Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético
Agosto 2026
Entre la norma y la conciencia: el servidor público y la ideología Profa. Inés Alexandra Ortiz Campaña
Resumen En este ensayo analizamos la legitimidad del Estado a partir de una revisión modesta de las teorías del contrato social basadas en los postulados de Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau y del concepto de dominación legítima de Max Weber. Una vez sostenida, revisamos el papel de los servidores públicos a través de la teoría de Louis Althusser sobre los Aparatos Ideológicos del Estado y lo contraponemos a la crítica de Hannah Arendt para plantear el dilema ético que enfrentan cuando deben ejecutar políticas de regímenes considerados ilegítimos. Introducción Cuando hablamos de servidores públicos, nos referimos al conjunto de personas que desempeñan funciones en instituciones del Estado, con la responsabilidad de atender las necesidades de la ciudadanía y de garantizar el funcionamiento organizado de la sociedad. Este concepto, que hoy nos resulta familiar, tiene sus raíces en la organización de las sociedades como estados nacionales que surgieron tras el debilitamiento del feudalismo. Desde entonces, la figura del servidor público ha evolucionado junto con los marcos jurídicos de cada país, pero sosteniéndose en la noción de que el poder existe para atender las necesidades de los pueblos. Los servidores públicos son, por tanto, los responsables de ejecutar las políticas públicas que formulan los gobiernos en ejercicio, independientemente del sistema político en el que se encuentren, sean democracias representativas, regímenes parlamentarios o monárquicos, e incluso regímenes autoritarios dictatoriales. Su labor es convertir las decisiones políticas en acciones concretas para el servicio de la ciudadanía.
Entre la norma y la conciencia: el servidor público y la ideología
En contextos democráticos, es el pueblo quien define el rumbo de la sociedad a través de la elección de propuestas de gobierno. Estas propuestas, aunque pueden variar en su planificación y enfoque, deben responder a las condiciones históricas, sociales y culturales del Estado al que pertenecen. De esta manera, cada administración electa actúa dentro del marco institucional construido y legitimado a lo largo del tiempo, lo que garantiza su continuidad (Democracia: Origen, Evolución, Tipos y Desafíos). La legitimidad del Estado es el resultado de procesos ideológicos que, aunque a menudo pasen desapercibidos, son fundamentales para la preservación del orden estatal. El filósofo francés Louis Althusser los denominó aparatos ideológicos del Estado, los cuales operan a través de instituciones como la escuela, la familia, los medios de comunicación y el sistema jurídico. A través de ellos, los ciudadanos se comportan de acuerdo con normas socialmente aceptadas: obedecer a la autoridad, respetar la propiedad privada y asumir que el incumplimiento de estas reglas conlleva consecuencias legales.
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Según Althusser, los servidores públicos son parte activa de los aparatos ideológicos del Estado, pues su labor cotidiana también implica la transmisión de valores, normas y comportamientos que refuerzan la legitimidad del sistema. A través de su interacción con la ciudadanía —en la educación, la salud, la justicia, la administración pública, entre otros ámbitos— los servidores públicos enseñan, modelan y refuerzan formas específicas de relación con la autoridad, el deber cívico y el respeto al marco legal. La legitimidad del Estado. Del Contrato Social a la Dominación La noción de Estado está estrechamente ligada a la de ciudadanía, porque en términos generales, su razón de ser es el bienestar de los individuos que conviven en un grupo social. En la Antigua Grecia, los ciudadanos de las polis[1] eran quienes tomaban las decisiones sobre la administración de lo público, aunque el reconocimiento como tales se limitaba a los varones libres (no esclavos), mayores de edad, nacidos de padre y madre atenienses. Aquellos que eran considerados ciudadanos (en el año 508 a. C.) participaban de las asambleas en las que se decidían desde las magistraturas y los asuntos militares hasta la organización de suministros y la repartición de alimentos para el pueblo. Nicolás Maquiavelo entendía que el bien común era el principio de la organización social, por eso insistía en “darle prioridad al erario público[2], por encima del privado, en darle al Estado los suficientes recursos para que pueda realizar sus funciones…” (R. García 46). El autor de El Príncipe[3] sostenía que se debía alcanzar una administración centralizada capaz de lograr que “los hombres sientan la necesidad de abandonar sus conveniencias personales en la deliberación de los asuntos públicos para fijarse únicamente en el bien común” (N. Maquiavelo 299).
Maquiavelo comprendía que la conflictividad social era innata a la condición humana, por eso explicaba que beneficiar a las mayorías permitía enfrentar la oposición de los pocos que se sintieran afectados. Esa era la idea de Estado que el político y filósofo italiano defendía: una institución centralizada que mantuviera el orden, la seguridad y el poder, cuya finalidad era estabilizar la vida social y lograr la seguridad que los hombres necesitaban para superar el miedo que unos a otros se provocaban debido a la tendencia natural humana a hacer daño y a buscar su propio interés. Más adelante, en el siglo XVII, el filósofo inglés Thomas Hobbes retomó los postulados maquiavélicos y partió de la certeza de que la naturaleza de los humanos era una constante “guerra de todos contra todos” que hacía imposible la convivencia y amenazaba la vida misma. Amparado en tal visión, Hobbes explicó que el Estado nació de la necesidad de asumir un pacto de sumisión a un poder soberano que garantice la paz y la seguridad, incluso con el uso de la violencia de ser necesario (citado en J. López 155). A partir de esta apreciación, se comienza a legitimar el uso de la violencia por parte del poder soberano —ya sea una monarquía o una asamblea— como método para garantizar la convivencia social, sustituyendo el miedo mutuo por el temor a las consecuencias legales. Más adelante, en 1970, Louis Althusser llamó a esta cesión del monopolio de la violencia un aparato represivo del Estado. .Aunque coincidía con Hobbes en la necesidad de un pacto social, en 1689, John Locke — también filósofo inglés— rechazó la idea de que este pacto implique la entrega de la soberanía absoluta a una autoridad; al contrario, sostiene que el pacto implica entregar el poder a la
[1] Término que proviene del griego y se refiere a los territorios reducidos gobernados con autonomía respecto a otras entidades. [2]Del latín ‘aerarium’, que es el nombre con el que se le conocía al tesoro público en la antigua Roma. [3] El Príncipe es un tratado político escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 y publicado tras su muerte, en 1532, en el que analiza cómo los gobernantes pueden adquirir, mantener y consolidar el poder, priorizando la eficacia sobre la moral tradicional.
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mayoría de la comunidad para elegir un gobierno que lo represente; por ende, el verdadero titular del poder es el pueblo. Para Locke, el Estado es un instrumento creado para la protección de los derechos que consideraba naturales: la vida, la salud, la libertad y las posesiones de las personas. La legitimidad del Estado, según este filósofo inglés, dependía de que el poder se usara exclusivamente para cumplir los fines del pacto; su incumplimiento lo deslegitimaba (J. López 157). En 1762, Jean‑Jacques Rousseau introdujo una nueva perspectiva del pacto con la publicación de El contrato social; o, los principios del derecho político. Según Rousseau, cuyas ideas marcaron el camino de la Revolución Francesa, las personas participan forzosamente del contrato social con el Estado, pues no existe la opción de decidir no ser parte de él. Ante esa condición, la única forma de legitimar esta relación es que la voluntad general se manifieste en las leyes que organizan la comunidad; es decir, que la soberanía del poder resida en el pueblo (Citado en J. López 157).
Fotografía del monumento de Nicolás Maquiavelo situado en Florencia, Italia, a lo largo de la columnata de la Galería Uffizi. Es una obra de Lorenzo Bartolini tallada en mármol en tamaño real. En red abierta
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La legitimidad como construcción ideológica Para Rousseau, la legitimidad del Estado radicaba en la garantía de justicia y libertad para el pueblo, y eso solo era posible si se entendía que el pueblo era el soberano de las decisiones en la sociedad (Citado en J. López 157). Si el Estado se construye sobre la base de la soberanía popular, las leyes emanadas de ella son el criterio que el gobierno debe seguir; de esta manera, la legitimidad se convierte en legalidad. La legitimidad, por tanto, no solo radica en el origen del pacto sino en la justificación del “derecho de mandar” de unos y del “deber de obedecer” de otros y de mantener esa dinámica como un orden aceptado y deseable, apuntaba Max Weber en Economía y sociedad (N. Rabotnikof 20). De acuerdo con el análisis de la filósofa argentino-mexicana, Max Weber establece la idea de una dominación legítima —por tradición, carisma o legalidad— que se sostiene en la creencia que tienen los dominados de que su obediencia a las normas es posible porque ese mandato externo es una máxima de conducta propia. Esto ocurre porque el sujeto obedece a partir de la voluntariedad y la creencia, y no por la mera coacción física (N. Rabotnikof 24).
Fotografía de la estatua de Jean-Jacques Rousseau, en Ginebra, Suiza, publicada en Elenarts - Elena el 16 de octubre de 2015.
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Aparatos Ideológicos del Estado Citamos a Louis Althusser para comprender que el Estado se sostiene en un constante proceso de legitimación de poder a través de lo que él denomina Aparatos Ideológicos del Estado. En efecto, aún mantiene el monopolio de la violencia cedido por el pacto hobbesiano y lo ejerce a través de los Aparatos Represivos del Estado —el ejército, la policía y las instituciones de control—; sin embargo, son los Aparatos Ideológicos del Estado los que permiten sostener y reproducir el sistema, haciendo aparecer ese orden como natural, justo y común a todos.
Foto de Louis Althusser en la portada del artículo La crisis del marxismo (Louis Althusser, 2022) en la revista digital Bloghemia
Las leyes eclesiásticas cristianas, por ejemplo, determinan las nociones del bien y el mal, y estas están íntimamente relacionadas con las leyes adoptadas por más de un Estado.
Los servidores ideológicos
públicos
como
agentes
Los servidores públicos no son solo agentes administrativos, sino “profesionales de la ideología” según la teoría propuesta por Louis Althusser, que sostiene: “todos los agentes del Estado —incluyendo administradores, políticos, militares y policías— deben adoptar como suya la ideología dominante para cumplir con las tareas asignadas para mantener la legitimidad del poder encargado al Estado” (Althusser 9). Ciertamente, este filósofo de origen francés relacionó su teoría de legitimación del poder estatal para explicar cómo se reproduce el sistema económico capitalista, pero es útil también para analizar el rol de los servidores públicos en sostener los sistemas en los que se desempeñen a través del servicio.
La Escuela, explica Althusser, es el aparato dominante en las sociedades maduras. Enseñar que hay normas cívicas, de interacción y de comportamiento social implica inculcar “habilidades” que aseguran la sumisión al orden establecido. Los medios de comunicación también sostienen la legitimidad del Estado a través de producciones educativas, de información y de entretenimiento que ratifican su poder y lo normalizan, además de que nos recuerdan el lugar que aceptamos dentro del acuerdo social: el de obediencia, consensuada o no. De estos aparatos ideológicos del Estado que aportan a la legitimización constante del poder citado en el Estado, quizás la iglesia haya sido — y tal vez siga siéndolo— la más importante, pues desde tiempos monárquicos ha sido la que determinaba la brújula moral social.
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"No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto en moral". Jacques de Lacretelle
Legalidad y legitimidad Toda vez que comprendemos que la legitimidad de los Estados y sus administraciones la otorga el reconocimiento de la población de que los gobernantes tienen derecho a tomar decisiones para dirigir un pueblo, también podríamos asumir que las leyes que se dictan para mantener el orden y la sana convivencia son legítimas.
Para Arendt, la deshumanización ocurre cuando el servidor cede su identidad individual —su quién— para identificarse con la función que realiza o el cargo que ocupa, convirtiéndose en un ente automatizado en el proceso administrativo que sustituye la realidad humana por la eficacia funcional (Arendt 56).
En un escenario en donde los valores asimilados como justos o éticos irrumpen con nuevas formas de administración (dictaduras o regímenes autoritarios) contrarias a las normalizadas y consideradas legítimas, ¿cuál es la labor de los “profesionales de la ideología” que aún deben continuar en el ejercicio laboral? Entre la obediencia institucional y la conciencia moral
Conclusión
Desde la visión que se presenta en los Aparatos Ideológicos del Estado, la labor de los “profesionales de la ideología” —maestros, administradores, comunicadores— sigue siendo la de asegurar la sumisión a las nuevas reglas del orden establecido y lograr que los sujetos las adopten hasta normalizarlas, aun si eso provocara inquietudes éticas. Sin embargo, bajo la mirada de la filósofa contemporánea Hannah Arendt, la continuación del trabajo de los servidores públicos en regímenes considerados ilegítimos o ilegales podría justificarse en la lógica de que no son autores de las nuevas políticas, sino simplemente los ejecutores. Asumir esta posición implica la deshumanización de los servidores públicos (Arendt).
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En escenarios como el propuesto, similar al que experimentaron varias democracias latinoamericanas en la década de los 70, los servidores públicos se enfrentan a la tensión entre ser un instrumento de legitimación de cualquier régimen estatal a través del cumplimiento de las labores encomendadas y ser un sujeto ético que actúa según las posturas de sus convicciones morales y éticas. La estabilidad de una sociedad no depende únicamente de que las labores administrativas que realizan los servidores públicos no se detengan, sino de la legitimización que se obtiene del ejercicio de valores supremos como la libertad, la igualdad y la justicia. La responsabilidad de los trabajadores del Estado no se limita al cumplimiento mecánico de las normas, sino a la resistencia a que el orden social se convierta en una “administración de cosas” y que anule la responsabilidad y la dignidad humana.
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Textos citados Althusser, Louis. 1974. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Traducido por Alberto J. Pla. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Arendt, Hannah. 1993. La condición humana. Traducido por Ramón Gil Novales. Barcelona: Paidós. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31158486/TEMA_1_NO_DEJES_LEER_3-libre.pdf. "Democracia: Origen, Evolución, Tipos y Desafíos." 2025. Apuntes Selectividad, Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.apuntes-selectividad.com/historia/democracia-origen-evolucion-tipos-ydesafios/. García Jurado, Rubén. 2024. "Ciudadanía antigua y moderna: Tito Livio y Maquiavelo." Andamios. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2024.250.80175. López Hernández, José. 2009. "El concepto de legitimidad en perspectiva histórica." Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 18: 153–166. (PDF) El concepto de legitimidad en perspectiva histórica Maquiavelo, Nicolás. 2013. Escritos de gobierno. Madrid: Tecnos. Rabotnikof, Nora. 2025. "Legitimidad y verdad (la filosofía política en la encrucijada)." Sociológica 40 (112): 15–34. https://classic.scielo.org.mx/pdf/soc/v40n112/2007-8358-soc-40-112-15.pdf.
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