INDICADOR POLÍTICO

La DEA Redefine Estrategia Mexicana de Seguridad; Balazos, no más Abrazos

Carlos Ramírez

Si México apenas pudo crear una comisión a nivel de gabinete presidencial para procesar la estrategia de lucha contra el fentanilo que impuso la Casa Blanca, en el fondo la cumbre de seguridad de Washington le regresó todo el poder a la DEA, le permitió regresar de manera más activa el territorio mexicano, en los hechos modificó el modelo de “abrazos, no balazos” y se revivió la estrategia de Felipe Calderón de la narcoguerra.

Una repercusión política en México de la Cumbre sobre Fentanilo tendrá que procesarse en los próximos días: el alcance de la nueva estrategia estadounidense de seguridad para México tendrá repercusiones transexenales, porque el jefe de la misión mexicana fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien es al mismo tiempo uno de los tres principales precandidatos oficiales a la presidencia por Morena y habría aceptado los compromisos de largo plazo que definió la Casa Blanca.

La decisión de la estrategia de seguridad de Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo --sin involucrar alguna decisión sobre la venta en las calles americanas y el consumo de adictos estadounidenses-- se centró en la definición de iniciativas de Washington para incrementar las recompensas y el número de los narcos “más buscados” que viven en México, involucrando con ello decisiones del Gobierno estadounidense que afectan la soberanía mexicana para definir políticas de seguridad.

La estrategia de seguridad del presidente López Obrador se basó en dos decisiones claves: cesar la persecución de narcos que en el sexenio de Calderón habían iniciado una narcoguerra sangrienta y trabajar sobre programas sociales que llevarán el bienestar a las comunidades marginadas urbanas y rurales que permitían la existencia de un ejército social al servicio del crimen organizado. El modelo se definió como de “abrazos, no balazos” y se promovió como una forma de disminuir la violencia criminal en las calles.

El aumento en las recompensas que lleven al arresto de narcos mexicanos en México y la lista ampliada de capos presuntamente vinculados al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos conducirá a una nueva fase de violencia delictiva, en tanto que los cárteles y bandas dedicadas al tráfico de drogas nunca han aceptado el peso de la autoridad. En 2020, el Cártel de Sinaloa amenazó con estallar camiones bomba en zonas habitacionales de familiares de militares como protesta por el arresto del capo Ovidio Guzmán López, identificado por las autoridades como el encargado del fentanilo. Hoy, Ovidio está preso en México y sus abogados están ganando algunos trámites parciales para evitar su extradición a Estados Unidos.

El fentanilo es la nueva droga con efectos radicales y casi siempre mortales y constituye la más demandada no solo por la industria farmacéutica que la tiene legalizada para su uso médico, sino por traficantes que las venden en las calles. El consumo de fentanilo por adictos ha llevado a un promedio de 80,000 fallecidos por sobredosis en los últimos dos años y con creciente uso y tendencia a aumentar la mortalidad de la droga.

El dato más importante de la Cumbre Fentanilo en Washington con responsables a nivel de gabinete de Estados Unidos, Canadá y México radicó en la decisión estadounidense de fortalecer el papel de la DEA, la agencia antinarcóticos que depende del Departamento de Justicia de la Casa Blanca, no solo en Estados Unidos, sino en el extranjero, y de manera sobresaliente se dejaron indicios de que la DEA habría estado activa en México en los últimos meses, a pesar de las restricciones impuestas por el presidente López Obrador en la Ley de Seguridad Nacional para obligar a la agencia estadounidense a registrar sus agentes e informar de manera estricta de sus operaciones para poder operar con rango diplomático en México.

La decisión de fortalecimiento de la DEA en el contexto de la Cumbre Trilateral sobre Fentanilo representa un cambio de fondo en la estrategia mexicana contra las drogas y los cárteles: el aumento de recompensas y la ampliación de la lista de narcos más buscados tendrá el efecto

El Gobierno de México tiene la posibilidad de atraer inversiones ante el fenómeno de la relocalización industrial (nearshoring), pero, por otro lado, envía iniciativas legales que generan incertidumbre a la inversión, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Es paradójico que, a pesar de la gestión mayoritariamente deficiente de la economía, las circunstancias geopolíticas globales han situado a México, potencialmente, en la mejor posición económica y geopolítica, señaló el CEESP, con las mejores oportunidades de las tendencias de nearshoring y ‘friendshoring’, es decir la relocalización a países amistosos.

“Dada la situación actual de la economía y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización presenta la mejor oportunidad, si no es que la única, para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población”, destacó el centro en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

Para que al país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión, dijo el CEESP. inmediato de una descomposición en el equilibrio interno de los cárteles y provocará un aumento en la violencia criminal por presión de la actividad persecutoria de las autoridades mexicanas y también estadounidenses contra los presuntos responsables de la producción y contrabando de fentanilo a Estados Unidos. Asimismo, la intensificación de acciones persecutorias contra capos y cárteles llevará necesariamente a ataques directos de las fuerzas de seguridad nacionales y/o binacionales sobre las posiciones territoriales de los cárteles en las zonas mexicanas ya identificadas como de producción de fentanilo, lo que va conducir a regresar a los tiempos calderonista de descabezar a los cárteles, pero sin una desarticulación total de las estructuras criminales, porque en los últimos años los jefes arrestados son de inmediato sustituidos por decisiones escalafonarias dentro de las organizaciones del crimen organizado. Por ejemplo, los arrestos del capo Joaquín El Chapo Guzmán y de su hijo Ovidio no liquidaron la estructura criminal y de narcoproducción del Cártel de Sinaloa. Sólo los ataques directos contra posiciones territoriales del narco podrían desmantelar las estructuras del tráfico de drogas. La lista de la DEA contra cárteles y dirigentes criminales va a provocar una reacción violenta de las estructuras del narco y las primeras estimaciones de analistas prevén un aumento en la violencia delictiva. La Cumbre sobre Fentanilo en Washington designó también al Cártel Jalisco Nueva Generación como el segundo más importante organismo delictivo que aparece como responsable del contrabando de droga a Estados Unidos, aunque con pocas evidencias respecto a propiedad de laboratorios clandestinos para la producción de la droga. Junto con el de Sinaloa, el Jalisco tiene una estructura criminal organizada para la violencia, con cuadros que gusta de exhibir mostrando armas, personal y vehículos y haciéndose cargo de ataques contra funcionarios mexicanos. En ese contexto, el saldo de la Cumbre sobre Fentanilo fue el anuncio de una nueva fase de ofensiva violenta de las autoridades de los dos países --México y Estados Unidos-- contra personajes, posiciones y figuras de los señalados como los dos principales cárteles del narcotráfico mexicano que se habrían consolidado y expandido en esta fase de los últimos cuatro años del Gobierno actual en que se dejó de perseguir y de arrestar a los capos, con tal de establecer un ambiente en el que la no persecución de delincuentes habría de llevar --cuando menos en el modelo de seguridad-a una disminución de la violencia delictiva. Sin embargo, las últimas cifras procesadas por el sitio TResearch International revelan que el número de homicidios dolosos por violencia criminal va en más de 150,000 fallecidos, contra el punto más alto de muertes que contabilizaron 156,000 en el sexenio de Peña Nieto. Proyecciones hasta el día de hoy señalan que el número de homicidios dolosos tendría una tendencia para terminar el sexenio actual con más de 210,000.

Asimismo, hay que aprovechar la oportunidad para que esa inversión incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación.

“Asimismo, se han sugerido formas en las que el sector privado puede colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que se avizoran”, destacó.

“Obviamente, la materialización de la gran oportunidad de la relocalización inicia con la concreción efectiva de las inversiones. Un elemento necesario para ello es la actitud del gobierno ante los inversionistas potenciales”.

El CEESP recordó que hace una semana expresó que la operación de compra de varias plantas de generación eléctrica de Iberdrola era una mala señal para la inversión, además de ser una operación sin mayor sentido para la economía.

Sin embargo, recalcó, el mensaje negativo hacia la inversión se repite en las iniciativas enviadas recientemente por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, buscando la modificación de la Ley Minera y diversos cambios a disposiciones en materia administrativa.

El saldo político y estratégico de la Cumbre de Fentanilo en Washington se resume en la finalización del modelo mexicano de “abrazos, no balazos” y el regreso al modelo calderonista de persecución policíaca contra los capos para descabezar a los cárteles, pero ni antes ni ahora las autoridades mexicanas y estadounidenses han tenido la capacidad para desmantelar la estructura de los nueve cárteles que funcionan en el narcotráfico ni para desaparecer a los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

Lo que falta por aclarar es el compromiso del canciller Ebrard cómo firmante del acuerdo de la Cumbre para permitir de nueva cuenta la actividad de la DEA en México contra el narcotráfico y si se trataría de un compromiso que tendría que mantener en caso de ser el candidato presidencial de Morena en 2024 y de ganar las elecciones.

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Esa iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa reforma 23 leyes, con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos, dijo el CEESP.

“Los resultados de este gobierno evidencian un grave deterioro de la economía real y hay signos importantes de insostenibilidad fiscal hacia el futuro, con un alto déficit fiscal, gastos rígidos a la baja y reservas precautorias agotadas”, afirmó la institución.

“Como se señala arriba, hoy por hoy la mejor oportunidad de crecimiento sostenible de la economía, y probablemente la única, es la relocalización de las inversiones. Urge que se concreten las condiciones para aprovecharla al máximo”.

No obstante, la preferencia revelada del gobierno es más bien los objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral. Con su actitud, desde el punto de vista económico, parecería que quisiera disuadir en vez de alentar la inversión. Sun