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Señalan Presuntos Actos de Corrupción en el Trámite de la TVR en la Frontera Sur
Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo del 2023.- Un grupo de diputados federales instaron mesas de trabajo con representantes de la sociedad y grupos colegiados en ésta ciudad, en donde se recogieron quejas, demandas, propuestas y otras inquietudes para conformar un nuevo plan de trabajo federal, y una de las grandes inconformidades fue el cruce migratorio en la frontera con Guatemala.
En la mesa empresarial de turismo, Tomás Hau Velázquez, en voz de los participantes dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que se plantearon varias propuestas y entre ellas la de la seguridad como un gran prioridad, además de la urgente necesidad de que el gobierno invierta en el sur, al menos en carretera y logística. .
Aunque dejó en claro que gran parte de la economía que sostiene a Tapachula y los municipios aledaños es la llegada de visitantes, sobre todo de Guatemala, por la derrama permanente que hacen al llegar a realizar sus compras y recreativas a la región.
Sin embargo, precisó que los empresarios expusieron a los legisladores federales que el Instituto Nacional de Migración (INM) no da agilidad al cruce fronterizo legal a través de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) y que eso provoca de manera irremediable actos de corrupción, “aún cuando éste gobierno ha tomado como bandera precisamente el acabar con ese flagelo”.
Por eso, además de ver que no hay investigaciones ni la detención de los involucrados y que las cosas están iguales o peor luego de cuatro años, los empresarios están solicitando que las citas electrónicas para obtener ese documento y realizar el resto de los trámites, se realicen en las cancillerías en territorio chapín y después sólo sea presentado en la frontera.
Recordó, incluso, que en el sexenio pasado eran infinidades de camiones turísticos que arribaban a Tapachula y municipios circunvecinos a realizar sus comprar y a pasear con un simple pase local y que al entrar la TVR se agilizó mucho el trámite y aumentó el turismo, pero que poco duró el gusto.
En esa mesa, comentó, los empresarios hoteleros señalaron que los propios turistas les han expresado que ya no quieren llegar a Tapachula y tampoco a la frontera por las citas, porque los agentes del INM reducen el número de expediciones lo más que pueden para fomentar la corrupción.
Según los hoteleros, por poner un ejemplo, si hay 200 gentes formadas tratando de actualizar su TVR para entrar al país, pero solo reciben a cien, por lo que el resto cae en la desesperación y en los ofrecimientos para que puedan pasar rápido y directo. EL ORBE / Ildefonso
Ochoa Argüello
*Suman más de 65 mil Detenidos Desde el Régimen de Excepción.
Trasladan a 2 mil Maras Salvatruchas a Nueva Mega Cárcel en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este 15 de marzo que fueron trasladados 2.000 pandilleros más a una nueva prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 miembros de estas estructuras criminales y, de acuerdo con el mandatario, “la más grande de América”.
“Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, publicó el mandatario en Twitter y agregó que “ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”.
Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de Seguridad del país centroamericano no habían informado sobre el movimiento de reos y se desconocen los detalles del traslado.
El primer traslado de se dio a finales de febrero, en esa ocasión familiares de detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo se movilizaron a las afueras de las prisiones. Bukele inauguró el Cecot a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción. La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 65.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.