Página 06 Artículo Narcotráfico No es Terrorismo

Juan Ramón de la Fuente y Pablo Arrocha

(Misión Permanente de México en las Naciones Unidas)

El 1 de diciembre de 2019, tras las declaraciones del entonces presidente Trump, en las que decía que pondría en marcha un proceso para designar a las organizaciones mexicanas del crimen organizado como grupos terroristas, publicamos en este espacio un artículo bajo el mismo título (EL UNIVERSAL,12/01/19). Ahí nos referimos a las diferencias que hay entre ambos conceptos y explicamos por qué pretender equipararlas no solamente no solucionaría el problema, sino que lo agravaría. La respuesta de México fue entonces y sigue siendo categórica: no se admitirá acción alguna que atente contra la soberanía nacional.

Pero no debe sorprender que una vez más nos topemos con el mismo debate. El tema se usa con fines político-electorales y la idea de una posible intervención militar en nuestro país, por perversa que sea, resulta atractiva para algunos. Los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Louisiana) han planteado un supuesto plan de dos puntos: designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y la autorización del uso de la fuerza militar en su contra. El planteamiento se hizo con toda intencionalidad. Se trata de ganar adeptos. Resulta imposible pensar que ignoran que su dicho rebasa los límites establecidos en el derecho internacional. Pura politiquería, pues.

Pero por eso mismo es pertinente reiterar algunos puntos, para no caer en la provocación ni hacerles el juego, pero tampoco dejarlos pasar como si nada hubiese ocurrido.

La designación unilateral por parte de Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras, se da como resultado de un proceso interno que está regulado por leyes de ese país, tales como el Acta de Inmigración y Nacionalidad o el Acta de Autorización de Relaciones Extranjeras.

Por lo mismo, conviene rescatar lo dicho por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el pasado 3 de marzo: “tal designación no es necesaria ni aporta mayores facultades a las ya existentes para abordar el combate al narcotráfico, incluidas sanciones a individuos y entidades”.

Ahora bien, no designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no significa minimizar la gravedad del problema. Se trata de definir con precisión y llamar por su debido nombre al tipo de actividad delictiva de la que se trata. Sólo así se podrán reforzar los mecanismos legales nacionales e internacionales que correspondan, para enfrentarlo con mayor eficacia.

Asumir que la designación de organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas va a justificar el uso de la fuerza es, pues, un planteamiento falso y contrario al derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 2, reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados y señala además que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Al respecto, cabe recordar que sólo existen dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU: cuando así lo autoriza el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII, o cuando se actúa en legítima defensa de conformidad con el Artículo 51. Ninguna acción militar destinada a llevar a cabo ataques dirigidos contra organizaciones criminales en México podría justificarse bajo estas excepciones.

Otra dimensión ineludible del problema, que fue omitida por los senadores republicanos, es la del vínculo existente entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Se trata de un asunto que requiere de respuestas internacionales y multisectoriales.

Tanto el terrorismo como la delincuencia organizada, independientemente de su categorización, son fenómenos muy violentos, que conllevan actos criminales, y que afectan y lastiman de manera profunda a nuestras sociedades. Una lección fundamental que México ha aprendido, como consecuencia de las estrategias exclusivamente represivas, es que la violencia conlleva más violencia. Siempre será un error crear un monstruo para tratar de vencer a otro. Los planteamientos del Gobierno de México han sido muy claros: mejorar la colaboración y la cooperación internacionales. No podemos olvidar que el principal mercado de consumo de drogas, con un valor de cientos de millones de Dólares anuales, está precisamente en Estados Unidos. A eso se suma que más de 200,000 armas de fuego son traficadas anualmente de manera ilegal hacia nuestro país. Al menos el 80% de las armas incautadas al crimen organizado provienen de Estados Unidos. Ante este grave problema, la cancillería mexicana optó por la vía del derecho y presentó en 2021, una demanda innovadora contra algunas de las mayores empresas fabricantes de armas en ese país. El proceso sigue su curso por la vía judicial.

Cooperación sí, toda la que se requiera; intervencionismo no, bajo ninguna circunstancia. Sun

Indicador Pol Tico

INE: Disputa por el Poder Y 8.- Córdova Traicionó la Democratización

Carlos Ramírez

Furioso por haber conducido al INE a una confrontación directa con el presidente López Obrador, el consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello liquidó el proceso de apertura política en el ámbito electoral que comenzó con la reforma de 1977, porque las quejas legales para frenar el Plan B destruyeron la viabilidad del Instituto Electoral.

De organismo autónomo, el INE está dando el salto con Córdova a un poder autónomo no legal equiparable e inclusive superior al Poder Legislativo que personifica la soberanía popular, define el régimen de Gobierno representativo y es el único con capacidad de decisión legislativa en función de las mayorías absolutas o calificadas.

Las demandas legales del INE de Córdova ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para bloquear o abrogar las reformas legales en materia electoral que aprobó la mayoría de Diputados en la Cámara se centraron en los cambios que afectaban el funcionamiento burocrático del Instituto; es decir, se trataron de demandas para proteger la estructura elefantiásica del organismo electoral que avanzó un poco en su función central de defensa del voto.

Las demandas del INE ante la Corte fueron impulsadas por una alianza político-electoral entre la actual dirigencia en retiro del Instituto, el bloque político conservador encabezado por la Coparmex y el empresario Claudio X. González y el grupo del PRIANREDE, en camino los tres de definir un candidato presidencial opositor a Morena.

El largo y lento proceso de reforma política por goteo comenzó en 1977 con un nuevo sistema de partidos que legalizó al Partido Comunista Mexicano, pero al mismo tiempo permitió el juego perverso del Poder Ejecutivo para inventar y desaparecer partiditos coyunturales que han dividido el voto opositor y beneficiado al PRI.

El organismo electoral que se hizo añicos por el fraude de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz en 1988 para beneficiar a Carlos Salinas de Gortari, tuvo una evolución en dinámica de autonomía relativa para construir un organismo gigantesco y burocrático sólo para organizar elecciones, aunque, ante la incapacidad de los partidos, asumió la facultad arbitraria de convertirse en instancia que ha definido el tipo de democracia procedimental, autoritaria y reglamentada que sólo tuvo éxito cuando la oposición logró ventajas electorales cómodas, pero que arrastró irregularidades porque todos los Consejeros Presidentes del INE fueron producto de juegos perversos de poder de los Presidentes en turno.

La reforma electoral del presidente López Obrador -en sus versiones A y B- buscó circunscribir al Instituto Electoral a su función estricta de organizar elecciones, quitándole facultades burocráticas y reconociendo que el INE estuvo en el centro del fraude electoral de 2006, de las irregularidades electorales en el 2012 que beneficiaron a Peña Nieto, y en el acotamiento estricto de la expansión político-electoral de Morena, y el INE de Córdova y Ciro Murayama Rendón no se sometió al mandato de régimen del Poder Legislativo y acudió a la Corte a defender su estructura de intereses de burocracia dorada.

Lo que está en el fondo de las denuncias del INE de Córdova ante la Corte no es la autonomía del organismo electoral, sino el mantenimiento de una estructura de privilegios burocráticos, aunque también la intención de las demandas de anticonstitucionalidad quiere reforzar la actual estructura del Instituto para seguir manejando el proceso electoral sin interferencia de ninguna autoridad. Es decir, la furia de Córdova se resumió en el enojo por la pérdida de los mecanismos que permitían la designación de Consejeros y Consejeros Presidentes a partir del grupo intelectual de José Woldenberg y el Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia. Y el enojo de Córdova fue contra el relevo del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, que había sido entronizado por Córdova de manera ilegal por adelantado para que la Secretaría Ejecutiva -y no el nuevo Consejero Presidente y el renovado Consejo Electoral- opere las elecciones presidenciales del 2024 en contra del candidato de Morena, por la sencilla razón de que se dio ya una alianza electoral estratégica del INE con el PRIANREDE y con el bloque Coparmex-Señor X, que están funcionando para poner candidato opositor a la Presidencia.

Es decir, el INE de Córdova se convirtió en partido político-electoral. Córdova traicionó el proceso de reformas políticas de distensión electoral y liquidó la viabilidad del INE obligando a la creación, lo más pronto posible, de un nuevo organismo electoral. Política Para Dummies : la política es el patíbulo de la política. El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica. carlosramirezh@ elindependiente.com.mx http://elindependiente.com.mx @carlosramirezh

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*Anuncia el Ayuntamiento de Tapachula.