Razones Jorge Fernández Menéndez

El lunes comenzó el juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn. El primer testigo presentado por la fiscalía fue Sergio Villarreal, El Grande, quien fue un despiadado jefe de sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva. Si los demás testimonios que presentará la fiscalía estadunidense son como los de Villarreal, no veo cómo podrán comprobar la presunta relación del exsecretario de Seguridad Pública con el Cártel de Sinaloa, el delito por el que es acusado.

Villarreal no presentó una sola prueba de sus dichos, como dijo la defensa, pero, además, su versión no es siquiera verosímil. Villarreal dijo que dejó el Cártel de Sinaloa en 2001 para ser parte de los Beltrán Leyva, pero que, desde entonces, García Luna era parte del cártel: cobraba, informaba de operativos, ponía y quitaba agentes en cualquier lugar del país. Era parte, dijo Villarreal, del propio cártel.

El problema es que, para esa fecha, antes de 2001, García Luna era un operador del CISEN, influyente, pero sin posibilidades de hacer lo que dice Villarreal. En 2001, cuando el sicario dice que él mismo dejó de pertenecer al Cártel de Sinaloapara pasarse con los Beltrán Leyva, García Luna acababa de ser designado como director de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, que encabezaba el general Rafael Macedo de la Concha. El secretario de Seguridad era nada menos que el actual fiscal general de la República, Alejandro

Gertz Manero, quien encabezaba también la Policía Federal. García Luna y Gertz no se tenían la menor simpatía.

Pero, además, desde mediados de ese sexenio comenzaron las rupturas internas del Cártel de Sinaloa con los Beltrán Leyva, poco después de que el Chapo Guzmán se fugara del penal de Puente Grande, en enero del 2001. Poco después de que asumiera Calderón, en diciembre de 2007, esas diferencias se convirtieron en una guerra, sobre todo luego de que fuera detenido uno de los hermanos Beltrán Leyva, El Mochomo, y que Rodolfo Carrillo, el hermano de Amado, El señor de los cielos, fuera asesinado en Culiacán. Desde entonces los Beltrán, el Cártel de Juárez y los Zetas entraron en una guerra abierta con los de Sinaloa.

La pregunta es pertinente, ¿por qué le pagarían los Beltrán, que es lo que dice Villareal, a García Luna para proteger a sus enemigos?, ¿cómo podría el jefe de sicarios de los Beltrán ser testigo de ello?, ¿cómo podría hacer García Luna todo lo que se suponía que hacía cuando no tenía poder suficiente para hacerlo, sobre todo entre 2001 y 2006?

Son testimonios que pueden funcionar bien en cierta prensa, entonces y ahora, pero que, en términos judiciales, son sencillamente inverosímiles.

Otro personaje que testificará en estos días es el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, detenido desde 2017, acusado de introducir droga a Esta- dos Unidos, ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los personajes más corruptos e inescrupulosos que ha habido en el sistema de justicia. Esa fiscalía era utilizada para golpear, extorsionar, se le pagaba con terrenos, propiedades, recursos y, en el centro de esas versiones y denuncias, siempre estaba el fiscal Veytia.

Hace unos años, en 2012, fuimos a investigar en Nayarit la detención de un joven empresario, Eduardo Valencia, que tenía un duro pleito legal con un grupo de inversionistas canadienses apoyados por el gobierno del estado y, sobre todo, por el fiscal, entonces procurador, Veytia, por unas propiedades inmobiliarias en Nuevo Vallarta. El empresario había sido detenido literalmente a la mala y nos pidió que investigáramos su caso. Eso hicimos.

El reportero de Todo Personal que fue a Tepic y Nuevo Vallarta se encontró con durísimas amenazas de la fiscalía, que luego se hicieron extensivas a un servidor y a Bibiana Belsasso, acompañadas de una campaña impulsada por Veytia en medios locales contra el programa Todo Personal y sus conductores y terminaron con un recrudecimiento de las condiciones carcelarias del empresario.

El propio Veytia nos amenazó judicialmente a través de una carta, simplemente por haber investigado uno de los muchos casos de aparente corrupción judicial en el estado.

A la familia del empresario, el fiscal personalmente les dijo que, como habían aireado su tema en los medios, les costaría mucho más sacarlo de prisión. A Eduardo Valencia le costó todo su patrimonio, años de cárcel, dos intentos de asesinato dentro de la cárcel y, hasta que cayó Veytia, no recuperó su libertad y ha ganado casi todos los procesos que se habían abierto en su contra. Su caso, además, está hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veytia se ha convertido en testigo protegido para todo uso, purga una condena de 20 años que terminará siendo bastante menor por su presunta colaboración con las autoridades estadunidenses.

Ésa era una historia particular. Más allá de eso, lo importante era el control del Cártel Jalisco Nueva Ge- neración sobre el estado. De ser cómplice de ese cártel se acusó al fiscal en Estados Unidos. Que un personaje como Veytia sea usado como testigo de cargo en realidad debilita cualquier caso. Ya lo usaron para detener al general Salvador Cienfuegos y el exsecretario de la Defensa fue regresado a México en menos de un mes y exonerado.

Veytia, como Sergio Villarreal, es un hombre con decenas de muertos en sus espaldas, pero, además, con una carga de corrupción inocultable. Con un agregado, si Veytia era parte del Cártel Jalisco y por eso fue detenido y condenado, ¿cómo podría saber, cómo podría ser testigo, de que García Luna era parte del Cártel de Sinaloa?

Partidos miembros de la alianza Va Por México, presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación juicios de inconstitucionalidad en contra del Plan B de la Reforma Electoral, con la intención de echarla abajo. La ley impugnada atenta contra el federalismo y los municipios además de que daña la equidad de la contienda, dijeron. Se trata de los cambios a las leyes e instituciones electorales que autorizaron Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y que fueron avaladas por el Senado de la República, luego de que los partidos aglutinados en Va por México impidieron la reforma electoral constitucional.

Al no alcanzar la mayoría calificada para una reforma a fondo, que contemplaba la eliminación de curules plurinominales, la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular, así como la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos y entregarlas únicamente en tiempos de elecciones, los diputados morenistas votaron una reforma a las leyes electorales vigentes, con el voto de una mayoría simple.

También se contemplaba en la reforma original reducir el nú- mero de diputados locales en los congresos estatales, así como el número de regidores en los ayuntamientos, con lo cual se habría quitado una pesada loza a los gobiernos locales.

Todo lo contrario, los opositores argumentaron que estas disposiciones atentaban contra la autonomía de los estados confederados y sus municipios.

Asimismo, se consideraba desaparecer a los institutos electorales estatales y los tribunales electorales en los estados, pues duplican funciones y dependen de por sí del INE, pues desde la reforma electoral de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron eliminados los consejos estatales, los cuales se ocupaban de la organización y escrutinio de las elecciones para gobernador, congreso y municipios.

Luego entonces, lo que ahora son los institutos electorales y de participación ciudadana, son sólo una extensión del INE, aunque el organismo mantiene sus delegaciones en los estados, para dirigir las elecciones federales, tanto para el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), como para la Presidencia de la República.

Por lo tanto, una vez que nada de esto fue autorizado, la iniciativa presidencial se limitó a algunos cambios administrativos, que igualmente molestan a la oposición, sobre todo porque acota sobre todo a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral.

Se contempla un recorte al personal del INE así como a los gastos del Instituto, ajustes que entrarían en vigor en agosto de 2023.

Sobre todo, lo que implica la remoción anticipada del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien va por su tercer periodo en el cargo y que junto con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, son los que manejan a su arbitrio los recursos de la institución, pero que además mantienen nexos políticos con líderes de los partidos de oposición, con lo cual se desmiente la imparcialidad del órgano encargado de la organización de las elecciones en México.

El Plan B eliminó, de hecho, Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se dictaban directrices de ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral. En su lugar, se planteó crear una Comisión de Administración con cinco consejeros, y por lo cual la figura de secretario ejecutivo deja de existir.

Además, señala que los legisladores que buscan reelección, deberán separarse del cargo, privilegio que actualmente mantienen. También garantiza el voto para personas enfermas en condición de postración que no pueden acudir a las urnas, así como a los mexicanos en el extranjero y a los presos que aún no han recibido su condena o que están en prisión preventiva.

Lo más interesante es que se acota la facultad del INE para hacer interpretaciones arbitrarias a la ley, y su aplicación también de manera selectiva, algo que los guerrerenses vimos y vivimos de manera clara en la pasada elección para gobernador.

El programa de resultados preliminares (PREP), desaparece y se ordena que el cómputo de votos inicie el mismo día de los comicios.

Pues bien, aún esa reforma light quieren desechar los partidos de oposición, con el garlito de que es anticonstitucional, antidemocrática y, por su puesto, con eso de que “el INE no se toca”.

Sabemos que ese es el único reducto que tiene la oposición para manipular los escenarios electorales, gracias a la complicidad con consejeros cebados en los cuantiosos recursos que manejan, y cuyos excedentes guardaban en fideicomisos secretos para autopagarse jugosos retiros y otros lujos.

No se trata de otra cosa, porque de hecho la composición del INE no se toca, ni la forma de elegir a los consejeros, que es por voto en la Cámara de Diputados y a propuesta de los partidos políticos. Es decir, que los partidos se reparten los asientos en el Consejo Electoral, lo cual sí es antidemocrático. De hecho, los aliados ya pactaron que votarán en bloque en la elección de los nuevos consejeros, cuando Lorenzo Córdova y Ciro Murayama dejen sus cargos, este mismo año. ¿Para qué? Para que lleguen a esos puestos sus incondicionales.

Pero antes nos desgastarán con sus guerras mediáticas y sus recursos de inconstitucionalidad, aprovechando que tienen a una ministra presidenta amiga, persona fiel al prianato.

Veremos si la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estrena con una sorpresa, o acata el derecho que tenemos los mexicanos de contar con elecciones menos costosas.