MISAEL TAMAYO NÚÑEZ

La reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está también por ser abortada. Lo que parecía inminente para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados, dado que se tenía el aval de todos los partidos, exceptuando a Movimiento Ciudadano, finalmente no se concretó. Trascendió que desde el seno de Morena se gestó la inconformidad, sobre todo de parte de mujeres que ven el riesgo de que sus derechos a la paridad de género, así como los derechos de minorías queden al garete, fuera de la protección de las autoridades electorales, y sujetas al arbitrio de las dirigencias de sus partidos políticos.

A esta advertencia se sumaron mujeres de otros partidos, lo que terminó por sacar al PAN de la jugada, pese a que su líder parlamentario, Damián Zepeda, ya había dado el sí. Finalmente, el jueves Zepeda dijo que “jamás” avalaría el acotamiento de las atribuciones del Tribunal Electoral federal, para favorecer a los grupos de poder enquistados en los partidos políticos, pues eso sería una traición a los militantes y ciudadanos.

La discusión de este asunto por lo pronto quedó en suspenso en la Cámara de Diputados, debido a que también en el Senado de la Repúblicarse anunció la creación de un bloque contrario a la reforma, por considerarla un albazo que afecta a las mujeres.

Ahora mal, lo cierto es que en todo esto hay medias verdades. Y partiendo que una verdad a medias es también una media mentira, resulta absurdo considerar que los partidos políticos queden a sus anchas y no sujetos a la ley electoral que nos rige. Porque la ley no depende del Tribunal. Al contrario, los magistrados también deben estar sujetos a las normas en la materia.

Es decir, que ya de por sí los partidos tienen la responsabilidad legal de cumplir con la equidad de género y dar espacios a minorías como jóvenes, indígenas y afromexicanos, así como a miembros de la comunidad LGBT. Esto ya está contemplado en la ley, independientemente de si el Tribunal Electoral existe o no. Y, al menos teóricamente, la ley se hizo para cumplirse no para violarse.

Pero las damas consideran que se les deja sin piso parejo y desprotegidas, si se acotan las atribuciones de los magistrados del Tribunal Electoral, que lo mismo que los consejeros del INE, ciertamente se han entrometido más de la cuenta en la vida interna de los partidos.

Por eso la reforma propuesta tiene la premisa de que los magistrados electorales no excedan sus facultades de interpretación de las leyes, porque incluso han creado crean nuevas normas, sacándoselas de la manga, sustituyendo de ese modo a los diputados como creadores de leyes, y minando la vida interna de los partidos, algo que ha sido harto denunciado.

Pero dado que el TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral, sus resoluciones son inapelables, aunque no sean justas.

Eso, por donde se le vea, es un intervencionismo desmedido que, a mi juicio, sí debe acotarse. Y no es que pretenden limitar las atribuciones de los magistrados, es simplemente constreñirlos a la ley a ellos también.

Y mientras a nivel nacional se pausó la discusión de la iniciativa -que por fin aglutinó a Morena, sus aliados y sus detractores-, en el congreso local el tema fue motivo de pleito entre legisladores.

Los diputados de la 63 Legislatura local discutieron a gritos ese mismo día por la tarde en el pleno del Congreso local, una vez que la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, defendió tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral Federal (TEF) de la reforma que impulsa el Congreso de la Unión para “limitar las facultades de los magistrados electorales”.

Afirmó que la reforma le arrebata al TEPJF facultades para poder garantizar acciones afirmativas que permite que mujeres, personas indígenas, de la diversidad sexual, con discapacidad y otras, puedan ocupar espacios en lugares como estos.

“Detengan esta aberración constitucional. Defiendan a la democracia. Defiendan al Tribunal Electoral y, claro, rechacen las ambiciones desenfrenadas de poder y abracen las aspiraciones democráticas de la ciudadanía”, agregó la priista.

De inmediato contestaron los morenistas, recordándole a los prianistas y perredistas que el entarimado electoral está construido para preservar y perpetuar sus intereses. Les echaron en cara que se han opuesto a todo cambio, porque afecta sus intereses.

Mientras desde sus curules los morenistas gritaban: “¡Es uno honor estar con obrador! ¡Es uno honor estar con obrador! ¡Es uno honor estar con obrador!”

La perredista Patricia Doroteo Calderón, se sumó diciendo que el proyecto de reforma planea modificar el artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso tendrá la facultad exclusiva de dictar medidas afirmativas para garantizar el acceso de grupos vulnerables a puestos de poder, incluyendo el acceso a la paridad de género. Hasta ahora dichas determinaciones son emitidas por el TEF y garantizadas por el INE.

Agregó que si se aprueba dicha reforma en el Congreso de la Unión “se rompería todo principio y derecho ganado hasta ahora”. Adelantó que si se llega a aprobar la reforma, desde los congresos locales harán un frente “en defensa de los derechos de las mujeres para participar de manera paritaria en los procesos electorales”.

La cereza en el pastel la puso la morenista María Flores Maldonado, quien dijo que la participación política de la mujer está sobrevalorada, pues “actuar con principios, ética y calidad moral no es una cuestión de género, tanto puede ser corrupto un hombre tanto lo puede ser una mujer” y puso varios ejemplos. Fue en ese momento que perredistas, priistas y morenistas discutieron a gritos en el pleno, quienes se increpaban entre sí.

Ante semejante oposición, en parte atizada por la desinformación de las mujeres y de la clase política que se opone a los cambios, es muy probable que esta otra nueva reforma electoral también aborte. Y entonces nos quedaremos en “Babia”.