MISAEL TAMAYO NÚÑEZ

¡Tremendo caso! El ataque y posterior secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el pasado viernes, en el marco de una violenta jornada de enfrentamientos entre miembros de grupos delincuenciales, puede escalar a una crisis diplomática si no se sabe manejar, o si el gobierno de los Estados Unidos atisba el más mínimo intento por encubrir a los responsables.

De entrada, se dijo que los ciudadanos de Estados Unidos eran de origen ahitiano. Así se divulgó en redes sociales, por internautas que tomaron fotografías de 1 mujer y 3 hombres violentados por hombres armados, de origen afro, pues los hechos ocurrieron a plena luz del día.

Para el domingo el tema ya era de dimensiones exponenciales, pues resultó que las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos, y que habían entrado a territorio mexicano para acompañar a la mujer a una cirugía estética. Concretamente la mujer, identificada como Latavia, quería quitarse grasa abdominal y vino a Matamoros, acompañada de un familiar y amigos.

Se sabe que una quinta mujer se quedó del otro lado de la frontera, en un hotel, con el equipaje de todos, esperando a los hombres, quienes dejarían a Latavia en la clínica donde sería sometida a su cirugía estética, y volverían a territorio estadounidense.

La alerta se encendió del otro lado de la frontera cuando al paso del día los hombres no volvieron y entonces la amiga dio parte a la policía estadounidense, para iniciar su búsqueda. No fue difícil saber qué les sucedió, pues para eso los videos de los afroestadounidenses atacados a plena luz del día ya daba la vuelta al mundo mediante redes sociales.

Los videos muestran cómo desde el inicio había por lo menos un hombre muerto, al que arrastraron para subirlo a una camioneta, donde ya estaban tres más, incluida Latavia.

Previamente los atacaron a balazos, desde una Suburban color negro, unidad que fue encontrada en el mismo sitio donde las víctimas fueron encerradas, una pequeña cabina de madera color rojo, distante unos 30 minutos del lugar de los hechos, ya en las afueras de Matamoros.

Fueron días de frenética búsqueda para el gobierno federal. Desde el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se tenía toda una estrategia de búsqueda en marcha, en coordinación con el gobierno estatal de Tamaulipas, donde despacha el gobernador morenista

Américo Villarreal, sucesor del impresentable Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El embajador Ken Salazar acudió a Palacio Nacional, donde durante dos horas habló con el presidente, y posteriormente desde la cuenta oficial de la Embajada estadounidense indicó que la prioridad para el gobierno de Joe Biden era la localización de sus connacionales.

Se sumaron las agencias de investigación del vecino país, sobre todo el FBI, a cuyos agentes se les entregaron las evidencias halladas en la camioneta que conducían las víctimas.

Se descartó, como en su momento se dijo, que se tratara de un empleado del FBI, su pareja y otros familiares. Todo lo contrario, eran simples ciudadanos que llegaron a esa ciudad fronteriza en uno de los peores días.

El gobierno vecino ofreció de inmediato 50 mil dólares para quienes proporcionaran pistas del paradero de los secuestrados.

El martes, la prensa de Estados Unidos destacó en sus portadas el caso, mientras que la Casa Blanca calificaba el asunto como “inadmisible”.

Las víctimas fueron halladas el martes temprano por fuerzas estatales. Dos estaban con vida y dos muertos. Una de las líneas de investigación de la Fiscalía es que se trató de una confusión. Es decir, que los hombres armados confundieron a los estadounidenses como migrantes haitianos, lo cual es creíble porque la frontera note del país está en este momento inundada no sólo de ciudadanos de Haití, sino de otros países centro y sudamericanos, que al no poder cruzar hacia Estados Unidos se quedan en refugios proporcionados por el gobierno mexicano, y poco a poco se han ido integrando a la vida local, no teniendo más opción.

También se dijo que, según informes oficiales, la mujer y los tres hombres fueron movidos a diferentes lugares, previo a su localización; y se entiende que finalmente los dejaron en el lugar donde los encontraron, al darse cuenta que eran “gringos” y que eran buscados por ambos países.

En México, por supuesto, los opositores se desgañitaron. Panistas y priístas hablan de ese caso como el más vivo ejemplo del fracaso del gobierno lópezobradorista en materia de seguridad.

Y en Estados Unidos, congresistas republicanos propusieron de una necesaria “intervención” militar en México, con todo lo que eso implica, luego de declarar a los cárteles mexicanos como “terrroristas”.

Senadores de Morena, como

Ricardo Monreal, atajaron esas declaraciones. Monreal señaló que no se aceptarán “intervenciones groseras”. Calificó como “inadmisible” la iniciativa para que el Ejército de EU intervenga en México, en defensa de lo que ellos llaman la “frontera chica”.

El morenista señaló que las “expresiones” de congresistas estadounidenses se dan en el “ánimo del proceso electoral” en el vecino país, en donde Donald Trump busca volver al poder, mientras que Joe Biden busca su reelección.

Aún no se puede tantear hacia dónde desembocará todo este asunto, pero por lo pronto el escuálido hombre detenido en el lugar del hallazgo de los 4 estadounidenses para nada convenció a nadie, aunque se dijo que los estaba “cuidando” por órdenes de la facción de Los Escorpiones, del Cártel del Nordeste.

El gobierno de México tendrá que dar una respuesta contundente y precisa, quirúrgica, si desea frenar el asunto, y evitar que escale a un conflicto diplomático mayor.

Y es que si Francia fue capaz de desatar en contra de México, del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839, pretextando el cobro de impuestos y daños a ciudadanos franceses en los tiempos postindependentistas, entre ellos los de un pastelero llamado Remontel, cuyo negocio se situaba en Tacubaya y exigía una indemnización de 60 mil pesos por daños ocasionados a su actividad 10 años antes del conflicto (tema que en realidad escondía el plan de Francia para obtener exenciones comerciales en este naciente país, a lo que sumó el pago de 1 millón de pesos por el coste de la guerra que ellos mismos emprendieron, bloqueando y atacando el puerto de Veracruz con sus barcos y fragatas); si esto hicieron los franceses, repito, Washington tiene muchos y más grandes motivos para desatar una abierta intervención contra México, pretextando asuntos de seguridad.

Por lo pronto, ayer, el cartel respondió con la entrega de 5 individuos, que dejó maniatados y con un narcomensaje dirigido a la sociedad y al gobierno, recalcando que estos actuaron por cuenta propia, al margen de órdenes de sus jefes. Esto, en tratando de evitar una persecución sin tregua que seguramente se desatará de parte del gobierno federal.

Pero muy seguramente eso no será suficiente, no para los Estados Unidos y tampoco para el gobierno de México, que ya desde hace tiempo buscaba al líder de Los Escorpiones, por el que incluso hay una recompensa.

Foro Político

Salomón García Gálvez

De manera soterrada, dos magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa -Olimpia Azucena

Godínez Viveros y Martha Elena

Arce García- pretenden continuar sus periodos, pese que ya fenecieron; sus actuaciones son inconstitucionales e ilegales. Violan la Constitución Política del Estado de Guerrero.

Mediante una denuncia hecha llegar a la gobernadora

Evelyn Salgado Pineda, se explica que la Magistrada Godínez Viveros, fue nombrada el 3 de noviembre del 2015 para un periodo de seis años, mismo que feneció el 3 de noviembre del 2021. Anteriormente ya había cubierto un periodo similar.

Sin embargo, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, violan el Artículo 13 de la Ley Orgánica del mismo TJA. Los magistrados, fueron omisos y no comunicaron al Poder Ejecutivo para que se cubra la vacante en términos de la Constitución Política estatal. ¿Complicidad, o qué?

Tampoco la Presidenta del TJA, Martha Elena Arce García, informó al Poder Ejecutivo sobre la continuación en funciones de Olimpia Azucena Godínez y de ella misma, lo cual se torna inconstitucional e ilegal y como consecuencia inválida. ¿Doble complicidad?

El nombramiento de Olimpia Azucena Godínez, dejó de tener vigencia; no existe sustento jurídico alguno; no hay disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo. Pretende perpetuarse en el puesto. No se le ve otra intención.

Olimpia Azucena, es Magistrada desde el 20 de octubre del 2015 para un periodo de seis años, el cual feneció. Existe impedimento constitucional para ser ratificada por un tercer perio- do; sus actuaciones son ilegales. Y en el caso de Martha Elena Arce García, su nombramiento fue expedido el 16 de mayo del 2017; feneció el pasado 17 de febrero de este año -2023-. Fue designada para un periodo de seis años; su ciclo es IMPRORROGABLE; le fue expedido durante el pasado sexenio gubernamental por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

Martha Elena, ha sido magistrada dos veces; su nombramiento ya no tiene vigencia; resulta inconstitucional e ilegal, y su actuación es inválida; se violenta el Estado de Derecho.

Los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), son designados (propuestos) por el gobernador en turno, de acuerdo al Artículo 136 Constitucional del Estado de Guerrero, y ratificados por el voto de las dos terceras partes del pleno de diputados al Congreso Local; podrían durar en su encargo por un periodo que va de los 6, 7 y 8 años, con posibilidad de ratificación por el mismo tiempo y por una sola ocasión.

En el caso de las dos magistradas -Olimpia María Azucena Godínez Viveros y Martha Elena Arce García- ambas pretenden continuar en esos cargos, pese que sus periodos fenecieron; sus actos son inconstitucionales e inválidos.

Ambas Magistradas, violan la Constitución Política del Estado de Guerrero, cobran emolumentos -altísimos salarios- que ya NO les corresponden, lo cual constituye un flagrante delito al erario público; pero además, incurren en conspiración para perpetuarse en el cargo, más otros delitos que se les acumulen, si autoridad competente inicia una exhaustiva investigación sobre este grave caso… Punto.