Más realidades que concreten las leyes

DERECHOS HUMANOS Más realidades que concreten las leyes

Javier García Medina Observatorio de Derechos Humanos Salud democrática. Referente en el estudio de los Derechos Humanos, García Medina lamenta que las redes sociales «fomenten más la desinformación» y «generen una brecha en la calidad democrática»

ANTONIO CORBILLÓN

En este último cuarto de siglo, el avance de las redes sociales ha tenido, en paralelo, una gran influencia en el desarrollo y cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo. Amigo y enemigo, las redes han servido para denunciar y concienciar. Pero también para demonizar, manipular y polarizar.

Pocas personas conocen mejor esa evolución que el profesor de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y Derechos Humanos y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, Javier García Medina. Es además director del Observatorio de Derechos Humanos y presidente del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Valladolid le distinguió el 21 de marzo (Día contra la Discriminación Racial) por su labor en lucha contra cualquier forma de discriminación. Además ha participado en trabajos nacionales e internacionales como el libro ‘Los Derechos Humanos en España. Balance crítico’, que coordinó el catedrático de Derecho constitucional de la UVA, el vallisoletano Fernando Rey. –¿Se puede hacer un balance global de cómo están esos derechos y cómo han evolucionado en el país en el último cuarto de siglo? –Ha habido un cambio desde 2015 hasta ahora debido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos objetivos son una declaración política y tienen un valor declarativo más que otra cosa. Las metas que plantea son muy potentes para realizar políticas públicas. La ONU se dio cuenta de que había un fallo en su concreción y por eso los vinculó al desarrollo de los Derechos Humanos para reforzarlos con todo su cuerpo normativo. Se sigue viendo por parte de la ciudadanía y muchos estados como un ‘derecho débil’. Es decir, no es lo mismo que el Código Penal... pero es derecho al fin y al cabo. Lo ratifican distintos tratados y convenciones, lo que obligaría a ser aplicado por los tribunales cuando surge el caso. En esto enlaza con el artículo 10.2 de la Constitución que dice que los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles se interpretarán conforme a los compromisos internacionales que tiene el Estado español. –Esto se enlaza con los acuerdos internacionales. ¿Cómo se aplica en España? –Sí. Ahí cobra especial relevancia tratados y convenciones. Son referentes normativos importantes para saber, por ejemplo, en qué consiste mi derecho a la libertad de expresión.... Para que esos derechos se lleven a la práctica, la ONU lanzó una metodología que es el enfoque basado en derechos humanos. Eso ¿Qué significa? Pues que la toma de decisiones políticas y públicas deben basarse en esa filosofía porque hay un compromiso como país. Conclusión: España está vinculada por los tratados internacionales y eso tiene una trascendencia en el contenido de nuestros propios derechos. Es importante a la hora de que España se vea ante el espejo de instituciones y tribunales internacionales. –¿Cuál es el balance español ante ese espejo? –Hay un mecanismo que es el Examen Periódico Universal que examina a todos los países. Y, por otro lado, está la responsabilidad ante los Tribunales Internacionales, en especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Éste, cuando tiene que tomar una decisión sobre, por ejemplo libertad de expresión (casos Willy Toledo, Strawberry (Def Con Dos), Otegui, ultrajes a la bandera, delitos de odio,...), ¿Qué hace? Aquí está el nudo gordiando. Utiliza la normativa que hay del sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas. Ahí se ve su eficacia. –Es decir que la condición de débiles de los derechos humanos lo es cada vez menos. –Así es. Otra cosa es que haya recursos y mecanismos para aplicarlos en el ámbito interno. Estos derechos un arma cada vez más potente. Por eso son un referente de justicia universal, ya un país los reconozca o no, sea autoritario o un régimen religioso que ampare o no esos derechos humanos. Cada vez tienen más poder... si se les deja. Hay una declaración de la Comisaría Europea de Derechos Humanos que dice que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben aplicar el enfoque basado en derechos humanos. Porque es una forma de defender los derechos humanos. Y, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? –¿Estamos peor que otros Estados de la UE? ¿Hay déficit de derechos humanos en España? –Hay una falta de integración en las decisiones judiciales y del poder legislativo de buena parte del acerbo normativo de los Derechos Humanos. Hay derechos > como a la salud, la educación que son básicos. Y luego está la respuesta real a pregun-

>tas como ¿en qué consiste el derecho a la educación? En todo caso, los derechos humanos no son una cuestión de buenísimo ni de caridad sino que es una cuestión normativa y jurídica. Porque, de no ser eso, nos los habríamos cargado. Todo lo demás es muy peligroso. Aunque parece que es lo que algunos quieren. Voluntad política –Quizás habría que empezar porque a la sociedad en su conjunto le falta formación en Derechos Humanos. Igual que se habla de formación financiera, competencias idiomáticas... ¿habría que impulsarla en Derechos Humanos? –Déjeme hacer un poco de historia. 1994: Naciones Unidas saca su Plan de Educación en Derechos Humanos. Ahí va marcando colectivos. En la primera oleada habla de maestros y educadores para ir avanzando en la materia. Después se fue ampliando progresivamente y ahora estaríamos en la quinta etapa. En cada una iba señalando nuevos colectivos que deberían ser educados: judicatura, fuerzas armadas, periodistas... En la actualidad señala a la juventud. Entre las medidas estaba la creación de planes nacionales de derechos humanos y de planes de educación en derechos humanos, que deberían ir unidos. La pregunta es ¿Y España?... –¿Ni está, ni se la espera...? –Efectivamente. Hubo un conato en el periodo 2008-2012 con el primer Plan Nacional de Derechos Humanos. En 2012 perdió su vigencia y se intentó poner en marcha otro plan que lideró Fernando Rey (también exconsejero de Educación de la

«NO HA HABIDO UN INCREMENTO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA CON LAS REDES»

Junta) y en el que estuvimos involucrados un grupo de profesionales... Al final, dimitimos todos porque se quedó en un cajón. La comisión creada se disolvió y decidimos hacer un libro porque el informe no iba a ser posible. En resumen, la ONU marcaba la necesidad de crear Planes de Educación en Derechos Humanos. ¿Hubo algo de esto en España?... No. Lo único que hubo fue aquel proyecto de Educación para la Ciudadanía que era lo más parecido. Y ya conoce cuál fue la polémica. En resumen, hay una dificultad porque algunos partidos políticos no se atreven y otros no quieren. –¿Qué precio tiene esta falta de conocimiento colectivo? –Esto es una opinión personal, pero creo que estamos ‘pagando el pato’ de no haber educado a multitud de generaciones en uno de los elementos básicos del Estado de Derecho que son los derechos humanos. El Estado de Derecho tiene tres patas: 1) Imperio de la ley. 2) Separación de poderes y 3) Derechos Fundamentales. Educar sobre el marco jurídico del lugar donde se vive ¿es adoctrinarlo?... Solo es enseñar algo que hay que defender, sostener y vigilar. La educación en derechos humanos ayudaría a desmontar todos estos populismos que nos invaden. La invasión judicial es mala, la haga el partido que la haga. La Comisión Europea empieza a tirarnos de las orejas (junto a países como Hungría o Polonia) porque falla uno de los pilares del Estado que es la independencia del poder judicial. –O sea que hemos avanzado muy poco como sociedad... –... Probablemente habría que volver a empezar a explicar desde la A. Pensábamos que habíamos llegado al menos a la B... ¿Por qué? Porque a la gente hay que volver a explicarle qué es el racismo, qué es la discriminación, qué es la xenofobia. Y que todo esto es contrario al Estado de Derecho. Que las personas con discapacidad tienen plena capacidad, que no se puede odiar a las personas del colectivo LGTBi, que no se puede estar harto del discurso feminista. Puestos a estar hartos, lo estarán los miembros de estos colectivos que llevan muchos años aguantando, docenas de años

Futuro El riesgo de la regresión de lo ya logrado

A. C. –¿Cree que hay un constante adelante y atrás? ¿Como si a la sociedad le diera miedo ciertos avances? –Si, suele ocurrir así con los derechos sociales. Pero, cuando hablamos de los derechos individuales, no debería ocurrir. El caso de la pandemia ha sido paradigmático para volver a los recortes. Hay un informe del Foro de Derechos Humanos y Empresas en la que deja claro que aprovechando la pandemia se ha producido grandes recortes. No vale todo en situaciones de crisis. Si tus derechos humanos valen menos, los míos también. –¿Podemos temer una regresión de los derechos humanos en este mundo convulso y polarizado? –Habrá que estar muy atento para ver qué pasa con la política europea, que aún tiene peso en el mundo. Pero estamos viendo un incremento del autoritarismo, da igual de qué signo. Pero, y esto sonará como un eslogan, lo que nos salvará otra vez serán los derechos humanos. Si claudicamos como sociedad y bajamos los brazos,... Pero ahí tenemos a ejemplos como los mayores reclamando sus derechos. Ellos nos enseñan el camino y es la única forma de estar. Se puede ser muy pesimista, pero estamos armados que nos pueden permitir reaccionar.

Castilla y León Ataques desde el poder político

A. C. –¿Castilla y León, que no es una de las comunidades más ricas del país, estaría por detrás de otras en avance y respeto de Derechos Humanos? -Estamos en el mismo punto que el resto. Si analizamos por colectivos: se han incrementado los ataques al LGTBi, a las personas con discapacidad, de la que hemos sido testigos de un ataque directo del vicepresidente de la Junta (Juan García-Gallardo, Vox). Hay buenas iniciativas como la de atención e integración de las personas mayores. Pero esto supone reforzar todos los sistemas de salud y atención. ¿Lo vamos a hacer, sí o no? O los colectivos feministas y de igualdad, que están recibiendo menos fondos. O la violencia de género, que debería llamarse así y negarla no es conforme a los derechos humanos. Cuando escatimas mecanismos para establecer la igualdad, eliminar la violencia, formar a las personas en igualdad, etc, etc... estás en el mismo punto que otros. –Y se nos olvida el derecho al clima, el futuro de las nuevas generaciones. –Cuando se habla de todo esto, una de las primeras cosas que surgen son los desplazados climáticos. No es una cosa que va a suceder, ya está ocurriendo. Tiene sus ramificaciones en cosas que parecen invisibles como la entrada de grandes potencias y transnacionales en países afectados de África, Asia o Latinoamérica. Un mundo de ‘Matrix’ incontrolable que no estamos viendo.

Manifestación del orgullo gay en Valladolid. R. O. este discurso. Y que nosotros llevemos cinco, diez, quince años o veinte años escuchando estos discursos, no deberíamos rasgarnos las vestiduras. La Convención de la ley de Derechos de las Personas con Discapacidad se ratifica en España en 2008. Y yo me pregunto ¿qué ha pasado en los 2008 años anteriores con estas personas? Me gusta poner el ejemplo de mi hija que hoy tiene 22 años. Le preguntaron un día en clase ‘¿En qué etapa histórica te hubiera gustado vivir?’ Y ella respondió ‘siendo mujer, ¡en esta!’. –Las redes sociales, ¿hasta qué punto han servido para amplificar los discursos y la causa de los Derechos Humanos? –No voy a caer en el tópico de si esta generación está mejor o peor preparada. Lo que no puedo pensar es que mis herramientas ya no valen para el mundo actual, igual que sus herramientas estarían en fuera de juego si las trasladamos a los años 80 o 90. Pero hay reivindicaciones que tiene la gente joven que siguen ahí. Otra cosa es que estén movilizados, cosa que no ocurre. Sí me sorprende el que hace unos años había más valentía a la hora de exponer los planteamientos políticos. Me preocupa el retraimiento actual. Que se haya hecho un recorrido enorme para acabar en esto. Hay menos movilización social porque muchos de estos elementos se han integrado en el discurso. –¿No han servido para amplificar el discurso positivo de los Derechos Humanos? –No han favorecido demasiado. No digo que no lo hayan hecho, pero desde luego no en el incremento de la calidad democrática. No en la participación formada e informada, sino que se ha usado más para la desinformación e intoxicación. Estamos viendo como hay muchas iniciativas del Consejo de Europa, de la ONU, advirtiendo de esos peligros. Se suponía que venían a dar voz a muchos que no la tenían. Y, sin embargo, han generado una brecha en la participación y en la calidad. –¿Podemos decir que esta sociedad es más igualitaria que hace un cuarto de siglo? –El discurso sobre derechos humanos todo el mundo lo encuentra estupendo. Pero luego también dicen ‘ya, ya, es que eso es muy difícil’... Hay políticas que van directas contra su línea de flotación. Se está produciendo una brecha social brutal. Y, lo que es más, se utiliza contra estos derechos aquello de ‘ya estamos con los derechos y no hablamos de los deberes’. Es un discurso falso porque, cuando se habla de derechos, ya se está hablando también de deberes. Si hay que volver a explica esto ¡apaga y vámonos!

Natividad Casares, alcaldesa de Torrelobatón, y el alguacil, Juan Manuel Álvarez, muestran la aplicación con la que controlan el abastecimiento. A. MINGUEZA

AYUNTAMIENTOS DIGITALES Pueblos con sensores inteligentes

Vida municipal. La firma digital ha relevado al papel timbrado con sello oficial estampillado y los contenedores de basura o depósitos de agua empiezan a contar con dispositivos que permiten programar a medida la recogida de residuos o reajustar dosis de cloro. Es la digitalización

La Casa Consistorial preside la Plaza Mayor del pueblo. Con su balcón, sus banderas, sus puertas abiertas cada mañana si el municipio tiene personal suficiente o en días alternos o por horas si el secretario es compartido en aquellas localidades con menos presupuesto. Parece que nada cambia. Pero sí. El Bando de Alcaldía tradicional pervive, pero los vecinos se informan de las cosas municipales a través de una aplicación en el móvil, de redes sociales o de un grupos de difusión en whatsapp. Son modos nuevos de comunicación que ha acelerado la pandemia de la covid-19.

Es un ejemplo de los cambios sustanciales que han vivido las administraciones locales en su relación con los administrados, impulsados por la irrupción de las nuevas tecnologías y la extensión progresiva de Internet a velocidades de calidad. En los ayuntamientos se ha generalizado la firma electrónica entre los ediles, lo que facilita las labor administrativa en consistorios con regidores no profesionalizados, que son mayoría, y un modelo de poblamiento que conforma un mapa autonómico muy fragmentado, con 2.248 municipios y 2.227 entidades locales menores en forma de pedanías, juntas vecinales... Es lo que se conoce como e-administración, que no es patrimonio exclusivo de las ciudades o de entidades potentes, como la Junta.

Y esa administración electrónica, de registros interconectados a través de la red, va en paralelo a la digitalización aplicada a la prestación de servicios, que empieza a ser una realidad fuera de las capitales y la cabeceras de comarca, en municipios de tamaño modesto, que son batallón en Castilla y León. ¿Puede el conductor del camión de recogida de residuos saber si el próximo contenedor está lleno y es urgente vaciarlo o está casi vacío y el desvío hasta ese emplazamiento puede esperar a la siguiente ruta? Sí, lo sabe en los pueblos que se han acogido al programa que la Junta desarrolla bajo la denominación de Territorio Rural Inteligente y que han instalado sensores en los contenedores.

Este proyecto lo gestiona la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta en colaboración con las nueve diputaciones, que hacen las veces de antenas de difusión respecto a los municipios de la comunidad. «El objetivo es realizar una gestión inteligente de servicios públicos mediante sensores de Internet de las cosas», explican desde la consejería que dirige María González Corral. En el horizonte de este programa, el objetivo es ampliar la red de sensores hasta llegar a los 2.000 elementos instalados, con una inversión que supera 2,8 millones de euros. Se suman estos dispositivos a los de iniciativa impulsadas desde algunas diputaciones. Silos, heladas, biomasa... ¿En qué se puede aplicar esta tecnología? En los sistemas de riego, abastecimiento, saneamiento o depósitos de agua potable, en el alumbrado público o en la recogida de residuos ur> banos. También en otros ámbitos como los silos de sal o la detección de hielo en

EL CONTROL DEL CLORO, EL ‘PH’, LA TURBIDEZ O LA TEMPERATURA DE LA PISCINA ES AUTOMÁTICO EN TORRELOBATÓN

JAVIER FAÚNDEZ (ZAMORA): «RECICLAR ESTA BIEN, PERO DEBE SER SOSTENIBLE» MARÍA GONZÁLEZ CORRAL: «LOS SENSORES MEJORAN LA GESTIÓN»

>las carreteras, en las redes de calor que se alimentan de biomasa, en los aparcamientos, el nivel del cauce de un río a su paso bajo los puentes, la calidad del aire que respiran los escolares en centros educativos, por ejemplo de Ponferrada, o el control del gasto en iluminación y calefacción o refrigeración en edificios públicos. En este último ámbito impulsa un programa la Diputación de Valladolid en colaboración con la Junta.

La alcaldesa de Torrelobatón, Natividad Casares, pone ahí la mirada, en ese escalón próximo de los edificios inteligentes. Lo hace desde la experiencia. En este municipio vallisoletano han instalado sensores en el depósito de agua potable y en la piscina municipal que permiten tomar decisiones con información que llega a sus manos a través de una aplicación del teléfono móvil. La regidora se muestra encantada con el resultado. «Lo vimos y apostamos por ello», explica Casares.

Esos sensores permiten conocer el volumen de agua disponible en el depósito que abastece al pueblo, además de la cantidad que sale del aljibe, y reajustar las dosis del clorador. Y en la piscina de Torrelobatón, mediante sensores se analiza el ‘ph’, el cloro, la turbidez y la temperatura del agua en la que se zambullen los bañista. Información accesible en tiempo real para los usuarios a través de una pantalla. «Se instalaron los sensores en la piscina a finales del verano de 2021 y ha sido este verano cuando hemos constatado su valía», remarca la alcaldesa.

«Un tema importante para mí es el de los edificios inteligentes, controlar tanto la luz como la calefacción», >

PROYECTO TERRITORIO RURAL INTELIGENTE

Recogida de residuos. R. J.

1.040

En este momento hay 1.040 contenedores de recogida selectiva de residuos sensorizados: 491 son de vidrio, 3.665 de envases, 149 de papel y 35 de desechos orgánicos.

Otros tipos de sensores Se están instalando sensores para controlar la turbidez del agua en potabilizadoras y la demanda química de oxígeno en depuradoras o para medir el aforo en depósitos; para disponer de datos de silos con sales para combatir hielo y nieve en el asfalto o para chequear el estado de monumentos como el castillo de Peñafiel o la villa romana palentina de La Olmeda; para gestionar aparcamientos en Salamanca o controlar el alumbrado público, entre otros campos.

2,8

millones de euros es el presupuesto que la Junta reserva en 2023 para desplegar sensores.

El impulso de los fondos europeos Es una iniciativa de la Junta, que se despliega en colaboración con las Diputaciones y financiada con fondos procedentes de la Unión Europea de los programas Interreg (de colaboración transfronteriza en este caso entre España y Portugal), React-UE y FEDER.

Instalación de sensores, que remiten la información accesible desde el móvil. A. MINGUEZA

Gotarrendura Un pequeño gigante en eficiencia

S. E. Gotarrendura, con sus poco más de 150 vecinos que hacen vida en la comarca abulense de La Moraña, se ha ganado la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y de la Innovación’. Es el municipio más pequeño de España con esa vitola conquistada a base de investigar sobre el terreno lo que la eficiencia energética y las energías renovables podían aportar a la vida local y a los servicios del Ayuntamiento. Y aplicarlo. Territorio cerealista y sobrado de sol, en 2004 impulsaron un estudio de viabilidad para instalar una huerta solar, que ha cuajado en ocho instalaciones, a las que se han sumado después proyectos de innovadores en el campo de energía eólica traducidos, por ejemplo, en aerogeneradores sin aspas.

Gotarrendura ha rehabilitado edificios municipales con sistemas de construcción sostenible, resucitando elementos tradicionales como el adobe, y promovido tres viviendas de protección social (promovidas por el Ayuntamiento en convenio con la Junta) que lograron una calificación energética A, gracias a muros de tierra prensada, orientación óptima con respecto al sol y calefacción de biomasa.

El municipio ha reordenado la iluminación pública y sustituido lámparas y renovado la red de tuberías de agua potable, que el pueblo saca de una perforación subterránea, desde donde bombea a un depósito con sensores de llenado máximo y mínimo. Una aerobomba y un panel solar permiten un bombeo más económico en un sistema que ofrece la posibilidad de usar electricidad de red, solar o eólica. El grupo de presión, que tenía un consumo eléctrico muy exigente, está hoy aislado de la red gracias a 20 paneles fotovoltaicos y 24 baterías de acumulación.

Lo anterior y el cambio de los radiadores eléctricos de bajo consumo del Ayuntamiento y la escuela por estufas de pellets rebajaron la factura de la luz de 17.899 euros en 2012 a 7.541 euros en 2016. Ese ahorro ha permitido no trasladar gastos a las tasas municipales.

En paralelo, Gotarrendura ha albergado experiencias del Proyecto Herb, financiado por la Comisión Europea, de implantación de medidas de eficiencia energética en edificios residenciales, y del Proyecto Vortex, de generación de energía eléctrica por el efecto de la vibración del viento en un cilindro vertical semirrígido.

>avanza Natividad Casares que enumera los que dependen de la gestión municipal, desde la casa consistorial al consultorio, pasando por el centro de convivencia o el castillo de la localidad o la escuela. La gestión del cole es compartida con la Consejería de Educación, pero la calefacción la paga el Ayuntamiento.

El desarrollo sobre el terreno de esa gestión digitalizada es posible gracias a una plataforma que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital pone al servicio de diputaciones y ayuntamientos. Esta plataforma permite conocer la situación puntual, del momento, y generar alertas si algún valor se sale del carril, pero también ofrece un histórico del funcionamiento que facilita la organización de los servicios si hay momentos de picos estacionales. Pioneros en Zamora La plataforma permite la gestión sin depender de terceros y sin coste de uso y mantenimiento para los municipios. «Es una ventaja, porque ahorra ese coste a los ayuntamientos», inciden desde la consejería. A esa ‘hucha’ se suma la factura del combustible que no se emplea en desplazar el camión hasta un contenedor que no está lleno o

Imagen de un pleno de la Diputación de Valladolid celebrado telemáticamente, por videoconferencia. EL NORTE

El riesgo de la vanguardia: brechas de seguridad

S. E. Hay que reforzar los sistemas de defensa ante posible ciberataques. El Consejo de Cuentas de Castilla y León abordó a través de varias auditorías los mecanismos de seguridad con los que los ayuntamientos protegen sus sistemas informáticos y les recomendó aprobar «una política de seguridad» con responsables claros y recursos suficientes para neutralizar posibles ataques informáticos.

El Consejo ha acometido ocho informes: siete sobre seguridad y uno sobre la administración electrónica en entidades locales. Este mes de diciembre culminan otros cuatro: tres más sobre la seguridad en ayuntamientos de tres capitales de provincia ( Ávila, Burgos y Palencia) y un cuarto sobre la plataforma de educación on-line de la Junta.

La presentación de esas primeras evaluaciones sobre ciberseguridad coincidió casi en el tiempo con el episodio que sufrió la Diputación de Segovia en la primavera de 2021 y que paralizó buena parte de su funcionamiento (incluido el pago de las nóminas a sus empleados) por un ataque informático en el que encriptaron parte de sus bases de datos.

Los técnicos del Consejo de Cuentas auditaron la situación de los ayuntamientos de La Bañeza, Béjar, Ciudad Rodrigo, Benavente, Villaquilambre, Astorga y Santa Marta de Tormes.

Los trabajos pasan revista a las medidas y procedimientos de control que esos ayuntamientos han implantado para garantizar que la protección de sus bases de datos y de los procesos de tramitación y el grado de efectividad que tienen esas ‘defensas’. También evalúan la capacidad de estas administraciones de sobreponerse a un ataque informático y poder continuar con su actividad.

Los responsables del organismo llaman la atención sobre la información altamente sensible con la que trabajan las administraciones públicas, incluidas las municipales, con datos personales de ciudadanos relevantes para el pago de impuestos y tasas, para el padrón municipal y otros generales sobre la gestión contable y presupuestaria en la relación de estas administraciones con proveedores de servicios y suministros, sin olvidar los de sus plantillas de trabajadores.

El organismo recomienda a los ayuntamientos consultar con el Centro Criptológico Nacional o la Agencia Española de Protección de Datos, que tienen publicadas guías que ofrecen modelos para reforzar la seguridad informática, y también a recurrir a la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y les urgen a ponerse manos a la obra con la ciberseguridad.

«En general, el nivel de preparación de los ayuntamientos en ciberseguridad no es proporcional a las amenazas», alertó Mario Amilivia, presidente del Consejo, en las Cortes.

Renovación de equipos informáticos en la Diputación de Segovia.

«EN GENERAL, LA CIBERSEGURIDAD NO ES PROPORCIONAL A LAS AMENAZAS»

EN PANDEMIA TRABAJARON EN REMOTO MÁS DE 8.000 EMPLEADOS DE LA JUNTA

el tiempo en ir y venir hasta el depósito del agua para comprobar físicamente niveles de clorado y de llenado.

«Este programa se centra en la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de los servicios que las entidades locales prestan a sus ciudadanos y el ahorro de costes en su gestión, lo que redunda, de forma directa, en una mejora de su calidad de vida, sostenibilidad y favorece la fijación de población en municipios», valoró en las Cortes la consejera María González Corral en la comparecencia para explicar las partidas del presupuesto que prevé gestiona en 2023.

Zamora ha sido una provincia pionera en colocar sensores en contenedores de vidrio en pueblos pequeños. «Reciclar están muy bien, pero el servicio debe ser sostenible. No podemos hacer rutas fijas con localidades de 40 habitantes. El sensor nos avisa cuando el contendero está al 80% y vamos a recogerlo», explica Javier Faúndez, vicepresidente 3º de la Diputación de Zamora, diputado de Obras y Medio Ambiente y presidente del consorcio de residuos. Empezaron la instalación de esta tecnología en solitario y ahora dan un empujón al despliegue con el programa de la Junta. Los sensores marcan el llenado y la temperatura interior, dato que permite prevenir incendios en verano. La experiencia constata su efectividad con el vidrio, que no es tal con el cartón o los envases. «Una caja voluminosa que cae mal puede llegar al sensor y marcar un falso llenado», apunta Faúndez.

El Consorcio Provincial de Zamora tiene 287 sensores instalados en contenedores de localidades alejadas del centro de recogida. La utilización de sensores en la gestión cotidiana implica avanzar un escalón en el uso de unas tecnología de las información y la comunicación que se han centrado en estos años de atrás en implantar la administración electrónica, con registros unificados y trámites y solicitudes que se gestionan vía internet, y en avanzar en el margen de mejora de esta e-administración que iba sacando a la luz la experiencia. Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo y diputado responsable del área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Diputación de Valladolid resalta el «revulsivo» que ha supuesto la normalización de la firma digital en la labor que desarrollan los alcaldes para la gestión cotidiana del Ayuntamiento.

A todo ello dio un impulso la pandemia, con la etapa de confinamiento y las limitaciones a la atención presencial. Se normalizaron las reuniones oficiales telemáticas, desde consejo de gobierno autonómicos a plenos en diputaciones y municipios. Las imágenes de encuentros plasmadas en una pantalla cuarteada con las fotos de los participantes fueron posible gracias a internet y a las tecnologías de la comunicación. Un uso impensable hace unos años.

En la Junta de Castilla y León, primera empresa de la comunidad por volumen de trabajadores, el teletrabajo obligado se plasmó en que, de un día para otro, los alrededor de 300 teletrabajadores con esa jornada autorizada se transformaran en más de 8.000 empleados con posibilidad de trabajar en remoto, desde su casa. Y ese movimiento se vivió también en los ayuntamientos.

EL GOBIERNO CENTRAL Y LA EXTENSIÓN DEL 5G

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millones de euros es la partida aprobada por el Gobierno de España para desplegar la tecnología 5G en Castilla y León. Uno de cada cuatro euros de los 450 millones del programa estatal UNICO Redes 5G en entornos rurales de menos de 5.000 habitantes llegará a Castilla y León. «Este Gobierno de España llevará también la banda ancha al cien por cien de la población de Castilla y León en los próximos tres años», valoró Virginia Barcones, delegada del Ejecutivo.