MADRID COLEGIO DE PROCURADORES Nº72 2025

Revista nº 72 3º trimestre 2025 www.icpm.es

Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio La Procura al servicio de la ciudadanía

Entrevista a Isabel Cañedo y Adela Gilsanz.

Tribuna de Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM. Artículo de Ana M.ª López Reyes: tipos de designaciones de oficio del procurador y sus efectos.

ÚLTIMA HORA

1 DE OCTUBRE: II FASE DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Se inicia la II Fase de implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, además de la entrada en funcionamiento de las Oficinas Judiciales (que asumirán todos los servicios que hasta ahora prestaban las secretarías de los juzgados) en los municipios incluidos en esta fase, y la transformación de las Oficinas de Justicia en los Municipios (que suman nuevas competencias a la tradicional figura de los Juzgados de Paz).

Desde la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia informan de los cambios y adaptaciones para la implantación del nuevo modelo organizativo, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y que se llevará a cabo en tres fases: 1. Primera fase, 1 de julio de 2025: Se implantarán los Tribunales de Instancia en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y, si los hubiera, Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

2. Segunda fase, 1 de octubre de 2025: Entrada en vigor de la Fase II del Nuevo Modelo Organizativo (NUMO) que afecta a 16 partidos judiciales con Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer en todo el territorio español y Sección de Familia, Infancia y Capacidad.

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Los partidos judiciales incluidos en esta fase son: Alcobendas, Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid); Fuengirola, Marbella y Torremolinos (Málaga); San Bartolomé de Tirajana y Telde (Las Palmas); Arona y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); Badalona y Hospitalet de Llobregat (Barcelona); Denia y Torrent (Valencia); Inca y Manacor (Islas Baleares).

Facilitamos enlace a la sección de nuestra página web con toda la información, comunicaciones recibidas y novedades, tanto del Ministerio como de la Comunidad de Madrid, así como a la relación de nombres actuales de los órganos judiciales en el sistema LexNET y su nueva denominación como Tribunales de Instancia a partir del 1 de octubre de 2025: - LEY ORGÁNICA 1/2025: medidas Ministerio en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia | MINISTERIO - LEY ORGÁNICA 1/2025: medidas Comunidad en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia | COMUNIDAD

CARTA DE LA DIRECTORA

DELIA LEÓN ALONSO Directora del Consejo de Redacción Un año más, quiero significar en este número el trabajo de todos aquellos procuradores que dedican o han dedicado buena parte de su tiempo a atender a personas en situación de vulnerabilidad económica, así como a todos aquellos grupos que la ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, recoge en su ámbito de aplicación (Art.2).

En nombre de quienes reconocemos el valor de la solidaridad, la justicia social y el compromiso humano, queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento y gratitud por la labor incansable que han desempeñado a lo largo de sus carreras, más si cabe cuando no ha existido tacha alguna y a cambio de ingratas compensaciones.

Azucena, Adela, Isabel y otros cientos de compañeros procuradores, han elegido un camino que no siempre es fácil, pero sí profundamente necesario. Han dedicado sus agendas, conocimientos y vocación a tender la mano a quienes más lo necesitan. En un mundo donde la desigualdad aún persiste, su trabajo representa una luz de esperanza para miles de personas que se enfrentan a dificultades económicas y sociales.

Gracias por estar presentes donde muchos se alejan y por actuar con empatía, profesionalidad y valentía. Cada esfuerzo, cada intervención, cada palabra de aliento ha tenido un impacto real en la vida de muchas personas, familias y comunidades.

Por ello, hoy queremos honrar y reconocer no solo lo que hacen, sino también lo que son, personas comprometidas con la dignidad humana, con la equidad y con la construcción de un futuro más justo.

Que su ejemplo inspire a muchos y nunca les falte la convicción de que lo que hacen importa.

Por su lado, no podemos dejar de resaltar una vez más, la labor del resto de profesionales que han trabajado toda una vida, contribuyendo al desarrollo económico y social, y merecen llegar a su etapa de retiro con seguridad, estabilidad y dignidad. Sin embargo, la realidad a la que se que enfrentan muchos jubilados es muy distinta, pensiones insuficientes, pérdida de poder adquisitivo, y condiciones de vida que no se corresponden con el esfuerzo y los años dedicados al trabajo. Por ello, esperamos se alcance con el mismo celo una solución justa para todos.

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SUMARIO

06

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TRIBUNA Celso Rodríguez Padrón

ENTREVISTA Isabel Cañedo y Adela Gilsanz

DE INTERÉS

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Ana López Reyes José Eugenio Gómez Muñoz

COLABORACIONES

22

José Manuel Estébanez Izquierdo Juan Ramón Rodríguez Llamosí

26

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL

29

SERVICIOS COLEGIALES

34

JURISPRUDENCIA

35

ACTUALIDAD PROFESIONAL

48

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

50

AGENDA CULTURAL

Revista editada por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Editorial MIC

Fotografías: Archivo ICPM.

DEPÓSITO LEGAL: M-33397-2007

CONSEJO EDITORIAL Decano, Alberto N. García Barrenechea. Vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona. Secretario, Joaquín de Diego Quevedo. Vicesecretario, Noel A. de Dorremochea Guiot. Tesorera, M.ª Natalia Martín de Vidales Llorente. Contador, Ángel L. Mesas Peiró. Vocales, Antonio A. SánchezJáuregui Alcaide, María Pardillo Landeta, Arturo Romero Ballester, M.ª Soledad Castañeda González, Eduardo J. Manzanos Llorente, Marta Franch Martínez, Delia León Alonso, M.ª Luisa Montero Correal y Leonor M.ª Guillén Casado

REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/ Sor Ángela de la Cruz 24 Local, 28020 Madrid Tfno.: 91 308 13 23; e-mail: dpto.comunicacion@icpm.es

CONSEJO DE REDACCIÓN Presidenta, Delia León. Vicepresidente, Ángel Mesas. Vocales: María Pardillo, Carlos Capa e Inés de la Concha (dpto. de comunicación del ICPM)

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Web: www.icpm.es La revista del ICPM es una publicación plural, respetuosa con las opiniones de sus colaboradores, aunque no por ello las comparta necesariamente, ni se responsabilice de las mismas. Queda autorizada la reproducción total o parcial de la misma siempre que se cite su procedencia.

TRIBUNA

NOTAS SOBRE LA LEY ORGÁNICA 1/2025 (PARTE II) CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Nuevamente me brinda el Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid la oportunidad de extenderme en algunos de los comentarios iniciales publicados en torno a la Ley Orgánica de Eficiencia en un número anterior de la Revista ICPM. Agradezco la invitación y no renuncio a expresar algún complemento a las páginas ya referidas, dentro del inagotable campo de reflexión que nos ofrece tan importante transformación organizativa como la que implica la implantación de los Tribunales de Instancia.

Si entonces dejamos constancia de algunas consideraciones relativas a la “filosofía” general inspiradora de la norma, en esta ocasión haremos una breve excursión por las cuestiones más llamativas que suscita su articulado. Como metodología de continuidad, retomaremos la numeración de reflexiones donde se quedó en el número anterior.

La gran pregunta que sigue suscitando la reforma permanece en pie: ¿Será capaz esta apuesta por la eficiencia de lograr una auténtica eficacia? ¿Mejorarán de verdad los resultados de nuestra Administración de Justicia?

En torno a esta cuestión debe girar toda reforma que se acometa en un sistema que persiga un resultado que vaya más allá de lo meramente teórico. Naturalmente, este tipo de reformas suelen ir acompañadas de la necesaria inversión si se quiere de verdad que se traduzcan en lo que se anuncia como objetivo final. Conseguir la “revolución” a coste cero se presenta como una tarea imposible.

1

8. El contacto de los/as Jueces/as con los asuntos de su competencia.

Una de las impresiones más extendidas que ha suscitado la nueva regulación de la “gestión” procesal de los asuntos es la que ha llevado a pensar que el sistema instaurado por la Ley de Eficiencia comporta una pérdida de contacto (o, al menos de proximidad) de cada Juez/a con los asuntos que está llamado a conocer y resolver.

No puede sostenerse esta visión. No es posible concebir que el Juez/a se distancie de “sus” asuntos.

Este tipo de reformas suelen ir acompañadas de la necesaria inversión Permítasenos el empleo del posesivo.

No es baladí. El ejercicio de la función judicial atribuye a los miembros del Poder Judicial en exclusiva la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117 CE y 2 L.O.P.J.), y dentro de estas funciones es evidente que no se comprende tan solo la toma de decisión final que –según sus modalidades- haya de recaer en un determinado proceso. No es preciso abundar en esta idea básica, como no resulta necesario nunca justiciar lo que es obvio.

La Ley Orgánica que comentamos afirma en su artículo 435 que la oficina judicial es

Artículo 165 en la redacción de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.

Combinando ambos preceptos se obtiene una imagen razonable de lo que debe ser la estructura funcional de los órganos judiciales. Lo que ocurre es que esa estructura se ha venido desenfocando a lo largo del tiempo en una evolución que aparentemente -ojalá fuese solo apariencia- pretende desapoderar al titular del Poder Judicial de funciones.

En la redacción original de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985), se atribuían al Juez en sus respectivos órganos judiciales las funciones de “dirección e inspección de todos los servicios y asuntos”.1 Esta visión directiva se vio modificada con la creación de la “oficina judicial” mediante Ley 19/2003, de 23 de diciembre, en la que se retira de los integrantes del poder judicial la facultad de dirección sobre el personal que integra los servicios, si bien se mantuvo la potestad de dirección (e inspección) de los asuntos. No muchas novedades se producen en torno a estos dos conceptos nucleares con la reforma instaurada por la Ley de Eficiencia, al mantenerse ambas funciones en la redacción actual del artículo 165.

Alguna novedad curiosa se produce, sin embargo, con motivo de la presente reforma. Llamativo sin duda resulta el nuevo artículo 436.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que, tras afirmar que los servicios comunes asistirán a jueces y juezas para el ejercicio de la función judicial, nos dice en el último inciso que:

TRIBUNA

“Los jueces y las juezas podrán requerir en todo momento la Oficina Judicial cuanta información consideren necesaria sobre los procedimientos cuyo conocimiento tengan atribuido”.

Sin lugar a dudas, el legislador no tuvo aquella tarde su mejor día. ¿Quiere decir tan original mensaje que la ley nos da permiso para preguntar a la oficina por los asuntos que estamos llamados a resolver los Jueces/as? ¡Menos mal…! No resulta fácil agradecer tanta generosidad.

Sea cual fuere la intención del legislador (tarea cada día más difícil de escudriñar) lo que carece de todo sentido es pensar que el “tratamiento” del proceso a partir de ahora se bifurca: que por un lado se concibe el discurrir del proceso bajo la dinámica del impulso procesal encomendado a los/as Letrados/as de la Administración de Justicia (artículo 456 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y por otro se distancia a quien tiene en exclusiva la potestad jurisdiccional de los asuntos sobre los que -según la nueva redacción de la Ley- puede interesarse.

Esta lectura, por mucho que con la reforma se potencie la misión de la oficina judicial, conduciría sencillamente al absurdo. Y, además, provocaría otra consecuencia que no podemos dejar en el olvido: la responsabilidad ahora se bifurca.

Un defectuoso funcionamiento de las oficinas judiciales (de tanta potencia en adelante) delimitará la atribución de responsabilidades a la hora de llevar a cabo el balance de resultados del nuevo diseño. Confiemos en que este juicio analítico (que tendrá que esperar todavía un tiempo) resulte sumamente positivo.

Hemos dedicado este primer apartado a la pregunta más frecuente de las que han surgido en los distintos foros desarrollados a lo largo de estos meses, pero no podemos omitir algunos otros puntos sobre los que la reforma -al menos en teoría- proporciona apuntes para la mejora.

De la adecuada gestión que seamos capaces de hacer de las posibilidades que ofrece el nuevo diseño dependerá en gran medida que el balance final de la reforma apunte a mejores resultados, o se sume a la historia de los intentos fallidos.

En el centro, Celso Rodríguez Padrón, junto al decano, Alberto N. García Barrenechea, y la vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona, en el acto de entrega de la “Balanza de Oro 2023” del ICPM.

9. La transformación del mapa actual en unidades judiciales facilita el crecimiento de la plantilla judicial.

El incremento año tras año del volumen de asuntos que ingresan en los órganos judiciales hace ya tiempo que puso de manifiesto un dato incontestable: la insuficiencia de Jueces/as y Magistrados/as con la que contamos en España.

Este discurso vino siendo objeto de contradicción por parte de algunos (los menos) actores, por razones que -como hemos podido resaltar en la primera parte de estos comentarios- ponían el acento no en la escasa dimensión de la plantilla judicial, sino en una defectuosa organización de los recur-

sos. Insistimos en nuestra visión: negar la insuficiencia de Jueces/as en España es un intento de engañarse a uno mismo condenado al fracaso.

El problema con el que tropezábamos es conocido: la falta de suficiente dotación presupuestaria para afrontar planes de creaciones sostenidos y acordes a las necesidades crecientes de la sociedad española, contemplando también la aparición de nuevos fenómenos de litigiosidad que precisan de una respuesta no planificada -naturalmente- hace años.

La exposición de necesidades que año tras año elevábamos desde las Salas de Gobierno al Consejo General del Poder Judicial, tropezaba en su materia-

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TRIBUNA

lización con varias dificultades. Entre ellas, la más importante giraba en torno al coste que representaba la constitución de nuevos órganos judiciales tal como estaban concebidos en la escala unipersonal de la organización judicial.

Por parte del Ministerio de Justicia, así como de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de medios de la Administración de Justicia se objetaba sistemáticamente que las peticiones -fundadas y examinadas sobre datos reales- procedentes de las Salas de Gobierno y del Consejo, suponían un incremento presupuestario excesivo. La dotación de plantillas, locales y medios materiales que implicaba la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo Juzgado tenía un precio que las administraciones prestacionales no estaban dispuestas a asumir, al menos en la medida en la que los órganos de gobierno del Poder Judicial veníamos demandando año tras año.

Era curioso el argumento. Por una parte, dada la discriminatoria dotación con la que siempre hemos comprobado las partidas presupuestarias destinadas a Justicia en comparación con otros ámbitos. Por otra, dado que tampoco se producía la creación de las plazas judiciales solicitadas en los órganos colegiados, donde los “inconvenientes” apuntados no eran objetables.

El grado de desarrollo de los sistemas informatizados de gestión procesal y del Expediente Judicial Electrónico, serán determinantes a la hora de facilitar la transición nes, poniendo en evidencia el constante y absoluto desfase entre la medición objetiva de necesidades y la respuesta ministerial. En cuanto a las creaciones se daba cuenta de la secuencia de los últimos años: 2019: 75 unidades judiciales; 2020: 33 unidades judiciales; 2021: 60 unidades judiciales; 2022: 70 unidades judiciales; 2023: 70 unidades judiciales; 2024: 0 unidades judiciales.

Para el presente año, de momento solo ha trascendido la intención de crear plazas de competencia en asuntos de violencia sobre la mujer. Insistimos: en teoría, ninguna duda cabe acerca de las nuevas posibilidades que se abren con la nueva ley. En la práctica, la realidad y la experiencia conducen inexorablemente al escepticismo. Tiempo habrá de comprobar este pronóstico.

10. Adscripción funcional y especialización judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del pasado 9 de julio, aprobó el informe sobre necesidades de planta para el año 2025.2

La inamovilidad, concebida como imposibilidad de cambio de destino de Jueces/as y Magistrados/as salvo concurso voluntario, ascenso o sanción de traslado forzoso, venía siendo un factor de estabilidad de cobertura de lo que eran los Juzgados como órganos unipersonales. Con la transformación agrupada a Tribunales de Instancia, quienes venían cubriéndolos en calidad de titulares pasan a ser titulares de las correspondientes plazas numéricas. Este acoplamiento comporta la misma estabilidad, y por lo tanto se inspira en la nota (constitucional) de inamovilidad judicial.

En el informe del Servicio de Inspección que consta en el expediente se daba cuenta de la retrospectiva de creacio-

- Ahora bien: el nuevo artículo 84.4 diseña -por mucho que se exprese en términos aparentemente claros- un resquicio

Con la reforma instaurada por la Ley de Eficiencia el panorama da un vuelco incontestable. Ya no sirve de excusa la dificultad de inversión. En teoría, ahora, al convertirse los Juzgados en Tribunales de Instancia, el incremento de plazas judiciales no comporta esa dotación presupuestaria inalcanzable que venía esgrimiéndose en los últimos años.

a la denominada adscripción funcional de Magistrados/as dentro de cada una de las Secciones que componen el Tribunal de Instancia. Su verdadera proyección, en lo que se traduce es en la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial atribuya a determinados Jueces/as o Magistrados/as el conocimiento de asuntos de nuevo ingreso en otras Secciones siempre que se trate del mismo orden jurisdiccional, a propuesta de la Junta de Jueces, conforme a criterios de racionalización del trabajo y con posibilidad de extender la competencia a los asuntos en trámite en supuestos de ausencia de larga duración.

La idea no es mala, pero la realidad tropezará con las mismas dificultades prácticas que vienen poniendo de manifiesto las sustituciones voluntarias dada la carga de trabajo que soportan en general los órganos judiciales.

- En cualquier caso, existe otro recurso de mayor interés: el que se introduce en el apartado 6 del mismo artículo, en cuanto por primera vez se prevé de forma expresa la figura de la colegiación en el conocimiento de asuntos en primera instancia. Hasta ahora se materializó en alguna ocasión aislada a través de la figura de los jueces de apoyo (en causas penales cuya instrucción, por el número de afectados o la complejidad de la materia, lo aconsejaba en aras de la agilidad). Ahora se dispone que, en asuntos de cualquier orden jurisdiccional -no solo para la instrucción de causas penales- puedan nombrarse a dos jueces/as conforme a un turno preestablecido y público, para que se sumen al juez ordinario predeterminado por la ley al que corresponde un asunto, y “le ayuden” favoreciendo así el ejercicio de la función

2 La introducción de la propuesta elevada al Pleno por los órganos técnicos del Consejo no tiene desperdicio. Recuerda que tradicionalmente en los primeros meses de cada anualidad, el Ministerio de Justicia solicitaba del órgano de gobierno judicial la propuesta priorizada de necesidades en orden a la programación de creaciones. Este año no lo ha hecho.

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TRIBUNA

pasen a conocer con carácter exclusivo de determinadas clases de asuntos.

La naturaleza flexible de la oficina judicial (artículo 436.2) permitiría organizar áreas o equipos, llevando a la práctica (con mucha más facilidad que la que la tramitación orgánica imponía hasta ahora) lo que ya viene funcionando en algunos casos bajo el modelo de unidades funcionales: residenciando en grupos reducidos de Magistrados/as el conocimiento y resolución de determinadas bolsas de asuntos cuya tramitación organizada bajo criterios uniformes permite -no cabe albergar la menor duda- una agilidad que no es posible si se mantiene la dispersión general.

11. La movilidad interna de funcionarios.

Una de las dificultades que influían negativamente en la evolución de los órganos judiciales se sustentaba en la movilidad y/o carencias de plantilla, que afectaba a muchos de ellos, pero en distinta medida. judicial. En estos casos -señala la ley- para la adopción de todas las resoluciones que haya que dictar en el proceso, actuará como ponente el Juez/a al que le hubiese sido turnado el asunto inicialmente.

No termina de estar claro que esta formación ad hoc de un verdadero tribunal para la tramitación y resolución de causas complejas encuentre su fundamento adecuado en la intención de favorecer el ejercicio de la función judicial.

Tradicionalmente, cuando algún Juez/ as se enfrentaba a este tipo de asuntos, siempre quedaba la posibilidad de promover una medida de refuerzo que le permitiese dedicarse íntegramente a la causa que comportase esa exigencia de atención, ocupándose el refuerzo a la tramitación y resolución del resto de los asuntos que correspondían en reparto al Juzgado. Ninguna dificultad existiría para mantener este sistema de conocimiento “natural”. ¿Puede deberse la innovación a otro tipo de finalidades?

- La especialización judicial puede ser una de las principales bazas de la ley, aplicable con mayor flexibilidad en aquellos partidos judiciales o tribunales de instancia de mayor dimensión.

Presenta varias modalidades.

La más simple es la que ofrece la lectura general del nuevo artículo 96, al permitir la atribución, dentro de una misma Sección, a uno o varios de sus jueces, del conocimiento de determinadas clases de asuntos o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate.

La más sencilla aplicación del precepto vendría a equipararlo con el régimen de especialización de Juzgados que se contemplaba en el anterior artículo 98 de la Ley Orgánica, cuya redacción se respeta en gran medida en el nuevo texto. En cualquier caso, es importante observar que en la nueva redacción se introduce un elemento diferencial: la posibilidad -en el apartado 3 del artículo 96- de que esta atribución se realice “por tiempo determinado”, lo que implica una mayor flexibilidad que el antiguo sistema de especialización con vocación de permanencia.

No perdamos de vista otra posibilidad de mayor detalle: que en aquellas circunscripciones donde la dimensión de la planta lo permita, uno/a o varios Jueces/as de los que integran el Tribunal de Instancia,

Fundamentalmente, este fenómeno encontraba su causa en la falta de cobertura de vacantes, lo que a su vez provocaba el intento de reparación del fenómeno mediante la provisión de interinos, cuya deficiente preparación tantas veces (extraídos de una bolsa nutrida sin criterios previos rigurosos de selección técnica), generaba el síndrome de la “mesa vacía”, provocando acumulaciones y retrasos muy perjudiciales en no pocos de los Juzgados; de todos los órdenes.

El carácter flexible de la oficina judicial tiene que permitir poner remedio en buena medida a esta situación. Es posible (se ha sufrido justo en los días de implantación de los Tribunales de Instancia) que las consecuencias de un concurso de traslado generen abundantes vacantes en las plantillas de funcionarios. Esta carencia tratará de solventarse nuevamente a base de interinos, con la problemática que ya hemos denunciado.

Pero la ley, al localizar el centro de destino en el Tribunal de Instancia (y no en el concreto Juzgado como hasta ahora sucedía) ha de llevarnos a plantear se-

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Oficina Judicial: lo que carece de todo sentido es pensar que a partir de ahora el “tratamiento” del proceso se bifurca riamente un objetivo de racionalización: armonizar el ritmo de funcionamiento de todas las plazas judiciales que integran cada Sección. Para ello, los Letrados de la Administración de Justicia que ostenten la dirección del personal integrante de los equipos de las distintas Secciones, podrán (deberán más bien) “redistribuir” temporalmente a los efectivos que las integran cuando asistamos a alguna de las incidencias antes descritas.

12. Régimen transitorio de los procesos en trámite.

La Disposición Transitoria Novena de la Ley se dedica al régimen transitorio aplicable a los procedimientos en trámite. De acuerdo con el contenido de su apartado 1: Las previsiones de la ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Pudo haber sido más claro el legislador. La escueta (y abstracta) referencia a “las previsiones de la ley” llevaría a pensar si para los asuntos en trámite en la fecha de entrada en vigor, se mantiene la dinámica organizativa y de funcionamiento de los Juzgados existentes antes de 2025. Lo que ha querido plasmar la mencionada Disposición es una “cláusula de arrastre”, pues de otro modo no se entendería cuanto impone la Disposición Transitoria Quinta, con arreglo a la cual, la implantación de la oficina judicial será simultánea a la de los Tribunales de Instancia.

motivo de la reordenación de los órganos judiciales. De todos modos, de cara a la realización de un balance de futuro, esta conservación del proceso en manos de sus titulares comporta alguna reflexión.

Por una parte, la entrada y reparto de nuevos asuntos se acumulará a la “bolsa” que ya traiga cada titular como herencia del antiguo régimen, con lo que, en la práctica, dentro de la misma Sección asistiremos a un funcionamiento no uniforme ni armónico, sino desigual en función del Magistrado al que le resulte repartido un asunto y el volumen de asuntos cuyo conocimiento y resolución conserve debido al régimen transitorio.

Además, la incidencia de los señalamientos ya realizados será muy importante: determinará el arrastre del retraso que ahora llevan muchos Juzgados a la agenda de sus titulares que con la entrada en vigor del Tribunal de Instancia pasarán a integrarse en él simplemente como un componente más.

Problema de singular importancia se presenta a la hora de gestionar los procesos en curso. Prescindiendo de las tareas de registro y reparto de los nuevos asuntos, la tramitación y también la ejecución, pasa a la nueva oficina judicial resultante del diseño de la Ley. Un diseño que ha de tener su reflejo en las Relaciones de Puestos de Trabajo, donde van a contemplarse tres Servicios Comunes básicos: General, Tramitación y Ejecución.

En realidad, con lo que nos encontramos es con la determinación de que cada Juez/a que hasta ahora ostentaba la titularidad de un Juzgado, se queda con todos los asuntos que hasta ahora mantenía en tramitación en el Juzgado que ocupa.

¿Qué destino les espera a los asuntos antiguos dentro de la Oficina Judicial?

Las causas a las que se refiere la Disposición Transitoria Novena, ¿se van a redistribuir entre todos los funcionarios de los nuevos servicios?

La previsión tiene toda la lógica. No sería concebible desde el punto de vista procesal una redistribución de asuntos con

- Una primera opción -solo teórica- pasaría por la conservación en manos de cada funcionario/a de las causas que esté lle-

La parte I de estas notas se publicó en la revista ICPM 1º trimestre de 2025.

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vando en el momento de la implantación del Tribunal de Instancia. No es fácil, pues una vez que resulten aprobadas las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, cada funcionario deberá concursar a una plaza dentro de un Servicio, y puede derivarse de ello un mapa muy incierto.

- Otra posibilidad es la redistribución de estas causas entre todos los funcionarios que pasen a integrarse en el servicio común de tramitación (o en el de ejecución, en su caso). A su vez, esto abre varios criterios posibles: distribución por estado del procedimiento, distribución por clase o naturaleza de los asuntos, etc… y sin olvidar el problema que puede surgir como consecuencia de las vacantes generadas con ocasión del llamado “acoplamiento”.

Posiblemente la solución ideal haya de extraerse, en primer lugar, atendiendo a las características de cada Tribunal de Instancia. No será similar el grado de alteración que sufra la dinámica interna de las oficinas judiciales en aquellas demarcaciones de menor tamaño (donde la reforma a veces tendrá muy escasa incidencia) que en las poblaciones donde la reestructuración vaya a producir una modificación de calado. Por otra parte, tampoco sufrirán las mismas consecuencias los asuntos de seguimiento fácilmente “intercambiable” que aquellos cuya complejidad comporte unas mayores exigencias en la dación de cuenta. En tercer lugar, no podemos ignorar que el grado de desarrollo de los sistemas informatizados de gestión procesal y el estado de evolución del llamado Expediente Judicial Electrónico, será determinante a la hora de facilitar la transición –sin incidencias mayores- al modelo diseñado por la Ley de Eficiencia.

Como vemos, son muchas las cuestiones que precisarán de un período de adaptación no exento de problemas. Con independencia del acierto de quien haya impulsado el modelo, todos tendremos que volcar nuestros mayores esfuerzos para que tan novedoso y singlar escenario como el que se abre, no represente otro intento más. Y cuando me refiero a todos, no estoy pensando tan solo -ni siquiera preferentemente- en cuantos pisamos a diario una sede judicial.

TRIBUNA

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ENTREVISTA

Isabel Cañedo y Adela Gilsanz, miembros del turno de oficio

ISABEL CAÑEDO Y ADELA GILSANZ Las procuradoras distinguidas por el Colegio revelan el lado humano y las dificultades del turno de oficio, desde la falta de retribución justa hasta el impacto emocional de los casos más difíciles

De izda. a dcha. Isabel Cañedo Vega, Delia León Alonso y Adela Gilsanz Madroño.

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ENTREVISTA

El pasado 11 de julio el ICPM homenajeó a las procuradoras Azucena Meleiro Godino, Adela Gilsanz Madroño e Isabel Cañedo Vega por su larga contribución y dedicación al Turno de Oficio del Colegio y en su entrega personal y profesional a la sociedad con su compromiso con la Justicia Gratuita.

Con este acto, la institución colegial quiso unirse al reconocimiento de los compañeros que prestan este servicio y reivindicar la labor que realizan en la sociedad, sin la que sería imposible un completo ejercicio de la tutela judicial efectiva que establece el art. 24.1 de la Constitución, reivindicando al tiempo las medidas necesarias para la prestación de este servicio con la eficiencia y dignidad que su alta función reclama.

Con este motivo, la Revista ICPM invitó a las galardonadas (pudieron acudir al encuentro Adela Gilsanz e Isabel Cañedo) a un conversatorio junto a la vocal séptima, copresidenta de la Comisión de Justicia Gratuita y Turno de Oficio del ICPM y directora de la publicación, Delia León, para compartir con todos los lectores su vivencia en esta actividad.

Delia León: Gracias por aceptar esta conversación que tiene el objetivo de visibilizar vuestra experiencia y los retos que los procuradores encuentran en el ejercicio de la justicia gratuita, particularmente en el turno de oficio en Madrid. ¿Qué significa para vosotras esta labor?

Isabel Cañedo: Para mí es, ante todo, una contribución a la sociedad. Desde que me colegié, en el año 84, llevo el turno de oficio con ese sentimiento. Nunca lo he vivido como un simple episodio profesional, aunque reconozco que para muchas de nosotras fue una forma de comenzar, de coger experiencia, de estar cerca de la realidad judicial y de acceder a una cierta estabilidad. Pero siempre lo he defendido por el aporte social. Es una forma de devolver algo de todo lo que la vida nos da y ayudar a tanta gente desconocedora del mundo jurídico, a veces completamente desorientada ante la justicia.

Adela Gilsanz: Mi experiencia es otra. Yo llegué en el 88, sin apenas conocer a nadie en Madrid. Ni siquiera era mi ciudad, sino Segovia. Otra colega me propuso incorporarnos al Colegio de Procuradores y aproveché la oportunidad. Podías empezar a llevar turno de oficio desde el primer minuto, y aunque el entorno era muy competitivo, ese pequeño ingreso men-

sual me permitió cubrir gastos. Lo viví como un arranque, sí, pero también con muchísimos tropiezos. Aprendí mucho del choque entre la teoría y la práctica.

Delia León: ¿Cómo ha evolucionado el sistema de justicia gratuita? ¿Qué momentos recordáis especialmente significativos en el colegio y en la profesión?

Isabel Cañedo: Antes se podía eximir del turno con una cuota. Había mucho movimiento: quienes preferían pagar para no llevarlo y quienes se volcaban, incluso en el llamado ‘turno extraordinario’, que era voluntario y de mucho volumen.

Los que se quedaban, en huelgas o momentos clave, eran verdaderos héroes. En mi época quedamos diez personas para sostener el sistema. Llegué a gestionar 40 asuntos al mes, lo que bloqueó por completo mi despacho. El colegio debería poner en valor el trabajo, visibilizarlo y defenderlo más.

Adela Gilsanz: Hay que ser conscientes del volumen de trabajo que nos ha supuesto esta actividad. En general se ve el resultado, pero no el proceso. La sociedad y nuestros propios representantes deben valorar el tiempo y la responsabilidad que asume un procurador desde la designación. Puedes estar

años con un asunto: yo he tenido asuntos que han durado 20 años. Y no sólo es cuestión de horas, sino la carga emocional que implica cada visita, cada gestión, cada llamada de un justiciable que te reclama ayuda.

Delia León: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentáis actualmente en el turno de oficio? ¿Se ha transformado el trabajo con la llegada de la tecnología?

Isabel Cañedo: La tecnología nos ha ahorrado tiempo y carreras por el registro, pero ha vuelto el trabajo más solitario.

Todavía falta mucho por digitalizar. Recuerdo largas noches o madrugadas para entregar escritos a tiempo. Ahora puedo finalizar la jornada sin tanto estrés, antes era un sinvivir.

Adela Gilsanz: El problema no son tanto los gastos sino el tiempo: recibir notificación, trasladarla al abogado, registrar todo en tu carpeta... Un proceso que puede llevar horas y por el que cobras menos que una asistenta. La parte proporcional de luz, alquiler, material, nunca se tiene en cuenta. En los despachos pequeños no hay modo de ajustar los gastos como lo hacen los grandes bufetes. Por eso, reivindicamos una retribución justa por el servicio real que se presta.

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ENTREVISTA

Delia León: ¿Sentís que el colegio os apoya suficientemente ante las dificultades y quejas?

Adela Gilsanz: Ante las reclamaciones, que las hay obviamente, de los usuarios del servicio queremos sentirnos protegidos y en ocasiones he tenido la sensación de sentirme culpable de algo. Pasar por una inspección de cuotas, en ocasiones, te hace sentir como si no lo hubieras hecho bien. Yo defiendo que el Colegio debe mimar a los procuradores que han mantenido una trayectoria impecable. No se puede tratar igual a alguien con cuarenta años y pocas quejas que a un recién llegado con varios expedientes abiertos. Necesitamos sentirnos respaldados por nuestro colegio.

Isabel Cañedo: Coincido. El apoyo debería ser incondicional cuando la trayectoria lo avala. Todos cometemos errores, pero hay que valorar historia, profesionalidad y dedicación. La carga emocional que alcanzamos en la asistencia jurídica gratuita es inmensa.

14 I ICPM [ n.º 72 ] 3o trimestre de 2025

La justicia gratuita se sostiene sobre la entrega silenciosa de los procuradores

Delia León: ¿Podéis compartir una anécdota que represente el tipo de casos con los que os enfrentáis en la justicia gratuita?

Isabel Cañedo: No olvido nunca a Teresa C.L., una mujer de 92 años. Fueron 22 años de procedimiento, un desahucio, constructoras que timaron a la gente y dejaron secuelas. La localicé tras años, logrando que le devolvieran una cantidad significativa tras la subasta. La perseverancia es vital en estos casos.

Otro episodio fue el juicio de la colza, larguísimo y emocionalmente devastador; hubo muchas muertes y una presión mediática incesante. Me involucré

tanto que terminé conociendo a las familias, viendo cómo el tiempo y el desgaste pasaban factura.

Adela Gilsanz: Los casos de violencia de género son también exigentes. Implican asumir funciones no solo jurídicas sino de protección hacia personas muy vulnerables. A veces te conviertes en madre, amiga, consejera. Son situaciones que afectan, incluso al sueño nocturno.

La carga del procedimiento es grande, pero la emocional, aún mayor.

Delia León ¿Qué desacuerdos o dificultades recurrentes tenéis con el funcionamiento actual del turno de oficio?

Adela Gilsanz: Uno de los debates más antiguos es el papel del procurador y su percepción social. Todavía muchos profesionales consideran que pueden representarse a sí mismos, sin procurador, porque en otros países europeos la figura es difusa o inexistente. Pero la cultura jurídica española necesita el procurador para evitar errores graves de

ENTREVISTA

procedimiento. He luchado explicando a clientes y compañeros que, aunque entiendan bastante, la tramitación judicial requiere conocimiento y seguimiento especializado. Sin nosotros, el sistema sería un desastre.

Isabel Cañedo: La falta de reconocimiento económico y social es evidente. Hemos idealizado la labor cobrando poco y aportando mucho. La pensión que me queda como procuradora ronda los 300 euros, menos que la contributiva. Es indigno tras décadas de cotización y de abnegación. Debería computarse como parte de la Seguridad Social lo trabajado en la justicia gratuita. Muchos colegas de generaciones anteriores consiguieron jubilaciones mejores gracias a una mutualidad más efectiva.

Delia León: Si tuvierais la oportunidad de hablar con responsables políticos, ¿qué propuestas concretas haríais para mejorar la justicia gratuita y el turno de oficio?

Adela Gilsanz: Nuestra reivindicación es clara: que se reconozca económicamente nuestro trabajo. No pedimos privilegios, sino justicia retributiva acorde al tiempo y responsabilidad. La justicia gratuita se lleva con tanta dedicación como un asunto privado. Es una labor social que debería traducirse en mejor remuneración y en valoración en la Seguridad Social, tal y como sucede en otras profesiones liberales. Arquitectos, médicos, ingenieros no tienen obligación de trabajar gratuitamente para la Administración. El volumen de trabajo judicial funciona muchas veces únicamente gracias a los procuradores y abogados de oficio.

Isabel Cañedo: Propondría mayor protección colegial, sistemas de apoyo a quienes demuestran ética y entrega, y simplificación de los procedimientos administrativos que ahora suponen una sobrecarga. Que el Colegio quede al lado del colegiado, sobre todo cuando la trayectoria así lo avala. Y desde el Ministerio, articular medidas sobre la pensión o reconocimiento estatal. Es una deuda histórica con quienes han sostenido el sistema de justicia gratuita en condiciones precarias.

Delia León: ¿Qué papel juega la especialización en el turno de oficio? ¿Se debería avanzar en esa línea?

Isabel Cañedo: Sin duda. El turno de oficio ya empieza a incorporar especializaciones, tanto en violencia como en discapacidad. Mi hija ha hecho cursos de asesoramiento en esa materia, y es positivo que quien lleve estos casos sea voluntario y tenga conciencia sobre la problemática. Es una manera de mejorar la calidad del servicio y de atender situaciones específicas con preparación.

Adela Gilsanz: Sin duda la especialización es una gran oportunidad para los profesionales y una mejor garantía para los ciudadanos

Las voces de Isabel y Adela representan a cientos de procuradores y procuradoras que, más allá del desempeño técnico, han construido desde la experiencia y la vocación una red de apoyo silente e indispensable en la administración de justicia española. El turno de oficio, lejos de ser un trámite, es un pilar que garantiza el acceso igualitario a la justicia, aunque sea a costa de sacrificios personales y profesionales a menudo invisibles.

Este conversatorio deja constancia de las reivindicaciones de quienes solicitan justicia no sólo para los justiciables, sino también para los profesionales que la sostienen. El reconocimiento económico, la protección social y la dignificación del servicio aparecen como demandas legítimas para los profesionales de la procura, que siguen apostando, cada día, por la igualdad ante la Ley y la defensa de los más vulnerables.

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DE INTERÉS

TIPOS DE DESIGNACIONES DE OFICIO DEL PROCURADOR Y SUS EFECTOS ANA LÓPEZ REYES Procuradora de los Tribunales.

Miembro de la Comisión de Turno de Oficio y Justicia Gratuita del ICPM.

La asistencia jurídica gratuita es un servicio público y esencial que garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia a todas las personas, independientemente de su situación económica, les dota de defensa y representación, asegurando la igualdad de armas entre las partes. Dentro de este engranaje, la figura del procurador es indispensable. Sin embargo, para los profesionales de la procura adscritos al turno de oficio el panorama normativo no siempre es sencillo y presenta algunos interrogantes significativos. El presente artículo pretende modestamente intentar esclarecer alguno de ellos.

El marco normativo básico es, en primer lugar, Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita; Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, (Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita) y Decreto 35/2025, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid de muy reciente entrada en vigor. En el marco colegial, Reglamento 2/2017 de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Representación Gratuita y T.O. del ICPM. Así mismo recomendaros la muy aconsejable consulta de la Guía del Turno de Oficio y Justicia Gratuita elaborada por la COMISIÓN DE JG Y T.O. del ICPM que podéis encontrar en la página web del Colegio.

Entrando en materia, comenzaremos con una cuestión que me parece de sumo interés. El principio fundamental de que las designaciones por turno de oficio de asistencia jurídica gratuita son irrenunciables al amparo del art 31 LAJG. y por disposición estatutaria, estando obligados los profesionales de la procura a desempeñar la función de representación de forma real

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Las designaciones por turno de oficio de asistencia jurídica gratuita son irrenunciables

y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate.

No obstante, dicha obligación desaparece a los 2 años desde que se dictó sentencia si en dicho periodo no se ha presentado demanda de ejecución o contestación. En este sentido, debemos tener en cuenta, además, el contenido del art. 19 de nuestro reglamento de J.G, que establece que las obligaciones derivadas de la designación se extinguen si en el plazo de 6 meses no se hubiera iniciado el asunto para el que hemos sido designados. La clave de la extinción radica y se aplica para el inicio de actuaciones, no operará en aquellos supuestos en los que, iniciada la tramitación de un procedimiento, se produzca un parón de 6 meses o más, p.ej. por inactividad del órgano judicial.

Nuestra designación puede decaer por imperativo legal (queda sin efecto), supuesto regulado en el art. 28 LAJG. El justiciable beneficiario puede renunciar a los profesionales designados al efecto, sin que dicha renuncia lleve aparejada la perdida de las demás prestaciones ligadas a la concesión del beneficio (art.6 LAJG). El procurador no puede seguir actuado bajo los auspicios del TO, debiendo comunicar al órgano judicial que su designación ha quedado sin efecto por imperativo legal,

aunque deberá continuar con la representación procesal del procedimiento hasta que se designe por parte del justiciable un profesional de su libre elección en el plazo que le establezcan, en aras de salvaguardar en todo momento sus intereses.

Puede darse el caso que exista renuncia de honorarios por parte de la dirección técnica del procedimiento. El articulo 27 LAJG es cristalino en este supuesto. Dicha renuncia tiene que producirse durante la solicitud de concesión del beneficio y no en momento posterior. ¿Qué ocurre en el supuesto de revocación o denegación del beneficio de justicia gratuita con el profesional de la procura designado? Los art.18 y 19 LAJG establecen que, caso de darse esta circunstancia, el procurador que haya venido actuando podrá solicitar el pago de los servicios profesionales desempeñados hasta dicho momento.

La segunda cuestión que me parece interesante tratar aquí es diferenciar los tipos de designaciones que efectúa nuestro Colegio y sus rasgos distintivos. Tenemos en primer término las I. Designaciones provisionales o definitivas dependientes de la tramitación y posterior resolución del expediente de concesión del beneficio de asistencia justicia gratuita. Luego, las II. Designaciones a requerimiento judicial en virtud del art. 21 LAJG y, para finalizar, las III. Designaciones de turno de oficio no sujeto al beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Se establece en el art. 12 LAJG y en el art. 4 del Decreto 35/2025 que el procedimiento se iniciará a petición de la persona interesada ante los órganos de la

DE INTERÉS

administración de justicia y los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados correspondientes. Comprobado que se cumplen los requisitos establecidos, en un plazo máximo de 15 días, el colegio de abogados procederá a designar de manera provisional letrado que asuma la dirección técnica del procedimiento, así como a solicitar al Colegio de procuradores para que en un plazo de 3 días designe procurador también de manera provisional en los supuestos que proceda. El carácter provisional de la designación queda condicionado al dictado de la resolución que confirme la concesión del beneficio al justiciable. Según lo establecido en el art. 15 LAJG y en el mismo sentido el art 8 del Decreto 35/25, las designaciones provisionales que correspondan serán comunicadas a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiendo si es estatal o autonómica, la cual dictara la correspondiente resolución elevando dicha designación a definitiva en caso sea concedido el beneficio y, por tanto, confirmando la designación inicial provisional. Si, por el contrario, la resolución fuera denegatoria de la concesión, según el art. 18 LAJG y el art. 11 del Decreto.35/25, el justiciable deberá abonar los derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales hasta ahora designados de manera provisional. A este respecto recordad el enlace donde consultar con relación a la resolución confirmatoria o denegatoria:

Las designaciones efectuadas a requerimiento judicial, en virtud del art. 21 LAJG, también son de aceptación obligatoria pero el proceso se invierte, la designación no se efectúa porque el justiciable haya iniciado los trámites para la concesión del beneficio sino porque el juzgado requiere a nuestro colegio para que designe procurador. Ahora bien, si el justiciable una vez se ha efectuado la designación, no lleva a cabo los trámites necesarios para la concesión del beneficio, los efectos se-

rán los mismos que si dicho beneficio hubiera sido denegado. El procurador podrá cobrar los honorarios devengados al no existir resolución que acoja la gratuidad de la prestación del servicio.

En cuanto a las designaciones no sujetas al beneficio de AJG (TONS), al no ser el justiciable beneficiario de la justicia gratuita el procurador siempre podrá solicitar el cobro de sus honorarios, como si de cualquier otro asunto particular se tratara.

La tercera cuestión cuyo tratamiento me parece muy relevante tiene relación con la obligatoriedad de reintegrar las cantidades previamente percibidas con cargo a fondos públicos por los profesionales que hayan actuado en virtud de designación de turno de oficio y en qué supuestos opera esta obligación. Cobra importancia reseñar la reforma sufrida por el art. 36.1 LAJG en virtud de la Disposición Final 10.3 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero y, en consecuencia, la modificación del art. 394 de la LEC. Queda meridianamente claro que cuando la parte beneficiada en costas sea titular del beneficio, aquellas deben abonarse a los profesionales que le fueron designados, sin perjuicio de la obligación que pesa sobre estos profesionales de devolver las cantidades percibidas con cargo a fondos públicos una vez se les haya hecho efectivo el pago de las costas. En el mismo sentido, el art. 41 del Decreto 35/25 incide sobre la obligatoriedad de reintegrar la cantidades previamente percibidas por los profesionales con arreglo a los baremos en aquellos casos en los que hayan obtenido el abono de sus honorarios en varios supuestos, a destacar los casos de cobro en ejecución del pronunciamiento sobre costas a favor de su cliente beneficiario de justicia gratuita, la revocación del derecho al beneficiario, de la denegación por resolución judicial del beneficio previamente reconocido, la desestimación o archivo de la solicitud de concesión del beneficio o en el caso de una declaración de mejor fortuna.

Suscita debate el art. 36.2 LAJG en cuanto al concepto de “mejor fortuna”. Dos son las condiciones sine qua non que han de conjugarse como requisito previo para que el procurador pueda reclamar del justiciable el abono de sus honorarios. La primera, que tenga reconocido el benefi-

cio. La segunda, que exista por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (central) el reconocimiento expreso en virtud de resolución posterior de haber venido aquel a mejor fortuna. Cuando la resolución que pone fin al procedimiento no haga expreso pronunciamiento a las costas y el beneficiario del derecho sea la parte favorecida en la resolución, recoge en el art 36.3 LAJG que deberá pagar éste las costas causadas siempre que no excedan las mismas de la tercera parte de lo que se haya obtenido.

Debemos tener presente que la indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta grave o muy grave, y que la imposición de sanción por infracciones graves o muy graves lleva aparejada la exclusión del servicio de asistencia gratuita como se estable en el art 42 LAJG. Como última cuestión, no quiero dejar pasar la oportunidad de abordar el asunto de los plazos de los que disponemos para la acreditación de las actuaciones en la plataforma electrónica puesta a nuestra disposición. Si contamos con resolución judicial y es designación perteneciente a la zona ministerio, según el art. 44 del R.D. 141/21, el plazo será de un mes. Por el contrario, si la resolución que acredita nuestra actuación es de zona CAM, el art.

43 del Decreto 35/25 señala un plazo de 6 meses. Si queremos justificar nuestra actuación en el ámbito penal con el escrito de personación, el plazo será igualmente de 6 meses. Recordemos que esta es una actuación meramente potestativa en todo caso siempre ha de tenerse en cuenta que la intervención profesional debe ser preceptiva, efectiva y real.

Me gustaría terminar este artículo dando mi más sincera enhorabuena a las tres compañeras galardonadas este año con el premio de justicia de gratuita cuya impecable dedicación desde hace tantísimos años sirve para dignificar más si cabe nuestra profesión y me gustaría hacer mención especial a la labor de la Comisión de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio formada por compañeras/ os que, a lo largo de estos años de manera altruista, semana a semana actúan bajo el único lema de ayudar y mejorar la calidad del servicio de turno de oficio.

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DE INTERÉS

MILES DE ABOGADOS Y PROCURADORES MUTUALISTAS MARCHAN EN MADRID PARA EXIGIR LA PASARELA AL RETA

El 27 de septiembre de 2025, Madrid se convirtió en el epicentro de una histórica movilización protagonizada por miles de procuradores, abogados y otros profesionales mutualistas, que tomaron las calles del centro de la ciudad para reclamar la aprobación de la denominada “pasarela 1x1” hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Los convocantes reclamaron un trato justo y equitativo para quienes durante años han cotizado en mutualidades alternativas a la Seguridad Social.

El recorrido comenzó en la Plaza de España a mediodía y se extendió por la Gran Vía, la calle Alcalá, Cibeles y el Paseo del Prado, hasta concluir frente al Congreso de los Diputados. Durante la marcha, se llevaron a cabo actos simbólicos como una enorme pancarta desplegada en el suelo y la elevación unánime de manos enguantadas de colores. Al llegar al Congreso, los asistentes expresaron con gritos y pitadas la indignación hacia las instituciones responsables de la demora legislativa.

El principal reclamo de los manifestantes es que todos los años cotizados en las mutualidades profesionales sean computados en la Seguridad So-

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cial bajo el sistema de “1x1”, es decir, que cada mes cotizado en la mutualidad equivalga a un mes cotizado en el RETA, independientemente de las cantidades aportadas. Esta demanda busca resolver una situación que consideran injusta, ya que muchos mutualistas cuentan con pensiones bajas, de entre 300 y 400 euros, sin derecho a pagas extras ni revalorizaciones.

Un portavoz de los procuradores, presente en la manifestación, señaló la necesidad de unidad y acción: “Pedimos a los grupos parlamentarios que dejen de lado sus diferencias y se unan a nuestra reivindicación. Esta lucha no es solo por nosotros, sino por la justicia y la dignidad de miles de profesionales que merecen un trato digno y justo”. Además, subrayó que “la situación actual es insostenible para muchos mutualistas que ven cómo sus aportaciones no se reflejan en una jubilación digna, y necesitamos una solución global e inmediata”.

La protesta se produce en un contexto en que el Congreso de los Diputados cerró el plazo para presentar enmiendas a la proposición del PSOE que regula el paso de mutualistas al RETA, con la mayoría de los partidos apoyando un trato privilegiado para esta integración especial. Sin embargo, esta propuesta

ha enfrentado críticas por el riesgo de un agravio comparativo respecto a los autónomos y por la posible tensión fiscal en las arcas públicas.

El gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, propuso recientemente que los nuevos profesionales colegiados tengan que darse de alta en el RETA desde 2027, eliminando la alternativa de mutualidades, aunque manteniendo ciertas excepciones para casos de pluriactividad. Por su parte las mutualidades de procuradores y abogados, reclaman un diálogo previo con los afectados para buscar una respuesta definitiva al problema.

La manifestación conto con el apoyo de algunas fuerzas políticas como Sumar. Así, el diputado de este partido en el Congreso Carlos Martín, afirmó en la misma que “los sistemas privados de capitalización no pueden sustituir el sistema público de pensiones” y apostó por soluciones integrales. Por su parte, representantes de Vox y Más Madrid destacaron la legitimidad y la urgencia de esta demanda social.

Esta movilización ha mostrado el sentir de muchos procuradores mutualistas que desean una integración real y justa en el sistema público de Seguridad So-

DE INTERÉS

cial, con el reconocimiento total de sus años cotizados y el fin de las desigualdades que sufren en materia de jubilación y prestaciones.

El movimiento no descarta futuras acciones y mantiene abierta una campaña a nivel europeo para defender el derecho a una pensión digna contemplada en la Carta de Derechos Sociales Europea.

Esta manifestación ha supuesto un llamamiento a la responsabilidad política para resolver una cuestión que afecta a decenas de miles de profesionales en todo el país.

Declaración del Consejo General de Procuradores de España El Consejo de la procura secunda la protesta por la pasarela al Reta El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) secunda la manifestación convocada para este sábado 27 de septiembre en Madrid para recla-

mar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) 1x1, es decir, que cada año cotizado en la Mutualidad equivalga a un año cotizado en la Seguridad Social.

En la línea de lo ya expresado hace unos meses, el CGPE considera escasa, injusta y socialmente excluyente la proposición de ley presentada por el PSOE que fue debatida en mayo en el Congreso de los Diputados, y reclama avanzar hacia una legislación que no deje fuera a los más de 1.300 procuradores y pensionistas de la mutualidad.

El presidente del CGPE, Ricardo Garrido, asistió entonces al inicio de la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Consejo se dirigió a todos los partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones de autónomos para promover un cambio legislativo para una pasarela al Reta socialmente inclusiva que no deje a nadie atrás.

“Es de justicia que los partidos políticos se pongan de acuerdo para legislar pensando en todos los mutualistas de España. Las procuradoras y procuradores, autónomos y mutualistas alternativos y complementarios, merecemos una jubilación digna”, señala Ricardo Garrido.

El Consejo de la procura recuerda que el Estado se ha ahorrado cientos de millones de euros durante años con los pensionistas de las mutualidades profesionales, en prestaciones como la orfandad, la viudedad, la incapacidad o enfermedad, que actualmente no se computan para poder acceder a las pensiones de la Seguridad Social.

Desde la toma de posesión de la nueva junta directiva, en octubre del año pasado, el CGPE trabaja activamente para lograr que la Seguridad Social y el Estado equiparen a los procuradores y procuradoras pensionistas con el resto de profesionales y pensionistas españoles.

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DE INTERÉS

AUTO DE 10 DE JULIO DE 2025, DE LA SECCION PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO, SOBRE COBRO DE COSTAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PROCURA JOSÉ EUGENIO GÓMEZ MUÑOZ Abogado. Asesor jurídico del ICPM.

El Auto de 10 de julio de 2025, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se pronuncia sobre la suficiencia de un poder general para pleitos para el pago de las sumas correspondientes a las tasaciones de costas en los procedimientos judiciales en los que la parte condenada hace la oportuna consignación.

La cuestión que se resuelve por el Auto tiene su origen en la presentación de un escrito por una procuradora en el que se solicitaba el pago de la suma de la condena en costas en la cuenta bancaria de la procuradora, cuyo número aportaba en el escrito aportando poder general para pleitos de su representado.

Por medio de Diligencia, la Sra. Letrada de la Administración de Justicia requirió la aportación de poder en el que se estableciera expresamente la facultad de percibir las cantidades por la procuradora o bien señalara el número de cuenta de su mandante para el ingreso de la cantidad, resolución que fue impugnada por la procuradora mediante recurso de reposición, que fue desestimado, confirmándose la decisión impugnada mediante Decreto, frente al cual se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por el citado Auto de 10 de julio de 2025 estimando el recurso de la procuradora y revocando el Decreto inicialmente impugnado.

Como fundamento de su decisión, el Auto cita otro anterior de la misma

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Sala y Sección, de fecha 19 de octubre de 2022, cuyo criterio confirma y en el que se decía: Se considera que las alegaciones presentadas deben ser estimadas. La Nota informativa emitida por el Ministerio de Justicia de junio de 2019 en relación con los poderes suficientes de los procuradores y demás profesionales de la justicia para el cobro de mandamientos de pago a nombre de su cliente o poderdante en las cuentas de depósitos y consignaciones considera que en los términos del artículo 25 de la LEC tanto el poder otorgado ante el Letrado de la Administración de Justicia como ante Notario, la (sic) faculta al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos de ordinario en la tramitación de los procesos judiciales.

Esta regla general presenta dos excepciones: aquellas actuaciones para las que el art. 25.2 LEC exige un poder especial, como puede ser la renuncia, y entre las que, como afirma la recurrente, no se encuentra la facultad de efectuar pagos y cobros en representación del poderdante, frente a cualquier orden jurisdiccional y por cualquier causa y aquellas facultades que el poderdante excluya del poder general en asuntos y actuaciones para los que la ley no exija apoderamiento especial. Se exige para este segundo caso que la exclusión de consigne de modo expreso e inequívoco (art. 25.1 párrafo 2º de la LEC).

De lo expuesto cabe deducir que el cobro de cantidades derivadas del proceso no es una de las actuaciones para las que la ley exige poder especial, por lo que, si al otorgar el poder general el poderdante no excluye de modo expreso esa facultad, debe entenderse que el poder general es suficiente para el cobro, siempre que las cantidades a cobrar deriven directamente de un proceso judicial, supuesto en el que resulta incluido el cobro de las costas derivadas de la inadmisión del recurso de casación 3531/2020 ahora controvertido.

Con base en lo anterior, el auto de 25 de julio de 2025 expresa que “…nuestra doctrina es clara al afirmar que el cobro de las costas es una actuación cubierta por el poder general para pleitos, al no estar entre las expresamente excluidas, y por ello no tiene que figurar de manera expresa en el apoderamiento, sino que lo que debe suceder es que no se halle excluida de manera igualmente expresa. En este sentido, el requerimiento efectuado por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia no resulta conforme a lo establecido en la norma y a la interpretación de la Sala, por lo que debe dejarse sin efecto.”

Por tanto, el criterio del Tribunal Supremo es claro, admitiendo que el cobro de las costas es una actuación cubierta por el poder general para pleitos, siempre que en el mismo no haya sido excluida esa facultad de manera expresa, exclusión que no parece ser frecuente.

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COLABORACIONES

APUNTES SOBRE EL ABUSO DE PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES JOSÉ MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO Juez Sustituto Autor del blog La Ventana Jurídica

El Auto número 12805/2021, de 6 de octubre, del Tribunal Supremo, establece que: “(…) no basta la sola identidad de socios para considerar que hay abuso de la personalidad de la sociedad, sino que es precisa la confusión de patrimonios, personalidad, o un aprovechamiento por la otra sociedad de activos de la deudora a la que vendría a sustituir (…).”

Declara en este sentido la Sentencia número 429/2014, de 17 de julio, del Tribunal Supremo, que: “Cada una de las sociedades integradas en un grupo de sociedades tiene una personalidad jurídica, y un patrimonio, independiente de las demás, que constituye un centro de imputación individualizado de relaciones jurídicas. El grupo de sociedades, como tal, carece de personalidad jurídica propia, y por tanto de un patrimonio propio. Cada sociedad es exclusiva titular de su propio patrimonio, que responde de sus obligaciones. No existe un “patrimonio de grupo”, ni un principio de comunicabilidad de responsabilidades entre los distintos patrimonios de las distintas sociedades por el mero hecho de estar integradas en un grupo, sin perjuicio de situaciones excepcionales de confusión de patrimonios, que la audiencia ha declarado no existe en este caso, o que de justifiquen de otro modo el levantamiento del velo.

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Y el levantamiento del velo puede ser esgrimido por el tercero frente a quienes pretenden aprovechar una personalidad jurídica formalmente diferenciada para obtener consecuencias antijurídicas, normalmente fraudulentas, de esa separación formal, cuando esa diferenciación de personalidades jurídicas no responda a una justificación lícita. Pero no pueden ser las propias personas jurídicas integradas en el grupo las que, en un momento determinado, puedan “levantar el velo” y decidir que, frente a un tercero ajeno al grupo, es improcedente la diferenciación de su personalidad jurídica y que frente a él han de aparecer y ser consideradas como si de una sola persona jurídica se tratara.”

Tal como expresa la Sentencia número 556/2023, de 1 de diciembre, de la Audiencia Provincial (Secc. 5ª) de Zaragoza: “(…) la personalidad propia de la sociedad unipersonal esta fuera de duda, que la misma solo cede frente a determinados fines lícitos, como son, entre otros, para evitar que con confusión de patrimonios se perjudique a terceros que han contratado con la entidad. Otros supuestos en los que el ordenamiento jurídico relaja la autonomía de la persona jurídica son aquellos en los que existe riesgo de infracapitalización, confusión de personalidad jurídica o esferas y riesgo dominación de la misma por un tercero, generalmente la sociedad matriz. También mantiene la jurisprudencia que el

levantamiento del velo de la persona jurídica, bajo esta genérica expresión vienen cobijándose todo este tipo de situaciones que suponen un límite a la personalidad jurídica de la sociedad, ha de ser excepcional y limitado a supuestos muy concretos, aquellos en que procede la denominada extensión de responsabilidad.”

Aclara la Sentencia número 600/2023, de 30 de noviembre, de la Audiencia Provincial (Secc. 8ª) de Alicante, que: “(…) la sociedad unipersonal es una opción reconocida al nivel europeo, con origen en la Directiva 2009/102/CE) que es la que obliga a los Estados miembros a permitir las sociedades de responsabilidad limitada del empresario individual, lo que se ha materializado en la admisión en nuestro ordenamiento jurídico de sociedades limitadas unipersonales. Por otro lado, la STJUE de 21 de octubre de 2010 dice que la libre circulación de capitales y la inversión sería imposible sin la limitación de la responsabilidad.

Esto explica a su vez que en la eficiencia económica de los acreedores sea exigible el control del nivel de crédito de la sociedad con la que conciertan sus relaciones para en su caso, exigir ciertas garantías.

En suma, utilizar sociedades para limitar la responsabilidad de los socios en general es perfectamente lícito, y solo deja de serlo en caso de fraude o abuso y, desde luego, en el caso no consta que

COLABORACIONES

exista confusión de patrimonios de los socios y la sociedad. Ni siquiera consta la existencia de transferencias de bienes entre sociedades, no habiendo tampoco coincidencia de objeto social aunque, en todo caso, el proceso temporal de funcionamiento de ambas sociedades es lo suficientemente dispar como para considerar la hipótesis del recurrente de que las dos sociedades actúan en realidad como una sola, tanto más cuando un socio puede constituir varias sociedades independientes, por mucho que coincidan socios y administradores (en ese sentido SSTS de 30-4-99, 23-1012 y 20-3-2013).

de las formas habituales en el tráfico económico, no consta si es remunerado, ha sido concedido por un tiempo indefinido (“cobrar cuando se pudiera”). En casos como este, la función económica de los fondos prestados es la de sustituir la dotación de capital social y encubre un supuesto de infracapitalización, en que el capital social es tan exiguo que no sirve para acometer con normalidad la actividad social, ni siquiera para dotar a la sociedad de un patrimonio suficiente que le permita obtener financiación externa por parte de terceros.

La Sentencia número 487/2013, de 10 de julio, del Tribunal Supremo, aborda la infracapitalización, destacando lo siguiente:

Si la aportación de capital a la sociedad por parte de los socios, en una cantidad suficiente para desenvolver su actividad, se hubiera realizado en la forma típica prevista en la normativa societaria, como es la aportación inicial o la ampliación de capital social, el patrimonio así obtenido no hubiera podido ser reembolsado a los socios en detrimento de los acreedores sociales, frente a los cuales tal patrimonio desempeña una función de garantía. La sustitución del capital social por préstamos societarios realizados por los socios de referencia supone en tales circunstancias un desplazamiento del riesgo empresarial sobre los acreedores.

“Debe tenerse también en cuenta que por las características concretas de la operación enjuiciada, nos encontramos ante un supuesto típico de préstamo “societario”, sustitutivo del capital social. Se trata de un préstamo de carácter societario en tanto que realizado por el socio mayoritario y administrador único, lo que le permite controlar el destino de los fondos suministrados.

Ha sido concedido en condiciones diferentes a lo que sería una financiación por terceros típica, en tanto que no está documentado en alguna

No es admisible que llegada una situación de crisis económica el socio con una participación relevante o el administrador, que tiene un conocimiento privilegiado de la situación, pretendan quedar al margen del proceso concursal cancelando el préstamo, siquiera sea parcialmente, con preferencia al resto de los acreedores, obteniendo la devolución de unos fondos que debían haber integrado los recursos propios de la sociedad y haber servido de capital de garantía frente a los terceros acreedores.”

/…/ En realidad, lo que debe demostrarse es que hay fraude o el abuso de derecho, y el levantamiento del velo procede cuando, existiendo una deuda se interpone una sociedad para evitar el pago o la aplicación de la norma, pues de esta forma coincide con los presupuestos del abuso de derecho o fraude de ley (…).”

Corolario de lo anterior, son las consideraciones siguientes: -el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca personalidad a las sociedades de capital, como centro de imputación de relaciones jurídicas, y sea la sociedad la que deba responder de su propio actuar, aunque instrumentalmente lo haga por medio de sus administradores, no impide que, excepcionalmente, cuando concurren determinadas circunstancias- son clásicos los supuestos de infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa y fraude o abuso - sea procedente el “levantamiento del velo” a fin de evitar que el respeto absoluto a la personalidad provoque de forma injustificada el desconocimiento de legítimos derechos e intereses de terceros (Sentencia número 106/ U2025, de 5 mayo, de la Audiencia Provincial (Secc. 1ª) de Palencia); -para hacer responsable a una sociedad integrada en un grupo societario de las actuaciones llevadas a cabo por otra es necesario que haya existido confusión de patrimonios, actuación equívoca frente a los clientes que haya inducido a error a estos, asunción de responsabilidad de una respecto de otra frente a los clientes, o cualquier otra circunstancia concreta de similar naturaleza: En cambio, no lo será que ambas puedan tener objetos sociales, ni que determinados servicios a los clientes puedan estar centralizados en la matriz de un grupo empresarial (como el servicio de atención al cliente) o la utilización en las comunicaciones de anagramas o membretes propios del grupo o de su matriz (Sentencia número 256/2025, de 20 de mayo, de la Audiencia Provincial (Secc. 6ª) de Asturias);

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COLABORACIONES

EL DERECHO Y EL ESCORIAL JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ LLAMOSÍ Magistrado. Decano de los Juzgados de Alcorcón (Madrid).

Doctor en Ciencias Jurídicas. Master en Humanidades.

El día 11 de diciembre de 2024 falleció, a la edad de 86 años, el último agustino jurista del Escorial: Prometeo Cerezo de Diego, al que conocí en el año 1983 cuando inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho de los “Estudios Superiores del Escorial”. Después tuve ocasión de seguir tratándole en Madrid, donde proseguí mi carrera de acceso a la judicatura.

Ya desde aquellos años de estudiante le debo mucho. Además de disfrutar de su gran simpatía y del ejemplo de su trabajo metódico y sus planteamientos vitales profundamente humanistas, tuvo conmigo una preocupación por mis inquietudes personales y profesionales dedicándome muchos y sabios consejos que me sirvieron de ayuda en mi formación jurídica.

Del Escorial sabemos que es arte: es pintura, escultura y arquitectura. Es teología y filosofía: es el Trivium y el Quadrivium. Es también historia, alquimia y ciencia. Es jardín y plaza: un espacio para el recreo donde algunos buscan un lugar de descanso o de veraneo, o, simplemente, un sitio de paso. Es magia y leyenda. Pero es también, y pocos saben esto, Ciencia jurídica que se vierte y se amamanta en las aulas modestas de los “Estudios Superiores del Escorial” situados en el edificio llamado de “La Compaña”, un antiguo almacén y hospedería que usaron los monjes jerónimos y habilitaron después los agustinos en el año 1892 con la aprobación y protección de la Reina regente Doña María Cristina de Habsburgo Lorena, quien im-

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pulsó y patrocinó su fundación, y cuyo nombre tomaron llamando al edificio “Real Colegio Universitario María Cristina”, al que se facultó para impartir las asignaturas correspondientes a la Facultad de Derecho y “ejercer la laboriosidad científica y practicar las virtudes cristianas”, tal y como estableció la Reina fundadora como garantía de acierto en los profesores universitarios.

Desde entonces esas piedras de granito han sido el tuétano que ha corrido por el alma de muchos juristas que pasaron por sus claustros como estudiantes dando a España el nombre de algunos hombres célebres formados en sus aulas como Manuel Azaña y Manuel Argüelles (ambos Presidentes de la República), Gabriel Pastor-Díaz Garcerán (secretario de S.A.R. don Fernando), José España Serra (conde de España), José Yanguas Messía (Vizconde de Santa Clara de Avedillo), Rafael Sánchez Mazas, Dámaso Alonso, Dionisio Ridruejo, Moreno Torroba, Sánchez Tejerina, Eduardo Aunós, Alberto Alcocer, Juan Ignacio Luca de Tena, Fernández Montes, Julián Zuazo, Román Escotado, junto a otros muchos más situados en las esferas del Poder Judicial, la Abogacía del Estado, la Abogacía, la Procura, el Notariado, los Registros de la Propiedad, la empresa, la política, la Administración pública y, en fin, en los más variados y diversos oficios de la sociedad.

De cuantos alumnos pasaron por El Escorial fueron sus docentes, entre otros no menos relevantes, cinco agustinos

que eran doctores en Derecho y cuyos trabajos realizados en el silencio del monacato constituyen una importante aportación a la Ciencia jurídica española por la solvencia y el prestigio de sus obras y a los que dedicamos nuestra tesis doctoral y algunas otras publicaciones.

Se puede afirmar, sin caer en la exageración, que el Derecho penal no se puede escribir sin el nombre de un gran agustino penalista: Jerónimo Montes Luengos (1865-1932). Su principal aportación a la Ciencia jurídica fue su trabajo titulado “Los principios generales del Derecho penal según los escritores del siglo XVI”, que defendió como tesis doctoral en el año 1902 en la que recopiló todos los principios generales en los cuales se sustenta el Derecho penal según nuestros antiguos teólogos del siglo XVI (Alfonso de Castro, Domingo de Soto y Covarrubias) a quienes consideró los verdaderos iniciadores de la Ciencia del Derecho penal llegando a cuestionar la atribución a Beccaria de la paternidad intelectual de la Ciencia del Derecho penal.

En 1917 Montes publicó el que sería, debido a la escasez de tratados en dicha materia en ese momento, el mejor tratado de Derecho penal titulado “Derecho penal español”. En 1918 publicó “El crimen de herejía”, otra gran obra jurídica y, probablemente, uno de los mejores textos de la literatura jurídica sobre los delitos que, en el ámbito de la herejía, podían cometerse por los infieles. Cuando estaba trabajando

COLABORACIONES

en una obra definitiva que llevaría por título “Historia de la Ciencia penal española”, le sorprendió la muerte temprana que impidió terminar la obra ya comenzada.

Tan relevante como aquel fue José López Ortiz (1898-1992), otro agustino jurista que llegó a ser catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Santiago, catedrático de Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico en la Universidad Central (hoy Complutense de Madrid), obispo de Tuy y Vicario General Castrense y Arzobispo de Grado. Su principal aportación a la Ciencia jurídica es la de ser el precursor del llamado “arabismo jurídico español”.

López Ortiz tenía la firme convicción, que resultó acertada, de que la única forma en la que se podía conocer cómo era la sociedad durante la invasión musulmana era mediante el estudio de los documentos notariales y las fatwas. Su tesis doctoral titulada “La recepción de la escuela malequí en España” (1931) y su excelente tratado titulado “Derecho musulmán” (1932), fueron sus más relevantes obras sobre esta materia tan compleja y tan interesante relativa a los siete siglos de ocupación musulmana de España. Tenía, además, una gran facilidad para las lenguas y, de hecho, escribía y hablaba perfectamente el árabe con sus nueve dialectos por lo que realizó numerosas traducciones de importantes manuscritos árabes de los jurisconsultos musulmanes como Abenmsalmún de Granada, Yahya ben Yahya, Abenhabid, Ibn Alqama, Ibn Salmum e Ibn-al-Attar, así como el estudio de las cuatro escuelas jurídicas de interpretación y creación del Derecho musulmán las escuelas malikí, hanifí, safií y hanbalí.

Debe recordarse también a otro insigne docente agustino: Gabriel del Estal Gutiérrez (1917-2008), que fue Prior provincial de la Orden agustiniana y uno de los más relevantes rectores que tuvo El Escorial, como Unamuno lo fue de Salamanca, porque fue un humanista, un sabio, un intelectual, un político de raza dotado de mando y buen

gobierno, un poeta sublime y un perito en vientos que dominaba las velas del trivium y el cuadrivium con las que podía navegar con rumbo firme hacia el saber infinito. Entendía el secreto de las estrellas y la profundidad de Dios.

En su ordenada mente estaba la tragedia griega, la piedra filosofal y el mundo de las siete esferas transparentes.

Y cree uno que debía tener noticias del mar de lodo en el que Platón disolvió la Atlántida. Fue un autor muy prolífico. De su vasta bibliografía (cercana a las 400 publicaciones), podemos destacar obras fundamentales como “La Orestiada y su genio jurídico” (1962), que aborda la idea de la Justicia en su tránsito desde la justicia de sangre a la justicia de la razón; “Marxismo y Cristianismo: ¿diálogo o enfrentamiento?”

(1977), sobre la confesionalidad del Estado y la convivencia cristiana; y, sin duda, una de sus obras más logradas fue “El Rey, las Cortes y el reino” (1978), que contiene, en pleno nacimiento de nuestro actual régimen democrático constitucional, un estudio profundo y completo sobre la evolución de la Monarquía española que tuvo una amplia repercusión en la redacción constitucional.

Otro relevante agustino jurista fue Avelino Folgado Fernández (19172013), discípulo del ilustre civilista Federico de Castro, que realizó una de las obras más importantes en el ámbito del Derecho civil titulada “Evolución histórica del concepto de Derecho subjetivo. Estudio especial de los teólogos-juristas españoles del siglo XVI”, defendida en 1960 en la Universidad Central de Madrid como tesis doctoral y en la que situó el origen del concepto de derecho subjetivo en la apasionante controversia sobre la pobreza entre los franciscanos con el Papado.

El último agustino jurista de esta saga de maestros inolvidables del derecho en El Escorial ha sido Prometeo Cerezo de Diego (1938-2024). Además de sus años de dedicación a la docencia como profesor titular de Derecho Internacional Público, tanto en El Escorial como

en la Universidad Complutense de Madrid, fue Secretario General del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional y Vicepresidente de la International Law Asociation (sección española); Académico de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, con sede en Lima; y Director del Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Su obra más relevante es un estudio sobre los problemas derivados de la Conquista de América titulada “Alonso de Veracruz y el derecho de gentes” (1985), tesis doctoral galardonada con el “Premio Internacional Luis García Arias” del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, en la que expuso la postura de Alonso de Veracruz sobre la Conquista de América. Asimismo, fruto de la pasión y el entusiasmo por el Derecho internacional fundó la llamada “Escuela escurialense de Derecho internacional” a la que pertenecen un grupo de discípulos en su mayoría alumnos procedentes de sus años de docencia en el Escorial y en Madrid que a lo largo de los años se formaron y especializaron siguiendo sus directrices.

En las obras de estos cinco sabios agustinos juristas del Escorial hay muchas reflexiones jurídicas, mucho material técnico, muchas ideas y muchos pensamientos de contenido académico.

No son obras improvisadas, ni trabajos de principiantes, sino textos que merecen un reconocimiento. Hace muchos años que fueron escritas, pero su contenido constituye una base firme y sólida que debe tenerse en cuenta en la Ciencia jurídica española, y cuya lectura y estudio enriquece a quienes amamos el Derecho. Léanse cualquiera de las obras que he citado en las que estos maestros expusieron su sabiduría, las investigaciones que llevaron a cabo con esfuerzo, con tesón, con pasión, y se comprenderá por qué el nombre de estos cinco agustinos juristas del Escorial y sus obras han de sobrevivir al manto injusto del olvido. Se entenderá porqué El Escorial es también piedra que palpita en el alma del Derecho.

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ASESORÍA FISCAL Y JURÍDICA

SOBRE NUEVAS Y CONFLICTIVAS FORMAS DE EJERCER LA PROFESIÓN GONZALO DE LUIS Abogado. Asesor Fiscal del ICPM

La posibilidad de ejercer a lo largo de toda España; la nueva regulación de los aranceles; el ejercicio común bajo una sociedad profesional mixta; el aumento de asuntos masivos y la limitación de tres oficiales habilitados por procurador, son algunas, quizás las más importantes, de las causas que han provocado que surjan nuevas formas de ejercer la profesión, formas que, en ocasiones, como veremos, resultan conflictivas, problemáticas y, a veces, cuanto menos, irregulares y nocivas.

Me atrevo a vaticinar que hasta son peligrosas, en la medida que pueden desvirtuar la procura y poner en duda su existencia, por lo menos, tal como la conocemos.

cel, por lo que no cabría ejercer como procurador a cambio de un salario y un contrato laboral.

En esta deriva, el número de procuradores que trabaja para otros compañeros es creciente. Lo que antes era ocasional y para gestiones puntuales, ahora es habitual, incluso constante.

Sin embargo, como decimos, el hecho de que muchos compañeros estén trabajando para otros compañeros es evidente y creciente. ¿A qué se debe?

Es público y notorio. Por una parte, la necesidad de una colaboración cualificada para atender la sobrecarga de trabajo; por otra, el aumento de las sustituciones en vistas, que lejos de ser algo circunstancial, se ha convertido en la única manera de poder mantener personaciones a lo largo de toda España.

La profesión de procurador sólo se concibe bajo el ejercicio libre por cuenta propia. Aunque no existe una norma que prohíba expresamente el ejercicio por cuenta ajena, es decir, contratado por un tercero, sí que existen dos normas básicas bajo cuya lectura conjunta se califica la naturaleza autónoma de la profesión: por una parte, el Estatuto General, que es un real decreto de obligado cumplimiento y que dispone que el procurador tiene que estar de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social o, alternativamente, en la Mutualidad; por otra parte, el arancel, otro real decreto, que dispone cómo y por cuanto se debe evaluar el servicio.

En definitiva: sólo se puede ejercer por cuenta propia y se debe aplicar el aran-

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Así lo contemplan casi todos los Estatutos particulares de los Colegios, con alguna salvedad que se nos antoja peligrosa y contradictoria, pues llegado el caso del procurador con contrato laboral del propio cliente, la razón de su existencia se resiente.

Por otra parte, un procurador con contrato laboral de otro procurador, no supondría el mismo riesgo de pérdida de esencia, pero no dejaría de ser más que una nueva categoría de oficial habilitado.

No es mi intención arrojar consideraciones distintas a la legitimidad de esta actitud. Es perfectamente plausible, pero puede implicar distorsiones en nuestra función procesal.

Analicemos la relación entre procurador contratante y contratado. La más natural, la que conserva la independencia de actuación de ambas partes, la que siempre ha existido: un procurador

presta sus servicios a otro, ambos disponen de sus propios medios, gozan de absoluta independencia, se factura el servicio, no existe contrato por medio.

Nada que objetar.

A partir de aquí, avanzamos en nuevos supuestos en los que el compromiso y la dependencia se acentúa. El procurador contratante, en mayor o menos medida, provee de medios al contratado, le exige un horario, adaptarse a un organigrama, incluso con su presencia física. En estos casos, conforme sea mayor la vinculación, nos estaremos alejando de la relación mercantil libre para acercarnos a la dependencia laboral. Aunque, como hemos indicado, no existe un amparo legal claro para el contrato de trabajo como procurador, de discutirse ante los Tribunales, la calificación como relación laboral parece más que probable, pues un juez se atendría a la situación de hecho.

Al respecto, no podemos sino recomendar que en estos casos y para alcanzar la mayor seguridad jurídica de las partes, se debería de suscribir un contrato mercantil claro y preciso, con el alcance de las obligaciones y derechos, y, dependiendo de éstos, enfocarlo incluso como un contrato de autónomo dependiente, el comúnmente denominado TRADE. No aseguramos el buen fin absoluto, pero sí cierta garantía.

No hay que desdeñar la posibilidad de amparar estas relaciones bajo una sociedad profesional. Para eso está, entre otras cosas, esta institución. Los estatutos, los pactos societarios, la menor o mayor participación mercantil, el reparto del trabajo entre los so-

ASESORÍA FISCAL Y JURÍDICA

cios o su remuneración, independientemente de la participación en el capital, es una vía idónea, clara y contundente para vincular a profesionales sin relación laboral alguna.

Sin embargo, no me preocupa tanto la dificultad de enmarcar la relación jurídica entre compañeros y que lo que se contrate sea lo más próximo posible a lo que se hace, como el uso y abuso de ciertas prácticas en la colaboración.

Por ejemplo, las sustituciones y la cesión de la firma digital. ¿Caben las sustituciones en las vistas? Claro que caben. Pero si son

constantes y permanentes para la llevanza de asuntos en sedes lejanas provocará, lo está provocando ya, reacciones judiciales adversas y una pregunta amenazante, ¿para qué están ustedes?

Siguiente: la cesión de la firma. Es cuando el objeto de la relación mercantil entre compañeros o entre abogados y procuradores consiste únicamente en que el procurador ceda el uso de su firma digital perdiendo todo control de su uso. Vendría a ser algo así como ceder la mano para hacer la rúbrica, ceder la yema del índice y con ello nuestra huella. Exista el contrato que exista entre

las partes, las cosas no son como las llamamos, sino como se desprende de su propia naturaleza, y una pera, por mucho que la queramos llamar manzana, es una pera.

Ceder la firma sin trabajo alguno real por el cedente, sin control, sin límite, nos lleva a plantearnos sospecha de fraude y suplantación. Detrás de este proceder, un testaferro sobre el que recae toda la responsabilidad. Las derivas de la responsabilidad frente al representado perjudican al profesional y a la profesión, al margen de la reclamación entre cedente y cesionario. Acabaría con él, acabaría con todos.

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ASESORÍA FISCAL Y JURÍDICA

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SERVICIOS COLEGIALES

PROCURAMEDIA MADRID Y ARBITRAJE

SOMBRAS Y LUCES DE LA LEY EN LA IMPLEMENTACION DE LOS MASC. UN ANÁLISIS CRÍTICO. M.ª LUISA MONTERO CORREAL Vocal de la Junta de Gobierno y presidenta de ProcuraMEDIA Madrid del ICPM.

El título de este pequeño articulo refleja una opinión entre las muchas vertidas hasta ahora en la corta vida de esta ley.

jurídicos y justiciables consideran que puede suponer un retraso adicional en la ya lenta justicia.

La reciente ley que impulsa los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) ha generado diversas opiniones desde su aprobación. Aunque su exposición de motivos refleja objetivos ambiciosos, la realidad es que una ley de esta envergadura en su conjunto y con tantas reformas requiere una dotación económica significativa para su desarrollo efectivo.

Sin embargo, el análisis no es tan simple como culpar ahora de los futuros retrasos judiciales a esta implementación.

Existen sombras en el articulado de la ley y en las interpretaciones de los tribunales que a menudo se ven influenciadas por el desconocimiento pleno de los medios alternativos, o por la presión para reducir el número de procedimiento judiciales. Por el contrario, algunos parecen considerar a los MASC como la solución a todos los problemas de la justicia, lo que no es necesariamente del todo cierto.

La precipitación en su implantación, a pesar de los anteproyectos y modificaciones, ha generado críticas y controversias. La obligatoriedad de acudir a un medio alterativo antes de judicializar los conflictos ha sido especialmente controvertida, y muchos cooperadores

Para que la ley sea efectiva y el vehículo de una herramienta útil es necesario abordar estas sombras, y trabajar hacia

CONCILIACIONES

51%

una implementación más coherente y eficaz. No podemos limitarnos afirmaciones genéricas sobre la negociación previa a la presentación de demandas, ya que en realidad es mas compleja y varía según el ámbito profesional de los abogados. En la mayoría de los casos se intenta negociar antes de presentar la demanda, pero hay excepciones importantes que deben ser consideradas, en un porcentaje de casos se acude a los tribunales sin explorar posibilidad alguna diferente al pleito. Esta realidad ha contribuido y contribuye significativamente a los retrasos que actualmente afecta a los tribunales. A modo de ejemplo, todos conocemos las largas esperas en la puerta de los juzgados de familia, para cerrar acuerdos “in extremis” cuando esos acuerdos se podrían haber trabajado con anterioridad al señalamiento de las vistas, con el retraso

MEDIACIONES

25% 38%

29%

10%

14% 23%

10%

EN PROCESO

REALIZADAS CON ACUERDO

REALIZADAS SIN ACUERDO

INTENTADAS SIN ASISTENCIA

3o trimestre de 2025 [ n.º 72] ICPM I 29

SERVICIOS COLEGIALES

que ello conlleva para su celebración y la perdida de horas de los profesionales, justiciables y de los jueces.

Afirmaciones como “los MASC en España no sirven porque nuestra cultura del acuerdo no existe “solo refleja la falta de formación, experiencia y apertura al futuro. Por otro lado, la afirmación “los MASC encarecen los procedimientos”, no considera toda la realidad.

Si analizamos los costes de los largos procedimientos judiciales para el justiciable, para el abogado y el procurador, nos encontramos con cifras difíciles de calcular debido al aumento del coste económico con las dilaciones en el tiempo y la perdida de oportunidades durante el proceso de judicialización.

Desde nuestro Centro de Resolución de Conflictos ProcuraMEDIA Madrid, apostamos por encontrar aspectos positivos en esta ley trabajando con ella, y

acumulando experiencia para identificar áreas de mejora.

La oposición a la ley no supondrá su desaparición en el corto plazo, por lo que debemos aprovecharla de la mejor manera posible. La experiencia y las futuras estadísticas permitirán una reforma que, sin duda, necesita.

Entre tanto, tenemos la obligación de poner al servicio del justiciable, entre otros MASC, la posibilidad de acudir a la conciliación privada y a la mediación como intento de alcanzar acuerdos antes de judicializar la controversia.

Nuestra experiencia desde la entrada en vigor de la ley es positiva, gracias a la celeridad y efectividad en la tramitación de las conciliaciones privadas y mediaciones que nos solicitan. En un corto espacio de tiempo en nuestro centro se pueden alcanzar acuerdos y, si no es posible, se expide el certificado

“le he comentado a mi abogado que, si esto lo hubiera conocido antes, no hubiera acudido a los juzgados sin venir aquí”.

“dais un servicio rápido y eficaz, se nota que los procuradores sois profesionales procesales y que gestionáis muy bien los plazos”.

“sabía que no podíamos llegar a acuerdo alguno, pero lo hemos intentado, y en los juzgados valorarán que lo hemos hecho bien”.

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de requisito de procedibilidad de conformidad con la ley vigente. Esto redunda en beneficio de nuestra profesión de procuradores, con el fin de no tener los procedimientos paralizados, o bien de inadmisiones continuas porque no se ha entendido por los tribunales el cumplimiento que se ha dado a la Ley 1/2025 al presentar la demanda.

En este sentido, presentamos unos gráficos de nuestra experiencia en el servicio implantado por ProcuraMEDIA Madrid del ICPM. Trabajando en ello damos la posibilidad a los compañeros procuradores de ampliar su gestión y servicio al ciudadano, fuera del ámbito judicial por un lado y, por otro, contribuyendo, aunque sea en un mínimo porcentaje de acuerdos, a aligerar los tribunales para que los procedimientos judicializados puedan llevar una mayor celeridad.

Finalmente, compartimos algunas opiniones recogidas de los usuarios de nuestro servicio:

“soy procuradora conciliadora y me parece estupendo el Centro de Resolución ProcuraMEDIA que tenemos porque me facilita totalmente la labor que tengo que hacer, son unas instalaciones cómodas, con buenos servicios telemáticos y se prepara toda la documentación con rigurosidad para las partes”.

“el servicio que dais de mediación es estupendo, estoy encantada con vosotros porque para mi ámbito de actuación en temas de familia, ahora que nos hemos visto obligados, está siendo de primera”.

SERVICIOS COLEGIALES

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SERVICIOS COLEGIALES

SERVICIO DE REPRESENTACIÓN PROCESAL

EL SERVICIO DE REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL ICPM: HUMANIZACIÓN, GARANTÍAS Y ACCESO A LA JUSTICIA BÁRBARA EGIDO MARTÍN Procuradora. Mediadora civil y mercantil.

Desde mi experiencia como procuradora integrante del Servicio de Representación Procesal (SRP) del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, he comprobado que nuestra labor excede con creces de la mera tramitación de procedimientos. Cada jornada, cada consulta, cada intervención nos recuerda que el ejercicio de la representación procesal puede y debe ser también un ejercicio de escucha, de acompañamiento y de restitución de derechos. En un contexto judicial que a menudo resulta inaccesible o intimidante para quienes lo enfrentan por primera vez, nuestra presencia se convierte en un puente entre la ciudadanía y la Administración de Justicia.

32 I ICPM [ n.º 72 ] 3o trimestre de 2025

Cuando atendemos a una víctima de violencia de género, a una persona migrante, a un interno en situación preventiva o a un ciudadano que desconoce sus derechos, sabemos que el primer paso no es jurídico, sino humano. La conversación inicial, el gesto de cercanía, la disposición a explicar sin tecnicismos, son elementos que transforman el trámite en un proceso de acompañamiento. Nos esforzamos por ser referentes técnicos, sí, pero también por ser figuras de confianza en momentos de especial vulnerabilidad.

Desde el SRP, ofrecemos la designación gratuita de procurador en fases

no preceptivas a personas que han sufrido violencia de género, delitos de odio o que enfrentan situaciones que podrían derivar en dilaciones indebidas. Esta actuación, amparada en criterios de equidad y acceso efectivo a la tutela judicial, se complementa con una labor informativa rigurosa: explicamos qué es un procurador, cuáles son sus funciones, cómo se articula el procedimiento de asignación y qué derechos asisten a cada persona en función de su situación procesal. Procuramos que nadie se sienta excluido por desconocimiento, por temor o por falta de recursos.

SERVICIOS COLEGIALES

Asimismo, asesoramos sobre los requisitos para acceder al beneficio de Justicia Gratuita, detallando la documentación exigida, los plazos, los organismos competentes y los puntos de presentación. Sabemos que el coste económico puede convertirse en una barrera insalvable, y por ello trabajamos para que el ejercicio del derecho de defensa no dependa de la capacidad adquisitiva del solicitante. Esta vocación de servicio se extiende también a la exploración de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En muchos casos, la mediación, la conciliación o el arbitraje permiten reconstruir acuerdos sin necesidad de judicializar el conflicto, evitando el desgaste emocional y económico que conlleva un proceso contencioso.

En materia de extranjería, nuestra intervención cobra especial relevancia en el ámbito penitenciario. Asistimos a personas extranjeras en trámites de permisos de residencia, reagrupación familiar y recursos frente a resoluciones de expulsión.

En estos casos, la mediación con consulados, familiares y organismos competentes resulta esencial para garantizar un trato digno y conforme a la legalidad vigente. Nuestra labor no se limita a la orientación jurídica, sino que busca preservar la dignidad de quienes enfrentan procesos especialmente complejos.

Prestamos atención presencial en las sedes del ICPM y en las delegaciones

ubicadas en órganos judiciales. Paralelamente, colaboramos activamente en el programa Emancipati, que permite la gestión telemática gratuita de trámites judiciales desde dispositivos móviles u ordenadores. Esta herramienta ha ampliado significativamente el alcance del SRP, permitiendo que personas de todas las edades y perfiles accedan a la justicia desde sus propios entornos, sin necesidad de desplazamientos ni esperas innecesarias.

Gracias al convenio suscrito entre el ICPM y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el SRP ha adquirido un carácter esencial en los centros penitenciarios Madrid I, II, IV y V. Cada semana, nos desplazamos a estos centros para atender a internos preventivos y penados, ofreciendo asesoramiento sobre clasificación penitenciaria, permisos de salida, cambios de grado y trabajos en beneficio de la comunidad. En estos espacios, nuestra labor adquiere una dimensión especialmente significativa. Hemos visto cómo una explicación clara sobre los requisitos de un recurso, una orientación sobre el procedimiento ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o simplemente una conversación respetuosa puede transformar la percepción que una persona tiene de la justicia.

Cuando la Junta de Tratamiento deniega un cambio de grado, formalizamos el recurso correspondiente ante el ór-

gano judicial competente, asegurando que se respeten los plazos, las garantías procesales y los principios de legalidad.

También intervenimos en procedimientos de expulsión de extranjeros, procurando que el tránsito penitenciario no implique desarraigo ni desprotección.

En cada actuación, colaboramos estrechamente con el Servicio de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, fiscalías, juzgados y cuerpos de seguridad, articulando respuestas integrales en casos complejos como demandas de guarda y custodia, procedimientos de desahucio o conflictos familiares que afectan directamente a personas privadas de libertad.

Cada intervención nos reafirma en la convicción de que el verdadero valor del SRP reside en su capacidad para humanizar la justicia. Explicar resoluciones incomprensibles, tramitar recursos con agilidad, acompañar a una persona por el pasillo de un centro penitenciario o simplemente ofrecer una mirada empática son gestos que restituyen la dignidad de quienes se sienten indefensos. Como procuradores del ICPM, nos mantenemos en constante formación, preparados para asumir nuevos retos y comprometidos con una justicia accesible, cercana y técnicamente excelente.

Porque sabemos que la verdadera victoria no está en el expediente cerrado, sino en la esperanza recuperada por quienes más lo necesitan.

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JURISPRUDENCIA

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO HA DICTADO LA SENTENCIA 894/2025, EN LA QUE ACLARA QUE EL MES DE AGOSTO NO PUEDE EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER UNA DEMANDA DE ERROR JUDICIAL, AL TRATARSE DE UN PLAZO SUSTANTIVO DE CADUCIDAD Y NO PROCESAL. La demanda se interpuso más de tres meses después de la notificación del Auto del TSJ que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones frente a la sentencia de apelación. El plazo para el ejercicio de la acción no es procesal sino sustantivo de caducidad. Debe computarse de fecha a fecha, sin descontar los días inhábiles ni tampoco el mes de agosto.

¿QUÉ HUSO HORARIO TENEMOS QUE TENER EN CUENTA CUANDO SE PRESENTAN ESCRITOS EN LEXNET SI HABLAMOS DE LAS ISLAS CANARIAS? POR DIEGO GÓMEZ FERNÁNDEZ, ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO. El ATS Sala Tercera de 10/07/2025 (RC 5175/2024) nos da respuesta a una cuestión muy interesante que ya había sido abordada por la Sala de lo Social del mismo Tribunal Supremo sobre qué huso horario tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que presentar escritos ante órganos judiciales con sede en las Islas Canarias.

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ACTUALIDAD PROFESIONAL

DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y RECONOCIMIENTO A COMPAÑERAS PROCURADORAS El viernes 11 de julio celebramos, en el Salón de actos de nuestra sede, un acto de agradecimiento a la labor que realizan los procuradores en Justicia Gratuita y Turno de Oficio, así como entrega de placas a tres compañeras por sus dilatadas y ejemplares trayectorias profesionales al servicio de la sociedad y dedicación a la ciudadanía.

Isabel Cañedo Vega recibió placa conmemorativa de manos de la directora general de RR. HH. y Relaciones con la Administración de Justicia de la CAM, Alejandra Alonso.

En segunda final, de izda. a dcha. la vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona, y los copresidentes de la Comisión de JG del ICPM, Delia León y Antonio Sánchez-Jáuregui.

Con este acto, la institución colegial quiso unirse al reconocimiento de los compañeros que prestan este Servicio y reivindicar la labor que realizan en la sociedad, sin la que sería imposible un completo ejercicio de la tutela judicial efectiva que establece el art. 24.1 de la Constitución, reivindicando al tiempo las medidas necesarias para la prestación de este servicio con la eficiencia y dignidad que su alta función reclama.

En la edición de este año, entregamos placas conmemorativas a las colegiadas Isabel Cañedo Vega, de manos de la directora general de RR. HH. y Relaciones con la Administración de Justicia de la CAM, Alejandra Alonso; a M.ª Azucena Meleiro Godino, por parte del decano, Alberto N. García Barrenechea; y a Adela Gilsanz Madroño, por parte de la vicedecana, María del Carmen Giménez Cardona.

El decano dirigió unas palabras a todos los presentes destacando el profundo agradecimiento del ICPM “a todos los que forman parte del Turno de Oficio y en especial a las galardonadas a así como a los integrantes de la Comisión de Justicia Gratuita y Turno de Oficio del Colegio, por su esfuerzo, dedicación y compromiso con el servicio público”.

M.ª Azucena Meleiro Godino recibió placa conmemorativa de manos del decano, Alberto N. García Barrenechea. En segunda final, de izda. a dcha. la directora general de RR. HH. y Relaciones con la Administración de Justicia de la CAM, Alejandra Alonso; la vicedecana, M.ª de Carmen Giménez Cardona; la tesorera, Natalia Martín de Vidales; la vocal, María Pardillo; y los copresidentes de la Comisión de JG del ICPM, Delia León y Antonio Sánchez-Jáuregui.

Adela Gilsanz Madroño, recibió placa conmemorativa de manos de la vicedecana, María del Carmen Giménez Cardona.

En segunda final, de izda. a dcha. los copresidentes de la Comisión de JG del ICPM, Delia León y Antonio Sánchez-Jáuregui.

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La directora general de RR. HH. y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Alonso, en un momento de su intervención.

El decano, Alberto N. García Barrenechea, en un momento de su intervención.

Asimismo, recordó el logró alcanzado para la mejora de este servicio con el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid, que supone un incremento de 12 % en los baremos y otras actuaciones para la más justa compensación del servicio de representación gratuita. El decano finalizó señalando que “todavía queda camino por recorrer y justas reivindicaciones que defender”.

Cerró el acto la directora general de la Comunidad de Madrid, Alejandra Alonso, quien en sus palabras resaltó “la innegable contribución de la Procura al buen funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia, y su enorme aportación al progreso de la sociedad y de nuestra región” así como el “apoyo y compromiso del Gobierno Regional” con los profesionales que prestan el servicio de Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

CELEBRADA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA Y DE ACTIVIDADES 2024 En la tarde del 26 de junio tuvo lugar la celebración de la Junta General Ordinaria, en el salón de actos de nuestra sede Colegial, y de conformidad al Orden del Día comunicado a todos los colegiados.

Una vez abierta la sesión, el decano, Alberto N. García Barrenechea, resaltó el carácter económico de la celebración de esta junta y su satisfacción por el resultado positivo del ejercicio, que resumió como un “resultado esperanzador”.

Además, la Junta de Gobierno presentó el Informe de gestión y la Memoria de actividades del 2024, destacándose, entre otras, la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia y nuevos retos a los que nos enfrentamos; el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia en Madrid y las reuniones mantenidas para conocer de primera mano los espacios destinados a prestar servicio a los procuradores; el despliegue de una infraestructura corporativa disponible en todas las Sedes y Delegaciones del ICPM para prestar servicio wifi; y la inauguración de las salas o Puntos de Acceso Seguros para actuaciones judiciales telemáticas desde nues-

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tra sede, un hito para la Procura madrileña tecnológicamente pionera en España.

Por su parte, la tesorera, Natalia Martín de Vidales, explicó en detalle las distintas partidas de la Memoria económica, subrayando también el resultado positivo y la buena gestión realizada por el Dpto. de Tesorería del ICPM. “Un Colegio cada vez más sólido y robusto, que amplía su solvencia y liquidez para abordar con garantías los retos futuros, ofreciendo servicios de calidad a colegiados, otros profesionales y a la sociedad civil”, indicó.

A continuación, y tras un participativo turno de ruegos y preguntas, contestadas y aclaradas por distintos miembros de la Junta de Gobierno, tuvo lugar la correspondiente votación, con el resultado de la aprobación por mayoría y sin votos en contra de la Memoria económica, Balance de situación y Cuenta de resultados.

Antes de dar por finalizado el acto, el decano agradeció la asistencia deseando un buen verano y merecido descanso.

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SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL Entre los problemas que suscitan preocupación en el órgano de gobierno de los jueces, su presidenta, Isabel Perelló, destacó las dilaciones que sufren los procedimientos judiciales.

Por su parte, el Fiscal General reclamó la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.

Su Majestad el Rey presidió el solemne acto de apertura del Año Judicial, celebrado en la sede del Tribunal Supremo, y que contó con las intervenciones sucesivas del secretario de Gobierno, Ángel Tomás Ruano; del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; y de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que presentó la Memoria anual sobre el Estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales.

Entre los problemas que suscitan preocupación en el órgano de gobierno de los jueces, tal y como subrayó su presidenta, las dilaciones que sufren los procedimientos judiciales: “una justicia tardía no es una justicia efectiva. Es urgente poner en marcha medidas que

terminen con este problema, que contribuye a minar la confianza en la Justicia”, manifestó.

Además, destacó que “el Consejo ha cumplido con su cometido con rigor y responsabilidad en este primer año, velando por el interés superior del servicio público de la Justicia”, añadiendo que la institución “afrontará con la misma responsabilidad otros desafíos de gran envergadura como la implantación de los Tribunales de Instancia o dar una respuesta eficaz a la litigación en masa”.

La presidenta del TS y del CGPJ aseguró asimismo que los jueces no obedecen órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de su función, pero que “independencia no equivale a libre arbitrio” ni es, “en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla, porque constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional: la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos”.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó la Memoria

Su Majestad el Rey con la presidenta del CGPJ y TS, Isabel Perelló; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González; el presidente del Consejo General de Procuradores, Ricardo Garrido; y el decano del ICPM y secretario del Consejo General, Alberto N. García Barrenechea.

2024 del Ministerio Fiscal que recoge la evolución de la criminalidad, la prevención del delito, además de recopilar la actividad de las Fiscalías territoriales, las Fiscalías especiales y las Áreas especializadas. En su discurso, reclamó también la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.

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SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL AUTONÓMICO En representación de la Procura han asistido el presidente del Consejo General, Ricardo Garrido, y la vicedecana del ICPM, M.ª del Carmen Giménez Cardona.

El presidente del TSJM subrayó, en cuanto a los asuntos ingresados, la consolidación de una progresión sostenida e imparable en los últimos cinco años.

La ceremonia de apertura del Año Judicial en la Comunidad de Madrid, celebrada el 17 de septiembre en la sede central del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contó con la presencia de los integrantes de la Sala de Gobierno del propio TSJM, con varios vocales del CGPJ, magistrados del Tribunal Supremo, y representantes del Ministerio Fiscal, encabezados por la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra.

Por parte de las autoridades civiles se dieron cita, entre otros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín; y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la CAM, Miguel Ángel García; así como distintos representantes institucionales y de Colegios Profesionales.

El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez, dio cuenta en su intervención de la Memoria de actividad de juzgados y tribunales madrileños durante el año pasado, y subrayó que el año 2024 se superó la cifra del millón doscientos cincuenta mil asuntos ingresados, lo que representa más de la séptima parte del conjunto de asuntos ingresados en el conjunto de los órganos judiciales del Estado. Se consolida de este modo -explicó- una tendencia imparable, que viene siendo progresión sostenida en los últimos cinco años.

La vicedecana del ICPM, Carmen Giménez Cardona, junto al presidente del CGPE, Ricardo Garrido.

En otro momento de su discurso, se detuvo de manera detallada en la denominada “Ley de Eficiencia”, en el marco de la cual se articulan los nuevos tribunales de instancia. En ese sentido, ha recalcado que “son comprensibles las posiciones escépticas que ha suscitado la reforma, que se encuentra todavía en la fase de implantación inicial. Tendremos ocasión de contrastar, con datos fiables y con la debida transparencia, si el nuevo modelo es capaz de lograr los frutos perseguidos”.

Por su parte, la fiscal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, resaltó en su discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía el aumento de los delitos cometidos por menores, que no solo no descienden, sino que comienzan a manifestarse en edades cada vez más tempranas.

ACTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RECONOCIMIENTO A LOS FACILITADORES JUDICIALES La Comunidad de Madrid celebró el 14 de julio un acto con la participación del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, con motivo de la concesión de un premio del Consejo General del Poder Judicial al Gobierno regional por su iniciativa en la creación de la figura de los Facilitadores Judiciales. El acto contó con la presencia de la vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona, en representación de la procura madrileña y de los Facilitadores Procesales del ICPM. La Comunidad de Madrid informó de la asistencia a 131 personas con discapacidad con su servicio público y gratuito de facilitadores judiciales desde su estreno a finales del año pasado.

Así lo subrayó García Martín que resaltó “sois los verdaderos protagonistas de este reconocimiento”, al tiempo que destacó que esta regulación es una “muestra más del firme compromiso

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del Ejecutivo autonómico con este colectivo”, que se ha venido materializando en el ámbito de la Justicia con medidas concretas para eliminar todas las barreras a las que se enfrentan en su día a día las personas con discapacidad sensorial e intelectual.

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INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA SALA INFANTIL EN LOS JUZGADOS DE LA CALLE FRANCISCO GERVÁS Los procuradores podemos apoyar esta iniciativa informando a nuestros clientes, y ayudar así a que los menores pasen por las sedes judiciales de la mejor manera posible.

Horario: de lunes a viernes, de 09:30 a 16:30 horas. Cuando los juzgados están de guardia, los sábados, domingos y festivos, pasa a ser de 09:30 a 15:30 horas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, inauguró el 29 de julio hoy una nueva sala infantil de situada en la calle Francisco Gervás 10, que se añade a las dos ya existentes en los juzgados de Plaza de Castilla y calle Albarracín, acompañado entre otras autoridades y representantes institucionales, por la vicedecana del ICPM, M.ª del Carmen Giménez Cardona.

En todas ellas se atendieron a 1.171 niños el año pasado, lo que supone un aumento del 42% con respecto a 2023. El Ejecutivo autonómico proporciona a los menores de edad en estas instalaciones, de manera gratuita, un entorno adaptado en el que pueden permanecer cuando tienen que ir a una de estas sedes judiciales como testigos, víctimas o simplemente para acompañar a un familiar.

De izda. a dcha. Sebastián Lastra, secretario de Gobierno del TSJM; Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid; Verónica Ezcurra, secretaria coordinadora provincial del TSJM; Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local; Pablo García-Valdecasas, director Gral. de Infraestructuras Judiciales; Isabel Winkels, vicedecana del ICAM; M.ª del Carmen Giménez Cardona, vicedecana del ICPM; y el diputado del ICAM, Javier Mata.

JORNADA INFORMATIVA «NOVEDADES EN SISTEMA LEXNET, EXPEDIENTE DIGITAL Y CARPETA JUSTICIA» El decano, Alberto N. García Barrenechea, asistió a la jornada informativa organizada por la Fundación Justicia Social del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España a primeros de septiembre.

La sesión contó como ponente con Aitor Cubo, director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que abordó los principales avances en el ámbito de la digitalización judicial, el impacto de la Ley de Eficiencia Digital de la Justicia, LexNET, Delta LexNET, Atenea Iris, REAJ, Perita, MASC y SEM, así como el papel de la IA y la automatización robótica de procesos en el futuro de la Administración de Justicia.

En la misma, también participaron Juan

De izda. a dcha. Juan Fernández, Eva Torrecilla, Aitor Cubo y Alberto N. García Barrenechea.

Fernández, vicepresidente 1º del Consejo Gral. de Graduados Sociales y coordinador de la Comisión Justicia; y

Eva Torrecilla, presidenta de la Fundación Justicia Social y exdecana del Colegio de Madrid.

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FIRMA DE UN ACUERDO CON ISDE PARA BECAS Y DESCUENTOS EN FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL El Instituto Superior en Derecho y Economía (ISDE), institución universitaria de referencia en el ámbito jurídico y reconocida por su excelencia académica tanto a nivel nacional como internacional, ha firmado un convenio de colaboración con el ICPM. El principal objetivo de este acuerdo es facilitar el acceso a programas de formación superior mediante la concesión de becas de excelencia dirigidas a los procuradores colegiados, así como a sus familiares directos. Gracias a esta alianza, los miembros del ICPM podrán acceder en condiciones preferentes a las titulaciones impartidas por ISDE en sus áreas de especialización, principalmente en Derecho y Finanzas.

De izda. a dcha., José Javier Hombrados, director de Relaciones Institucionales de ISDE; Alberto N. García Barrenechea, decano del ICPM; Germán Ruiz Gómez, director de Desarrollo de Negocio de ISDE y adjunto al Director General; y Joaquín de Diego Quevedo, secretario del ICPM.

RECIBIMOS LA VISITA DE LA ASOCIACIÓN ALTODO

En el centro, Virginia de la Cruz, junto a Carmen Giménez Cardona y Delia León, miembros de la Junta Directiva de ALTODO y de la Comisión del TO y JG del ICPM.

En el marco de los encuentros institucionales que mantenemos regularmente con distintos operadores jurídicos, el 27 de junio tuvo lugar una reunión en nuestra sede con la Junta Directiva de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), encabezada por su presidenta, Virginia de la Cruz, para analizar diversos asuntos de interés co-

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mún para la procura y la abogacía en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.

mentos, espacios al servicio de colegiados y atención a la ciudadanía.

Recibidos por la vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona, junto con la copresidenta de la Comisión de TO y JG, Delia León, y el director del dpto. Raúl Pascual, visitaron los distintos departa-

La Asociación ALTODO no tiene ánimo de lucro ni ninguna orientación política, no depende de ningún Colegio de Abogados, ni de ninguna confederación, asociación o entidad pública o privada.

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LA PRESIDENTA DE CEPYME VISITA NUESTRA SEDE En la mañana del 23 de julio recibimos la visita de la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Ángela de Miguel, en el marco de los encuentros y relaciones institucionales que mantenemos regularmente con representes de distintos organismos e instituciones. CEPYME es una organización empresarial de carácter confederativo e intersectorial de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa, así como de los autónomos. Entre sus funciones, ofrecer información, asesoramiento y asistencia técnica a organizaciones, empresas y empresarios.

Recibida por el decano, Alberto N. García Barrenechea, y acompañado por el secretario, Joaquín de Diego, recorrieron los distintos departamentos e instalaciones al servicio de colegiados y atención a la ciudadanía, y mantuvieron una cordial reunión en la que se abordaron temas de interés mutuo y posibles colaboraciones entre ambas instituciones.

De izda. a dcha. Joaquín de Diego, Ángela de Miguel y Alberto N. García Barrenechea.

ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS INKIETOS El decano, Alberto N. García Barrenechea, asistió en representación de la Procura al acto de entrega de la segunda edición de los Premios Inkietos, celebrada el 4 de septiembre. Los galardonados de esta edición reflejaron el compromiso de transformar el sector legal desde diferentes frentes, tal y como destacó Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, que cerró el acto resumiendo en sus palabras la innovación con impacto social de los premiados: la inclusión real de ILUNION, la valentía de Pilar Menor, la gestión humanista de Cuatrecasas, y la transformación operativa de Repsol.

De izda. a dcha. el decano del ICAM, Eugenio Ribón, que abrió el acto; la presidenta de Inkietos, Mercedes Carmona; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González; la decana del ICAB, Cristina Vallejo; y el decano del ICPM y secretario del Consejo General, Alberto N. García Barrenechea.

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ACTO DE JURA DE NUEVOS COMPAÑEROS PROCURADORES A lo largo de este trimestre hemos celebrado varios solemnes actos de jura de nuevos compañeros que, una vez cumplimentados los requisitos de colegiación, se incorporan como ejercientes. Los padrinos y madrinas designadas al efecto presentaron a los nuevos colegiados, que juraron/prometieron el cargo de procurador y fueron investidos con la toga.

El decano Alberto N. García Barrenechea, junto con un miembro de la Junta de Gobierno en cada ocasión, dedicaron unas palabras de bienvenida ofreciendo, además, todo el apoyo del Colegio y de los empleados en esta primera etapa de ejercicio profesional, destacando la importancia de la formación continua, la participación en las comisiones de trabajo y servicios.

11 de septiembre. De izda. a dcha. Natalia Martín de Vidales, M.ª del Carmen Giménez Cardona, el nuevo compañero David Nevado Bravo, Alberto N. García Barrenechea, el nuevo compañero David Alejandro Chaparro Pernía, José Antonio Julián Ortín (padrino), y Joaquín de Diego.

22 de julio. De izda. a dcha. Noel de Dorremochea, M.ª Soledad Castañeda, Gema Muñoz (madrina), Natalia Martín de Vidales, la nueva compañera M.ª Pilar de Navasqüés Torroba, Alberto N. García Barrenechea, la nueva compañera Iolanta Apresyan, el nuevo compañero Alfonso Mansilla Morán, Alicia Velasco (madrina), M.ª del Carmen Giménez Cardona, Leonor Guillén, Ángel Mesas, Marta Franch y Joaquín de Diego.

24 de junio. De izda. a dcha. Natalia Martín de Vidales, M.ª Soledad Castañeda, Noel de Dorremochea, M.ª del Carmen Giménez Cardona, Mariano de Andrés Santos (padrino), la nueva compañera Elena Pallero de Andrés, Alberto N. García Barrenechea, Ana Ariza Colmenarejo, y Joaquín de Diego.

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ALUMNOS DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE VISITAN NUESTRA SEDE Con el fin de dar a conocer de primera mano las funciones de la Procura madrileña, el 4 de julio recibimos la visita de un grupo de alumnos universitarios acompañados por María Concepción Rayón, directora del curso de la Escuela Complutense de Verano titulado “Litigación, mediación y arbitraje para la resolución de conflictos empresariales”.

La vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona, dio la bienvenida a los estudiantes y realizó una introducción general de la profesión, de las principales funciones de los procuradores, así como de algunos de los servicios que ofrece el Colegio a la ciudadanía para facilitar el acceso a gestiones y trámites de carácter procesal, las comunicaciones telemáticas con la Administración de Justicia, y sobre mediación y conciliación.

Un momento de la intervención de la vicedecana, M.ª del Carmen Giménez Cardona, en la mesa junto a Concepción Julián, del dpto. de Informática del ICPM.

Por su parte, Concepción Julián, del dpto. de Informática del ICPM, explicó desde un punto de vista práctico, la gestión de notificaciones, LexNet, y actos de comunicación, entre otros.

Desde el ICPM continuamos apostando firmemente por la difusión a través de la formación y una estrecha colaboración con distintas Universidades y Centros de estudios.

EL ICPM COLABORA CON CÁRITAS EN EL DÍA DE LA CARIDAD (CORPUS CHRISTI 2025) Desde el ICPM, y en colaboración con Cáritas Madrid, nos sumamos a la celebración del Día de la Caridad y Solidaridad, el jueves 19 de junio con la instalación de una mesa de cuestación a la entrada del edificio de los juzgados de la c/ Poeta Joan Maragall de Madrid, y en la que participaron voluntarios y miembros de la Junta de Gobierno.

De izda. a dcha. Noel de Dorremochea, M.ª Soledad Castañeda, Teresa de Donesteve, María Pardillo y Natalia Martín de Vidales.

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ACTO DE RECONOCIMIENTO A NUESTRO DIRECTOR, MARIANO RODRÍGUEZ

Foto de familia del homenajeado junto al decano, vicedecana y miembros de Junta de Gobierno del ICPM. De izda. a dcha. Joaquín de Diego; M.ª Soledad Castañeda; Eduardo Manzanos; Mariano Rodríguez; Alberto N. García Barrenechea; Mercedes, esposa de Mariano Rodríguez; M.ª del Carmen Giménez Cardona; Natalia Martín de Vidales; Antonio Sánchez-Jáuregui; María Pardillo; Marta Franch; y Ángel Mesas.

En el mes de julio celebramos un acto de homenaje y despedida por su próxima jubilación a nuestro director, Mariano Rodríguez González. En el transcurso del mismo, le fue impuesta la Medalla de Honor del Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid, en su categoría de Oro, concedida por unanimidad de la Junta de Gobierno a propuesta del decano, Alberto N. García Barrenechea: “En el Sr. Rodríguez concurren sobradamente méritos para dicho galardón, con el que se pretende premiar su extraordinaria contribución a este Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid, desde sus inicios en el año 1980, desempeñando su labor en el Dpto. de Tesorería hasta el año 2015 en que fue nombrado director, habiendo tenido de forma continuada en todo este tiempo una especial dedicación profesional y leal a esta Institución”.

Dicha concesión se lleva a efecto con arreglo a lo dispuesto en las Normas para la concesión de distinciones y recompensas del ICPM aprobadas por la Junta de Gobierno con fecha 3 de abril de 2017.

En los turnos de palabra, el secretario, Joaquín de Diego, destacó las cualidades humanas y profesionales del galardonado, su fidelidad institucional y dedicación constante. Por su parte, el decano, Alberto N. García Barrenechea, describió a Mariano como una persona admirable, leal y abnegada, con una dila-

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De izda. a dcha. Joaquín de Diego; la viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos; Mariano Rodríguez; Alberto N. García Barrenechea; y M.ª del Carmen Giménez Cardona.

tada trayectoria profesional profundamente unida a la Procura madrileña y a sus representes, y muy querida por todos.

Finalmente, el homenajeado visiblemente emocionado, dedicó unas palabras de agradecimiento por la medalla recibida, así

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como por la presencia de autoridades, compañeros, amigos y familiares.

Entre los asistentes al acto, la viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos; el secretario de Gobierno del TSJ de Madrid, Sebastián Lastra; el secretario de Gobierno del TS, Tomás Ruano, y la letrada adjunta, Leticia Carrillo; la secretaria coordinadora provincial del TSJ de Madrid, Verónica Ezcurra; la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, M.ª Jesús Fraile; así como miembros del Consejo General de Procuradores de España, de anteriores Juntas de Gobierno, amigos y compañeros.

De izda. a dcha. Alberto N. García Barrenechea; el secretario de Gobierno del TSJ de Madrid, Sebastián Lastra; la letrada adjunta al secretario de Gobierno del TS, Leticia Carrillo; Mariano Rodríguez; la secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, M.ª Jesús Fraile; la secretaria coordinadora provincial del TSJ de Madrid, Verónica Ezcurra; y el secretario de Gobierno del TS, Tomás Ruano.

Desde el ICPM, tanto la Junta de Gobierno como sus compañeros de trabajo, nos sumamos a este emotivo homenaje y le deseamos una muy feliz jubilación.

CRISTÓBAL TRILLO, NUEVO DIRECTOR DEL ICPM Informamos de la incorporación como director del ICPM de Cristóbal Trillo Aguirre, hasta el momento jefe del dpto. de Informática, así como de la consiguiente baja por jubilación de Mariano Rodríguez González.

El decano, miembros de Junta de Gobierno, y todos los que formamos parte del ICPM expresamos nuestro apoyo y mejores deseos en esta nueva etapa profesional. Por su parte, el ya nuevo director reitera su compromiso con la institución, así como su disposición para continuar mejorando la atención y servicios que se prestan a todos los colegiados.

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ACTUALIDAD PROFESIONAL

EL ICPM EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

«El ICPM celebra el Día de la Justicia Gratuita con un reconocimiento al turno de oficio», en Confilegal.

«La abogacía y la procura de Madrid celebran el día del turno de oficio y denuncian: la justicia gratuita está al límite», en Diario Cinco Días Legal.

«El ICPM celebra el Día de la Justicia Gratuita con un reconocimiento a los procuradores del turno de oficio», en LawyerPress News.

“Procuradores, abogados y letrados reclaman diálogo y garantías en el acceso a la carrera judicial; la batalla entre jueces y justicia pone en jaque a los nuevos tribunales de instancia”.

Facilitamos enlace al artículo publicado en el Diario Cinco Días con las opiniones del decano, Alberto N. García Barrenechea.

Artículo publicado en el Diario Economist&Jurist, con las opiniones de Alberto García Barrenechea, decano de los procuradores madrileños, en las que muestra su preocupación como el resto de entidades Colegiales: “Nosotros, como procuradores, somos los primeros en enterarnos de si habrá o no juicio y, hasta ahora, poco nos notifican los jueces”.

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ACTUALIDAD PROFESIONAL

La Razón publicó las opiniones del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, con mención al ICPM: “Se ha firmado un acuerdo con el Colegio de Abogados y Procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico y representación a las víctimas de la ocupación”.

“El ICPM nombra a Cristóbal Trillo director” en LawyerPress News

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novedades bibliográficas

«La odisea por la dignidad y la justicia. Ayer y hoy en la historia de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio digno» del abogado Manuel Valero Yáñez. Publicación independiente. 361 páginas.

Prologado por Eugenio Ribón, decano del ICAM. Su título ya lo dice todo. Es un libro de imprescindible lectura para todo simpatizante de la Asociación ALTODO, e incluso para aquellos que, sin empatizar con ellos, deseen aproximarse a la epopeya de esta organización desde sus orígenes hasta la actualidad en su incansable lucha por la consecución de un Turno de Oficio Digno. El autor narra la historia de la Asociación con multitud de datos, anécdotas y fotografías de momentos clave, desde su creación en 2005 por cuatro compañeros de oficio, casi desde la nada y con el viento en contra, hasta la actualidad, cuando la Asociación ha logrado conquistar nada más y nada menos que el Decanato del mayor Colegio de la Abogacía de Europa, colocando asimismo a otros dos de sus socios en la Junta de Gobierno del ICAM: Lola Fernández Campillo, como tesorera, y Juan Manuel Mayllo, como Diputado responsable del Turno de Oficio.

«Estudios sobre Derecho, Cultura y Justicia» de Luis Martí Mingarro, decano emérito del ICAM. Editorial La ley. 850 páginas. Colección: Estudios.

Este libro reúne la reflexión multifacética del decano Martí sobre derecho, cultura y filosofía. Con un enfoque profundo y humanista, aborda desde la abogacía como vehículo de justicia y libertad hasta hitos históricos como la Constitución de 1812 o las Siete Partidas. También explora el vínculo del derecho con la literatura, reflexionando sobre Cervantes y Shakespeare. En tiempos de superficialidad, esta obra invita al lector a pensar críticamente, ensalzando el esfuerzo, la concordia y el saber como motores de progreso y justicia.

«Libros y leyes: el derecho en las grandes obras de la literatura» con la coordinación de Alicia Duñaiturria Laguarda y María Dolores Madrid Cruz.

Editorial Dykinson. 272 páginas. Materia: Historia del Derecho. Libro en formato digital con descarga gratuita.

Un conjunto de profesores universitarios decidió, en la línea de lo que se está haciendo en algunas grandes universidades, acercar el Derecho al público “lego” (o al que se está iniciando en el mundo jurídico) a través de la Literatura. Parece que la lectura de grandes obras sirve de tamiz para restar aridez a la norma, al Derecho, que siempre ha sido tildado de objetivo, frío, desprovisto de cualquier emoción, frente a los libros, que exponen “nuestras” vidas, reflejadas en otros, al poner negro sobre blanco sentimientos, emociones, decisiones y circunstancias...

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novedades bibliográficas

«Los cielos retratados» por José Miguel Viñas, físico y meteorólogo divulgador de las ciencias atmosféricas en medios de comunicación, conferencias y libros.

Editorial Crítica. 304 páginas. Temática: Historia del Arte, Divulgación y Ciencia.

Un libro, un original tratado de arte, gestado por su autor en incesantes visitas al Museo del Prado y al Thyssen-Bornemisza. Una obra muy original e interesante en su planteamiento que animará a volver a acercarse a las pinturas, con una mirada lenta y reflexiva. Un libro, en definitiva, que plantea un original y sugerente recorrido por la pintura universal, con la meteorología como hilo conductor: ¿Por qué las nubes más abundantes en los cuadros son las típicas de algodón? ¿Qué secretos encierran los llamativos cielos velazqueños? ¿Cómo han pintado el viento los grandes maestros a lo largo de la historia?

«El deporte en la literatura» de Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales y catedrático de Derecho Constitucional de la URJC, desde finales de 2021 es magistrado del Tribunal Constitucional. Es también académico electo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; ha formado parte de los Comités de Competición y de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, y ha presidido el Tribunal Administrativo del Deporte.

Editorial Espasa. 440 páginas. Colección: Espasa Ensayo. Temáticas: Estilo de vida. Deportes.

Una sorprendente combinación de pasión deportiva y talento literario: un libro ágil, fascinante y repleto de detalles para disfrutar. El deporte ha sido tema literario de todos los tiempos, desde los juegos fúnebres de Patroclo en la Ilíada, pasando por los torneos del Cantar de Mío Cid, a la obra de autores contemporáneos de todo el mundo. En El deporte en la literatura se cuenta como esta ha narrado la evolución del deporte desde Grecia y Roma a nuestros días.

A veces el riquísimo lenguaje del deporte sirve como término de comparación para la literatura, y otras es el argumento conductor de una obra. No hay una única acepción del deporte, sino que son variadas y hasta opuestas en ocasiones: el deporte ha sido instrumentalizado políticamente por algunos regímenes; algunos lo sienten como una religión; para otros es sólo ejercicio físico que a veces se convierte en obsesivo; otros consideran su práctica secundaria y viven el espectáculo con pasión y hasta con fanatismo. El deporte es también poesía y lo es desde el cantor de los Juegos Olímpicos de Grecia, Píndaro, hasta Alberti, Celaya o Luis Alberto de Cuenca.

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AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL POR ANTONIO GARCÍA CORTÉS

MUSICA/TEATRO

EXPOSICIONES

RAFFAELLA. EL MUSICAL

WARHOL, POLLOCK Y OTROS ESPACIOS AMERICANOS

El Teatro Capitol Gran Vía hasta el 28 de diciembre rinde homenaje a la inolvidable figura de la música y televisión Raffaella Carrà, con una obra llena de impactantes vestuarios y una deslumbrante puesta en escena.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge hasta el 25 de enero de 2026 una exposición que reúne una gran variedad de obras de artistas que en el siglo XX exploraron nuevas vías creativas como Andy Warhol y Jackson Pollock.

EL LAGO DE LOS CISNES Matthew Bourne, uno de los coreógrafos más respetados del Reino Unido, representa los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre en el Teatro Real una versión alternativa del clásico ballet de Piotr Ilich Chaikovski.

RAIMUNDO DE MADRAZO. La Fundación Mapfre (Sala Recoletos) expone hasta el 18 de enero de 2025 la primera gran retrospectiva dedicada a Raimundo de Madrazo (1841-1920), uno de los pintores más cosmopolitas y de más refinada técnica de su época, quién desarrolló su carrera artística entre París, donde llegó a la edad de 20 años, y Estados Unidos. El conjunto de su obra se mueve en torno a la pintura de género y el retrato.

DAVID BISBAL. NAVIDAD. El artista almeriense regresa a los escenarios con Todo es posible en Navidad Gira 2025. En el concierto del 22 de diciembre en el Movistar Arena presenta las canciones de su último álbum del mismo nombre, donde recopila populares canciones navideñas.

LEICA. UN SIGLO DE FOTOGRAFÍA. La Sala de Exposiciones del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acoge hasta el 11 de enero de 2026 una exposición que conmemora el 100 aniversario de la cámara Leica I con un recorrido visual por la fotografía de calle, el paisaje urbano, el retrato o la naturaleza. Un total de 174 fotografías y una selección de cámaras clásicas y material inédito ilustran la profunda huella de la marca en la fotografía mundial.

50 I ICPM [ n.º 72 ] 3o trimestre de 2025

3o trimestre de 2025 [ n.º 72] ICPM I 51