NÚÑEZ DESPEJAR

Conviene revisar las actividades del movimiento social guerrerense, que aglutina a varias organizaciones sociales, sea que se pongan de acuerdo o no; sea que actúen de manera aislada o en conjunto, para hablar de orden y paz (parafraseando a Héctor Astudillo), así como de gobernabilidad.

La sociedad no ha entendido que el orden y la paz nos corresponde a todos, como también la gobernabilidad. Es impropio el caos que sembramos con nuestros usos y costumbres, desde cerrar una calle para un velorio o un casamiento, o simplemente porque a alguien se le pega la gana, hasta bloquear calles y avenidas solamente porque falta el agua potable.

Habrá casos en los que la lucha social (sea permanente o circunstancial) forzosamente tenga que llegar al bloqueo de carreteras; por ejemplo, en asuntos que ameriten una manifestación de esa magnitud para protestar por injusticias graves a los derechos humanos de las personas, o temas que afecten a un gran conglomerado social, y para los cuales la autoridad esté haciendo oídos sordos o, incluso, ignorando la necesidad de diálogo.

Pero bloquear una autopista interestatal o una avenida con alto flujo vehicular en ciudades con alto concentración poblacional, sólo porque falta un profesor en una escuela, o para exigir un médico en un centro de salud (como de manera recurrente se da en Acapulco o Chilpancingo, por citar las dos ciudades más importantes del estado), o para denunciar que no hay agua, que no pasa la basura, ya es algo preocupante.

La anarquía en calles y avenidas, el uso egoísta de la vía pública, y hasta el uso y abuso de menores de edad descalzos, en una protesta que compete de manera exclusiva a padres de familia y profesores, exponiéndolos a un accidente, a la insolación, a la incertidumbre, de verdad que son temas que los gobiernos de todos los niveles deben revisar y hasta donde sea posible regular.

Cierto que existe el derecho constitucional a la libre manifestación y a la libre organización.

Pero para todo hay límites. Y ya lo dijo el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, que todo límite personal termina donde comienza el límite de los demás.

Ese es un principio de derecho que Benito Juárez inmortalizó en una de sus frases: El respeto al derecho ajeno, es la paz.

Era necesario, por ejemplo, sacar al movimiento de Ayotzinapa de las casetas de cobro de

Misael Tamayo

la Autopista del Sol, pues abusando de su derecho a manifestarse, comenzaron a robar a manos llenas cobrando el peaje. Por 8 años, desde 2014 hasta 2022, las hordas de encapuchados que ni siquiera se sabía si realmente eran de Ayotzinapa, simplemente llegaban en camiones “prestados” (léase el chascarrillo) para sacar a los cobradores de las casetas y apoderarse del área, cobrando una tarifa única por unidad que cruzara.

Claro que recularon, patearon, se emberrincharon, al grado de que Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, habiéndose declarado morenista y afín al movimiento lópezobradorista, terminó por convertirse en el principal detractor. Y si esto hizo el abogado, imaginemos lo que piensan y opinen los líderes del movimiento estudiantil de Ayotzinapa, que ejercen un autogobierno dentro del plantel, así como el director que es mundialmente desconocido y hasta los profesores, que ni siquiera sabemos quiénes son.

¿Puede el estado de Guerrero seguir en esa ruta? La respuesta es no. El ex gobernador Héctor Astudillo prometió orden y paz, pero dejó en esta tarea muchos cabos sueltos, el de Ayotzinapa entre ellos. Le tembló la mano para desalojar la Autopista cada vez que era tomada por cualquier grupo. Lo hizo, sí, en contadas ocasiones pero su obligación era declarar esa ruta como zona libre de protestas, y que los miembros del movimiento social trasladen sus manifestaciones a donde deben: la sede de gobierno estatal, la sede del Congreso, de la Fiscalía, de la Ciudad Judicial, etcétera. Ahí donde se toman decisiones y donde despachan los funcionarios, en lugar de hacerle la vida de cuadros a la gente.

¿Luego entonces, las manifestaciones deben regularse? No las manifestaciones en sí mismas, porque son un derecho, pero sí regular los lugares para hacerlo. No es lo mismo ir a bloquear la Autopista del Sol que ir a manifestarse en una plaza pública, o en una avenida interna de la ciudad, o a las sedes de los poderes públicos. ¿Por qué estrangular el estado bloqueando la única autopista que lo conecta con el centro del país y sus destinos de playa?

¿Por qué exponer a los turistas a sufrir por temas que no les competen, y que vienen a la entidad a dejar su dinero?

Lo grave es que muchas veces lo hacen sólo para pedir diálogo con las autoridades, aunque ni siquiera lo hayan solicitado previamente. Es decir, que las protestas callejeras y concretamente en la

Autopista, para arreglar cualquier asunto -aunque no arreglen nada realmente- ya se hicieron costumbre y parte del folclor guerrerense.

De parte de los gobiernos de todos los niveles, su obligación es tener puertas abiertas al diálogo e incluso propiciarlo. Pero la obligación de la sociedad, incluyendo los dirigentes de las organizaciones sociales, es cuidar que su lucha -que sin duda es válida en todos sentidos-, deje de afectar a terceros, que deje de afectar a la economía estatal y local, y se encauce hacia donde realmente debe darse.

Desafortunadamente, el caso Ayotzinapa sirve como ejemplo de ambas caras del asunto. Haciendo de sus derechos constitucionales, planeaban ir a la manifestación del 2 de octubre de 2014. Hasta ahí todo bien. Para ello, el consejo estudiantil envío a muchachos de primer ingreso a “tomar” autobuses a Iguala, acompañados de algunos que son sempiternos en esa escuela. Pero tomaron el autobús equivocado. 43 no volvieron para contarlo y otros murieron esa misma noche. Ahora gritan “¡Fue el Estado!” ¿Y la responsabilidad de quienes expusieron a los muchachos a esa muerte, dónde queda?