado alrededor del culto a la personalidad del líder soviético Stalin.

En algunos de estos regímenes, concretamente desde la década final del siglo XX hasta los 2010s, la adaptación hacia patrones modernizantes se limitaba a reformas económicas, financieras, científicas y tecnológicas integrándose más a una economía altamente globalizada y digitalizada. No siempre así con reformas políticas y civiles que repercutieran en revisiones de transparencia gubernamental y judicial, mayor libertad de prensa o apertura ideológica, que permita el desarrollo del ejercicio democrático en los ciudadanos de estos países. Esto es por designio. Debemos recordar que estos sistemas políticos despóticos, que retienen la mayor parte de la autoridad y la legitimidad, gravitándola sobre personajes claves en altos mandos de las fuerzas militares o en dinastías hereditarias, son concebidos y justificados como una respuesta a la supuesta inseguridad e inconsistencia de las alternativas pluralistas y democráticas.

Con la muerte de Stalin, las estructuras gubernamentales soviéticas sufrieron una serie de reformas internas que alivianaron designios de control absoluto instituidos hasta ese entonces, aunque no disiparon por completo el aparato de vigilancia ya establecido. Otros gobiernos totalitarios, en la forma de dictaduras militares[7] y monarquías absolutas[8], han estado históricamente menos preocupadas por las percepciones y presiones internacionales hacia la democratización o la apertura participativa. [7] Argentina durante la junta militar entre 1976 al 1983, Chile bajo Augusto Pinochet, Indonesia bajo Haji Mohammad Suharto, entre muchos otros regímenes más. [8] Mohammad Reza Pahlavi o el Shah en Irán desde 1953 hasta el 1979, La dinastía Saudí en Arabia Saudí, como ejemplos.

IV. Democracias iliberales: Populismos autocráticos, Tecnofeudalismos, Oligarquías y Teocracias Cuando en la jerga popular se discute lo que es la democracia, existen unos parámetros generalizados sobre qué tipos de gobiernos y estados caen dentro de tal categoría. Es interesante entonces cómo en la literatura académica y las interpretaciones analíticas más recientes, se ha introducido la categoría de “democracias iliberales”[9] que problematiza esos parámetros previamente reconocidos. Los regímenes denominados como democracias iliberales tienen un marco legal y constitucional, con el cual pueden aparentar institucionalidad estable. Adicionalmente, ejercen mecanismos deliberativos como elecciones periódicas, pero, en la práctica, son escenarios viciados que solo cumplen con el objetivo de legitimar a aquellos líderes carismáticos o a las organizaciones político-partidistas ya en el poder. Dicho de otra manera, las elecciones son instrumentalizadas para que los regímenes se mantengan allí por términos prolongados e ininterrumpidos. Estos regímenes van sigilosamente descomponiendo aquellos diseños constitucionales que originalmente fueron establecidos para fijar pesos y contrapesos institucionales, separación de poderes, independencia judicial, rendición de cuentas, fiscalización e insumos de pericia y pensamiento crítico por parte de servidores públicos profesionales, tecnócratas, académicos y miembros de la comunidad en sus labores relacionadas con la implementación de políticas públicas potencialmente perniciosas.

Acompañado de medios de comunicación favorables e intereses económicos consolidados alrededor de aquellas figuras de autoridad, permiten el arraigo de una nueva normalidad y normatividad que reduce cada vez más libertades civiles, religiosas, económicas o políticas de la ciudadanía. Los ejemplos de regímenes que podrían caer dentro de la categoría de democracias iliberales serían países como Rusia, Hungría, Turquía, Singapur o Venezuela. Todos estos países tienen constituciones, bases legales y jurídicas explícitas, junto a procesos electorales periódicos, pero la evidencia empírica nos indica que, a través de décadas, estos gobiernos han consistentemente revertido prácticas deliberativas y participativas fundamentales, han dirigido ataques a la libertad de prensa y han instrumentalizado discursos antipluralistas[10] en los cuales se siembran las bases de un sentimiento de virulenta desconfianza ante la voluntad popular y profundamente antidemocrático.

[9] Término desarrollado originalmente por los filósofos Pierre Rosanvallon y Étienne Balibar y popularizado por el periodista Fareed Zakaria en la década de los 1990s. [10] De acuerdo con el politólogo Jan-Werner Müller, antiplularismo se define como la tendencia de movimientos de adscribirse plena representación de los reclamos de la nación o la univocalidad de la voluntad.

Como parte de una ponencia en Libertopia 2010, una conferencia anual en la ciudad de San Diego, California, el magnate billonario y cofundador de PayPal y de la compañía Palantir, Peter Thiel, pronunció una propuesta para la consecución de objetivos económicos y políticos, diciendo:

“[..] La idea básica es que nunca podríamos ganar una elección para conseguir unos logros ya que somos

grupo

tan

pequeño,

pero,

quizás

podríamos lograr unos objetivos unilateralmente sin necesidad constante de tener que argumentar, convencer o rogarles a personas que nunca van a estar de acuerdo de por sí, sino a través de recursos tecnológicos,

como

una

alternativa

democracia.”

En este mensaje se puede interpretar claramente la tesis fundamental del tecnofeudalismo, concepto presentado por el economista griego Yannis Varoufakis. Este emergente tipo de régimen autoritario se centra en el atractivo de desarrollos tecnológicos, específicamente aquellos avances científicos y comerciales en nanotecnología, nuevas plataformas digitales e inteligencia artificial generativa para que las sociedades y sus instituciones políticas sometan sus procesos democráticos a estas herramientas por la conveniencia, la seguridad y la eficiencia que supuestamente ofrecen.

Por consiguiente, esta filosofía desalienta el análisis estatal comedido de las posibles consecuencias de entregar las instrumentalidades deliberativas, institucionales y procesales basadas en derecho, la privacidad y el bienestar de sus constituyentes y el destino mismo de los sistemas democráticos solo a una promesa de integración tecnológica. No debe olvidarse que detrás de esta propuesta también existe un claro conflicto de intereses que beneficia inequitativamente a aquellos ejecutivos y accionistas de estas empresas de avanzada al decorarlo todo a la luz de una inevitable e imparable ola de progreso o a la “destrucción creativa”[11] natural a las economías capitalistas. Esta propuesta económica-política del tecnofeudalismo está también ligada con los autoritarismos oligárquicos, o sea, sistemas dirigidos por y para el beneficio de aquellos intereses de una élite socioeconómica en un país o en una región.

[11] Término originalmente utilizado por el economista austriaco Joseph Schumpeter en su obra “Capitalism, Socialismo y Democracia”, refiriéndose al ímpetu de innovación común en los sistemas capitalistas que permiten competición, rupturas tecnológicas y científicas que aceleran el progreso económico y humano.

Lo que debemos resaltar como elemento en común con estos tipos de autoritarismos es que en sus estructuras gubernamentales se imponen los objetivos privados de unos pocos sobre consideraciones de un bien común igualitario y equitativo. Son ordenamientos políticos que desprecian al pueblo soberano y buscan disuadir movimientos que involucren a los ciudadanos, sus reclamos y sus preocupaciones. Finalmente, las teocracias son otra modalidad de autoritarismo que cimentan la autoridad política de su régimen sobre una religión. Esto significa que los representantes institucionales y líderes políticos de este sistema son por corolario figuras religiosas o personas privadas avaladas por oficiales religiosos. La República Islámica de Irán es quizás el ejemplo moderno manifiesto de un sistema teocrático. A pesar de que es un país que tiene elecciones para los escaños de presidente, para los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica (el cuerpo parlamentario legislativo de Irán) y una Asamblea de Expertos[12], estos puestos electivos no son los que ejercen el poder político definitivo.

La figura del Líder Supremo es el gobernante ulterior, que debe ser primordialmente experto y maestro de jurisprudencia islámica (Fiqh) además de contar con la estima de sus pares en el oficio religioso y la directiva militar. Es decir, toda actividad económica, espiritual, cívica, cultural y social del país está bajo el juicio temporal y moral de esta figura. No obstante, el complejo organigrama y los diseños constitucionales que parecen favorecer pesos y contrapesos institucionales, la religión islámica, y en específico, la interpretación chií imamí del islam, es el pilar de este sistema político. El rol de la religión politizada inevitablemente sirve para excluir no solo extranjeros residentes de otras creencias religiosas sino ciudadanos iraníes de otras prácticas religiosas. Debido a esto es que otras jurisdicciones en diferentes partes del mundo han llegado a construir sistemas políticos con un enfoque secular e inclusivo, resultado de experiencias históricas de conflictos sectarios y violencia etnorreligiosa. 6

En el orden constitucional de Irán, las Fuerzas Armadas Iraníes, el jefe del Sistema Judicial, un Consejo de Discernimiento[13], el Consejo de Guardianes[14] y, sobre todos ellos, el Líder Supremo, son todos componentes no-electos que guardan mayor influencia sobre la política pública, la política exterior, el sistema legal y cualquier otro aspecto de la cotidianidad iraní.

[12] Compuesto por 86 miembros y escogido por un término de 8 años, en los cuales son responsables de fiscalizar las decisiones y actuaciones del Líder Supremo. [13] Cuerpo consultivo al Líder Supremo y mediador entre otros órganos deliberativos. [14] Consejo compuesto por 6 teólogos y 6 juristas que actúa como un tribunal constitucional.

A pesar de las inevitables limitaciones en tratar de alcanzar la mayor exhaustividad sobre estos temas, es sumamente relevante para nosotros, los servidores públicos, hacer el intento de preguntar y fomentar opiniones educadas sobre tales interrogantes. Debe ser interpretado como un deber ético el hacerlo. Con estos patrones comunes del autoritarismo y las modalidades de autoritarismo discutidos, entonces surgen más preguntas, como las siguientes, ¿Cuáles pueden ser los indicadores de una ruptura del paradigma democrático en una sociedad? ¿Cómo cualificamos y cuantificamos estas rupturas en abusos sistémicos? ¿Por qué estos abusos se consideran contrarios a las estructuras democráticas o a la ética civil de la modernidad? ¿Qué justificaciones se utilizan para debilitar estas estructuras? ¿Cómo es que estas justificaciones llegan a convencer y movilizar a miembros de la ciudadanía dentro de las democracias? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias sociales, culturales y políticas de tales abusos? ¿Por qué nos debe preocupar, específicamente, como servidores públicos?

Dentro de los espacios de desinformación, de posverdades y de hechos alternativos, se siembra una confusión autodestructiva, un instinto de autolesión que se genera y se multiplica en nuestra contemporaneidad digital. Consecuentemente, se van disipando interrogantes sumamente pertinentes y concernientes al civismo, sobre los principios de nuestra democracia liberal y nuestro Estado de Derecho. Entre esos callejones oscuros donde reinan y discuten entre si un escepticismo saludable, la ignorancia flagrante, el cinismo oportunista y el nihilismo suicida de los trolls[15] y los bots[16], el algoritmo sigue monetizando y promoviendo la polarización, el inmovilismo y una mayor resignación en la población. Pasos que recrudecen la desconfianza y desgastan los cimientos de una vibrante democracia.

Son preguntas complejas y temas que requieren mucho cuidado y profundidad en su análisis, análisis que podría servir de numerosos artículos más, con variadas opiniones matizadas y con mayor peritación de la que he podido ofrecer hasta este punto en este artículo.

[15] Originando de creaturas fantásticas del folclor y la mitología, este término crece en su uso desde los principios del siglo XXI para describir a individuos que redactan mensajes provocativos, ofensivos y/o incendiarios a través del internet para obtener reacciones, reconocimiento o viralidad (o sea, que se disemine rápidamente por diversos medios). [16] Aplicaciones digitales de software que corren tareas automatizadas (secuencia de comandos) utilizadas para replicar actividad humana en el internet.

Con cada nuevo desliz de esta “economía de atención”[17], vemos cómo se definen enemigos mortales por motivos ideológicos, cómo se cuestiona cualquier forma de disidencia, o se mancilla a aquellos que ejercen análisis crítico, o participan en gestiones periodísticas, científicas e investigativas como persona non grata. Cuando, por el contrario, vemos que no se cuestionan las decisiones institucionales, decisiones que cada vez más concentran poder político en menos figuras y se menoscaban las instituciones democráticas, notamos un quiebre peligroso. En seguida, observamos cómo la constitucionalidad, las herramientas de separación de poderes, la salud y eficacia de cuerpos fiscalizadores se descomponen. Todo esto resulta en el debilitamiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Como consecuencia, los procedimientos y las normativas regulatorias-burocráticas se presentan más como estorbos que como cortafuegos. Sin esa ser la intención, se va implicando la normalización de una erosión democrática lo que a su vez genera una simpatía a lo “autoritario”. La perspectiva que tuvieron las sociedades democráticas hasta hace muy poco históricamente, sobre la visión autoritaria como una siniestra e injusta, se pierde y hasta se convierte en mofa por parte de un contingente significativo de personas.

Parece contradictorio que mientras más preocupación genuina sobre esta devolución y concentración de poder se está acompañado de un aumento en el desinterés popular. Este desinterés popular repercute en menos participación colectiva para atender y seguir buscando posibles soluciones a través del ejercicio democrático. Se formalizan en estos discursos argumentos culturales, atacando la “otredad” como causa de los problemas socioeconómicos actuales, proselitizando el despotismo y la práctica autoritaria en la cotidianeidad como una solución simple o lógica y, además, de estéticamente placentera.

Estos discursos aparecen disfrazados de eficiencia y efectividad. Son codificados bajo una obsesión con la inmediatez y la satisfacción de agravios tanto reales como percibidos, en vez de resultado de una comunicación de buena fe entre partes iguales ante la ley.

[17] Concepto de publicidad que trata la atención de los consumidores como un recurso y una potencial mercancía. Dentro del menor tiempo posible, captar no solo la atención de las personas sino también crear un impulso para seguir buscando estimulo y gratificación.

Su efecto es separar al ciudadano del ruedo público y ceder más y más espacios a quienes desean consolidar mayor poder e influencia alrededor de autócratas, figuras mesiánicas y el culto a la personalidad de un caudillo. El efecto psicológico de una sociedad cada vez más atomizada e individualista, por consiguiente, más solitaria, es que nuestra capacidad de cooperar, comunicar, debatir y vivir en comunidad se marchita. Sucesivamente, esto nos lleva a abandonar nuestro sentido de obligación con la democracia. Se puede notar que pese al forcejeo discursivo que existe en aquellas sociedades que se enorgullecen de la apertura y la pluralidad, existe un atractivo innegable en rendirse ante sistemas que se presentan como efectivos y eficientes, puros, nítidos y limpios. En regímenes autoritarios, la performatividad del poder y la autoridad se leen mejor que el libreto de diálogos y negociaciones constantes. Discursos e ideologías que insisten en “conseguir resultados”, alcanzar sus objetivos o simplemente cambiar las reglas del juego para adjudicarse logros en el ruedo político son más fáciles de promocionar, más atrayentes para poblaciones genuinamente abatidas por múltiples circunstancias económicas, sociales o existenciales que buscan algún alivio. Estos supuestos logros no siempre son solo objetivos identitarios, emocionales o psicológicos, sino primordialmente objetivos materiales, observables y medibles. Aquellas sociedades que se aprecian a sí mismo como democracias liberales, enraizadas filosóficamente de las batallas epistemológicas de la antigüedad en Occidente[18], madurado por el movimiento de la Ilustración del Siglo XVIII y los eventos históricos emancipatorios de la modernidad[19], han consistentemente confrontado desafíos en cómo conciliar los objetivos y las aspiraciones de calidad de vida, bienestar general y alcanzar el potencial de desarrollo en sus ciudadanías con la puesta en práctica. [18] Sucesos como la Guerra por Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana juntos a múltiples otros eventos libertarios que de una manera u otra han contribuido al reconocimiento de los derechos humanos. [19] Sucesos como la Guerra por Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana juntos a múltiples otros eventos libertarios que de una manera reconocieron de los derechos humanos.

Problemáticas como la corrupción, la incompetencia, la negligencia y los conflictos de intereses sin atenderse ni señalarse, han tropezado con los deseos genuinos de practicar la responsabilidad administrativa y la capacidad de adaptación para afrontar realidades económicas, tecnológicas y científicas cambiantes. La constitucionalidad, el marco legaljurídico objetivo, basado en información y datos confiables, el análisis juicioso de circunstancias, son elementos necesarios, pero no suficientes para conformar un estado administrativo positivo y prudente. He aquí donde esos discursos antidemocráticos y estas propuestas autoritarias pueden crecer en apoyo y convencer a los ciudadanos de claudicar derechos en vez de ejercerlos a su compleción. Los servidores públicos tenemos la responsabilidad de proteger las instituciones participativas y los mecanismos democráticos deliberativos no solo como herramientas para hallar soluciones, sino como bienes públicos en sí. La democracia es una utilidad pública en sí que nos compromete a una mayor integración social y comunitaria al igual que nos impele a poder aguzar la comunicación con el pueblo que atendemos a diario. El servicio público puede servir de protección ante los ataques a la democracia y parte del sistema inmunológico de nuestro cuerpo político frente a aquellos trastornos que dirigen ese cuerpo político a la ruina. No tengamos miedo de asumir esta responsabilidad.

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