Opinión

Despejar

Misael Tamayo Núñez

Después de la reforma administrativa al INE, a través de cambios en las leyes secundarias electorales -reforma que fue congelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- la tarde del martes los diputados federales preparaban la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La sorpresa es que a diferencia de lo que sucedió con el INE, cuando los partidos de oposición de aliaron para impedirla y hasta marcharon con el señuelo de que “el INE no se toca”, en esta ocasión la propuesta fue respaldada por el PRI, PAN y PRD, aunque con la oposición del MC.

Incluso, en contra de la iniciativa, el coordinador de diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó a las fracciones parlamentarias de atentar contra la autonomía y contra peso del Tribunal Electoral.

“Hoy desgraciadamente con el aval del PRI, PAN y PRD, se va votar y se va probar este asalto, golpe letal al Tribunal que lo va terminar convirtiendo en un tribunal de chocolate va pasar de ser un tribunal constitucional a un tribunal simbólico”, reprochó.

Agregó: “Con esta reforma se inhabilita el Tribunal Electoral para dictar la última palabra, se le subordina al Tribunal Electoral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se subordina al Tribunal Electoral a lo que decidan los dirigentes partidistas”, expresó tiendo, los cambios buscan certeza jurídica a todos los que tengan el derecho legítimo establecido constitucionalmente de partida en un proceso de votar y ser votado”, señaló.

Es decir, que ni el INE ni el TEPFJ se extralimiten en sus funciones, como lo han venido haciendo, conculcando los derechos de los actores políticos y minando la vida interna de los partidos.

Diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena así como del PAN, PRI, PVEM, PT y PRD presentaron el pasado 29 de marzo un dictamen que propone la modificación de los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política, en materia de derechos y justicia político-electoral.

Al artículo 41 se el añade: “Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”.

Y precisamente en este punto es donde los aliados de la oposición se convencieron, sobre todo los priístas, porque recientemente el Tribunal Electoral impidió que el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, extendiera su presidencia frente al PRI un año más.

Dise O Gr Fico Y Redes Sociales

Antonio Gonzalez

Producci N Y Taller

Antonio Gonzalez

Periodico el Faro de la Costa Chica es una publicación diaria que se imprime en sus propios talleres con circulación en la región de la Costa Chica de Guerrero, Tlapa y Oaxaca

En protesta a la iniciativa, las y los integrantes de la bancada naranja se manifestaron en el frontispicio de San Lázaro con una manta en defensa del INE y el Tribunal, sin éxito obviamente. El MC se quedó como una voz en solitario, pues PT y el Verde se aliaron a Morena.

Cosa histórica, por primera vez la oposición vota a favor de cambios, entregando una de sus banderas políticas, pues incluso han venido acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener actitudes dictatoriales por presentar las reformas a los órganos que se encargan de organizar y calificar las elecciones en el país y en las entidades federativas.

Además, el Tribunal prevé, como consta en un proyecto de sentencia, anular un acuerdo de Morena que permitía a Mario Delgado prolongar su gestión frente al partido oficialista.

Eso, dicen, viola el principio de autodeterminación de los partidos, que desde hace tiempo han tenido que supeditarse a los dictados de magistradas y magistrados.

Los diputados buscan también que el Tribunal Electoral no asuma tareas que les corresponden a ellos como legisladores, miediante un cambio en el Artículo 99, donde refiere que el Tribunal Electoral dictará sus resoluciones “conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución, y los principios expresamente establecidos en ésta”.

Marquelia

Según Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, con la reforma se garantizan los derechos de las minorías, por lo que no ha lugar la moción y preocupación que externaron precisamente diputadas morenistas y organizaciones sociales, que consideraban que sus derechos de participación política, al limitar las sentencias del órgano electoral.

Afirmó que los partidos podrán resolver en materia de derechos políticos de mujeres, personas con discapacidad, personas transgénero, migrantes e indígenas.

¿Qué se busca con esta reforma? Según lo que se ha venido discu-

Y estipula: “Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”.

¿Qué tal.

Hay mucho más en esta reforma al Tribunal Electoral federal, la primera que une a Morena y sus aliados, con la oposición. La pregunta es si es el principio de acuerdos que también destraben la reforma al INE. Porque finalmente ya Lorenzo Córdova, el verdadero damnificado del Plan B, está fuera.

Médula El báculo del obispo

Jesús Lépez Ochoa

¿Por qué el Obispo Salvador Rangel Mendoza insiste desde hace varios años en imponerse como mediador de una pax narca en el centro y el norte de Guerrero?

La intervención de líderes religiosos en asuntos del Estado es un arma de doble filo. Si, pueden ser agentes de paz. Pero también de guerra. La historia universal, y la de México, dan cuenta de ello.

Don Salvador Rangel Mendoza puede ser un ciudadano constructor de paz, como cualquier otro, pero en esa calidad, la de ciudadano, ya que el Estado Vaticano no debe intervenir en asuntos que competen a las autoridades de otros Estados. Y menos repartir el territorio a los delincuentes.

Pero, para ser agente de paz se debe reconocer para qué existen y para qué sirven las normas, ya que solo así se entiende la importancia de respetarlas para vivir en comunidad. Por normas nos referimos a las establecidas constitucionalmente y no a las impuestas por los poderes fácticos, las cuales causan un daño a las personas y a la sociedad.

Y es que no es lo mismo mediar ante un movimiento social armado que reivindica derechos, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a hacerlo con criminales que asesinan, secuestran y extorsionan para obtener dinero y poder.

Por eso países como Colombia no han accedido a negociar la paz total con las organizaciones de narcotraficantes, que significaría amnistía. Solamente con la guerrilla.

En Guerrero tampoco se le aceptó a Salvador Rangel mediar en el anterior gobierno del PRI, ni en el actual de Morena.

Si el señor Obispo quiere ser mediador, debería negociar la entrega de los criminales a la justicia, no una simple pax narca que implica el reconocimiento del control absoluto de una región a una organización delictiva.

El mismo Rangel propuso en febrero de 2018 que se delimitaran territorios a los narcotraficantes.

Hace unos días dijo haber acordado con la Familia Michoacana que no asesinarían a nadie en Semana Santa en Taxco, y lo han cumplido. ¿Pero qué pasará después de esta temporada de dos semanas? Los acuerdos suponen el cumplimiento de com- promisos adquiridos por ambas partes, ¿a qué se comprometió Salvador Rangel?

La Familia Michoacana (que también opera en Tierra Caliente y se ha expandido a la Costa Grande) es una de las cinco organizaciones delictivas con presencia en el territorio que abarca la Diócesis Chilpancingo-Chilapa. Comparte con La Bandera y los Tlacos la zona Norte de Guerrero.

En el Centro del estado, y en la nueva región de la Sierra (también parte de la Diócesis) operan los Tlacos (que se extendieron a la zona Norte), los Ardillos y Cárteles Unidos, según un mapa de Seguridad Pública difundido recientemente que da cuenta de la presencia de 16 grupos criminales en el territorio estatal.

Pero es la organización más visible porque se le atribuyen acciones de alto impacto como la masacre de 20 personas entre ellas el alcalde y su papá en San Miguel Totolapan, y el desplazamiento de comunidades enteras del municipio de Coyuca de Catalán en Tierra Caliente, hacia el de Petatlán en la Costa Grande. Si de protagonismo se tratara el obispo Rangel habría hallado en la Familia Michoacana el grupo ideal para hacer ruido, como en el anterior gobierno lo hizo con otras organizaciones en la zona Centro del estado.

En 2017 fue señalado de haber recibido un anillo diamantado, un báculo y un pectoral de plata que le habrían obsequiado los líderes de los Ardillos, y existe un video en Youtube donde el prelado presume en una misa dichos objetos.

Año en el que presumía acercamientos con líderes criminales pero se negaba a atender a las familias de las personas desaparecidas por éstos en Chilapa, según acusaron en aquél entonces miembros de la masonería.

El báculo representa autoridad, por lo que es realmente significativo quienes le habrían dado el obsequio, aunque cinco años después pareciera que el báculo del obispo, y sus bendiciones, ya apuntan hacia otra organización, con el mismo objetivo, legitimar los narcoterritorios adquiridos a punta de bala y terror, dando el tiro de gracia al pacto social que se ha venido rompiendo desde hace 20 años en México.