Sentencia Colegio

REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

Expediente No. 079-2024-EPEN-00004

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), años ciento ochenta y dos (182) de la Independencia y ciento sesenta y tres (163) de la Restauración; La Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, localizado en la calle Fausto -Ceja- Rodríguez (antigua Barahona) esquina Abreu, número 178, Sector San Carlos, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, presidida por la Magistrada Ana I. Lee Florimón, Jueza de Paz Titular, en audiencia pública asistida de la secretaria y del alguacil de estrados de turno.

Con motivo de la Acusación presentada por la licenciada Sumaya Acevedo Sánchez fiscalizadora ante el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, actuando como Ministerio Público, en representación del Estado Dominicano y la Junta de Vecinos Los Cacicazgos INCORP con una acusación particular, entidad incorporada mediante el Decreto No. 968 de fecha 22 de abril del año 1983, con asiento principal en la calle Sanabacoa, No.02, sector Los Cacicazgos, Distrito Nacional, representada a los fines por su actual Presidente señor Roberto Rodríguez, quien tiene como abogada constituida y apoderada especial a la licenciada Miriam Paulino, dominicana, mayor de edad, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm.001-1005266-9, con estudio jurídico en la calle San Francisco de Asís No.52, Edificio Sheryl Lourdes, apto. 1-B, Alma Rosa I, Santo Domingo Este, localizable en el número de teléfono 809-861-7473, correo: miriampaulino8@hotmail.com, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional Raquel García dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-19115590, matriculada en el Colegio Dominicano de Abogados con la matrícula número 86571-545-20, Wilmer Fidel Richardson Nova, Jacqueline González Vásquez y Rafael Ernesto Molina Musa, con estudio profesional en común abierto en la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento del Distrito Nacional, sito en la calle Fray Cipriano Utrera, en el segundo nivel del Palacio Municipal del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, sector la Feria, Distrito Nacional, localizable en el número telefónico: 809-535-1181 extensión: 1242. En lo adelante partes acusadoras.

En contra de la señora Jenny Jennifer Taveras López, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1765050-7, domiciliada y residente en la Calle Onaney No. 13, Los Cacicazgos, Distrito Nacional, localizable en el número de teléfono 809-449-6831 y la entidad BFS Babys First School, quien tienen como abogado constituido y apoderado a el licenciado Kenuer Pujols Soto, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2226372-1, adscrito a la Oficina Nacional de la Defensa Pública, departamento Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL judicial del Distrito Nacional, teléfono: 829-750-2528, correo electrónico: Kpujols@defensapública.gov.do, con domicilio en la calle Fabio Fiallo esquina Beller, cuarto (4to) nivel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En lo adelante parte imputada.

Cronología del proceso.

En fecha veinte (20) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), el Ayuntamiento del Distrito Nacional, mediante sus abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Carol Janet Suarez Núñez, Maura Castro, Linsay Spraus Jaques y Alejandro Puello, interpusieron formal querella y constitución en actor civil, por ante el Magistrado Fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional.

En fecha veinte (20) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos Incorp, mediante su abogada constituida y apoderada especial a la licenciada Miriam Paulino, interpusieron formal querella y constitución en actor civil, por ante el Magistrado Fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional.

En fecha quince (15) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), el Ministerio Público presentó su escrito de acusación mediante la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, en contra de la ciudadana Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, por supuesta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 8 de la Ley 6232-63, los artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, artículo 4 de la Ordenanza 4/2018, los artículos 5 y 6 y el artículo 471 numeral 21 del Código Procesal Penal Dominicano.

Para el conocimiento de la audiencia preliminar de este proceso, en fecha dieciséis (16) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, mediante el Auto No. 13/2024, contentivo al auto de fijación de audiencia preliminar en contra de la ciudadana Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, por supuesta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 8 de la Ley 6232-63, los artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, artículo 4 de la Ordenanza 4/2018, los artículos 5, 6 y 8 de la Ley No. 6232-63, artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y el artículo 471 numeral 21 del Código Procesal Penal Dominicano.

Que luego de que este proceso tuviera varias audiencias en la etapa preliminar, en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinticinco (2025), la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, mediante la Resolución Penal No. 079-2025-SRES-00013, contentiva del auto de apertura a juicio y remisión del expediente a la Segunda Sala para el conocimiento del juicio de fondo.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL En fecha tres (03) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) esta Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, mediante el Acta No. 080-2025TACT-00001, procedió a aplazar el conocimiento de la audiencia a los fines de citar a la testigo Carmen Susana Paniagua Matos, fijando así una próxima audiencia para el día diecisiete (17) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

En fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). Las partes concluyeron como figura en otro apartado de la presente decisión y la jueza procedió a aplazar la lectura del fallo para el día dieciocho (18) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) a las tres horas (3:00 p.m.) de la tarde, esto por lo avanzado de la hora. Por lo que, se procedió a concluir con el conocimiento del juicio, donde el acusador público y el abogado de la defensa concluyeron con la presentación de sus pruebas; luego las partes presentaron sus argumentaciones y conclusiones al tribunal en la forma en que serán transcritas en el apartado siguiente, acto seguido, nos retiramos a deliberar, pronunciando esta sentencia en dispositivo, con una motivación oral de los fundamentos de la misma, acorde con lo preceptuado en el artículo 335 del Código Procesal Penal.

En fecha (18) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), está Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional mediante el acta de audiencia No. 080-2025-AUT-00003, procedió a dictar in voce la decisión del tribunal en cuanto al aspecto penal; reservándose la decisión en cuanto al aspecto civil para su lectura integra de la presente decisión para el día nueve (09) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) a las tres horas (3:00 p.m.) de la tarde.

Pretensiones de las partes.

Parte acusadora La parte acusadora luego de haber presentado su acusación con las pruebas presentadas al tribunal, solicitó lo siguiente: ´´ Primero: Que al haberse demostrado la acusación más allá de toda duda razonable y al haber destruido la presunción de inocencia que revestía a los acusados Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, que sean declarados culpables de haber violentado las disposiciones de los artículos 5 y 8 de la Ley 6232-63, los artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, artículo 4 de la Ordenanza 4/2018, los artículos 5, 6 y 8 de la Ley No. 6232-63, artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; Segundo: Que al ser declarados culpables sea condenados en cuanto a la persona física a una pena de prisión de un espacio de seis (06) meses de prisión tomando en cuenta la gravedad del hecho, según el artículo 111 y 120 Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece las multas por violación a las ordenanzas y reglamentos vamos a solicitar a esta tribunal Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL que la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School sean condenados al pago de cincuenta (50) salarios mínimos; así como la suspensión definitiva del uso de suelo ilegal con el cierre del colegio BFS Baby First School , ubicado en la calle Canasibana esquina Onaney No. 13 sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional, así como cualquier otro entidad o punto comercial establecido en este lugar por parte de esta imputada sin los debidos permisos y licencias; Tercero: Que sean declaradas las costas de oficio por los acusados estar asistidos de un abogado de defensa pública, y haréis justicia´´.

Parte querellante y actor civil La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos Incorp.

En la manifestación de sus conclusiones la licenciada Miriam Paulino, representante de la querellante y actora civil, solicitó: ´´Primero: Declarar como buena y valida la presente querella y constitución en actor civil incoada por La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos; Segundo: Que tenga a bien acoger todas las conclusiones vertidas por el ministerio público en cuanto al aspecto penal y en cuanto a la pena al cierre del colegio por el cambio de uso de suelo de manera ilegal Tercero: Que tengan a bien condenar a la señora Jenny Jennifer Taveras López y al colegio Baby First, al pago de las sumas de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00), adicionalmente que fije el tribunal un astreinte de cien mil (RD$100,000.00) pesos diarios en ocasión de la no acatar la y especialmente por él no cierre; Cuarto: Que se condene al pago de las costas y honorarios en favor de la abogada concluyente, bajo reservas´´.

Parte querellante y actor civil el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

En la manifestación de sus conclusiones la licenciada Raquel Alejandra García González, representación de la parte querellante el Ayuntamiento del Distrito Nacional, solicitó: ´´En cuanto a lo penal nos adherimos a al ministerio público; en cuanto a lo civil Primero: Ordenar el cierre definitivo del colegio Baby First ubicado en la calle Onaney No. 13 esquina Canasibana sector Los Cacicazgos Santo Domingo, Distrito Nacional; Segundo: Condenar a la Señora Jenny Jennifer Taveras López y a la entidad Baby First School a la reparación de los montos de daños y perjuicios liquidados al Ayuntamiento del Distrito Nacional los cuales ascienden al monto de quinientos once mil setecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$511,750.00) en virtud de lo que establece el artículo 297 del Código Procesal Penal; Tercero: En cuanto al fondo condene a la imputada Jenny Jennifer Taveras López y a la entidad Baby First School al pago de la suma de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) en virtud del artículo 120 de la Ley No. 17607 del Distrito Nacional y los Municipios; Cuarto: Que se condene a la imputada Jenny Jennifer Taveras López y a la entidad Baby First School al pago de las costas y honorarios de los procedimiento en virtud y provecho de los abogados concluyentes´´.

Que, el licenciado Kenuers Pujols Soto, defensa técnica de la imputada Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, concluyó: ´´Primero: Que sea declarada Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL inadmisible la querella interpuesta por la supuesta Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, por la falta absoluta de legalidad ya que la según la certificación emitida por el registro humanitario del ayuntamiento su registro nacional había vencido el 23 de marzo del 2019 por lo que en el momento de interponer la querella la misma carecía de personalidad jurídica y capacidad para actuar en la justicia; Segundo: Declarar la nulidad totalmente radical y absoluta de las pruebas 1)acta de infracción No. 20374 ; 2) Ficha de notificación y fotografías, a razón de que no existía base de lo especificado en el acta, de igual manera todo documento instrumentado por el señor Offer Minyetty, por tratarse de pruebas de esa magnitud ejecutadas por un individuo que como lo especifica la certificación SCM-CERT-13-2023, la cal establece que el señor Offer Minyetty no era la persona designada Tercero: Rechazar al ministerio público debido a que su objetividad y por estar sustentada las pruebas en una persona sin calidad ni autonomía pública, por la ausencia de formulación precisa de cargos, ni atribuirle el hecho a la señora y al colegio, de igual manera la falta de fundamentación, ya que las pruebas son de carácter delictual, debido a que fueron elaboradas por una persona que usurpo dichas funciones, por este motivo la acusación carece de valor jurídico; de igual manera el carácter delictual del acta No. 20374 ; de igual manera dictar sentencia absolutoria a favor de la señora Jenny Jennifer Taveras López y al colegio Baby First; de igual manera condenar a las partes que nos adversan a lo que viene siendo el artículo 20 y 52 a indemnizar a la ciudadana por lo que viene siendo dichas faltas, bajo reservas´´.

Declaraciones del imputado.

En salvaguarda de las garantías del debido proceso esbozadas en el Bloque de Constitucionalidad y la normativa Procesal Penal vigente, la presidencia del tribunal explicó sus derechos a la imputada, de acuerdo al artículo 319 del Código Procesal Penal, en especial su derecho a declarar sin que esto se interprete en su perjuicio, a no auto incriminarse y a declarar todo lo que estime favorable a su defensa.

Según lo establecido en el artículo 331 del Código Procesal Penal, la imputada la señora Jenny Jennifer Taveras López, estableció lo siguiente: `` Gracias magistrada voy a suprimir, el testigo que estaba ahí alega que él no sabía lo que había ahí, que eso es una casa, y la realidad es que sí, ósea es una estructura, ósea ahí había un colegio anteriormente el Galaxy International School, que está en ese documento que está ahí en un artículo del periódico que demuestra que en el año 2016 ahí había un colegio, pero anteriormente a eso, a ese colegio que estaba ahí, existía lo que era un tipo almacén el dueño era Arsemio, ok, como decía anteriormente ahí ya existía otro colegio, y lo que yo he puesto es un colegio parecido a ese colegio y la alcaldía y el ministerio público nos sometió; magistrada yo alquile un local comercial como mismo dice el contrato que es para uso comercial, pero el ministerio publico alega que en ningún momento yo especifique que era un colegio, pero ósea si especifica el contrato que es comercial, ósea que el contrato fue firmado diciendo que era para uso comercial, pero el ayuntamiento desde antes del año 2020 le dio el uso a ese inmueble como comercio especial, colegio privado, comercial especial, no yo, el Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL ayuntamiento, lo que allí se paga, se paga como comercio no como residencial, ósea el mismo ayuntamiento desde el año 2000 dice que ese inmueble es de uso comercial como lo dice el contrato, a mí me alquilaron para eso. La normativa 85/2009 es clara, muy clara y dice que, en esa manzana, o en todo Los Cacicazgos o Los Cacicazgos completo es de uso mixto magistrada, tanto familiar, unifamiliar como comercial, aquí el joven, el testigo decía cuarenta metros, en ningún lugar la normativa decía cuarenta metros me parece a mí magistrada, ¿entonces de donde lo sacó?, quisiera saber de dónde lo saco, porque la normativa no lo dice y la normativa es clara, y la normativa también dice que puede haber un comercio por manzana, y en esa manzana solo hay un comercio, que es lo mismo que están haciendo, por esa razón los recibos del ayuntamiento eran por uso comercial, por eso todas las personas que viven por ahí tienen derecho a uno por manzana a abrir un negocio si así lo desea, seguimos, este joven, pero permítame por favor este joven dice que él fue un inspector, en realidad aquí el código y la ley del Distrito Nacional y los municipios son claras, y en el artículo 159 magistrada dice, el consejo municipal a propuesta del síndico designara inspectores para vigilar y supervisar los establecimientos, eventos y servicios públicos municipales y velar por el cumplimiento de las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales, los mismos deberán de presentar juramento institucional ante el mismo…perfecto, bueno magistrada lo que sucede es que este caso viene desde hace cuatro años, donde hemos venido muchísimas veces, yo vengo instalo un colegio donde había otro colegio, el ayuntamiento dice que es de uso comercial, se han inventado todas las cosas, porque la cuestión era traerme aquí y someterme porque se dice que la junta de vecinos es quien decide quien se pone ahí y quien no se pone, para eso se supone que son las normativas, para eso se supone que está el ayuntamiento y el ministerio público, para velar que los conflictos entre personas en la vecindad no se den. ¿Cómo yo me siento?, que se ensañaron conmigo magistrada porque si ahí había un colegio y el ayuntamiento dice que es de uso comercial y la normativa dice que ese uso puede ser comercial, y me mandan a una persona que no tenía calidad jurídica , ósea que estaba usurpando funciones diría yo al levantarme un acta de infracción, pero ¿qué acta de infracción?, yo quiero saber qué es lo que yo he violado realmente magistrada´´.

Mientras que, La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos Incorp, representada por el señor Roberto Leonel Rodríguez Estrella, en calidad de querellante y actor civil, no hizo uso de sus derechos constitucionales de declarar en su defensa debido a que no se encontraba presente, sino más bien representado mediante el poder otorgado a su abogada.

Pruebas aportadas.

En atención al principio de presunción de inocencia preceptuado en los artículos 69 numeral 3 de la Constitución Política Dominicana, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 1969, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 1966 y 14 del Código Procesal Penal, corresponde a la parte acusadora, o sea al ministerio público destruir dicha presunción, que la ley le acuerda a todo ciudadano, jugando dicho órgano, un papel activo en la Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL investigación de los delitos; así como, aportando los elementos probatorios que sirvan de sustento en el juicio de fondo.

Procede identificar la oferta de pruebas de las partes, de acuerdo con los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 140,166, 167, 170,172, 175 al 186, 194, 204 y 325 al 328 del Código Procesal Penal y 3 y 8 al 21 de la Resolución núm. 3869-06, de fecha 21 de diciembre del año 2006, emitida por la Suprema Corte de Justicia, que reglamenta el Manejo de las Pruebas en el Proceso Penal: Parte acusadora: Testimonial.

1. Testimonio del inspector Arquitecto Offer Minyetty, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2532261-5, inspector adscrito al Departamento de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional, localizable en la calle Fray Cipriano de Utrera, La Feria, Distrito Nacional, para probar, que se trasladó a la Calle Onaney esquina calle Canasibana No. 13, Sector Los Cacicazgos, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, localizable mediante el número de teléfono 809-613-7770,el cual consistió en el siguiente: ´´Mi nombre Offer Antonio Minyetty Soriano, soy arquitecto graduado de la universidad O & M, en el año dos mil veintidós (2022). Laboré en la Alcaldía en la Dirección de Planeamiento Urbano actualmente estoy laborando con una institución privada que es una de esas que realiza proyectos, pero antes laboraba en la Alcaldía del Distrito Nacional, desde el año dos mil veinte (2020) al primer trimestre del dos mil veintitrés (2023), en donde mi primer cargo fue inspector, luego pasé a técnico en urbanismo. Como inspector era la evaluación de los proyectos y evaluaciones de algunas denuncias, tanto por juntas de vecinos como personas físicas, las evaluaciones por esas denuncias eran por la permisología, en esos casos podían ser ya sea por uso de suelo, ya sea por construcción sin los permisos, por la construcción de anexo y demás. El proceso para el nombramiento como inspector es que ellos te citan, ya ellos en recursos humanos te evalúan, te citan, te hacen la oferta y luego que tú aceptas, ellos te hacen una introducción, una introducción luego de recursos humanos se encarga de la juramentación digital. En el día de hoy he sido citado por el caso del Colegio, en el cual mi actuación consistió en que ese día nos dirigimos al colegio en el cual nos acercamos a la puerta, en donde hubo una representante que salió y le pedimos la certificación de uso de suelo, la cual no fue presentada, por lo que fue citada para el siguiente día y para que presente la certificación en la Dirección de Planeamiento Urbano, la cual no fue presentada, por eso la semana siguiente se hizo el sometimiento. De ese caso fui apoderado por vía de la denuncia que se sometió a la Dirección de Planeamiento Urbano, por lo que nosotros como inspectores debemos de darle la respuesta a ese caso, realizando la inspección en mayo dos mil veintidós (2022), esa inspección se finaliza luego de que ya la representante no presenta al momento de la inspección el permiso, y tampoco se presentaron a las Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL documentaciones requeridas, entonces se finaliza ya enviando el caso a la división jurídica del ayuntamiento, la inspección se realizó en la calle Onaney esquina Canasibana, la cual se hizo constar en el formulario de inspección, ese formulario fue depositado en la Dirección de Planeamiento Urbano conjunto con la colaboración del formulario de sometimiento, luego de ahí pasa a jurídica, si veo el documento lo puedo reconocer por mi letra y mi firma…si ese es el documento al cual hago referencia número 20374 de fecha nueve (09) de mayo del dos mil veinte dos (2022), luego del acta de comprobación se realizó el formulario de sometimiento, si lo veo lo puedo reconocer… si ese es lo puedo reconocer por mi letra y por mi firma. El levantamiento se realizó a los fines de ver si tenían los permisos de uso de suelo aprobados como comercial y se comprobó que no lo tenían. En ese caso, la que salió como representante no me dio su nombre, por ende, se hizo el acto a nombre del colegio, la inspección se notificó en una copia del acta y en la misma copia hay una cláusula en la que se hizo las observaciones, en la cual ahí se le puso fecha y hora para que se presentaran allá, pero el proceso en general se le notificó, se le entregó, como al otro día no asistieron; por ende, se procedió a hacer el formulario de sometimiento, luego no realice otra citación en el colegio, para el proceso en general se hizo el sometimiento, pero luego de este no tuve ninguna otra actuación en el proceso, pero la reacción de la persona al momento de pedirle los permisos es que ella simplemente no me supo responder, por lo cual ella se retiró y no salió nadie. Cuando entré al ayuntamiento era estudiante de término de arquitectura, no tenía exequartum, pero al momento de realizar la inspección fui en el sentido de inspector del Ayuntamiento para lo cual se necesita una juramentación, la cual, si tenía y estaba designado en el caso, no sé si había alguien más, pero yo sí estaba designado, y aunque no tenía exequartum para ese tiempo ya contaba con la experiencia, para realizar esta inspección solicitada por el ayuntamiento. Las actas se llenan en base a la ley 675 en base a esa ley nosotros se evalúa ya sea la manzana, ya sea el uso del suelo, en este caso el uso del suelo no se permitía hasta el momento ustedes tampoco presentaron la documentación aprobada al ayuntamiento por eso por eso es que se envía sometimiento del caso, con relación a eso la resolución 85-2009, de acuerdo con la situación, sí, bueno, como protocolo del ayuntamiento, cuando ustedes no presentan el uso del suelo al momento de la solicitud en el colegio, el protocolo es citarse, la cual se hizo mediante el acto, citación a la cual no se presentaron, entonces lo que sigue es el sometimiento. Anderson López hace el levantamiento por la remodelación del edificio, mientras yo hago el levantamiento por el uso de suelo, para la cual verifique el historial del inmueble que consistía en una vivienda de dos niveles, para este levantamiento facilitamos una orden para lo cual me presente directamente en las guaguas del ayuntamiento los inspectores con sus camisas y carnets del ayuntamiento, ahí se presenta un equipo de personas en la cual hay dos (02) inspectores, el actuante y uno ayudante y está el chofer, yo era el inspector actuante y el inspector ayudante José Francisco Cosme, donde indicamos que el uso de suelo era residencial pues según la ley 85-2009 esa manzana se establece que no debe de pasar a un comercio por manzana, no más de cuarenta metros cuadrados, no existe otro comercio, pero no tiene cuarenta metros cuadrados, sobrepasa los cuarenta metros cuadrados, en las ordenanzas establece eso que es de uso residencial y al momento de la inspección si existía el colegio y sobrepasaban los cuarenta metros cuadrados que Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL establece la ley en base a eso fue que levante el acta, nosotros como Dirección de Planeamiento Urbano con elemento humano al momento que se programaba una inspección, era porque no laboraba o no se le estaba dando el uso adecuado porque no elaboraba o no se daban el uso adecuado. Los requisitos para ser nombrados como inspector del Ayuntamiento del Distrito Nacional es ser estudiante de termino de arquitectura o ya arquitecto, luego de la presentación y el proceso, procede a la inducción, el cual lo hace recursos humanos, recursos humanos se encarga del proceso, la juramentación de mi cargo fue en octubre 2020, para esa juramentación debe verificarse con documentos de la universidad que sí yo esté en el término de la carrera de arquitectura y demás habilidades y yo cumplía con todas. Para la inspección los parámetros son ir al lugar, pedir las documentaciones, si no las presentan el proceso es citarlos para darles una brecha para que la presenten allá en caso de que se presenten, se impugna el acta en caso de que no se le da un tiempo, sino se presenta entonces se somete, por orden del encargado quien era Ismael López en ese momento encargado de inspección: Verificamos un cambio de uso de suelo consiste en que si es una vivienda debe someterse varias documentaciones a Planeamiento urbano solicitando el cambio de uso de suelo, si ese cambio de suelo procede en base a la ZID, que es la zonificación indicativa de densidades nos agarramos de eso, de las leyes, las normativas, si en caso de que proceda se le da la certificación de no objeción, y en caso de que no proceda se le da la objeción; en ese caso no procedía, pues era exclusivamente para vivienda familiar, por eso fue la inspección, en la cual se le solicitó la documentación para validar esa parte. En base a la actuación el encargado del lugar nos da un listado de trabajo, en la cual nosotros debemos de agotar y en ese listado de trabajo estaba la inspección del colegio, sí, yo entre en el 2020, dos (02) años ``.

Documentales: 2. Acta de comprobación de infracciones No. 20374 de fecha 09/05/2022 instrumentada por el inspector arquitecto Offer Minyetty adscrito al Departamento de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional.

3. Certificación del sometimiento No. 0040 contenida en el oficio DPU-EXT-106-22 de fecha 16/05/2022.

4. Formulario de Sometimiento No. 2022-0040 de fecha 16/05/2022, a través del inspector arquitecto Offer Minyetty, adscrito a la Dirección de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional.

5. Ficha de notificación DOC-DPU-DCV-001, de fecha 09/05/2022, y sus anexos.

6. Certificación de uso de suelo y retiro de edificaciones en el Distrito Nacional, No. ADN-DPU2022-0039.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 7. Respuesta de solicitud de certificación de expediente emitida por el ayuntamiento del Distrito Nacional No. DUP-EXT-2024-0156.

8. Contrato de alquiler firmado por la señora Jenny Jennifer Taveras López y Jesús Rafael Paniagua Matos, en fecha 27/10/2022.

9. Acta de inspección de lugar de fecha 08/03/2023, donde el magistrado Juan José Camacho Palen se traslada a la calle Onaney esquina Canasibana No. 13 del sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional.

10. Querella con constitución en actor civil interpuesta por La Junta de Vecinos Los Cacicazgos, en contra de la señora Jenny Jennifer Taveras López y BFS Babys First School, de fecha 20/04/2022.

11. Querella con constitución en actor civil interpuesta por el ayuntamiento del Distrito Nacional de fecha 26/05/2022 en contra de Jenny Jennifer Taveras López y BFS Babys First School y Carmen Susana Paniagua, quien ha sido excluida del proceso.

Ilustrativas: 12. Cuatro (04) copias de fotografías con la cual probaremos la existencia de las infracciones cometidas por la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School, por la cual la Dirección general de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional a través de su inspector Offer Minyetty, las ha sometido a la justicia y donde se aprecia el letrero del ayuntamiento de paralización de obras.

Parte Querellante y actor civil el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Se adhirió a las pruebas presentadas por el Ministerio Público e introdujo como prueba documental.

1. Poder de representación de fecha 02/12/2024, suscrito por el Sr. Ricardo Ayanes Pérez Núñez, Director jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional y notarizado por la licenciada Brenda D’ Alessandro Lefeld, mediante el cual otorga poder a los abogados Raquel Alejandra García González, Ana Luisa Gómez Muñoz, Wilmer Fidel Richardson Nova, Jacqueline González Vásquez y Rafael Ernesto Molina Musa para que puedan formalizar solicitudes, denuncias, querellas, demandas en nombre y representación de la institución.

2. Poder especial de fecha 01/05/2025, suscrito por la señora Rosa Carolina Mejía Gómez, Alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a favor del Sr, Ricardo Ayanes Pérez Núñez, notarizado por el notario público la licenciada Miryan Mejía Domenach.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 3. Copia del informe y perfil fotográfico de inspección, realizado por el inspector Leesael Severino, adscrito a la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en fecha 20/06/2025.

4. Copia del poder de representación de fecha 05/06/2025, debidamente notariado por la Dra. Biani Altagracia Piñeiro López, abogada-Notario Público de los del número del Distrito Nacional.

Parte querellante y actor civil La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos.

1. El duplicado del acta de comprobación de infracciones no. 20101 instrumentada en fecha 17/12/2021, por el inspector Anderson López, adscrito al Ayuntamiento del Distrito Nacional, Oficina de Planeamiento Urbano.

2. Copia de la Resolución municipal 85-2009, art. 35.

3. El acto de alguacil No. 615/21 de fecha 18/Nov./2021 mediante el cual la señora Jenny Jennifer Taveras López declara como el uso a dar en la calle Onaney No.13, Los Cacicazgos, Distrito Nacional.

4. La comunicación de la señora Luz María Guadalupe Castañeda de fecha 21/12/2021, dirigida al Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Distrito Nacional en oposición al uso de suelo pretendido por afectarla directamente.

5. La comunicación de fecha 17/12/2021 dirigida por La Junta de Vecinos Los Cacicazgos, INCORP. Al Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

6.Tres (03) fotografías de la colocación de letreros de obra paralizada y su retiro por parte de personal desconocido y continuación de trabajos ilegales.

7. Decreto de Incorporación No. 968 debidamente certificado por la Procuraduría General de la República.

8. Asamblea extraordinaria de la Junta de Vecinos Los Cacicazgos, Incorp. Celebrada en fecha 16/12/2021.

9. El certificado de Incorporación emitido por la Procuraduría General de la República, debidamente certificado, a los fines de probar la vigencia de la Junta y su capacidad y calidad para actuar en justicia.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 10. La certificación de la Alcaldía del Distrito Nacional de fecha 03/10/2022, emitida a nombre de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp., teniendo a Roberto Rodríguez como su presidente.

11. La Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp, de fecha18/07/2022, debidamente certificada.

12. La Asamblea General Extraordinaria de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp. De fecha 23/03/2017.

13. La Asamblea General Extraordinaria de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp, de fecha 02/12/2008.

14.Copia del certificado de título matrícula número 0100068921 expedido a nombre de Carmen Susana Paniagua Matos.

15. Dos (02) páginas de internet de publicaciones del colegio Babys First School; o) el acto de alguacil número 118/2022 de fecha06/05/2022.

16. La no objeción número ADN-DPU-2022-0039, emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional a Carmen Susana Paniagua.

17. El oficio número DPU-EXT-2022-0124 de fecha 19 de mayo del 2022, emitido por el Director de Planeamiento Urbano del ADA. 18. El oficio número DPU-EXT-2022-0125 de fecha 26 de mayo del 2022, emitido por el Director de Planeamiento Urbano.

19. Querella y constitución en actor civil presentada por el ADN en fecha 20 de mayo del 2022 y su oferta probatoria.

20. Notificación número 20374 de la inspectora arquitecta Karen castillo.

21. Acta de inspección al lugar de los hechos levantada por el ministerio público magistrado Camacho Palen en fecha 8 de marzo del 2023.

Parte imputada.

Prueba testimonial: 1. La señora Carmen Susana Paniagua Matos, dominicana, mayor de edad, soltera, comerciante, portadora de la cédula de identidad y electoral número 402-2142876-2, domiciliada y residente en Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL la calle Canasibana, esquina Onaney, sector Los Cacicazgos. Esta prueba testimonial ofertada no fue escuchada en la audiencia, debido a que la defensa técnica desistió de la testigo.

Prueba documental.

2. Copia del contrato de alquiler suscrito entre la señora Jenny Jennifer Taveras López y Jesús Rafael Paniagua Matos, en fecha 27/10/2021, con firmas legalizadas por el Dr. Miguel A. Dajer Dabas, notario público de los del número para el Distrito Nacional, notario público de los del número para el Distrito Nacional.

3. Copia de la ordenanza No. 85/09 de fecha 24/11/2009, expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

4. Copia de la ordenanza 10/2020 de fecha 26/11/2020, expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

5. Copia del reconocimiento de fecha 30/09/2022, emitido por el ministerio de educación.

6. Copia de la factura No. 33368085 de fecha 03/05/2023.

7. Certificación No. SCM-CERT-13-2023, de fecha16/05/2023, suscrita la Licda.

Betzy Céspedes Rodríguez, secretaria del Concejo de Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional; y Visada por la presidenta del indicado Concejo de Regidores.

8.Copia de la Ordenanza No. 04/2018 de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2018, expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

9. Copia de factura No. 33523763, de fecha 05/06/2023.

10. Copia Certificada del periódico diario libre, de fecha 1 de julio del año 2015.

11. Copia de la Factura No. 20125318, de fecha 01 de marzo del año 2016, Código No. 32067, Inmueble Identificado como 05037001800000000-0035, emitidas por la Alcaldía del Distrito Nacional.

12. Copia de la factura No. 31835505, de fecha 03/08/2022, código No. 32067, Inmueble Identificado como 05037001800000000-0035, local comercial emitida por la Alcaldía del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 13. Copia de Acta de Comprobación de Infracciones de la Dirección General Planeamiento Urbano No. 20101 de fecha 17/12/2021.

14. Copia de Certificación emitida por desarrollo comunitario junta de vecinos y organizaciones de base del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de fecha 22 de abril de 2022.

15. Copias de las Facturas No. 162281551, de fecha 02 de enero del año 2014, y 16408240, de fecha 03 de febrero de 2014, Código No. 32067, Inmueble Identificado 05037001800000000-0035, local comercial, emitida por la Alcaldía del Ayuntamiento del Distrito Nacional, para realizar el cobro de tasa por servicio de recolección de desechos sólido, del señor Anselmo K. De Jesús M. 16. Copia de Factura No. 31328108, de fecha 05/05/2022, a nombre del propietario del local comercial señor Jesús Rafael Paniagua Matos.

En cuanto a las pruebas aportadas por las partes.

Los testimonios aportados reúnen las características del testimonio de tipo presencial y referencial, han sido presentados observando todas las formalidades establecidas en la Normativa Procesal Penal, poseyendo referencia con el objeto del juicio, por tanto, puede ser objeto de ponderación.

Las pruebas documentales y pericial, han sido recogidas e instrumentadas observando los requisitos de forma y fondo previstos en la norma, y en respecto de los derechos y garantías reconocidos a los ciudadanos por nuestra Constitución y las leyes, e incorporadas acorde con el procedimiento establecido constituyendo documentación de interés para el presente caso, lo que hace que estas pruebas puedan ser objeto de ponderación y utilizadas para fundamentar esta decisión.

Ponderación del caso.

1. Que, en la especie se trata de un sometimiento penal formulado en contra de la ciudadana Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, por supuesta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 8 de la Ley 6232-63, los artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, artículo 4 de la Ordenanza 4/2018, los artículos 5, 6 y 8 de la Ley No. 6232-63, artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en perjuicio de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos Incorp, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, siendo este tribunal competente en los términos de la Ley núm. 58-88 del 20/06/1988 y sus modificaciones, y la Ley núm. 141-02 del 29/09/2002, que crea los Juzgados de Paz de Asuntos Municipales, en sus artículos 1 y 2, en adición de que es el auto de apertura a juicio marcado con el número 13/2025 de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinticinco (2025) emitido por la Primera Sala del Juzgado Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, el que nos designa como tribunal que corresponde conocer la etapa de fondo.

2. Que, el Ministerio Público presentó la siguiente acusación: “En fecha 20 del mes de abril del año 2022, recibimos una querella con constitución en actor civil, interpuesta por la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, en contra de la señora Jenny Jennifer Taveras López y el colegio BFS Baby First School, por la razón de que está realizó una remodelación y cambio de uso del suelo si n los permisos, en la calle Onaney No. 13 esquina Calle Canasibana, Sector Los Cacicazgos de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional; en fecha 09 del mes de mayo del año 2022, el inspector Arquitecto Offer Minyetty, adscrito al Departamento de Planeamiento Urbano, localizable en la Avenida Fray Cipriano de Utrera, sector La Feria, Distrito Nacional, se trasladó a la calle Onaney No. 13 esquina calle Canasibana, Sector Los Cacicazgos, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, donde comprobó que en ese momento la señora Jenny Jennifer Taveras López y BFS Baby First School estaba cometiendo la infracción consistente en cambio de uso de suelo sin los permisos, lo que dio lugar a que el inspector actuante, levantara el acta de comprobación de infracciones No. 20374 de fecha 9 de mayo del año 2022; En fecha 20 del mes mayo del año 2022, recibimos una querella con constitución en actor civil del Ayuntamiento del Distrito nacional en contra de la señora Jenny Jennifer Taveras López y BFS Baby First School estaba cometiendo la infracción consistente en cambio de uso de suelo sin los permisos, que emite el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Iniciadas las investigaciones y verificada la infracción el fiscalizador en ese entonces de la Fiscalía para Asuntos Municipales, solicitó al Juez de la Instrucción para Asuntos Municipales una medida cautelar de paralización de remodelación y de uso de suelo, la cual fue acogida por el Juez de la Instrucción mediante la Resolución No. 079-2022-SRES-00012 de fecha 11 de julio del 2022 y modificada por la resolución penal No. 501-2022-SRES-00389 de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la cual ordena la paralización del uso de suelo y la construcción ilegal en el inmueble en la dirección antes mencionada, además autoriza la fuerza pública para el cumplimiento de la medida cautelar, cuestión que hasta el momento las acusadas no han cumplido y siguen operando sin los permisos; por esos hechos honorable fue acogida la calificación jurídica en el auto de apertura a juicio consistente en la infracción a los artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, el artículo 4 de la ordenanza No. 4/2018 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Resolución No. 85/2009, modificada por la Resolución No. 10/2020, artículos 5 y 6 y 8 de la Ley No. 6232-63, artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, es cuanto honorable, con respeto a esa parte´´; Que, la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, están siendo formalmente acusados de haber realizado una remodelación ilegal y cambio en el uso de suelo sin los permisos de lugar que es a todas luces ilegal y por las mismas operaciones estar generando una trastorno de convivencia al ornato público y la desvaloriza de las propiedades colindantes de los querellantes. Estos delitos están tipificados y sancionados por los en los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 6232-63, los artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL artículo 4 de la Ordenanza 4/2018, artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, sobre los cuales se contrae el presente escrito de acusación son los siguientes: Descripción de los Elementos Probatorios que Sustentan la Acusación: 1) ´´Original del acta de comprobación de infracciones No. 20374 de fecha (09) de mayo del (2022) , instrumentada por el inspector Offer Minyetty adscripto al departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la cual se indican que se observó una edificación de dos niveles que está operando como colegio (uso comercial) en donde ellos no cuentan con los permisos correspondientes, por lo que se hizo la observación de que se deben paralizar los trabajos.´´ Competencia.

3. El artículo 149 de la Constitución, expresa que “La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley... Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes”.

4. El principio de tutela judicial efectiva se encuentra identificado en la Constitución, en su artículo 69, cuando enuncia “toda persona… tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación… ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”.

5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, exige el respeto a las garantías fundamentales y procesales de las partes en diferendo, cuando expresa que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

6. El tribunal debe determinar su competencia para conocer del asunto, toda vez que dicha actuación le da facultad legal para actuar y le otorga logicidad y coherencia al razonamiento judicial, según los artículos 69.1, 2 y 7 de la Constitución y 54 al 66 del Código Procesal Penal, los cuales imponen a todo tribunal el valorar de manera previa su competencia para conocer del asunto, aún de oficio.

7. La Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ha tomado en cuenta la competencia, cuando sostiene que todo tribunal debe examinar su competencia, a solicitud de parte y aún de Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL oficio, antes de abocarse al conocimiento del fondo del asunto y, cuando se trate de un asunto que ataña al orden público, el examen procede en cualquier estado de causa1.

8. La competencia de este tribunal es regular y válida conforme a la regla de la triple competencia; esto es, en razón de la materia, pues se trata de un hecho punible que, en principio es conocido por el Juzgado de Paz Para Asuntos Municipales (Sala II), de conformidad con lo establecido por los artículos 40. 14 y 69.7 de la Constitución, 29, 31 y 72 del Código Procesal Penal y 13, 11, de la ley 675-44, articulo 8 de la ley 6332-63, articulo 118 y 120 de la ley 176-07.; en razón del territorio, ya que se alega, que el hecho punible ocurrió dentro de la demarcación territorial de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, sobre la cual este tribunal tiene jurisdicción, lo que no fue cuestionado; y, en razón de la persona, toda vez que los imputados no tienen privilegio de jurisdicción y jurisdicción especializada.

9. Que a los fines de establecer como hechos acreditados los que conforman la acusación presentada en este juicio, necesariamente el tribunal debe valorar cada uno de los elementos de prueba presentados por las partes, tal y como lo disponen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, valorando y apreciando de un modo integral cada uno de los elementos de prueba producidos en el Juicio, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de manera que las conclusiones a que llegue el tribunal sean el fruto racional de las pruebas en las que se apoya y sus fundamentos sean de fácil comprensión, estando los jueces obligados a explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas.

10. Que, nuestra labor de ponderación de las pruebas, protagonistas del juicio adversarial, amerita la reflexión individual, minuciosa y separada en cuanto a cada uno de los medios de pruebas presentados y luego valorarlos de manera conjunta y armónica.

Fondo del caso.

11. El tribunal señala que son hechos constantes del caso, los siguientes: 1 Que en fecha veintisiete (27) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022) la señora Jenny Jennifer Taveras López suscribió un contrato de alquiler para fines comerciales con el señor Jesús Rafael Paniagua Matos en calidad de propietario, en donde la señora procedió a instalar el colegio BFS Baby First School; 2. Resulta que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintidós (2022) la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional mediante acta de comprobación de infracciones marcada con el número 20347 de fecha nueve (09) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), la cual ordeno la paralización de los trabajos de comercio por carecer de los permisos legales correspondientes; 3. Resulta que, en fecha cuatro (04) del mes de febrero del año 1 Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 17 de diciembre de 1997, B. J. No. 1045, pág. 58.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL dos mil veintidós (2022) la Dirección de Planeamiento Urbano mediante el certificado de uso de suelo y retiro de edificaciones en el DN, No. ADN-DPU-2022-0039, indicó a la señora Carmen Susana Paniagua Matos(quien es una de las propietarias del inmueble), que: observaciones: se rectifica que esta aprobación es en virtud de remodelación interna a vivienda unifamiliar de dos (2) niveles existente, cambio de ventanas y puertas, en cumplimiento con lo establecido en ordenanza 10-20 d/f 26/nov/2020. en ningún momento este certificado incluye cambio de uso de suelo a comercial ni de pequeña escala: no se permite el uso para fines educativos como colegios, parvularios, maternales, guarderías u otros tipos de usos afines. no se permite publicidad de ningún tipo. en caso de un uso contrario al establecido, este certificado será derogado de manera inmediata. no servicios en lindero frontal. aplicar normas de tránsito. aplicar ordenanza 10-20 d/f 26/nov/2020 (modificación a resolución no. 85-09 d/f 24/nov/2009).” Por lo que, la parte imputada fue sometida a la justicia por violación a los artículos…´´ 12. El tribunal entiende que para establecer los hechos que conforman la acusación debe valorar las pruebas, tal como lo dispone los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, cuando expresan que “el tribunal valora y aprecia de un modo integral cada uno de los elementos de prueba producidos en el Juicio, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de manera que las conclusiones a que llegue sean el fruto racional de las pruebas y sus fundamentos sean de fácil comprensión, estando obligados a explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas”.

13. El tribunal señala que en sede penal rige el principio de libertad probatoria; sin embargo, las pruebas sólo tienen valor si son obtenidas conforme a las normas establecida por los artículos 69.8 de la Constitución y 26, 139, 140, 166, 167, 170, 172, 175 al 186, 204, 325 y 330 del Código Procesal Penal, de los cuales se extrae que “es nula toda prueba obtenida ilegalmente”, “no puede ser apreciada para fundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, la prueba recogida con inobservancia de las formas y condiciones que impliquen violación de derechos y garantías, previstos en la Constitución, tratados internacionales” y “no puede ser apreciada para fundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella. Tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado”.

14. A la imputada, la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Babys First School, le protege el principio de presunción de inocencia, o estado de inocencia, consagrado en los artículos 69 de la Constitución, 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Código Procesal Penal, según los cuales “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL defensa”; por lo que, corresponde a la parte acusadora destruir dicha presunción que la Constitución le acuerda a toda persona imputada.

15. El tribunal identifica que la doctrina judicial se sustenta en el principio de presunción de inocencia, o estado de inocencia, cuando expresa que “podría conducir a desarrollar la idea de que el indiciado o imputado debe destruirla, lo que no se ajusta a la verdad jurídica, toda vez que, en buen derecho, realmente no existe tal presunción, sino simples méritos objetivos de posibilidad, que en definitiva sólo pueden concretarse afirmativamente en el texto de una sentencia confirmada por la obra de la acusación y de la jurisdicción; que por consiguiente, en un juicio no se le puede imponer a la imputada la carga de probar su inocencia, puesto que él, al llegar al proceso, la posee de pleno derecho, y que, si la acusación no se prueba fehacientemente, con legítimos y objetivos datos probatorios legalmente incorporados al juicio, el procesado debe ser absuelto, en la medida de que son las pruebas, no los jueces, las que condenan”2.

16. En tal sentido, la parte acusadora presenta como prueba testimonial, al señor Offer Minyetty quien luego de ser juramentado, expresa de manera integral, tal cual consta en Acta de Audiencia, de fecha diecisiete (17) del mes de noviembre el año dos mil veinticinco (2025).

17. El tribunal ha apreciado que el testigo es coherente con el plano fáctico de la acusación, situaciones que hacen que sus declaraciones sean lógicas, certeras, coherentes y precisas, en cuanto a la ocurrencia y la forma de ocurrencia del hecho, al señalar modo, lugar, circunstancias, la víctima y persona responsable, cuando expresa “´´Mi nombre Offer Antonio Minyetty Soriano, soy arquitecto graduado de la universidad O & M, en el año dos mil veintidós (2022). Laboré en la Alcaldía en la Dirección de Planeamiento Urbano actualmente estoy laborando con una institución privada que es una de esas que realiza proyectos, pero antes laboraba en la Alcaldía del Distrito Nacional, desde el año dos mil veinte (2020) al primer trimestre del dos mil veintitrés (2023), en donde mi primer cargo fue inspector, luego pasé a técnico en urbanismo. Como inspector era la evaluación de los proyectos y evaluaciones de algunas denuncias, tanto por juntas de vecinos como personas físicas, las evaluaciones por esas denuncias eran por la permisología, en esos casos podían ser ya sea por uso de suelo, ya sea por construcción sin los permisos, por la construcción de anexo y demás. El proceso para el nombramiento como inspector es que ellos te citan, ya ellos en recursos humanos te evalúan, te citan, te hacen la oferta y luego que tú aceptas, ellos te hacen una introducción, una introducción luego de recursos humanos se encarga de la juramentación digital. En el día de hoy he sido citado por el caso del Colegio, en el cual mi actuación consistió en que ese día nos dirigimos al colegio en el cual nos acercamos a la puerta, en donde hubo una representante que salió y le pedimos la certificación de uso de suelo, la cual no fue presentada, por lo que fue citada para el siguiente día y para que presente la certificación en la Dirección de Planeamiento Urbano, la cual no fue presentada, por eso la semana siguiente se hizo el sometimiento. De ese caso fui apoderado por vía de la denuncia que se sometió a la 2 Suprema Corte de Justicia. Sala Penal. Sentencia núm. 214, de fecha 31 de mayo de 2006, B. J. 1146.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL Dirección de Planeamiento Urbano, por lo que nosotros como inspectores debemos de darle la respuesta a ese caso, realizando la inspección en mayo dos mil veintidós (2022), esa inspección se finaliza luego de que ya la representante no presenta al momento de la inspección el permiso, y tampoco se presentaron a las documentaciones requeridas, entonces se finaliza ya enviando el caso a la división jurídica del ayuntamiento, la inspección se realizó en la calle Onaney esquina Canasibana, la cual se hizo constar en el formulario de inspección, ese formulario fue depositado en la Dirección de Planeamiento Urbano conjunto con la colaboración del formulario de sometimiento, luego de ahí pasa a jurídica, si veo el documento lo puedo reconocer por mi letra y mi firma…si ese es el documento al cual hago referencia número 20374 de fecha nueve (09) de mayo del dos mil veinte dos (2022), luego del acta de comprobación se realizó el formulario de sometimiento, si lo veo lo puedo reconocer… si ese es lo puedo reconocer por mi letra y por mi firma. El levantamiento se realizó a los fines de ver si tenían los permisos de uso de suelo aprobados como comercial y se comprobó que no lo tenían. En ese caso, la que salió como representante no me dio su nombre, por ende, se hizo el acto a nombre del colegio, la inspección se notificó en una copia del acta y en la misma copia hay una cláusula en la que se hizo las observaciones, en la cual ahí se le puso fecha y hora para que se presentaran allá, pero el proceso en general se le notificó, se le entregó, como al otro día no asistieron; por ende, se procedió a hacer el formulario de sometimiento, luego no realice otra citación en el colegio, para el proceso en general se hizo el sometimiento, pero luego de este no tuve ninguna otra actuación en el proceso, pero la reacción de la persona al momento de pedirle los permisos es que ella simplemente no me supo responder, por lo cual ella se retiró y no salió nadie. Cuando entré al ayuntamiento era estudiante de término de arquitectura, no tenía exequartum, pero al momento de realizar la inspección fui en el sentido de inspector del Ayuntamiento para lo cual se necesita una juramentación, la cual, si tenía y estaba designado en el caso, no sé si había alguien más, pero yo sí estaba designado, y aunque no tenía exequartum para ese tiempo ya contaba con la experiencia, para realizar esta inspección solicitada por el ayuntamiento. Las actas se llenan en base a la ley 675 en base a esa ley nosotros se evalúa ya sea la manzana, ya sea el uso del suelo, en este caso el uso del suelo no se permitía hasta el momento ustedes tampoco presentaron la documentación aprobada al ayuntamiento por eso por eso es que se envía sometimiento del caso, con relación a eso la resolución 85-2009, de acuerdo con la situación, sí, bueno, como protocolo del ayuntamiento, cuando ustedes no presentan el uso del suelo al momento de la solicitud en el colegio, el protocolo es citarse, la cual se hizo mediante el acto, citación a la cual no se presentaron, entonces lo que sigue es el sometimiento. Anderson López hace el levantamiento por la remodelación del edificio, mientras yo hago el levantamiento por el uso de suelo, para la cual verifique el historial del inmueble que consistía en una vivienda de dos niveles, para este levantamiento facilitamos una orden para lo cual me presente directamente en las guaguas del ayuntamiento los inspectores con sus camisas y carnets del ayuntamiento, ahí se presenta un equipo de personas en la cual hay dos (02) inspectores, el actuante y uno ayudante y está el chofer, yo era el inspector actuante y el inspector ayudante José Francisco Cosme, donde indicamos que el uso de suelo era residencial pues según la ley 85-2009 esa manzana se establece que no debe Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL de pasar a un comercio por manzana, no más de cuarenta metros cuadrados, no existe otro comercio, pero no tiene cuarenta metros cuadrados, sobrepasa los cuarenta metros cuadrados, en las ordenanzas establece eso que es de uso residencial y al momento de la inspección si existía el colegio y sobrepasaban los cuarenta metros cuadrados que establece la ley en base a eso fue que levante el acta, nosotros como Dirección de Planeamiento Urbano con elemento humano al momento que se programaba una inspección, era porque no laboraba o no se le estaba dando el uso adecuado porque no elaboraba o no se daban el uso adecuado. Los requisitos para ser nombrados como inspector del Ayuntamiento del Distrito Nacional es ser estudiante de termino de arquitectura o ya arquitecto, luego de la presentación y el proceso, procede a la inducción, el cual lo hace recursos humanos, recursos humanos se encarga del proceso, la juramentación de mi cargo fue en octubre 2020, para esa juramentación debe verificarse con documentos de la universidad que sí yo esté en el término de la carrera de arquitectura y demás habilidades y yo cumplía con todas. Para la inspección los parámetros son ir al lugar, pedir las documentaciones, si no las presentan el proceso es citarlos para darles una brecha para que la presenten allá en caso de que se presenten, se impugna el acta en caso de que no se le da un tiempo, sino se presenta entonces se somete, por orden del encargado quien era Ismael López en ese momento encargado de inspección: Verificamos un cambio de uso de suelo consiste en que si es una vivienda debe someterse varias documentaciones a Planeamiento urbano solicitando el cambio de uso de suelo, si ese cambio de suelo procede en base a la ZID, que es la zonificación indicativa de densidades nos agarramos de eso, de las leyes, las normativas, si en caso de que proceda se le da la certificación de no objeción, y en caso de que no proceda se le da la objeción; en ese caso no procedía, pues era exclusivamente para vivienda familiar, por eso fue la inspección, en la cual se le solicitó la documentación para validar esa parte. En base a la actuación el encargado del lugar nos da un listado de trabajo, en la cual nosotros debemos de agotar y en ese listado de trabajo estaba la inspección del colegio, sí, yo entre en el 2020, dos (02) años ``.

18. Este tribunal ha apreciado que el testigo es coherente con el plano fáctico de la acusación, situaciones que hacen que sus declaraciones sean lógicas, certeras, coherentes y precisas, en cuanto a la ocurrencia y la forma de ocurrencia del hecho, al señalar modo, lugar, circunstancias, la víctima y persona responsable, cuando expresa “Que laboro en la alcaldía del Distrito Nacional desde 2020 al 2023, en calidad de inspector y que en el ejercicio de sus funciones dentro de las diversas inspecciones realizadas, realizo una en el inmueble en cuestión, determinando que en el mismo operaba un colegio sin los debidos permisos de uso de suelo para actividades comerciales, por lo que procedió a levantar formulario de inspección, dicho formulario, fue depositado en la Dirección de Planeamiento Urbano, junto con la colaboración del formulario de sometimiento, luego de ahí pasa a jurídica, si veo el documento lo puedo reconocer por mi letra y mi firma…si ese es el documento al cual hago referencia número 20374 de fecha nueve (09) de mayo del dos mil veinte dos (2022), luego del acta de comprobación se realizó el formulario de sometimiento, si lo veo lo puedo reconocer… si ese es lo puedo reconocer por mi letra y por mi firma. El levantamiento se realizó a los fines de ver si tenían los permisos de uso de suelo aprobados como Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL comercial y se comprobó que no lo tenían. En ese caso, la que salió como representante no me dio su nombre, por ende, se hizo el acto a nombre del colegio, la inspección se notificó en una copia del acta y en la misma copia hay una cláusula en la que se hizo las observaciones, en la cual ahí se le puso fecha y hora para que se presentaran allá, pero el proceso en general se le notificó, se le entregó, como al otro día no asistieron; por ende, se procedió a hacer el formulario de sometimiento, luego no realice otra citación en el colegio, para el proceso en general se hizo el sometimiento, pero luego de este no tuve ninguna otra actuación en el proceso, pero la reacción de la persona al momento de pedirle los permisos es que ella simplemente no me supo responder, por lo cual ella se retiró y no salió nadie ´´. Señala que cuando fue juramentado como inspector era estudiante de término de la carrera de agrimensor y que para ejercer como inspector no era sine qua non, estar investido con el título de dicha carrera.

19. El tribunal entiende que esta es una prueba legal, lícita y regular, según los artículos 69.8 de la Constitución y 26, 166, 167, 170 y 325 del Código Procesal Penal, apreciando el tribunal que el testimonio del señor Offer Minyetty, ha sido lógico, certero y coherente con el hecho, en modo, tiempo y lugar; que no hubo contradicción en cuanto a la identificación; por lo que, se le otorga valor probatorio en cuanto al modo, tiempo y lugar de ocurrencia del hecho y la víctima del hecho, aunque no así para identificar que, la parte imputada era la responsable de no haber obtenido las licencias y formalidades para la puesta en circulación de un Centro Educativo, acorde a las normativas municipales vigentes.

20. Presenta como prueba documental el acta de comprobación de infracciones No. 20374 de fecha 09/05/2022 instrumentada por el inspector arquitecto Offer Minyetty y José Francisco Cosme, ambos adscritos al Departamento de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional.

En la cual consta lo siguiente: Edificación de dos niveles que está operando como colegio (uso comercial) en donde ella no cuenta con los permisos correspondientes. Se deben paralizar los trabajos.

21. El tribunal señala que esta prueba es legal, es lícita y es regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, esto así, porque de la lectura de la misma se evidencia que los inspectores redactaron una relación sucinta de los eventos levantados en el inmueble objeto del presente proceso. De igual modo, se ha podido corroborar que los inspectores actuantes tenían calidad requerida para instrumentar dichas actas. La cual fue robustecida a través del testigo idóneo Offer Minyetti, prueba previamente valorada.

22. Presenta como prueba documental, Certificación del sometimiento No. 0040 contenida en el oficio DPU-EXT-106-22 de fecha 16/05/2022.

23. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, respecto de este documento Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL el tribunal, respecto de esta prueba el tribunal le otorga valor, debido a que de la lectura del mismo se ha podido comprobar que, el documento en cuestión fue parte del protocolo utilizado por las autoridades del ayuntamiento para llevar a cabo diversos procedimientos, añadido a esto esta instrumentada por personal capacitado a esos fines.

24. Presenta como prueba documental, Formulario de Sometimiento No. 2022-0040 de fecha 16/05/2022, a través del inspector arquitecto Offer Minyetty, adscrito a la Dirección de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional.

25. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, esta prueba corre la suerte de la prueba anterior por corroborar lo antes mencionado y ser un documento anexo a la anterior.

26. Presenta como prueba documental, ficha de notificación DOC-DPU-DCV-001, de fecha 09/05/2022, y sus anexos. La cual describe: ¨Cambio de uso de suelo sin permiso¨. Instrumentada por Offer Minyetty.

27. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, pues corrobora el apego de las autoridades del ayuntamiento a las normas en ese momento vigentes, lo que, robustece la teoría advertidas por la parte acusadora de que, operaba un centro educativo, en una vivienda destinada para uso familiar, sin la emisión de los debidos permisos.

28. Presenta como prueba documental certificación de uso de suelo y retiro de edificaciones en el Distrito Nacional, No. ADN-DPU-2022-0039 de fecha 02/02/2022, dirigida a Carmen Susana Paniagua Matos, en calidad de propietaria del inmueble. La misma establece lo siguiente: […]No existe objeción para que la propietaria del inmueble Carmen Susana Paniagua Matos, descrita como designación catastral núm. 303379928963, ubicado en la calle Onaney núm. 13, esquina Canasibana núm. 13, sector los cacicazgos, circunscripción 1, D.N. para que se desarrolle una vivienda unifamiliar de dos niveles. Uso aprobado: Residencial/C-Vivienda unifamiliar. En pie de página la siguiente observación: […] Se aprueba remodelación interna de cambios de ventanas y puertas. En ningún momento este certificado AUTORIZA cambio de uso de suelo a comercial, ni de pequeña escala no se permite el uso para fines EDUCATIVOS COMO COLEGIOS, PARVULARIOS, MATERNALES, GUARDERIAS Y OTROS TIPOS DE USOS AFINES. 29. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, en virtud de que ha sido emitida por un órgano competente a tales fines -la Dirección de Planeamiento urbano- .De igual modo, el tribunal ha verificado que la emisión otorgada y autorizada por el ayuntamiento del Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional con la advertencia consignada al pie de la misma a la propietaria consistía en que, en primer lugar, su licencia de suelo estaba autorizada exclusivamente para uso de suelo de vivienda unifamiliar, mas no así, para uso comercial, donde en la misma advertencia se le prohíbe a la misma y se le informa de que no se podía destinar dicho inmueble para la utilización o instalación de colegios, párvulos, maternales entre otros, por lo que, el tribunal otorga valor a la presente prueba por corroborarse con otras pruebas partes del presente proceso y poder verificar que la propietaria del inmueble tenia pleno conocimiento de que no podía hacer otro uso de la vivienda familiar que el indicado por el Ayuntamiento de Distrito Nacional en la presente prueba.

30. Presenta como prueba documental, Respuesta de solicitud de certificación de expediente emitida por el ayuntamiento del Distrito Nacional No. DUP-EXT-2024-0156. Donde se remite a la fiscal del momento la Licda. Sumaya Acevedo la ratificación de que el Ayuntamiento había remitido a la propietaria del inmueble la objeción a la solicitud de cambio de uso de suelo y ratificación de los permisos de cambio de uso de suelo como parte de la investigación llevada a cabo por esta. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, Por lo que, el tribunal otorga valor probatorio.

31. Presenta como prueba documental, contrato de alquiler firmado por la señora Jenny Jennifer Taveras López y Jesús Rafael Paniagua Matos, en fecha 27/10/2021, legalizado Miguel A. Dajer Dabas, matricula 2676 del Distrito Nacional. De Dicho contrato se extrae lo siguiente: Se trata de un contrato de alquiler entre Jesús Rafael Paniagua Matos (Arrendatario) y Jenny Jennifer Taveras López, respecto del inmueble ubicado en la calle Onaney núm. 13, esquina Canasibana núm. 13, sector los cacicazgos, circunscripción 1, D.N. La cual consta de una casa de dos niveles de una extensión superficial de 1,3330 metros cuadrados, 5 habitaciones, 5 baños completos, family románala, comedor, cocina, cuarto de servicio, piscina y marquesina para cinco vehículos. Párrafo I: El inmueble arriba descrito será usado por la inquilina exclusivamente como local comercial, no pudiendo dedicarlo a otro uso, ni cederlo, ni alquilarlo, todo en parte y aun gratuitamente sin el consentimiento escrito del propietario…Apartado Quinto: Este contrato tendrá una duración de 5 años del día 28/11/2021 hasta 28/11/2026. Con un precio de alquiler mensual de USD 4500.00 32. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, el cual se encuentra firmado por las partes, legalizado, tiene un objeto, precio y condiciones del mismo; con el cual se verifica un acuerdo de alquiler original, entre el dueño o representante legal del inmueble y su inquilina, la señora Jenny Jennifer Taveras López , del inmueble ubicado, en la calle Onaney núm. 13, esquina Canasibana núm. 13, sector los cacicazgos, circunscripción 1, D.N., además de que contiene datos personales y firmas de los suscribientes legalizadas; asimismo, de que esta prueba tiene fecha, denominación, se encuentra libre de borraduras, alteraciones y tachaduras; con la cual se puede demostrar que, al momento de la ocurrencia de los hechos señalados en la acusación, el inmueble Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL se encontraba ocupado por la inquilina y hoy imputada y propietaria BFS Baby First School.

Eventos que son corroborados con la prueba testimonial de Offer Minyetti, quien estableció en su testimonio que al momento de visitar el inmueble de referencia operaba un Colegio sin la debida aprobación de uso de suelo para actividad comercial. En ese mismo orden de ideas, el tribunal ha podido valorar que, si bien es cierto, operaba un colegio en dicho inmueble, razón por la cual se encuentra hoy sindicada la imputada y la entidad comercial que representa, no menos cierto es, que en el párrafo uno de dicho contrato, coloca como condición si ne qua nom que, la inquilina, hoy imputada, solo tenía permitido operar exclusivamente como punto comercial. De lo que se extrae, que tanto la ciudadana Carmen Susana Paniagua Matos, propietaria legal del presente inmueble y la persona que actúo como arrendatario Jesús Rafael Paniagua Matos a sabiendas que habían sido previamente notificados por el Ayuntamiento de la prohibición de no usar el inmueble para fines comerciales, los mismos ignorando dichas disposiciones procedieron a explotar el inmueble como punto comercial. Esto se puede corroborar con la prueba descrita como Certificado de uso de suelo y retiro de edificaciones del Distrito Nacional de fecha 4 de febrero de 2022. Valorada por esta juzgadora en otra parte de esta decisión.

33. Se presenta como prueba acta de inspección de lugar de fecha 08/03/2023, donde el magistrado Juan José Camacho Palen se traslada a la calle Onaney esquina Canasibana No. 13 del sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional.

34. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, donde se comprobó que en la fecha indicada dicho fiscal con aptitud legal para realizar dicha inspección procedió a verificar la existencia de la entidad Baby First School en la cual en su interior se pudo comprobar, la presencia de 9 a 12 niños jugando en el patio con edades de 3 y 5 años vestidos con tichers blanco y pantalón color azul usando el logo y la identificación del colegio por lo que al tenor de las normas vigentes el tribunal le otorga valor probatorio pues corrobora la operación de una entidad comercial aun no poseyendo el permiso de uso de suelo.

35. Se presenta como prueba querella con constitución en actor civil interpuesta por La Junta de Vecinos Los Cacicazgos, en contra de la señora Jenny Jennifer Taveras López y BFS Babys First School, de fecha 20/04/2022.

36. Querella con constitución en actor civil interpuesta por el ayuntamiento del Distrito Nacional de fecha 26/05/2022 en contra de Jenny Jennifer Taveras López y BFS Babys First School y Carmen Susana Paniagua, quien ha sido excluida del proceso. Respecto de esta prueba el tribunal no le otorga valor probatorio por tratarse de un acto procesal que cobra sentido con el ejercicio mismo que será valorado más adelante.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 37. Cuatro (04) copias de fotografías con la cual probaremos la existencia de las infracciones cometidas por la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School, por la cual la Dirección general de Planeamiento Urbano del ayuntamiento del Distrito Nacional a través de su inspector Offer Minyetty, las ha sometido a la justicia y donde se aprecia el letrero del ayuntamiento de paralización de obras.

38. El tribunal señala que esta prueba no es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. Pues, el tribunal puede advertir que, al tratarse de una prueba ilustrativa, las partes no han demostrado el origen de la misma.

Parte Querellante y actor civil el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Se adhirió a las pruebas presentadas por el Ministerio Público e introdujo como prueba documental.

39. Poder de representación de fecha 02/12/2024, suscrito por el Sr. Ricardo Ayanes Pérez Núñez, Director jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional y notarizado por la licenciada Brenda D’ Alessandro Lefeld, mediante el cual otorga poder a los abogados Raquel Alejandra García González, Ana Luisa Gómez Muñoz, Wilmer Fidel Richardson Nova, Jacqueline González Vásquez y Rafael Ernesto Molina Musa para que puedan formalizar solicitudes, denuncias, querellas, demandas en nombre y representación de la institución.

40. Poder especial de fecha 01/05/2025, suscrito por la señora Rosa Carolina Mejía Gómez, Alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a favor del Sr, Ricardo Ayanes Pérez Núñez, notarizado por el notario público la licenciada Miryan Mejía Domenach.

41. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, el tribunal les otorga valor probatorio a estas pruebas, debido a que, se encuentra firmado por las partes, legalizado, tiene un objeto, y condiciones, además de extender la calidad de los abogados litigantes del Ayuntamiento para representar a las autoridades competentes en justicia.

42. Copia del informe y perfil fotográfico de inspección, realizado por el inspector Leesael Severino, adscrito a la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en fecha 20/06/2025.

43. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. El tribunal le otorga valor probatorio debido a que la misma ha sido instrumentada por una autoridad competente, se ha Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL descrito de manera amplia el inmueble en cuestión y además viene a corroborar la operación de un centro educativo sin los permisos adecuados a esos fines.

44. Copia del poder de representación de fecha 05/06/2025, debidamente notariado por la Dra. Biani Altagracia Piñeiro López, abogada-Notario Público de los del número del Distrito Nacional.

45. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, debido a que, se encuentra firmado por las partes, legalizado, tiene un objeto, y condiciones, además de extender la calidad de los abogados litigantes del Ayuntamiento para representar a las autoridades competentes en justicia.

Parte querellante y actor civil La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos.

46. El duplicado del acta de comprobación de infracciones no. 20101 instrumentada en fecha 17/12/2021, por el inspector Anderson López, adscrito al Ayuntamiento del Distrito Nacional, Oficina de Planeamiento Urbano. Donde la misma se levantó a raíz de una remodelación sin los permisos requeridos.

47. El tribunal señala que esta prueba no es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal, debido a que, esta acta de comprobación quedo sin efecto en virtud de que, la misma fue archivada la cual se puede corroborar con la prueba antes valorada que se describe a continuación: Certificado de uso de suelo y retiro de edificación en el Distrito Nacional, donde a través de dicha prueba se informa que por parte de las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional no se presentaba objeción a la remodelaciones de puertas y ventanas.

48. Copia de la Resolución municipal 85-2009, art. 35. Respecto de este documento el tribunal no le otorga valor probatorio por tratarse de una norma municipal que no tiene vínculos, ni relevancia con los hechos objeto del presente proceso.

49. El acto de alguacil No. 615/21 de fecha 18/Nov./2021 mediante el cual la señora Jenny Jennifer Taveras López, notifico a una vecina colindante a los fines de notificar que en la casa ubicado en la calle Onaney No.13, Los Cacicazgos, Distrito Nacional, iba a operar como centro de estimulación preescolar. Respecto del presente expediente el tribunal le otorga valor probatorio en el sentido de que, no es un hecho controvertido que el Centro Educativo sindicado operaba en el sector y dirección indicada en dicha prueba.

50. La comunicación de la señora Luz María Guadalupe Castañeda de fecha 21/12/2021, dirigida al Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Distrito Nacional en oposición al uso de Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL suelo pretendido por afectarla directamente. le otorga valor probatorio en el sentido de que, no es un hecho controvertido que el Centro Educativo sindicado operaba en el sector y dirección indicada y que la oposición estaba justificada en el sentido de que, era de conocimiento público que el inmueble donde operaba el Colegio era para uso exclusivo de vivienda unifamiliar.

51. La comunicación de fecha 17/12/2021 dirigida por La Junta de Vecinos Los Cacicazgos, INCORP. Al Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

52. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. Oposición al uso de suelo pretendido por afectarla directamente. le otorga valor probatorio en el sentido de que, no es un hecho controvertido que el Centro Educativo sindicado, operaba en el sector y dirección indicada y que la oposición planteada por La Junta de Vecinos Los Cacicazgos, INCORP. Al Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Máxime, cuando la misma estaba justificada en el sentido de que, era de conocimiento público que el inmueble donde operaba el Colegio era para uso exclusivo de vivienda unifamiliar.

53. Tres (03) fotografías de la colocación de letreros de obra paralizada y su retiro por parte de personal desconocido y continuación de trabajos ilegales.

54. El tribunal señala que esta prueba no es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. En consecuencia, el tribunal no otorga valor probatorio, debido a que al tratarse de una prueba ilustrativa no demostraron el origen.

Valoración probatoria de las pruebas números 7,8, 9, 10, 11,12 y 13 de escrito del escrito de querella 29/05/2024.

55. Decreto de Incorporación No. 968 debidamente certificado por la Procuraduría General de la República; Asamblea extraordinaria de la Junta de Vecinos Los Cacicazgos, Incorp. Celebrada en fecha 16/12/2021; El certificado de Incorporación emitido por la Procuraduría General de la República, debidamente certificado, a los fines de probar la vigencia de la Junta y su capacidad y calidad para actuar en justicia; La certificación de la Alcaldía del Distrito Nacional de fecha 03/10/2022, emitida a nombre de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp., teniendo a Roberto Rodríguez como su presidente; La Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp, de fecha18/07/2022, debidamente certificada; La Asamblea General Extraordinaria de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp. De fecha 23/03/2017; La Asamblea General Extraordinaria de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp, de fecha 02/12/2008.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 56. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. Han sido agrupadas y valoradas debido a que de los mismos se pueden extraer que tratan de documentos que dan cuenta de la conformación legal de la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp, para actuar y poseer calidad en justicia, así como también de las decisiones efectuadas mediante acta de asamblea.

57. Copia del certificado de título matrícula número 0100068921 con designación catastral núm.

303379928963, con una extensión superficial de 1330 metros cuadrados, expedido a nombre de Carmen Susana Paniagua Matos.

56. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. El cual se encuentra firmado por el Registro de Títulos; con el cual se verifica la existencia de un derecho de propiedad registrado de inmueble descrito más arriba, por lo que, se le otorga valor probatorio a los fines de comprobar la existencia de un el derecho de propiedad y corroborar que, la comunicación dirigida a la señora Carmen Susana Paniagua Matos por parte del ayuntamiento fue realizada a su persona en calidad de propietaria de dicho inmueble.

57. Dos (02) páginas de internet de publicaciones del colegio Babys First School El tribunal señala que esta prueba no es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. En consecuencia, el tribunal no otorga valor probatorio, debido a que al tratarse de una prueba ilustrativa y un contenido multimedia no demostraron el origen y al ser extraída de la web a los fines de verificar su veracidad se debió acudir a las autoridades habilitadas a esos fines. Verbigracia INACIF y DICAT. 58. El acto de alguacil número 118/2022 de fecha 06/05/2022, instrumentado por el ministerial Julio C. Rodríguez Sánchez, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz 4ta Circunscripción, donde el Ayuntamiento procede a notificar a la señora Carmen Susana Paniagua Matos, el certificado de uso de suelo y retiro de edificaciones en el Distrito nacional marcada con el numero ADN-DPU-20220039 de fecha 04/02/2022 donde de igual manera el ADN procede a intimar la misma para que cese el uso de punto comercial en un día franco a partir de la notificación.

59. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. En virtud, de que, a través de la misma se robustece lo valorado más arriba en lo referente a que, quien realmente fue advertida del no uso de suelo para fines comerciales, en todo tiempo fue la propietaria del inmueble, mas no así la hoy imputada y la entidad que representa.

60. El oficio número DPU-EXT-2022-0124 de fecha 19 de mayo del 2022, emitido por el Director de Planeamiento Urbano del ADA. Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 61. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. En virtud, de que, a través de la misma se robustece lo valorado más arriba en lo referente a que, quien realmente fue advertida del no uso de suelo para fines comerciales, en todo tiempo fue la propietaria del inmueble, mas no así la hoy imputada y la entidad que representa.

62. El oficio número DPU-EXT-2022-0125 de fecha 26 de mayo del 2022, emitido por el Director de Planeamiento Urbano.

63. El tribunal señala que esta prueba no es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. En virtud, de que la misma no guarda relación con los hechos correspondientes.

64. Querella y constitución en actor civil presentada por el ADN en fecha 20 de mayo del 2022 y su oferta probatoria. El Tribunal no otorga valor probatorio por no guardar relación con los hechos puestos en causa y tratarse de un documento procesal.

65. Notificación número 20374 de fecha 09/05/2022(Informe Técnico de Inspección) de la inspectora arquitecta Karen castillo en el inmueble ubicado en la calle Onaney No.13, Los Cacicazgos, Distrito Nacional, donde la misma pudo verificar una edificación de dos niveles de viviendas, en base a una denuncia sin los permisos requeridos donde operaba un colegio. Certifica además que los permisos no fueron mostrados por lo que, no se pudo verificar la legalidad de la construcción.

66. El tribunal señala que esta prueba es legal, lícita y regular al tenor de los artículos 69.8 de la Constitución, 26, 139, 166, 167, 170 y 172 del Código Procesal Penal. Esto así, porque la misma ha sido instrumentada con un profesional destinado y designado a esos fines, de igual, manera el tribunal otorga valor probatorio, en virtud, de que da cuenta que aún bajo las advertencias y prohibiciones realizada y notificadas a la señora Carmen Susana Matos, la misma no obtempero y cedió en alquiler para uso comercial.

Pruebas parte imputada: Por su lado, la parte imputada, presenta como pruebas documentales lo siguiente: 67. Ha presentado como prueba documental copia del contrato de alquiler suscrito entre la señora Jenny Jennifer Taveras López y Jesús Rafael Paniagua Matos, en fecha 27/10/2021, con firmas legalizadas por el Dr. Miguel A. Dajer Dabas, notario público de los del número para el Distrito Nacional, notario público de los del número para el Distrito Nacional. Esta prueba ha sido Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL presentada por otras partes envueltas en el proceso, por lo que la misma ha sido valorada en otra parte de la sentencia.

68. Presento como prueba documental la copia de la ordenanza No. 85/09 de fecha 24/11/2009, expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Respecto de este documento el tribunal no le otorga valor probatorio por tratarse de una norma municipal y no ser un elemento de prueba, que no tiene vínculos, ni relevancia con los hechos objeto del presente proceso.

69. Copia de la ordenanza 10/2020 de fecha 26/11/2020, expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Respecto de este documento el tribunal no le otorga valor probatorio por tratarse de una norma municipal que no tiene vínculos, ni relevancia con los hechos objeto del presente proceso.

70. Copia del reconocimiento de fecha 30/09/2022, emitido por el ministerio de educación en favor de la entidad Baby First School. Respecto de esta prueba, el tribunal no le otorga valor probatorio en virtud de que, si bien el documento da cuenta de un reconocimiento a la entidad sindicada Baby First School, no menos cierto es, que, el objeto de la causa de la cual hemos sido apoderados, no tiene que ver con el desempeño de un Centro Educativo, sino mas bien, que dicho Centro opera en un inmueble que a la luz de las disposiciones que rigen el gobierno Municipal, no posee permiso de suelo para uso comercial.

71. Copia de la factura No. 33368085 de fecha 03/05/2023, emitida por el Ayuntamiento por concepto de aseo municipal por un monto de (RD$3,150.00); Copia de factura No. 33523763, de fecha 05/06/2023 emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional por un monto de (RD$3,150.00) por un monto de (RD$3,150.00); copia de la factura No. 31835505, de fecha 03/08/2022, código No. 32067, Inmueble Identificado como 05037001800000000-0035, local comercial emitida por la Alcaldía del Ayuntamiento del Distrito Nacional por un monto de (RD$3,150.00) ; Copia de Factura No. 31328108, de fecha 05/05/2022, a nombre del propietario del local comercial señor Jesús Rafael Paniagua Matos por un monto de (RD$3,150.00) .Respecto de esta prueba el tribunal no le otorga valor a la misma, por no guardar relación estrecha con los hechos contemplados en la acusación. Pues, se considera un hecho no controvertido que, el colegio opera en el inmueble señalado en dicha prueba y no se ha puesto tampoco en contradicción que la hoy imputada paga los arbitrios por concepto de recogida de aseo municipal o recogida de basura.

72. Certificación No. SCM-CERT-13-2023, de fecha16/05/2023, suscrita la Licda.

Betzy Céspedes Rodríguez, secretaria del Concejo de Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional; y Visada por la presidenta del indicado Concejo de Regidores. Donde certifica que los ciudadanos Anderson López se designo y juramento como inspector de la dirección de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional el 31/03/2023 y en cuanto Offer Minyetti no fue designado. Respecto de esta prueba el tribunal no le otorga valor probatorio debido a que de la lectura de dicha certificación cuando se refiere al también testigo Offer Minyetti solo certifica de Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL manera escueta que, el mismo no fue designado 2023 sin hacer alusión a años anteriores de donde data el acto que lo vincula al presente proceso. En esa misma tesitura, se ha extraído del testimonio del mismo que, trabajo como inspector en el ADN en el periodo 2020-2023.

73. Copia de la Ordenanza No. 04/2018 de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2018, expedida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Respecto de este documento el tribunal no le otorga valor probatorio por tratarse de una norma municipal y no ser un elemento de prueba, que no tiene vínculos, ni relevancia con los hechos objeto del presente proceso.

74. Copia Certificada del periódico diario libre, de fecha 1 de julio del año 2015. Donde se visualiza una publicidad de apertura de inscripciones del Colegio GALAXY, ubicado en el mismo inmueble objeto del presente. En ese sentido, el tribunal no otorga valor probatorio, pues, bajo ningún concepto se pudiese justificar una ilegalidad con otra ilegalidad y el hecho de que haya operado un colegio con anterioridad, no desaparece el hecho de que el inmueble donde han operado el Colegio Galaxy y Baby First School, lo han hecho, no es controvertido, pero, no bajos los lineamientos legales correspondientes.

75. Copia de Acta de Comprobación de Infracciones de la Dirección General Planeamiento Urbano No. 20101 de fecha 17/12/2021. Esta prueba ha sido presentada por la parte querellante que representa a la junta de vecino Los cacicazgos, por lo que, ya ha sido valorada previamente.

76. Copia de Certificación emitida por desarrollo comunitario Junta de vecinos y organizaciones de base del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de fecha 22 de abril de 2022. La cual certifica que dicho departamento se encuentra los documentos relativos a la constitución legal de la Junta de vecino Los cacicazgos presidida por Miguel Vásquez, registrada con el código 1659 y con fecha de vencimiento 2019. Respecto de esta prueba, el tribunal no otorga ningún valor probatorio en virtud de que, la Junta de vecinos ha depositado en su escrito de querella de fecha 29/05/2024 las pruebas números 7,8, 9, 10, 11,12 y 13 y que han sido valoradas previamente, las mismas dan cuenta que al, momento de la interposición de acciones judiciales la Junta de Vecino se encontraba legalmente constituida.

Resultado de la valoración conjunta de los medios de prueba.

77. Que es un principio rector de que la actividad punitiva se encuentra sometida a ciertos límites y rigores, como aquél que se les impone a los jueces de impartir justicia apegados al debido proceso, valorando la acusación y las pruebas, partiendo de una presunción de inocencia que acompaña a todo justiciable hasta tanto opere sentencia firme e irrevocable, y por la cual sólo podría establecerse la culpabilidad cuando se destruya de forma irrefutable y certera, partiendo de pruebas suficientes e irrefragables.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 78. En base a lo anterior, el tribunal advierte que el presente asunto se contrae de una resolución penal de apertura a juicio de fondo emitida por la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, marcada con el número 079-2025-SRES-00013 de fecha dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025); producto de la acusación con requerimiento de apertura a juicio que se presentó ante la secretaría del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional en fecha quince (15) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), en contra Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School, por violación de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 6232-63, los artículos 118 y 120 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, artículos 34 y 111 de la Ley No. 675-44, artículo 4 de la Ordenanza 4/2018.

79. Así las cosas, los primeros es analizar elementos constitutivos de los artículos 5 y 8 de la Ley 6232-63 Sobre la Urbanización Ornato Público y Construcciones, al tenor de la acusación presentada y las pruebas aportadas por las partes.

Art. 5.- Serán funciones de la OPU: a) Confeccionar los proyectos municipales de carácter urbanístico; b) Mantener al día el plano de cada una de las poblaciones bajo su jurisdicción y sus respectivas regiones de influencia) Elaborar los estudios básicos e investigaciones de carácter físico, social, económico y cultural necesarios para la confección de los diferentes proyectos de Plan General Urbano; d) Revisar y controlar el aislamiento, habitabilidad, estética y demás aspectos funcionales de todos los proyectos de edificaciones, urbanizaciones, encauzando los demás trámites requeridos para su aprobación de conformidad al reglamento que se dicte al efecto; e) Determinar las áreas que deban ser objeto de remodelación y confeccionar los proyectos correspondientes; f) Promover la rehabilitación de los barrios que así lo ameriten; g) Elaborar los planes reguladores y las reglamentaciones normativas de zonificación, edificaciones, viales, etc.; h) Elaborar los proyectos necesarios para el desarrollo de los planes viales; i) Preparar proyectos provisionales tránsito vehicular; j) de reglamentación para el Determinar las estructuras, áreas y valor de las propiedades afectadas por los diferentes proyectos; k) Indicar a los ayuntamientos las expropiaciones de lugar necesarias para el establecimiento de los servicios públicos y sociales requerido en los planes de desarrollo; l) Elaborar reglamentos de valorización y catastro acordes con los proyectos de zonificación; m) Velar por el estricto cumplimiento de las normas establecidas, controlando el desarrollo de los diferentes sectores poblacionales; n) Preparar programas anuales, bienales y quinquenales de inversiones del Ayuntamiento en obras permanentes, conforme a las prioridades establecidas en los Planes Generales; Revisar, evaluar, planes de desarrollo urbano; corregir Atender y orientar el público; y, y actualizar periódicamente los Divulgar los diferentes programas y proyectos relativos al planeamiento urbano, e instrumentar las vistas públicas y administrativas de lugar sobre los mismos.

Art.6 La orientación y coordinación de las diferentes Oficinas de Planeamiento Urbano estará a cargo de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, órgano consultivo del Poder Ejecutivo.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL Párrafo I. La Junta nacional de Planificación y Coordinación, deberá producir, con la colaboración de las OPU y de otras instituciones involucradas, los planes o guías generales de desarrollo urbano y rural que constituirán los instrumentos básicos para la estructuración de los Planes Reguladores y demás programa y proyectos a cargo de las OPU. Párrafo II. Los planes o guías generales de desarrollo urbanos y regionales, estén constituidas por todo aquellos que directa o indirectamente se encuentran vinculados a los de carácter nacional, establecen objetivos y metas específicas, regulando todos aquellos aspectos de la planificación local, que involucran una aplicación generalizada incluyendo: a) Código y reglamentaciones normativas; b) Planes Pilotos esquemáticos. Párrafo III. Los Planes Reguladores, que en base a los principios generales elaboren las OPU, adquirirán fuerza de Ley mediante resoluciones y ordenanzas emitidas al respecto por los ayuntamientos correspondientes.

Art. 8 Las Oficinas de Planeamiento Urbano tendrán a su cargo, a más de las funciones señaladas en el Art.5 de la presente ley, la emisión, previa revisión y declaración de conformidad de las leyes y requisitos vigentes, de todos aquellos permisos relativos a cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, traslado, demolición, uso o cambio de edificios y estructuras; con el uso o cambio de uso de terrenos; con la instalación o alteración de rótulos o anuncios, así como de cualesquiera otros aspectos relacionados con los planes de zonificación.

Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios: Articulo 118.- Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las que supongan: Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera inmediata y directa a la tranquilidad o a1 ejercicio de derechos legítimos de otras personas, a1 normal desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. El impedimento o relevante obstrucción a1 normal funcionamiento de un servicio público. Los actos que impliquen un deterioro relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones, espacio público o elementos de un servicio público, bien sea morales e inmorales. El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

Articulo 120.- Multas por Violación de Ordenanzas y Reglamentos. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas y reglamentos municipales no excederán de las siguientes cuantías: Párrafo. El tribunal competente para conocer de dichas infracciones es el juzgado de paz municipal y en 1os casos donde no exista será el juzgado de paz ordinario. El tribunal, además de la multa, ordenara el pago de la reparación de 1os daños o perjuicios que hubiese ocasionado a favor del municipio o 1os gastos que conlleve restaurar la situación a su estado anterior.

Ley No. 675-44 sobre la urbanización ornato público y construcciones Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL Art. 34.- El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo y los Ayuntamientos, podrán por medio de Ordenanzas, establecer y determinar, en las poblaciones bajo su jurisdicción, zonas, sectores, vías o sitios públicos en los cuales no puedan ser instaladas factorías, industrias u otros establecimientos donde funcionen fábricas, máquinas, calderas, aparatos o artefactos peligrosos o excesivamente ruidosos o molestosos para el público, o donde se fabriquen o utilicen materiales o productos peligrosos o dañinos para el público.

Art. 111.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley se castigarán con multa de diez a doscientos pesos ($ 10.00 a $ 200.00) o con prisión de diez días a seis meses o con ambas penas a la vez, según la gravedad del caso, y, las sentencias que intervengan podrán ordenar la destrucción de las obras que se ejecuten en contravención con esta ley.

La Ordenanza No. 4/2018, Ayuntamiento del Distrito Nacional y los Municipios.

Artículo 04. La Dirección de Planeamiento Urbano (DPU), realizara inspecciones a fin de determinar el cumplimiento de lo establecido en las certificaciones expedidas por la misma en base a las leyes, reglamentos y resoluciones, verificando: a) Construcciones iniciadas sin los permisos correspondientes de la DPU; b) Cambio de Uso de Suelo aprobados por la DPU; c) Disminución de los retiros mínimos a linderos establecidos; d) construcción de niveles adicionales a lo aprobado; e) Aumento de la densidad permitida; f) Remodelaciones iniciadas sin los permisos correspondientes.

80. Así las cosas, al estudiar la acusación presentada por la parte acusadora, hemos verificado como hechos ciertos las siguientes situaciones: 81. Así las cosas, al estudiar la acusación presentada por la parte acusadora, hemos verificado como hechos ciertos las siguientes situaciones: a) Hemos visto conforme a las declaraciones del testigo, pruebas documentales que, al momento de la parte imputada iniciar a operar un comercio en el inmueble objeto de este proceso, la misma no contaba con toda la permisología correspondiente y exigidas por las normas municipales vigentes.

b) Que, el inmueble propiedad de la señora Carmen Susana Paniagua Matos, solo se le ha emitido permisología para uso de suelo destinado a uso de vivienda unifamiliar, mas no así para permiso de uso de suelo con fines comerciales. c) Que, aunque la señora Carmen Susana Paniagua Matos había sido advertida en calidad de propietaria del inmueble; que solo se le permitiría remodelación de puertas y ventanas, la Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL misma no obtempero la prohibición por el gobierno municipal y procedió a alquilar dicho inmueble bajo la condición expresa que solo el mismo sea utilizado para uso comercial a la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad Baby First School. Quien, hoy figura como imputada junto a la entidad d) Que, aunque en el presente proceso la señora Carmen Susana Paniagua Matos fue excluida en etapas anteriores al juicio, entiende que las pruebas aportadas y producidas en el presente proceso señalan que la responsable inicial de que, se colocara en operación un Centro Educativo en una vivienda de uso unifamiliar, es la misma propietaria al establecer en el contrato de alquiler como requisito exclusivo que el inmueble sea utilizado para fines comerciales a sabiendas de que, había sido advertida previamente de la prohibición. e) Que, los daños ocasionados por la operación no autorizada de un centro educativo impacto de manera negativo el flujo del tránsito en la zona en cuestión trayendo intranquilidad a los moradores del sector.

82. Que, así las cosas, del análisis de los hechos, de la instrucción de la causa y la ponderación de las pruebas aportadas, este tribunal estima que, con las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante, el tribunal no ha podido alcanzar la convicción necesaria sobre la responsabilidad penal de la parte hoy imputada Jenny Jennifer Taveras López y la entidad Baby First School, por insuficiencia de pruebas respecto de su persona y actuaciones.

83. Que en virtud del Principio de Presunción de Inocencia establecido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, corresponde a la parte acusadora destruir dicha presunción de inocencia, jugando un papel activo en la aportación de los elementos probatorios que sirvan de sustento en el juicio de fondo.

84. Que nuestra Suprema Corte de Justicia establece: “A que como criterio predeterminado de carácter genérico el in dubio pro reo debe ser entendido como el reconocimiento jurisdiccional de la existencia de una duda respecto de circunstancias de modo, tiempo, lugar y sujeto imputable, consecuentemente importa ambigüedad en atención a las pruebas de cargo y descargo, lo que conlleva un fallo alejado de certidumbre respecto de las circunstancias fácticas que justifican el dispositivo, lo que con arreglo a los criterios predeterminados de solución al proceso exige una solución a favor del reo; que la presunción de inocencia como limitación objetiva en la instrucción y solución de los procesos se encuentra incardinada en nuestro ordenamiento jurídico; que en el actual caso no existe actividad probatoria de carácter inculpatorio respecto de la relación material de los hechos y la autoría, suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del inculpado; que la presunción de inocencia debe operar con prioridad en la determinación de la solución del proceso, consecuentemente en el presente proceso la indeterminación del sujeto Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL causal del hecho punible exonera al Tribunal identificar elementos valorativos respecto de la pena aplicable, (…)”. Sentencia número 83 de fecha 18/08/2006 Suprema Corte de Justicia.

85. Que al momento de los jueces valorar las pruebas presentadas en virtud de un proceso penal, es preciso que ellas sean tan precisas y contundentes que no dejen dudas algunas en el juzgador; al contrario ha aflorado un vacío probatorio en cuanto a los hechos y a la responsabilidad de la parte imputada , y en tal sentido en uso del principio in dubio pro reo a favor de la misma, procede declarar su absolución por insuficiencias de pruebas, puesto que las condenas solo son posibles de imponer fuera de toda duda razonable. En esa vertiente, procede la declaración de oficio de las costas penales del proceso 86. Conforme con lo anterior, las disposiciones de los artículos 337 y 338 del Código Procesal Penal, establecen que “Se dicta sentencia absolutoria cuando: 1) No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio; 2) La prueba aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal del imputado; 3) No pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible o el imputado no participó en él; 4) Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal; 5) El ministerio público y el querellante hayan solicitado la absolución. La sentencia absolutoria ordena la libertad del imputado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos secuestrados que no estén sujetos a decomiso o destrucción, las inscripciones necesarias y fija las costas. La libertad del imputado se hace efectiva directamente desde la sala de audiencias y se otorga aun cuando la sentencia absolutoria no sea irrevocable o se haya presentado recurso” “Condenatoria. Se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado. La sentencia fija con precisión las penas que correspondan y, en su caso, determina el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deba cumplir el condenado. Se unifican las condenas o las penas cuando corresponda. La sentencia decide también sobre las costas con cargo a la parte vencida y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales civiles. Decide además sobre el decomiso y la destrucción, previstos en la ley.”

87. La Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, en cuanto a la valoración probatoria, ha descartado la concepción negativa del estado de inocencia, entendida como la presunción de culpabilidad, cuando sostiene que “la errónea concepción de presunción de culpabilidad, podría conducir a desarrollar la idea de que el imputado debe destruirla, lo que no se ajusta a la verdad jurídica, toda vez que, realmente no existe tal presunción, sino simples méritos objetivos de posibilidad, que en definitiva sólo pueden concretarse afirmativamente en el texto de una sentencia confirmada por la obra de la acusación y de la jurisdicción; que por consiguiente, en un juicio no se le puede imponer a la imputada la carga de probar su inocencia, puesto que él, al llegar al proceso, la posee de pleno derecho, y que, si la acusación no se prueba fehacientemente.3.

3 Sentencia núm. 214, de fecha 31 de mayo de 2006, B. J. 1146, dictada por la Suprema Corte de Justicia.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 88. En tal sentido, de la valoración y ponderación legal, particular, conjunta, sistemática, objetiva, lógica, coherente y razonable, de la acusación y las pruebas de las partes, el tribunal extrae que las mismas están revestidas de legalidad, son lícitas y regulares, puesto que se han aportado conforme con el principio de libertad de pruebas y no se ha probado jurídicamente su vicio y agravio, borraduras, falsedades, alteraciones y tachaduras; sin embargo, con dichas pruebas el acusador y la parte querellante, La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, no ha probado que la parte imputada, la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School, haya cometido el delito que se les endilga, consistente en cambio de uso de suelo y en habidas cuentas de que no se han probado la acusación fuera de toda duda razonable ante la ausencia de los elementos constitutivos especiales de la infracción, trayendo como consecuencia de acuerdo con el artículo 337.1 y 3 del Código Procesal Penal, que el tribunal dicte sentencia absolutoria, al declarar la no culpabilidad.

Sobre el cese de operación comercial de la entidad BFS Baby First School 89. Luego de que este tribunal ha determinado a través del ejercicio anterior de valoración probatoria esta juzgadora ha colegido que el centro educativo objeto del presente proceso opera en un inmueble que no posee el permiso de uso de suelo para actividades comerciales ni educativas, contrario a las disposiciones establecidas en la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, así como de las ordenanzas municipales y normas de planificación urbana aplicables, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para la protección del interés público, la seguridad y el orden territorial.

90. La norma fundante, en su artículo 63, consagra el derecho fundamental a la educación, mientras que el artículo 56 prevé el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, imponiendo al Estado, la sociedad y la familia la obligación de garantizar su protección integral. Así las cosas, el ejercicio de los derechos fundamentales debe llevarse a cabo conforme a las normas vigentes y dentro del ordenamiento jurídico que garantice condiciones dignas, seguras y adecuadas para su efectiva aplicación.

91. De igual modo, dentro del bloque de constitucionalidad la República Dominicana es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual en su artículo 3 estipula que, en todas las medidas concernientes a la niñez deberá prevalecer su interés superior, y en su artículo 28 reconoce el derecho a la educación, exigiendo que ésta se garantice en condiciones que aseguren el bienestar y desarrollo integral de los menores. 92. De igual modo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, obliga a los Estados a asegurar la prestación del servicio educativo bajo condiciones que cumplan con los estándares legales y de calidad.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 93. Al hilo de lo planteado, permitir la operación de un punto comercial por ende, un centro educativo en un inmueble no preparado legalmente ni estructuralmente para tales fines puede producir severas consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que allí reciben el pan de la educación, sobre todo niños de edad temprana que en la mayoría de ocasiones deben contar con ayuda para movilizarse y realizar cualquier movimiento, lo cual resulta incongruente con el principio constitucional del interés superior del niño. Es plausible destacar, que, aunque impartir educación en hecho loable y digno de admirar, no menos cierto es que, la ausencia de permisología de uso de suelo no constituye un defecto meramente formal, sino una garantía fundamental de que el espacio reúna condiciones mínimas de seguridad estructural, accesibilidad, salubridad y compatibilidad urbana y salidas de emergencia.

94. Es plausible destacar, que el derecho a la educación no se compensa únicamente con la existencia material de que un centro educativo en un espacio de crecimiento, sino con la garantía de que éste opere de manera regular, conforme a la ley y bajo la supervisión de las autoridades competentes. En consecuencia, el tribunal ordena el cierre del referido centro educativo, como medida legítima, necesaria y proporcional dirigida a restablecer el orden jurídico y proteger de forma efectiva el interés superior de los niños y niñas, por lo que, en esa misma salvaguarda el cierre se realizara concomitantemente con la culminación del año escolar, para no afectar el ritmo y rutina de los niños y niñas que acuden a dicho centro.

En cuanto al aspecto civil 95. Por otra parte, en el aspecto civil, este tribunal advierte que ha sido apoderado para conocer de forma accesoria de la demanda en reparación en daños y perjuicios, para el resarcimiento de los alegados daños y perjuicios causados, interpuesta por La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, a través de sus abogados, en contra de la parte imputada La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, solicitando al tribunal una indemnización por la suma de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00), adicionalmente que fije el tribunal un astreinte de cien mil (RD$100,000.00) pesos diarios y el Ayuntamiento quinientos once mil setecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$511,750.00); por lo que, ha lugar a referirse a la misma.

96. Para la acción civil el artículo 50 del Código Procesal Penal, establece que “la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, o para la restitución del objeto materia del hecho punible, puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente demandado” y “la acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal, conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil”.

97. La víctima, querellante y actor civil (Junta de Vecinos Los Cacicazgos y Ayuntamiento del Distrito Nacional) ha procedido a su constitución en actor civil cumpliendo con las formalidades de rigor, de conformidad con la instancia depositada por ante la Fiscalía del Distrito Nacional concomitantemente en fecha, veinte (20) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) y veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), por lo que, procede declarar su constitución en actor civil regular y válida, en cuanto a la forma, procediendo al examen del fondo de las pretensiones, toda vez que cumple con los requisitos de ley y con los fundamentos de hecho y de Derecho de la misma.

98. En cuanto a la responsabilidad civil los artículos 1382 y 1383 del código Civil, establecen que “cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño, está obligado aquel, por cuya culpa sucedió, a repararlos; no sólo se es responsable por su hecho personal, sino por su negligencia e imprudencias”, siendo admitido que esas disposiciones son de orden público, al ser obligatorias tanto para los contratantes como para los terceros y porque establecen una disposición general común y aplicable a todos los órdenes de responsabilidad4.

99. El tribunal advierte que cuando los daños no fueran tasados legal, razonable y proporcionalmente, pudiera eventualmente acogerlos in abstracto, esto es, liquidarlos por estado, conforme con las disposiciones de los artículos 523 del Código de Procedimiento Civil y 345 del Código Procesal Penal.

100. Este tribunal señala que al tratarse de un descargo en lo penal pudiera existir retención de falta civil, aún en ausencia de falta penal, fundamentado en el mismo hecho penal y en las disposiciones de los artículos 10 y 51 del Código Penal, 50 y 53 del Código Procesal Penal, 1382 y 1383 del Código Civil, tal como lo expresa la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, cuando expresa “Considerando que la Corte a-qua procedió correctamente al retener una falta civil, basada en los mismos hechos de la prevención, y le impuso una indemnización en favor de la querellante constituida en parte civil, lo cual es legalmente correcto, y por lo tanto actuó sin incurrir en ninguna de las violaciones legales denunciadas por el recurrente”5.

101. En tal sentido, este tribunal luego de valorar de manera legal, razonable, conjunta, lógica y objetiva, el fondo de la constitución en actor civil ha tenido a bien advertir que se encuentran reunidos los elementos esenciales de la responsabilidad civil, a saber: a) Una falta civil imputable al demandado; b) Un perjuicio ocasionado a la persona que reclama la reparación; y, c) La relación de causa y efecto entre la falta y el daño.

4B. J. No. 686, Pág. 152, del 24 de enero de 1968; B. J. No. 931, Pág. 766, del 03 de junio de 1988.

5 Sentencia núm. 11, de fecha 01 de octubre de 2003, dictada por la Suprema Corte de Justicia.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 102. El primer elemento esencial de la responsabilidad civil, una falta civil imputable a la señora Jenny Jennifer Taveras López, lo anterior se corrobora también con lo establecido, por los testigos presentados por la parte acusadora, verbigracia de la señora Jenny Jennifer Taveras López estableció que como inquilina e instaló un Centro Educativo con fines comerciales objeto del proceso, rentando el mismo para uso de local comercial, lo cual fue corroborado mediante el contrato de alquiler que fue depositado por la parte imputada, pero a la vez dicho local no tenia los permisos correspondientes para ser destinado a comercio hecho que fue corroborado por el testigo de la parte acusadora y fue valorado en otra parte de la sentencia a través de otros medios de pruebas.

103. Esta falta civil se aprecia cuando las víctimas La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, a pesar de haber de realizado varios llamados de atención a la parte imputada y de hecho tener un acercamiento a través de la propietaria Carmen Susana Paniagua Matos, y que debían cesar las operaciones del Centro Educativo, no cumplió con lo anterior; además, de que dicha falta no ha sido por la falta de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor, casos en los cuales podría liberarse o eximirse de la falta cometida.

104. El segundo elemento esencial de la responsabilidad civil, un perjuicio ocasionado a la persona que reclama la reparación; ha sido determinado en el hecho de que, tras la puesta en funcionamiento del Centro educativo, la dinámica del tránsito se vio afectada, así como la tranquilidad de los vecinos, tomando en cuenta la utilización de plantas eléctricas y otros equipos el referido inmueble así, por las condiciones de inseguridad que representa al tratarse de una vivienda de uso unifamiliar y no así para operar como punto comercial. Lo que necesariamente, afecta la dignidad humana y el derecho de propiedad de los querellantes, regulados por las disposiciones de los artículos 38 y 51 de la Constitución, lo que afecta su patrimonio que se convierte en pérdidas económicas para el demandante.

105. Y el tercer elemento esencial de la responsabilidad civil, una relación de causa y efecto entre la falta y el daño; ha sido determinado, en el entendido de que el perjuicio causado y recibido por La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, es producto de la falta imputable, esto es que el demandado la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School, la operación de un punto comercial no autorizado por el gobierno municipal. Máxime, porque no cumplió con las diversas intimaciones y ordenanzas de cese de operación, afectando la dignidad humana y el derecho de propiedad del demandante, regulados por las disposiciones de los artículos 38 y 51 de la Constitución.

106. Este tribunal, tomando en cuenta la falta apreciada, el daño sufrido, el vínculo de causalidad entre la falta y el daño, el monto del importe económico y la fecha y modalidad en que ha ocurrido dicha falta; entiende que procede acoger la demanda en reparación en contra de la demandada, la Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad Baby First School, por lo que, se condena civilmente, al pago a favor de la parte demandante, por la suma de doscientos 00/100 (RD$200,000.00) mil pesos, en favor y provecho de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por los daños y perjuicios causados por la suma de cien mil (RD$100,000.00), pesos según los principios de proporcionalidad y razonabilidad y los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución, 50 y 53 del Código Procesal Penal, 1382 y 1383 del Código Civil.

Respecto del astreinte solicitado por la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, lo rechaza por improcedente y mal fundado.

107. El pago de las costas se encuentre regulado por los artículos 130 del Código de Procedimiento Civil y 246 al 253 del Código Procesal Penal, según los cuales “la parte sucumbiente será condenada al pago de las costas civiles, distraídas a favor del abogado de la parte gananciosa, que afirme haberlas avanzado en su totalidad o mayor parte” y “toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; y, en el caso, no procede condenar a las partes al pago de las costas, penales y civiles, toda vez que ambas partes han sucumbido en uno u otro sentido.

108. La presente sentencia es susceptible del Recurso de Apelación, por ante la Corte de Apelaciones de este Departamento Judicial, por efecto de las disposiciones contenidas en los artículos 69. 9 y 149.III de la Constitución y 416 del Código Procesal Penal.

109. El artículo 335 del Código Procesal Penal dispone que por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, puede ser necesario diferir la redacción de la sentencia y se lee la parte dispositiva, anunciando el día y la hora precisa para la lectura integral de la misma; y, en el caso, el tribunal procedió a diferir el conocimiento, valoración y decisión del proceso, por la complejidad, los incidentes a decidir y la cantidad de pruebas, al tenor de los artículos 149 de la Constitución y 142 al 146 y 305 y siguientes del Código Procesal Penal, fijando la lectura íntegra de la sentencia para el nueve (09) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), a las doce horas de la tarde (02:00 p.m.), quedando citadas las partes y fue prorrogada para el viernes doce (12) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025); en virtud de que, la infraestructura del tribunal sufre consecuencias graves a causa de una filtración que impide encender los equipos utilizados para llevar a cabo la jornada laboral.

Disposiciones finales.

110. En cuanto a las costas procesales el artículo 246 del Código Procesal Penal establece que: ´´Toda decisión que pone fin a la persecución penal, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente´´.

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL 111. De conformidad con el artículo 335 del Código Procesal Penal, la sentencia se pronuncia en audiencia pública "En nombre de la República". Es redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación. Acto seguido, el tribunal se constituye nuevamente en la sala de audiencias. El documento es leído por el secretario en presencia del imputado y las demás partes presentes.

Cuando, por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción de la sentencia, se lee tan sólo la parte dispositiva y uno de los jueces relata de manera resumida al público y a las partes los fundamentos de la decisión. Asimismo, anuncia el día y la hora para la lectura integral, la que se lleva a cabo en el plazo máximo de cinco días hábiles subsiguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia se considera notificada con la lectura integral de la misma. Las partes reciben una copia de la sentencia completa. Por lo que este tribunal procedió a fijar el día en que la misma será leída de manera íntegra.

Por tales motivos la Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, administrando justicia, en audiencia pública, en nombre de la República, por autoridad de la ley, y en mérito de los preceptos legales supracitados.

FALLA: PRIMERO: DECLARA; NO CULPABLE a la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School de violar las disposiciones de los artículos 5, 13 y 111 de la Ley núm. 675-44 sobre Urbanización y Ornato Público, el artículo 08 de la Ley núm. 6232-63 sobre Planeamiento Urbano y el artículo 118 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; respecto de la ACUSACIÓN, de fecha quince (15) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), presentada en el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, por el MINISTERIO PÚBLICO, en la persona de la Licda. Sumaya Acevedo M.A, Fiscalizadora Municipal del Distrito Nacional, en representación del ESTADO; producto de la Querella con constitución en Actor Civil, de fecha veinte (20) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), presentada en la Fiscalía Municipal del Distrito Nacional por la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, mediante su abogada la Licenciada Miriam Paulino; y la querella en constitución en actor civil de fecha veinte (20) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), presentada en la Fiscalía Municipal del Distrito Nacional por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por intermedio de sus abogados Licdos. Carlos Manuel Bello Pérez y Richard Alfredo Rosario Rojas, admitida mediante Auto de Apertura a Juicio Núm 079-2025-SRES-00013, de fecha dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil veinticinco(2025), emitido por la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, en contra de la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School, por violación de los artículos 5, 13 y 111 de la Ley núm. 675-44 sobre Urbanización y Ornato Público, el artículo 08 de la Ley núm. 6232-63 sobre Planeamiento Urbano y el artículo 118 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; y, en consecuencia, se dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA en su favor, conforme con las Sentencia penal No. 080-2025-SSEN-00013

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REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DEL JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES DEL DISTRITO NACIONAL disposiciones de los artículos 40.13 y 69.3 y 7 de la Constitución y 337. 1 y 3 del Código Procesal Penal; por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión.

SEGUNDO: ORDENA el cese de medida de coerción en contra de la imputada, la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad comercial BFS Baby First School; por lo que, como una consecuencia lógica y legal de la sentencia absolutoria.

TERCERO: En cuanto a la forma declara como buena y valida la presente acusación, y en cuanto al fondo la rechaza por no haberse demostrado. ACOGE la actoría civil, de fecha veinte (20) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) interpuesta por La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp, a través de su abogada Miriam Paulino; y la querella con constitución en actor civil de fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) interpuesta por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, mediante sus abogados apoderados; y, en consecuencia, CONDENA civilmente la señora Jenny Jennifer Taveras López y la entidad Baby First School al pago de lo siguiente: INDEMNIZACIÓN, por la suma de doscientos 00/100 (RD$200,000.00) mil pesos, en favor y provecho de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por los daños y perjuicios causados por la suma de cien mil (RD$100,000.00), pesos según los principios de proporcionalidad y razonabilidad y los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución, 50 y 53 del Código Procesal Penal, 1382 y 1383 del Código Civil. Respecto del astreinte solicitado por la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, lo rechaza por improcedente y mal fundado, como justa reparación por los daños y perjuicios recibidos; ambos en favor y provecho de La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Incorp y el Ayuntamiento del Distrito Nacional; por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión.

CUARTO: ORDENA el cese de la operación comercial del centro Educativo BFS Baby First School, ubicado en la Calle Onaney No. 13, esquina Canasibana, Sector Los Cacicazgos, Distrito Nacional, por no poseer la permisología de uso de suelo de uso comercial. En garantía al interés superior del niño y derecho a la educación, el cese se deberá realizar una vez culmine el año Escolar previsto en el calendario del Ministerio de Educación, para la finalización del año escolar 20252026.

QUINTO: EXIME totalmente a las partes del pago de las costas penales y civiles, de acuerdo con los artículos 130 del Código de Procedimiento Civil y 246 al 253 del Código Procesal Penal.

(FDO DIGITALMENTE). Ana Isa Lee Florimón, Juez Titular de la Segunda Sala del Juzgado de Paz Para Asuntos Municipales del Distrito Nacional y Wendy E. Cubilette secretaria.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), a los cientos ochenta y dos (182) años de la Independencia y ciento sesenta y tres (163) de la Restauración.

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