La cosa pública El tigre que se ha vuelto pantera

El tigre que se ha vuelto pantera…

En 2018 Mara Lezama avaló desde contratos leoninos de recoja de basura hasta apertura de casinos en Cancún…

Desde 2016 María Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, dejó patente su menosprecio por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los principios que este enarbola, al abandonar la campaña por la presidencia municipal en aquel entonces pretextando temor a presuntas amenazas recibidas. Sin embargo, en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador la continuaron viendo como una opción válida para buscar gobernar con ella al Municipio turístico más importante de México, lo que lograron en 2018.

Al inicio de su primera gestión en el gobierno municipal benitojuarense, en 2018, Mara Lezama, como se hace llamar la alcaldesa cancunense, sus aspiraciones no tenían en cuenta la gubernatura del Estado y por eso en varias ocasiones dejó patente de manera pública que ella no era militante del morenismo, que era una candidata ciudadana postulada por Morena, pero nada más. Por eso su actuación inmediata como presidenta municipal de Benito Juárez se alejó del proyecto de la 4T.

De ahí que Mara Lezama sin ningún rubor político o ideológico, y mucho menos moral, avaló el leonino contrato de concesión de los servicios de recoja de basura a Inteligencia México, empresa del expresidente municipal de Benito Juárez C.C.R., quien fue su principal financiero y asesor durante su campaña de 2018 y en los primeros meses de gobierno municipal.

En esos primeros tres meses de gobierno en 2018, la administración de Mara Lezama también dispuso de más de 157 millones de pesos que entraron a las arcas municipales como ingresos excedentes y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación se esfumaron de las cuentas municipales sin justificación alguna.

Esas son algunas de las rayas con que comenzó a pintarse el tigre de la corrupción en el que se convirtió el gobierno de Mara Lezama en Benito Juárez.

Esos fueron los primeros pasos furtivos de alejamiento de Mara Lezama con el proyecto lopezobradorista; pasos que siguió dando en esos meses de gobierno que le retribuyeron pingües ganancias con las que dio fin a la incertidumbre económica de su familia por muchos años.

Destaca entre esas acciones del gobierno inicial de Mara Lezama, por la contradicción directa que representa con los dichos y las instrucciones giradas por el presidente López Obrador, el aval que dio en noviembre de 2018 para la operación de un casino en Plaza la Isla.

Mara Lezama, aprovechó los dos primeros meses de su gobierno que coincidieron con los dos últimos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, para dar el aval municipal para que la Secretaría de Gobernación del agonizante gobierno peñista autorizara la operación del casino Macao. Sin embargo, para tal acción que contradijo los principios de la 4T, la presidenta municipal no consultó a su Cabildo ni justificó ante nadie lo que hizo, como ha venido ocurriendo con muchas otras acciones y omisiones a la norma de las que se ha servido y ha sacado jugoso provecho.

El empoderamiento económico adquirido y la terquedad de la dirigencia nacional de un partido político como Morena en seguir creyendo en su impostura, le dieron a Mara Lezama la oportunidad de la reelección, con la que se le avivó, entonces sí, la aspiración y la ambición de llegar a ser la candidata a la gubernatura de Quintana Roo.

Sin embargo, su pasado y el tigre de la corrupción, que ya se asemeja a una pantera, la están alcanzando en la recta final de su corta pero exitosa incursión en la política y la administración pública municipal…

En los primeros tres meses de gobierno en 2018, la administración de Mara Lezama también dispuso de más de 157 millones de pesos que entraron a las arcas municipales como ingresos excedentes y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación se esfumaron de las cuentas municipales sin justificación alguna.

JUICIO CONTRA GARCÍA LUNA AÚN NO INICIA Y YA DESPIERTA TEMOR ENTRE LAS AUTORIDADES POR SUS NEXOS CON EL NARCO

El juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está programado para iniciar en Nueva York hasta dentro de 10 meses, el 24 de octubre del próximo año, aunque las autoridades estadounidenses han indicado que podría extenderse hasta 2023. Tras su detención en el vecino país en diciembre de 2019, García Luna ha permanecido preso y su caso se vio detenido un largo tiempo a consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que ha dado a su defensa para prepararse y contraatacar tanto en Estados Unidos como en México, como sucedió a mediados de este mes, cuando su abogado aseguró, durante la primera comparecencia presencial, rechazó que existan pruebas que vinculen a su cliente con el Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, en México, donde las autoridades mantienen una investigación por “simple” enriquecimiento ilícito, su defensa impugnó el fallo de un juez federal que desechó el amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Javier Ramírez

El caso del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna encendió los focos rojos entre los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde será juzgado con todas las previsiones que se requiere para un capo de alta peligrosidad.

Y es que en octubre pasado, en un memorando dirigido al fiscal Breon Peace se argumentó que el exfuncionario mexicano representa serias amenazas al caso, por lo que se ha solicitado que no sean revelados públicamente los nombres de los miembros del jurado y que éstos sean escoltados cada mañana y cada noche de sus casas a la corte.

El fiscal indicó que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los integrantes del jurando no serán informados ni a las partes ni a la prensa, además de que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos resguardará a los miembros del jurado y los apartará del público cada día del juicio.

Esto, porque el Cártel de Sinaloa, con el que presuntamente está involucrado García Luna, tiene una larga e histórica injerencia en el proceso judicial en México y cuentan con los medios para hacer lo mismo incluso en Estados Unidos

Y como el Gobierno estadounidense espera que numerosos testigos con un historial de participación en esta conducta violenta en nombre del Cártel de Sinaloa testifiquen que pagaron al acusado por su asistencia fundamental, las autoridades determinaron que, al igual que durante el juicio de ‘el Chapo’ Guzmán, se proceda con cautela en el proceso.

“Al gobierno le preocupa que el acusado y sus co-conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias”, destaca el documento entregado por el fiscal Breon Peace.

Evidencia de sus nexos con el narco

En mayo de este año, fiscales del Distrito Este de Nueva York, en donde Genaro García Luna está detenido, informaron que habían recabado hasta ese momento más de un millón de pruebas en contra del exfuncionario mexicano, quien está acusado de asociación delictiva para el tráfico de cocaína, participación en una organización criminal, falso testimonio y otros delitos cometidos mientras era el encargado de la seguridad nacional de México.

Estas pruebas, indicaron, consisten en registros financieros, fotografías rescatadas del servicio Google Earth y metadata de dispositivos electrónicos de García Luna, documentos aportados por los Gobiernos de México y Colombia, así como un video -tomado el 29 de diciembre del año pasado- en el que éste platica con otro reo de la cárcel neoyorkina en donde está, con el que aparentemente habla sobre sus negocios.

Además, también tienen registros de propiedad, documentos financieros y grabaciones de conversaciones del acusado.

De acuerdo con los fiscales, Genaro García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, a cambio de permitirle traficar cocaína por todo el territorio mexicano, por lo que tras terminar el periodo de Calderón en 2012, se trasladó a Miami, Florida, donde se hizo residente permanente de los Estados Unidos y posteriormente, en 2018, solicitó la ciudadanía.

Pide México su extradición

Las autoridades mexicanas mantienen su propia investigación en contra de García Luna. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Mane-

ro, señaló que es investigado por enriquecimiento ilícito, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda encontrara que el exsecretario de Seguridad incrementó su patrimonio de manera ilegal en más de 27 millones de pesos como servidor público.

Por esa razón, la Fiscalía aseguró tres inmuebles de García Luna, dos de ellos ubicados en la Ciudad de México y el otro en el Estado de Morelos.

Además, ha solicitado al Gobierno estadounidense su extradición para que pueda ser juzgado en México.

Rechaza acusaciones

El pasado 15 de los corrientes, durante la primera comparecencia presencial de García Luna en Estados Unidos, su abogado, César de Castro, aseguró que no existen pruebas que vinculen al secretario de Seguridad Pública con el Cártel de Sinaloa, indicando que en la mayoría de las “millones de páginas” del expediente, no se menciona el nombre de su cliente.

“No hemos visto ninguna evidencia de criminalidad o vínculos con narcotraficantes”, señaló antes de solicitar acceso a los numerosos documentos confidenciales que obran en poder de la Fiscalía.

El juez Breon Peace tomó de plazo hasta el 3 de mayo del 2022 para otra sesión con las partes, en la que se estudie el posible acceso de la defensa a esos documentos confidenciales, según el Acta de procedimiento de información clasificada, para lo cual necesita escuchar las recomendaciones de la fiscalía.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

por los Municipios

OTHÓN P. BLANCO

No habrá presupuesto municipal para la reparación de baches en Chetumal en el 2022

La regidora Cinthya Millán Estrella recalcó su voto en contra del presupuesto de Egresos 2022 del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, al reducir el presupuesto para rubros tan importantes para el municipio como bacheo, transporte urbano, promoción turística y salud.

“Lamento aún más que se no se nos haya entregado a tiempo el proyecto de egresos, para que los regidores, como representantes de la ciudadanía, podamos analizar a fondo este tema”, comentó la regidora.

A pesar de lo anterior, señaló haber encontrado varios detalles en el Presupuesto de Egresos que merecen atención, como el que no se consideró el estudio de factibilidad para el transporte público urbano municipal, ya que no hay la disposición de recurso alguno para la dirección de transporte, por lo que no se está garantizando resolver una demanda tan sentida para la ciudadanía othonense.

Añadió que tampoco puede estar de acuerdo con la aprobación de un presupuesto en el que existe cero pesos de inversión en la Coordinación de bacheo, lo que implica que no es una prioridad atender los múltiples baches que existen en la capital del Estado y que afectan de manera directa a todos sus habitantes.

Citó que es incongruente la postura de impulso al turismo y la reactivación económica que pregona el Municipio, cuando el presupuesto de la alcaldía de Mahahual, sigue siendo a la baja, reduciendo en 745 mil pesos el recurso otorgado en comparación con el año 2021.

Esto a pesar de que Mahahual aporta entre 7 y 9 millones de ingresos anuales.

BENITO JUÁREZ

Hasta 400 mil pesos a mujeres por ser “madres de alquiler”, en Cancún

Clínicas locales reportan el aumento en Cancún de la “gestación subrogada”, es decir, la renta de vientres para parejas o personas solteras que no pueden tener hijos de manera natural, aunque lo desean.

Esta práctica se ha visto promovida incluso a través de las redes sociales, con anuncios contratando a mujeres “de buen ver” y con historial clínico sano, para ser madres sustitutas

También se solicita que tengan no más de 38 años. El pago que se ofrece es de 13 mil 500 a 22 mil dólares, además de los gastos clínicos durante embarazo y parto.

Las clínicas de la ciudad añadieron que también han registrado una mayor demanda de fecundación in vitro e inseminación artificial, para estas pacientes.

Se estima que actualmente en Cancún más de 200 madres sustitutas, con un número cada vez más en aumento.