Razones Jorge Fernández Menéndez Trenes, bancos y ocurrencias

“El gobierno necesita un banco”, dijo ayer en la mañanera el presidente López Obrador. Lo podría haber dicho otro López, el entonces presidente López Portillo cuando nacionalizó la banca en 1982. Lo que se pretendía ahora, más una ocurrencia que un plan de negocios, era que si Germán Larrea ya no iba por Banamex luego de la “ocupación temporal” del tramo veracruzano de Ferrosur, el gobierno federal lo podría comprar y, según los cálculos presidenciales, lo podría hacer ahorrándose dos mil millones de dólares de impuestos y poniendo tres mil millones del presupuesto con algún socio que pusiera otros dos mil millones. Algo así como comprar Banamex con un plan de negocios en una servilleta de papel elaborada en una cantina.

Dejemos de lado la pregunta de para qué diablos necesita un banco el gobierno, si ya demostró con creces que no puede llevarlos, no sólo porque el sistema bancario nacionalizado fue simplemente un desastre en todos los sentidos (excepto para los funcionarios que se enriquecieron con ello), sino también porque los enormes recursos destinados durante este sexenio al Banco del Bienestar podrán haber servido para el clientelismo y los contratos de algunos, pero no han logrado convertir a ese banco en una institución financiera seria, tanto que ya no puede recibir remesas del exterior, porque las autoridades estadunidenses creen que sirve para operaciones de lavado de dinero y triangulación de recursos con países como Nicaragua y Venezuela.

Lo cierto es que ante la crisis con Larrea y las pretensiones gubernamentales, en Citi decidieron algo lógico: cancelar la venta de Banamex, convocar a un OPI en 2025 (o sea cuando haya acabado esta administración) y a través de ese mecanismo bursátil vender esa división en México. Era un mecanismo que ya estaba contemplado como posible y existen grupos de empresarios muy importantes dispuestos a participar con el mismo. Se había optado por la venta directa para simplificar el proceso. Pero lo sucedido con la “ocupación temporal” hizo que se cayeran esas negociaciones y me imagino que en Nueva York deben haber pensado que era mejor suspender el proceso antes que seguir involucrados en una venta que debería ser estrictamente entre privados, pero que ya sufría un abierto intervencionismo del gobierno.

Lo incomprensible de lo sucedido el viernes pasado con la ocupación por la Marina de las instalaciones de Ferrosur, es que existía una negociación que tenía términos muy concretos entre Grupo México y el gobierno federal, en una operación que llevaban el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el propio Larrea. Ya se había acor- dado la construcción de una vía alterna o una contraprestación (la de 9 mil 500 millones de pesos que dijo López Obrador que era impagable) y existían mecanismos que hubieran hecho posible un acuerdo sin alterar mercados e inversiones.

Desde aquella mañana en Mérida en que un malestar presidencial, atribuido a covid, obligó a un traslado de urgencia a la Ciudad de México, al presidente López Obrador le han ganado las prisas y la decisión de imponer medidas para sacar sus propuestas adelante, con o sin apoyos y respaldos, siquiera legales.

La demostración de que el Presidente tiene prisa y que no quiere negociaciones, sino acatamiento, y de que en el propio gobierno existen diferencias importantes, es que repentinamente y luego de dos reuniones personales con el propio Larrea, el mandatario haya ordenado la ocupación por la Marina de las instalaciones, con un decreto que dice que tenía en su poder desde el inicio de la semana pasada, o sea, antes de la reuniones con Larrea, que está tan mal redactado y con tan endebles bases legales (se basa en la Ley de Expropiación, pero el gobierno no puede expropiarse a sí mismo), que demuestra que privó la decisión política por sobre la jurídica.

¿Habrá finalmente algún acuerdo, como dijo Alfonso Romo? Seguramente sí. Larrea, un empresario que suele jugar muy rudo y agresivo con quienes no acatan sus decisiones, esta vez tendrá que hacerlo él: tiene demasiados intereses, toda la industria minera se asienta en concesiones, intereses incluso en torno a esa misma vía férrea, como para no hacerlo. En este caso, lo que terminará ocurriendo es lo que se tendría que haber propuesto, que es quitar la concesión y pagar una contraprestación. En realidad, eso era lo que ya se había estado negociando en Gobernación. Pero algo sucedió (quizás la vieja animadversión mutua entre el Presidente y el empresario) que en Palacio Nacional se decidió activar la fórmula de la intervención militar en lugar de privilegiar la política. El hecho es que el Tren Maya está en veremos, y se suman los problemas tanto de construcción como de logística y de denuncias ambientales; Dos Bocas ha costado ya el doble de lo presupuestado y no estará produciendo probablemente hasta 2025; el Felipe Ángeles está operando, pero ni remotamente está en condiciones de reemplazar al aeropuerto internacional Benito Juárez; el Corredor Transístmico está muy rezagado (por eso en lugar de esperar que se construyera una vía alterna se optó por quedarse con la que ya estaba concesionada) y ya falta un año y cinco meses para octubre de 2024.

Y todo en conjunto tiene otro efecto: obliga a apresurar y endurecer también el proceso sucesorio.

Misael Tamayo N Ez Despejar

Marcelo Ebrard Casaubón se adelanta a Morena y anunció el martes que el 5 de junio, al siguiente día de las elecciones para gobernador en Estado de México y en Coahuila, presentará su propuesta de consulta interna, para elegir al candidato presidencial morenista. Claro, será una propuesta pero no necesariamente lo que el partido decida.

Aún así, es interesante que uno de los precandidatos pretenda también erigirse como juez del proceso, cuando su tarea es ser parte de él.

Ese justamente es el dilema que en este momento tiene el PAN, partido que terminó colocar duros candados o filtros a los aspirantes presidenciales, entre estos que no sólo demuestren 40 por ciento de conocimiento entre la población y un mínimo de 15 por ciento de intención de voto, sino adicionalmente tendrán que presentar las firmas de 1 millón de electores en general.

La senadora Lilly Téllez está acusando al senador Santiago Creel Miranda de ser el artífice de estos filtros que anunció el líder del partido, Marko Cortés, in- dicándole que eso no es garantía de piso parejo, además de que se obligaría a los aspirantes a gastar algo así como 30 millones de pesos tan sólo para recabar firmas, algo que en definitiva es algo ilegal, considera la ex morenista, quien a su vez cuestiona quién estará financiando a Santiago Creel, como para que esté de acuerdo en hacer semejante gasto.

La excusa de Marko Cortés es que el candidato presidencial del PAN, no sólo se monte en la estructura de este partido y de los partidos aliados, sino que además aporte su propia estructura, algo que la senadora Lilly Téllez no tiene, porque recordemos que llegó como senadora de Morena, y al paso del tiempo “chaqueteó”, molestándose por el respaldo de la bancada morenista a leyes impulsadas por feministas.

Volviendo al tema, ¿cuál será entondes la propuesta de Marcelo Ebrard?

Que la encuesta de Morena no sea de campo, o al menos no solamente, sino que se incorpore alguna aplicación digital para que cualquiera que tenga un teléfono inteligente y descargue la aplicación, pueda votar.

En un mensaje en redes socia- les, el canciller dijo: “He estado pensando cómo resolver… para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar, como es la invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. La voy a desarrollar y se las presento y las comparto el 5 de junio”.

Antes, en su gira por Oaxaca, Marcelo había considerado que podría darse una encuesta amplia con la participación de la ciudadanía, a través de una aplicación o App.

Agregó que “si los diputados pueden votar a distancia por medio de teléfonos celulares, ¿por qué no se piensa en una opción parecida para que participe en la encuesta todo aquel que así lo desee”.

Sin embargo, a juicio de expertos en el tema, no puede considerarse que una aplicación de teléfono celular pueda garantizar una encuesta amplia, como él exige.

Primero, dicen, el resultado no sería confiable porque, para empezar, dejaría fuera de la muestra a millones de personas pobres que no tienen teléfonos inteligentes o que si los tienen batallan en exceso para conectarse a internet.

Otro problema que presenta la propuesta de Ebrard, sería el de lograr que la mayoría de las personas que sí cuentan con celulares avanzados descarguen la aplicación en un par de meses que faltan para el proceso interno. Estamos hablando de unos 97 millones de electores.

Primero habría qué definir qué porcentaje de esos 97 millones de mexicanos cuentan con un teléfono inteligente.

Y sobre todo, ¿cuántos de esos usuarios querrían descargar una aplicación de poca o nula utilidad? Porque, de hecho, sólo serviría para este proceso interno de Morena; y siempre y cuando se les garantice que está diseñada a prueba de hackeos.

Según la Asociación de Internet MX, poco más del 70% de los 97 millones de electores en México ha descargado WhatsApp, independientemente de si cuenta con buen internet para usarlo con eficacia.

Ésta es la App más popular entre los mexicanos, pero no necesariamente la que se deba usar en una elección interna.

Como antecedente tenemos el fracaso de las candidaturas presidenciales independientes de 2018. Para esa elección, el INE desarrolló una app para supuestamente facilitar la recolección e firmas de los aspirantes. Sin embargo, muy poca gente la descargó y, la verdad sea dicha, en algunos teléfonos celulares nunca funcionó, ni siquiera en zonas con excelente acceso a internet. Las quejas fueron más que las firmas. Ni los aspirantes sabían como funcionaba el sistema.

Destaca el caso de la aspirante indígena María de Jesús Patricio, cuyos seguidores en su mayoría no tenían teléfonos inteligentes y ni siquiera acceso a internet, así que no pudieran darle sus firmas.

Finalmente, el esfuerzo de las candidaturas independientes se echó a la basura y el invento de la App fue un fiasco.

Veremos sin embargo qué sorpresa nos da Ebrard y, sobre todo, si en el partido se la aceptan.