El mundo del derecho. Noviembre. Ejemplar 001. Noviembre - Diciembre 2023

REVISTA BIMESTRAL / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 No. 001

$50

EL MUNDO DEL DERECHO

El reto: La oralidad al 100%

Rafael Guerra PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PUTIN ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Luis de la Barreda Solórzano

CÓMO AFECTARÁ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA PROFESIÓN JURÍDICA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:

entre la cultura y el derecho Blanca Ivonne Olvera Lezama

DR.ECHOS FUNDAMENTALES

José Luis AyoubPérez

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EDITORIAL

SEGURIDAD Y JUSTICIA MANUEL PÉREZ PAZ Y PUENTE

BRANDING PARA ABOGADOS RODRIGO GARCÍA TORRES TRUEBA

CAREO

CÓMO AFECTARÁ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA PROFESIÓN JURÍDICA

ANTONIO HOLGUIN

CARTA DEL DIRECTOR

ENTREVISTA

GERARDO LAVEAGA

EL RETO: LA ORALIDAD AL 100% ANTONIO HOLGUÍN

¿QUIÉN TEME A LEY GENERAL DE MEDIACIÓN?

¿SABE USTED LO QUE ES EL DERECHO AL CUIDADO Y LAS IMPLICACIONES QUE TIENE?

ANTONIO M. PRIDA PEÓN DEL VALLE

PARA PROBLEMAS NACIONALES, SOLUCIONES FEDERALISTAS

ENTREVISTA

LUIS ENRIQUE PEREDA TREJO

NO SE PUEDE COMBATIR LA CORRUPCIÓN SIN INSTITUCIONES FUERTES

COLUMNA

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS JORGE ALBERTO LARA RIVERA

PAOLA CARMONA

DR. ECHOS FUNDAMENTALES JOSÉ LUIS AYOUB PÉREZ

PUTIN ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO

¿DAÑO MORAL EN EL CASO GARCÍA LUNA? RICARDO SALGADO PERRILLIANT

Nov-Dic / 2023

CONSEJO EDITORIAL ANTONIO HOLGUIN ACOSTA

VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES

FRANCO CARREÑO

Edito rial Md

DIRECTOR GENERAL

GERARDO LAVEAGA JOSÉ GUILLERMO SILVA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO

ADRIÁN PALMA

DIRECTOR CREATIVO

JUAN CARLOS CELAYETA

DIRECTOR COMERCIAL Y DE RELACIONES INSTITUCIONALES

EDITORA

CLELIA HIDALGO

COEDITOR GRÁFICO

ISMAEL ESPINOZA SUÁREZ / PEDRO ORTIZ

ILUSTRACIÓN

CONSEJO CONSULTIVO

Antonio Holguin Abogado antonio.holguin @elheraldodemexico.com

ADRIANA GREAVES / ALBERTO NAVA / ALIL ÁLVAREZ ALCALÁ / AMBROSIO MICHEL / ANTONIO HOLGUÍN TINOCO / ANTONIO PRIDA / ARMANDO CISNEROS / BRUNO PACHECO ÁLVAREZ / CLARA LUZ ÁLVAREZ / CLAUS VON WOBESER / CLAUDIA DE BUEN / DIEGO VALADÉS / EBER BETANZOS / ESTEFANÍA MEDINA / FRANCISCO ARROYO VIEYRA / FRANCO CARREÑO OSORIO / GUILLERMO VALLS ESPONDA / JAVIER MARTÍN / JORGE LARA / JORGE NÁDER / JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA / JOSÉ GUILLERMO SILVA AGUILAR / JOSÉ LUIS AYOUB PÉREZ / JOSÉ LUIS CERVANTES MARTÍNEZ / JOSÉ MARIO DE LA GARZA / JOSÉ RAMÓN COSSIO / JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA / JULIO HERNÁNDEZ BARROS / LETICIA BONIFAZ / LIGIA GONZÁLEZ / LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ / LUIS DE LA BARREDA / LUIS PEREDA / LUIS RAÚL GONZÁLEZ / MANELICH CASTILLA CRAVIOTTO / MANUEL PÉREZ PAZ Y PUENTE / MIGUEL ONTIVEROS / OMAR GARCÍA HARFUCH / RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ / RAFAEL RUIZ MENA / RAÚL ARROYO / RAÚL CONTRERAS / RICARDO GARDUÑO LÓPEZ / RICARDO SODI / ROMINA RAYES EL KANTAR / SEGUNDO GARCÍA / SERGIO HUACUJA / SERGIO LÓPEZ AYLLÓN / VÍCTOR OLEA Diario El Heraldo de México. Editor responsable: Alfredo González Castro. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2009060419022100-101. Número de Certificado de Licitud de título y Contenido No.16921. Domicilio de la Publicación: Paseo de la Reforma No. 250, Piso 24, Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Impreso en Talleres de La Crónica Diaria , S.A. de C. V. Calzada Azcapotzalco La Villa No. 160 , Barrio San Marcos , Alcaldia Azcapotzalco, CP 02020 Publicación Diaria. Todos los derechos están reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación sin previa autorización de El Heraldo de México. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.

EL MUNDO DEL DERECHO

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DIRECTOR EDITORIAL

GUSTAVO ORTIZ / IVAN BARRERA ALEJANDRO OYERVIDES ARTURO RAMÍREZ

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a democracia es más que un sistema de gobierno. Es una forma de vida, sustentada en el respeto a los derechos humanos, donde la observancia y aplicación de la ley deben ser asumidos como premisas básicas de actuación, tanto por autoridades, como por particulares. En este contexto, el que las personas conozcan el contenido de las normas adquiere una importancia primordial para que cada uno ejerza sus derechos, cumpla con sus obligaciones e interactúe con los demás de manera pacífica y ordenada. Esto requiere que, partiendo de una convicción personal, se llegue a un compromiso colectivo con la legalidad, que se traduzca en que todas las personas actúen dentro del marco institucional y con respeto a la ley. No obstante, los beneficios que el respeto de la ley traería para todas y

para todos, México no es un país donde el conocimiento y respeto de la normativa sean una constante. Según el Informe Latinobarómetro 2021, el 83 por ciento de las mexicanas y mexicanos consideran que en nuestro país las leyes se cumplen “poco o nada” y sólo el 32 por ciento sería consciente de sus obligaciones y derechos. Tales cifras nos llevarían a concluir que amplios sectores de la sociedad en México no sólo desconocen el contenido de las leyes, sino que consideran que su cumplimiento no es obligatorio ni debido en todos los casos. Lo anterior implica una llamada de atención sobre el papel que las y los abogados jugamos para fortalecer el Estado de Derecho en México, a la vez que deja en claro lo mucho que, como sociedad y país, debemos avanzar en el campo de la educación basada en la vigencia de los derechos humanos y la legalidad. En el Heraldo Media Group estamos convencidos de la importancia y necesidad de generar un espacio que contribuya a consolidar una adecuada cultura de la legalidad entre la sociedad mexicana, ofreciendo a las y los especialistas del derecho un espacio de análisis y reflexión sobre temas jurídicos de relevancia y vanguardia, así como un medio para conocer sobre la actualidad y mejores prácticas dentro del ejercicio profesional de la abogacía.

El Mundo del Derecho busca generar un foro plural e inclusivo, para el conocimiento, análisis y debate entre la comunidad jurídica

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Proporcionando al público en general, por otra parte, contenidos de interés que abonen al conocimiento del derecho, no solo desde una perspectiva académica o teórica sino. también, con un enfoque eminentemente práctico, que incida positivamente en el día a día de las personas. Realizamos el lanzamiento de El Mundo del Derecho, buscando un foro plural e inclusivo para el conocimiento, análisis y debate entre la comunidad jurídica; un punto de encuentro de las y los mexicanos con el derecho, la educación y la cultura jurídica. Para ello, hemos integrado un Consejo Editorial conformado por destacadas y destacados académicos y profesionales de la práctica jurídica y un equipo editorial de primer nivel, cuyo prestigio y experiencia son garantía de la calidad, pertinencia y oportunidad de los contenidos que se ofrecerán a nuestros lectores mes con mes, en todos nuestros canales de difusión. El Mundo del Derecho es, desde ahora, un espacio de ideas, información y expresión, donde queremos contribuir a fortalecer y enaltecer la práctica profesional de la abogacía, promover el conocimiento e investigación jurídica y abonar a la construcción de una ciudadanía y opinión pública objetivas e informadas, que consoliden el México de justicia, libertades y derechos al que aspiramos. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Mundo del Derecho.

06/07 ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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CARTA DEL DIRECTOR Gerardo Laveaga* gerardo.laveaga@elheraldodemexico.com

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os guste o no, Andrés Manuel López Obrador es el político mexicano más talentoso de los últimos tiempos. Su instinto y habilidades fuera de lo común le permitieron convertirse en el vocero de millones de personas. Su llegada a la presidencia de la República no sólo significó un rayo de esperanza sino una válvula que permitió canalizar la rabia y el resentimiento de innumerables grupos que se sentían excluidos de la vida social, económica y política. Puede desagradarnos su estilo al hablar, sus diatribas cotidianas o las facciones de extrema izquierda de las que se rodeó y a las que tiene que darles juego. Pero su destreza es indiscutible. López Obrador, sin embargo, es un hombre que quedó fascinado por el modo de hacer política en los años 70's . Casi sin proponérselo, todo lo que hace implica un esfuerzo para volver a aquellos tiempos de “la presidencia imperial”, en la que el titular del poder ejecutivo era el eje de la vida nacional y había “carro completo”, donde el PRI ganaba de todas, todas. Para ser empresario o líder sindical, periodista o diputado, gobernador o ministro de la Suprema Corte, había que tener su visto bueno. Era impensable otro camino. El problema es que, desde la época de Luis Echeverría y José López Portillo, las cosas han cambiado; en México y en el mundo. Al menos, en el mundo occidental. La economía se ha globalizado y el respeto a los derechos humanos ya no es una graciosa

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concesión de los gobernantes. Cincuenta años no son poca cosa… Con todas las insuficiencias que aún padece, México es hoy un Estado Constitucional de Derecho donde la democracia efectiva, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos es la norma. O se espera que sea. Al Presidente se le ve no como amo absoluto, sino como un facilitador, un director de orquesta que indiqué cuándo entran los alientos y marque los silencios con oportunidad. No mucho más. Que sea, en palabras de Sergio Fabbrini, “un príncipe democrático”. El choque de estas visiones se ha materializado, particularmente, en el ámbito judicial, que está obstaculizando que se cumpla a rajatabla la voluntad presidencial. Nada es permanente sino el cambio y, como bien quedó asentado en nuestra Carta Magna, “el pueblo tiene en todo el tiempo inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Pero -ojo- la voluntad del pueblo no es la de 500 diputados, 128 senadores o un solo individuo, por más presidente que sea y por más que haya ganado su elección con 30 millones de votos. “El pueblo” no puede expresarse como tal: necesita que sus autoridades se atengan a las reglas del juego. Si esto no fuera así, los 130 millones que integran “el pueblo” podrían expresarse sin necesidad de intermediarnos y saldrían sobrando diputados, senadores… y hasta el Presidente de la República. Cumplir las reglas es esencial, tanto para jugar ajedrez o futbol, como para gobernar un Estado. Si estas reglas ya no funcionan, que se cambien. Pero hasta el cambio debe llevarse a cabo con base en las propias reglas. No faltan los académicos como Roberto Gargarella, que afirman que este entramado de reglas no permitirá un cambio radical. Es posible, pero ¿cuál es la alternativa? ¿una revolución? México es un país de enormes posibilidades. Hay que aprovecharlas. Pero con apego a las reglas, a las leyes, a la Constitución… Qué bueno que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hayan entendido así y ojalá que este entendimiento cale en el resto de los mexicanos. Volver a los 70's no parece un escenario alentador. No es que hoy estemos en la gloria, pero volver al pasado haría que todo funcionara peor. El respeto a la ley y a las instituciones es una condición para crecer.

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VICEPRESIENTE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DE LA ICC

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NO SE PUEDE COMBATIR

LA CORRUPCIÓN SIN INSTITUCIONES FUERTES

POR BERTHA ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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Qué es la Cámara de Comercio Internacional México, de la International Chamber of Commerce México? La International Chamber of Commerce (ICC por sus siglas en inglés) es una organización de afiliación voluntaria, fundada en 1919, cuyo propósito es actuar en favor de las empresas. La red global de la ICC comprende más de 45 millones empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 150 países. ICC actúa de diversas formas, principalmente, promoviendo el comercio y las inversiones, la apertura de mercados para los bienes y servicios y el libre flujo de capital. El capítulo de la ICC internacional en México tiene como propósito actuar a favor de las empresas mexicanas, o bien, de las empresas internacionales con presencia en México. ¿Qué hace la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México? Por lo ambicioso que es su propósito, se desenvuelve en múltiples sectores y materias: comercio e inversión extranjera, competencia económica, arbitraje y anticorrupción, por mencionar algunas. Cada una de estas materias tiene un alto grado de complejidad, por lo que International Chamber of Commerce México cuenta con comisiones y grupos de trabajo específicas para atender los asuntos relacionados con las mismas. Como su nombre lo indica, es el órgano encargado de la materia anticorrupción. Está compuesta por una Mesa Directiva conformada por abogadas y abogados especializados en la materia, y la cual tengo el honor de presidir. Tiene por objeto promover, difundir y fortalecer, siempre partiendo desde una perspectiva empresarial global, políticas y mejores prácticas para el combate a la corrupción, emanadas de la experiencia internacional de la operación global de ICC.

FOTOS: LESLIE PÉREZ

Entre vista DIEGO SIERRA

LA INTERNACIONAL CHAMBER OF COMMERCE FUE FUNDADA EN 1919 Y TIENE PRESENCIA EN MÉXICO DESDE 1945. l

Contrario al conocimiento generalizado, la corrupción es un fenómeno social sumamente complejo. No sólo acontece en el ámbito público, sino también en el ámbito privado o empresarial. Por consecuencia, las políticas que desarrolla la Comisión Anticorrupción de la ICC están dirigidas a ambos sectores, siempre tomando en cuenta las particularidades de cada uno de ellos. En términos prácticos, la Comisión Anticorrupción de ICC México cumple con su propósito a través de la elaboración y difusión de reglas, lineamientos y herramientas de combate a la corrupción (por ejemplo, protocolos para implementar líneas de denuncia; modelos de cláusulas anticorrupción; sistemas de protección para denunciantes (whistleblowers) al interior de las empresas, etc.). La difusión de las herramientas anticorrupción que promueve la ICC México implica una coordinación entre la sociedad civil, el sector empresarial e inclusive el sector público.

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LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL EN MÉXICO,DECLARA SU VICEPRESIDENTE, ESTÁ OBLIGADA A VINCULARSE CON LAS EMPRESAS, EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL SI QUIERE SER EFICAZ

Otra práctica adoptada por los despachos estadounidenses en materia anticorrupción, una vez terminada la investigación correspondiente, es que elaboramos un reporte de hallazgos para el cliente y allí le recomendamos acciones para mitigar riesgos y remediar hechos potencialmente ilícitos.

Por ejemplo, la ICC México organiza e imparte cursos y diplomados en materia de anticorrupción. A estos cursos y diplomados asisten (como ponentes y alumnos) toda clase de abogados y servidores públicos de diversas latitudes (principalmente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica), y en ellos ponentes y alumnos se informan, discuten y reflexionan sobre las cuestiones de anticorrupción de mayor relevancia en el mundo. Este año, impartimos nuestro VII Diplomado Anticorrupción en alianza con la Universidad Panamericana y nos llena de orgullo contar con participación de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción como participantes del Diplomado. Esto muestra la fortaleza institucional y de colaboración de la ICC.

En los casos de corrupción transfronteriza, ¿cuál ha sido el papel del Estado mexicano? En el ámbito interno, México combatió el fenómeno de la corrupción transfronteriza ajustando su legislación. El congreso federal mexicano reformó el Código Penal Federal para sancionar como delito el cohecho internacional. Lamentablemente, esa legislación no tiene aplicación práctica. No tenemos casos públicos en donde las fiscalías mexicanas sancionen este delito. En el ámbito externo, el rol de México en el combate a la corrupción transfronteriza pasa, principalmente, por su cooperación con Estados Unidos. La relación entre nuestros países ha pasado por momentos de tensión en años recientes. Desde la creación del muro por el anterior presidente americano, hasta el caso Cienfuegos en donde el presidente de México reveló pruebas confidenciales que Estados Unidos compartió con México.

De su estancia en Nueva York, ¿Existe alguna práctica que haya implementado en las investigaciones que ha realizado en México? De ser así, ¿por qué? Desde mi experiencia profesional, la metodología que usamos en Von Wobeser y Sierra para investigaciones por posibles actos de corrupción al interior y exterior de las empresas está influenciada por la cultura anticorrupción estadounidense. Además de entrevistar a las personas involucradas en una determinada investigación, en Von Wobeser y Sierra utilizamos plataformas de inteligencia artificial y bases de datos con tecnología de punta (Relativity, Brainspace, etc.) que suelen utilizar despachos de abogados y firmas de expertos forenses estadounidenses con los que colaboramos diariamente. Estas herramientas, las plataformas de IT y las bases de datos, nos permiten revisar, de forma eficiente y organizada, cientos de miles de documentos y fuentes de información digital.

Sin embargo, México y EU son dos aliados comerciales destinados a coexistir y colaborar. ¿Eso aplica también para la persecución criminal de corrupción? Un ejemplo relevante de colaboración internacional reciente es el de Stericycle. En abril de 2022, la compañía que se dedica al tratamiento y administración de residuos, accedió a pagar al DOJ y a la SEC 80.7 millones de dólares en multas por delitos relacionados con el FCPA, cometidos en Argentina, Brasil y México. Al respecto, el Departamento de Justicia expresamente reconoció en forma pública la colaboración que recibió de la Fiscalía mexicana para conducir su investigación y cerrar su caso en forma exitosa. Stericycle ofreció y pagó alrededor de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, México y Argentina entre 2012 y 2016 para obtener y conservar negocios de clientes gubernamentales, según los fiscales del DOJ. El personal de la empresa guardaba y

LA CORRUPCIÓN AFECTA GRAVEMENTE A MÚLTIPLES PAÍSES DE FORMA SIMULTÁNEA: DIEGO SIERRA.

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LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL ES INDISPENSABLE PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

enviaba por correo electrónico hojas de cálculo que identificaban a los clientes gubernamentales que recibían sobornos en los tres países. El personal también utilizó palabras clave para los sobornos, incluyendo "CP" o "pago de comisión" en Brasil, "IP" o "pago de incentivo" en México, y "alfajores" (una galleta dulce popular) o "IP" en Argentina, dijo el DOJ. En la comunidad anticorrupción mexicana esperaríamos que hubiera decenas de casos como este. Por la cercanía económica de ambos países, pensamos que eso serviría para elevar la importancia que las empresas dan a la integridad y tendría un efecto disuasivo a la corrupción. ¿Considera que el cohecho internacional es sancionado en México? El delito de cohecho internacional (a servidores públicos extranjeros) está previsto por el artículo 222 bis Código Penal Federal, el cual prevé penas de hasta 14 años de prisión por la comisión de este delito. Entonces, desde un punto de vista estrictamente legislativo, en México está sancionado el cohecho internacional. Sin embargo, desde un punto de vista práctico podría argumentarse que no lo está, pues (hasta donde es de mi conocimiento) el Poder Judicial del Estado Mexicano no ha condenado a una sola persona física o moral por este delito. Por último, como lo comenté anteriormente, México podría aprender mucho de países como Estados Unidos y Francia, los cuales han implementado leyes (como la Foreign Corrupt Practices Act y la Sapin II, respectivamente) de aplicación extraterritorial que permiten a las autoridades de dichos Estados combatir la corrupción internacional con altos índices de eficiencia. ¿El litigio internacional en temas de corrupción ha evolucionado los últimos 6 años? Sí, ha evolucionado. En años recientes, en especial los que somos ciudadanos de países de Latinoamérica, hemos sido testigos de escándalos internacionales de corrupción. Estos escándalos han evidenciado que la corrupción afecta gravemente a múltiples países de forma simultánea. Muy rara vez un asunto por posibles hechos de corrupción actualiza la jurisdicción de un solo país para su investigación y persecución.

DERRIBANDO MITOS

La corrupción es un fenómeno social sumamente complejo. No sólo acontece en el ámbito público, sino también en el privado o empresarial

DIEGO SIERRA Vicepresiente de la Comisión Anticorrupción de la ICC

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Como consecuencia de lo anterior, los abogados que representan a sus clientes en litigios relacionados con temas de corrupción deben ser una especie de ajedrecistas tridimensionales. Deben valorar las consecuencias y repercusiones no sólo en distintas materias (penal, corporativa, administrativa, laboral, fiscal, etc.), sino también en distintas jurisdicciones. ¿Cuáles son los retos de la IP y gobierno en materia anticorrupción? El mayor reto en México es la voluntad política. Tanto empresarial como estatal. Combatir la corrupción exige un sistema de administración de justicia bien remunerado, con cuadros de carrera, altamente competitivo, donde las fiscalías estén dotadas de herramientas técnicas y jurídicas, así como de potestad, para investigar, perseguir y presentar acusaciones de corrupción con casos bien armados y persuasivos, para lograr criterios de oportunidad, condenas y eventualmente desmantelamientos de los grandes enramados de corrupción que sofocan a la sociedad. Asimismo, resultan indispensables jueces altamente capacitados, valientes y con sueldos decorosos y competitivos que administren justicia en los casos que les sean sometidos a su consideración. Por encima de todo, los poderes judiciales deben ser independientes, autónomos. Aquí me refiero a los estatales también. No solamente al federal. Los poderes judiciales requieren más presupuesto y verdadera independencia. Si aterrizamos estos conceptos a la realidad política que hoy enfrentamos, seguimos con grandes áreas de oportunidad. Como atinadamente sostuvo recientemente la Barra Mexicana de Abogados, requerimos líderes que se conduzcan con respeto hacia el Poder Judicial. En conclusión, México requiere de instituciones más fuertes, a nivel estatal y federal. Requiere fiscalías, secretarías de estado, poderes judiciales y diversos agentes estatales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción que, en esfuerzos coordinados, logren elevar los estándares de integridad del país y por tanto, combatir la corrupción y la impunidad.

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PODRÍA DECIRSE MUCHO SOBRE LA CORRUPCIÓN PERO, MIENTRAS NO SE INSTRUMENTEN MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS DERIVADOS DE ESTE DELITO, MÉXICO NO PODRÍA AVANZAR, SOSTIENE EL AUTOR, EXPERTO EN EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO

ACTIVOS

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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POR JORGE ALBERTO LARA RIVERA

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ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

Recuperación de

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a Recuperación de Activos (RA) puede ser definida como el conjunto de procedimientos jurídicos establecidos para restituir la legalidad respecto de la propiedad, posesión y demás derechos inherentes, cuando un bien de cualquier naturaleza se encuentra dentro de la esfera patrimonial formal o simulada de quienes realizan actividades ilícitas. Dichos procedimientos implican la aplicación de normatividad sustantiva, de naturaleza real. Al implicar las posibilidades del quebrantamiento de derechos fundamentales a través de actos de privación y molestia, dicha normatividad debe encontrarse prevista en la máxima esfera de atribuciones del estado y debe significarse por satisfacer los principios de proporcionalidad y debido proceso. Desde la perspectiva sustantiva, la RA supone la existencia de un conjunto de normas que regulan la existencia y el ejercicio de derechos reales, así como la legalidad de estos. Es decir, que el vínculo entre la persona acreedora del derecho y el bien no exista alguna causal de nulidad. Lo anterior implica que la propiedad y los derechos reales derivados de la misma se constituyan de manera lícita de origen, con apego al marco jurídico y que en su ejercicio no se actualicen causales de quebrantamiento de estos. Un ejemplo de la pretensión de la constitución ilícita de un bien se genera cuando estos son productos de un delito. La ganancia presunta por la comisión de un delito, por ejemplo, no constituye propiedad, aunque en los hechos se pretenda la realización de actos de uso, goce o disfrute del acervo. De esta manera, la RA implica que la pretensión de constitución de derechos reales a partir de hechos ilícitos carece de eficacia desde la perspectiva del condicionamiento que se hace desde la esfera de los derechos fundamentales y del derecho civil. A efecto de dotarle de eficacia, la Recuperación de Activos implica, además, la existencia de un marco legal adjetivó en el que se desarrollen los procedimientos

LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS REQUIERE UN MARCO LEGAL QUE INCLUYA MEDIDAS CAUTELARES Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS PARA ASEGURAR LA EXISTENCIA DE LOS BIENES OBJETOS DE PROTECCIÓN.

correspondientes en los que deben incluirse medidas cautelares y providencias precautorias para asegurar la existencia de los bienes objeto de persecución. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dispone, por ejemplo, de la existencia de los procedimientos correspondientes a las figuras del abandono y el decomiso no penal o extinción de dominio. En materia penal, la figura tradicional de RA es el decomiso, previsto como una sanción dispuesta para quien recibe una sentencia condenatoria. Dependiendo del procedimiento específico, la RA también regula el destino final de los bienes que han sido sometidos a dicho cauce. Este puede variar, ya sea que se corresponda a la atención a víctimas, reparación de daños o fondeo institucional. En la práctica recomendada en el seno de la convencionalidad de la materia se establecen mecanismos para dotar de recursos a las instituciones y autoridades encargadas de cumplir la ley. Para que la actividad del estado en materia de RA cumpla con sus objetivos, no basta con la existencia de un marco jurídico adecuado, sino que es indispensable que se disponga de una política pública robusta que cuente con la centralidad necesaria dentro del conjunto de estrategias y acciones de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en las esferas de la prevención y el combate a la corrupción y la delincuencia en general. Uno de los problemas que México enfrenta en esta materia es la falta de maduración de los mecanismos de RA y su aplicación marginal, casi excepcional por las autoridades correspondientes.

LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGE UNA POLÍTICA PÚBLICA ROBUSTA QUE LA INCLUYA DENTRO DE LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA EN GENERAL.

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SEGURIDAD Y JUSTICIA Manuel Pérez Paz y Puente @manoloppyp

MÉXICO: EL MERCADO CRIMINAL MÁS GRANDE LOS DESAFÍOS EN EL PAÍS A NIVEL GLOBAL Negar la realidad no ayudará a salir de la crisis que enfrenta: se requieren instrumentos fuertes y voluntad política

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ese a que la presencia y posicionamiento del crimen organizado es cada vez más evidente en distintos ámbitos de nuestra realidad, lo cierto es que en el terreno de los hechos no se han implementado políticas públicas y emprendido acciones que busquen hacer frente al mismo. No sólo de manera reactiva sino con una perspectiva integral y multisectorial que atienda desde las causas económicas, sociales y culturales que permiten o propician que este tipo de actividades ilícitas surjan y se desarrollen, hasta la forma como se administran e invierten los recursos que las mismas generan. De hecho, la verdadera magnitud y alcance de las actividades del crimen organizado no es algo que se haya reconocido públicamente y del que la sociedad sea en verdad consciente. Por difícil que parezca, aún existe la percepción en muchas personas de que las actividades del crimen organizado tienen una dimensión básicamente local y se centran fundamentalmente en la producción y tráfico de drogas, aún cuando sus campos de actuación han trascendido por mucho ese ámbito y tienen carácter transnacional.

Todavía estamos a tiempo de evitar que México sea un Estado totalmente infiltrado y rendido ante el crimen organizado.

Además del narcotráfico, el crimen organizado opera otros mercados ilícitos, tales como la trata de personas, el tráfico de personas, la piratería, el robo de hidrocarburos, la extorsión, la tala ilegal, además de que se ha infiltrado en mercados lícitos mediante su participación en empresas o al otorgar financiamiento para su desarrollo. Las organizaciones criminales han asumido una conformación y esquemas operativos más similares a los que tendría un grupo empresarial que aquellos que se podrían suponer propios de un grupo delincuencial. Como lo ha señalado Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista de Italia, el lenguaje de estas organizaciones delincuenciales ya no es sólo el del crimen, sino también el de los mercados, el dinero es, por mucho, la mercancía más valiosa, por lo que no es impreciso señalar que se transforma la violencia en riqueza. En razón de ello, el objetivo primordial es la obtención de ganancias económicas, siendo el control y movimiento de esas ganancias la mayor fortaleza, pero paradójicamente también la mayor debilidad potencial, de estas organizaciones. El dinero generado por las actividades y mercados ilícitos brinda a las organizaciones criminales una gran capacidad para continuar con sus actividades, expandirlas, aumentar sus capacidades operativas, así como corromper y cooptar autoridades y rivales. Sin embargo, el manejo y administración de esos recursos no puede maximizarse si no se incorporan, en cierto grado, a la economía formal y a los mercados lícitos. Combatir los mercados ilícitos y prevenir las actividades vinculadas a los mismos, actuando sobre los recursos económicos que generan, es una vía que hasta ahora no se ha abordado con la atención e intensidad debidas, pese a ser una opción idónea para que dichos mercados dejen de ser redituables para quien participa en ellos. De igual forma, aunque existen medidas para evitar que el dinero proveniente de los mercados ilícitos se incorpore a las actividades y mercados lícitos, la capacidad de adaptación y flexibilidad operativa que tiene el crimen organizado, hacen que esas medidas se tengan que estar revisando y actualizando constantemente, cosa que tampoco ha sucedido. La controversia que recientemente generó el contenido del Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto de la situación de los derechos humanos en México durante 2022, volvió a poner en la agenda pública la grave problemática que nuestro país enfrenta, desde hace varios años, en materia de inseguridad, así como la violencia e impunidad vinculadas a la misma. En dicho Informe se señalan, entre otras cosas, que existe un grave problema de

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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impunidad derivado en buena medida de la complicidad existente entre diversas autoridades con el llamado crimen organizado, lo cual propicia que el narcotráfico y otras actividades ilícitas como la extorsión, los secuestros o el tráfico de personas, no se investiguen debidamente ni se juzguen conforme a derecho. Estos señalamientos no son nuevos. El Índice Global de Crimen Organizado 2021, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, ubicó a nuestro país como el mercado criminal más grande del mundo y la cuarta Nación, dentro de los 193 países que integran las Naciones Unidas, con la mayor criminalidad, sólo por debajo de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar. De manera similar a lo que sostiene el Informe del Departamento de Estado, el índice Global vincula estos resultados a la existencia de organizaciones criminales fuertes, así como a problemas de corrupción, impunidad y debilidad institucional. Si bien el narcotráfico es ubicado como el principal problema, otros mercados criminales como la trata de personas, el tráfico de personas y de armas, son también referidos como actividades ilícitas muy relevantes. Aún cuando se podría cuestionar la metodología o algún aspecto técnico de estos reportes, lo cierto es que la realidad que de manera cotidiana vivimos las y los mexicanos, difícilmente puede darnos argumentos válidos para desvirtuar sus conclusiones. México enfrenta un entorno muy

El trasfondo EL LENGUAJE DE LAS ORGANIZACIONES DELINCUENCIALES YA NO ES SÓLO EL DEL CRIMEN, SINO TAMBIÉN EL DE LOS MERCADOS, EL DINERO... GIOVANNI MELILLO Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista de Italia

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complejo en materia de inseguridad, violencia, ilegalidad y corrupción, en donde las organizaciones criminales se han vuelto un factor real de poder en varias regiones del país, adquiriendo cada vez mayor relevancia en los ámbitos político, económico, social y cultural. No obstante, todos los recursos que se han destinado en los últimos 20 años a las áreas de seguridad y justicia, así como el cúmulo de programas y acciones que se han emprendido en este ámbito, no se ha logrado enfrentar de manera efectiva y duradera la criminalidad, ni mitigar sus efectos. El combate a la delincuencia no puede sustentarte solamente en la aplicación y uso de la fuerza. Se requieren herramientas y recursos de muy variada índole para detectar las actividades que se lleva a cabo al margen de la ley, impedir su desarrollo y evitar que produzcan ganancias. En este sentido, la obtención y análisis de información sobre la forma cómo las organizaciones criminales operan, cómo manejan sus recursos, sus vínculos internacionales y las personas, empresas, organizaciones y autoridades que participan o posibilitan sus actividades, resulta de especial relevancia. Si a ello se suma la posibilidad de hacer uso de tecnologías de vanguardia y el que contemos con un marco normativo idóneo, que permita un combate real y efectivo de la criminalidad, sin violar derechos humanos pero haciendo posible que la actuación del Estado llegue a las áreas mas sensibles y vulnerables de estas organizaciones, los resultados pueden ser muy positivos. Para ello, nuestro país puede y debe tomar en consideración estrategias, políticas y acciones que se han utilizado y han demostrado ser, en buena medida exitosas, en otros países que han hecho frente a la amenaza del crimen organizado. Abatir la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad vinculadas a los mercados ilícitos debe ser reconocido como una prioridad estatal, que demanda se destinen y utilicen los recursos y capacidades suficientes, conforme a planes, políticas y estrategias profesionales y pertinentes para ello. Todavía estamos a tiempo de evitar que México sea un Estado totalmente infiltrado y rendido ante el crimen organizado, pero para alcanzar esa meta es preciso que empecemos a trabajar de manera responsable y objetiva, con inteligencia y estrategias adecuadas, asumiendo un compromiso real con la legalidad y la integridad. Nadie puede estar por encima de la ley y no se puede pretender que el incumplimiento de las normas se justifique o excuse por razones de ninguna índole. Negar la realidad o pretender maquillarla, no permitirá que podamos resolver los retos que la misma nos presenta. 18/19

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POR ANTONIO M. PRIDA PEÓN DEL VALLE Coordinador de la Comisión de Mediación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

¿Quién teme a la

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ANTE LO RÍGIDO DE MUCHOS PRECEDENTES LEGALES, LA MEDIACIÓN SE VUELVE URGENTE EN MÉXICO. ¿POR QUÉ LOS LEGISLADORES LLEVAN 5 AÑOS SIN APROBARLA? EL AUTOR, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS, RECOMIENDA MEDIDAS A ADOPTAR

ILUSTRACIÓN: GSUTAVO A. ORTIZ

LEY GENERAL DE MEDIACIÓN?

uestra Constitución, mediante las reformas en 2008 y 2017, reconoció el mismo rango constitucional a la justicia tradicional, impartida a través de los tribunales, así como a la justicia alternativa, integrada fundamentalmente por el método heterocompositivo de excelencia, el arbitraje, y por los métodos autocompositivos como son la negociación, la conciliación y la mediación. Desde hace tres décadas, el arbitraje comercial, tanto nacional como internacional, cuenta con una legislación adecuada que ha permitido su desarrollo exitoso, contenida en un capítulo del Código de Comercio, que incluyó la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial expedida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La reforma Constitucional de 2017 otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, obligación que debió haberse cumplido dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, por lo cual el Congreso está en falta por más de cinco años. Desde entonces y hasta la fecha se han presentado ante el Congreso de la Unión siete proyectos de Ley General, el primero de los cuales fue preparado por la Secretaría de Economía a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, y desde entonces se encuentra pendiente de ser dictaminado por la Cámara de Senadores. Durante el presente régimen se han presentado al Senado seis proyectos de los senadores Julio Menchaca, Ricardo Monreal, Rubén Rocha, Martí Batres, Luis David Ortíz y Olga Sánchez Cordero. De todos ellos llama la atención el preparado por la Secretaría de Economía que separó la regulación de la mediación civil y familiar de la mediación comercial. En materia mercantil, dicho proyecto fue inspirado por la Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional y

UNA DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE MEDIACION FUE PRESENTADA POR OLGA SÁNCHEZ CORDERO.

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Acuerdos de Transacción Internacional Resultantes de la Mediación de la CNUDMI, cuya versión original fue preparada en 2002 y modificada en 2018 para hacerla compatible con la Convención de Singapur sobre Mediación, de la propia organización de las Naciones Unidas, que da fuerza ejecutiva y tratamiento de cosa juzgada a cualquier acuerdo resultante de una mediación, independientemente del mediador que la conduzca y del lugar en que se lleve a cabo la mediación. El otro proyecto que llama la atención es el presentado el pasado 24 de enero de 2023, por la senadora Sánchez Cordero, pues es el único que pretende regular de igual manera y conforme a las mismas reglas los diversos Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), tanto el mecanismo heterocompositivo del arbitraje, como los mecanismos autocompositivos como la mediación y la conciliación, para resolver controversias tan distintas como aquellas surgidas en comunidades indígenas, escolares, vecinales o familiares y las surgidas en materia comercial y las derivadas de las relaciones comerciales internacionales. En mi opinión, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias debe exclusivamente establecer las bases y principios sobre las cuales cada estado de la República pueda desarrollar, conforme a su propia experiencia, su respectiva legislación secundaria y debe regular de manera distinta la mediación derivada de la justicia cotidiana y aquella derivada de las prácticas comerciales nacionales e internacionales. Los principales temas que una buena legislación de mediación debe regular son la obligatoriedad del acuerdo de mediar, sea que derive dicha obligatoriedad de la ley o de un contrato, garantizar la confidencialidad de todo lo sucedido en la mediación, incluyendo la obligación de las partes de no revelar ninguna información, la obligación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como de los árbitros, de no requerir su revelación, y la obligación para estas últimas de no considerarla admisible, en caso de ser presentada por las partes. Esa misma regulación debería impedir la posibilidad de que el mediador o conciliador pudiere ser llamado a juicio por alguna de las partes, incluso en calidad de testigo. También sería fundamental que

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LOS PRINCIPALES TEMAS QUE UNA BUENA LEGISLACIÓN DE MEDIACIÓN DEBE REGULAR SON LA OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO DE MEDIAR Y GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE TODO LO SUCEDIDO EN LA MEDIACIÓN.

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LA CONVENCIÓN DE SINGAPUR SOBRE MEDIACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DA FUERZA EJECUTIVA Y TRATAMIENTO DE COSA JUZGADA A CUALQUIER ACUERDO RESULTANTE DE UNA MEDIACIÓN.

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dicha legislación contuviera reglas claras sobre la suspensión de la prescripción durante el procedimiento de la mediación, así como disposiciones que garanticen la ejecutabilidad del convenio construido por las partes que ponga fin a la controversia. Si acaso se considera justificable establecer medidas de protección en favor de los usuarios de los MASC, a efecto de garantizar que los prestadores del servicio de mediación cuenten con los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para prestar sus servicios al público, éstas deberían limitarse al campo de la mediación civil y familiar. Se debe dejar completamente libre, tal como sucede respecto de los árbitros, a los mediadores que actúan en el campo comercial nacional e internacional, cuyos protagonistas no requieren de una autoridad única que certifique dichos conocimientos, habilidades y experiencia. Tal como sucedió de manera exitosa en materia de arbitraje comercial, me pronuncio en favor de la conveniencia de que México incluya en su Código de Comercio la mencionada Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional de la CNUDMI y de que suscriba la mencionada Convención de Singapur. Me parece injustificable que se pretenda continuar sujetando a certificaciones obligatorias por parte de las autoridades judiciales y/o del Poder Ejecutivo, a los mediadores en materia comercial, lo cual contraviene la tendencia libertaria que impera en el mundo. Resulta absurda la pretensión de la propuesta legislativa de la senadora Sánchez Cordero de exigir la nacionalidad mexicana para que un mediador pueda ayudar a las partes en conflicto a construir una solución pacífica al mismo. Uno de los graves riesgos que presenta dicha propuesta es que por pretender regular también la desconocida figura del “arbitraje público”, se contamine la libre práctica de los árbitros en materia comercial, tanto nacionales como extranjeros, independientemente de su nacionalidad y sin la necesidad de contar con certificación alguna, que ha sido tan exitosa durante las últimas tres décadas. Tampoco puede aceptarse la pretensión de que los procedimientos arbitrales tengan que llevarse a cabo de manera ad hoc, evitando la posibilidad de que por de-

La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias debe exclusivamente establecer las bases y principios sobre las cuales cada estado de la República pueda desarrollar, conforme a su propia experiencia, su respectiva legislación secundaria

cisión de las partes dichos procedimientos puedan ser sometidos a la administración de instituciones especializadas nacionales e internacionales como el Centro de Arbitraje de México o la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Uno de los ejemplos que ponen de manifiesto el absurdo de pretender regular conforme a las mismas reglas y principios instituciones tan distintas como el arbitraje y la mediación es el pretendido deber de las personas certificadas como “árbitras” de abstenerse de imponer su voluntad, lo cual constituye la parte esencial de la actividad arbitral que no es otra sino la de imponer su laudo con fuerza obligatoria a las partes. Lo mismo sucede respecto de los impedimentos y excusas para poder participar como mediador o como árbitro, cuyos estándares en la práctica internacional son completamente distintos. Si bien es razonable prohibir la actuación como árbitro a personas que tengan o hayan tenido relación estrecha de diverso tipo con las partes, en el campo de la mediación basta con la obligación de revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del mediador, para que sean las partes quienes evalúen si la relación existente les genera o no una inconveniencia para su actuación. La diferencia estriba en que el árbitro juzga la actuación de las partes y el mediador, no. También resulta contraria a la práctica comercial internacional la pretendida prohibición establecida en el proyecto de la senadora Sánchez Cordero, en el sentido de que en la cláusula compromisoria que negocien las partes, éstas puedan prever el desarrollo de dos mecanismos alternativos de solución de controversias de manera simultánea. Basta ver los textos que para dicha cláusula propone el Reglamento de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional para constatar el desarrollo de los procedimientos conocidos como arb-medarb tan comunes en el campo comercial internacional. Me parece que nuestros legisladores debieran abstenerse de intentar “descubrir el hilo negro” en materias tan relevantes para el comercio internacional como la solución pacífica de las controversias, aceptando los enormes avances logrados por la comunidad internacional en esta materia.

DR.ECHOS FUNDAMENTALES José Luis Ayoub Pérez* contacto@joseluisayoub.com @jlayoub

FALTA DE TÉCNICA LEGISLATIVA:

PROBLEMÁTICA PARA EL INAI. Las leyes generales son un paraguas que cubre a la federación y a las entidades, es decir, establece las bases para garantizar un derecho

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l acceso a la información pública, como derecho fundamental de las y los mexicanos, se encuentra directamente relacionado con la rendición de cuentas. De ahí, probablemente, su actual inconveniente para quienes realizan actos de autoridad. El artículo sexto de nuestra constitución política consagra el derecho de todas las personas al libre acceso a la información plural y oportuna, por lo que toda información que generen los sujetos obligados, por mandamiento expreso, es pública, prevaleciendo el principio de máxima publicidad. Para garantizar este derecho fundamental, la misma carta magna, en 2002, ordenó expedir las leyes correspondientes, así como la creación de un organismo autónomo, especializado e imparcial, naciendo con ello el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), -me encontraba laborando en el gobierno federal y, honrosamente, participé en su implementación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes-, más adelante, en mayo de 2015, cambió su nombre al de Instituto Nacional de

LEYES GENERALES

Son un paraguas que cubre a la federación y a las entidades federativas, es decir, establece las bases para proteger o garantizar un derecho, así como la distribución de competencias.

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Como podemos ver, por su mismo nombre, entre sus atribuciones se encuentra también la protección de datos personales. Pero, debido a la coyuntura actual, me centraré en su función de garante federal de la información pública. Existen diversos cuerpos normativos que emanan de ese mandato consitucional: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (competencia del INAI); la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (competencia del INAI); la Ley General de Archivos (competencia del Archivo General de la Nación y Tribunales Federales); y, de la primera, deriva la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también competencia del Instituto. Las leyes generales son un paraguas que cubre a la federación y a las entidades federativas, es decir, establece las bases para proteger o garantizar un derecho, así como la distribución de competencias. En este caso, para regular el acceso a la información en posesión de cualquir autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza fondos públicos o realice actos de autoridad en la federación, estados y municipios y sus organismos garantes son el INAI y aquellos de las entidades federativas. Las leyes federales son, como su terminología lo indica, de aplicación específicamente federal. Es decir, para garantizar el acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado, como se señala en el párrafo anterior, pero que reciba y ejerza recursos públicos federales y su órganismo garante es el INAI. En principio, los sujetos obligados deberían actuar per se, ante una solicitud de información, considerándola pública y entregándola con la máxima publicidad, amén de ciertas excepciones como la seguridad pública -que actualmente se utiliza con mucha frecuencia y en sobrevalorada extensión-. No obstante, cuando existe controversia entre si es de otorgarse o no, el INAI o sus equivalentes estatales, deben resolver. Aquí es donde llegamos al problema que ha surgido para el Instituto, bajo la ley federal. Veamos. El artículo sexto constitucional y el 18 de la ley federal, establecen que el organismo garante se integrará por siete comisionados o comisionadas. Pero y, aquí se encuentra el “pero”, el artículo 33 de la federal, señala que las sesiones

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco comisionados o comisionadas, incluyendo al comisionado Presidente. Actualmente el INAI sólo cuenta con cuatro comisionados. Lo que, en estricto sentido, no le permite sesionar “válidamente”, trayendo como consecuencia que llegaran a existir, hasta antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más de ocho mil asuntos pendientes de resolución. Problemática jurídica y práctica. La constitución, norma suprema, de donde deben emanar, en concordancia, todos los ordenamientos jurídicos del país, refiere el número de comisionados, pero no el número mínimo para sesionar, ésto lo establece una norma secundaria y, más aún, ni la constitución, ni otra ley o reglamento, resuelve el problema cuando no existan, por lo menos, cinco comisionados en activo. Si bien, a la fecha, la SCJN ya autorizó al INAI para que sesione con las y los cuatro comisionados presentes, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto y se nombren los restantes, para abonar al sentido de esa atinada autorización, considero que, observando el espíritu de la ley, el propósito efectivo del derecho fundamental del acceso a la información pública consagrado en la constitución federal vs. una ley secundaria, así como la operación colegiada del INAI, como si se

“UNA VEZ NOTIFICADO EL FALLO Y TRAS MÁS DE 140 DÍAS SIN PODER SESIONAR, EL PLENO DEL INAI QUEDARÁ HABILITADO PARA CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS, EN LAS QUE PRESENTARÁ, DISCUTIRÁ Y RESOLVERÁ LOS MÁS DE 8 MIL RECURSOS DE REVISIÓN ACUMULADOS”

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tratara de un consejo de administración de una sociedad anómina, con facultades para tomar decisiones que no contravengan la legislación vigente, ni principios fundamentales de derecho que efectivamente, el Pleno se encontraba, desde un inicio, legítimamente facultado para sesionar. Sin duda, se aplaude la decisión de nuestro máximo tribunal. No obstante, en la realidad y, ante la interpretación “literal” a la que estamos acostumbrados en el sistema jurídico mexicano, sumado a la posible falta de voluntad jurídico-social -es aquí donde presento mi tesis-, debemos reconocer que para evitar estos problemas y dejar a la literalidad conveniente la resolución de asuntos de alta relevancia, el problema central se pudo haber evitado con una técnica legislativa adecuada, aparentemente ausente en el caso concreto. Aclaro que soy partidario de que la interpretación de una norma puede venir acompañada, no sólo de su literalidad, sino del espíritu mismo de ésta pero, en lo que se consolida esta parte, como congresistas, en lo mayor posible, se debe preveer cualquier situación que pueda presentarse después de la promulgación de una ley. Eso hace un buen abogado o abogada ante la elaboración de un contrato de su cliente. Analiza las posibilidades, todas las vertientes por ocurrir y que pueden beneficiar o dañar a su patrocinado. De otra manera, simplemente, se tomaría un formato de contrato y no se necesitaría de un abogado. Y aquí me atrevo a sugerir, independientemente de la resolución de la SCJN y de el inminente nombramiento de los demás comisionados que, paralelamente, se estudie y promuevan las reformas legales necesarias, para evitar futuros entuertos que se dejen a la interpretación. No sólo para este caso, sino una revisión importante de nuestro sistema jurídico, para lograr las modificaciones oportunas, por ejemplo, la figura del presidente sustituto no está plenamente regulada o la del desafuero emanado del congreso federal y aplicado en los estados. Si en su momento hubiera existido algo más de visión y técnica legislativa para el artículo 33 de la ley federal para solucionar la falta de quorum en el INAI, no habríamos vivido esta violación al derecho al acceso a la información pública y protección de datos personales en el sector público federal. Por lo que resulta muy importante que se tome nota y que, estos casos de relevancia, sirvan de experiencia para perfeccionar nuestro sistema jurídico mexicano, garantizando con ello la protección de los derechos de las y los mexicanos. 24/25

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EL BRANDING —AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA FRENTE A LOS OTROS—, SUELE SER UN TEMA DESCUIDADO POR LOS ABOGADOS. LA IMAGEN DIGITAL ES PARTE ESENCIAL DEL DESAFÍO PARA PROYECTAR LA IMAGEN QUE QUEREMOS Y, ASÍ, MEJORAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES, EXPLICA EL AUTOR

BRANDING para abogados

FOTOARTE: IVÁN BARRERA

LA IMAGEN QUE UNA PERSONA PROYECTA DE SÍ MISMA CON EL OBJETIVO DE FIJAR UNA PERCEPCIÓN ES FUNDAMENTAL PARA DEJAR HUELLA EN POTENCIALES CLIENTES.

POR RODRIGO GARCÍA TORRES TRUEBA

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lguna vez te has puesto a pensar en la importancia que tiene tu nombre, tu marca personal o tu imagen como profesionista? ¿sabes si lo que haces y cómo lo haces en redes sociales es correcto y beneficioso para tu actividad profesional? Éstas son preguntas que quizá pocas veces nos hemos hecho, sin medir el impacto (positivo o negativo), que tiene en nuestro día a día. Se trata de un tema importante y, a la vez, poco conocido por gran parte del sector legal. Pero como me gusta ir desde el origen de las cosas, comencemos por conocer qué es y de dónde proviene de la palabra Branding. Se trata de una palabra que tiene su origen en el antiguo escandinavo, del vocablo brandr que hacía referencia a “quemar“ o “marcar“. Se usaba como la marca que identificaba reses y esclavos de un propietario concreto y, desde entonces, todo empezó a ser marcado artesanos marcando sus bienes, imprentas creando marcas de agua en sus papeles y farmacéuticas y tabacaleras marcando sus productos; sin embargo, el Branding que hoy en día conocemos explotó en la Revolución Industrial; la marca era básicamente un logo. Expertos en el tema los hay, como Diana Preciado, asesora de imagen y coach, y con quien tuve oportunidad de conversar hace algunas semanas en el canal de televisión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

LA IMAGEN PÚBLICA ES LA PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DE LA PERSONA O DE UNA INSTITUCIÓN, POR UN GRUPO DE PERSONAS Y DE MANERA UNIFICADA, EN LA CUAL INTERVIENE LA IMAGEN FÍSICA O LA IMAGEN PROFESIONAL; UN EQUIPO DE COLABORADORES Y CONOCE LOS ATRIBUTOS DE CADA ELEMENTO.

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Ahora bien, hablando sobre el Branding personal para abogados y bajo el entendido de que la imagen que una persona proyecta de sí misma con el objetivo de fijar una percepción es fundamental para dejar huella en potenciales clientes, es algo en lo que debemos poner atención. Así como cuidamos el desarrollo de una identidad corporativa, la construcción de una imagen personal debería ser una misión obligada para aquellos profesionales que quieran exprimir al máximo su potencial y situarse por delante del resto en la mente de los posibles clientes. Por tanto, el Branding es un punto de inflexión sobre cómo nos ven y cómo queremos que nos vean. Hoy en día, la proyección de la imagen personal en el entorno online, derivado de la digitalización y el uso de redes sociales, nos ayuda a crear una identidad, una huella digital que, si no se utiliza de manera correcta, puede generar una pérdida de confianza en posibles clientes potenciales e incluso impactos reputacionales. Por otro lado, y como parte de este gran tema, debemos hablar también de la Imagen Pública, que podemos decir, es la percepción que se tiene de la persona o de una institución, por un grupo de personas y de manera unificada, en la cual interviene la imagen física o la imagen profesional. Es decir, cómo nos desempeñamos y qué nos hace distintos al resto; la imagen visual (por ejemplo, la imagen corporativa); la imagen ambiental y la imagen audiovisual (medios y redes sociales), y todas deben estar en armonía, como si fuera un engranaje, en donde al faltar una de ellas, nuestra imagen no sería coherente y congruente. En todo este orden de ideas, desde luego cabe preguntarnos, y de manera atinada, ¿qué sucede con mi marca personal y por qué debería ser importante construir una marca como abogado? Bien, pues el branding es un proceso, una estrategia que puedes empezar ha definir para lograr hacer una marca, lo cual facilitará darte a conocer. Además, como abogado aumentas tu capital social, tu valor, la gente recordará tu marca, bajo tu nombre, o en como tú lo decidas. Tendrás una ventaja competitiva sobre tu competencia y pares.

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Margen El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en abril, representa un parteaguas en las dos materias. 70% de los juicios que se llevan al cabo en México corresponden a ellas. Se espera que el nuevo Código permita destrabar una cantidad inmensa de problemas relativos a divorcios, herencias, pensiones alimenticias y compraventas. Desde luego, puede resultar contraproducente y provocar un atasco. Necesitamos operadores capacitados y responsables. l

La respuesta del gobierno de Israel ante el horrible e injustificado ataque que sufrió ese país por parte del grupo terrorista Hamás ha sido desproporcionada: aislar a miles de palestinos inocentes y dejarlos sin electricidad, alimentos y agua, mientras los bombardea de modo inclemente implica una violación a los Convenios de Ginebra (que Israel firmó en 1951) y algo peor: un genocidio y un crimen de guerra, tipificados ambos en el Estatuto de Roma y perseguidos por la Corte Penal Internacional. Netanyahu tendrá que responder ante este organismo internacional. l

Preocupados ante los ataques que siguen recibiendo -sobre todo que constituyen un monopolio de apenas 250 miembros-, los notarios de la Ciudad de México se modernizan a marchas forzadas. "Hay que cambiar y reformar para que todo siga igual", escribió Lampedusa en su novela El Gatopardo. l

La gélida despedida que dieron sus colegas a los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes dejaron sus asientos en el Tribunal Federal Electoral, fue un reflejo del desprecio con el que éstos aplicaron el derecho electoral. Janine Otálora y Felipe De La Mata ni siquiera asistieron a la despedida y Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal, no les dirigió una sola palabra de encomio. Los magistrados salientes sirvieron a sus intereses políticos antes que a ley… Cada quien cosecha lo que siembra.

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ILUSTRACIÓN: IVÁN BARRERA

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Podrás incrementar tus oportunidades para ser elegido más fácilmente, y además, podrás poner mejores precios a tus servicios, pudiendo aportar como comunidad con tu influencia, con mayor credibilidad y confianza, generando así valor a la sociedad. Asimismo, al hablar de marca es importante hacer un ejercicio o análisis conocido como FODA o DAFO de nuestra persona, para que como profesionistas podamos encontrar nuestro nicho de mercado, y también, sepamos cuál es nuestro estilo, nuestros valores y nuestra misión. El análisis FODA es una herramienta que permite identificar fortalezas, oportunidades y debilidades, entre otras, que te permitirá desarrollar un plan de negocios para poder planificar estratégicamente. Al empezar a trabajar nuestra marca personal, en definitiva las redes sociales son nuestras aliadas. Necesitaremos estar presente para determinar un estilo y cómo lo haremos, por tanto, usar redes es fundamental y necesario para darnos a conocer con la gente. Escribir artículos, blogs, spots y teniendo una marca personal sólida, puede sumar a la marca de la institución, eso sí, siendo congruente con los valores, misión y objetivos de la la misma. De acuerdo con la Teoría de Parsons, existen estilos personales para reflejar lo que transmitimos: tradicional, elegante, seductor romántico, creativo y dramático. Todos y cada uno de ellos mandan un mensaje: nuestra vestimenta, aprender a mirar, cómo responder, el uso de la voz, lenguaje corporal. Después de haber visto cuáles son los estilos personales, de acuerdo con Alyce Parsons, me permito compartir algunos pasos para construir una marca de manera correcta: • Empezar a hacer un FODA. • Determinar tu nicho de mercado. • Construir tu imagen visual e imagen digital. Hay que tener cuidado con el uso de redes, para evitar caer en temas reputacionales y ensuciar nuestra huella digital. Sobre todo, cuidar la ortografía y redacción, utilizar términos entendibles para la comunidad. No caer en discusiones innecesarias y eliminar temas controversiales es fundamental. Cuéntame si te fue útil y nos seguimos leyendo por aquí.

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EL RETO: LA ORALIDAD AL 100%

EL MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ ANALIZA EL SISTEMA DE JUSTICIA ACTUAL, DESDE SU POSICIÓN COMO MÁXIMA AUTORIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CDMX

POR ANTONIO HOLGUIN

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afael Guerra Álvarez, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hace un break en su agenda. Deja por unos minutos de lado su lucha por implementar la oralidad en el sistema penal de la capital, en busca de una mayor transparencia; también pone en pausa su afán por impulsar el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio del Derecho. Se toma estos minutos para hablar con la revista El Mundo del Derecho sobre los retos del sistema judicial en la capital mexicana y para reflexionar sobre el sistema penal. También analiza en dónde estamos en cuanto a la impartición de justicia y hacia dónde vamos. Magistrado Presidente, coméntenos acerca de su trayectoria laboral Soy afortunado por haber nacido en un hogar humilde y haber aprendido de mis padres a superar adversidades y creer en que los propósitos son alcanzables, sobre todo, cuando se hace el bien. Confío en las personas, pero creo en los valores y busco refrendar el sentido del servicio público para dar luz a un nuevo comienzo. Estoy agradecido por la familia que formé con mi esposa y mis hijos, a quienes amo profundamente; por los profesores que tuve, por la oportunidad de formar parte de instituciones de procuración y, actualmente, de impartición de justicia. Francamente es un privilegio el servicio público y la docencia. Y –reconociendo los tiempos que corren-, otro privilegio es estar sano y con buen ánimo. Actualmente, tengo la fortuna de encabezar el Poder Judicial de la Ciudad de México, institución a la que le he entregado parte de mi vida, y a la cual le tengo un gran cariño y, desde ahora, le debo todo.

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La consolidación de la oralidad en todas las materias, lo que nos ha permitido contar con un sistema mucho más transparente y abierto.

Ha sido un orgullo y una gran responsabilidad de 37 años, desde que inicié el modesto, pero relevante cargo de conserje B interino en funciones de mecanógrafo y en la que he recorrido el escalafón de la carrera judicial: secretario de acuerdos, juez por ministerio de ley, magistrado por ministerio de ley y magistrado y, desde el 7 de enero de 2019, presidente de uno de los poderes judiciales más grandes de Latinoamérica y del mundo. Tras más de 30 años de carrera judicial y en la procuración de justicia, ¿cuál es su perspectiva sobre la impartición de justicia en la Ciudad de México? La impartición de justicia vive un momento coyuntural. Me explico: en el plan de trabajo de nuestra administración, que pusimos en su momento a consideración de las personas magistradas, ya se planteaba un ambicioso programa de impulso a las nuevas tecnologías. La pandemia nos obligó a meter el acelerador a fondo, y ésa es precisamente la coyuntura a la que me refiero; estamos transitando a un nuevo paradigma en el que buscamos la mayor accesibilidad a los servicios de justicia para la población y, sin duda, lo estamos logrando. Hemos logrado además la consolidación de la oralidad en todas las materias, lo que nos ha permitido contar con un sistema mucho más transparente y abierto. Hoy las decisiones de los jueces se dictan de viva voz, frente a los justiciables y litigantes, lo que da al Poder Judicial de la Ciudad de México una mayor legitimidad. Logramos algo que también es fundamental para nosotros: una confianza sin precedentes de la ciudadanía hacia sus jueces y en el trabajo jurisdiccional. Es cierto, seguimos contando con un sistema de impartición de justicia escrito, en la materia familiar y en materia civil. Pero seguiremos trabajando porque la oralidad permeé cada vez más. De esta manera alejamos cualquier viso o riesgo de corrupción al interior de nuestra institución. ¿Considera necesario reforzar nuestro sistema de justicia penal o qué acciones se deben seguir? Debemos reforzar nuestro sistema de justicia penal, pero sin olvidar que son iguales,

ción y que exige naturalmente un vínculo mayor entre la judicatura y la sociedad. Las autoridades judiciales debemos garantizar el acceso rápido a la justicia y amar el servicio público, y eso incluye ejercerlo con legalidad, eficacia, eficiencia, honradez, profesionalismo, sabiduría, autonomía, imparcialidad, objetividad y, sobre todas las cosas, con total apego a la justicia.

FOTOS: DANIEL OJEDA

ANTONIO HOLGUIN Y EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA CDMX.

y en muchos casos mayores, las cargas de trabajo en materia familiar y civil. Sin embargo, es imprescindible la materia penal, pues en ella se vulneran los bienes jurídicos de mayor importancia para una sociedad: la vida libre de violencia de las mujeres, la vida de las personas, la libertad, la familia, el interés superior de niñas y niños, entre otros. El sistema penal acusatorio no es una obra culminada. Cada día debemos analizarla y ponderar si requiere cambios para mejorarla; a fin de cuentas, todo es perfectible. Es por eso que, a partir de nuestra experiencia en la materia penal, hemos planteado propuestas para coadyuvar a cumplir con una impartición de justicia que reduzca la brecha entre el derecho y la sociedad. Se han modernizado y aumentado el número de salas de audiencias; se cuenta con un sistema moderno de video conferencias; la elección de jueces es por concurso, para así garantizar que ejerzan el cargo los mejores; desde el Poder Judicial

se han propuesto y aprobado reformas a diversas leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se gestó, promovió y concretizó en el seno de nuestra casa de justicia junto con el resto de los poderes judiciales del país. Hemos propuesto una reforma legislativa para eliminar el auto de vinculación a proceso del texto constitucional. Sostenemos que no respeta la metodología de un procedimiento penal acusatorio y oral; además de que atenta contra la libertad personal, no garantiza el principio de continuidad y ser inconvencional. ¿Qué deben hacer las autoridades judiciales para lograr que los gobernados puedan tener un mejor acceso a la justicia, en un menor tiempo y sin tantos tecnicismos? Estamos en una coyuntura en la impartición de justicia que pasa por una mayor aplicación de las tecnologías de la informa-

EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NO ES UNA OBRA CULMINADA. CADA DÍA DEBEMOS ANALIZARLA Y PONDERAR SI REQUIERE CAMBIOS PARA MEJORARLA.

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¿Considera que la oralidad en los procesos -que ya se aplica un poco más en materia civil, penal y laboral- es un camino favorable para hacer expedita la justicia? La forma natural de comunicarnos es a través de la palabra; por ello, cuando en una sala de audiencias todos piden y el juez resuelve de manera oral, además de respetar la inmediación, la contradicción y la publicidad, recurrimos a la forma más frecuente de la comunicación humana, lo que facilita la comprensión y entendimiento de los actos y resoluciones judiciales. Si por nosotros fuera, transitaríamos mañana mismo hacia una oralidad al cien por ciento en nuestro tribunal, pero primero debemos contar con un presupuesto vasto y suficiente del cual hemos estado carentes históricamente. Se requiere la adecuación de los espacios físicos para construir salas, mayor número de juzgadores (en todas las materias), adquisición y mantenimiento de medios tecnológicos de vanguardia y de un amplio esfuerzo de capacitación para aquellos que operen el sistema, con los recursos financieros correspondientes.

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LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEBEMOS GARANTIZAR EL ACCESO RÁPIDO A LA JUSTICIA Y AMAR EL SERVICIO PÚBLICO, Y ESO INCLUYE EJERCERLO CON TOTAL APEGO.

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A cuatro años de haber asumido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿cuál es el problema de mayor envergadura que ha encontrado? Hay dos principales problemas: uno coyuntural y otro histórico. Por coyuntural nos referimos a la pandemia, que, para no extendernos, nadie imaginaba, todos desconocíamos, y, por ello, no había una sola respuesta o solución, únicamente temores, dudas y preguntas. A la distancia, estamos satisfechos porque cumplimos con nuestro momento histórico. Lo histórico es lo que ya mencionábamos: a nuestro tribunal se le han encomendado nuevas funciones, la más reciente,

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‘ESTAMOS TRANSITANDO A UN NUEVO PARADIGMA EN EL QUE BUSCAMOS LA MAYOR ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA PARA LA POBLACIÓN Y, SIN DUDA, LO ESTAMOS LOGRANDO’

asumir la impartición de justicia en materia laboral y, también recientemente, se vio en la necesidad de instaurar una Sala Constitucional, así como juzgados de tutela de derechos humanos, pero estas responsabilidades no han sido acompañadas con los recursos presupuestales que son necesarios. Los poderes judiciales locales, distribuidos en todo el país, integrados en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como la Conatrib, de la cual también soy presidente, no cuentan con una disposición legal expresa, que les garantice un presupuesto anual mínimo. Tampoco disponen de un reconocimiento expreso del principio de progresividad y no disminución en su gasto, que les permita eficientar el presupuesto. Lamentablemente ni la Constitución federal ni el marco legal de cada estado contienen disposiciones que garanticen la autonomía e independencia de nuestros tribunales, y sin duda ese es un grave problema. Desde su perspectiva, ¿existe algún tema estratégico para los poderes judiciales en México? Hay temas coyunturales, estructurales o estratégicos. Resalto uno que abarca esas tres dimensiones, que es el nivel de confianza en las autoridades judiciales por parte de las y los usuarios, así como de la sociedad en general. La confianza social en las instituciones del Estado es un elemento clave de las democracias desarrolladas y, desde luego, cuando hablamos de instituciones que imparten justicia, la confianza se convierte en un ingrediente fundamental para nuestro quehacer cotidiano. Por ello, mantener e incrementar la confianza social en nuestra actividad judicial es un gran reto: implica que seamos transparentes y efectivos en nuestro desempeño, que reduzcamos riesgos de corrupción, que logremos una justicia más cercana a las personas usuarias o que podamos atender y resolver los procesos, trámites y casos con mayor celeridad. ¿Cuál ha sido su función y qué experiencia le ha dejado presidir la Conatrib? Nuestra función se ha centrado en ser un articulador de los esfuerzos de cada uno

LA CONFIANZA SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO ES UN ELEMENTO CLAVE DE LAS DEMOCRACIAS DESARROLLADAS Y, DESDE LUEGO, CUANDO HABLAMOS DE INSTITUCIONES QUE IMPARTEN JUSTICIA, LA CONFIANZA SE CONVIERTE EN UN INGREDIENTE FUNDAMENTAL PARA NUESTRO QUEHACER COTIDIANO.

de los tribunales superiores de justicia locales para ofrecer cada vez más y mejores servicios a los justiciables de todo el país. Desde desde nuestro encargo como presidente de la comisión he logrado atesorar una radiografía muy completa de la jurisdicción local. En la Conatrib, somos una hermandad reunida en torno a problemáticas comunes, y una de las grandes lecciones que me ha dejado esta experiencia es la importancia del trabajo en equipo; somos 32 presidentes de tribunales y poderes judiciales locales, pero un solo equipo a la hora de buscar mejoras, compartir experiencias y caminar juntos en esfuerzos como el de la implementación de la justicia laboral, que resultó todo un éxito, y en los plazos establecidos señalados por las disposiciones legales en la materia. Hemos tratado diversos temas de alta relevancia: mecanismos alternativos de solución de controversias; acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, como mujeres indígenas; atención a delitos de extorsión; capacitación de alta especialidad para nuestro personal y, de manera reciente, la búsqueda de esquemas para mejorar la confianza en las instituciones de impartición de justicia. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que usted ha impulsado, ¿abonará a tener una justicia más eficaz? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por el Congreso de la Unión, es un claro ejemplo de ese trabajo en equipo al que hacíamos referencia en el seno de la Conatrib; la comisión elaboró un proyecto a partir de la experiencia de sus juzgadores, el cual fue gratamente acogido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y, en su esencia y espíritu, fue aprobado. Su importancia estriba en que los tribunales no sólo contarán con una herramienta con la que se proteja al indefenso, sino que lo hagan de manera expedita y de fondo, mediante procesos en los que todos tengan certezas de sus derechos. Con esa disposición, que es de avanzada, la sociedad cuenta con un mecanismo legal que respeta derechos humanos y, muy importante, homologa los procesos en ambas materias a nivel nacional.

“LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA NECESITA ENTES DE CARNE Y HUESO, CON UNA CONSCIENCIA ELEVADA DE LA JUSTICIA QUE JAMÁS PODRÁ SER SUSTITUIDA POR LA TECNOLOGÍA MÁS SORPRENDENTE A NUESTROS SENTIDOS." RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

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¿Qué papel juega la capacitación del personal en las instancias de impartición y procuración de justicia? La capacitación y actualización son cimiento de la calidad en la labor jurisdiccional de magistrados, magistradas, jueces y juezas, pero también del personal de apoyo judicial. Tan importante es este tema para el Poder Judicial de la Ciudad de México que cuenta con el invaluable trabajo de su Instituto de Estudios Judiciales, a través del cual se imparte una sólida oferta académica que este año podría alcanzar 42 programas de capacitación y actualización. Nuestro Instituto de Estudios Judiciales tiene instalaciones de primer mundo; se ubican en el edificio de Niños Héroes 150. Cuenta con 14 aulas académicas, un salón de usos múltiples, una sala de simulación de audiencias, una biblioteca especializada, así como herramientas tecnológicas de vanguardia para apoyo a la investigación y la docencia, entre éstas, un aula virtual y un banco didáctico. ¿Qué consejo les daría a los estudiantes de derecho; futuros litigantes? El mismo que me dieron mis padres, y al cual me refería al principio de esta entrevista: siempre debemos dar nuestro mejor esfuerzo; esa es la clave del éxito. Quien se esfuerza poco, recibe poco. Les aconsejo estudio constante, actualización en todo momento, y otra cosa, la impartición de justicia transita hacia modelos en los que la utilización de las nuevas tecnologías ya no parará. Jóvenes estudiantes: el mundo, es cambiante; el mundo del derecho, también. Deben adaptarse lo más pronto posible a las nuevas tecnologías, el que no lo haga tiene una sentencia por adelantado al fracaso. Dedicar la vida al derecho implica llevar una vida recta, honesta y profesional. Una pregunta de carácter futurista: ¿Cree usted que el chat GPT y otras innovaciones tecnológicas vayan a acabar desplazando a litigantes y a jueces? De ninguna manera, porque el derecho es una ciencia que requiere de la sensibilidad de las personas. No debemos de ver a la tecnología como la panacea. Es importante, sí, pero la impartición de justicia necesita entes de carne y hueso, con una consciencia elevada de la justicia que jamás podrá ser sustituida por la tecnología más sorprendente a nuestros sentidos.

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POR LUIS ENRIQUE PEREDA TREJO

EL ÁMBITO FEDERAL HA DEMOSTRADO, UNA Y OTRA VEZ, SU INCAPACIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAÍS. TOCA EL TURNO A LOS GOBIERNOS LOCALES

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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os mexicanos vivimos bajo un constitucionalismo dual. Esto quiere decir que usted y yo estamos sujetos a las normas jurídicas que encuentran fundamento en dos constituciones: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución política de la entidad federativa donde usted radica. Esta característica jurídico-política la compartimos con otros países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, y nos distingue de otros como Francia, Chile y Colombia. Gracias a que vivimos en una república federalista, tenemos la oportunidad de atender los asuntos de nuestra comunidad a través de dos vías jurídicas. La primera de ellas es la más notoria, aunque no necesariamente la más eficaz: la legislación de ámbito federal. La segunda de ellas es más discreta, pero más directa e inmediata: la legislación local. ¿Cuál de las dos es la más importante? Depende. Para la seguridad nacional, el comercio, las aduanas y el sistema financiero, sin duda, la legislación federal. No sucede así en materia de derecho familiar, desarrollo inmobiliario, transporte público, seguridad pública, justicia cotidiana… y gobierno local. Lo cierto es que cada entidad federativa es “una mesa de experimentación”. La expresión no es mía, sino del juez norteamericano Louis Brandeis, quien en 1932 en su voto disidente en New State Ice Co. v. Liebmann, expresó respecto el constitucionalismo subnacional: “es uno de los felices incidentes del sistema federal que un solo estado valiente puede, si sus ciudadanos así lo eligen, servir como laboratorio, sin riesgo para el resto del país”. A partir de esta idea, es más fácil entender que, dentro de su ámbito de validez y sin contradecir a la Constitución General de la República, cada entidad federativa puede intentar aportar, a través de ejecución local, su solución para problemas comunes a todas las entidades federativas.

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EL JUICIO DE AMPARO Nació en Yucatán en 1841 y de ahí saltó al ámbito federal. Pero no es el único caso en que una constitución local creó una figura jurídica que después fue llevada a la Constitución General de la República.

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Los constituyentes de 1917 lo entendían con claridad, lo mismo que los de 1824: no toda respuesta proveniente del gobierno federal significa una solución para los problemas locales. Tan es así que las constituciones locales —también conocidas como constituciones subnacionales — han aportado mucho al entramado jurídico nacional. Para muestra, un botón: el juicio de amparo nació en Yucatán en 1841 y de ahí saltó al ámbito federal. Pero no es el único caso en que una constitución local creó una figura jurídica que después fue llevada a la Constitución General de la República. El derecho a votar de las mujeres mexicanas no nació en 1953, ya desde 1923 hubo antecedentes en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas. En la misma lista están la democracia participativa, la recepción de documentos de derecho internacional público distintos a los tratados internacionales y el reconocimiento de derechos a los indígenas y afromexicanos. Dos botones de muestra más: No todo mecanismo de control de constitucionalidad tiene que venir de tribunales federales. Desde el año 2000, comenzando por la Constitución de Veracruz, las constituciones subnacionales mexicanas han incorporado instrumentos locales de control de constitucionalidad. Lo que significa para el ciudadano una opción más para defender sus derechos humanos violados por acciones, omisiones o normas jurídicas provenientes de un poder político de ámbito local. Esto abre la puerta a la versión mexicana de un arreglo denominado por Alan Tarr, entre otros autores, como nuevo federalismo judicial (su artículo The Past and Future of the New Judicial Federalism puede ser consultado en línea). Éste consistió, esencialmente, en el “redescubrimiento” por parte de los litigantes norteamericanos de mejores criterios de protección a las libertades civiles en los tribunales estatales que en la Suprema Corte del ministro presidente Warren Burger (quien sustituyó en 1969 al emblemático Earl Warren, impulsor de las sentencias históricas en los casos Brown v. Board of Education y Miranda v. Arizona, y que su sucesor no estaba dispuesto a imitar). Otro ejemplo: No todo acuerdo políti-

PARA MUESTRA UN EJEMPLO

La política pública de transporte urbano para atender a la comunidad de la entidad X debería de ser tomada desde una oficina estatal o municipal de esa misma entidad, y no desde una lejana oficina federal.

co-jurídico tiene que emanar del Congreso de la Unión. Las constituciones subnacionales incluyen las cláusulas necesarias para su propia reforma, la cual es, por definición, más cercana a la gente, entre otras muchas razones porque los congresos estatales, a diferencia del federal, son unicamerales. Mejores arreglos, más cercanos e inmediatos a la gente, podrían dar como resultado mejores decisiones políticas. Protección y disfrute de derechos humanos, democracia parlamentaria, servicios públicos, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción se viven de manera más intensa desde lo local. Así, la política pública de transporte urbano para atender a la comunidad de la entidad X debería de ser tomada desde una oficina estatal o municipal de esa misma entidad, y no desde una lejana oficina federal. Y aún en el caso de que dicha decisión sea mal planeada o ejecutada, la retroalimentación ocurrirá más rápido al interior de esa comunidad porque las constituciones subnacionales por su “cercanía” pueden facilitar el ciclo de evaluación de las políticas públicas. “Por ejemplo, si una constitución subnacional se encarga de distribuir las competencias y atribuciones de gobierno estatal y municipal y al hacerlo crea una agencia de transporte urbano y no solo establece los requisitos de elegibilidad para los funcionarios que la encabecen, sino que además vincula dicha designación al voto popular directo o indirecto, lo que esa constitución subnacional en realidad hace es empoderar a los ciudadanos. Les da un mejor ejercicio de sus derechos políticos para resolver mejor una necesidad especifica: el transporte público”, escribí hace poco. Nuestro entramado constitucional nos permite dejar de esperar soluciones sencillas, rápidas y eficaces (y las más de las veces, inexistentes) provenientes del ámbito federal y construir, desde el ámbito local, soluciones asequibles a partir de acuerdos políticos locales reconocido por la respectiva constitución subnacional e implantados a través del sistema jurídico emanado de ella. Todo esto sin violar la Constitución General de la República. ¿Cuándo empezamos?

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No estoy de acuerdo con la elección mediante el voto público de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque éstos deben tener una legitimidad, un origen distinto al del poder político que van a controlar. Si los jueces son electos mediante los mismos procedimientos electorales, los mismos electores que determinan la integración de los órganos representativos, serán quienes determinen la elección de los ministros y no habrá posibilidades de control. No le tengamos miedo al carácter contramayoritario de los jueces, pues ellos precisamente están para ejercer funciones de control sobre el poder político, con fundamento en lo previsto en la Constitución.

La votación popular es un gran elemento de las democracias, pero no es de aplicación universal a todo cargo público. Un servidor público electo a través del voto popular tiene el incentivo ineludible de agradar a su elector. Las y los ministros deben estar exentos de dar gusto a los votantes. Su trabajo es impartir justicia, aunque sea impopular. Si los ministros estuvieran centrados en dar gusto a los votantes a través de sentencias “agradables” o “dulces”, entonces algunas sentencias tan importantes como Brown vs. Board of Education jamás hubiesen existido.

Luis Enrique Pereda

No es conveniente porque perderían autonomía e independencia. i) Al estar más preocupados por quedar bien con los electores que por quedar bien con la Constitución; ii) Porque en la campaña podrían comprometer su forma de decidir y, en virtud de que su votación es pública, estarían sujetos a la presión de pagar los favores; iii) ¿Quién dará los recursos para sus campañas? iv) ¿Tienen capacidad los electores para poder calificar capacidad técnica de quienes estén propuestos?; v) Institucionalmente, la ciudadanía ya influyó en su elección al momento de elegir a los senadores. La judicatura sabe que no está para ser populares al decidir, sino para impartir justicia.

Blanca Ivonne Olvera

José Ramón Cossío

¿Está usted de acuerdo en que los ministros de la suprema sean elegidos por votación popular? Fotoarte: Iván Barrera

Me gusta la idea de que el Presidente de la República —quien quiera que sea— deje de nombrar, a través del Senado, a los ministros de la SCJN, de entre personas seleccionadas con enorme discrecionalidad. Cualquier sistema alternativo de designación que permita la participación equitativa de perfiles independientes y comprometidos con una ética pública de promoción y protección de los derechos humanos, me parece bienvenido. Si implica alguna forma de participación ciudadana directa, por ejemplo, elecciones populares, salvados los requerimientos financieros y previa emisión de una legislación secundaria apropiada, ¿por qué no?

No estoy de acuerdo porque las personas electas por voto popular no requieren contar con conocimientos juridícos para ser elegidos. En consecuencia, no podrían emitir resoluciones jurídicas y justas. Es menester referir que los procedimientos en administración de justicia que rigen en el país fueron establecidos y diseñados para que expertos en Derecho, como los ministros de la Suprema Corte, resuelvan con razonamientos jurídicos controversias.

Jorge Nader Kuri

Esta propuesta de reforma es una medida desesperada del Ejecutivo Federal para tener ministros ad hoc y leales a su proyecto y eliminar el contrapeso que implica la auténtica división de poderes. Como dijo Montesquieu: Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Los ministros y ministras deben de ser juristas, altamente especializados y con absoluta independencia, sobretodo de los partidos políticos. Aceptar que sean objeto de elección popular es permitir que su lealtad se deba al partido que los proponga.

Claudia De Buen

Totalmente en desacuerdo. Quienes integran la Suprema Corte deben ser juristas que se distingan por su competencia técnica y su independencia política. Las elecciones populares tienen muchas virtudes, pero son profundamente inadecuadas para lograr estos objetivos. Necesitamos un mejor proceso de designación, no ocurrencias.

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En cues ta

Ligia González

LA ELECCIÓN DE MINISTROS, A TRAVÉS DEL VOTO POPULAR, PROPUESTA POR LÓPEZ OBRADOR SE HA PUESTO SOBRE LA MESA DE DEBATE ENTRE JURISTAS

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El sistema de elección popular de los ministros de la SCJN tuvo ya, históricamente en nuestro país, resultados desastrosos. Definitivamente no es deseable, ni probable, ni procedente en nuestra actual estructura constitucional.

Javier Martín Reyes

Víctor Olea

Ser ministro de la SCJN en México es una posición de privilegio y alta responsabilidad en el medio jurídico. Para llegar a dicho puesto siempre aparece el debate sobre el hecho de que se trate de un juez de carrera o un abogado externo con probada experiencia y suma capacidad. Paradójicamente, este modelo estructural y de elección, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se logró en 1994 y considero que alcanzó un nivel óptimo en la primera década de este siglo. Anteriormente, se llegó a tener un lugar para rescatar políticos en desgracia o quienes buscaban una protección especial.

Alberto Nava Garcés

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AUNQUE ES IMPROBABLE QUE PUEDA ENJUICIARSE A QUIENES ESTÁN PROVOCANDO ESTA MASACRE TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA, LA CORTE PENAL INTERNACIONAL NO PUDE IGNORAR EL TEMA, SEÑALA EL AUTOR DE ESTE ARTÍCULO POR LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO *

PUTIN

ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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n año, siete meses de atrocidades infrahumanas. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, dirigido por la admirable y bellísima Oleksandra Matviichuk, premio Nobel de la Paz 2022, documentó, en los primeros 10 meses de la invasión rusa, 31 mil crímenes de guerra, que sólo son una parte del total; Rusia ha empleado sistemáticamente el terror para quebrar la resistencia ucraniana. El terror más cruel, como el que ejerció en Chechenia, Moldavia, Georgia, Siria, Malí, Libia. Los rusos han atacado en Ucrania edificios civiles, viviendas, iglesias, hospitales, infraestructuras y carreteras por las que familias huían de la masacre. Las tropas rusas han asesinado a más de siete mil civiles y herido a alrededor de seis mil. El ejército invasor ha atacado, también, la red eléctrica del país invadido, dejando a millones de personas sin luz, sin agua, sin electricidad y sin internet, y en ruinas, durante el invierno. Quedarse sin calefacción en los meses invernales ucranianos supone sufrir un tormento continuado. El clima llega a los 10 grados bajo cero. Hay familias que pasan el día junto a la estufa de leña. El mundo en que vivían los ucranianos dejó de existir. Pero ellos no quieren su patria sometida a un dictador que ha demostrado ser capaz de cualquier acción infrahumana, de las más viles y crueles. La barbarie de los invasores es aterradora. ¿Quién no recuerda, con indignación, el bombardeo a una maternidad de Mariúpol? ¿Quién no recuerda, horrorizado, las imágenes de Bucha, en el cinturón metropolitano de Kiev, donde fueron ejecutados más de 8 mil civiles y heridos más de 13 mil tras la retirada de las tropas rusas? ¿Quién

No hay constancia alguna de que las autoridades rusas hayan investigado uno solo de los numerosos crímenes de guerra cometidos por sus soldados, lo que pone de manifiesto que esas atrocidades no sólo han sido toleradas sino alentadas por Putin.

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no recuerda impotente, las imágenes de cuerpos sin vida con las manos atadas a la espalda, huellas de tortura y orificios de bala en la cabeza? Decenas de víctimas han sido asesinadas en ejecuciones sumarias, en los sitios de detención. Todo eso, evidentemente, sin justificación militar alguna. ¿Quién puede no estremecerse al enterarse de las violaciones sexuales, incluida la de un niño de apenas cuatro años, perpetradas por los invasores? “Para ellos –advierte Oleksandra Matviichuk– la violación es un arma especialmente eficaz porque es un crimen que provoca vergüenza no sólo en la víctima, sino muchas veces en toda la comunidad. Las víctimas de violencia sexual sienten vergüenza: ellas, sus vecinos, sus familias, que se sienten culpables por no haber podido evitarlo”. No hay constancia alguna de que las autoridades rusas hayan investigado uno solo de los numerosos crímenes de guerra cometidos por sus soldados, lo que pone de manifiesto que esas atrocidades no sólo han sido toleradas sino alentadas por Putin. Crímenes de guerra bárbaros y desalmados, crímenes de lesa humanidad: delitos de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización según los define el artículo 7 párrafo primero del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estamos en presencia de un genocidio, el delito más grave previsto en el derecho internacional: matanza contra un grupo nacional para destruirlo parcialmente, de acuerdo con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ucrania ha resistido heroicamente. Aunque insuficiente, el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos ha sido crucial para la resistencia. Medio centenar de países respaldan al país invadido, 30 de ellos le suministran armas y 40 han impuesto sanciones económicas a Rusia. Se trata, por tanto, de la contienda bélica más global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero el precio pagado en ciudades e infraestructura destruidas y sobre todo en vidas rotas o segadas es enorme. Además de los civiles asesinados, se calculan 70 mil soldados ucranianos; y 100 mil heridos; 120 mil soldados rusos muertos, y 180 mil heridos. Hay ocho millones de refugiados del país agredido en 43 países. 44/45 24/25

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Margen Quienes sostienen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha desaparecido, se equivocan: su presidenta ha tenido diversos logros. El más importante de ellos, cambiar el nombre al edificio Jorge Carpizo por el de Marco Antonio Lanz Galera. Si usted ignora quién fue esta persona eso ya es otro asunto…. l

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Más allá de las solicitudes que ha hecho Billy Álvarez para que se le dé asilo político en EU, el caso Cruz-Azul se ha distinguido por su desaseo de principio a fin. Con ánimo de jalar agua para su molino, jueces, federales y locales, agentes del M.P. y despachos de abogados han metido las manos. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, decían nuestros abuelos. Ojalá que pronto todo se aclare y salga a la luz lo que está oculto. l

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A pesar del injusto asedio a que ha sido sometida, la Suprema Corte de la Nación ha mostrado de qué está hecha. Salvo algunos de sus integrantes, que han expuesto argumentos inconcebibles –“el Poder Legislativo puede hacer lo que quiera, incluso pisotear la Constitución”– las circunstancias han permitido que nos demos cuenta de que nuestras instituciones resisten. l

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Ningún penalista acierta al explicar por qué Jesús Murillo Karam está en prisión. Los tres delitos que se le imputan son insostenibles: desaparición forzada (él ordenó la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa?); tortura (¿hay alguna prueba que demuestre que él torturó u ordenó torturar?), y obstrucción a la justicia (mientras no se diga qué fue lo que ocurrió, no se puede pensar en esta conducta). La decisión que tomó a principio de noviembre el juez federal José Rivera González para que Murillo lleve su proceso en su domicilio es acertada, pero insuficiente para Murillo pues tiene abierto otro proceso y no saldría de prisión. Es un preso político del gobierno actual, como lo señalan los propios penalistas. 46

ILUSTRACIÓN: IVÁN BARRERA

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El Centro para las Libertades Civiles ha logrado documentar muchos de los crímenes de guerra, aunque seguramente no la mayoría, llevados a cabo por las tropas invasoras. El Centro dispone no únicamente de testimonios y necropsias sino también de imágenes de satélite, fotos, grabaciones y videos tomados por civiles. Putin no va a ser llevado a juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI) ya que ésta no cuenta con la adhesión de Rusia, y tampoco parece probable que se le juzgue por un tribunal penal especial por el que ha abogado Chile Eboe-Osuji, expresidente de la CPI, porque para eso se requeriría que fuese capturado, lo que no se ve factible mientras esté en el poder; pero sería deplorable que las brutalidades de su ejército, ejecutadas por sus órdenes o con su complacencia, quedaran impunes. Como observa Philippe Sands, profesor inglés que ha intervenido en destacados juicios internacionales, un tribunal internacional “necesitaría un acuerdo jurídico, muy probablemente entre Ucrania y la ONU o una organización europea. Puede redactarse fácilmente y ya circulan textos al respecto. Sería muy apropiado que el acuerdo se firmara en Lviv, la ciudad ucraniana cuya sangrienta historia contribuyó a las ideas que en la década de los años 40 se convirtieron en las nuevas categorías jurídicas de crímenes contra la humanidad y genocidio”. Por improbable que ahora mismo nos parezca que el genocida dictador ruso sea enjuiciado, no olvidemos –abundan los ejemplos en la historia universal– que la fortuna da muchas vueltas. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Que Dios me preste vida –la expresión era característica de mi entrañable e inolvidable doña Pavita– para verlo acusado ante un tribunal de toda su barbarie, de su demencia furiosa. Y que el mismo “Dios que privó del sueño al asesino Macbeth, para enseñarle qué es lo que realmente mata quien mata a otro hombre ”no sólo prive del sueño a Putin sino le inflija pesadillas manteniéndolo permanentemente despierto, en las cuales pasen por su mente las mujeres y los infantes violados, los niños asesinados, las ucranianas y los ucranianos bombardeados, torturados, ejecutados, y los soldados de su propio país mutilados o muertos en combate, a los que él mandó a una guerra abusiva, infame... monstruosa.

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Nov-Dic / 2023 Cynthia Solís

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Rodrigo García

Christian Paredes

FOTOS: DANIEL OJEDA / ILUSTRACIÓN: IVÁN BARRERA Y GUSTAVO A. ORTIZ

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TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS HAN DENUNCIADO, A ÚLTIMAS FECHAS, LOS PELIGROS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cómo afectará la Inteligencia Artificial a la

¿TIENEN UNA RAZÓN DE SER SUS DENUNCIAS?

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asta Sam Haltman, cofundador de OPen AI, la compañìa que creó el GPT, exige que su propia firma sea regulada: "con la I.A: hay que tener el mismo cuidado que se tiene con las armas nucleares", declaró hace poco. Otras voces, sin embargo, consideran que a los que hay que regular es a los administradores sobre el impacto que la I.A, pueda tener en la profesión jurídica, Tres expertos, coordinados por Gerardo Laveaga, director de El Mundo del Derecho, reflexionan sobre el tema: Christian Paredes, coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Cynthia Solís, integrante del

NOVENTA POR CIENTO DE POSIBILIDADES DE QUE ENTRE 2075 Y 2090 HAYA MÁQUINAS TAN INTELIGENTES COMO LOS HUMANOS. l

Consejo Consultivo del IFT y coautora del libro Mi vecino es un robot; y Rodrigo García, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados. GERARDO LAVEAGA. ¿El avance de la inteligencia artificial es una buena noticia o una mala noticia para la profesión jurídica? CHRISTIAN PAREDES. Eso va a depender de la capacidad que tengamos abogados y abogadas para adaptarnos a ella. Si no lo hacemos, será una aplanadora. Acabará con nosotros. CYNTHIA SOLÍS. Ya hay quien cree que no vale la pena pagar abogados. ¿Para qué? ¿Para elaborar contratos, avisos de privacidad, una demanda o un acuerdo? Yo creo que la I.A. va a generar más trabajo para nosotros; alguien tendrá que subsanar las omisiones que dejará la excesiva confianza en estas tecnologías, pero que, si no nos esmerarnos en desarrollarla y regularla, sí, acabará por sustituirnos en gran medida. 48/49

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RODRIGO GARCÍA. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Coincido con mis colegas en que hay que adaptarnos a ella y regularla. ¿Cómo? Primero, enfocándonos en cada especialidad. Segundo, reflexionando en las consecuencias de su uso. ¿Quién va a ser responsable de que algo salga mal? ¿ante quién va a actuarse? Soy optimista y creo que la I.A. va a abrir nuevas oportunidades para la profesión jurídica, pero es preciso estar muy atentos. LAVEAGA. Aunque el tema de las responsabilidades también acabara siendo resuelto por la I.A. ¿o no? PAREDES. Es posible. Antes íbamos a la papelería a comprar un machote de contrato de arrendamiento o pagaré. Hoy, eso lo hace la I.A. Al principio, servirá para esto y nos agilizará el trabajo. Luego, ella misma generará respuestas para lo que hoy no está contemplado. ¿Hasta dónde llegará? No lo sabemos… SOLÍS. Quien adquiere un machote, está consciente de que se trata de un machote. Puede tener fallas. Sobre la I.A., en cambio, se piensa que es perfecta, realmente hay gente que cree que emula a la perfección la conciencia humana. Y no lo es. La I.A. es como un niño: si lo educas bien, responde; si no, no. Si no nos preocupamos en crear una Inteligencia Artificial “correcta”, los efectos pueden ser catastróficos. GARCÍA. En esto, la universidad y los colegios de abogados vamos a influir. Hay que darle a la I.A. un enfoque ético. Si quien hace el proyecto lo hace mal, las cosas irán mal para todos. LAVEAGA. ¿Qué significa "hacerlo mal"? ¿cómo se define, en algoritmos, el enfoque ético? Si una mujer engañada sólo quiere vengarse de su marido ¿qué solución aportará la Inteligencia Artificial? Si un sujeto gana un pleito porque la casa era suya, de acuerdo con un testamento, pero él decide donársela a su hermana ¿cómo va a proceder éticamente la I.A.? PAREDES. Habrá que hablar, entonces, de Inteligencia Artificial Emocional. El chat GPT, por ejemplo, suprime la parte emocional. Y, sí, hoy día la profesión jurídica se enfrenta a un 80 por ciento de

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LA I.A. ES COMO UN NIÑO: SI LO EDUCAS BIEN, RESPONDE; SI NO, NO. SI NO NOS PREOCUPAMOS EN CREAR UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL “CORRECTA”, LOS EFECTOS PUEDEN SER CATASTRÓFICOS. CYNTHIA SOLÍS

casos donde predomina lo sentimental. Cuando lo descubra, la gente exigirá que la I.A. considere estos elementos. Aquí hay un límite clarísimo para la I.A. LAVEAGA. Hay quienes aseguran que la I.A, está sobrevalorada y que en donde debemos focalizar nuestra atención es en sus administradores: "detrás de la Inteligencia Artificial, siempre hay personas", asevaran. ¿Cuántos años quedan para que la profesión jurídica siga como hasta ahora? SOLÍS. De cinco a diez años. Entonces veremos una transformación significativa. Y quienes aprovechen esta tecnología, dejarán atrás a los que no lo hagan. El aumento de la desigualdad en el mundo –y no sólo en el mundo jurídico en particular– será preocupante. GARCÍA. Me parece que el plazo es variable y dependerá de la adaptabilidad que se vaya teniendo. Esto se confirma cuando vemos cómo un chat GPT puede aprobar un examen en un Colegio de Abogados. Y, peor aún, cuando el chat GPT inventó normar y citar jurisprudencia que no existe, como también ya ocurrió.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NUNCA PODRÁ SUSTITUIR A UN JUEZ. SERÁ, ESO SÍ, UN AUXILIAR PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, PERO DIFÍCILMENTE SUPLANTARÁ AL JUZGADOR EN SU ACTUAR. RODRIGO GARCÍA

GARCÍA. En mi opinión, la Inteligencia Artificial nunca podrá sustituir a un juez. Basta ver las posturas tan encontradas en una sesión del pleno de la Suprema Corte para anticiparlo. Será, eso sí, un auxiliar para la impartición de justicia, pero difícilmente suplantará al juzgador en su actuar. PAREDES. Estoy de acuerdo. Los elementos subjetivos siempre pesan más. Si sólo se tuviera en cuenta los objetivos, todo sería más simple. SOLÍS. De haber presupuesto, como dice Christian, un árbitro electrónico sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si una de las partes omite un dato con intención… o sin intención? ¿se pide una segunda opinión a otro robot? La Ley de Protección de Datos Personales ya ha avanzado al respecto… GARCÍA. Cynthia tiene razón. Y si esto pasa en el derecho administrativo y familiar ¿qué no pasará en el penal, donde se ocultan pruebas, se miente deliberadamente y se fabrican delitos?

PAREDES. O reprobarlo, como ya ocurrió…

LAVEAGA. ¿Cuáles son, en estos escenarios, los principales riesgos que supone la Inteligencia Artificial?

GARCÍA. En ambos casos, la pregunta es ¿qué sigue?. Esto es lo que a mí más me inquieta, ¿quién debe pagar los platos rotos y quién se hará responsable cuando falla la I.A.?

PAREDES El más obvio, que se atrofien las personas. Que dejen de pensar y se anule su sentido crítico y analítico. Y esto vale no sólo para abogados. Sino para todas las profesiones.

LAVEAGA. Veámoslo desde la perspectiva del juez, ¿la I.A. los ayudará?

LAVEAGA. ¿Tan grave es que se resuelva un problema sin entenderlo? Yo no sé hacer raíces cuadradas, pero podría utilizar una calculadora para despejarlas…

PAREDES. Eso dependerá del presupuesto. Podía haber sentencias más efectivas, sí. Hoy, muchas son de machote… SOLÍS. Hay antecedentes de “jueces electrónicos”. Los jueces ganarán con la I.A. Pero ésta nunca sustituirá a un juez. Si la I.A. se equivoca –y aquí cito a Rodrigo– ¿quién se hace responsable? El caso de Tesla fue un buen ejemplo: un usuario se confió al “automóvil que se manejaba solo” y tuvo un accidente. La culpa se le atribuyó al usuario y lo que hizo Tesla fue cambiar el concepto de “autoconducido a autoasistido”.

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SOLÍS. Coincido con ambos. Hoy no habrán mayores consecuencias, pero en 10 años, las habrá. Existirá una Inteligencia Artificial que puede ser “tonta” y no sólo no nos resolverá problemas, sino que nos creará otros más graves si no la entendemos.

Debaten EXPERTOS EN LA REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÌAS HABLAN DEL TEMA.

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UN RIESGO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES QUE SE ATROFIEN LAS PERSONAS. QUE DEJEN DE PENSAR Y SE ANULE SU SENTIDO CRÍTICO Y ANALÍTICO. Y ESTO VALE NO SÓLO PARA ABOGADOS. SINO PARA TODAS LAS PROFESIONES.

PAREDES. De hecho, quien genera los códigos es quien decide. El dueño del código fuente es quien decide, por supuesto. Por eso, nosotros debemos involucrarnos: para evitar abusos. Tenemos que hacerlo. Y, de nuevo, aquí hay áreas de oportunidad para los abogados. Tendremos que especializarnos más. SOLÍS. En México ya hemos tenido casos de extorsión a algunos empresarios a través de la I.A. La legislación debe poner límites a los desarrolladores. Hay que impedir, además, sesgos como la discriminación racial o de género. LAVEAGA. ¿Se puede legislar sobre todas las tecnologías? GARCÍA. Temo que no. Habrá que ir viendo caso por caso. Pensar que se puede regular algo al 100%, sería ingenuo. Todo es siempre mejorable y perfeccionable, así que se tendrá que ir legislando conforme avance la IA para evitar caer en temas de comisión de delitos, como ha sucedido en las redes sociales, donde no se anticipó el problema que se avecinaba.

LAVEAGA. ¿Cuál sería el peor escenario?

SOLÍS. El reto será poner candados. En un call center donde un robot te saca toda la información y luego no sabes a dónde va esa información, todo puede ocurrir.

GARCÍA. Que no pongamos freno y dejemos que la máquina haga todo. Es imperativo legislar, controlar.

GARCÍA. Los hackers avanzan aceleradamente y los abogados debemos estar alerta.

CHRISTIAN PAREDES

"LA IA SINTETIZA Y AUTOMATIZA TAREAS INTELECTUALES Y ES, POR LO TANTO, POTENCIALMENTE RELEVANTE PARA CUALQUIER ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD HUMANA": STUART RUSELL Y PETTER NORVIG.

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¿SABE USTED LO QUE ES EL

DERE CHO

POR PAOLA CARMONA

EL DERECHO AL CUIDADO ES EL DERECHO HUMANO QUE PARTE DE LAS NECESIDADES TANTO DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN, COMO DE QUIENES LAS ASISTEN, YA SEA DE MANERA GRATUITA O REMUNERADA.

AL CUIDADO Y LAS IMPLICACIONES QUE TIENE?

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

SE CALCULA QUE, A NIVEL GLOBAL, LAS MUJERES LLEVAN A CABO “EL 76.2% DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO, PARA LO CUAL DEDICAN 3.2 VECES MÁS TIEMPO QUE LOS HOMBRES

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magine usted que le hacen una oferta de trabajo. Le indican que deberá desempeñarlo en dos o tres sitios diferentes y que solamente recibirá remuneración correspondiente al 70 por ciento de su salario. Necesitará hacer esfuerzos físicos, mentales y emocionales, y deberá entregar y recoger paquetes que contienen bienes valiosos y frágiles. El tiempo de los envíos deberá considerarse como de ocio y esparcimiento. En este empleo es posible que no haya recibido la capacitación adecuada, y que tampoco cuente con el sitio, las herramientas, ni los recursos necesarios para cumplirlo. El horario es 24/7, no importa la fecha. ¿Aceptaría? Si ha respondido afirmativamente, coincidirá con la realidad que enfrentan la mayoría de las personas que realizan trabajos de cuidado, es decir, que se dedican a la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno, para lo cual, realizan actividades de vigilancia, custodia y asistencia de personas en estado de vulnerabilidad, con quienes se tiene un vínculo afectivo, lo que requiere de disponibilidad para cumplir con estas funciones, remuneradas o no. En la primera categoría se encuentra el personal sanitario, el servicio doméstico, los profesores –de preescolar, a educación media básica–, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros. Mientras que en la segunda, están familiares, amistades y personas voluntarias que llevan a cabo estas labores de manera individual o colectiva, a través de asociaciones e instituciones públicas y privadas. Sobre este rubro en particular, se calcula que, a nivel global, las mujeres llevan a cabo “el 76.2 por ciento del trabajo de cuidados no remunerados, para lo cual, dedican 3.2 veces más tiempo que los hombres”. Ellas prefieren centrarse en labores como el cuidado de los niños, a diferencia de las actividades de limpieza que suelen ser físicamente demandantes, rutinarias o desgastantes en lo emocional, como el cuidado que requieren las personas mayores.

Los trabajos de cuidado implican la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno, para lo cual, realizan actividades de vigilancia, custodia y asistencia de personas en estado de vulnerabilidad, con quienes se tiene un vínculo afectivo.

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A pesar de que se han modificado los esquemas de cuidado, los cambios significativos provienen de factores como el aumento de personas que requieren atención. El incremento de la tasa de empleo de las mujeres es inversamente proporcional; si hay mayor cantidad de personas que requieren cuidado y dependen de mujeres que se ven limitadas para poderlo brindar por su incorporación a la fuerza laboral y carecer de una red familiar extendida para satisfacer dichas necesidades y de servicios estatales suficientes. Estas circunstancias agravan la brecha de género, al preservar un statu quo en el que las mujeres son las únicas responsables del trabajo doméstico y los cuidados, con toda la carga física y emocional que esto conlleva e incide en la reducción de opciones laborales, al no contar con la disponibilidad de tiempo y de recursos requeridos. A partir de la década de los 70's, el trabajo de cuidados y los fenómenos que se derivan, han sido estudiados por la Ética del Cuidado, una orientación moral que parte de los "valores femeninos" para enfocarse en la preocupación por los demás y la atención de sus necesidades. Desde la Economía Feminista, centrada en hacer visible el trabajo asociado al cuidado del hogar y sus aportaciones al Producto Interno Bruto de los Estados, así como por la Sociología de Género, han examinado la manera en cómo las necesidades de las mujeres han sido imperceptibles para el resto de la sociedad. En el Derecho Anglosajón, la Teoría Jurídica Feminista ha intentado conciliar la particularidad, parcialidad y subjetividad de la Ética del cuidado frente a la universalidad, imparcialidad y neutralidad de la Teoría de la Justicia, debido a que las categorías de la justicia se consideran condiciones necesarias, pero insuficientes, para explicar la desigualdad que se presenta entre sexos cuando se trata de la atribución de responsabilidades en el hogar, particularmente en lo que a cuidados se refiere. Es allí donde se inserta el derecho al cuidado, entendido como un derecho humano que parte de las necesidades tanto de las personas que requieren atención, como de quienes las asisten, ya sea de manera gratuita o remunerada.

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Y se encuadran en los derechos económicos, sociales y culturales (DESCAS) al atender precisamente esas necesidades básicas, que llevan a la búsqueda de una igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan desarrollar con plenitud sus capacidades físicas e intelectuales en un marco de no discriminación; aunado a su carácter prestacional, toda vez que exige obligaciones de dar y de hacer al Estado y otros agentes. En los últimos años, se ha dado un impulso considerable a este derecho en el ámbito internacional, en la búsqueda de conciliar las actividades productivas entre sexos y, con ello, trasladar a los varones, los Estados y las empresas, una responsabilidad que, como se ha expuesto, hasta hace algunos años se consideraba exclusivamente femenina. En nuestro país, la Ciudad de México fue pionera al elevar el derecho al cuidado a rango constitucional en el apartado B. del artículo 9 de su Ley Fundamental, así como de regularlo en el artículo 56 de la Ley Constitucional de derechos humanos y sus garantías. Actualmente, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de Cuidados, aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de octubre de 2020, se turnó a las Comisiones para la Igualdad de Género, de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2022 y su discusión está pendiente. Me detengo en tres aspectos relevantes de esta propuesta de reforma constitucional. El primero proviene del último párrafo que se propone agregar al artículo cuarto de la Ley Fundamental, que tiene como aspectos positivos la corresponsabilidad entre sexos de las labores de cuidado, la garantía del derecho a ser procurado en todas las dimensiones y la corresponsabilidad del Estado, a partir de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. Asimismo, en su artículo segundo transitorio, se propone derogar las disposiciones que se opongan al decreto. Ésta pretende lograr una interpretación sistemática al texto constitucional. Sin embargo, resulta inquietante el choque que puede darse, por ejemplo, con la reforma a la Ley General de Salud, publicada el 16 de mayo de 2022, que en su 54

SI SE OMITE LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS, EL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS CORRE EL RIESGO DE CONVERTIRSE EN LEGTRA MUERTA.

artículo 72 Bis plantea un "modelo comunitario" de atención a la salud mental, cuya consecuencia directa es la eliminación del modelo psiquiátrico asilar para sustituirlo con centros ambulatorios u hospitales generales contenida en el artículo 74 del mismo ordenamiento. Se trata de una romantización del cuidado que brindan las familias –y en específico, las mujeres, como se ha analizado en este artículo–, lo que se traduce en mayores costos, menor cuidado y sobre todo, la elusión del Estado en esta materia. El texto del artículo cuarto propone la concurrencia de los órdenes de gobierno, pero en los artículos tercero y cuarto transitorios solamente se prevé la expedición de una Ley General en la materia, así como la armonización del marco normativo federal y local, omitiéndose cualquier disposición de carácter presupuestario. Ni siquiera se menciona el principio de progresividad de los DESCAS –relativo a la obligación de los Estados de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles–. Sorprende, aún más, si se toma en cuenta que el dictamen contiene un capítulo relativo al impacto presupuestal, con estudios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En él se señala de manera expresa que esto daría lugar a un impacto presupuestal al erario federal, pero que no se cuantificó toda vez que con la reforma se busca reorganizar y aprovechar las instituciones existentes. En consecuencia, se deja a la legislación secundaria la carga de crear un Sistema Nacional de Cuidados que no genere ninguna estructura nueva, ni compromisos económicos adicionales, lo que da lugar a una duda razonable acerca de la viabilidad del propio Sistema Nacional de Cuidados, de las políticas públicas que se deriven de él, y de la garantía efectiva del derecho humano al cuidado; si se omiten las disposiciones presupuestarias, se corre el riesgo de convertirlos en letra muerta. Aun así, las reformas constitucionales y legales por sí mismas, no conllevan una modificación de los patrones culturales, aunque sí pueden y deben fungir como agentes de cambio. En el fondo, ese es el tamaño del reto y la realidad que debemos combatir.

La Ciudad de México fue pionera al elevar el derecho al cuidado a rango constitucional en el apartado B, del artículo 9 de su Ley Fundamental.

EL INTERROGATORIO A UN TESTIGO EN EL JUICIO QUE SE SIGUE EN ESTADOS UNIDOS A GENARO GARCÍA LUNA HA ABIERTO UN DEBATE SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE UN TERCERO, EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, SE CONSIDERE AFECTADO POR UNA ACTUACIÓN LLEVADA A CABO DENTRO DEL MISMO

DAÑO MORAL

En el caso García Luna?

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POR ADOLFO ATHIÉ *

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l pasado 16 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que investigará la posibilidad de demandar a César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, por daño moral, al plantear dos preguntas al testigo en turno sobre si recordaba un pago a AMLO por la cantidad de siete millones de dólares. La fiscalía y la defensa llevaban varios meses desahogando diversas testimoniales dentro del contexto de la litis del caso. En un juicio, el juez tiene la función, entre otras, de admitir o rechazar las posiciones dependiendo de cómo estén planteadas. En este asunto no se objetaron las preguntas del abogado defensor. Por tanto, la duda inmediata que surge es: ¿procede el pago de una indemnización a un tercero extraño que se considera afectado en un juicio porque una de las partes interrogue a un testigo sobre la presunta conducta del tercero? Al igual que la legislación mexicana, la estadounidense prevé una figura similar al daño moral (non-pecuniary damage) que implica una compensación al daño provocado, pero agrega una sanción llamada indemnización punitiva (punitive damages), y que es justamente el castigo económico que se le da al sujeto afectado por la gravedad de la conducta generadora del daño; es decir, hay una relación entre el daño compensatorio y el punitivo. En la legislación mexicana hay daño moral (Art. 1916 Código Civil Federal) cuando se produce una afectación a una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás. Por tanto, de darse alguno de los supuestos antes mencionados pudiera existir un posible caso perseguible ante tribunales. En este sentido, el presidente López se sintió afectado porque se cuestionó a un testigo sobre una presunta conducta atribuida a él. En el caso que se analiza habría que determinar si el interrogatorio en juicio a un testigo es suficiente para concluir que la presunta conducta involucrada en la pregunta (no afirmación), y en donde se cita el nombre del presidente López actualiza la figura del non-pecuniary damage

CONFORME A LA LEGISLACIÓN MEXICANA, UN CUESTIONAMIENTO EN JUICIO NO SERÍA SUFICIENTE PARA DEDUCIR DAÑO MORAL, LA POSIBILIDAD DE QUE UN TERCERO, EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, SE CONSIDERE AFECTADO POR UNA ACTUACIÓN LLEVADA A CABO DENTRO DEL MISMO PLANTA UNA SERIE DE PROBLEMAS EN TONO JUICIO.

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conforme a la legislación estadounidense. En EU, realizar cuestionamientos en juicio sobre los actos de terceros no necesariamente constituye un daño, toda vez que se parte del principio de contradicción; es decir, tanto el demandante como el demandado tienen la carga procesal de confrontar los argumentos y pruebas que se hayan presentado en su contra; consecuentemente, si la pregunta forma parte del contexto que se está controvirtiendo y se formula legalmente sin que sea objetada por el juez, la misma debe ser contestada sin que ello implique una afectación al tercero mencionado. A primera vista pareciera que, conforme a la legislación mexicana, un cuestionamiento en juicio no sería suficiente para deducir daño moral, toda vez que la pregunta en sí misma no implica una afirmación que está condicionada para su validez a una prueba. De hecho, como se mencionó anteriormente, las preguntas en juicio son parte fundamental de la defensa de cualquier inculpado conforme al principio de contradicción que forma parte de la garantía de audiencia de las partes en todo juicio (Art. 14 constitucional). Las preguntas no son materia de prueba en juicio, sino sólo el vehículo para verificar ciertos hechos. El abogado César de Castro formuló preguntas en los siguientes términos: ¿Recuerda hablar de que se le pagó a AMLO siete millones de dólares? ¿recuerda haber pagado mediante Gabriel Regino siete millones de dólares para la compaña de AMLO contra Fox? Más aún, el juez de la causa pudo rechazar el planteamiento de la pregunta por ser incorrecta la estructura misma y/o por ser inapropiada para el fin que se buscaba, sin embargo, hasta donde el suscrito tiene conocimiento la pregunta no fue objetada por el juez y, por lo tanto, fue contestada por el testigo en turno negando el hecho. De ser correcta mi apreciación, es probable que no haya suficientes elementos para la procedencia de la reclamación planteada por López Obrador. Veámoslo bajo la óptica de la procedencia de la reclamación en cuestión. Supongamos que los abogados estadounidenses le confirman al presidente López la procedencia de su queja. ¿Qué implicaciones prácticas y jurídicas tiene el ejercicio de esta acción?

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RUTH VILLANUEVA CASTILLEJA

SERGIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

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‘EL SIMPLE HECHO DE COMPARECER ANTE UN TRIBUNAL ESTADOUNIDENSE REPRESENTARÍA UNA IMAGEN POCO SOBERANA DE LO QUE TANTO CUIDA EL PRESIDENTE’

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Resulta que el Presidente de México tendría que someterse a la jurisdicción de un juez estadounidense y declarar bajo protesta de decir verdad. ¿Sería conveniente que el Presidente de México en funciones se someta a la jurisdicción de otro país? ¿tendría esto una implicación de vulneración a la soberanía de México? Una cosa es someterse a la jurisdicción de un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyas resoluciones inciden en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, y otra distinta, someterse a la jurisdicción de otro país estando en funciones como Presidente de México. Es verdad que los mandatarios gozan de una inmunidad como jefes de Estado en caso de acudir a juicio. Sin embargo, el simple hecho de comparecer ante un tribunal estadounidense representaría una imagen poco soberana de lo que tanto cuida el presidente López. Es probable que su comparecencia se facilite a través de un video o declaración jurada pero sometido a la jurisdicción de un juez extranjero. El presidente López en su conferencia ante los medios, el 28 de febrero pasado, manifestó el posible motivo por el que estaría ejerciendo una acción de daño moral en EU y dijo que sería bueno conocer quién “sembró” (sic) las preguntas al abogado César de Castro a efecto de que éste las formulara al testigo en turno, lo cual refleja que el Presidente desea obtener información más allá del juicio mismo que se le sigue a García Luna; pareciere que desea saber quién está detrás de la defensa de Genaro García Luna. Si fuere así, el presunto daño moral resultaría más bien la justificación para lograrlo, con lo cual el argumento inicial de limpiar la investidura presidencial con el ejercicio de la acción legal resulta secundario frente a esta nueva revelación. Si el anuncio del presidente López de su posible acción en contra del abogado César de Castro era llamar la atención y generar noticias de impacto, distrayendo así otras más relevantes para el país, me parece que su objetivo se cumplió. Si la idea del Presidente es en verdad limpiar la investidura presidencial y obtener una indemnización, sería bueno que se consiga un buen abogado porque a primera vista la acción de daño que pretende intentar pudiera ser jurídicamente improcedente.

‘DEL ALBA AL CREPÚSCULO. PÁGINAS DE MI VIDA’ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ HACE UN REPASO DE SU VIDA EN UN LIBRO DE MÁS DE 800 PÁGINAS, DESTACA POR SU ESTILO CUIDADO; ES NOTABLE POR LO QUE DICE... Y CALLA

n esta publicación hay más de 80 años de la vida de Sergio García Ramírez. Refiere aspectos familiares, académicos, sociales y profesionales. En ellos, los relativos a su etapa universitaria como estudiante, profesor, investigador, académico y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, por casi 13 años. Son 42 capítulos en los cuales comparte fotografías de documentos, momentos, personas, parte de sus libros y artículos que dejan constancia de toda una vida de esfuerzo, donde los claroscuros han existido y han sido sorteados con entereza y sensibilidad. Como penalista y penitenciarista, dedica capítulos refiriéndose al inicio de su vida profesional. Desde su trabajo en la prisión de Santa Martha, donde “se cruzaban temas del escritor y asuntos del criminólogo”, hasta el capítulo relativo al "Palacio Negro". Su paso como titular en las entonces PGJ y PGR, secretarías de Estado, tribunales, prisiones, y su desempeño en el ámbito político provoca interés; presenta un estilo crítico y pulcro. No podía faltar su paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde durante 12 años, participó de forma relevante. Llegó a ser Presidente de ésta e introdujo el concepto de Control de Convencionalidad. La publicación es enriquecida con experiencias como las vividas en los terremotos de 1985. Y el cambio transitorio que daría pie a las instalaciones que, a la fecha, existen en Reforma 175 como sede de la PGR.

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AUTOR: Sergio García Ramírez EDITADO POR: Porrúa

Incluye vivencias en torno al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a la precandidatura presidencial, su paso por el Tribunal Superior Agrario, por el entonces IFE y por el PRI. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la muerte de José Francisco Ruíz Massieu ocupan páginas emblemáticas. Casi al final de la obra, refiere los reconocimientos y homenajes recibidos nacionales e internacionales. Su emeritazgo otorgado por parte de la UNAM. Su paso por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la cual llegó a presidir en dos ocasiones y al Seminario de Cultura Mexicana al que ha dedicado casi 30 años como “seminarista itinerante", así se autodefine. También, refiere con nostalgia y motivación su participación en grupos, instituciones, academias, comités y fundaciones; da a conocer su faceta como viajante, orador, escritor y editorialista en medios de comunicación. Además, aborda la muerte; hace crónica de un tiempo sombrío, ausencias y batallas, muchas, perdidas por la pandemia. Hace referencia a Carmen, su compañera. Lo hace con reconocimiento y cariño, para concluir la obra con un pliego de peticiones.

PROPIEDAD INTELECTUAL CORPORATIVA EL AUTOR HACE UN VIAJE HISTÓRICO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS EMPRESAS Y LAS INVITA A CULTIVAR LA INNOVACIÓN Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS

n el fondo, la obra se refiere a la evolución del tratamiento jurídico de la propiedad intelectual en las últimas décadas. Concretamente, desde la de 1980. La importancia de explotar económicamente los activos intangibles de las empresas se incrementó por la globalización. Toda vez que múltiples corporaciones se expandieron por el mundo, fue natural que la competencia y la innovación se agudizaran y, por tanto, se requiriera cuidar en extremo los derechos de propiedad intelectual. Ésta, como generadora de riqueza, debe ser materia de esfuerzos divulgadores, como este libro publicado por tirant lo blanch. Ocho capítulos bastan para que el autor, experto en la materia, desarrolle las aristas de la propiedad intelectual de manera docta. Esto último no implica que la exposición resulte agotadora. El estilo y la claridad caracterizan la escritura, de modo que el lector lego pueda comprender el contenido sin esfuerzo. Los temas tratados son, entre otros, los modelos de propiedad intelectual, las formas de protegerla, su utilidad como herramienta de innovación y su influencia en la competitividad. Tarde o temprano, toda persona interesada en el mundo corporativo deberá consultar estas páginas. Las pretensiones del autor no son puramente ilustrativas. Además de ofrecer un panorama suficiente sobre el tema y su regulación en el mundo, deja entrever su faceta de consultor y de litigante, al dar múltiples consejos

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AUTOR: Mauricio Jalife Daher.

EDITADO POR: Tirant lo Blanch.

y recomendaciones a emprendedores. Por ejemplo, Jalife es minucioso al tratar el tema de las franquicias, alentador al sugerir formas para impulsar la cultura de la innovación, y contundente al proponer las mejores prácticas posibles de propiedad intelectual para empresas. Esto es loable porque el número de interesados en sumarse al empresariado es cada vez mayor. Si a lo anterior se añade que la propiedad intelectual representa un activo valorable, que promete riqueza, es evidente que el emprendedor debe tener claro el contexto legal de su aventura empresarial. El influjo de las corporaciones en la marcha del mundo es una realidad. Se alude a ellas en cualquier acercamiento a la actividad económica. Por tanto, es indispensable estar al corriente del manejo de sus activos. En concreto, la propiedad intelectual, en cualquiera de sus manifestaciones, avisa del progreso en la inevitable tendencia del ser humano a innovar. Como apunta Jalife, es preciso “fomentar un más armónico equilibrio de la comunidad de los titulares de derechos en lo particular, con el contexto de la cultura y los intereses de la sociedad en lo general”.

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POR BLANCA IVONNE OLVERA LEZAMA Twitter @ivonne_olez

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ENTRE LA CULTURA Y EL DERECHO

A LAS MUJERES SE LES HAN LIMITADO LAS OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN Y LABORALES, LO CUAL TIENE REPERCUSIONES CULTURALES Y JURÍDICAS QUE NO PODEMOS SOSLAYAR

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

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a inequidad entre los géneros ha tenido como consecuencia la creación de estereotipos en la formación y crianza de los seres humanos. Les son asignadas actividades a las mujeres y a los hombres, determinando desde el uso de tipo de colores, vestimenta, lenguaje, actividades lúdicas, labores del hogar, trabajo, educación y la crianza de los hijos. A las mujeres se les han limitado las oportunidades de educación y laborales frente a los hombres a quienes, al instituirlos como los proveedores del hogar, tienen oportunidades de educación y laborales. Ellos reciben un pago y, con ello, una seguridad económica que muchas mujeres en pleno 2023 todavía carecen. En la vida diaria, constituye rituales que conforman la cultura en las poblaciones. Existen infinidad de prácticas de este estilo, pero sólo haré referencia a algunas: la virginidad en las mujeres antes de casarse, que determina su valor como si se tratara de un objeto, forma parte de los usos y costumbres de los países; la mutilación vaginal se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Irak y Pakistán) y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda. También somos testigos de la venta de niñas para matrimonios infantiles, que ocurre en México, donde tres de cada diez niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres y para matrimonios forzados.

TIPOS DE VIOLENCIA

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Familiar. Cuando el agresor tiene o ha tenido parentesco con la víctima.

Laboral y docente. Se ejerce por las personas con un vínculo de trabajo o educativo.

Feminicida. Forma extrema de violencia; hay violación de sus derechos humanos.

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51 Históricamente el hombre es el que tiene el poder en la toma de decisiones, y han sido ellos quienes deciden sobre las mujeres en el ámbito del hogar en el mundo.

POR CIENTO DE LAS MUJERES CON 15 AÑOS DE EDAD O MÁS HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA.

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No son casos aislados, sino una práctica cotidiana en sus entornos. El valor de la vida de una mujer se considera inferior al de un hombre. Una prueba es el infanticidio femenino que se lleva a cabo en países como India y China, en que los habitantes prefieren concebir hijos hombres, que hijas mujeres. Otro ejemplo cultural está en el lenguaje: La Real Academia Española impuso las reglas de un lenguaje masculino, al estar constituida desde 1713 sólo por hombres. Fue hasta 300 años, después en 1978, que una mujer formó parte de esta academia. Hoy hay 11 mujeres y 486 académicos hombres, totalmente inequitativo en materia de género. Por ello, no podemos considerar el lenguaje español universal y neutro, ni mucho menos incluyente. Apenas empieza ese camino.

CONCIENCIA JURÍDICA

DE LA NACIÓN

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO A. ORTIZ

Derecho LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA BUSCA ACCIONES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS.

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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UN PROBLEMA DE DERECHO Las diferencias culturales entre los géneros y los estereotipos han colocado a la mujer en una situación de desventaja frente al hombre. Históricamente el hombre es el que tiene el poder en la toma de decisiones, y han sido ellos quienes deciden sobre las mujeres en el ámbito del hogar en el mundo. También han sido los hombres quienes han establecido las reglas, traducidas en leyes. Las leyes estaban hechas por hombres. Las leyes dictaban que las mujeres no podían decidir sobre cualquier cosa, incluso sobre la crianza o número de hijos. Ellas estuvieron bajo la tutela de los hombres y, sólo con el consentimiento de su padre, esposo u hombre de su familia, podían realizar ciertas actividades. Así fue como los hombres establecieron la creencia de que las mujeres eran de su propiedad y que las pueden tener, comprar, usar y desechar. Esta creencia generó violencia contra ellas. Las mujeres comenzaron a luchar por la igualdad entre géneros, logrando adquirir derechos: a trabajar, a tener patrimonio, a estudiar y a votar... Fueron ganando espa-

cios en los ámbitos sociales, económicos y políticos. La violencia contra las mujeres constituye un problema de derecho cuando es el derecho, a través de las leyes, el que tiene que regular y sancionar las acciones violentas hacia ellas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece tipos y modalidades de violencia contra mujeres y regula la colaboración entre federación, entidades federativas, municipios, así como de las Secretarias de Salud, Educación, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Instituto Nacional de las Mujeres para la realización de programas y políticas públicas encaminadas para un cambio de la cultura misógina. Asimismo, establece la colaboración de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública para realizar acciones conforme a derecho, en la prevención, investigación y persecución de los delitos de violencia contra mujeres. Tanto la cultura como el derecho forman parte del problema. La cultura de usos y costumbres tiene como resultado estereotipos de género que deben su existencia al derecho, a través de las leyes que crearon la desigualdad, principal factor de la agresión.

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