INDICADOR POLÍTICO Xóchitl, Modelo Fox y Calderón, con el Aval y Apoyo del PRI y PRD

Carlos Ramírez

Surgida de una propuesta del presidente López Obrador, la preprecandidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez acaba de adelantar, en uno de los temas torales de la agenda nacional, la restauración de la política de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, hasta ahora indefendible por el uso arbitrario de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y por la gestión de Genaro García luna como secretario de Seguridad Pública, hoy encarcelado y a la espera de sentencia por alianzas con el narcotráfico.

El tema de la inseguridad comienza a ocupar espacios políticoelectorales en los discursos de los precandidatos de todos los partidos, bastante porque el proceso de designación oficial de competidores por el cargo presidencial se mueve en medio de evidencias ominosas de violencia criminal, de aumento de las presiones por el tráfico de drogas y de cifras de inseguridad que siguen reflejando ese tema como el prioritario en el ánimo nacional. La propuesta de seguridad de la pre-precandidata Gálvez ha salido -y éste es un dato mayor- de un equipo especializado de asesores en materia de comunicación política vinculado al PAN y al activista Claudio X. González, atropellando los compromisos del proceso del Frente Amplio, de sólo buscar el reconocimiento público y no comprometer con anticipación propuestas de gobierno del PAN y del PRD. En este contexto, la senadora Gálvez estaría imponiendo en el Frente Amplio de tres partidos de oposición y de una larga lista de organizaciones presuntamente civiles, los criterios ideológicos del PAN de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, aunque la candidatura oficial del frente opositor estaría avalada por el PRI y por el partido de los Chuchos con el membrete del PRD. Y aunque el PRI y el partido Chuchista están controlados por bloques de poder conservador y neoliberal, de todos modos, los precandidatos priistas Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid, los panistas encabezados Santiago Creel Miranda y los perredistas

Jaime Enríquez Félix, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera no han definido sus propuestas en materia de seguridad, pero todos ellos tienen opiniones críticas sobre lo ocurrido en los sexenios de Fox y Calderón y están planeando ir más allá del modelo de López Obrador.

La invocación que hizo la senadora Gálvez de recuperar el modelo de seguridad del Gobierno de Calderón cayó un mal momento político por el arresto y enjuiciamiento de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a la espera de sentencia condenatoria en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos. Ese dato se debe incluir el hecho de que el expresidente Calderón se encuentra exiliado en España, ante el temor de que los expedientes de García Luna y sus acusaciones de complicidades con el crimen organizado alcancen al exmandatario.

El dato más importante de esta propuesta de la senadora Gálvez tiene que ver con el mensaje de restauración del modelo presidencial Fox-Calderón que fracasó en una gestión de doce años del Gobierno Federal y que facilitó, casi en modo automático, al regreso del PRI a la Presidencia en el 2012 y el fracaso político del presidente Enrique Peña

CONTRACORRIENTE

Nieto.

Los gobiernos panistas y priistas de 2000 a 2018 y su saldo negativo en materia de corrupción e inseguridad facilitaron la victoria contundente de López Obrador en julio de 2018 con el 53% de los votos -que no se veía desde 1982-, contra 22% de votos por el PAN y 16% por el PRI.

Las propuestas de la senadora Gálvez de restaurar los modelos de seguridad de Fox y Calderón están determinando como limitada su propuesta política de gobierno del Frente Amplio opositor sólo como una restauración ideológica panista, con el aval, apoyo y compromiso del PRI y del PRD de los Chuchos.

Política Para Dummies : La política se disfraza de sí misma. El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica. carlosramirezh@ elindependiente.com.mx http://elindependiente.com.mx @carlosramirezh

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Ayotzinapa: el Registro Oculto en Plena Desaparición de los 43

Hace algunos años creía que, a pesar de las resistencias institucionales, el caso de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos sería resuelto. Pero todo termina en lo mismo: no hay verdad, nadie sabe por qué sucedió, quién lo planeó u ordenó. Los que lo saben, lo ocultan.

Estos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha cerrado su participación en el caso. Desde su primer informe dejaron ver que la desaparición de los estudiantes no se hizo posible de un día para otro, sino que había todo un contexto de macrocriminalidad que involucraba actores estatales y no estatales; y por lo tanto había que profundizar en ello.

En su último informe, el GIEI presenta una variedad de información sobre los obstáculos que se les presentaron para conocer a los datos que ellos suponían abrirían los caminos de la verdad.

Un dato revelador vertido en el informe es que Justo un día antes de la desaparición de los normalistas se emitió un oficio institucional militar en Guerrero que ordena “elaborar un diagnóstico de la situación que prevalece en su jurisdicción con motivo de la próxima conmemoración de los hechos registrados el 02/10/68. Así mismo deberá informar oportunamente sobre el desarrollo de los eventos que se presenten en jurisdicción por dicha conmemoración, emitiendo su opinión y remitiendo fotografías y material que se ha distribuido con motivo del desarrollo de los mismos […] debiendo mantener estricto seguimiento a las actividades

Maite Azuela programadas por diferentes organizaciones sociales sindicales y estudiantiles con presencia en ese sector bajo su mando”.

En atención a esa orden, hay un informe del un autobús a la empresa “estrella de oro”, con número económico 1531, color blanco con verde, lugar en el cual se encuentran solicitando cooperación voluntaria a los automovilistas que transitan por el lugar y extrayendo combustible (diesel) a diferentes tractocamiones camiones y autobuses; (se anexan fotografías), seguirá se informando”. Un día después, todos los estudiantes que iban a bordo de ese autobús serían desaparecidos. El GIEI remata esta información con otro dato contundente. El día de los hechos, 26 de septiembre, la orden de dar seguimiento estaba siendo atendida: “hasta que los jóvenes llegan a las afueras de Iguala, el registro es constante. Sin embargo, no se ha proporcionado ningún reporte de su entrada en la estación de buses ni de los ataques sufridos. ejército del 25 de septiembre en el que se relata que los estudiantes de la Normal “arribaron a la altura del kilómetro 127 del tramo carretero Iguala-Chilpancingo. Como referencia a inmediaciones de la comunidad rancho del cura, municipio de Iguala, Gro., a bordo de

Todo esto es contrario a la necesaria existencia fílmica, fotográfica y documental de los hechos del 26-27 de septiembre que debe existir, porque se ordenó recabarla, enviarla y protegerla”.

Cuando el gobierno de López Obrador llegue a su último mes se cumplirán 10 años de la desaparición de los normalistas. El informe del GIEI deja una larga lista de pendientes, pero hay una tarea prioritaria: tienen un año para dejar de concentrarse en lo que hicieron las policías municipales, los sicarios de medio pelo e incluso “los mandos” criminales. Hay una institución que tenía una orden clara de recabar información y, al menos el GIEI, no la conoció. El ocultamiento no es accidental.

Sun