Bitácora de Seguridad 5

REVISTA BIMESTRAL / OCTUBRE-NOVIEMBRE 2026 / No.5

Mujeres en Seguridad y Justicia ENTREVISTAS CON

FISCALES DE CDMX, DURANGO, PUEBLA Y VERACRUZ

PAULINA SALAZAR,

Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC CDMX

SAYURI HERRERA,

Abogada feminista, defensora de derechos humanos

BITÁCORA DE SEGURIDAD ÁNGEL MIERES ZIMMERMANN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ANTONIO HOLGUIN ACOSTA VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES FRANCO CARREÑO OSORIO DIRECTOR GENERAL ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO DIRECTOR EDITORIAL ANDREA MERLOS LÓPEZ

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DIRECTOR COMERCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

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COORDINADORES

EUNICE RENDÓN CÁRDENAS/ MANUEL PÉREZ PAZ Y PUENTE COORDINACIÓN DE OPERACIONES CREATIVAS CLAUDIA RIEGO EDICIÓN GRÁFICA EMMANUEL ORTIZ / NELLY VEGA EDICIÓN ISABEL OLAYA / ANGELITA PÉREZ INFOGRAFÍA ANI CORTÉS / GERALDINE CRUZ/ DANTE ESCOBAR / ELIHU HERNÁDEZ ALEJANDRO OYERVIDES BITÁCORA DE SEGURIDAD, Número 5, OctubreNoviembre de 2026. Revista Bimestral de Circulación Mixta, Editor Responsable; MANUEL PÉREZ PAZ Y PUENTE. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: En trámite. Certificado de Licitud de Título y Contenido: En trámite. Domicilio de la Publicación: Avenida Insurgentes Sur 1271, Piso 2, Oficina 202, Colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, CP 03740. Imprenta: MAGZA PUBLICITY, SA de CV, Calle Cerro de las Campanas, Ext. 3, int. 408, Colonia San Andrés Atenco, Alcaldía Tlalnepantla de Baz, Estado de México, CP 54040. Distribuida por: Omar Gutiérrez Rivero, Lago Chiem No. 142, Interior A 4, Colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11320. Registro en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación: Pendiente.

Mujeres que transforman la seguridad y la justicia VOCES FEMENINAS DE DIFERENTES ÁMBITOS QUE, DESDE SU POSICIÓN CLAVE, HAN ENFRENTADO DESAFÍOS Y RETOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA Y PERSEGUIR LOS DELITOS EN EL PAÍS. EN ESTE NÚMERO SE LES RECONOCE POR SU VALENTÍA Y ACTUACIÓN ESTRATÉGICA

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ablar de seguridad y justicia en México implica hablar también de las mujeres que, desde distintos espacios y responsabilidades, han dedicado su trayectoria profesional a construir instituciones más sólidas, procurar justicia, prevenir las violencias y proteger a nuestras comunidades. Durante mucho tiempo, la seguridad y la justicia han sido ámbitos predominantemente

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masculinos. Esa realidad se transforma poco a poco. Cada vez más mujeres ocupan posiciones estratégicas, encabezan áreas de seguridad, participan en la toma de decisiones y aportan su experiencia y conocimiento para enfrentar algunos de los desafíos más complejos del país. Sin embargo, persisten retos importantes para que su trabajo sea plenamente reconocido y para garantizar condiciones de igualdad en el acceso a espacios de liderazgo y decisión. Esta edición de Bitácora de Seguridad busca precisamente contribuir a esa tarea: visibilizar su papel, reconocer sus trayectorias y dimensionar la relevancia de sus aportaciones a la seguridad y la justicia en México. En estas páginas convergen funcionarias, fiscales, especialistas, empresarias, directivas y académicas que permiten observar la seguridad y la justicia desde distintos frentes: la seguridad pública y privada, la procuración de justicia, el sistema penitenciario, la prevención del delito, la inteligencia, la innovación y las tecnologías aplicadas a la seguridad. Sus voces ofrecen una mirada amplia sobre los retos actuales y sobre las capacidades que México necesita fortalecer para enfrentarlos. Reunir estas experiencias permite, además, entender que los desafíos de la seguridad y la justicia no pueden abordarse desde una sola disciplina o institución. Requieren coordinación, conocimiento especializado y capacidad para construir respuestas que articulen prevención, investigación, justicia, tecnología y gestión de riesgos. Su creciente presencia está modificando, también, la manera de abordar los desafíos de la seguridad y la justicia. La diversidad de experiencias y perspectivas fortalece la toma de decisiones, amplía las posibilidades de innovación y contribuye a construir respuestas más integrales frente a fenómenos cada vez más complejos. Al mismo tiempo, cada espacio ganado abre posibilidades y genera referentes para las nuevas generaciones. Desde Grupo Heraldo Media Group, asumimos, también, la responsabilidad de abrir espacios para estas voces y contribuir a una conversación pública que reconozca su trabajo, sus aportaciones y el papel que desempeñan en la transformación de la seguridad y la justicia en México. Esta edición de Bitácora de Seguridad es una invitación a conocer a sus protagonistas: sus trayectorias, sus experiencias, los desafíos que han enfrentado y su visión sobre el presente y el futuro de la seguridad y la justicia en México. Visibilizar su trabajo es reconocer lo construido y contribuir a que cada vez más mujeres puedan participar, decidir y liderar en un ámbito fundamental para el futuro del país.

ENTREVISTA PAULINA SALAZAR PATIÑO SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA SSC CDMX

Economista con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de las violencias, participación ciudadana y seguridad. Ha desempeñado diversos cargos en el Gobierno de México, entre ellos en la Presidencia de la República, el entonces CISEN, la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, donde impulsó estrategias de prevención social de la violencia y coordinación interinstitucional.

ESTRATEGIAS POR EL ORDEN PÚBLICO RECONECTA CON LA PAZ Medidas en libertad para evitar reincidencia en jóvenes y adolescentes que cometen un delito por primera vez. ALTO AL FUEGO Reducir homicidios y lesiones por armas en zonas vulnerables mediante la disuasión. SANAR Estrategia de atención integral a víctimas directas e indirectas de la violencia.

LAS MUJERES HEMOS DEMOSTRADO QUE EL LIDERAZGO, LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LA CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA FORTALECEN A LAS INSTITUCIONES

PREVENCIÓN DEL DELITO, UNA MISIÓN DE VIDA SU CAMINO, CONSTRUIDO A BASE DE RETOS Y PROPUESTAS, SÓLO CONOCE LA RUTA QUE SE DIRIGE HACIA LA SEGURIDAD Y COMBATE A LA VIOLENCIA. ÉSE ES EL RUMBO DE PAULINA SALAZAR PATIÑO, SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA SSC CDMX REDACCIÓN

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u trayectoria en diversas dependencias en México y el extranjero ha sido fundamental para el cargo que hoy ostenta: Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX). Paulina Salazar Patiño es firme al cumplir, día a día, la responsabilidad conferida. Sabe lo importante que representa su desempeño y la ejecución de políticas públicas para atender las causas de violencia, acciones que ha desarrollado gracias a su ejercicio profesional en el ámbito de prevención. En una charla con Bitácora de Seguridad, habla de su trayectoria y experiencias que la han fortalecido profesionalmente: “Mi formación es de economista y desde muy temprano me interesó entender cómo generar mayor impacto con los recursos disponibles. Esa inquietud me llevó a estudiar y trabajar en distintos países,

NUESTRA META ES CONSOLIDAR MODELOS QUE PERMANEZCAN MÁS ALLÁ DE UNA ADMINISTRACIÓN, FORTALECER LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMPLIAR LAS INTERVENCIONES TERRITORIALES así como a colaborar en proyectos de desarrollo social con enfoque de género. Posteriormente tuve la oportunidad de desempeñarme en distintas instituciones del Gobierno Federal, como Presidencia, el entonces CISEN y la Secretaría de Gobernación, donde conocí de cerca el trabajo de prevención y de reinserción social. “Una de las principales lecciones ha sido que la seguridad no se construye únicamente reaccionando frente al delito; también requiere coordinación entre instituciones, cercanía con la ciudadanía y políticas públicas capaces de atender las causas que generan la violencia. Esa visión es la que hoy guía nuestro trabajo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito”.

PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN Al desempeñarse en un área tan compleja e indispensable para la ciudadanía, Paulina Salazar es contundente al señalar cuáles son las prioridades de la estrategia de prevención en la Ciudad de México: “Nuestro objetivo es acercar la seguridad a las personas antes de que ocurra la violencia. Para ello trabajamos en varios frentes: participación ciudadana, prevención del delito, atención a víctimas, recuperación de espacios públicos, seguridad escolar, capacitación comunitaria y fortalecimiento de la proximidad policial. “Entre las acciones más relevantes destacan: Reconecta con la Paz, dirigido a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; Alto al Fuego, que busca reducir la violencia armada mediante un modelo de disuasión focalizada y mentorías; y Sanar, una estrategia de atención integral a víctimas directas e indirectas de la violencia. La prevención implica atender tanto los factores de riesgo como las consecuencias que deja la violencia en las personas y las comunidades”. ¿Cómo identifican y priorizan los territorios donde concentran las acciones de prevención? La focalización parte del análisis de información sobre incidencia delictiva, reportes ciudadanos y recorridos per-

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05 Daniel Ojeda

manentes en territorio. A ello se suma el programa de visitas casa por casa y diagnósticos comunitarios que permiten conocer las necesidades específicas de cada colonia. Con esa información se desarrollan intervenciones integrales en los Territorios de Paz, donde no sólo fortalecemos la presencia policial, sino que coordinamos acciones para recuperar espacios públicos, atender a víctimas, trabajar con escuelas, comercios y organizaciones comunitarias. La idea es concentrar esfuerzos donde históricamente han existido mayores condiciones de vulnerabilidad y menor presencia institucional. La prevención requiere coordinación. ¿Cómo trabajan con comunidad, alcaldías, empresas y otros actores para fortalecer la seguridad? Ninguna institución puede prevenir la violencia por sí sola. Nuestro trabajo consiste, precisamente, en articular esfuer-

zos con distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad, alcaldías, escuelas, organizaciones sociales, empresas y ciudadanía. Muchos de nuestros programas funcionan gracias a esa coordinación. Los jóvenes de Reconecta realizan servicio comunitario con diversas instituciones; en Territorios de Paz participan distintas dependencias según las necesidades de cada territorio y mantenemos una relación permanente con el sector empresarial para fortalecer la cultura de la prevención y brindar herramientas frente a delitos como la extorsión. La participación ciudadana es un componente indispensable para construir comunidades más seguras. ¿Qué indicadores muestran que una estrategia de prevención está dando resultados y cuáles son las principales metas de esta administración? Los resultados no se reflejan únicamente en la disminu-

ción de los delitos. También se observan cuando aumenta la confianza entre ciudadanía e instituciones, cuando una víctima recibe atención oportuna, cuando un joven logra romper un ciclo de violencia o cuando una comunidad recupera un espacio público y vuelve a apropiarse de él. Nuestra meta es consolidar modelos que permanezcan más allá de una administración, fortalecer la atención a víctimas, ampliar las intervenciones territoriales y seguir acercando la policía a la ciudadanía con una visión preventiva cercana y humana. MUJERES Y LIDERAZGO Desde que las mujeres asumieron cargos estratégicos en el ámbito de seguridad, se ha notado su desempeño. Paulina Salazar Patiño, como voz autorizada que es, hace una evaluación del avance de las mujeres en este campo y analiza cuáles son los retos persistentes para fortalecer su liderazgo:

“Hoy las mujeres ocupamos cada vez más espacios de decisión en materia de seguridad y hemos demostrado que el liderazgo, la capacidad técnica y la cercanía con la ciudadanía fortalecen a las instituciones. Sin embargo, todavía existen desafíos importantes para consolidar una participación plenamente igualitaria”. Finaliza al señalar que las mujeres tienen que continuar en la lucha para evitar la exclusión: “Debemos seguir impulsando entornos laborales libres de discriminación, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y garantizar que más mujeres accedan a puestos de mando. Al mismo tiempo, es fundamental mantener una perspectiva de género en las políticas de prevención y seguridad, porque comprender las distintas formas en que la violencia afecta a mujeres, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad permite construir respuestas más eficaces y más humanas”.

LAURA ANGELINA BORBOLLA MORENO TITULAR DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA FGR LAURA ANGELINA BORBOLLA MORENO

Abogada, maestra en Derecho Penal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en seguridad y procuración de justicia. Ha desempeñado cargos clave en la entonces PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, el Poder Judicial del Estado de Querétaro y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En la FGJ de la Ciudad de México fue coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y coordinadora de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento.

EL MINISTERIO PÚBLICO

COMO PRIMER GARANTE TODO COMIENZA CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE FINALIZA EN LA SENTENCIA; POR ELLO, LAS DETERMINACIONES INICIALES SON FUNDAMENTALES, COMO EN LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES TRANS, QUE SE DEBE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

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a justicia no comienza en la sala de audiencias frente a un juez, sino en la mesa de un agente del Ministerio Público. El 13 de abril de 2026, la Ciudad de México marcó un hito en América Latina con la sentencia por tentativa de feminicidio en el caso de Natalia Lane. Sin embargo, este logro no fue fortuito; fue el resultado de una decisión técnica, ética y política: integrar la carpeta de investigación con perspectiva de género desde el primer minuto; reconocer y visibilizar la violencia ejercida contra una mujer trans. Esa determinación inicial es la que define, en última instancia, quién accede a la justicia y quién queda en la impunidad. La perspectiva de género

no es una formalidad de protocolo: es el estándar que determina si una investigación es o no constitucionalmente válida. Desde sentencias paradigmáticas como Campo Algodonero, la Corte IDH ha sido inequívoca en su mandato de debida diligencia reforzada. Pero en el caso de las mujeres trans, el marco jurídico exige un paso adicional: acreditar el móvil de identidad o expresión de género desde la investigación inicial. La Ley Paola Buenrostro, vigente en la CDMX desde agosto de 2024, reconoce que el transfeminicidio es una expresión específica de la violencia de género sustentada en estereotipos construidos so-

LA LEY PAOLA BUENROSTRO, VIGENTE EN LA CDMX DESDE AGOSTO DE 2024, RECONOCE QUE EL TRANSFEMINICIDIO ES UNA EXPRESIÓN ESPECÍFICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO cialmente y establece penas de entre 35 y 70 años, justo porque ese odio estructural agrava el delito. No obstante, tipificar no basta: si el agente ministerial no activa esa hipótesis desde la primera diligencia, la norma existe, pero no opera. El estereotipo que paraliza la investigación no es sólo el de “algo habrá hecho para provocarlo”. El Conapred y el Copred

BITÁCORA DE SEGURIDAD Feminicidio y transfeminicidio, una raíz común: Ambos comparten el sustrato de violencia de género, pero el transfeminicidio exige acreditar el móvil de identidad o expresión de género desde la primera diligencia ministerial.

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TRES FASES, UN MISMO IMPERATIVO

La perspectiva de género es exigible en la investigación inicial, en la investigación complementaria y en el juicio oral, con distinta intensidad, pero sin interrupción.

Capacitación evaluable: La formación de los operadores jurídicos debe medirse por resultados procesales concretos, no por horas acumuladas de curso.

Estereotipo como obstáculo institucional: Convertir la identidad trans o la ocupación de la víctima en argumento para la inacción no es una falla operativa, es una violación de derechos humanos imputable al Estado.

ILUSTRACIÓN: Ani Cortés

han advertido que cuando se trata de mujeres trans, especialmente trabajadoras sexuales, la identidad y la ocupación de la víctima se convierten en argumento para la inacción institucional. Convertir a la víctima en corresponsable de la violencia que sufrió no es un error burocrático: es una violación a los derechos humanos imputable al Estado, que perpetúa la impunidad en un contexto donde, según la Enadis 2022, seis de cada 10 personas en México consideran que los derechos de las personas trans se respetan poco o nada. Para que la justicia sea efectiva, la perspectiva de género debe operar en tres momentos procesales diferen-

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO NO ES UNA FORMALIDAD DE PROTOCOLO: ES EL ESTÁNDAR QUE DETERMINA SI UNA INVESTIGACIÓN ES O NO CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA ciados. En la investigación inicial, el estándar de vinculación a proceso no puede construirse descartando la hipótesis de transfeminicidio sin agotarla. En la investigación complementaria, el Ministerio Público y la víctima con asesoría jurídica robustecen la teoría del caso: peritajes psicosociales, contexto de violencia estructural y acervo probatorio sufi-

ciente para superar la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. En el juicio oral, una investigación así construida es la única garantía real contra la revictimización: la víctima y orienta al tribunal para condenar en justicia. El caso Natalia Lane demuestra que cuando la procuración de justicia asume su liderazgo técnico, la reparación integral es posible. La pregunta que le corresponde responder a nuestras instituciones sigue siendo: ¿qué debemos hacer para que la debida diligencia con perspectiva de género y la garantía de los derechos humanos, en su conjunto, se conviertan en el estándar inquebrantable del Estado?

70.1% DE MUJERES EN MÉXICO HAN VIVIDO VIOLENCIA DE GÉNERO.

76.2% DE MUJERES EN CDMX HAN SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO.

93.2% DE LOS DELITOS EN MÉXICO: SIN DENUNCIA NI CARPETA.

JAZMÍN BORBÓN OCHOA LICENCIADA EN PSICOLOGÍA CON MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES. CONSIDERADA UNA PIONERA EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE EL INTERNAMIENTO

Actualmente es directora general de prevención y reinserción social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Nayarit. Durante 24 años ha recorrido los pasillos de los Centros Penitenciarios de México donde ha sido jefa de área, subdirectora técnica, directora técnica, así como directora general de distintos centros federales de readaptación social

DIRECTIVOS PENITENCIARIOS:

MODELO EN CENTRO ESTATAL DE NAYARIT Los altos mandos en la entidad cuentan con un esquema especial de preparación que se compone de distintas actividades.

SALUD MENTAL OLVIDADA UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA RED DE PRISIONES EN MÉXICO ES LA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, ¿PERO CÓMO EXIGIRLES TAL SITUACIÓN SI ALTOS MANDOS DE LOS PENALES CARECEN DE EQUILIBRIO EMOCIONAL?

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n ocasiones resulta necesario recordar que no podemos construir un sistema penitenciario sano con funcionarios enfermos. El sistema penitenciario mexicano tiene el propósito constitucional de lograr la reinserción social, minimizar el riesgo público y contribuir a la construcción de un país más seguro. Sin embargo, hay una contradicción que cuesta aceptar. Pedimos a las personas privadas de la libertad que se transformen, que desarrollen nuevos hábitos, que sanen sus vínculos, que amen lo que hacen y que construyan una vida nueva, pero ¿cómo podemos exigirles ese proceso a las personas privadas si quienes están al frente de los penales no tienen la salud mental, emocional y física para inspirarlo? Durante una evaluación que concentró a los directo-

res generales de penales federales durante tres meses, se encontró que la mayoría estaban divorciados, sin una pareja estable, con diagnósticos relacionados con el sistema nervioso alterado, insomnio crónico, malos hábitos alimenticios y síntomas de ansiedad. El desgaste era visible, en muchos casos, había apatía, pérdida de vocación y desconfianza hacia las instituciones. Ése fue mi punto de quiebre. Un mando que no gestiona bien el estrés no toma decisiones alineadas a la normatividad, sino por impulso. Un director sin equilibrio emocional puede establecer relaciones inadecuadas con grupos de población interna, caer en depresión crónica o perder la capacidad de liderar equipos. Las consecuencias son directas: desde una mala administración del conflicto hasta situaciones de riesgo extremo, como

LA SALUD MENTAL DE LOS ALTOS MANDOS PENITENCIARIOS NO ES UN TEMA DE BIENESTAR PERSONAL: ES UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA intentos de motín o tomas de rehenes. La salud mental de los altos mandos no es un tema de bienestar personal, es un tema de seguridad pública. En el centro estatal donde hoy trabajo, en Nayarit, hemos implementado un modelo que

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Entrenamiento cerebral con tecnología y sesiones de estimulación psicoafectiva.

Resultados:

Mayor cohesión de equipo y toma de decisiones más asertivas. Asimismo, liderazgo rotativo y personal que vuelve a creer en lo que se hace.

Entrenamiento físico tres veces por semana con acompañamiento terapéutico.

ILUSTRACIÓN: Ani Cortés

incluye entrenamiento físico tres veces por semana, acompañamiento terapéutico, técnicas de entrenamiento cerebral con tecnología y sesiones de estimulación psicoafectiva. Los resultados son evidentes: mayor cohesión de equipo, toma de decisiones más asertiva, liderazgo rotativo y personal que vuelve a creer en lo que hace. La capacitación especializada en salud mental, liderazgo, manejo del estrés y resolución de conflictos debe ser un requisito normativo para todos los funcionarios de mando del sistema penitenciario, tanto

LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL, LIDERAZGO Y MANEJO DEL ESTRÉS DEBE SER UN REQUISITO NORMATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS DE MANDO DEL SISTEMA PENITENCIARIO federal como estatal, que se contemple en los planes estratégicos de las Secretarías de Seguridad y en la Academia Nacional Penitenciaria. Que no sea opcional ni eventual, sino una política pública sostenida. El sistema penitenciario

no es el último eslabón de la seguridad, es una palanca de transformación social, pero para activarla necesitamos líderes que estén bien. La salud mental de quienes custodian la seguridad de México no puede seguir siendo invisible. Hoy más que nunca necesitamos hablar de salud mental en las prisiones, no sólo para las personas privadas de la libertad, sino también para quienes tienen la responsabilidad de dirigirlas, porque detrás de cada uniforme y cada cargo, hay seres humanos. Y cuidar de ellos también es seguridad.

Se exige a las personas privadas de libertad que se transformen, mientras los funcionarios que deben inspirar ese proceso operan sin ningún acompañamiento emocional Un mando sin equilibrio emocional toma decisiones por impulso, pierde autoridad moral frente a su equipo y representa un riesgo real ante situaciones críticas

DELITOS MÁS COMUNES

En México, los delitos más frecuentes se clasifican, principalmente, en delitos patrimoniales (del fuero común) y delitos de violencia interpersonal. Las estadísticas del INEGI muestran lo siguiente:

Delitos patrimoniales y contra el bolsillo

Fraude y extorsión: representan, en conjunto, más del 57%: fraudes al consumidor, fraudes bancarios, extorsiones telefónicas y “cobro de piso”.

MARIBEL CERVANTES MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

Robo total o parcial de vehículo: representa aproximadamente el 5.6% de los delitos.

Robo o asalto en calle o transporte público: representa

alrededor del 25.5% de la incidencia delictiva.

@MARIBEL_CG17

ILUSTRACIÓN: Dante Escobar Cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas relacionadas con la seguridad internacional y pública y ha ocupado cargos en diversas instituciones como subdirectora de análisis en el CISEN, fue comisionada general en la Policía Federal, así como secretaria de seguridad en el Estado de México. Actualmente es directora de seguridad corporativa de HSBC para México y Latinoamérica.

MENOS HOMICIDIOS,

LA MISMA VIOLENCIA LA REDUCCIÓN DE ASESINATOS NO HA FRENADO EL MIEDO, LA EXTORSIÓN NI EL CONTROL CRIMINAL EN MÉXICO; PRUEBA DE ELLO ES QUE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CONTINÚA EN ASCENSO

CIFRA NEGRA Son los delitos que no se denuncian o no se investigan. Van del 93% al 97%. Su medición se apoya en encuestas de victimización, más que en cifras de denuncias formales.

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a reducción de homicidios en México, de acuerdo con cifras oficiales, representa un dato relevante y positivo. Sin embargo, resulta insuficiente para sostener que el país experimenta una disminución real de la violencia. El gobierno federal presume una

baja sostenida en asesinatos dolosos durante los últimos meses e, incluso, señala que abril registró una reducción cercana al 40% con respecto a septiembre de 2024, cuando inició la actual administración. Aunque una disminución sostenida de homicidios sí

implica avances importantes en determinadas regiones, el problema surge cuando ese indicador pretende convertirse en sinónimo absoluto de seguridad pública. La percepción ciudadana continúa reflejando otra realidad. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI confirma esa paradoja: más del 60% de la población se siente insegura en su ciudad. La percepción también es una forma de realidad social. Mientras el gobierno destaca cifras positivas, millones de personas

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Delitos violentos y de alto impacto Delitos contra las mujeres: en este rubro, el mayor es el feminicidio con 98% (rapto, trata, lesiones culposas, son otros destacados). Violencia familiar: el más común en su tipo y representa un aproximado del 5%. Mujeres y menores, los más afectados. Delitos sexuales: representan alrededor del 4% de los crímenes reportados (violación, abuso y acoso).

Homicidio doloso: aunque su letalidad es muy alta, a nivel nacional apenas alcanza el 0.5% aproximadamente en los primeros meses del 2026.

continúan viviendo bajo miedo cotidiano. La explicación es compleja, pero evidente. La violencia en México dejó de expresarse únicamente en homicidios y grandes enfrentamientos. Hoy también se manifiesta mediante desapariciones, extorsiones, robos, asaltos y cobro de piso, delitos que permiten a grupos criminales ejercer control territorial y social sin necesidad de incrementar necesariamente el número de asesinatos. Esa violencia cotidiana altera directamente la vida pública y muchas veces ni siquiera se denuncia. El miedo, la desconfianza hacia las autoridades y la percepción de impunidad han provocado que buena parte de estos delitos permanezcan fuera de las estadísticas oficiales. En este contexto, uno de los mayores problemas sigue siendo el debilitamiento de las instituciones locales de seguridad. Los municipios, primer contacto ciudadano frente a la delincuencia, operan con policías mal pagadas, escasa capacitación, poco equipamiento y capacidades limitadas de inte-

ligencia e investigación. A ello se suma la reducción de recursos destinados a fortalecer corporaciones estatales y municipales. El programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por ejemplo, aportaba alrededor de 4 mil millones de pesos en 2020, pero desapareció del presupuesto federal en 2021, mientras crecían los recursos asignados a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional. La consecuencia ha sido clara: instituciones locales debilitadas frente a organizaciones criminales con mayor capacidad económica, operativa y territorial. La impunidad, la corrupción y la fragilidad institucional continúan siendo factores centrales de la crisis de seguridad. Por otra parte, el país sigue sin discutir seriamente las causas estructurales de la violencia. El debate público se ha concentrado más en la confrontación política que en la construcción de diagnósticos profundos y políticas integrales de prevención. Durante años se apostó a que los programas sociales serían, por sí mismos, un

UNO DE LOS MAYORES PROBLEMAS SIGUE SIENDO EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES LOCALES DE SEGURIDAD mecanismo suficiente para disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Sin embargo, los resultados han sido limitados porque el problema no depende únicamente de pobreza o falta de ingresos, también influyen la ausencia del Estado, la desintegración comunitaria, las adicciones, la falta de oportunidades reales y la normalización de la violencia en numerosas regiones del país. El involucramiento de jóvenes en economías criminales continúa creciendo sin que existan políticas sólidas de recuperación comunitaria, salud mental o reconstrucción del tejido social en zonas bajo influencia del crimen organizado. A ello debe añadirse otro elemento: la nueva narrativa de seguridad impulsada por el actual gobierno. La prioridad otorgada al combate frontal contra grupos criminales ha colocado diariamente en la agenda pública enfrentamien-

MÁS DEL

60% de la población se siente insegura en su ciudad.

tos, decomisos, detenciones y aseguramientos de laboratorios clandestinos. Aunque estas acciones buscan mostrar capacidad operativa del Estado, también contribuyen a reforzar la percepción de que el país permanece atrapado en un escenario permanente de violencia. Las contradicciones son evidentes. Mientras el discurso oficial se concentra en despliegues federales y resultados estadísticos, gran parte de los delitos que afectan la vida cotidiana continúan creciendo o permanecen desatendidos por autoridades locales debilitadas. La violencia en México cambió de rostro. Ya no sólo se expresa en masacres o escenas espectaculares, sino en el temor cotidiano, el control criminal silencioso y la erosión gradual de la vida pública. Por eso, aunque bajen los homicidios, la violencia persiste como humedad: silenciosa, constante y profundamente arraigada. El problema de fondo sigue prácticamente intacto y el país continúa postergando una discusión seria sobre sus verdaderas causas.

PRESENCIA Y POSICIÓN

Municipal Entre 2010 y 2022, la mujer en funciones de seguridad pública municipal aumentó 103.4%; en 2022, sólo 8.8% de los titulares de instituciones municipales de seguridad eran mujeres.

Mayor nivel escolar En policías estatales, 19% de ellas contaba con licenciatura, frente a 11.1% de ellos; aun así, sólo 0.1% ocupaba cargos de comisaria, frente a 0.5% de los hombres (2023).

SOPHIA HUETT CONSULTORA, CONFERENCISTA Y ESPECIALISTA EN SEGURIDAD PÚBLICA, INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Guardia Nacional De más de 126 mil integrantes, en 2023 sólo 13 mujeres ocupaban el grado de comisaria y 252 el de inspectora.

@SOPHIAHUETT

Más de 20 años de experiencia en Policía Federal, Presidencia de la República y Gobierno del Estado de Guanajuato. Doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato.

¿QUIÉN FALTA AL DECIDIR NUESTRA SEGURIDAD? LA EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES SUGIERE QUE LA PRESENCIA DE MÁS MUJERES EN PUESTOS DE AUTORIDAD ROBUSTECE EL RESPALDO A LAS INSTITUCIONES, OPTIMIZA EL TRATO A VÍCTIMAS Y ACRECIENTA LA CONFIANZA PÚBLICA

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as mujeres ya están aquí. Patrullan calles, investigan delitos, procesan información de inteligencia y, en limitadas ocasiones, ocupan posiciones de liderazgo dentro de las instituciones de seguridad pública. Su presencia ya no es una excepción y

seguirá creciendo en los próximos años. La pregunta ya no es si deben estar, sino cómo aprovechar mejor sus capacidades para fortalecer la calidad de las decisiones. La respuesta importa porque las decisiones en materia de seguridad tienen efectos di-

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ES UNA REALIDAD CRECIENTE QUE PLANTEA NUEVOS DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN Y EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL

BITÁCORA DE SEGURIDAD Comunidad policial En la Encuesta de Autopercepción Policial de Guanajuato, 84.5% del personal apostó por más mujeres al mando; 73.6% estimó que ello daría beneficios institucionales (2024).

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Más mujeres gobernando, no así al mando Pese al crecimiento de mujeres en gubernaturas y otros espacios de representación política, entre 2024 y 2025 sólo hubo una mujer al frente de una SSP estatal en el país.

ILUSTRACIÓN: Geraldine Cruz

rectos sobre los derechos humanos, la atención a víctimas y la construcción de condiciones de paz. En un contexto marcado por la delincuencia organizada, las desapariciones, la violencia familiar, los delitos digitales y una creciente exigencia ciudadana, las instituciones necesitan comprender realidades cada vez más diversas y complejas. La evidencia internacional muestra que los equipos de liderazgo integrados por personas con trayectorias distintas cuentan con mayores herramientas para identificar riesgos, analizar problemas complejos y construir soluciones más integrales, no porque exista una forma femenina o masculina de ejercer el liderazgo, sino porque la diversidad amplía la capacidad de análisis. Experiencias en países como Canadá y Reino Unido sugieren que una mayor participación de mujeres en espacios de decisión puede contribuir a fortalecer la legitimidad institucional, la atención a víctimas y la confianza ciudadana.

LA DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN PUEDE FORTALECER LA CALIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL Y LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PERSISTEN DESAFÍOS COMO LA TOKENIZACIÓN, LA BAJA PARTICIPACIÓN EN POSICIONES DE MANDO E INSUFICIENTE CONSIDERACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE CUIDADO Si una mayor participación puede enriquecer los procesos de decisión, resulta relevante distinguir entre perspectiva de género y justicia de género, conceptos que con frecuencia se confunden. Mientras la primera permite identificar cómo las decisiones públicas impactan de manera diferenciada a distintos grupos de población, la segunda busca que

los servicios públicos respondan de forma más equitativa a las necesidades sociales. En seguridad, ambas fortalecen la protección de los derechos humanos y la capacidad institucional para atender distintas formas de violencia. Sin embargo, incrementar la presencia de mujeres no garantiza por sí mismo una mayor diversidad en la toma de decisiones. Uno de los desafíos es la tokenización: incorporar mujeres a posiciones visibles sin influencia real en los procesos estratégicos. Cuando esto ocurre, las instituciones proyectan una imagen de inclusión, pero desaprovechan capacidades que podrían enriquecer sus resultados. A ello se suman obstáculos prácticos que continúan influyendo en muchas trayectorias profesionales. Las responsabilidades de cuidado impactan de manera diferenciada en instituciones caracterizadas por jornadas extensas, movilidad constante y alta disponibilidad, condiciones que suelen ser

consideradas requisitos para el ascenso y el acceso a posiciones de mando. La experiencia internacional demuestra que es posible enfrentar estos desafíos mediante procesos transparentes de promoción y ascenso, programas de liderazgo, incorporación transversal de la perspectiva de género, mecanismos para prevenir la tokenización, reconocimiento de las redes de cuidado e indicadores que permitan medir la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión. La discusión sobre las mujeres en las instituciones de seguridad no debe entenderse como un debate entre géneros. Se trata, en realidad, de una conversación sobre la calidad de las decisiones públicas. En un entorno cada vez más complejo, aprovechar plenamente las capacidades disponibles puede convertirse en una de las mayores fortalezas institucionales para proteger derechos humanos y construir condiciones más sólidas de paz.

SUSANA VANESSA OTERO GONZÁLEZ CONSULTORA SR. EN SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO SUSANAVANESSA01

Cuenta con más de 15 años de trayectoria en instituciones públicas, organismos multilaterales, cuerpos policiales y espacios de consultoría estratégica. Trabajó en distintas instituciones como en el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la Conavim y la Secretaría de Seguridad del Estado de México

MUJERES EN SEGURIDAD: ¡COMPROMISO, RESILIENCIA Y SERVICIO! EN LA ACTUALIDAD, LAS MUJERES HEMOS LLEGADO A ESPACIOS DONDE ANTES ERA IMPOSIBLE PENSARLO, ROMPIENDO ESTEREOTIPOS AL PONER DE MANIFIESTO LA CAPACIDAD PROFESIONAL E INTELIGENCIA

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a presencia de las mujeres en la seguridad pública y privada es, en sí misma, una historia de resistencia. Durante décadas, se nos ha dicho que ése no era nuestro lugar: que la fuerza, la estrategia, el mando y el riesgo pertenecían a otros. Sin em-

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GRÁFICO: Alejandro Oyervides

bargo, paso a paso, con una mezcla de valentía, insistencia y terquedad, las mujeres hemos abierto puertas que no estaban diseñadas para nosotras. Hoy, nuestra participación no sólo transforma instituciones, sino que redefine lo que significa proteger, liderar y sostener la vida en contextos de violencia y complejidad. Las mujeres que han ingresado a corporaciones policiales, fuerzas armadas, empresas de seguridad o áreas de inteligencia han tenido que enfrentar retos, como demostrar su capacidad profesional y, al mismo tiempo, desmontar prejuicios y estereotipos profundamente arraigados. Sin embargo, no bastaba con dominar tácticas operativas, análisis de riesgo o protocolos de intervención; también

se debe sobrevivir a entornos donde la autoridad femenina es cuestionada, minimizada o vigilada con lupa. Aun así, y en un acto de persistencia, hemos construido una nueva forma de ejercer la seguridad: más humana, más estratégica y más consciente del impacto social. En el ámbito operativo, las mujeres hemos demostrado que la seguridad no depende de la fuerza física, sino de la inteligencia, la táctica, la disciplina y la capacidad de leer contextos complejos. En áreas de investigación, hemos roto inercias al incorporar metodologías interseccionales, más sensibles a las víctimas, especialmente en delitos de género, desapariciones y violencia familiar. En la seguridad privada, han profesionalizado equipos, elevado estándares y abierto espacios

de liderazgo que antes parecían inalcanzables. La presencia de miles de mujeres en el ámbito de la seguridad ha obligado a las instituciones a modernizarse, a reconocer que la diversidad no es un adorno, sino un requisito para la eficacia. Pero quizá el mayor reto superado ha sido el de la legitimidad. Las mujeres hemos demostrado que nuestra autoridad no necesita imitar modelos masculinos para ser respetada. Hemos construido liderazgos propios: firme sin ser violento, empático sin ser débil, estratégico sin perder humanidad. Un liderazgo que entiende que la seguridad no es sólo contención, sino prevención; no sólo reacción, sino cuidado; no sólo fuerza, sino justicia. Hoy, las mujeres en la seguridad pública y privada no

HOY, NUESTRA PARTICIPACIÓN NO SÓLO TRANSFORMA INSTITUCIONES, SINO QUE REDEFINE LO QUE SIGNIFICA PROTEGER, LIDERAR Y SOSTENER LA VIDA EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA Y COMPLEJIDAD somos excepción ni cuota: somos columna vertebral. Somos analistas, comandantes, escoltas, peritas, operadoras, directoras, instructoras, quienes sostienen procesos, quienes innovan, quienes acompañan a víctimas, quienes enfrentan riesgos con una mezcla de profesionalismo y convicción ética. El avance no ha sido sencillo, cada paso que damos abre camino para que otras lleguen más lejos.

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PASIÓN POR EL OFICIO La vocación policial nace mucho antes del uniforme

EDITH ARACELI RODRÍGUEZ NAVARRO TITULAR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Diplomada en Mando Policial y Gestión Estratégica para Mandos Policiales. Cuenta con más de 17 años de experiencia en materia policial desempeñando cargos operativos, administrativos y de alta dirección

La seguridad pública es una tarea profundamente humana Las nuevas generaciones llegan con una visión distinta

La permanencia también transforma instituciones

La experiencia en territorio importa. Proteger y servir sigue siendo el centro de la profesión

L PROTEGER Y SERVIR: MÁS ALLÁ DEL UNIFORME

UNA MUJER QUE DECIDE SER POLICÍA NO PERSIGUE EL EJERCICIO DEL PODER Y EL MANDO; LA SATISFACCIÓN SE CENTRA EN UN PROYECTO DE VIDA Y EL AUXILIO HACIA LOS DEMÁS FRENTE A LOS PELIGROS E INJUSTICIAS

a profesión policial suele interpretarse desde una lógica equivocada. Se piensa en autoridad, fuerza y control. Se habla de patrullas, armamento, operativos y detenciones. Pocas veces se reflexiona sobre la motivación profunda que lleva a una persona a elegir ese camino. Porque nadie dedica años de preparación, jornadas interminables, riesgos personales y sacrificios familiares únicamente por un empleo. Detrás de cada policía existe una historia, una convicción y un proyecto de vida. Y, en muchas ocasiones, esa historia comenzó mucho antes del uniforme. No todas las niñas crecimos imaginando una fiesta de XV años. Algunas crecimos haciendo preguntas incómodas: ¿Por qué quien hace daño no siempre recibe un castigo? ¿Por qué algunas personas

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ILUSTRACIÓN: Dante Escobar

sufren mientras otras sólo observan? Mientras otras personas aprendían que el mundo era imperfecto, algunas desarrollamos una obsesión silenciosa por entender cómo corregirlo. Era demasiado joven para comprender la complejidad de la violencia, la delincuencia o la impunidad, pero existía una intuición persistente: si algo estaba mal, alguien debía tener la posibilidad de intervenir. Con el tiempo, esa inquietud tuvo nombre: vocación de servicio. Y para algunas personas como yo, esa vocación tomó la forma de un uniforme. Por eso decidí ser policía. No porque buscara ejercer poder sobre otros ni porque creyera que un uniforme resolvería los problemas. Elegí esta profesión porque me incomodaba la pasividad, porque nunca aprendí a mirar hacia otro lado. Mientras

NO TODAS LAS NIÑAS CRECIMOS IMAGINANDO UNA FIESTA DE XV AÑOS. ALGUNAS CRECIMOS HACIENDO PREGUNTAS INCÓMODAS: ¿POR QUÉ QUIEN HACE DAÑO NO SIEMPRE RECIBE UN CASTIGO? algunas personas aprendían a convivir con la injusticia, otras nunca dejamos de creer que era posible hacer algo. Hoy sé que esa misma motivación habita en muchas de las personas que ingresan a las instituciones de seguridad y justicia. No llegan buscando un trabajo, llegan porque piensan que pueden hacer algo y porque no quieren quedarse observando. Quizá por eso cada vez más mujeres están ocupando estos espacios. Según el INEGI, las mujeres represen-

20% DE LA GUARDIA NACIONAL ESTÁ INTEGRADA POR MUJERES

29% DE LAS POLICÍAS ESTATALES SON MUJERES

tan aproximadamente 29% de las policías estatales y 20% en la guardia nacional, su participación en las corporaciones policiales ha crecido de manera sostenida durante la última década y las academias muestran generaciones cada vez más equilibradas. Pero el cambio más importante no está únicamente en los números. Muchas de quienes ingresamos hace años permanecemos en las instituciones. Hemos construido carrera, acumulado experiencia y ocupado espacios de responsabilidad desde los cuales podemos influir en decisiones que cambian la vida de miles de personas. Hoy existe una generación de mujeres policías que ha visto de cerca el dolor de las víctimas, que ha escuchado historias de pérdida, que ha trabajado en territorio y que

entiende que detrás de cada indicador existe una persona esperando protección y justicia. Tal vez nunca logremos arreglar el mundo por completo, pero quienes elegimos esta profesión sabemos que cada acto de protección, cada decisión justa y cada política pública acertada pueden cambiar la vida de alguien. La seguridad pública sigue siendo una tarea profundamente humana. Necesita personas preparadas, sí, pero también personas capaces de comprender el dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes buscan ayuda. Personas que entiendan que detrás de cada injusticia existe alguien que espera protección y que la indiferencia nunca puede ser una opción. Y quizá ésa sea la verdadera razón por la que algunas decidimos convertirnos en policías.

KATY SALINAS PÉREZ FISCAL DE LAS MUJERES Y LA NIÑEZ EN COAHUILA @KATYSALINASP

Abogada penalista, doctora en Derecho Penal con especialidad en violencias de género contra las mujeres y niñas. Con más de 27 años en el servicio público en el ámbito de procuración de justicia, ha sido directora de los Centros de Justicia para las Mujeres y del Instituto Coahuilense de las Mujeres

M REVICTIMIZACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN MÉXICO EXISTE GRAN NÚMERO DE PROTOCOLOS PARA IMPARTIR JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO, PERO LA PREGUNTA SERÍA SI LAS LEYES DE NUESTRA LEGISLACIÓN HAN SIDO SUFICIENTES Y EFICACES EN FAVOR DE MUJERES Y NIÑAS

ucho hemos hablado de la justicia con perspectiva de género tratándose de delitos cometidos contra mujeres y niñas; hemos escuchado no sólo en México, sino en América Latina de múltiples protocolos para “juzgar con perspectiva de género”, pero nunca nos hemos detenido a reflexionar si realmente es necesario un protocolo para lograr la justicia que tanto esperan las mujeres y niñas cuando viven violencias por su condición de mujer o si será que las leyes existentes no han alcanzado dicho parámetro. Hablemos de un claro ejemplo: el Código Nacional de Procedimientos Penales vi-

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LEGISLACIONES DE NUESTRO PAÍS COMO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CARECEN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

ILUSTRACIÓN: Dante Escobar

gente en México. Al ser dicha legislación la que regula todos los procesos penales, evidentemente es una herramienta legal necesaria para los millones de mujeres en el país que viven violencias de género y que se enfrentan a un proceso penal, que inicia desde una denuncia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al cierre del mes de abril del año en curso, se han iniciado casi 88 mil carpetas de investigación por el delito de violencia familiar. Pues bien, en este Código, por desgracia, las y los legisladores olvidaron que las necesidades y demandas apremiantes de las víctimas no son las

LA DEMANDA DE LAS MUJERES MEXICANAS EXIGE QUE LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS ADOPTE UN MODELO INTEGRAL DE JUSTICIA CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL CIERRE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE HAN INICIADO CASI 88 MIL CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR mismas; es decir, se olvidaron de la justicia con perspectiva de género y se ha pretendido incorporarla en los protocolos, pero no en la ley.

No obstante, el Código otorga el mismo trato de manera indiscriminada a las víctimas, sin atender a sus necesidades, a sus posibilidades, a su disponibilidad, incluso, para comparecer ante las autoridades (por ello, en lo personal he acuñado el término “víctimas indisponibles” para aquéllas que no están en condiciones de enfrentar un proceso penal por múltiples factores no atribuibles a ellas). Y esto es así porque para resolver las causas penales contempla algunas soluciones alternas del proceso, como la suspensión condicional del proceso que implica que la persona imputada no irá a juicio, a cambio de reparar el daño y de someterse a ciertas medi-

das de supervisión judicial. La problemática radica en que de acuerdo con el contenido de los artículos 192 y subsecuentes del Código, la suspensión tiene como eje central la reparación del daño y cumplimiento de ciertas condiciones (como no acercarse a la víctima, no volver a violentarla, etcétera) que, por cierto, su supervisión y cumplimiento no están garantizados, pues las capacidades de las autoridades competentes en el país se encuentran rebasadas. La carencia de perspectiva de género en esta legislación queda de manifiesto desde el momento en el que se ha maquillado en el Código esta “salida alterna” que constituye realmente una vía conciliatoria en el delito de violencia familiar que está prohibida por tratados internacionales como Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, por la imposibilidad de “mediar” o “conciliar” entre partes que no cuentan con igualdad de condiciones, dado el sistema de control del agresor hacia la víctima. Por tanto, resulta urgente un análisis integral de la legislación en México, en específico del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr la transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos judiciales en materia penal, que visibilicen el contexto de las mujeres y, por ende, generen procedimientos más cercanos, justos y acordes con sus realidades.

ENTREVISTA LISBETH AURELIA JIMÉNEZ AGUIRRE FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

Sólida formación en Derecho Penal y administración de justicia. Carrera ascendente en el Poder Judicial de Veracruz desde hace 25 años. Algunos cargos: Jueza de Control y Enjuiciamiento, magistrada en materia penal. Además: presidenta de la Primera Sala Penal y presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura del estado. Estudios de posgrado en Ciencias Penales, Derechos Fundamentales y Criminología, entre otros. Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, estado de donde es originaria.

EN NUESTRA ENTIDAD EXISTE COLABORACIÓN PERMANENTE, CADA MAÑANA DESDE LAS MESAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ ENCABEZADAS POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO SE DISEÑAN, EJECUTAN Y EVALÚAN ESTRATEGIAS CONJUNTAS

LARGO CAMINO AL SERVICIO DE LA JUSTICIA DESPUÉS DE 25 AÑOS DE DESEMPEÑO EN EL PODER JUDICIAL DE SU NATAL VERACRUZ, LISBETH AURELIA JIMÉNEZ AGUIRRE ESTÁ DECIDIDA A MARCAR UN PRECEDENTE EN LA INSTITUCIÓN, AHORA COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO REDACCIÓN

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n diciembre del 2025 asumió el cargo de fiscal general del estado de Veracruz; sin embargo, la trayectoria de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre en el campo del Derecho Penal es muy amplia, si tomamos en cuenta que inició como auxiliar administrativo en el Tribunal Superior de Justicia hasta llegar a la titularidad de la Fiscalía en su entidad. Cabe decir que, en la elección judicial pasada, fue electa por un periodo de nueve años como magistrada en Materia Penal, cargo del que se separó para asumir el rol que hoy ostenta. Ahora, como fiscal, comenta a Bitácora de Seguridad que su formación profesional ha sido básica en el desempeño de sus nuevas responsabilidades en el ámbito jurídico y procuración de justicia: “Mi formación profesional y personal ha estado marcada por un aprendizaje constante dentro de las instituciones de justicia. Desde mi etapa como estudiante tuve la oportunidad de iniciar mi trayectoria en el Poder Judicial como meritoria, experiencia que me permitió

DESDE LAS PRIMERAS SEMANAS DE MI GESTIÓN SE HA IMPULSADO LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES conocer de cerca el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, aprender de grandes maestras y maestros del Derecho y comprender, desde muy joven, la responsabilidad y el compromiso que implica servir a la sociedad. Fueron años de mucho esfuerzo, pero también de grandes enseñanzas que forjaron en mí el valor de la disciplina y la perseverancia. “Cada uno de los peldaños recorridos dentro de mi carrera judicial me llevó a asumir mayores responsabilidades, siendo una de las más desafiantes desempeñarme como juzgadora en materia penal en una región con una dinámica social compleja y lejos de mi entorno familiar, experiencia que fortaleció mi formación y mi capacidad de decisión. “Tras 25 años de desempeño en el Poder Judicial,

asumí el más alto honor de mi trayectoria al encabezar el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, encomienda que ejercí con profundo compromiso y con la convicción de contribuir al fortalecimiento de la institución que marcó el inicio de mi camino al servicio de la justicia. “Desde esa posición impulsé acciones orientadas al fortalecimiento y modernización de la función judicial, la capacitación permanente del personal y el desarrollo de iniciativas en favor de las mujeres, contribuyendo a un servicio más accesible, eficiente y cercano a la sociedad. “Más allá del alto honor profesional, esa etapa significó la oportunidad de formar parte de un capítulo histórico en Veracruz, al asumir por primera vez tres mujeres la conducción de los Poderes del Estado. Sin duda, este acontecimiento sentó las bases de una visión más humanista y con mayor perspectiva de género. “En definitiva, las experiencias adquiridas en este trayecto me han permitido asumir la Fiscalía General del Estado de Veracruz con un diagnóstico claro de las necesidades

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institucional de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas mediante el incremento de fiscales y policías ministeriales certificados; además, se ha avanzado en la modernización de las áreas de identificación humana en servicios periciales. “De igual forma, se ha mantenido una comunicación estrecha y respetuosa con los colectivos de búsqueda, escuchando directamente sus necesidades. En atención a ello, se ha fortalecido la coordinación con organizaciones nacionales e internacionales para implementar acciones más ágiles y eficaces en la localización de personas". Veracruz es un estado con una diversidad territorial y desafíos importantes en materia de seguridad, ¿cómo equilibrar la atención a delitos de alto impacto con la necesidad de fortalecer la investigación y la atención cercana a la ciudadanía? que enfrenta la procuración de justicia en la entidad”. RETOS Y PRIORIDADES Con una perspectiva amplia de la procuración de justicia, la fiscal Jiménez Aguirre sabe que los retos a enfrentar son muchos. Por ello tiene claro cuáles son las prioridades para fortalecer la capacidad institucional de las fiscalías estatales. “Ante este panorama, considero que uno de los principales retos que enfrentan los órganos encargados de procurar justicia consiste en fortalecer de manera permanente las capacidades de investigación e inteligencia, además de consolidar mecanismos eficaces de coordinación y colaboración interinstitucional. “Como respuesta a estos retos, desde mi llegada a la Fiscalía General del Estado de Veracruz se ha impulsado una estrategia basada en cuatro

ejes fundamentales: la modernización de la procuración de justicia, el fortalecimiento de la operatividad institucional, la coordinación interinstitucional y la capacitación permanente del personal operativo. “Al seguir estas directrices, se han consolidado mecanismos tecnológicos y plataformas digitales orientadas a optimizar la gestión de diligencias ministeriales; además, se ha impulsado la planeación y desarrollo del proyecto de Carpeta de Investigación Digital. “Paralelamente, se ha trabajado en el fortalecimiento del estado de fuerza y de las capacidades operativas tanto de las fiscalías regionales como de las especializadas. Asimismo, se ha impulsado la modernización y el fortalecimiento de los servicios periciales, reconociendo que esta labor constituye un elemento fundamental para la integración de investigaciones

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS QUE ENFRENTAN LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE PROCURAR JUSTICIA CONSISTE EN FORTALECER DE MANERA PERMANENTE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA con rigor científico. “Aunado a ello, la Fiscalía participa activamente en acciones dirigidas a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia, como 'Veracruzana Protegida', iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado y elevada a rango de Ley que ha permitido agilizar la emisión y seguimiento de órdenes de protección, así como mejorar los mecanismos de atención oportuna. “Bajo este mismo enfoque, se ha fortalecido la capacidad

“Si bien la Fiscalía General del Estado es un organismo constitucional autónomo, los desafíos en materia de seguridad y procuración de justicia demandan coordinación estrecha entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno; afortunadamente, en nuestra entidad existe colaboración permanente, cada mañana desde las Mesas de Construcción de Paz encabezadas por la gobernadora del estado se diseñan, ejecutan y evalúan estrategias conjuntas de seguridad, inteligencia e investigación criminal que permiten una reacción operativa más eficaz y una atención prioritaria a los delitos de alto impacto. “Gracias a esta coordinación se han obtenido resultados estratégicos; entre ellos, la detención de objetivos prioritarios y generadores de violencia, la desarticulación de grupos delictivos vinculados

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con secuestro y extorsión y se ha logrado una mayor efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. “Estoy convencida de que la presencia en territorio es crucial; las decisiones que impactan en la seguridad de la población no pueden tomarse detrás de un escritorio, en congruencia con esta visión, desde el inicio de mi gestión he recorrido la entidad para identificar de manera directa las dinámicas delictivas, las necesidades operativas y las problemáticas específicas de cada zona. La presencia en territorio permite reconocer de primera mano las necesidades en materia de infraestructura y atención ciudadana, lo que ha contribuido a impulsar acciones orientadas a dignificar las instalaciones y fortalecer mecanismos de atención". La coordinación entre fiscalías, instituciones de seguridad y otros niveles de gobierno se ha vuelto fundamental. ¿Qué mecanismos considera más efectivos para lograr resultados sostenibles? “Desde mi llegada a la Fiscalía General del Estado, uno de los principales compromisos ha sido precisamente fortalecer la cooperación interinstitucional porque ninguna institución puede enfrentar de manera aislada los desafíos que representan los fenómenos delictivos actuales. “En virtud de ello, desde las primeras semanas de mi gestión se ha impulsado la cooperación interinstitucional mediante la firma de convenios y mecanismos de coordinación con autoridades estatales y federales, organismos autónomos y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de fortalecer el intercambio de información, robustecer las investigaciones y consolidar una actuación más eficaz en la procuración de justicia. “Esta línea de acción es congruente con la directriz que

ha impulsado la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual plantea como eje prioritario la coordinación absoluta entre los distintos órdenes de gobierno. La propia estrategia reconoce que el intercambio de información y los operativos focalizados son fundamentales para la detención de generadores de violencia y la desarticulación de redes criminales. “Con esta línea de trabajo, se ha mantenido una participación activa en reuniones de estrategia, inteligencia y coordinación operativa a través de mesas regionales de seguridad, en las que intervienen fiscalías, corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, mandos militares y representantes de los gobiernos estatales y municipales. “Este trabajo coordinado ha permitido fortalecer el intercambio de información estratégica y desarrollar acciones operativas conjuntas para esclarecer conductas delictivas que, por su naturaleza, rebasan los límites territoriales de las entidades federativas. “Finalmente, el objetivo de cada firma de convenio y reunión de colaboración es lograr

SE HAN CONSOLIDADO MECANISMOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES ORIENTADAS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE DILIGENCIAS MINISTERIALES el esclarecimiento de los hechos en cada carpeta de investigación y alcanzar resultados judiciales que garanticen a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño”. MUJER E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Sin duda, el que una mujer sea la cabeza de una fiscalía es una situación que pertenece a una época reciente; en este contexto, Lisbeth Jiménez comenta si ha encontrado barreras institucionales o culturales en el ejercicio de su función. “Afortunadamente en los últimos tiempos hemos atestiguado un enorme avance en la participación de las mujeres dentro de la vida pública. Hace apenas unos años, era difícil ver una presencia femenina tan activa en la toma de decisiones; eran pocas las magistradas, juezas y fiscales e, incluso, parecía lejano que una mujer pudiera estar al frente de los Poderes del Estado. “Hoy, gracias al esfuerzo, la determinación y la perseve-

rancia de las generaciones que nos antecedieron en la lucha y de quienes continuamos trabajando para abrir camino y superar barreras históricas, esa realidad ha cambiado, ejemplo de ello es que tanto en la federación como en Veracruz somos guiadas por mujeres firmes, preparadas y con sensibilidad social. “No obstante, es importante visibilizar que detrás de estos avances existen realidades complejas que requieren un esfuerzo mayor, muchas mujeres construimos nuestra trayectoria profesional al mismo tiempo que atendemos responsabilidades familiares, lo que implica sacrificios cotidianos que pocas veces se reconocen. En mi experiencia, estas vivencias han sido clave para advertir la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el servicio público. “En este contexto, cobra especial relevancia un postulado que ha impulsado la gobernadora, Rocío Nahle García: ‘Mujeres trabajando por las mujeres’, visión que no debe limitarse a los espacios públicos, sino extenderse a todos los ámbitos de la vida porque cuando una mujer avanza, rompe paradigmas, abre camino y genera oportunidades para todas”.

PATRICIA BUGARÍN GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS (OCRA). MÁSTER INTERNACIONAL EN DERECHO PENAL, CONSTITUCIONAL Y DERECHO POR LA UAM Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA PBUGARIN@OCRA.COM.MX

Maestría en Psicoterapia enfocada a la atención de víctimas. Doctora Honoris Causa por el Consejo Doctoral Mexicano. Cuenta con una larga trayectoria en el servicio público en materia de seguridad y procuración de justicia, donde se ha desempeñado como subsecretaria de seguridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue coordinadora nacional antisecuestros (Conase) y subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, entre otros cargos

SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA:

ACCIONES EN ROBO DE AUTOS

OBLIGADA COORDINACIÓN PESE A QUE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES FEDERALES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES HAN TRABAJADO DE MANERA CONJUNTA EN FAVOR DEL RESGUARDO CIUDADANO, AÚN FALTA MUCHO POR HACER

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n términos de nuestros ordenamientos jurídicos vigentes, y aun en aquéllos que han sido reformados o ya no se encuentran vigentes y, en específico, en lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes secundarias aplicables en tales materias, así como lo precisado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 mediante el cual se emite la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establecen las bases de coordinación entre las instituciones de seguridad, queda claro que el tema de coordinación está y ha estado presente, regulado y descrito con bastante precisión, como el conjunto de actividades que son comunes, concurrentes y necesarias en-

CUALQUIERA QUE SEA SU TIPO, LA OBLIGADA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES DE DIFERENTES INSTANCIAS Y ESTADOS, NO SÓLO RESULTA NECESARIA, SINO QUE DEVIENE NATURAL PARA LA CORRECTA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO tre las diversas instancias tanto federales como estatales y municipales. Para que la referida coordinación entre autoridades se materialice, los ordenamientos supracitados, así como las leyes secundarias y sus reglamentos, son bastante precisos (con algunas excepciones en que se observa omisión en la concreción a lo dispuesto por tales ordenamientos) respecto de aquellos casos en que las autoridades deben actuar de manera coordinada o en cola-

boración; sin embargo, y pese a los avances que, sobre todo, en materia de tecnología se han logrado gracias al desarrollo de las comunicaciones y la llamada inteligencia artificial, aun tales avances no son notables en el trabajo diario y rutinario de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia. De manera muy específica y como ejemplo de los muy necesarios cambios que se requieren implementar en materia de seguridad y procuración de justicia, me permito hacer referencia a la necesidad de contar con bases de datos de delitos de alto impacto, que por el bien jurídico que se tutela o bien por la posible comisión de otros delitos concurrentes a éste, deviene necesario su conocimiento, con la finalidad de efectivamente atender el fenómeno delictivo a través de las acciones y por los con-

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Inscribir el auto ante el Registro Público Vehicular con el fin de conocer el estatus de cualquier coche en todo el país. Bases de datos o registros a todo el público en páginas de fiscalías de los estados y la Procuraduría de justicia del país sobre localización de autos. Ubicación de los corralones o depósitos de autos que presten servicio a las instancias correspondientes. Protocolos homologados de las áreas especializadas en investigación de robo de autos con el fin de agilizar la devolución del vehículo. ILUSTRACIÓN: Ani Cortés

ductos pertinentes; y en su caso, para efectivamente hablar de la obligada y necesaria coordinación. Si bien es imperioso hacer un análisis profundo y serio de delitos que afectan a cientos de nuestros conciudadanos, como es el caso de la desaparición de personas, el secuestro o el homicidio, también lo es que, aun cuando a lo largo de varios años y diversas administraciones han emprendido acciones para atender el delito y sus causas, así como a las propias víctimas y a sus familiares, ello no ha sido suficiente, pues desde mi punto de vista, lo que a todas luces falta es precisamente coordinación y colaboración entre los estados y la federación. En acciones como el secuestro, considero que los mejores resultados en su atención se obtuvieron con la creación

PESE A LOS AVANCES, NO SON NOTABLES EN EL TRABAJO DIARIO Y RUTINARIO DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA de una Coordinación Nacional, lo que llevó a homologar procedimientos, certificar los elementos de las unidades antisecuestro del país y contar con una verdadera coordinación y colaboración para la atención y combate al delito. En caso de otras faltas, como el de robo de vehículo que, si bien afecta el patrimonio de las personas y que por ello pudiera considerarse “de bajo impacto”, cabe precisar que dicha infracción, generalmente está asociada a la comisión de diversos ilícitos. Cualquiera que sea su tipo, de objeto a instrumento de otros,

incluso, de alto impacto, como puede ser la privación ilegal de la libertad, el homicidio, la trata de personas, trasiego de drogas o hidrocarburos, entre algunos más, la obligada coordinación entre autoridades de diferentes instancias y estados, no sólo resulta necesaria, sino que deviene natural para la correcta investigación y persecución del delito. En el caso de este ilícito de robo de vehículos, haré especial énfasis por tratarse de una materia a la que en los últimos años he dedicado mi atención y en la que creo que aún existen muchas acciones por desarrollar, y las cuales mencionaré de manera general dado que la explicación de cada una de éstas requiere de un análisis más profundo que en este breve texto no podré agotar, pero que deseo dejar apuntado. A saber:

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1. Cumplimiento por parte de los sujetos obligados a incorporar información al Registro Público Vehicular, a efecto de que la página del Repuve se encuentre actualizada al cien por ciento con la información que permita conocer el estatus de cualquier vehículo registrado en el país. 2. Registros o bases de datos públicos en páginas de los estados o de las fiscalías y de la Procuraduría de Justicia del país, que brinden información que permita a cualquier ciudadano consultar información sobre la ubicación de un vehículo que, habiendo sido robado a su propietario o poseedor, ya hubiere sido localizado. 3. Ubicación de los depósitos o corralones que cuenten con concesión para la prestación del servicio como tales, así como de las tarifas permitidas para los servicios autorizados. 4. Procedimientos o protocolos homologados por parte de las áreas especializadas en investigación de robo de vehículos en las diversas fiscalías y la Procuraduría de Justicia del país para la devolución de vehículos robados y recuperados, a fin de evitar procedimientos diversos y múltiples vistos buenos que repercuten en tardanza en la impartición de justicia y en menoscabo del patrimonio de la víctima. Concluyo el presente con una reflexión: existe la delincuencia organizada; ¿cuál sería el impedimento para que autoridades y sociedad civil no podamos coordinarnos y lograr mejores resultados en materia de seguridad y procuración de justicia? Tenemos los instrumentos, usémoslos y logremos cambios profundos en la forma de colaborar entre autoridad e iniciativa privada.

MODELO ENTERPRISE SECURITY RISK MANAGEMENT (ESRM) (Desarrollado por ASIS International)

LA SEGURIDAD deja de ser un área reactiva para convertirse en un socio estratégico del negocio.

ANA LUISA GUZMÁN

ES QUIEN AYUDA a identificar activos críticos, evaluar riesgos y priorizar inversiones.

PRESIDENTA DE ASIS INTERNATIONAL CAPÍTULO MÉXICO 217 LINKEDLN: ANA LUISA GUZMÁN CONTRERAS

Es una de las voces femeninas más reconocidas del sector de la seguridad corporativa en México. Profesional certificada en seguridad (CPP). Con 29 años de experiencia liderando estrategias de gestión de riesgos, protección corporativa y continuidad de negocio.

EL PROFESIONAL de seguridad ya no es únicamente quien implementa controles.

CUANDO LA SEGURIDAD FALTA, LA FACTURA SIEMPRE LLEGA

LAS EMPRESAS MÁS SI EL INVERTIR EN SALVAGUARDAR LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS EXITOSAS NO INVIERTEN EN EL PAÍS PARECE ELEVADA, ESPERE A CONOCER EL COSTO DE UNA CRISIS EN SEGURIDAD PORQUE ESPEREN UNA CRISIS; LO urante muchos años, la tico, una filtración de informay seguridad corporativa, he HACEN PORQUE ENTIENDEN seguridad fue vista como ción, una agresión a un colabocomprobado que las organiun gasto necesario: un rador o una crisis reputacional zaciones más resilientes tieQUE GESTIONAR RIESGOS área cuya función consis- pueden afectar la continuidad nen algo en común: dejaron tía en reaccionar ante inci- del negocio, destruir valor y de preguntar cuánto cuesta la ES UNA CONDICIÓN dentes, controlar accesos comprometer la confianza de seguridad y comenzaron a preINDISPENSABLE PARA o proteger instalaciones. clientes, inversionistas y auguntarse cuánto valor protege. Esa visión ya no responde a la La seguridad moderna ya toridades en cuestión de horas. CRECER DE MANERA realidad. Hoy, una interrupción no se limita a prevenir pérdiDespués de 29 años deSOSTENIBLE operativa, un ataque ciberné- dicada a la gestión de riesgos das. Protege a las personas,

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ASESORA a la alta dirección para tomar decisiones informadas de acuerdo con objetivos de la organización.

ILUSTRACIÓN: Dante Escobar

la información, los activos físicos, la reputación y, sobre todo, la capacidad de una organización para cumplir sus objetivos estratégicos. Una reputación puede construirse durante décadas y perderse en un solo incidente mal gestionado. En un entorno donde la información viaja a la velocidad de un clic y las crisis se amplifican en minutos, la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos y, al mismo tiempo, más vulnerables. Esta evolución ha quedado reflejada en los estándares internacionales. El modelo Enterprise Security Risk Management (ESRM), desarrollado por ASIS International, propone un cambio profundo: la seguridad deja de ser un área reactiva para convertirse en un socio estratégico del negocio. El profesional de seguridad ya no es únicamente quien implementa controles, es quien ayuda a identificar los activos críticos, evaluar riesgos, priorizar inversiones y aseso-

LA SEGURIDAD MODERNA NO SE LIMITA A PREVENIR PÉRDIDAS. PROTEGE A PERSONAS, INFORMACIÓN, ACTIVOS FÍSICOS, REPUTACIÓN Y LA CAPACIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LA SEGURIDAD TIENE UN COSTO. LA IMPROVISACIÓN, LA FALTA DE PREPARACIÓN, LA INTERRUPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y LA PÉRDIDA DE CONFIANZA SUELEN TENER UNO MUCHO MAYOR rar a la alta dirección para tomar decisiones informadas de acuerdo con los objetivos de la organización. En este modelo, la responsabilidad sobre los riesgos pertenece a quienes dirigen el negocio, mientras que el profesional de seguridad aporta

conocimiento especializado para reducir su probabilidad e impacto. Esta colaboración fortalece la gobernanza, favorece decisiones basadas en riesgos y alinea la seguridad con la estrategia corporativa, en lugar de verla únicamente como una función operativa. Hablar de seguridad también implica hablar de retorno. Durante años se buscó medir únicamente el ROI (Return on Investment) de los proyectos de seguridad. Sin embargo, hoy resulta igualmente relevante analizar el ROSI (Return on Security Investment), que considera el valor generado por las pérdidas evitadas, la continuidad operativa preservada, la protección de la reputación y la capacidad de la organización para mantener la confianza de sus grupos de interés. Aunque no todas las consecuencias de una crisis pueden cuantificarse con exactitud, cada vez existen más metodologías que permiten demostrar que prevenir suele ser significati-

vamente menos costoso que recuperarse. Las empresas más exitosas no invierten en seguridad porque esperen una crisis; lo hacen porque entienden que gestionar riesgos es una condición indispensable para crecer de manera sostenible. La seguridad no debe tener voz únicamente cuando ocurre un incidente; debe participar desde el momento en que se diseñan las estrategias, se evalúan inversiones o se toman decisiones que definirán el futuro de la organización. La seguridad tiene un costo. La improvisación, la falta de preparación, la interrupción de las operaciones y la pérdida de confianza suelen tener uno mucho mayor. La verdadera pregunta no es cuánto cuesta la seguridad. La verdadera pregunta es cuánto está dispuesta una organización a perder por no contar con un profesional de la seguridad en la mesa donde se toman las decisiones.

ENTREVISTA BERTHA MARÍA ALCALDE LUJÁN FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Maestra en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York. Fue abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; además, fue secretaria ejecutiva adjunta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue comisionada de operación sanitaria de la Cofepris y directora general del ISSSTE

FISCALÍA CON POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA RENOVADA rinda cuentas, porque la jusDESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO COMO FISCAL DE LA CIUDAD yticia se construye caso a caso, con quienes DE MÉXICO, LAS PRIORIDADES DE BERTHA MARÍA ALCALDE los días. la operan todos “Otro aprendizaje que me SON CLARAS: RESOLUCIÓN DE CASOS CON INVESTIGACIONES ha dejado trabajar en instituPROFUNDAS Y OPTIMIZAR LA ATENCIÓN CIUDADANA ciones complejas es que para

REDACCIÓN

U MI VISIÓN ES [FORMAR] UNA INSTITUCIÓN QUE INVESTIGUE CON RIGOR, ATIENDA CON DIGNIDAD Y RINDA CUENTAS, PORQUE LA JUSTICIA SE CONSTRUYE CASO A CASO, CON QUIENES LA OPERAN TODOS LOS DÍAS

no de los roles más importantes en el sistema de impartición de justicia es la titularidad de alguna fiscalía, debido a que su labor se centra en la investigación y persecución de los delitos. En enero de 2025, Bertha María Alcalde Luján fue nombrada fiscal general de justicia de la Ciudad de México para un periodo de cuatro años, tiempo en el que desea darle mayor énfasis a la investigación de los delitos más graves, así como un mejor trato a las víctimas, entre otros puntos. Con una larga carrera en la función pública, sus objetivos actuales se centran en combatir la impunidad, garantizar el Estado de Derecho y proteger las garantías de las víctimas. De sus proyectos y del ejerci-

cio de su actual desempeño, conversó con Bitácora de Seguridad. La fiscal comienza la charla hablando de los aprendizajes fundamentales que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, mismos que han sido clave en la procuración de justicia de la capital del país. “Una de las lecciones más importantes que me ha dejado el servicio público es que no hay cambio institucional posible sin liderazgos que se involucren a fondo. Los secretarios, fiscales o directoras que transforman sus instituciones son quienes conocen los casos, trabajan junto a sus equipos y entienden desde adentro qué necesita cambiar. Llegué a la Fiscalía con esa convicción: que mi lugar no es la distancia administrativa, sino la cercanía con el trabajo real. Mi visión es una institución que investigue con rigor, atienda con dignidad

tomar decisiones y lograr una transformación, necesitas generar información de calidad sobre su funcionamiento y medir con indicadores puntuales. En una organización de miles de personas y asuntos en trámite, resulta imposible dirigir únicamente a partir de experiencias aisladas”. Recientemente presentó el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026. ¿Cuál es el cambio de fondo que busca impulsar este planenlaprocuracióndejusticia de la Ciudad de México y cómo se traduce en una transformación concreta de la Fiscalía? “El cambio de fondo tiene tres vertientes. Por un lado, ser mucho mejores investigando y priorizar los delitos más graves: homicidio, feminicidio, desaparición, secuestro, extorsión. Ahí necesitamos toda la fuerza del Estado y del sistema penal, sin concesiones. Por

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Nuestra apuesta es mejorar continuamente la cantidad de casos que resolvemos, no sólo los mediáticos, sino los que todos los días afectan a las personas, pero igual de importante es transformar la experiencia de quien acude a una agencia del Ministerio Público. “Queremos que denunciar sea más fácil, que la gente sepa qué pasó con su caso y qué sigue, que no tenga que adivinar qué le corresponde. Mejorar la atención y reducir la incertidumbre que siente el ciudadano al interactuar con la Fiscalía es tan urgente como resolver los casos”.

otro lado, ser más ágiles para ofrecer soluciones alternativas y tener claro que la cárcel no resuelve todo, hay casos en que las víctimas lo que necesitan son acuerdos reparatorios rápidos que les permitan recuperar su tranquilidad y su proyecto de vida. En tercer lugar, trabajar en mejorar la atención a las víctimas desde el primer momento que se acercan a nuestras agencias de ministerio público, si no mejoramos esa experiencia y somos más rápidos en dar resultados, nunca incrementaremos la confianza que nos tiene la ciudadanía y no podremos reducir la cifra negra”. PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL Con el afán de priorizar delitos de alto impacto, el Plan de

Política Criminal cuenta con diversas innovaciones metodológicas y cambios operativos enfocados en mejorar la investigación y la judicialización, tal como la fiscal lo señala: “Las innovaciones van en distintos sentidos; por un lado, mejorar los procesos y la metodología para impulsar investigaciones más sustantivas y menos formales y dando un rol más relevante a policías y peritos en la elaboración de planes de investigación. Asimismo, uno de los cambios más importantes es la digitalización de la Fiscalía. “Hoy, el sistema penal sigue operando en papel, y eso nos impide aprovechar los avances tecnológicos para investigar mejor y conocer con certeza la actuación de cada ministerio público, policía de

investigación y perito. Digitalizar es agilizar. Al mismo tiempo, herramientas como la inteligencia artificial nos permiten hacer verdadera inteligencia con la información disponible, acortando tiempos y mejorando la calidad de las carpetas”. La Fiscalía no sólo enfrenta el reto de investigar delitos, sino de recuperar la confianza ciudadana en un contexto de alta exigencia social y cuestionamientos públicos. ¿Cómo se construye hoy legitimidad institucional desde la Fiscalía y qué mecanismosestá fortaleciendo para mejorar la relación con la ciudadanía? “La confianza no se recupera con declaraciones: se recupera con resultados sostenidos, no por meses sino por años.

PRIORIDADES COMO FISCAL Sin duda, ser la cabeza de una institución enfocada a la impartición de justicia en la ciudad más grande del país, conlleva serias responsabilidades y prioridades. La fiscal capitalina hizo especial énfasis en sus prioridades estratégicas que desarrollará en los próximos años. Habla específicamente de dos apuestas centrales: “La digitalización y la reorganización interna de nuestros equipos. Necesitamos ser más eficaces resolviendo tanto los casos del día a día como el rezago acumulado por años. Al mismo tiempo, es fundamental seguir trabajando en el modelo de gabinetes de seguridad con el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México. “Una fiscalía autónoma no es una fiscalía aislada: es una institución profesional que actúa con base en la ley, pero que requiere coordinación plena para enfrentar fenómenos complejos como el crimen organizado, el despojo o la violencia familiar. La autonomía y la coordinación no se contradicen; juntas son la única fórmula para dar resultados que realmente transformen esta ciudad”, finaliza.

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ENTREVISTA IDAMIS PASTOR BETANCOURT FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Fiscal general del Estado de Puebla desde el año 2024. Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla desde 2021. Magistrada presidenta del mismo órgano jurisdiccional entre 2023 y 2024. Preside el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla. Participa en la Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos A.C. Cuenta con dos maestrías: Derecho Penal y Derecho Constitucional. Actualmente cursa el posdoctorado en Ciencias Jurídicas y Derecho Público. Abogada litigante y catedrática en Derecho Electoral y Derechos Humanos.

VOCACIÓN DE SERVICIO, SU ESTANDARTE DE VIDA DESDE SIEMPRE, IDAMIS PASTOR BETANCOURT LLEVÓ CONSIGO LA IDEA DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL, CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN LA PRIMERA MUJER AL MANDO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CARGO QUE DESEMPEÑA DESDE 2024 REDACCIÓN

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n un contexto con matices cada vez más violentos, la procuración de justicia adquiere una importancia esencial para el resguardo de la ciudadanía. Dentro de este panorama, Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del estado de Puebla, sabe que sus retos son muchos, mismos que ha asumido y por los que se desempeña en su día a día gracias a una formación académica sólida: maestra en Derecho Penal y en Derecho Constitucional; así como una larga trayectoria en el ámbito jurisdiccional como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y magistrada presidenta del mismo órgano. Desde el 2024 está al frente de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y para llegar a ese estrado, el cúmulo de experiencias ha sido pieza clave en su ejercicio actual, sin omitir ese oficio nato de servicio a la sociedad. “Siempre he sido fiel creyente de que una misión en la

LA RUTA PARA FORTALECER LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS ES DAR RESULTADOS CONTUNDENTES, Y LO MÁS IMPORTANTE ES ACERCAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA A LAS Y LOS POBLANOS vida es servir a los demás y en el sector público encontré esa vía para contribuir a la sociedad desde mi gran pasión que es el Derecho y así, a lo largo de mi trayectoria profesional, he podido conducirme con una visión apegada al mismo donde, por supuesto, un sinfín de experiencias han enriquecido mi formación y diversos momentos han dejado aprendizajes que aplico en el día a día, como el siempre estar cerca de los ciudadanos”, comenta la fiscal. Puebla atraviesa una etapa en la que la procuración de justicia busca evolucionar hacia modelos basados en inteligencia, investigación estratégica y trabajo multidisciplinario.

¿Qué implica este cambio en la práctica y cómo transforma la manera de investigar los delitos? “Con gusto les comparto que la innovación ha sido un objetivo a cumplir dentro de la Fiscalía General del Estado de Puebla y hemos desarrollado apps como '¡No te alarmes!' que está enfocada a prevenir el delito de extorsión, es gratuita y permite a los usuarios identificar números telefónicos extorsivos. También, en cuanto a modernización, firmamos un convenio con la ONU para que, a través de las huellas necrodactilares, sea posible el reconocimiento de personas desaparecidas; todo ello, en el marco del 'Programa de Identificación Humana ', del cual somos pioneros en el país”. ACCIONES QUE DAN CONFIANZA En una sociedad como la nuestra, la pérdida de confianza hacia la procuración de justicia está relacionada con los altos índices de impunidad, a la corrupción dentro de algunos órganos de gobierno o la lentitud

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EL HABERME NOMBRADO COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LA PRIMERA MUJER EN OCUPAR ESTE CARGO EN LA ENTIDAD, HA SIDO UN PARTEAGUAS NO SÓLO PARA IDAMIS PASTOR, SINO PARA TODAS LAS MUJERES mano; su templanza comenzó a gestarse desde muchos años atrás, en el largo ejercicio que lleva como abogada litigante; sin embargo, ha dejado un precedente en la entidad al convertirse en la primera mujer al mando de la fiscalía del estado. ¿Qué liderazgo considera necesario para transformar las instituciones de justicia y abrir más espacios a otras mujeres? “A lo largo de mi carrera profesional ha habido momentos de gran relevancia, pero sin duda, el haberme nombrado como fiscal general del estado de Puebla, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la entidad, ha sido un parteaguas no sólo para Idamis Pastor, sino para todas las mujeres. Y, por supuesto, la encomienda llega con la enorme convicción de abrir espacios, de realizar un trabajo ejemplar que requiere un liderazgo transformacional que motive y permita un cambio positivo”.

de los procesos que no favorecen a las víctimas. Ante tales estragos, las fiscalías actuales enfrentan un desafío adicional: reducir la distancia entre resultados institucionales y la percepción ciudadana. En respuesta a la pregunta directa de qué acciones considera indispensables para fortalecer la confianza de las personas en la procuración de justicia, la fiscal poblana manifiesta de manera determinante:

“Considero que la ruta para fortalecer la confianza de los ciudadanos es dar resultados contundentes y que lo más importante es acercar la procuración de justicia a las y los poblanos con modelos de atención como `La Fiscalía Te Escucha´, mecanismo itinerante de escucha, atención y vinculación ciudadana. Así como eliminar trámites burocráticos y permitir acceder a la denuncia en línea, a la atención permanente y cercana”.

FIRMAMOS UN CONVENIO CON LA ONU PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS HUELLAS NECRODACTILARES, SEA POSIBLE EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS DESAPARECIDAS FISCALÍA CON ESENCIA DE MUJER En un ámbito complejo por naturaleza, como lo es la impartición de justicia, a la maestra Idamis Pastor no le tiembla la

Sin duda, una encomienda azarosa que fortalece la actitud de quien ha estado inmersa en un contexto donde la acción penal es cosa de todos los días. Prueba de ello es la actividad efervescente que la fiscal Pastor Betancourt realiza de manera cotidiana al intervenir en diversos foros y ponencias, convirtiéndose en un referente en su contexto profesional, que la ha llevado, también, a ser coautora del libro Diálogo Internacional por los Derechos Humanos: una visión panorámica entre América y Europa.

YEANNY GONZÁLEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) DE QUINTANA ROO

Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Penal, con formación especializada en derechos humanos, prevención social del delito, reconstrucción del tejido social y perspectiva de género. Cuenta con 24 años de trayectoria en el ámbito policial, combinando experiencia jurídica, operativa y de prevención social. Ha ocupado cargos de responsabilidad en la Policía de Benito Juárez, en áreas de mando, vinculación institucional y prevención social del delito

PREVENIR DESDE LA COMUNIDAD:

CONSTRUIR SEGURIDAD DESDE EL TERRITORIO MÁS ALLÁ DE RESPONDER AL DELITO, ES NECESARIO ACTUAR SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO Y CONSTRUIR ENTORNOS QUE FAVOREZCAN LA CONVIVENCIA, LA COHESIÓN SOCIAL Y LA PAZ

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a prevención es una tarea fundamental de toda política de seguridad. Atender las violencias y los delitos requiere capacidad de respuesta, pero también actuar sobre los factores que generan riesgos, fortalecer aquéllos que protegen a las personas y construir entornos que favorezcan la convivencia, la cohesión social y la paz. Una política integral de seguridad debe combinar actuación policial, prevención social y situacional, proximidad, participación ciudadana y trabajo permanente en el territorio. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Quintana Roo hemos buscado consolidar una política de

prevención cercana, integral y focalizada. Para ello, trabajamos a través de cinco programas transversales: Empresa Segura, Comunidad Segura, Mujer Segura, Juventud Segura y Escuela Segura, que permiten intervenir distintos ámbitos de la vida cotidiana y articular capacidades institucionales alrededor de las personas y sus entornos. En este marco, Comunidad Segura acerca la prevención a las colonias y fortalece el trabajo conjunto entre policías y vecinos. Busca identificar y atender los factores de riesgo que afectan la seguridad y la convivencia a partir de cuatro componentes: diagnóstico y focalización territorial,

LA SEGURIDAD DEJA DE ENTENDERSE ÚNICAMENTE COMO UNA RESPUESTA ANTE EL DELITO Y SE CONVIERTE TAMBIÉN EN UNA TAREA COTIDIANA DE PREVENCIÓN Y CORRESPONSABILIDAD construcción de capacidades, organización y participación comunitaria, y recuperación y apropiación del espacio público. De manera transversal, la proximidad policial fortalece este trabajo al generar vínculos de confianza, acompañar a la comunidad y contribuir a su organización y participación. Las y los policías no sólo tienen presencia en el territorio:

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ENFOQUE DE "COMUNIDAD SEGURA" Estrategia que acerca la prevención a las colonias mediante el diagnóstico territorial para identificar y atender los factores de riesgo en equipo entre vecinos y autoridades.

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PROXIMIDAD POLICIAL Y CONFIANZA Elementos de seguridad que no sólo vigilan, sino que recorren las calles, escuchan y conviven con la ciudadanía para identificar riesgos de manera temprana y buscar soluciones compartidas.

EJES DE LA PREVENCIÓN COMUNITARIA LOS CINCO COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA CONSTRUIR SEGURIDAD DESDE EL TERRITORIO, FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y TRANSFORMAR EL ENTORNO VECINAL

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOCIAL Formación de redes, comités y espacios de diálogo que brindan a las personas herramientas para resolver conflictos pacíficamente y participar en la mejora de su entorno.

PREVENCIÓN INTEGRAL Y FOCALIZADA Articulación de cinco programas transversales (Empresa, Comunidad, Mujer, Juventud y Escuela Segura) diseñados para intervenir en los distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas.

TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Recuperación de parques y canchas combinando prevención social y situacional; el objetivo no es sólo mejorar la imagen, sino que la comunidad se apropie del lugar y conviva de forma segura. ILUSTRACIÓN: Elihu Galaviz

recorren sus calles, escuchan a vecinas y vecinos, participan en las actividades y conocen, de primera mano, todas las dinámicas y necesidades de cada entorno. Esta interacción cotidiana permite construir confianza y abrir canales de comunicación que acercan a la ciudadanía con sus instituciones. Al conocerse y trabajar juntos, comunidad y policía pueden identificar riesgos de manera temprana, prevenir conflictos y construir soluciones compartidas. Así, la seguridad deja de entenderse únicamente como una respuesta ante el delito y se convierte también en una tarea cotidiana de prevención y corresponsabilidad.

EL PROPÓSITO ES QUE LA PREVENCIÓN SE TRADUZCA EN CAPACIDADES INSTALADAS: COMUNIDADES MÁS ORGANIZADAS, REDES MÁS FUERTES, ESPACIOS PÚBLICOS APROPIADOS Y UNA RELACIÓN MÁS CERCANA ENTRE CIUDADANÍA E INSTITUCIONES La construcción de capacidades busca ir más allá de fortalecer conocimientos: se orienta a brindar herramientas para prevenir riesgos, promover la convivencia, identificar situaciones de violencia y resolver conflictos pacíficamente. A ello, se suma la organización comunitaria, mediante redes, comités y espacios de diálogo que permiten a las per-

sonas participar en la identificación de problemas y soluciones, al tiempo que fortalecen vínculos con las instituciones. La transformación del espacio público combina prevención social y situacional. Recuperar un parque, una cancha o cualquier espacio común pasa por mejorar su imagen, pero tiene como fin último atender condiciones de riesgo, repen-

sar su utilidad y lograr que las personas vuelvan a ocuparlo, convivir y, sobre todo, apropiarse de él. Construir la paz significa trabajar en equipo y con empatía, para generar acciones y metas a favor del bien común y de la armonía colectiva. El propósito es que la prevención se traduzca en capacidades instaladas: comunidades más organizadas, redes más fuertes, espacios públicos apropiados y una relación más cercana entre ciudadanía e instituciones. Ésa es la prevención que buscamos consolidar en Quintana Roo: una que conoce el territorio, escucha a las personas y construye con ellas condiciones sostenibles de paz y seguridad.

EUNICE RENDÓN DOCTORA EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS POR SCIENCES PO PARÍS, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ, CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA @EUNICERENDON

Fue secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la SRE. Actualmente coordina Red VIRAL y Agenda Migrante; es consultora internacional y coordinadora del Diplomado de Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz en el Territorio de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con amplia experiencia en prevención de la violencia, reinserción social y penitenciaria, participación comunitaria y construcción de paz en el territorio

MUJERES EN SEGURIDAD Y JUSTICIA LA BRECHA DE GÉNERO ES CADA VEZ MENOR EN EL ÁMBITO PENAL, Y AUNQUE EL SECTOR FEMENINO HA GANADO TERRENO POCO A POCO AL OCUPAR PUESTOS CLAVE, AÚN QUEDAN ASPECTOS PENDIENTES QUE RESOLVER

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ablar de seguridad sigue evocando, para muchas personas, una imagen profundamente masculina: policías, militares, fiscales, custodios o directivos ocupando los espacios donde se toman las decisiones más importantes. Durante décadas, las mujeres estuvieron ausentes de esas mesas o fueron relegadas a funciones administrativas, de atención o apoyo. Sin embargo, esa realidad comienza a cambiar, lentamente, pero con paso firme. Llegar a los niveles más altos de decisión en materia de seguridad continúa siendo uno de los mayores desafíos profesionales para las mujeres. No basta con demostrar capaci-

LA DISCUSIÓN YA NO DEBERÍA CENTRARSE EN SI LAS MUJERES PUEDEN DESEMPEÑAR FUNCIONES DE SEGURIDAD, SINO EN CUÁNTO PIERDE UNA INSTITUCIÓN CUANDO PRESCINDE DE SU TALENTO dad. Con frecuencia, también deben acreditar experiencia una y otra vez, enfrentar mayores niveles de escrutinio, romper prejuicios y abrir espacios que históricamente no fueron diseñados para ellas. En muchos casos, para ocupar el mismo cargo, las mujeres suelen tener que demostrar mucho más. Paradójicamente, nunca ha existido tanta evidencia sobre

el valor que aporta el liderazgo femenino en este sector. La discusión ya no debería centrarse en si las mujeres pueden desempeñar funciones de seguridad, sino en cuánto pierde una institución cuando prescinde de su talento. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU marcó, a inicios del siglo, un punto de inflexión al resaltar el rol de la mujer en la construcción de paz y fortalecimiento de la seguridad. En el mismo sentido, numerosos análisis confirman que su incorporación mejora la confianza ciudadana, fortalece la atención a víctimas, favorece la mediación comunitaria y contribuye a instituciones más legítimas y eficaces. En América Latina, si bien

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RADIOGRAFÍA: AVANCES Y BRECHAS SEGURIDAD Y GÉNERO La seguridad pública en el país sigue siendo un sector masculino: 80% son hombres y sólo 20%, mujeres, según la UNAM. FISCALÍAS Y MP, A LA PAR El INEGI registra 6 mil 125 mujeres como fiscales o agentes del Ministerio Público, equivalente al 50.1% del total. PRESENCIA JUDICIAL De acuerdo con el INEGI, el sistema judicial mexicano está integrado por el 46% de mujeres. ALTOS CARGOS, CON REZAGO A nivel federal, las juezas y magistradas ocupan entre el 30% y 40%. De ello, el 46% labora como administrativas u operativas.

ILUSTRACIÓN: Elihu Galaviz

ha aumentado la paridad, persisten rezagos en los espacios donde se concentra el poder. Cada vez más mujeres ingresan a academias policiales, fiscalías, servicios penitenciarios, inteligencia, ciberseguridad, protección civil, gestión de riesgos, análisis criminal y seguridad privada, pero su presencia disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico. El llamado “techo de cristal” sigue siendo una realidad cotidiana. No obstante, el perfil que hoy demanda la seguridad coincide cada vez más con habilidades tradicionalmente subvaloradas en los modelos de liderazgo: capacidad de negociación, manejo de crisis, inteligencia emocio-

INCORPORAR MÁS MUJERES NO RESPONDE ÚNICAMENTE A UN PRINCIPIO DE IGUALDAD; MEJORA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, ATENDER VÍCTIMAS Y CONSTRUIR SOLUCIONES SOSTENIBLES nal, comunicación efectiva, construcción de confianza y trabajo interdisciplinario. Las amenazas actuales —desde el crimen organizado hasta la ciberdelincuencia, las violencias de género, la trata de personas o la radicalización en entornos digitales— no pueden enfrentarse únicamente desde una visión reactiva de corte tradicional.

La seguridad contemporánea exige equipos diversos capaces de comprender problemas complejos desde distintas perspectivas. Incorporar más mujeres no responde únicamente a un principio de igualdad; mejora la capacidad institucional para prevenir, investigar, atender víctimas y construir soluciones sostenibles. También ha habido un giro en la formación. Cada vez más mujeres se especializan en inteligencia estratégica, análisis criminal, ciencias forenses, gestión penitenciaria, prevención de las violencias, derechos humanos, ciberseguridad, mediación y seguridad corporativa. También son más quienes encabezan investigaciones,

coordinan operaciones, dirigen instituciones y producen conocimiento académico. Pese a los avances, persisten desigualdades salariales, menores oportunidades de ascenso, escasa representación en puestos de mando, y ambientes laborales marcados por el acoso, la discriminación y los estereotipos de género. Superar esta realidad exige más que cuotas: requiere procesos de selección transparentes, promoción por mérito, capacitación continua y una cultura que valore el liderazgo por sus resultados, no por el género. Más que una agenda particular, se trata de aprovechar un talento que nuestras sociedades no pueden darse el lujo de desperdiciar.

ENTREVISTA SAYURI HERRERA ROMÁN ABOGADA FEMINISTA, DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en investigación penal y litigio estratégico. Asimismo, atención a víctimas, derechos humanos y diseño de políticas públicas. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil y en la conducción de fiscalías. Áreas especializadas: feminicidio, violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Licenciada y maestra en Derecho por la UNAM; licenciada en Psicología por la UAM. Estudios de maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Diplomado en Políticas Públicas con Enfoque de Género por el CIDE. Curso especializado Investigación de Feminicidios del Equipo Argentino de Antropología Forense. Reconocimientos: Medalla Omecíhuatl 2018 y Medalla Hermila Galindo e Ifigenia Martínez por la defensa de los derechos de las mujeres 2026.

UNA BATALLA INCANSABLE CONTRA EL FEMINICIDIO A LO LARGO DE SU CARRERA EN EL SECTOR PÚBLICO na trayectoria orientada Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, SAYURI HERRERA ROMÁN a defender los derechos de las mujeres, cimenta- HA LUCHADO POR BRINDAR APOYO Y JUSTICIA A LAS da por sus dos carreras: abogada y psicóloga, ha VÍCTIMAS DE UN DELITO QUE REPRESENTA LA FORMA MÁS contribuido a que Sayuri Herrera Román, directora VIOLENTA CONTRA EL SECTOR FEMENINO

REDACCIÓN

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general de Atención y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres se desempeñe en diversos cargos en favor del sector femenino desde hace mucho tiempo. En una charla con Bitácora de Seguridad, recuerda sus inicios en esta larga senda, así como sus retos y experiencias en puestos estratégicos que le han encomendado en el sector público. “Mi trayectoria profesional comenzó en el trabajo comunitario, los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos. En esos espacios aprendí que detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una expectativa de justicia”, comenta la también maestra en Derecho por la UNAM. “Mi formación como abogada y psicóloga me permitió acercarme a los casos de manera interdisciplinaria, pero fue el acompañamiento directo a víctimas y familias —muchas de ellas enfrentadas a investigaciones deficientes, estereotipos e impunidad— lo que me llevó a especializarme en feminicidio, violencia sexual y

“MI CONVICCIÓN ES QUE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO NO SON ELEMENTOS ACCESORIOS DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA, SINO CONDICIONES PARA INVESTIGAR MEJOR, COMBATIR LA IMPUNIDAD Y FORTALECER LA CONFIANZA PÚBLICA” graves violaciones a derechos humanos. Pasar de la sociedad civil al servicio público fue una decisión consciente: quería trasladar la experiencia acumulada en el litigio y la defensa a la transformación de prácticas, metodologías y capacidades institucionales”, expresa. La abogada agrega: “Desde entonces, he buscado convertir ese aprendizaje en metodologías de investigación, coordinación de equipos ministeriales, policiales y periciales, políticas públicas y mecanismos de atención y protección. “Mi convicción es que los derechos humanos y la perspectiva de género no son

elementos accesorios de la seguridad y la justicia, sino condiciones para investigar mejor, combatir la impunidad y fortalecer la confianza pública”. CAMINO HACIA LA JUSTICIA Cuando la balanza en favor de las víctimas de feminicidio se encontraba aún en pañales, Sayuri Herrera asumió un reto: convertirse en la primera fiscal especializada en ese ámbito, cargo que aceptó sabiendo que comenzaría de la nada, pero con el propósito de construir un órgano fuerte dentro de la administración de justicia en la ciudad capital. Usted fue la primera fiscal especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. ¿Qué significó asumir esta responsabilidad y cuáles fueron sus principales logros al frente de la Fiscalía? Asumir la titularidad de la Fiscalía de Feminicidios en marzo de 2020 significó con-

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La principal lección fue que el rigor técnico y científico no está reñido con la cercanía, la escucha y el respeto hacia las familias: ambos son indispensables para procurar justicia.

tribuir a construir una institución especializada prácticamente desde sus bases y tender un puente entre las demandas legítimas de víctimas, familias y colectivas feministas y la operación cotidiana del sistema de justicia penal. Entre los principales resultados estuvieron el fortalecimiento de las capacidades ministeriales, policiales, periciales y de análisis de contexto; la revisión de casos recientes, rezagados e históricamente

investigados sin perspectiva de género; la creación del Atlas de Feminicidios; la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, y la consolidación de mecanismos especializados para investigar tentativas, transfeminicidios y muertes de mujeres no identificadas. Estos avances permitieron mejorar la investigación especializada, ampliar las herramientas de análisis y fortalecer la atención a víctimas indirectas.

“EL PRINCIPAL RETO ES CONVERTIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNA CAPACIDAD OPERATIVA PRESENTE DESDE EL PRIMER ACTO DE INVESTIGACIÓN. ESTO EXIGE PERSONAL MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO”

¿Qué experiencias o casos han marcado especialmente su carrera y su manera de entender la procuración de justicia? Dos casos marcaron especialmente mi manera de entender la procuración de justicia porque mostraron que una investigación sólida requiere articular técnica jurídica, evidencia científica, análisis de contexto, trabajo de campo y participación efectiva de las víctimas. En el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que litigué con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el trabajo jurídico y el acompañamiento a su familia permitieron cuestionar una investigación inicial sin perspectiva de género y contribuir a que su muerte fuera investigada y sancionada como feminicidio. Esa experiencia confirmó la importancia de revisar críticamente las primeras diligencias, identificar estereotipos y construir teorías del caso capaces de sostenerse ante los tribunales. En el caso de Julio César Mondragón Fontes, como asesora jurídica de Marisa Mendoza, trabajé en articulación con el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La preparación y el seguimiento de la diligencia de exhumación, la revisión de expedientes, necropsias y peritajes, así como los viajes e inspecciones del lugar de los hechos en Iguala, Guerrero, mostraron el valor de la investigación interdisciplinaria, la documentación rigurosa y la coordinación con especialistas nacionales e internacionales.

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BITÁCORA DE SEGURIDAD Foto: CORTESÍA DAVID ARANDA

“A LAS MUJERES QUE BUSCAN DESARROLLARSE EN LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA LES DIRÍA: INVIERTAN EN SU PREPARACIÓN TÉCNICA, CONOZCAN A PROFUNDIDAD LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL, CONSTRUYAN REDES DE COLABORACIÓN Y NO RENUNCIEN A OCUPAR ESPACIOS DE DECISIÓN”

Mantengo la expectativa de que la muerte de Julio César sea plenamente esclarecida y de que el caso Ayotzinapa avance hacia la verdad y la justicia. Ambos procesos definieron un principio que después trasladé a la conducción institucional: las víctimas y sus familias no son observadoras del procedimiento, sino participantes indispensables para orientar líneas de investigación, preservar la memoria y construir respuestas públicas confiables. Desde su experiencia, ¿cuáles son hoy los principales retos para investigar la violencia contra las mujeres y garantizar una justicia con perspectiva de género? El principal reto es convertir la perspectiva de género en una capacidad operativa presente desde el primer acto de investigación. Esto exige personal ministerial, policial y pericial altamente especializado; preservación adecuada del lugar de los hechos; uso estratégico de evidencia científica y digital; análisis de contexto e inteligencia criminal; supervisión efectiva de las carpetas y teorías del caso sólidas que puedan sostenerse en audiencia. Mi experiencia al conducir fiscalías y equipos multidisciplinarios me confirma que los resultados dependen de una coordinación real entre ministerios públicos, policías, servicios periciales, áreas de análisis y atención a víctimas, con criterios comunes, responsabilidades claras y medición de avances. El segundo reto es superar la fragmentación entre autoridades locales y federales, en especial cuando los hechos abarcan distintas jurisdicciones, requieren la intervención de varias dependencias o implican movilidad territorial. El tercero es garantizar respuestas diferenciadas para

“MI EXPERIENCIA AL CONDUCIR FISCALÍAS Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS ME HA CONFIRMADO QUE LOS RESULTADOS DEPENDEN DE UNA COORDINACIÓN REAL ENTRE MINISTERIOS PÚBLICOS, POLICÍAS, SERVICIOS PERICIALES, ÁREAS DE ANÁLISIS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS” niñas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres privadas de libertad y víctimas en comunidades alejadas. Una justicia con perspectiva de género no es menos rigurosa: es técnicamente más completa, permite identificar patrones, combatir la impunidad, proteger a las víctimas y producir decisiones legítimas y sostenibles. Al fortalecer la confianza pública y ofrecer vías institucionales para resolver los conflictos y reparar el daño, también contribuye a la construcción de paz. DESAFÍOS CUMPLIDOS Ocupar espacios de alta responsabilidad en la procuración de justicia no es nada fácil, so-

bre todo cuando el panorama de seguridad del sector femenino es tan efímero y débil. Ante ello, la actual directora general de Atención y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres comenta cuáles han sido sus más grandes desafíos y cómo los ha cristalizado: “Ocupar espacios de alta responsabilidad en la procuración de justicia implica conducir instituciones complejas, tomar decisiones técnicas bajo presión y transformar prácticas arraigadas en estructuras tradicionalmente jerárquicas”, indica. La maestra Herrera Román añade: “Uno de los desafíos centrales ha sido demostrar, mediante resultados, que el liderazgo de las mujeres y la perspectiva de género fortalecen la investigación criminal, la coordinación operativa, la atención a víctimas y la legitimidad institucional. Esto exige construir equipos profesionales y multidisciplinarios, establecer criterios claros, supervisar con rigor, escuchar a quienes operan en territorio, asumir la rendición de cuentas como parte del mando y mantener siempre a las víctimas en

el centro de las decisiones, las investigaciones y la actuación institucional”. MENSAJE DE LIDERAZGO Con la voz jerarca de alguien que ha contribuido al fortalecimiento del sistema jurídico en favor de ellas, Sayuri Herrera envía un mensaje a quienes desean continuar en la consolidación de la justicia e igualdad en pro del sector femenino. “A las mujeres que buscan desarrollarse en la seguridad y la justicia les diría: inviertan en su preparación técnica, conozcan a profundidad la operación institucional, construyan redes de colaboración y no renuncien a ocupar espacios de decisión. Ejerzan, además, un liderazgo que forme a otras mujeres y abra condiciones para su permanencia y crecimiento". Agrega: “Las instituciones serán más eficaces cuando incorporen plenamente el conocimiento, la experiencia y la capacidad de las mujeres para dirigir, innovar y responder a problemas públicos complejos con ética, firmeza y sensibilidad, y con los derechos y la dignidad de las víctimas como guía permanente”.

NUEVO ECOSISTEMA CRIMINAL EN NORTEAMÉRICA

GUADALUPE CORREACABRERA PROFESORA DE LA ESCUELA SCHAR DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD GEORGE MASON Y CODIRECTORA FUNDADORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN, REDES Y CRIMEN TRANSNACIONAL (CONTRA)

Especialista de referencia internacional en seguridad, crimen organizado, fronteras y relaciones México-Estados Unidos. Su trabajo ha transformado la manera de analizar a los llamados “cárteles” al situarlos dentro de redes transnacionales, economías extractivas, procesos de militarización y disputas geopolíticas

DE PIRÁMIDES A REDES COMPLEJAS Las organizaciones criminales ya no son bloques verticales con un solo líder, sino redes fluidas y adaptativas donde distintas facciones cooperan, compiten y cambian de alianzas.

MERCADOS DIVERSIFICADOS El entramado criminal no se limita al narcotráfico; controla la extracción de rentas a través de armas, combustibles, minerales, migración y extorsión.

FRONTERAS DIFUSAS CON EL ESTADO No hay una línea clara entre legalidad e ilegalidad; las redes criminales operan bajo un sistema de protección política, corrupción y complicidad empresarial.

MÁS ALLÁ DE LOS “CÁRTELES”:

REDES CRIMINALES EN UNA DISPUTA GEOPOLÍTICA MIENTRAS SIGAMOS PERSIGUIENDO PIRÁMIDES IMAGINARIAS, LAS REDES REALES CONTINUARÁN EXTENDIÉNDOSE. EL PRIMER PASO PARA SALIR DE UNA GUERRA INTERMINABLE ES APRENDER A MIRAR EL MAPA COMPLETO

EN LA ACTUALIDAD, LOS MERCADOS ILÍCITOS OPERAN A TRAVÉS DE REDES COMPLEJAS Y ADAPTABLES, PROFUNDAMENTE ENTRELAZADAS CON EL ESTADO

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urante casi dos décadas he estudiado a las organizaciones que solemos llamar “cárteles”. Mi punto de partida fueron Los Zetas, un grupo que transformó el mundo criminal mexicano al combinar disciplina militar,

control territorial y negocios mucho más amplios que el narcotráfico. Para explicar aquella estructura propuse el concepto de corporación criminal: una organización con división del trabajo, jerarquías y mecanismos de extracción de rentas. Los Ze-

tas traficaban drogas, pero también extorsionaban, secuestraban, robaban hidrocarburos y controlaban rutas migratorias. Ese modelo permitió comprender una etapa, pero el panorama cambió. La estrategia de descabezamiento, la militarización y las disputas locales fragmentaron a las grandes organizaciones. Nombres como Cártel de Sinaloa o Cártel Jalisco Nueva Generación evocan bloques compactos y verticales. Lo que existe es más

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LA FALACIA DEL RELATO ESTADOUNIDENSE Tratar a los grupos criminales como "organizaciones terroristas" es un error que ignora la demanda de drogas, el tráfico de armas y las redes de lavado de dinero dentro de EE. UU.

EL TRASFONDO GEOPOLÍTICO La violencia y el control territorial en México están íntimamente ligados a la competencia global por recursos estratégicos como el litio, el agua y la energía.

ILUSTRACIÓN: Dante Escobar

fluido: bajo esas marcas operan facciones, brazos armados, autoridades, empresarios, financieros y grupos locales con autonomía. Cooperan, compiten y mudan de alianza. Por ello, mi investigación evolucionó del estudio de corporaciones criminales al análisis de redes y sistemas complejos adaptativos. No es un simple cambio de vocabulario. Si imaginamos un cártel como una pirámide, suponemos que basta capturar a quien ocupa la cima. Al observar una red, entendemos que eliminar un nodo puede provocar fragmentación, nuevos liderazgos y mayor violencia. La red aprende, se recompone y convierte las respuestas del Estado en oportunidades. El ecosistema criminal entrelaza drogas sintéticas, armas, personas, combustibles,

SI IMAGINAMOS UN CÁRTEL COMO UNA PIRÁMIDE, SUPONEMOS QUE BASTA CAPTURAR A QUIEN OCUPA LA CIMA. AL OBSERVAR UNA RED, ENTENDEMOS QUE ELIMINAR UN NODO PUEDE PROVOCAR FRAGMENTACIÓN, NUEVOS LIDERAZGOS Y MAYOR VIOLENCIA minerales, agua, extorsión y cadenas logísticas. Sus actores no participan en cada negocio ni obedecen a un mando único. Tampoco existe una frontera nítida entre crimen y Estado. Hay protección política, corrupción, coerción y complicidades empresariales. En este entramado, la violencia ordena mercados, disciplina comunidades y asegura territorios estratégicos.

Esta perspectiva es indispensable para entender la relación México-Estados Unidos. La crisis del fentanilo ha fortalecido en Washington la narrativa de que los “cárteles mexicanos” son ejércitos enemigos y organizaciones terroristas que pueden destruirse por la fuerza. Es una interpretación seductora, pero equivocada. Reduce una economía transnacional a villanos al sur de la frontera y relega la demanda estadounidense, las redes de distribución y lavado, el tráfico de armas hacia México y los circuitos financieros del negocio. La discusión tampoco puede separarse de la geopolítica. Ante la reconfiguración de cadenas de suministro y la competencia por energía, agua, litio, tierras raras e infraestructura, México ocupa una posición excepcional. Frontera, fentanilo

y antiterrorismo se entrelazan con la disputa por recursos y control territorial en América del Norte. La política criminal se convierte así en política exterior, económica y de defensa. Persistir en una guerra contra entidades que no existen como las imaginamos producirá respuestas contraproducentes. México necesita inteligencia para mapear relaciones, mercados y flujos financieros; fortalecer instituciones civiles; desarticular redes de protección y reducir las rentas de la violencia. Estados Unidos debe reconocer su lugar dentro del ecosistema. Mientras sigamos persiguiendo pirámides imaginarias, las redes reales continuarán extendiéndose. El primer paso para salir de una guerra interminable es aprender a mirar el mapa completo.

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

De acuerdo con la Guardia Nacional CERT-MX y la Condusef, las mejores defensas incluyen:

MARTHA OROZCO REYES CONSULTORA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD PARA EL GRUPO BANCO MUNDIAL MÉXICO

Investigadora Senior del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). Abogada y maestra en Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

VERIFICACIÓN EN DOS PASOS: Activar este servicio en todas las aplicaciones de mensajería y redes sociales.

D FRAUDE CI B ERNÉTI C O: PROTEGER TAMBIÉN ES SABER RESPONDER EL DELITO QUE AGOBIA Y ACECHA A LA POBLACIÓN MEXICANA FUE EL MÁS RECURRENTE EN 2025 CON UNA TASA DE 8 MIL 290 CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES; CUANDO LA VÍCTIMA LO REPORTA, CONTRIBUYE A IDENTIFICAR PATRONES DELICTIVOS

etrás de cada fraude cibernético hay alguien que, en cuestión de minutos, vio comprometida su tranquilidad. Más allá del dinero perdido o de la información vulnerada, existe una experiencia que rara vez ocupa los titulares: la incertidumbre posterior al incidente. A quién llamar, cómo denunciar, qué hacer para recuperar el control y, sobre todo, cómo enfrentar el temor de haber sido engañado. La respuesta es importante porque el impacto de estos delitos no termina cuando desaparece el dinero de una cuenta o cuando se vulnera una identidad digital. Comienza, entonces, un proceso marcado por

BITÁCORA DE SEGURIDAD ALERTAS BANCARIAS: Configurar notificaciones en tiempo real para cada compra o movimiento en las tarjetas.

COLGAR Y VERIFICAR: Ante llamadas de supuestos bancos que soliciten datos confidenciales, se debe colgar de inmediato y acudir o llamar directamente a la sucursal oficial.

ILUSTRACIÓN: Ani Cortés

la incertidumbre, la necesidad de denunciar, reunir evidencia y enfrentar procedimientos que suelen ser complejos para la mayoría de las personas. En ese momento se pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. El fraude dejó de ser un delito marginal. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, el fraude (incluye fraude bancario y fraude a la persona consumidora) fue el delito más frecuente del país durante 2025, con una tasa de 8 mil 290 casos por cada 100 mil habitantes, por encima de la extorsión (6 mil 831) y del robo o asalto en calle o transporte

SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE) 2026 DEL INEGI, EL FRAUDE (INCLUYE FRAUDE BANCARIO Y FRAUDE A LA PERSONA CONSUMIDORA) FUE EL DELITO MÁS HABITUAL DEL PAÍS DURANTE 2025 público (5 mil 641). De acuerdo con un cálculo propio a partir de esas cifras y de la tasa total de incidencia delictiva reportada por el INEGI (34 mil 442 por cada 100 mil habitantes), el fraude representó cerca de 24% de todos los delitos cometidos en 2025, y junto con la extorsión concentraron alrededor de 44% de la actividad delictiva nacional. Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio electró-

nico y de los servicios financieros digitales ha ampliado las oportunidades para quienes buscan engañar a los usuarios mediante llamadas telefónicas, mensajes, aplicaciones apócrifas o correos electrónicos que simulan ser legítimos. Frente a esta realidad, resulta necesario abandonar la idea de que la atención a víctimas es únicamente un servicio posterior al incidente. Desde una perspectiva de gestión de

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EL FRAUDE REPRESENTÓ CERCA DE 24% DE TODOS LOS DELITOS COMETIDOS EN 2025, Y JUNTO CON LA EXTORSIÓN CONCENTRARON ALREDEDOR DE 44% DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA NACIONAL riesgos, constituye una función estratégica de seguridad. Un fraude consumado rara vez representa un hecho aislado. Con frecuencia es el primer indicio de una posible exposición de credenciales, datos personales o información financiera que podría derivar en nuevos incidentes. Por ello, las primeras horas posteriores al ataque son fundamentales para bloquear accesos, preservar evidencia y contener afectaciones adicionales. Sin embargo, una respuesta efectiva también requiere comunicación clara, orientación oportuna y acompañamiento durante el proceso. Cuando una persona encuentra canales accesibles para reportar lo ocurrido y recibe información precisa sobre los pasos a seguir, aumenta la confianza en las instituciones y mejora la disposición para colaborar con las investigaciones. Cada denuncia representa una fuente valiosa de información para identificar nuevas modalidades de fraude y detectar patrones delictivos. En otras palabras, una víctima adecuadamente atendida no sólo recibe apoyo, sino que también contribuye a la seguridad colectiva. El fraude prospera donde existe desinformación, silencio y falta de denuncia. Por eso, la mejor respuesta no es solamente reaccionar cuando el daño ya ocurrió, sino construir una cultura de prevención basada en información, confianza y corresponsabilidad.

SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO

Especialista en Derecho Penal con más de 20 años de experiencia en procuración de justicia en los ámbitos estatal y federal. Ha desarrollado su trayectoria en instituciones de seguridad y justicia, destacando por su experiencia en investigación de delitos, combate a la delincuencia organizada, así como por su desempeño académico. Ha ocupado diversos cargos en la entonces Procuraduría General de la República y en la Fiscalía General del Estado de Durango, institución que ha encabezado como fiscal general en dos periodos

JUSTICIA CON INTEGRIDAD: EL COMPROMISO CON DURANGO

NOMBRADA POR SEGUNDA OCASIÓN COMO FISCAL GENERAL DE SU ESTADO, SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSO HA TENIDO QUE LUCHAR ANTE DOS FRENTES: COMBATIR LA DELINCUENCIA Y GANARSE UN LUGAR EN UN ÁMBITO DOMINADO POR HOMBRES

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er fiscal en el norte del país no es nada fácil. Desafortunadamente, en México aún existen cuestionamientos sobre la capacidad de las mujeres para ocupar este tipo de cargos y estar al frente de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. A pesar de la igualdad legal, las mujeres siguen enfrentando discriminación y obstáculos en el acceso a cargos públicos de alto nivel. El 12 de julio de 2011 fui nombrada fiscal general del estado de Durango. En esa época, el estado atravesaba uno de los momentos más críticos en materia de seguridad, con señalamientos a nivel nacional e internacional como una de las entidades más peligrosas del país. El objetivo primordial fue recuperar la seguridad en el estado de Durango, debido a que las estadísticas eran alarmantes. En el año 2010 se suscita-

ron mil 25 homicidios dolosos, 79 secuestros, 265 casos de extorsión y 6 mil 308 robos de vehículo. A través del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el Ejército Mexicano, la entonces Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se lograron reducir de manera importante los índices delictivos. Para el año 2016 se registraron 236 homicidios dolosos, lo que representó una disminución del 77%; seis secuestros, con una reducción del 92.4%; 49 casos de extorsión, con una disminución del 81.5%, y mil 42 robos de vehículo, con una reducción del 83.48%. El reto más importante de 2011 a 2016 fue la región Laguna de Durango, pues la mayor parte de la incidencia delictiva se concentraba en esa zona. Se realizaron acciones contun-

EJES DE ACCIÓN DE LA FISCALÍA DE DURANGO

dentes. En diciembre de 2012 se cerró de manera definitiva el Cereso de Gómez Palacio y, el 18 de enero de 2013, se desarticularon las corporaciones de policía municipal de Lerdo y Gómez Palacio, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esto motivó la firma de un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para que policías militares realizaran las funciones preventivas en ambos municipios. Asimismo, se fortaleció la presencia de elementos de

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AGILIZACIÓN MINISTERIAL Y POLICIAL Reorganizar la operación en las Agencias del Ministerio Público, la Policía Investigadora de Delitos y Servicios Periciales para evitar el rezago.

INVESTIGACIÓN PROACTIVA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO Perseguir los delitos del orden común e integrar carpetas sólidas para evitar la impunidad.

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN Proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos; además de ofrecer programas de prevención y pláticas a la comunidad.

EL RETO MÁS IMPORTANTE DE 2011 A 2016 FUE LA REGIÓN LAGUNA DE DURANGO, PUES LA MAYOR PARTE DE LA INCIDENCIA DELICTIVA SE CONCENTRABA EN ESA ZONA. SE REALIZARON ACCIONES CONTUNDENTES Sedena, Policía Federal, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal; se construyó, con recursos federales y estatales, el 72 Batallón de Infantería, y se implementó en Gómez Palacio y Lerdo el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con rescate de espacios públicos y reconstrucción del tejido social, beneficiando a casi 80 mil personas de 49 colonias. A inicios de 2016 se creó la Fuerza Metropolitana de La

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JUSTICIA ALTERNATIVA Fomentar la Dirección de Justicia Penal Restaurativa para resolver controversias mediante acuerdos reparatorios

Laguna, compuesta por policías de Durango y Coahuila, así como el Mando Especial de La Laguna, encabezado por Sedena, instancia que coordina dichas fuerzas policiacas hasta el día de hoy. El 15 de septiembre de 2022 fui propuesta nuevamente como fiscal general del estado de Durango y, durante estos casi cuatro años de trabajo, se han logrado reducir los delitos de alto impacto, al grado de que Durango pasó de ser uno de los estados más

inseguros del país a ocupar el segundo o tercer lugar entre las entidades más seguras. Por ejemplo, en el año 2025 se suscitaron 55 homicidios dolosos, cero casos de secuestro, 23 casos de extorsión y 329 robos de vehículo. La clave para mantener al estado en condiciones de tranquilidad ha sido la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la judicialización de carpetas de investigación y la obtención de sentencias condenatorias.

BLANCA IVONNE OLVERA LEZAMA CATEDRÁTICA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, DE DONDE ES EGRESADA, Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE) @IVONNE_OLEZ

Cuenta con una amplia trayectoria en instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, donde se ha desempeñado en la Policía Federal como asesora del Comisionado General y directora de desarrollo y seguimiento, así como en el Órgano Interno de Control de la misma institución. Trabajó en distintos cargos en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ES UNA REALIDAD CRECIENTE QUE PLANTEA NUEVOS DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN Y EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL

MUJERES EN SEGURIDAD Y JUSTICIA, AVANCES Y RETOS

MUJERES DISRUPTIVAS

MARÍA ASUNCIÓN SANDOVAL 1898. Primera abogada en titularse.

CON EL PASO DE LOS AÑOS, EL SECTOR FEMENINO FUE GANÁNDOSE UN LUGAR IMPORTANTE EN UN ÁMBITO QUE ERA PROPIO DE HOMBRES. EL DERECHO AL VOTO Y LA RESPONSABILIDAD DE APLICAR LA LEY SON ALGUNOS EJEMPLOS

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a seguridad y la justicia van de la mano, ambas son sujetas del Derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en las comunidades o sociedad; es decir, el Derecho en términos simples es la ley, así la ley es la que nos organiza y fija los límites de nuestra conducta, nos indica qué es lo correcto o lo que está prohibido; de esta forma, la debida aplicación de la ley, la llamamos justicia, pero ésta no es la única acepción o significado, existen otros; por ejemplo, el del romano Ulpiano que en el siglo III, la definió como el de dar a cada quien lo suyo. De esta forma, la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece, en lo conducente, que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas; asimismo, comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Por lo que hace a los delitos, se encuentran tipificados en la ley penal; es decir, en los Códigos Penales Estatales y el Código Penal Federal. En consecuencia, estos delitos

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO 1977. Primera mujer jueza.

se investigarán, perseguirán y sancionarán mediante el proceso penal establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establecen las etapas del procedimiento penal, los derechos de las víctimas, de los imputados o acusados, así como las obligaciones y funciones de los sujetos de este procedimiento como policías, ministerios públicos, peritos, asesores jurídicos, jueces y autoridades mediadoras. El procedimiento referente a las penas se estudia mediante el derecho penitenciario y se encuentra establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en esta ley se detalla la organización de los centros de reclusión y todo lo referente a las penas y los tratamientos que se aplican a las personas en reclusión, con estricto apego a derechos humanos para su reinserción social. Es en este contexto fue que la creación del Derecho y en consecuencia de todas las leyes que nos rigen, fue elaborada al principio de los tiempos por hombres, quienes crearon

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ILUSTRACIONES: Elihu Galaviz

MARISELA MORALES IBÁÑEZ 2011. Primera mujer titular de la PGR.

MARIBEL CERVANTES GUERRERO 2012. Primera mujer comisionada general de la PF.

las reglas, ubicando dos géneros: el femenino para las mujeres y el masculino para los hombres. Así las cosas, a las mujeres se les asignaron la crianza de los hijos y los cuidados del hogar, negándoles el derecho de tener un patrimonio propio, trabajar, estudiar, votar; es decir, las mujeres no podían estar en los lugares donde se tomaban decisiones para la evolución y organización humana, éste era el privilegio de los hombres. Ello trajo como consecuencia una serie de desigualdades entre los géneros, cuyo resultado es la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades, siendo la más grave de todas la violencia feminicida. A propósito, es curioso conocer la representación simbólica de la justicia, que es la de una mujer con los ojos vendados, cargando una balanza con una mano y con la otra una espada, esta representación proviene de la mitología griega y romana, de deidades como Temis. Así la mujer representa simbólicamente a la justicia,

ERNESTINA GODOY RAMOS 2018. Primera mujer fiscal general capitalina y fiscal general de la República (2025).

por una parte; y por la otra, en la realidad la ley es injusta para ella por negarle sus principales derechos. Existen países que han tenido avances en este aspecto, pero otros como los orientales y de Medio Oriente, que se han quedado en el pasado con leyes, en que a las mujeres se les niegan sus derechos más básicos, por ejemplo, mostrar su rostro, teniendo la obligación por ley a cubrirlo, o a ser circuncidadas desde niñas. De esta forma, las mujeres empezaron a manifestarse, logrando reformar las leyes y con ello ganar derechos al patrimonio, al voto, al trabajo y, sobre todo, a la educación. Fue mediante el estudio, esfuerzo y disciplina, que las mujeres se las han arreglado para cumplir con los cuidados del hogar y la crianza de los hijos, y al mismo tiempo, obtener oportunidades para abrir espacios en donde se toman las decisiones, tanto en lo político como en lo económico y social, rompiendo así el techo de cristal. En México, al paso del tiempo, las mujeres comen-

DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO 2018. Primera mujer secretaria de Gobernación.

LAS MUJERES EMPEZARON A MANIFESTARSE, LOGRANDO REFORMAR LAS LEYES Y, CON ELLO, GANAR DERECHOS AL PATRIMONIO, AL VOTO, AL TRABAJO Y, SOBRE TODO, A LA EDUCACIÓN zaron a asistir a las universidades, estudiando profesiones que sólo habían sido ocupadas por hombres, la referencia en México en materia de justicia es la de María Asunción Sandoval, que fue la primera abogada en titularse en 1898; después pasaron 79 años para que en 1977 se nombrara a la primera mujer jueza, Bertha Alfonsina Navarro, dándose los primeros pasos para que los hombres dejaran de mantener el monopolio del Derecho y la justicia. La matrícula de mujeres fue creciendo en las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, por lo que una vez tituladas, se incorporaron como docentes en materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penitenciario

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 2024. Primera mujer Presidenta Constitucional de México.

y Criminología, consiguiendo ser electas por los consejos universitarios para dirigir universidades y facultades de Derecho de origen patriarcal, por ejemplo, hoy en día la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es dirigida por una mujer, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Asimismo, la paridad de género en 2019 en materia legislativa contribuyó como un avance más, para que las mujeres comenzaran a ocupar puestos en la toma de decisiones y lograr espacios en seguridad pública, procuración de justicia, órganos jurisdiccionales y centros penitenciarios, estos temas también empezaron a ser analizados por mujeres investigadoras académicas como la antropóloga y doctora Elena Azaola y por la doctora Ruth Villanueva Castilleja. En este contexto, las mujeres empezaron a incidir en la seguridad pública y en la justicia penal. En 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) nombró por primera vez

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a una mujer como su titular, la licenciada Marisela Morales Ibáñez. Al año siguiente, en 2012, Maribel Cervantes Guerrero fue la primera mujer que ocupó el puesto de comisionada general de la hoy extinta Policía Federal (PF). Seis años después, en 2018, fue nombrada la primera procuradora de la Ciudad de México: Ernestina Godoy Ramos, quien fuera electa también como la primera mujer fiscal general de la Ciudad de México en 2020. Actualmente, en 2026, la maestra Godoy es titular de la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en la primera mujer que ha sido tanto fiscal general capitalina como fiscal general de la República. La seguridad pública y la justicia penal en el país han pasado por reformas estructurales muy importantes, en que la participación de las mujeres ha sido fundamental; por ejemplo, en junio de 2028 se reformó radicalmente el Sistema de Justicia Penal, su implementación estuvo a cargo de una mujer, la doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, quien estuvo al frente de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), esta reforma estableció la normatividad de operación a nivel nacional y para ello publicó un nuevo código Nacional de Procedimientos Penales en el que se estableció el sistema de justicia oral con tres etapas: la de investigación, intermedia y juicio oral, estableciendo funciones y obligaciones para los operadores del sistema de justicia y seguridad pública, dotándolos de nuevas funciones, como la de investigación a los policías de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal en su artículo 132, en consecuencia se crearon y publicaron nuevas leyes y protocolos, como la Ley Nacional de Ejecución Penal y el

Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, mismo que contiene el Informe Policial Homologado (IPH), con el fin de ser usado por los policías primeros respondientes de forma homóloga, en el registro del hecho delictuoso. En mayo de 2019, se realizó una nueva reforma en materia de seguridad pública, por la que se crean la Guardia Nacional, el Registro Nacional de Detenciones y la normatividad para homologar el uso de la fuerza policial; para ello, se publicaron tres nuevas leyes en este contexto, cuyo decreto fue rubricado por el Ejecutivo y por una mujer, la primera Secretaria de Gobernación: Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. En octubre de 2024, México vive un cambio histórico, en el que por primera vez una mujer es electa Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es aquí donde la seguridad pública y la justicia penal en el país tienen cara de mujer, debido a que es la Pre-

EN MÉXICO, AL PASO DEL TIEMPO, LAS MUJERES COMENZARON A ASISTIR A LAS UNIVERSIDADES, ESTUDIANDO PROFESIONES QUE SÓLO HABÍAN SIDO OCUPADAS POR HOMBRES sidenta quien está en el lugar donde se toman las decisiones, y también por primera vez una mujer es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México. La presidenta Sheinbaum crea una nueva estrategia nacional de seguridad, para ello reforma el artículo 21 constitucional, el cual establece en lo conducente, la coordinación del ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, para cumplir los fines de la seguridad pública, conformando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, éste contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamien-

tos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios; de igual modo, una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es importante señalar que es una mujer la que actualmente está al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): la maestra Marcela Figueroa Franco. Todavía hay muchos retos en materia de seguridad pública y justicia penal, pero los avances con una mujer Presidenta y mujeres al frente de posiciones estratégicas en materia de seguridad pública y procuración de justicia son visibles, puesto que reflejan una disminución gradual en los índices delictivos de seguridad pública a nivel nacional. El tiempo nos dará la respuesta.

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