WORLD JURIST ASSOCIATION
Human Rights Institute
AMICUS CURIAE
Sobre la obligación de extinguir la acción penal por vulneración del plazo máximo de duración del proceso y violación del plazo razonable en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DIRIGIDO AL HONORABLE
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, República Dominicana
Presentado por:
Juan Carlos Gutiérrez presidente, Instituto de Derechos Humanos
World Jurist Association
Prof. Derecho Internacional
Washington, D.C. / Madrid
Proceso penal seguido contra:
Jean Alain Rodríguez Sánchez
24 Junio 2026
IV.1
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
I. INTRODUCCIÓN
La World Jurist Association (en adelante, «WJA»), organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., fue fundada en 1963 bajo la denominación World Peace Through Law Center, con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho en el plano internacional mediante la cooperación entre operadores jurídicos de todos los sistemas jurídicos del mundo. En la actualidad, la WJA aglutina a jueces, abogados, académicos y prof esionales del Derecho de más de 155 países, constituyendo uno de los foros jurídicos internacionales de mayor reconocimiento y trayectoria. 1
El Instituto de Derechos Humanos de la WJA, cuya Presidencia ostenta el letrado Juan Carlos Gutiérrez, tiene entre sus funciones esenciales la emisión de opiniones jurídicas de interés general en aquellos procesos en los que se encuentren comprometidas gar antías fundamentales reconocidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El presente escrito se formula al amparo de la institución del amicus curiae, figura ampliamente reconocida en el Derecho procesal comparado y en la práctica de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que permite a entidades con conocimiento especializado aportar perspectivas jurídicas relevantes para la ad ecuada resolución de controversias de trascendencia supraindividual.2
La WJA no es parte en el presente proceso penal ni tiene interés alguno en su resultado sustantivo. Su intervención se limita, de conformidad con los más rigurosos estándares del Derecho Internacional, a ilustrar a ese honorable Tribunal sobre el alcance, contenido y consecuencias jurídicas de la garantía del plazo razonable y de la extinción de la acción penal
1 World Jurist Association. (2025). About WJA. Recuperado de https://worldjurist.org
2 La figura del amicus curiae ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Reglamento (artículo 44) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (artículo 36.2 CEDH). Su admisión en los ordenamientos internos responde al interés público de contar con persp ectivas técnicas especializadas.
como remedio convencional ante su vulneración. La independencia e imparcialidad institucional confieren a las presentes apreciaciones el valor de una opinión jurídica objetiva y de estricto rigor técnico.3
II. OBJETO
El presente escrito tiene por objeto exponer la posición jurídica institucional de la WJA respecto de la siguiente cuestión de derecho: la obligación ineludible de todo órgano jurisdiccional de declarar extinguida la acción penal cuando el Estado ha sobrep asado el plazo máximo de duración del proceso penal establecido por la propia ley procesal interna y, de manera simultánea, ha conculcado la garantía del plazo razonable consagrada en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos v inculantes para la República Dominicana.4
El análisis que se ofrece a continuación se articula en torno a cuatro ejes fundamentales: (i) el marco normativo internacional aplicable, con especial referencia a los tres sistemas regionales de protección de los derechos humanos y al sistema universal; (ii) la jurisprudencia relevante emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; (iii) la aplicación de dicho marco convencional al proceso penal seguido contra el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez; y (iv) las consecuencias jurídicas que se derivan de los elementos acreditados en el expediente.
III. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL APLICABLE
III.1 Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
En el ámbito del sistema universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, consagra en su artículo 9.3 que «[t]oda pers ona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro
3 La intervención como amicus curiae no supone adhesión a las posiciones de ninguna de las partes, sino la aportación de conocimiento especializado en beneficio de la correcta administración de justicia.
4 La obligación de extinción de la acción penal como consecuencia del vencimiento del plazo máximo de duración del proceso ha sido afirmada de manera consistente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como desarrollo del artícu lo 8.1 de la CADH.
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de un plazo razonable o a ser puesta en libertad». Su artículo 14.3.c) establece, como garantía mínima irrenunciable del proceso penal, el derecho a «ser juzgado sin dilaciones indebidas». 5
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha interpretado de manera consolidada
estas disposiciones en el sentido de que la dilación injustificada constituye una violación autónoma del Pacto, con independencia de la resolución de fondo de la causa. La sobrecarga estructural del sistema judicial no exime al Estado de su deber de trami tar los procesos dentro de un plazo razonable, pues dicha responsabilidad recae sobre el Estado en su conjunto y no solo sobre los órganos judiciales.6
III.2 Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978, constituye el instrumento convencional de mayor relevancia en el presente asunto. Su artículo 7.5 dispone que «[t]oda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso». El artículo 8.1 reconoce el derecho de toda persona «a ser oída, con las debida s garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial».7
Ambas disposiciones han sido interpretadas de manera sistemática por la Corte Interamericana, que ha precisado que el principio del plazo razonable «tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta s e decida prontamente». La Convención también consagra en su artículo 25 el derecho a la protección judicial, lo que obliga a los Estados a ofrecer recursos judiciales efectivos ante la vulneración de derechos convencionales; efectividad que desaparece cuan do el proceso deviene interminable.8
5 Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 9.3 y 14.3.c). Recuperado de https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international -covenant-civil-and-politicalrightscontent/uploads/pacto_internacional_derechos_civiles_y_politicos_articulos_9_10_14_15.pdf
6 Naciones Unidas. (2004). Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32. Art. 14: El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 35. Recuperado de https://www.refworld.org/es/leg/coment/ccpr/2007/52583
7 Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Artículos 7.5 y 8.1. San José de Costa Rica. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b -32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
8 Corte IDH. (1997). Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 70. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf
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III.3 Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece en su artículo 6.1 el derecho de toda persona a «que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable». El artículo 5.3 del mismo Convenio garantiza específicamente, en el ámbito de la detención preventiva, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Aunque la República Do minicana no es parte en el CEDH, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el plazo razonable constituye una fuente de Derecho Internacional Comparado de singular relevancia, reconocida expresamente por la Corte Interamericana. 9
El TEDH ha establecido una jurisprudencia consolidada según la cual la razonabilidad del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, tomando en consideración: (a) la complejidad del litigio; (b) el comportamiento del demandant e; (c) la conducta de las autoridades competentes; y, en determinados supuestos, (d) el interés relevante que el demandante arriesga en el proceso. El Tribunal ha precisado, además, que las deficiencias estructurales u organizativas del sistema judicial, o la sobrecarga crónica de los tribunales, no constituyen una justificación válida de la dilación, pues el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para impedirla. 10 Estos criterios fueron concebidos para dotar de contenido al concepto indeterminado de «plazo razonable» en aquellos ordenamientos jurídicos en los que el legislador no ha objetivado dicho principio mediante un límite temporal concreto para la duración del proceso.
III.4 Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos
La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), adoptada el 27 de junio de 1981 por la Organización para la Unidad Africana, reconoce en su artículo 7.1.d) el derecho de toda persona «a ser juzgada dentro de un plazo de tiempo raz onable por una corte o tribunal imparcial». Este precepto ha sido interpretado por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos como un requisito sine qua non del derecho de acceso a la justicia, sin el cual los mecanismos de tutela judicial devienen ilusorios. El Tribunal africano ha recurrido
9 Convenio Europeo de Derechos Humanos. (1950). Artículos 5.3 y 6.1. Consejo de Europa. Recuperado de https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_spa
10 TEDH. (1982). Caso Eckle c. República Federal de Alemania. Sentencia de 15 de julio de 1982. Demanda n.º 8130/78, párr. 80-84. Recuperado de https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -57476%22]}
a la máxima del filósofo Jean de la Bruyère «una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones» para subrayar el carácter esencial de esta garantía. 11
IV. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL RELEVANTE SOBRE EL PLAZO RAZONABLE
IV.1 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
IV.1.1 Los criterios de determinación del plazo razonable
La Corte Interamericana ha elaborado una doctrina jurisprudencial consolidada sobre los parámetros que determinan si un proceso ha respetado o vulnerado la garantía del plazo razonable. A partir del caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua (1997), retomando la estela de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de DDHH , el Tribunal Interamericano estableció que la razonabilidad del plazo debe analizarse en función de tres elementos: (a) la complejidad del asunto; (b) la actividad procesal del interesado; y (c) la conducta de las autoridades judiciales. 12
Este estándar tripartito fue posteriormente enriquecido con un cuarto elemento en el caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia (Sentencia de 27 de noviembre de 2008): la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La incorporación de este cuarto criterio obedece al reconocimiento de que la dilación procesal no afecta únicamente a la esfer a procesal del encausado, sino que irradia efectos devastadores sobre su vida personal, familiar, profesional y patrimonial, los cuales deben ser ponderados para apreciar la dimensión real de la vulneración.13
La Corte ha precisado que la carga probatoria respecto de las razones que justifican la prolongación del proceso corresponde al Estado. En caso de no acreditarse la complejidad extraordinaria del asunto ni la conducta dilatoria del imputado, la dilación de be reputarse imputable al Estado y, en consecuencia, generadora de su responsabilidad internacional. En
11 Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. (2016). Caso K.K.F. c. República de Costa de Marfil. Sentencia sobre admisibilidad y fondo. Recuperado de https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1481/1459/2487
12 Corte IDH. (1997). Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia de 29 de enero de 1997. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 30, párr. 77. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_30_esp.pdf
13 Corte IDH. (2008). Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf
términos del propio Tribunal, «corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular». 14
IV.1.2 Caso Bayarri Vs. Argentina: la obligación reforzada del Estado ante la privación de libertad
El caso Bayarri Vs. Argentina , resuelto mediante sentencia de 30 de octubre de 2008, constituye el precedente de mayor relevancia para el supuesto bajo examen. En dicho asunto, el señor Juan Carlos Bayarri permaneció aproximadamente trece años en prisión preventiva. La Corte declaró que el Estado había vulnerado el artículo 7.5 de la CADH al haber excedido el límite máximo de prisión preventiva fijado por la propia ley interna argentina, el cual se extendía a dos años prorrogables excepcionalmente por un año más.15
De este pronunciamiento deriva el principio de la obligación reforzada del Estado : cuando una persona permanece privada de libertad en el marco de un proceso penal, el Estado no se limita a respetar el plazo razonable en términos ordinarios, sino que dicha obligación se intensifica cualitativamente. La prolongada duración de la prisión preventiva convirtió la medida cautelar en una medida punitiva, desnaturalizando su carácter y vulnerando la presunción de inocencia reconocida en el artículo 8.2 de la Convención. El Tribunal añadió que el juez está obligado a «valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón».16
IV.1.3 Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia: la persecución penal prolongada de personas políticamente activas
El caso Andrade Salmón Vs. Bolivia (Sentencia de 1 de diciembre de 2016) reviste especial importancia para el asunto sub judice. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado boliviano por la violación de la garantía del plazo razonable contemplada en el artículo 8.1 de la CADH, al haber mantenido a la señora Andrade Salmón
14 Corte IDH. (2005). Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 167. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_137_esp.pdf
15 Corte IDH. (2008). Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 187, párr. 74. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf
16 Corte IDH. (2008). Caso Bayarri Vs. Argentina, párr. 70 -74. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf
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durante años en situación de incertidumbre procesal mediante la prolongación injustificada de varios procesos penales seguidos en su contra. 17
De particular relevancia resulta la consideración que efectúa la Corte respecto de la condición de persona políticamente activa de la víctima: el Tribunal advirtió expresamente que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un mecanismo para man tener indefinidamente sometidas a personas políticamente activas a una situación de incertidumbre procesal. En tales supuestos, sostuvo la Corte, el tiempo razonable del proceso debe incluso abreviarse, con el fin de impedir que la persecución penal erosio ne los principios democráticos y el pluralismo político, pilares del Estado constitucional de Derecho. Las medidas cautelares impuestas sin fundamento suficiente fueron declaradas igualmente violatorias de la Convención. 18
IV.1.4 Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador: la ilicitud de la prisión preventiva que supera la pena máxima aplicable
En el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador (Sentencia de 12 de noviembre de 1997), la Corte Interamericana sentó el principio de que resulta manifiestamente contrario a la CADH mantener a una persona privada de libertad en prisión preventiva por un período superior a la pena máxima prevista para e l delito imputado. El Tribunal declaró que el señor Suárez Rosero había permanecido en detención preventiva durante más de cincuenta meses, lo que «excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana», apreciando la violación de los artículos 7.5 y 8.1 de la CADH. 19
IV.2 Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
IV.2.1 Los casos fundacionales: Wemhoff, Stögmüller y Neumeister
Los casos fundacionales del TEDH en materia de plazo razonable y prisión preventiva establecieron los pilares sobre los que descansa toda la jurisprudencia posterior. En el caso Wemhoff c. República Federal de Alemania (Sentencia de 27 de junio de 1968), el Tribunal fijó que la garantía del artículo 5.3 del CEDH impone la obligación de tramitar el proceso con especial diligencia cuando el acusado se encuentra privado de libertad. En el caso Stögmüller c. Austria (Sentencia de 10 de noviembre de 1969), el TEDH precisó que el análisis sobre el plazo
17 Corte IDH. (2016). Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 330, párr. 163-165. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf
18 Corte IDH. (2016). Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, párr. 168 -172. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf
19 Corte IDH. (1997). Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 74-75. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf
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razonable aplicable a la prisión preventiva debe hacerse de manera extensiva a todo el período de duración de esta, sin limitarse a etapas aisladas del proceso. 20
El caso Neumeister c. Austria (Sentencia de 27 de junio de 1968) añadió el criterio de que la continuación de la prisión preventiva solo puede justificarse si existen razones válidas y suficientes, más allá de la mera sospecha razonable de culpabilidad. Transcurrido un cierto tiempo, la persistencia de esa sospecha deja de ser suficiente y los órganos judiciales están obligados a acreditar razones adicionales de necesidad y proporcionalidad. La Corte Interamericana ha citado expresamente estos criterios europeos como referencia interpr etativa del artículo 8.1 de la CADH.21
IV.2.2 El caso Eckle c. República Federal de Alemania: el inicio y fin del cómputo del plazo
En el caso Eckle c. República Federal de Alemania (Sentencia de 15 de julio de 1982), el TEDH afrontó los problemas relativos al inicio y fin del cómputo del plazo razonable en materia penal. El Tribunal precisó que, en dicho ámbito, el plazo se inicia con la «acusación», entendida como la notificación oficial del reproche por haber cometido una infracción penal aquella que produce «repercusiones importantes sobre la situación» del sospechoso y que el plazo cubre la totalidad del procedimiento, comprendidos los recursos de apelación. El proceso enjuicia do duró diecisiete años, lo que el Tribunal consideró manifiestamente irrazonable, declarando que cuando la duración es exorbitante, corresponde en principio al Estado la prueba en contrario. 22
El TEDH ha reiterado en numerosos pronunciamientos ulteriores incluido el reciente caso Călin c. Rumanía (2025), relativo a un proceso penal que duró más de diez años que las deficiencias estructurales u organizativas del aparato judicial, así como la sobrecarga crónica de los tribunales, no constituyen una justificación válida de la dilación. Esta afirmaci ón es de extraordinaria relevancia para el caso presente, pues implica que ninguna circunstancia interna
20 TEDH. (1968). Caso Wemhoff c. República Federal de Alemania. Sentencia de 27 de junio de 1968. Demanda n.º 2122/64; TEDH. (1969). Caso Stögmüller c. Austria. Sentencia de 10 de noviembre de 1969. Demanda n.º 1602/62. Recuperado de https://hudoc.echr.coe.int/spa#{%22itemid%22:[%22001 -165136%22]}
21 TEDH. (1968). Caso Neumeister c. Austria. Sentencia de 27 de junio de 1968. Demanda n.º 1936/63. Recuperado de https://agora.edu.es/descarga/articulo/5765586.pdf
22 TEDH. (1982). Caso Eckle c. República Federal de Alemania. Sentencia de 15 de julio de 1982. Demanda n.º 8130/78, párr. 80-84. Recuperado de https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -57476%22]}
del Estado puede relevarle de su responsabilidad convencional por el incumplimiento de la garantía del plazo razonable.23
IV.3 Jurisprudencia de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha consolidado una doctrina sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable particularmente relevante en el contexto de la convergencia de los sistemas regionales de derechos humanos. En el caso K.K.F. c. República de Costa de Marfil, el Tribunal africano declaró que el Estado demandado había violado el derecho del demandante a ser juzgado en un plazo razonable contemplado en el artículo 7.1.d) de la Carta Africana, calificando dicho derecho como requisito sine qua non del acceso a la justicia. La Corte hizo hincapié en que las dilaciones excesivas y demoras inexcusables menoscaban de forma irreversible los derechos de los justiciables.24
El caso Niyonzima Augustine c. Tanzania (Sentencia de 13 de junio de 2023) reafirmó que la evaluación de la razonabilidad del plazo depende de las circunstancias particulares de cada caso y debe determinarse caso por caso, en línea con la metodología uniforme desarrollada por los tres sistemas regionales. La Corte Africana ha reconocido igualmente el valor interpretativo cruzado de las jurisprudencias interamericana y europea a la hora de fijar los estándares del artículo 7 de la Carta de Banjul, contribuyendo así a la formación de un estándar u niversal del plazo razonable en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.25
V. APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL AL PROCESO SEGUIDO CONTRA JEAN ALAIN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
V.1 El vencimiento del plazo máximo legal: análisis de la normativa dominicana El análisis de la glosa procesal del presente asunto permite constatar, con meridiana claridad, que el proceso penal seguido contra el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez ha excedido ampliamente el plazo máximo de duración establecido por el artículo 15 0 de la Ley núm. 97-25
23 TEDH. (2022). Caso Călin c. Rumanía. Sentencia de 5 de Abril de 2022. Demanda n.º 54491/14. Recuperado de https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -216860%22]}
24 TEDH. (2022). Caso Călin c. Rumanía. Sentencia de 5 de Abril de 2022. Demanda n.º 54491/14. Recuperado de https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -216860%22]}
25 Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. (2023). Caso Niyonzima Augustine c. Tanzania. Sentencia de 13 de junio de 2023. Recuperado de https://www.africancourt.org/cpmt/storage/app/uploads/public/648/86f/321/64886f321aadd403269137.pdf
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y demás legislación procesal penal aplicable. La norma procesal dominicana impone un límite temporal expreso a la persecución penal estatal, cuya finalidad es precisamente garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos sometidos al ejercicio del ius pu niendi. La superación de dicho límite no constituye una irregularidad procedimental menor, sino una vulneración de la garantía de legalidad procesal que fundamenta la legitimidad del proceso penal en un Estado de Derecho.26
Del examen de la glosa procesal no se desprende la existencia de una sola resolución judicial que, de manera expresa, motivada y dictada en el momento de producirse los hechos, haya atribuido al ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez actuaciones dilatorias capaces de extender el plazo legal de duración máxima del proceso. Tampoco consta en el expediente declaratoria de rebeldía, fuga, ni ninguna otra circunstancia excepcional prevista por la legislación local o internacional que permita legítimamente prolon gar dicho término. Por el contrario, el propio Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional atribuyó expresamente las principales dilaciones procesales al Ministerio Público y al propio Estado, descartando de forma expresa que hubieran sido ocasi onadas por la defensa.27
V.2 Las dilaciones procesales de origen estatal: su relevancia convencional El expediente evidencia con suficiencia que las dilaciones que han extendido el presente proceso más allá de sus límites legales y convencionales obedecen, de manera sustancial, a actuaciones estatales. Entre las más relevantes cabe mencionar: (i) una inve stigación preliminar de casi dos años de duración; (ii) el requerimiento de prórroga por el órgano acusador y el vencimiento de la misma; (iii) una acusación de extraordinaria extensión, que supera las doce mil páginas; (iv) la entrega de miles de medios d e prueba en soporte defectuoso; (v) la entrega tardía e incompleta de pruebas por parte del Estado; (vi) la negativa y ocultamiento de pruebas favorables a la defensa; y ( vii) el desacato de decisiones judiciales que ordenaban la entrega de pruebas a descargo.28
Desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ninguna de estas circunstancias puede ser jurídicamente trasladada al imputado para justificar la prolongación
26 Ley núm. 97-25 de la República Dominicana. Art. 150. Código Procesal Penal de la República Dominicana. Plazo máximo de duración del proceso.
27 Véase el análisis de la glosa procesal expuesto en los antecedentes de hecho del presente asunto. Los principios de imputación de dilaciones al Estado han sido establecidos de manera uniforme por la Corte IDH, el TEDH y la Corte Africana.
28 Conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, la complejidad del caso no puede ser creada artificialmente por el Estado para justificar la dilación. TEDH. (1982). Caso Eckle c. Alemania. Sentencia de 15 de julio de 1982, párr. 82.
de una persecución penal que el propio legislador decidió limitar temporalmente. Conforme a la jurisprudencia uniforme de la Corte Interamericana, del TEDH y de la Corte Africana, la complejidad del asunto solo puede invocarse como factor atenuante de la d ilación cuando dicha complejidad es intrínseca al supuesto de hecho y no ha sido generada o agravada por la propia actuación estatal. La conducta del Ministerio Público y de los órganos estatales que han intervenido en el presente proceso evidencia, por el contrario, patrones de dilación atribuibles exclusivamente al Estado.29
V.3 La privación de libertad prolongada y la obligación reforzada del Estado
El ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez permaneció aproximadamente cuatro años privado de libertad entre prisión preventiva y arresto domiciliario, período que coincide con el plazo máximo legal previsto para la duración del proceso. Esta circunstancia a ctiva plenamente el estándar de la obligación reforzada del Estado consagrado en la jurisprudencia del caso Bayarri Vs. Argentina : cuando una persona permanece privada de libertad, el Estado no solo está obligado a respetar el plazo razonable en términos generales, sino que esa obligación se intensifica cualitativamente, exigiéndosele una diligencia cualificada en la tramitación del proceso. La prolongación de la privación de libertad más allá de los plazos convencionales convierte la medida cautelar en una sanción anticipada, vulnerando de manera palmaria la presunción de inocencia reconocida en el artículo 8.2 de la CADH. 30
La privación de libertad prolongada no constituye, por tanto, únicamente una consecuencia del proceso penal, sino que representa, en sí misma, una vulneración autónoma de los derechos convencionales del imputado. La Corte Interamericana afirmó expresamente en el caso López Álvarez Vs. Honduras que la prisión preventiva debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, y que su aplicación debe ser excepcional en una sociedad democrática. La sujeción a arresto domiciliario, aunque menos gravosa que la prisión preventiva, no exime al Estado de su responsabilidad convencional cuando su duración resulta desproporcionada.31
V.4 La dimensión política del proceso y el criterio Andrade Salmón
La obligación estatal de tramitar el proceso con especial diligencia resulta aún más intensa en el presente caso, habida cuenta de que el proceso involucra a una persona que ha desempeñado
29 Corte IDH. (1997). Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, párrs. 77 y TEDH. Caso Eckle c. Alemania, párr. 80 -84.
30 Corte IDH. (2008). Caso Bayarri Vs. Argentina, párr. 70, 74. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf
31 Corte IDH. (2006). Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 141. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf
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funciones públicas y que ha estado expuesta a una significativa presión mediática y política. La Corte Interamericana precisó en el caso Andrade Salmón Vs. Bolivia que, en tales supuestos, el tiempo razonable del proceso debe incluso abreviarse, para impedir que la persecución penal erosione los principios democráticos y el pluralismo político. Este criterio no constituye un privilegio para los funcionarios públicos , sino una garantía de que el sistema penal no sea instrumentalizado con fines políticos.32
El presente proceso ha estado sometido desde sus inicios a una significativa exposición pública y mediática. En este contexto, los criterios establecidos por la Corte Interamericana cobran plena vigencia: precisamente en los procesos de mayor visibilidad y sensibilidad política o social es cuando los tribunales están llamados a demostrar su independencia y garantizar la vigencia efectiva de los derechos procesales fundamentales. La fortaleza del Estado constitucional de Derecho no se mide por su capacidad d e perseguir con eficacia, sino por su capacidad de mantener el respeto a las garantías procesales incluso bajo la mayor presión. 33
V.5 Aplicación de un criterio cerrado de plazo razonable. En el presente caso, la referencia a los criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)34 sobre el Plazo Razonable debe entenderse dentro de su verdadero alcance jurídico. Tales estándares fueron concebidos para dotar de contenido al concepto indeterminado de «plazo razonable» en aquellos ordenamientos jurídicos en los que el legislador no ha objetivado dicho principio mediante un límite temporal concreto para la duración del proceso. Su finalidad ha sido proporcionar al juzgador parámetros que le permitan determinar, caso por caso, si la duración de un procedimiento ha resultado razonable.
La situación del ordenamiento jurídico dominicano es sustancialmente distinta. Observamos que el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa y en desarrollo de las garantías previstas en el artículo 69 de la Constitución y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, decidió objetivar el concepto de plaz o razonable mediante el establecimiento de un plazo máximo de duración del proceso penal, definiendo, además, de forma expresa y taxativa, las únicas circunstancias capaces de incidir en su cómputo. De esta manera, el concepto convencional de plazo razonable dejó de constituir una
32 Corte IDH. (2016). Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, párr. 163 -167. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf
33 Corte IDH. (2016). Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, párr. 168 -172. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf
34 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo sucesivo TEDH.
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cláusula abierta para convertirse, en la República Dominicana, en una garantía legal objetiva, reglada y de obligatoria observancia.
Esta objetivación legislativa no solo fijó un plazo máximo de duración del proceso, sino que a través de la reciente Ley 97-25, incorporó y delimitó los propios criterios que tradicionalmente habían sido desarrollados por la jurisprudencia internacional. Así, el nuevo artículo 146 del
Código Procesal Penal , cuya aplicación debe ser evaluada conforme el principio de irretroactividad de la ley, recoge parámetros como la complejidad del asunto debidamente declarada por un juez, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades; sin embargo, el propio artículo 150 establece los límites dentro de los cuales dichos criterios pueden ser apreciados, aumentando para los casos complejos iniciados con posterioridad a la ley hasta 5 años y eliminando cualquier margen de discrecionalidad que permita extender el plazo fuera de los supuestos expresamente previstos por la ley. En efecto, el legislador excluyó expresamente como causas de extensión las cargas de trabajo, la agenda del tribunal, la s deficiencias del Poder Judicial y del sistema de justicia en general; dispuso la individualización absoluta de las dilaciones en casos de pluralidad de imputados, impidiendo que las actuaciones de un coimputado perjudiquen a otro; y limitó la exclusión t emporal del cómputo únicamente a aquellos períodos previamente declarados mediante resolución motivada que establezca la existencia de tácticas dilatorias atribuibles al imputado de que se trate , manteniendo la extensión para casos de rebeldías o fugas, no identificándose que esta excepción aplique al presente proceso. En consecuencia, la ponderación abierta que realizan los tribunales internacionales quedó incorporada y transformada por el legislador dominicano en reglas jurídicas objetivas, concretas y restrictivas, cuya observancia resulta obligatoria para el juzgador.
Precisamente por ello, la aplicación de los criterios desarrollados por la jurisprudencia interamericana no puede conducir al desconocimiento del régimen legal vigente ni a la sustitución de una regla objetiva y sus restricciones específicas por un juicio discrecional de razonabilidad. La propia jurisprudencia interamericana ha sostenido que la protección convencional constituye un estándar mínimo y que los Estados conservan la facultad de desarrollar mecanismos internos que otorguen una prote cción más amplia y específica a los derechos fundamentales, en aplicación del principio pro persona . Por consiguiente, los criterios de complejidad del asunto, conducta de las partes, actuación de las autoridades e interés comprometido conservan utilidad interpretativa e ilustrativa, pero no pueden ser utilizados para ampliar el plazo máximo de duración del proceso fuera de los supuestos expresamente autorizados por el legislador dominicano, pues ello implicaría dejar sin efecto una garantía
legal más favorable al imputado y sustituir la voluntad expresa del legislador por un juicio de oportunidad no autorizado por el ordenamiento jurídico.
Por igual, observamos que esta misma conclusión ha sido acogida de manera expresa por el Tribunal Constitucional dominicano. A partir de la Sentencia TC/1106/24, de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), criterio reiterado posteriormente, entre otras, por las sentencias TC/0882/25, TC/0879/25, TC/1272/25, TC/1296/25 y TC/0157/26, el máximo intérprete de la Constitución Dominicana estableció que el plazo máximo fijado por el legislador constituye, precisamente, el plazo razonable del proceso penal .
La glosa procesal confirma, además, que cualquiera que sea el parámetro temporal que se adopte, el resultado conduce inexorablemente a la misma conclusión. En efecto, de la propia solicitud de medida de coerción de fecha 30 de junio del 2021 se identifica el inicio formal de la investigación en fecha 21 de agosto de 2020 (página 61, numeral 81). Asimismo, consta la imposición de una restricción a la libertad de tránsito mediante impedimento de salida y alerta migratoria desde el 24 de noviembre de 2020, circunstancia de público conocimiento publicada en medios de comunicación por cuya falta de e ntrega de la referida alerta migratoria fuera condenada la Dirección General de Migración, reconocido lo anterior de forma expresa por el Ministerio Público durante la audiencia celebrada ante este Honorable Tribunal el 3 de junio de 2026 conforme acta de audiencia evaluada por esta institución. De igual modo, conforme a la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el plazo razonable comienza desde el primer acto de procedimiento dirigido contra una persona determinada como probable responsable de un hecho punibl e 35 . En cualquiera de estos
35 Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 168. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 129 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf En el mismo sentido: Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 150 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_147_esp1.pdf y Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 195, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf. Para la Corte IDH, el concepto autoridad judicial engloba tanto a jueces como a fiscales y cualquier autoridad que tenga la competencia de decidir respeto a los derechos de una persona, ver sentencia: Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú Sentencia de 31 de enero de 2001, la cual en su párrafo 71 dispone que de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta e xpresión se refiere a
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escenarios ya sea conforme al derecho interno o al estándar convencional el presente proceso se aproxima a seis (6) años de duración, superando ampliamente el plazo máximo legal establecido por el legislador, sin que en toda la glosa procesal exista una sola resolución motivada que haya declarado tácticas dilatorias atribuibles al exponente y que autorice, conforme al artículo 150 del Código Procesal Penal, la exclusión temporal de un solo día del cómputo legal.
VI. CONSECUENCIAS JURÍDICAS: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
COMO REMEDIO CONVENCIONAL INELUDIBLE
La constatación de la vulneración de la garantía del plazo razonable no es, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un mero enunciado declarativo. La Corte Interamericana ha sostenido de manera consistente que, cuando el derecho a se r juzgado en un plazo razonable ha sido vulnerado y el plazo máximo legal de duración del proceso ha sido superado sin que concurran causas legítimas y acreditadas de justificación, la consecuencia jurídica ineludible es la extinción de la acción penal. Es te remedio no constituye una expresión de benevolencia jurisdiccional ni una absolución basada en la inocencia del acusado, sino la consecuencia directa que el propio ordenamiento jurídico nacional e internacional impone al Estado que ha sobrepasado los límites de su potestad punitiva.
La extinción de la acción penal opera, en el presente contexto, como la única medida capaz de restablecer plenamente la vigencia de las garantías procesales vulneradas. La declaración de extinción no altera ni condiciona la valoración jurídica de los hecho s imputados; es, en rigor, la consecuencia que el legislador estableció previamente y de manera abstracta como respuesta al incumplimiento estatal del deber de tramitar el proceso dentro del plazo máximo legalmente fijado. La supremacía de la Constitución y los compromisos convencionales derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exigen que dicha consecuencia sea aplicada con pleno rigor.
cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.
El bloque de convencionalidad vincula a todos los jueces nacionales en sus respectivas jurisdicciones. La Corte Interamericana ha recordado que el control de convencionalidad no es una facultad discrecional de los órganos judiciales internos, sino una obli gación derivada del artículo 1.1 de la CADH y de la naturaleza misma de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. En el marco del presente proceso, la aplicación del control de convencionalidad conduce inexorablemente a la misma conclusión qu e la aplicación estricta del Derecho procesal interno: el proceso ha agotado su vigencia jurídica y la potestad punitiva estatal debe declararse extinguida.
Los criterios de los tres sistemas regionales de derechos humanos convergen en este punto de manera inequívoca. El TEDH, en el caso Călin c. Rumanía (2025), declaró que la duración excesiva de un proceso penal que se prolongó más de diez años constituye una vulneración del artículo 6.1 del CEDH, subrayando que ninguna justificación interna puede liberar al Estado de su responsabilidad convencional. La Corte Africana, en el caso K.K.F. c. Costa de Marfil, afirmó que la violación del artículo 7.1.d) de la Carta de Banjul exige del Estado la adopción de medidas concretas de remedio, entre las que se incluye la resolución definitiva y sin ulterior dilación de la situación procesal del afectado.
VII. CONCLUSIÓN JURÍDICA
Con fundamento en el análisis expuesto, el Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association formula ante ese honorable Tribunal la siguiente conclusión jurídica institucional: el proceso penal seguido contra el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sá nchez ha superado no solo el plazo máximo de duración establecido por el artículo 150 de la Ley núm. 97 -25 y demás legislación procesal dominicana aplicable, sino también el estándar del plazo razonable exigido por el artículo 7.5 y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el artículo 9.3 y el artículo 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como por los estándares interpretativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Las dilaciones procesales acreditadas en el expediente son de origen estatal: ninguna ha sido atribuida al imputado de manera expresa, motivada y contemporánea. La privación de libertad prolongada del señor Rodríguez Sánchez activó la obligación reforzada del Estado en los términos establecidos por la Corte Interamericana en el caso Bayarri Vs. Argentina . Su condición
de persona que ha desempeñado funciones públicas intensifica adicionalmente dicha obligación, conforme al criterio del caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. La convergencia de la normativa procesal interna con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos conduce a una conclusión jurídica única e inequívoca.
En consecuencia, el Instituto de Derechos Humanos de la WJA considera respetuosamente que resulta jurídicamente ineludible que ese honorable Tribunal disponga la extinción de la acción penal. Esta decisión no constituye un acto de benevolencia ni una absolución sustantiva, sino la aplicación rigurosa y coherente de las consecuencias que el ordenamiento jurídico nacional e internacional impone cuando el Estado ha excedido los límites temporales que condicionan la legitimidad de su potestad de perseguir penalmente. Es, en definitiva, la manifestación más genuina de la supremacía del Derecho sobre el poder punitivo del Estad o.36
La fortaleza de un Estado constitucional de Derecho no se mide por su capacidad de perseguir con eficacia, sino por su disposición a hacer prevalecer las garantías procesales incluso en los asuntos de mayor exposición pública o política. Es en esos momento s cuando el Estado de Derecho deja de ser una declaración de principios y se convierte en una realidad efectiva. Confiamos en que ese honorable Tribunal adoptará la decisión que mejor preserve la supremacía de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los compromisos internacionales asumidos soberanamente por la República Dominicana.
Respetuosamente,
Juan Carlos Gutiérrez
Presidente, Instituto de Derechos Humanos
World Jurist Association
Washington, D.C. / Madrid
24 Junio 2026
36 La extinción de la acción penal como remedio ante la vulneración del plazo razonable ha sido reconocida por la jurisprudencia comparada latinoamericana, siguiendo los estándares de la Corte IDH. Véase: Corte Suprema de Argentina, caso "Barra"; Corte Constitucional colombiana, Sentencia de Unificación SU -433/2020.
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