COAFMU LA LLAVE 2025 Nº19

Nº 19 | DICIEMBRE 2025 REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LA COMUNICACIÓN

 Vehículos eléctricos en garajes comunitarios

 La inscripción registral

 Verifactu y su impacto

CARTA DEL PRESIDENTE

 ENTREVISTA A Gaspar Hurtado Planelles, especialista en psicología de las personas en organizaciones.

4  ACTUALIDAD IRVE .Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en garajes comunitarios.No es un derecho absoluto, el propietario e instalador tienen obligaciones que cumplir.

8 La importancia de la Inscripción Registral en las Comunidades de Propietarios Veri*factu y su impacto en los despachos profesionales: ¿revolución digital para administradores de fincas y comunidades de propietarios?

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Las redes sociales en las comunidades de propietarios: punto de encuentro o de conflicto 22  PROPIEDAD HORIZONTAL

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ASESORÍA JURÍDICA LPH  Consultas LPH

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 FORMACIÓN

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 CONVENIOS

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 INFORMACIÓN

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COLEGIADOS 

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Edita: Colegio Oficial de Administradores de Fincas Región de Murcia C/Proclamación, 5, 30002 MURCIA www.coafmu.org Tfno: 968 21 13 56

Queridos compañeros y compañeras: Cada semestre, la publicación de nuestra revista nos brinda la oportunidad de detenernos a observar cómo evoluciona nuestra profesión y hacia dónde se orientan las necesidades de las comunidades que administramos. La gestión de fincas continúa ampliándose en responsabilidad y en ámbitos de conocimiento, y esto exige que sigamos reforzando las bases de nuestro ejercicio: rigor, profesionalidad y una actualización constante que nos permita anticiparnos a los cambios.

Uno de los retos que con mayor claridad se ha manifestado en los últimos tiempos es el impacto emocional que puede generar el ejercicio diario de la administración de fincas. La atención continuada a múltiples frentes, la resolución de conflictos vecinales, la gestión de urgencias y el aumento de obligaciones administrativas hacen necesario que cuidemos también de nuestra propia salud mental. Por eso, en este número hemos querido abordar de manera directa cómo prevenir el desgaste profesional y cómo gestionar comunidades de propietarios sin caer en el conocido burnout, un tema que consideramos vital para ejercer con equilibrio y continuidad.

En el marco jurídico abordamos en este número algunos temas que afectan a la práctica diaria. Entre ellos, la acción de cesación del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal tras la reforma de 2025, así como el papel que desempeña la inscripción registral en las comunidades de propietarios, una herramienta que, bien aplicada, refuerza la seguridad jurídica y aporta solidez a los acuerdos comunitarios.

Junto a los contenidos jurídicos, no descuidamos los aspectos técnicos, que cada vez ocupan un mayor espacio en nuestro quehacer profesional. La progresiva implantación del vehículo eléctrico nos obliga a conocer las obligaciones que recaen tanto sobre propietarios como sobre instaladores en la habilitación de infraestructuras de recarga en garajes comunitarios. Es un ámbito en expansión, con un fuerte componente normativo y de seguridad, y resulta esencial contar con criterios claros. Del mismo modo, abordamos la implantación del sistema Verifactu, cuya correcta adaptación será indispensable en nuestros despachos.

Confiamos en que este número os resulte útil y que los contenidos seleccionados os acompañen en la tarea de prestar un servicio cada día más profesional, transparente y eficiente. El Colegio seguirá trabajando para ofreceros apoyo, formación y un espacio común en el que avanzar juntos.

En estas fechas tan significativas, os deseo descanso, serenidad y momentos de alegría compartida.

Felices Fiestas.

Diseño y maquetación: Editorial MIC PATROCINADORES COAFMU: La Revista La Llave es una publicación plural, y respetuosa con las opiniones de sus colaboradores, aunque no por ello las comparta necesariamente, ni se responsabilice de las mismas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de sus contenidos.

Depósito Legal: MU 810-2021 ISSN: 3060-1819

Juan Pedro Manresa Nicolás Presidente COAFMU

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SUMARIO

ENTREVISTA

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a Gaspar Hurtado Planelles ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA DE LAS PERSONAS EN ORGANIZACIONES

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GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

La administración de fincas es una profesión mucho más compleja de lo que se percibe desde fuera. Quien trabaja en este ámbito sabe que no se trata solo de trámites, juntas o incidencias técnicas: hay una importante carga emocional que pocas veces se reconoce. Cada día, el administrador debe lidiar con urgencias, desacuerdos, expectativas elevadas, conflictos vecinales y situaciones que requieren autocontrol, claridad y paciencia. Aunque no exista un estudio científico centrado exclusivamente en el estrés laboral de este colectivo, la evidencia disponible en profesiones con alta carga relacional (como atención al público, mediación, servicios sociales o sanidad) nos permite comprender con mucha precisión los retos psicológicos a los que se enfrenta.

Partiendo de esta base, contamos en esta entrevista con la opinión profesional de Gaspar Hurtado Planelles, especialista en psicología de las personas en organizaciones, que comparte algunas claves relevantes, con ejemplos concretos, para entender mejor cómo se vive esta profesión y qué herramientas psicológicas pueden marcar la diferencia en el día a día.

¿Qué factores hacen que la atención al público en la administración de fincas sea especialmente estresante?

La atención al público en la administración de fincas tiene particularidades que la hacen especialmente compleja.

No se trata de un cliente que consulta un producto: se trata de alguien que habla de su hogar, de su dinero y de su convivencia. Ese componente emocional hace que cualquier incidencia pueda percibirse como una amenaza a su bienestar.

Además, el ritmo diario es muy intenso y ser administrador consisten en tener un rol solitario y donde quedas expuesto a los propietarios. El administrador gestiona incidencias técnicas, llamadas urgentes, proveedores, juntas, presupuestos y dudas legales. Todo ello con la expectativa de que «todo sea inmediato». Esta combinación de multitarea constante y presión emocional genera una sensación de alerta permanente.

Otro factor es la falta de reconocimiento.

El administrador puede resolver decenas de incidencias en un mes sin recibir una sola palabra de gratitud, pero cualquier error o retraso genera quejas inmediatas.

Esta asimetría es uno de los principales predictores de desgaste psicológico.

El siguiente paso es marcar límites con serenidad. Una frase simple como: «Estoy aquí para ayudarle, pero no puedo continuar si hay faltas de respeto» funciona bien porque reconoce la emoción, sostiene la relación y delimita el marco.

¿Cómo puede manejar un administrador la falta de respeto o agresividad verbal de algunos propietarios?

Ejemplo realista: un vecino entra gritando que «todo va mal y nadie hace nada». Una respuesta eficaz sería: «Entiendo que esté molesto, es una situación frustrante. Para poder ayudarle necesito que revisemos juntos qué ha ocurrido y qué pasos se han dado hasta ahora. Si mantenemos un tono adecuado podremos resolverlo antes».

Gestionar la agresividad verbal es uno de los mayores retos emocionales del puesto. Lo primero es no personalizar: la agresividad suele dirigirse a la situación, no a la persona. Esto ayuda a mantener la calma interna.

Si la escalada continúa, otra opción válida es proponer una pausa: «Veo que ahora mismo está muy molesto. Si le parece, podemos retomarlo en unos minutos para revisarlo con claridad».

Y si la conducta se repite, dejar cons-

tancia escrita, protege al profesional y evita normalizar estas situaciones. ¿Qué señales de alarma indican que un administrador está cerca del agotamiento o burnout?

El burnout es un desgaste emocional profundo que aparece cuando el nivel de exigencia supera durante demasiado tiempo la capacidad de recuperación. Las señales suelen ser acumulativas y, si no se detectan a tiempo, pueden derivar en agotamiento severo.

Entre las señales más frecuentes están: cansancio constante, incluso después de descansar; irritabilidad creciente; dificultad para desconectar fuera del horario; sensación de trabajar siempre «al límite»; olvidos, despistes o errores en tareas que antes eran automáticas; o evitar llamadas y correos por anticipar que serán conflictivos.

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Un ejemplo habitual: un vecino llama diciendo que «la comunidad lleva meses sin atender un problema», cuando en realidad la incidencia se abrió hace 24 horas y el proveedor ya tiene cita.

Esta percepción distorsionada genera demanda emocional alta, y quien recibe la llamada debe gestionar no solo el problema técnico, sino la ansiedad del interlocutor.

E N T R E VIS T A Un ejemplo muy común es la sensación de «vacío mental» a mitad del día: el profesional sabe que tiene tareas pendientes, pero le cuesta organizarse o priorizar.

Otro ejemplo es encontrar cada vez menos paciencia para atender incidencias recurrentes. Estos síntomas requieren atención, porque indican que el sistema está estirado más allá de lo saludable. ¿Cómo comunicar con firmeza y empatía a la vez?

Equilibrar firmeza y empatía es una habilidad esencial, especialmente en profesiones de atención al público. La empatía reduce la resistencia del interlocutor y la firmeza protege el marco profesional.

El proceso puede resumirse en tres pasos: validar la emoción, explicar el procedimiento y marcar el límite. Por ejemplo: «Entiendo que esta situación le preocupe, es normal sentirse así. Para resolverlo, estos son los pasos que debemos seguir…». Este tipo de mensaje reconoce al interlocutor, pero mantiene claro qué se puede hacer y qué no.

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Si la persona se muestra insistente, se puede añadir un límite: «Puedo revisar esto con usted, pero necesito que respetemos el procedimiento aprobado en junta». Esta frase transmite claridad sin sonar punitiva.

Otro ejemplo concreto: «Comprendo que quiera una solución inmediata. Yo también preferiría que fuera así, pero el proveedor solo puede venir mañana.

Lo que sí puedo hacer mientras tanto es…». Aquí se combina comprensión con realismo. ¿Cómo transformar una interacción hostil en una conversación constructiva?

La hostilidad suele nacer de la frustración, la sensación de pérdida de control o el desconocimiento del proceso. Por eso, el primer paso es bajar la tensión emocional. Reducir el propio tono de voz y mantener un ritmo más pausado ayuda a que la otra persona se regule.

Después conviene acotar el tema: «Vamos a centrarnos en este punto para entenderlo bien». Esto evita que la conversación se llene de quejas acumuladas.

Un ejemplo práctico: un vecino reclama por tercera vez una incidencia no urgente, elevando el tono. El administrador responde: «Veo que esta situación le preocupa de verdad. Para aclararlo, revisemos qué se ha hecho hasta ahora y qué puede hacerse hoy». Esta frase reconoce la emoción, delimita el foco y orienta la interacción hacia la solución.

Transformar la queja en necesidad también es útil: «¿Qué resultado espe-

ra conseguir?». Esta pregunta concreta permite pasar de la descarga emocional a la acción. ¿Qué mensaje lanzaría a los administradores que sienten que ya no pueden más?

A quienes sienten que ya no pueden más, les diría que su agotamiento no es un fracaso personal. Es la consecuencia lógica de sostener durante mucho tiempo una carga emocional muy alta. La administración de fincas exige mucho más de lo que se ve: paciencia, regulación emocional, toma de decisiones, gestión de conflictos y disponibilidad constante.

Cuidarse no es un acto egoísta: es una responsabilidad profesional. Poner límites, pedir ayuda o redistribuir la carga cuando es necesario no solo es legítimo, sino saludable. El bienestar mental del administrador forma parte del servicio que presta. No se puede cuidar a los demás si uno mismo está completamente desgastado.

Un mensaje final: merecéis más reconocimiento del que suele recibir este colectivo. El trabajo invisible también agota, y cuidar de vuestra salud emocional es tan importante como resolver cualquier incidencia técnica.

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IRVE .INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN GARAJES COMUNITARIOS. NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, EL PROPIETARIO E INSTALADOR TIENEN OBLIGACIONES QUE CUMPLIR Como sabemos, el aumento en ventas de los vehículos eléctricos ha generado un nuevo “desafío” en el ámbito de la administración de fincas: la implantación ordenada, segura y conforme a derecho de infraestructuras de recarga en garajes comunitarios.

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Ello supone una carga adicional de trabajo para el administrador de fincas, que difícilmente puede repercutir económicamente, y lo que es peor, que puede generar descontento tanto en los propietarios solicitantes como en los instaladores de los IRVE ( puntos de recarga).

Normamente hablamos de puntos de recarga de coches eléctricos, arrastrando la terminología de nuestra Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Sin embargo, la terminología correcta y real, es la que consta en la normativa administrativa: IRVE, que significa Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos, y que engloba un conjunto de dispositivos físicos y lógicos destinados a la recarga de vehículos eléctricos. Incluye: estaciones de recarga, cableados y cuadros de protección.

Manuel Jesus Fernández Martinez Director Jurídico Alvegest Administración de Fincas

En este artículo, trataremos de hacer un breve resumen de la normativa que puede ser de aplicación en estos casos, y que no es solo la normativa civil de nuestra Ley de Propiedad Horizontal, sino también la normativa administrativa del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las ITC-BT- complementarias. Igualmente haremos mención a la normativa contraincendios vigente nacional y al caso específico de la normativa Catalana, más específica y más avanzada de la ITC. SP 147:2024.

correspondiente serán asumidos íntegramente por él o los interesados directos en la misma.”

1. NORMATIVA CIVIL

3. y sobre todo, realizada con tiempo suficiente. Y ello para que la comunidad pueda estudiar tanto la viabilidad técnica administrativa de la Memoria Técnica, como poder dar acceso al técnico del propietario que está interesado en hacer la instalación.

La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 17.5 permite a cualquier propietario instalar un punto de recarga para su vehículo eléctrico en su plaza de garaje, previo aviso a la comunidad y siempre a su cargo. “ La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad

Entendemos que a fin dar correcto cumplimiento a este artículo y al resto de la normativa administrativa que más adelante veremos, la comunicación previa a la comunidad debería ser: 1. escrita 2. acompañada de la Memoria Técnica de Diseño y de los plazos de ejecución

Estos tres requisitos sí que se contemplan exprésamente en Cataluña, en concreto en el art. 553-36.3 de su Código Civil.

Sin embargo, la práctica demuestra que en el mejor de los casos, solo se cumple el primero de estos requisitos,

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2. NORMATIVA ADMINISTRATIVA 2.1.- EXIGENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ELECTRICO. La instalación solicitada debe cumplir con: • Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-04: “Documentación y puesta en servicio de las instalaciones”, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto .

• ITC-BT-05, el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) la Memoria Técnica de Diseño (MTD) es obligatoria para la legalización de toda instalación de baja tensión, aunque esté exenta de proyecto.

• ITC-BT-52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico”, en particular para instalaciones colectivas o con potencia superior a 50 kW. En cualquier caso, a nivel práctico, podríamos dividir los requisitos que debe cumplir el solicitante, en aquellos que podrían ser de aplicaciónen al momento de la solicitud y en aquellos otros que lo podrían ser a la terminación de la instalación: 2.1.A.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE LA INSTALACION Instalaciones individuales con potencia igual o inferior a 50 kW 1.1. No requieren proyecto técnico visado.

1.2. Requieren, en todo caso, una Memoria Técnica de Diseño (MTD) elaborada por un instalador autorizado de baja tensión, conforme a la ITC-BT-04.

1.3. La MTD debe incluir: • Croquis o plano del recorrido del cableado.

• Datos identificativos del instalador o empresa habilitada.

Esta documentación debe ser puesta en conocimiento del mantenedor de baja tensión del edificio. Ello se justifica en que cualquier nuevo punto de recarga implica una modificación de la instalación común —por el trazado del cableado y el incremento de demanda— y corresponde al mantenedor valorar si es preciso hacer alguna objeción , o incluso si fuera necesario que intervenga un técnico superior para dictaminar sobre la viabilidad de la solicitud. A resultas de eso, se sabría la necesidad o no de una posible ampliación de potencia en la instalacion comunitaria.

Instalaciones colectivas o con potencia superior a 50 kW Están sujetas a la obligación de presentar proyecto técnico firmado por técnico titulado (ingeniero).

En estos casos, resultan de aplicación los esquemas tipo 1a, 1b o 1c de la ITCBT-52.

No es habitual, normalmente si la instalación es individual se necesitan menos de 8 kw, y tratándose de contadores comunitarios de recarga, se contratan por debajo de este potencia.

2.1.B.- REQUISITOS AL TERMINO DE LA INSTALACION En la instalación de un IRVE en un garaje comunitario, es obligatorio emitir un Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), porque así lo exige el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) para cualquier nueva instalación o modificación de una instalación eléctrica.

La Guía ITC-BT-52 ( Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Sept 2024) refuerza esta obligación indicando expresamente que, una vez finalizada la instalación, el CIE debe recoger la potencia máxima admisible del conjunto de la instalación.

Sin embargo, la legislación no obliga al propietario a entregar el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) a la comunidad, ni impone al administrador la obligación de exigirlo. La comunidad solo podría tener derecho a ser notificada conforme al art. 17.5 LPH. Ahora bien, dado que la instalación afecta a elementos comunes y puede afectar a la seguridad del edificio, la comunidad de propietarios podría solicitar voluntariamente una copia del Certificado de IE para verificar que la instalación cumple el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Sin embargo, esta solicitud no sería un requisito para autorizar la instalación por parte de la comunidad.

Una vez terminado la IRVE la instalación debe ser registrada ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma mediante el registro de instalación de baja tension especificando el tipo de instalación ejecutada aportando la documentación detallada anteriormente.

2.1.C.- NUMERO DE CARGADORES Y SIMULTANEIDAD En un futuro, si continuaran aumentando las ventas de los vehículos eléctricos, podría darse el caso de que si la suma de los cargadores instalados supera la potencia prevista en la acometida del edificio, la comunidad tendría entonces tres vías legales: implantar gestión dinámica de carga (la más efectiva y economica pero retarda la velocidad de carga), ampliar la potencia de la acometida mediante solicitud a la distribuidora, o instalar una infraestructura de recarga comunitaria.

En estos casos, entendemos que las mayorias exigibles para esta ampliación serían:

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lo que supone que los otros dos no se valoren por los solicitantes. De esta forma, recae en el administrador la difícil tarea, normalmente infructuosa, de explicar la conveniencia de hacer la solicitud correctamente. No hay que olvidar que la instalación AFECTA Y TRANSCURRE por elementos comunes, y que la relajación civil en cuanto a la solicitud, no relaja las prescripciones administrativas que el propietario solicitante debe cumplir en cuanto a la instalación.

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• Mayoría simple del art. 17.7 LPH, cuando la acometida no soporta la demanda actual, y el refuerzo eléctrico constituye una obra necesaria.

• Mayoría de tres quintos prevista en el art. 17.4 LPH, si la acometida sí es suficiente, pero la comunidad desea mejorarla preventivamente, como actuación de mejora.

En cualquier caso el administrador no es competente para determinar si la acometida soporta nuevas demandas de recarga. Esta verificación corresponderia al técnico competente, que en este caso lo es el mantenedor autorizado de baja tensión que atiende la instalación del edificio. Solo este profesional, conocedor de la instalación y cargas del inmueble, puede determinar si la infraestructura soporta nuevas demandas energéticas y el cumplimiento del REBT. En el supuesto de que hubiera que hacer una ampliación de la potencia o de la infraestructura, entedemos que este coste debería ser asumido por la comunidad de propietarios, ya que la instalación eléctrica es elemento común esencial, y su conservación y seguridad corresponde a la comunidad conforme a los arts. 10.1 y 17.7 LPH.

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Incluso en caso de duda razonable sobre la capacidad eléctrica del edificio para soportar más instalación de IRVE, se podría solicitar por parte de la comunidad un informe a un Técnico Superior para que determine si la instalación eléctrica del edificio soportaría nuevos puntos de recarga.

En cualquier caso, según las empresas de Ingeniera consultadas,“ la Dirección General de Industria, Energía y Minas, actuando como órgano competente, deriva a la compañía distribuidora todos los expedientes de IRVE registrados, y queda a su criterio técnico la posibilidad de requerir una modificación de la acometida o incluso una modificación del centro de transformación que suministra la energía parcialmente al edificio en cuestión. Gran parte de esta información es desconocida tanto por el mantenedor, como por los técnicos competentes que realizan dichos

estudios, por lo que únicamente se puede revisar la acometida del edificio pero nunca se conocen las características aguas arriba que deben ser verificadas por la compañía distribuidora”.

Caso particular es el de las comunidades con menos de 25 plazas de garaje.

A priori estas comunidades no tienen obligación de suscribir un contrato de mantenimiento de baja tensión con técnico autorizado. Sin embargo, para estos estos casos entendemos que la comunidad debería, bien suscribir contrato de mantenimiento , o bien contratar los servicios puntuales de un técnico que supervisara la solicitud y en su caso la instalación final.

2-2 EXIGENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA EXTINCION DE INCENDIOS. CASO ESPECIAL CATALUÑA.

La instalación de IRVE en aparcamientos comunitarios presenta, en Cataluña, un régimen técnico específico derivado de la ITC.SP 147:2024, emitida por los Bombers de la Generalitat, en virtud de la Ley 3/2010, de prevención y seguridad en materia de incendios.

Esta normativa autonómica es exclusiva de Cataluña y no resulta aplicable al resto del territorio nacional.

Hacemos esta mención, ya que en ocasiones anteriores, preceptos dispuestos en materia de LPH en Calaluña, han sido luego legislados de forma similar en las leyes estatales.

La ITC.SP 147:2024 se aplica a aparcamientos ubicados en Cataluña que incorporen o modifiquen puntos de recarga eléctrica, fundamentalmente en proyectos nuevos, y determinados casos de reformas, o ampliaciones

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La instrucción clasifica los aparcamientos en cuatro clases (1.1, 1.2, 2.1 y 2.2), exigiendo ventilación adecuada para las que demandan más energia (clases 1.2 y superiores) lo que implica disponer de un sistema capaz de renovar el aire y evacuar los humos y gases calientes en caso de incendio.

Una de las exigencias más significativas introducidas por la ITC.SP 147:2024 es que, en los aparcamientos clasificados como clase 2.1 o 2.2, es que los puntos de recarga deben instalarse prioritariamente en la primera planta del edificio (planta de acceso o más próxima al exterior).

Esta limitación tiene un fundamento preventivo: facilitar la evacuación y la intervención de bomberos, y minimizar la propagación vertical de humos y calor. Solo se admite la ubicación en plantas inferiores si se justifican medidas técnicas compensatorias autorizadas expresamente.

En resumen: CLASE

POTENCIA CARGADORES

UBICACIÓN PERMITIDA

1

≤ 8 kW

Cualquier planta del aparcamiento

2.1

8–22 kW

Solo en planta baja o sótano -1, o con sistema de ventilación autorizado

2.2

> 22 kW

Solo en planta baja

Fuera de Cataluña, no existen limitaciones equivalentes. En el resto de España, la regulación de instalaciones de recarga no exige limitaciones por planta según potencia.

Solo se recoge la necesidad de extintores aptos para riesgos eléctricos, en un entorno de 15 m. del riesgo. Sin embargo, a día de hoy, para los incendios

que puedan derivarse de las baterías de vehículos , los medios tradicionales de extinción no suelen ser del todo eficaces.

3.DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SEGURO

do en juntas y circulares las obligaciones legales y técnicas que incumben al propietario solicitante. Solo así se garantizará una implantación segura, ordenada y conforme a derecho.

SEGURO DEL PROPIETARIO Aunque la normativa no exige un seguro específico para el punto de recarga, resulta altamente recomendable que el propietario comunique su instalación a su compañía de seguros. Ello se debe a que las pólizas de hogar suelen obligar a informar de cualquier modificación relevante del riesgo, ya que la Ley del Contrato de Seguro permite a la aseguradora oponerse al pago si existe una agravación no comunicada y causal con el siniestro. La ubicación del cargador en un garaje comunitario no altera su naturaleza privativa: el riesgo derivado de su uso corresponde al propietario, y por tanto para garantizar una correcta cobertura de un posible siniestro, es conveniete que la compañía privativa del propietario disponga de esa información.

SEGURO DE LA COMUNIDAD Entendemos que el Administrador de la comunidad no tiene la obligación legal de comunicar a la aseguradora comunitaria la instalación de puntos de recarga individuales. Al tratarse de elementos privativos ubicados en garaje, el riesgo corresponde al propietario y debería quedar cubierto por su propio seguro de hogar en los términos antes expuestos. La póliza comunitaria solo debe actualizarse cuando existan modificaciones del riesgo común, lo que no sucede con cargadores individuales legalizados conforme al REBT. CONCLUSION: La instalación de IRVE no puede concebirse como un derecho absoluto de los propietarios, sino como una facultad condicionada al cumplimiento riguroso de la normativa técnica y de seguridad. Resulta urgente una regulación más específica que delimite claramente derechos y obligaciones.

Mientras tanto, el administrador debe ejercer una labor pedagógica, explican-

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significativas. Afectaría tanto a aparcamientos comunitarios como privados o públicos, siempre que integren IRVE.

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LA IMPORTANCIA DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

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El sistema registral español se asienta sobre una serie de principios, recogidos en la Ley Hipotecaria y desarrollados por su Reglamento. Desde el punto de vista funcional, el Registro de la Propiedad persigue dotar de seguridad jurídica, a través de la Fe Pública Registral, a los actos y derechos inscritos.

Así, la inscripción registral de un acto o derecho real, supone una presunción legal de certeza y exactitud, en la forma en que constan. De ello, se deriva la oponibilidad frente a terceros, en relación a estos actos y derechos inscritos, esto es, frente a cualquiera que pretenda vulnerarlos o no acatarlos, incluso alegando su desconocimiento.

El registro, por tanto, no sólo publica, sino que otorga una auténtica “eficacia frente a terceros” a los actos y derechos reales inscritos. Cuando trasladamos este enfoque al ámbito de las Comunidades de Propietarios, la inscripción adquiere una trascendencia aún mayor. Las normas, limitaciones y derechos que afectan a un inmueble, y a sus propietarios, constituido en régimen de propiedad horizontal, pueden implicar obligaciones, restricciones o usos especiales que trascienden al

propietario actual y alcanzan a quienes adquieran posteriormente un piso o local. Por ello, es fundamental que las comunidades de propietarios inscriban sus acuerdos. Si no se inscribiera un acuerdo, un nuevo adquirente afirmará que no quedó vinculado por lo que no constaba en el Registro, lo que puede dejar sin eficacia lo aprobado por la Junta.

1. ELEMENTO NUCLEAR: EL TÍTULO CONSTITUTIVO, LOS ESTATUTOS, SU INSCRIPCIÓN Y EFECTOS La existencia de la comunidad de propietarios, objeto de este artículo, parte de la configuración en régimen de división horizontal de un edificio. Así, y conforme al artículo 5 de la LPH, nos encontramos con el Título Constitutivo o Escritura Pública de Obra Nueva y División Horizontal, que describe el edificio, los locales o pisos, cuota de participación, elementos comunes, instalaciones, etc, y, como norma general incorpora los Estatutos que han de regir en la comunidad, y para el uso y disfrute de los elementos comunes.

Este título constitutivo de la comunidad de propietarios es un documento público que debería estar inscrito, y así es por norma general. Con ello, se ga-

Celso Rodríguez Corral Abogado y Administrador de Fincas Socio-director en Corral y Asociados Abogados-Asesores Tributarios

rantiza que el contenido de dicho título, y por ende los Estatutos que contiene, son aplicables tanto a los propietarios inicialmente adquirentes, como a los que posteriormente adquieran, debido a esa fe pública registral, que tiene la inscripción en el registro de la propiedad. No olvidemos que el artículo 5.3 LPH establece que las disposiciones del título o estatutos “que no estén inscritas … no perjudicarán a terceros”.

En consecuencia, cualquier acuerdo que adopte la comunidad, que suponga la modificación de este título constitutivo (cuota de participación, elementos registrales -segregación o agregación-, cambio de destino de un elemento… etc), o de los estatutos que contiene, debería de ser inscrito en el registro de la propiedad, ya que éste representa la base registral de la comunidad de propietarios. Su inscripción garantiza que terceros que adquieran pisos o locales en la finca queden vinculados por su contenido (cuotas, normas de uso, limitaciones, etc.). En caso contrario, la comunidad puede ver reducida su capacidad de exigir normas a nuevos adquirentes.

AC TUAL IDA D

• Aprobación o modificación de los estatutos comunitarios. Si la Comunidad aprueba nuevos estatutos (o modifica los existentes), conviene elevarlos a escritura pública y presentarlos para su inscripción. Como se ha dicho, sin inscripción no serán oponibles a terceros.

• Cambio de cuotas de participación, agrupación o segregación de elementos privativos, cambio de destino de un elemento privativo a común (o viceversa). Estos acuerdos, cuando afectan al título constitutivo, requieren unanimidad según el art. 17.6 LPH y deben elevarse a público e inscribirse.

• Atribución de uso exclusivo o excluyente de elementos comunes (por ejemplo, terrazas, azoteas, locales, zonas comunes). Si la Junta acuerda que determinado elemento común tenga uso privativo de un propietario o grupo de propietarios, ese acuerdo –si bien puede ser sólo interno– merece inscripción si se desea que sea oponible respecto de terceros y quede reflejado en el régimen jurídico del inmueble. La inscripción permite que futuros adquirentes conozcan la situación jurídica del elemento y su régimen de uso.

• Prohibición, limitación o autorización de arrendamiento, en especial arrendamiento turístico. Esta materia ha adquirido gran relevancia. Por ejemplo, el art. 17.12 LPH (introducido por el Real Decreto‑ley 7/2019) permite que la Junta, con el voto de tres quintos del total de propietarios que, a su vez, representen tres quintos de las cuotas de participación, acuerde condicionar o prohibir arrendamientos de vivienda para uso distinto al de residencia habitual. No

obstante, la eficacia frente a terceros exige que ese acuerdo quede inscrito.

Como advierte la doctrina, “si no se inscribe … el nuevo titular no estará vinculado” por ese acuerdo de límite al uso.

• Legalización de libros de actas: aunque no se trata de un acuerdo propiamente dicho, conviene recordar que el libro de actas de la comunidad debe legalizarse en el Registro y la diligencia correspondiente se practica al folio de la finca principal (para el edificio) mediante instancia firmada por el Presidente o persona designada.

• Inscripción de bienes a favor de la Comunidad de Propietarios. Aunque era tema controvertido, la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) ha admitido la inscripción a favor de la comunidad de bienes inmuebles como consecuencia de ejecución de crédito frente a propietarios o terceros. Esto puede interesar cuando la comunidad adquiere un bien (temporalmente) y quiera que la titularidad quede practicada registralmente.

En definitiva, cuando una comunidad de propietarios adopta acuerdos que afectan al régimen jurídico del edificio, de los elementos comunes o privativos o al uso del edificio, es recomendable valorar su elevación a escritura pública y su inscripción registral, no sólo para eficacia interna, sino sobre todo para ser oponible frente a terceros adquirentes.

3. TRÁMITE RECOMENDADO PARA LOGRAR UNA INSCRIPCIÓN EXITOSA Antes de que la comunidad adopte un acuerdo de gran trascendencia (estatutos, uso exclusivo, arrendamiento turístico, modificación de cuotas), es importante que cuente con asesoramiento jurídico-registral previo, para definir: mayorías, impacto jurídico, documentación necesaria, posibilidad de inscripción, y costes.

Para la inscripción de cualquier acuerdo alcanzado por la comunidad (si es inscribible), una vez adoptado éste, es necesario que el representante legal (Presidente) acuda a una notaría, para otorgar la escritura pública de eleva-

ción a público del acuerdo. Por ello, es conveniente que el representante de la comunidad se asesore con el notario, y éstos con el registrador titular del registro que deberá de proceder a la inscripción, a fin de verificar con éste, los requisitos de inscripción, pues si bien éstos suelen estar unificados en su criterio, en ocasiones, dicho criterio puede variar de un registrador a otro.

En principio, con carácter general, es importante verificar que el acuerdo adoptado es inscribible, así como que se ha adoptado por las mayorías necesarias y siguiendo el procedimiento establecido, de convocatoria, celebración y remisión del mismo a todos los comuneros. En este último caso es también recomendable, además de la remisión, la publicación en el tablón de anuncios de la comunidad para salvar cualquier defecto al respecto. La redacción del propio acuerdo, debe de ser meticulosa, evitando ambigüedades o contrariedades.

Dependiendo del tipo de acuerdo a adoptar, también es importante verificar que no hay requerimientos administrativos que impidan la modificación (consentimientos, licencias, cambio de uso, etc.). Así, por ejemplo, una segregación o agregación, que suele estar autorizada por defecto en los estatutos, requiere una licencia de segregación o la declaración de su innecesariedad, expedida por el Ayuntamiento, para lograr su inscripción. Si no estuviera autorizada por los estatutos, requeriría además el acuerdo adoptado por la junta general en tal sentido.

La documentación necesaria, que deberá aportar el representante legal de la comunidad en la notaría, por norma general será: el Libro de Actas, para que el notario certifique, mediante diligencia, la constancia del acuerdo adoptado; el certificado emitido por el secretario-administrador con el visto bueno del Presidente, en que conste el nombramiento del Presidente, con referencia a la junta general en que se nombró, y que el cargo sigue vigente, así como la reproducción del acuerdo adoptado, indicando que se ha dado cumplimiento a las mayorías exigidas para su adopción, indicando cuales

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2. ¿QUÉ ACUERDOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONVIENE INSCRIBIR Y POR QUÉ?

Una vez asentada la necesidad de contar con título/estatutos válidos e inscritos, la cuestión es: ¿qué acuerdos pueden inscribirse para reforzar la eficacia frente a terceros? A continuación, se enumeran los casos que, por práctica habitual, podrían resultar más relevantes:

AC T U ALIDA D (salvo que ya consten en el acuerdo) y al procedimiento legalmente establecido. Entre otras circunstancias que, ha sido remitida convocatoria así como el acta a todos los propietarios, y no ha habido oposición, si ello fuera necesario para alcanzarlo, en el caso del voto presunto. Se recomienda certificar la publicación en el tablón de anuncios de la comunidad para evitar defectos de notificación a propietarios.

Otorgada la escritura de elevación a público del acuerdo, se presentará ésta ante el registro de la propiedad competente territorialmente, previa liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados.

Una vez inscrito, el acuerdo producirá efectos frente a terceros adquirentes, que no fueren propietarios al tiempo de adoptarse el mismo.

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Finalmente, añadir que, al menos, respecto de aquellos acuerdos que requieren la unanimidad en su adopción, se hace necesario ser especialmente diligentes en la rápida tramitación de la inscripción registral de los mismos, pues no son pocos los casos en que, in itinere de la gestión de dicha inscripción, y antes de presentar la escritura de elevación a público del acuerdo en el registro de la propiedad, se produce un cambio en la titularidad registral de alguno de los inmuebles que forman parte de la comunidad, lo que determinaría el rechazo a la inscripción, y su procedibilidad estaría condicionada por el consentimiento expresado ante el notario, o registrador (según éste lo exija), por parte de ese nuevo propietario.

4. CASOS PRÁCTICOS DE ESPECIAL INTERÉS Y ALGUNOS MATICES Como casos más habituales en la práctica profesional, relativos a la inscripción registral, podemos enumerar los siguientes, • Arrendamiento turístico: Como se ha apuntado, el art. 17.12 LPH permite a la Junta, con el quórum de 3/5, condicionar o prohibir los arrendamientos de vivienda para uso turístico. No obstante, para que dicha prohibición sea oponible a un tercero adquirente debe inscribirse en el registro de la propiedad, en lo que constituye una modificación de los estatutos. La práctica habitual de la inscripción de este tipo de acuerdo, exige no confundir en la redacción del mismo, o utilizar indistintamente, la denominación turístico y vacacional, pues esta última, suele ser objeto de calificación negativa en su inscripción. La denominación correcta para la redacción del acuerdo es la turística o simplemente incluir la propia descripción que hace la ley de propiedad horizontal, a saber: “ el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística” • Atribución de uso exclusivo de terraza o azotea común: Es criterio jurisprudencial firme del Tribunal Supremo, que la terraza común, o partes de ella, pueden ser atribuidas, en su uso exclusivo y excluyente, a viviendas u otros elementos registrales. Si la comunidad acuerda que una terraza común se atribuya a uno de los propietarios como uso exclusivo,

es un acuerdo que afecta al régimen de elementos comunes y privativos.

Para que este acuerdo sea efectivo frente a terceros resulta muy aconsejable su inscripción, de modo que futuros adquirentes sepan que esa terraza está fuera del uso genérico de la comunidad.

• Modificación de cuotas o agrupación/segregación: Cuando se agrupan o segregan elementos privativos, o cuando se cambia el destino de un elemento (de privativo a común o viceversa), o modifican las cuotas de participación, hay que tener presente que afecta al título constitutivo, que exige unanimidad según art. 17.6 LPH. Este tipo de acuerdos deben también de inscribirse.

En conclusión, la inscripción registral en el ámbito de las comunidades de propietarios no es un mero trámite burocrático, sino que es la clave para que las reglas de gobierno del edificio, los derechos de uso exclusivo, las cuotas de participación, las prohibiciones o autorizaciones de arrendamiento, y en definitiva el régimen de propiedad horizontal adquiera eficacia frente a terceros adquirentes y al tráfico jurídico inmobiliario. Sin inscripción, muchas decisiones de la Junta pueden quedar limitadas, o incluso resultar inútiles frente a un comprador, que adquiere con posterioridad a la adopción de los acuerdos. Sólo así se conseguirá que los acuerdos inscritos cumplan su función esencial: garantizar la seguridad jurídica del régimen de la comunidad frente al mundo exterior.

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VERI*FACTU Y SU IMPACTO EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES: ¿REVOLUCIÓN DIGITAL PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS? El mundo de la facturación, que tantas veces se percibe como el reino de los números y los procedimientos, está a punto de vivir una transformación nunca vista en nuestro país. El 6 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 1007/2023, una norma que va mucho más allá de la simple regulación técnica: el famoso Reglamento Veri*factu. ¿Su objetivo? Que la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación sean una realidad, y no solo una aspiración, y que la digitalización pase de ser una opción por convertirse en una exigencia para la mayoría de actividades económicas.

Redactando el presente artículo, el Gobierno mediante el RDL 15/2025, publicado el 3/12/2025, ha cambiado las fechas de entrada en vigor. En nuestra opinión no supone ningún respiro ni ayuda a los obligados, en todo caso prolongar y encarecer los cambios.

¿QUÉ ES VERI*FACTU Y POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARNOS? Veri*factu no es solo un software o una marca, sino todo un sistema legal que pretende erradicar de raíz cualquier posibilidad de manipulación fraudulenta de las facturas. Bajo este paraguas, la Agencia Tributaria busca avanzar hacia un control en tiempo real, siguiendo los pasos de modelos previos como el Suministro Inmediato de Información (SII) o el TicketBAI vasco. No es casualidad: la lucha contra el fraude fiscal exige herramientas inteligentes y, por qué no decirlo, también cierta pedagogía, para que todos los implicados comprendan los cambios y los beneficios de este salto digital. ¿QUÉ ES CONSIDERADO UN SISTEMA INFORMÁTICO DE FACTURACIÓN (SIF)? ¿Utilizas un software de contabilidad, un ERP o un CRM para emitir facturas?

En ese caso, tienes en tus manos un SIF. Es cualquier programa, aplicación o

Auren Legal Socio- Diego de la Cotera Abogado y Economista

sistema electrónico que permita emitir, conservar, procesar o transmitir facturas. Por el contrario, si tus herramientas se limitan a Word, Excel o al papel y no hay integración ni procesamiento electrónico de los datos, estás fuera del alcance de esta normativa. Pero atención: la tendencia natural del mercado apunta a la digitalización y cada vez son menos los que no utilizan sistemas informáticos en alguna fase de la emisión de facturas.

FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR: ¿CUÁNDO HAY QUE ESTAR PREPARADOS? El reglamento fija entradas escalonadas: 1 de enero de 2027 (fecha inicialmente prevista: 1 de enero de 2026): para empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades (IS).

1 de julio de 2027 (fecha inicialmente prevista: 1 de julio de 2026): para au-

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¿QUIÉNES ESTÁN AFECTADOS Y QUIÉNES PUEDEN RESPIRAR TRANQUILOS? La norma se dirige a todos los obligados tributarios que desarrollen actividades económicas y usan sistemas informáticos para emitir facturas. Es decir: • Empresas sujetas al IS. • Autónomos y profesionales que tributen por IRPF. • Entidades en atribución de rentas.

• Establecimientos permanentes de entidades no residentes.

Pero también hay excluidos: • Sujetos acogidos al SII. • Empresas o autónomos que no usan sistemas informáticos (facturación manual, en papel, Word, Excel sin procesamiento).

• Empresas sin establecimiento permanente en España.

• Contribuyentes en territorios forales bajo TicketBAI. IMPACTO REAL EN LOS DESPACHOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS: ¿OBLIGACIÓN O OPORTUNIDAD? Para los despachos de administración de fincas, la obligación es clara si emiten facturas mediante sistemas informáticos. Y aquí llegan los desafíos, pero también las oportunidades: • Software adaptado: Toca cambiar, actualizar o verificar que el sistema de facturación cumpla con los requisitos del Reglamento.

• Integridad y trazabilidad: Los registros deben ser íntegros, imposibles de manipular y rastreables.

• Código QR obligatorio: Ahora, todas las facturas llevarán un QR para verificar su autenticidad. Esto facilita comprobaciones y ahorra papeleo en auditorías o inspecciones.

• Elección del sistema: Aquí está la gran división: I. Veri*factu verificable: El sistema remite automáticamente los datos a la Agencia Tributaria. Transparencia absoluta, menos riesgo en inspecciones; pero supone ceder mucha información.

II. No Veri*factu: No envía datos automáticamente, pero exige aún más controles sobre el sistema y las facturas.

• Adaptación tecnológica: No es opcional, y las sanciones pueden llegar hasta los 50.000 euros por ejercicio en caso de incumplimiento. ¿Cuál elegir? Dependerá de cada despacho, de su cultura corporativa, de su aversión o tolerancia al riesgo y del tipo de clientes que atienda. La imagen de transparencia que puede proyectar Veri*factu suele ser positiva, pero no todos lo ven igual. ¿Y las comunidades de propietarios?

Mucho ruido, ¿pero hay obligación?

Aquí conviene hacer un alto y aclarar un punto recurrente: la gran mayoría de comunidades de propietarios no desarrollan una actividad económica a efectos fiscales, y por tanto, no están obligadas por el Reglamento. La excepción: aquellas comunidades que, por ejemplo, alquilan espacios comunes para antenas, publicidad o viviendas de porteros, y además emiten facturas con un sistema informático. En ese caso, sí deben adaptarse y elegir entre las dos modalidades de SIF, según si tributan por IS o IRPF.

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tónomos, personas físicas y entidades en atribución de rentas (como comunidades de bienes) que tributen por actividades económicas en el IRPF.

AC T U ALIDA D Como ayuda, la Agencia Tributaria ofrecerá un software gratuito para emitir facturas verificables. Esto evita barreras económicas y facilita la adaptación de comunidades que, de forma extraordinaria, deban facturar, pero no deseen invertir en soluciones privadas. ¿PUEDE SER TODO ESTO UNA OPORTUNIDAD? REFLEXIONEMOS. Las leyes y normativas rara vez despiertan entusiasmo, pero esta propuesta, bien gestionada, puede suponer una modernización profunda del sector, el impulso de nuevas capacidades digitales y una garantía de transparencia de cara a clientes y organismos públicos.

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Además, Veri*factu puede ayudar a los despachos y administradores a diferenciarse en el mercado aportando una imagen de profesionalidad y cumplimiento pionero. Las herramientas tecnológicas, los controles de trazabilidad y la transparencia en la verificación de facturas son argumentos de peso en un sector cada vez más competitivo y regulado.

Como todo cambio normativo, conviene hacer una auditoría tecnológica interna y planificar la transición sin prisa, pero sin pausa. Revisar los sistemas actuales, consultar con expertos en software y fiscalidad, informar a los empleados y preparar la comunicación a los clientes. Con el último aplazamiento ya no habrá lugar a excusas. La administracion tendrá todo el derecho a sancionar los incumplimientos, sin eximentes. Más vale hacerlo ahora que improvisar cuando la fecha de entrada en vigor esté encima. ¿QUÉ PASA CON LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA CONFIDENCIALIDAD? Una de las dudas razonables que aparecen ante la opción Veri*factu verificable es la privacidad: los datos de facturación estarán disponibles de forma casi inmediata para la Agencia Tributaria. Las empresas que valoren la confidencialidad de sus operaciones deben sopesar pros y contras, porque, aunque la seguridad y legalidad es la prioridad absoluta, el manejo de información sensible sigue siendo motivo de preocupación.

CONCLUSIÓN: UN FUTURO DIGITAL OBLIGATORIO, PERO CON VENTAJAS PARA QUIEN SE PREPARE El Reglamento Veri*factu representa la consolidación de la digitalización fiscal española y una apuesta decidida contra el fraude. Para los despachos y profesionales del sector, será clave anticiparse: analizar, comparar opciones, formar equipos y clientes, y abrazar la innovación como aliada.

Las comunidades de propietarios, en cambio, solo deben preocuparse si desarrollan actividades económicas y usan facturación electrónica. En esos casos, la adaptación será sencilla gracias a las herramientas públicas gratuitas.

En definitiva, estamos ante una oportunidad de modernizar el sector y facilitar la gestión, con la digitalización como ventaja competitiva.

La recomendación para todos: empezar a planificar cuanto antes la transición, para evitar sanciones y sobresaltos y para que el salto tecnológico sea una palanca de valor y no una carga.

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LAS REDES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS: PUNTO DE ENCUENTRO O DE CONFLICTO

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Páginas web, perfiles de Facebook, grupos de WhatsApp, éstas y otras formas de comunicación son cada día más utilizadas por toda la sociedad y han llegado también a las comunidades de propietarios.

Lo que inicialmente deberían de ser herramientas de difusión de información para llegar fácil y rápidamente a todo un colectivo, se han convertido en verdaderos focos de problemas de convivencia, vulneración de privacidad e incluso generadores de crispación entre los vecinos, llegando incluso a dividir al vecindario por cuestiones de opinión.

Y cómo no, dentro de los innumerables temas a resolver en el quehacer diario que tiene la profesión del administrador de fincas, las redes sociales no han llegado para facilitarnos el trabajo, sino para aportar un plus de dificultad en la relación con los vecinos y de demora en la resolución de incidencias. En lugar de comunicar directamente la avería a la administración de fincas, se pone en

el grupo de wasap (en el cual no está el administrador obviamente) y por algún procedimiento de la inteligencia artificial (IA) debería de haber llegado a la oficina de la administración.

Las diferentes situaciones en las que un miembro de un grupo de wasap se puede encontrar a lo largo del día, con mayor o menor disponibilidad de tiempo para escribir o contestar a una cuestión, puede generar desajustes en la comunicación entre los diferentes miembros del grupo, trasladando una falsa imagen de desinterés al que no puede atender su teléfono en el trabajo o por el contrario pensando que el que no deja de escribir comentarios se encuentra disfrutando de su sofá con un bol de palomitas.

Lo que se ha comprobado ampliamente es que cuando en el grupo de una comunidad se abre un debate sobre una cuestión, aunque no dispongan de toda la información sobre la misma, como sea un tema en el que el administra-

Antonio Ruiz Ortega Administrador de Fincas Colegiado y miembro de la Junta de Gobierno del COAFMU

dor de fincas tenga alguna responsabilidad, cuando la incidencia le llegue al administrador toda la comunidad ya se habrá forjado una opinión preconcebida alimentada por los “improvisados community manager” que el administrador tendrá que volver a convencer aportando información clara e invirtiendo ese tiempo que tanto le sobra. ¿Y contra todo esto qué podemos hacer?

Lo primero el administrador no debería de estar en ningún grupo de wasap de comunidad de propietarios, salvo que se desee estar conectado las 24 horas de los 365 días del año. (Si lo pagan bien… es otra cosa).

Tener canales de comunicación de incidencias alternativos para los vecinos más adeptos a las nuevas tecnologías: correos de comunicación de averías o APP específicas.

Ofrecer una cuenta de WhatsApp Web instalada en los equipos de la oficina

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Si no hay más remedio y siempre en última instancia, crear una lista de distribución en la que la información fluya desde la junta directiva hacia los vecinos, pero que no se puedan realizar comentarios. Una vez que alguien rompe el hielo y se abre la veda el tema se puede llegar a debatir durante horas y sino tenéis posibilidad de contestar en el momento dará la sensación de que no tenéis interés por su resolución.

En comunidades de un tamaño adecuado también es bien recibido el elaborar un newsletter o periódico trimestral con las últimas novedades, hay que pensar que nuestros comuneros conocen el 20% del trabajo que realizamos a diario por su edificio, y hasta que llega la Junta Anual no suelen darse cuenta del verdadero trabajo realizado.

Mucha atención a la vulneración de la protección de datos, no se puede incluir a ningún vecino en una lista o grupo sin el consentimiento previo por escrito, hay que recordar que se está compartiendo el número de teléfono de todos los miembros del grupo.

Se dan casos en los que el creador del grupo ha incluido a todos los vecinos sin distinguir entre propietarios o inquilinos generándose graves problemas de protección de datos al compartir en el grupo la convocatoria de una asamblea con el listado de deudores entre los que puede figurar el arrendador de uno de los inquilinos.

Por ejemplo, podría darse el caso de que un inquilino que tenía previsto comprar la vivienda y al compartir un propietario la convocatoria por el grupo se entera de la necesidad de una importante derrama a corto plazo lo que puede provocar que la venta no se materialice, con los consiguientes daños y perjuicios generados al vendedor.

En la gestión de las redes sociales de la comunidad de propietarios bien sean web, Facebook o Instagran hay que poner especial atención a la hora de publicar fotografías en las que aparezcan menores, siempre se debe de contar con el consentimiento por escrito de sus padres o tutores, ante la duda no se deben publicar o se anonimizarán las caras de los niños.

En conclusión, personalmente prefiero para el ámbito del trabajo el correo electrónico, permite una gestión ordenada de la información, fácil distribución de tareas entre equipos y a proveedores y una gran trazabilidad en el tiempo. Los WhatsApp no cabe duda de que para informar de noticias urgentes en un corto espacio de tiempo son muy efectivos en nuestro ámbito, pero si nos preguntan, siempre se debe de aconsejar crear una lista de distribución antes que un grupo que nos pueda complicar nuestro día a día y alterar la convivencia de nuestros vecinos.

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para los incondicionales del WhatsApp, pero informando que solo se visualizarán los mensajes durante el horario de oficina al estar instalado en los ordenadores de la empresa.

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LA ACCIÓN DE CESACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LPH TRAS LA REFORMA DE 2025: REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD, LEGITIMACIÓN Y ESTÁNDAR MATERIAL DE PRUEBA INTRODUCCIÓN La acción de cesación del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) constituye el instrumento específico que el ordenamiento ofrece para restablecer la convivencia cuando se vulneran los límites propios de las relaciones de vecindad y se incurre en conductas que, por su persistencia, rebasan lo tolerable conforme al art. 7.2 CC y a la prohibición del abuso de derecho. Su función es reaccionar frente a actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que, pese a las advertencias previas, se mantienen de forma contumaz, alterando el uso normal del inmueble y el interés comunitario. Desde esta lógica, la acción no solo permite obtener la cesación inmediata de la actividad, sino que, en casos graves, habilita incluso la privación temporal del uso de la vivienda o local como medida necesaria para restaurar la paz vecinal.

Dada la especial gravedad de las consecuencias que puede acarrear esta acción —incluida la privación temporal del uso

del inmueble y la extinción de derechos del ocupante— el legislador exige el cumplimiento de unos requisitos pre procesales rigurosos, cuyo respeto resulta inexcusable antes de acudir a la vía judicial. La jurisprudencia, consciente de este alcance sancionador, demanda además un acervo probatorio especialmente sólido, capaz de demostrar de forma objetiva, continuada y no esporádica que la actividad reviste carácter molesto, insalubre, nocivo, peligroso o ilícito. Solo cuando estas garantías concurren y la conducta persiste pese a los requerimientos previos, procede activar este mecanismo excepcional que busca restaurar de manera efectiva la convivencia comunitaria. En este artículo nos centraremos dentro del artículo 7.2 en el ámbito de las actividades molestas.

I. MARCO NORMATIVO: ESTRUCTURA DEL ART. 7.2 LPH El art. 7.2 LPH diseña un itinerario claro: • Requerimiento previo del presidente, a iniciativa propia o de cualquier pro-

Antonio Navarro Selfa Abogado y profesor máster acceso a la abogacía en arrendamientos urbanos y propiedad horizontal

pietario u ocupante, instando a la cesación inmediata bajo apercibimiento de emprender acciones judiciales.

• Si el infractor persiste, el presidente podrá ejercitar la acción, previa autorización de la Junta, convocada específicamente para ello.

• La demanda debe acompañarse del requerimiento fehaciente y del acuerdo de la Junta.

• El juez puede adoptar medidas cautelares, incluida la cesación inmediata.

• La acción debe dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante.

• La sentencia puede declarar el cese definitivo, la indemnización y la privación del derecho de uso hasta tres años. Si el infractor no es propietario, cabe la extinción de todos sus derechos y su lanzamiento inmediato.

Las Audiencias Provinciales han construido un criterio uniforme. Así entre otras : Las AP Madrid (Sec. 8.ª, 20-22018; Sec. 21.ª, 11-4-2018; Sec. 18.ª, 27-11-2017) y la AP Guipúzcoa (Sec. 2.ª, 10-5-2019), nos indican que: 1) El requerimiento es insoslayable, y puede ser apreciado incluso de oficio a falta de alegación de parte. 2) Puede ser realizado de oficio por el presidente o a instancia de cualquier propietario u ocupante. 3) No requiere acuerdo de Junta previo. 4) Debe ser fehaciente o fidedigno, constando contenido y recepción. 5) Tiene que contener el mandato expreso de la cesación inmediata, bajo apercibimiento de acciones judiciales. 6) Debe necesariamente concederse un plazo razonable, no alejado de la realidad para el cese de la actividad 7) Solo ante la persistencia procede convocar la Junta.

En este sentido y como parte también de una unánime Jurisprudencia: AP Vizcaya, Sec. 3.ª, 23-5-2024: “Al no acreditarse la existencia de requerimiento previo al comunero para cesar en el ejercicio de la actividad de uso turístico del inmueble, no puede estimarse la demanda al ser este un requisito de procedibilidad” Considero de especial relevancia a los efectos de este artículo, indicar que si bien la Jurisprudencia era muy reticente a que nadie distinto al presidente fuera quien se encargara de la efectiva realización del requerimiento, son cada vez más las Audiencias Provinciales que vienen admitiendo, con un criterio que nos parece más que lógico, que lo realice el administrador de la comunidad, siempre que se indique que el mismo se realiza por mandato expreso del presidente de la comunidad. Entre otras:

AP Jaén, Sec. 1.ª, 15-5-2023 “Es válido el requerimiento fehaciente hecho por el administrador de la comunidad requiriendo para la cesación en las actividades molestas e insalubres de los inquilinos cuando lo efectúa por orden del presidente de la comunidad” AP de Madrid de 30 de noviembre de 2022 “También se considera válido el requerimiento efectuado por el administrador en nombre del presidente, como consta en este supuesto ya que en el (folio nº 89) consta que se hace por mandato expreso del presidente de la comunidad” 2. Acuerdo de Junta: Exigencia formal y material El acuerdo de junta tiene el carácter también de requisito de procedibilidad, de forma y manera que sin el mismo la acción judicial está conducida inexorablemente a la no admisión o al fracaso, pudiendo ser también apreciado de oficio como en el caso anterior.

La autorización de la Junta debe ser: 1) Explícita, 2) Inequívoca en el sentido de que ha de ser muy estricto con el tenor literal del acuerdo a tomar y siempre como punto autónomo del orden del día.

Entre unánime Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales: AP Pontevedra, Vigo, Sec. 6.ª, 22-72022 “No constando acuerdo de la junta que autorice al presidente para demandar solicitando la cesación en la actividad por el comunero, tras el requerimiento practicado, debe desestimarse la demanda interpuesta en tal sentido” La AP Guipúzcoa, Sec. 2.ª, 229/2024, afirma: «Dado que el punto del orden de día se refiere al debate sobre actividades prohibidas en estatutos no es válido el requerimiento de cesación hecho en la propia junta ni el acuerdo de facultar al presidente para iniciar actuaciones judiciales.»

Respecto de la legitimación de un comunero para ejercer esta concreta ac-

ción de cesación en términos del art.7.2 LPH, se ha pronunciado favorablemente nuestro Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones por ejemplo en la STS de 18 mayo de 2016, núm. 21/2016, rec.

1131/2014, en la cual se indica en su tenor literal : “Que es doctrina jurisprudencial consolidada que un copropietario por sí solo puede ejercer la acción de cesación del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, también en STS de 30 octubre 2014 que insiste en esa doctrina y en STC 115/1999, de 14 junio, mencionada en aquella, que lo deduce de la tutela judicial efectiva, y a cuyo contenido nos remitimos, si bien, tal ejercicio de la acción de cesación en interés propio solo se justifica, como refiere la propia STS 321/2016 aplicada en la sentencia apelada “ante la inactividad del presidente o de la junta (o de ambos)” 3. Legitimación pasiva en el requerimiento y la demanda: Llegado este punto consecuentemente debemos formularnos las siguientes preguntas: ¿A quién debe dirigirse el requerimiento? ¿A quiénes debe dirigirse la demanda en caso de realización de actividades prohibidas en una propiedad?

Pues bien, el artículo 7.2 LPH articula un mecanismo dual que distingue claramente entre el requerimiento previo y la demanda judicial. El requerimiento debe dirigirse «a quien realice las actividades prohibidas», es decir, a quien en ese momento ejecuta la conducta molesta —propietario, arrendatario u ocupante de hecho—, pues la finalidad de esta advertencia es detener la actividad y permitir su cese voluntario. La ley no exige requerir al propietario cuando no es el autor material, aunque resulta aconsejable hacerlo también a él para favorecer un acuerdo extrajudicial y porque el art. 9.1 g) LPH le hace responsable de lo que ocurra en su inmueble. En cambio, la demanda de cesación debe dirigirse «contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local», estableciendo lo que se denomina un litisconsorcio pasivo necesario que opera con independencia de que solo uno haya recibido el previo requerimiento, aunque volvemos a insistir en

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II. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL ART. 7.2 LPH 1. Naturaleza del requerimiento y configuración jurisprudencial El requerimiento previo es un requisito de procedibilidad cuya omisión vicia la acción. No es un trámite optativo ni un gesto previo a demandar, sino la pieza que legitima la activación del mecanismo sancionador del artículo 7.2.

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la conveniencia del envío a ambos, propietario y ocupante infractos. Además, el precepto exige que el presidente pueda ejercitar la acción únicamente si «el infractor persistiere en su conducta», de forma que, aunque la ocupación cambie, la legitimación pasiva del propietario permanece objetiva mientras la actividad continúe.

III. ESTÁNDAR MATERIAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA ACTIVIDAD MOLESTA EN LA JURISPRUDENCIA Una vez ejercida una acción por actividad molesta por parte de la comunidad de propietarios debemos estar necesariamente a la jurisprudencia que ha venido interpretando tal concepto, pudiendo establecer indubitadamente los siguientes requisitos para que prospere dicha acción, requisitos:

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1. Es necesario que se dé una actividad que pueda ser calificada de incómoda, es decir molesta para terceras personas que habiten o hayan de permanecer en algún lugar del inmueble en el que se desarrolla la actividad, que sea atribuible a un sujeto pasivo determinado en este caso el propietario u ocupante del piso o local.

2. Que la molestia sea notoria y ostensible, y que la base de la notoriedad está constituida por la evidencia y permanencia en el peligro o en la incomodidad, por lo que no basta uno o varios actos concretos, singulares o determinados más o menos incómodos o molestos, sino que es necesario además de cierta intensidad, es decir que tales actos pertenezcan a una misma serie y se realicen con cierta continuidad, sin que sea necesario que sea insufrible o intolerable, pero que suponga una afectación de entidad a la pacífica convivencia.

En todo caso indicamos también que jurisprudencialmente se viene exigiendo la existencia de una prueba concluyente, plena y convincente atendida la gravedad de la sanción, ( SSTS 18 mayo 1994, 13 mayo 1995, etc.), y de ahí la interpretación restrictiva que se realiza por los tribunales en orden a seguir la pauta del menor efecto para el ejercicio de la actividad en cuanto sea posible,

frente al efecto drástico del cese o de la privación del uso ,entre otras razones, porque las limitaciones a las facultades dominicales han de interpretarse restrictivamente.

4º AP Ourense, Sec. 1.ª, 16-6-2020 “Debe estimarse la demanda de cesación de actividades molestas de la cafetería al quedar acreditado el alto nivel de ruido hasta altas horas de la madrugada”

Algunos ejemplos jurisprudenciales:

No concurre la calificación de actividad como molesta

Concurre la calificación de actividad como molesta: 1º AP Asturias, Gijón, Sec. 7.ª, 13-42023 “La prostitución debe considerarse actividad molesta cuando se acredita que la misma causa perjuicios a la comunidad y sus integrantes, dado el intenso y continuado trasiego de personas ajenas al edificio a todas horas, ocasionando inseguridad a los comuneros” 2º AP A Coruña, Sec. 4.ª, 23-6-2021 “Procede la cesación inmediata de tenencia de animales: los vecinos sufrieron ruidos de ladridos durante sus momentos de descanso y frecuentes y diarios olores nauseabundos por la falta de cuidados higiénicos de los animales, que motivaron persistentemente en los copropietarios un estado de desasosiego y malestar” 3º AP Zaragoza, Sec. 2.ª, 4-12-2020 “Quedan acreditadas las molestias y perjuicios que la actividad llevada a cabo por la inquilina de la vivienda ocasionó a la Comunidad, como olores, constante suciedad, reiteradas llamadas de timbres intempestivas, basura en la escalera, lo cual no debe ser soportado por los comuneros”

1º AP Madrid, Sec. 11.ª, 11-9-2023 “No cabe estimar la acción de cesación de actividades molestas por peleas familiares en la vivienda, ya que son problemas que alteran la convivencia familiar pero no afectan a la vida de la comunidad.”

2º AP Madrid, Sec. 19.ª, 6-7-2022 No puede entenderse que los sonidos de la TV de la vecina excedan lo tolerable: la demandante no ha probado la existencia de ruidos, el informe de la Policía que se personó en el domicilio no constata su existencia y ningún vecino ha testificado 3º AP León, Sec. 1.ª, 29-10-2018 No quedando acreditado suficientemente la existencia de molestias y emisión de ruidos que superen la normalidad, no puede estimarse la demanda de cesación de actividad IV. ¿QUÉ PUEDE ACORDAR EXACTAMENTE EL JUEZ EN LA SENTENCIA? Una sentencia estimatoria de la acción de cesación ordena en primer lugar cesar definitivamente la actividad molesta, puede imponer indemnización por los daños causados y, en los casos graves, así como privar del derecho de

P R O P IEDA D HOR IZON T A L

En conclusión, la cesación de actividad es efecto inherente a la declaración, una vez probada la actividad molesta en la vida comunitaria y, obviamente, la cesación no es modulable. El otro efecto- la privación del uso- debe guardar proporción con la intensidad de la molestia, esto es, ha de ser ponderada en función de las circunstancias concurrentes y de la concreta actividad cuyo cese se solicita.

AP Pontevedra, Vigo, Sec. 6.ª, 18-62021 La privación de derecho de uso de la vivienda por persistir en actividades molestas e insalubres, es una medida legítima que no priva al comunero condenado de la propiedad de la vivienda AP Zaragoza, Sec. 4.ª, 8-4-2022 Extinción de arrendamiento de vivienda a instancia de la Comunidad de Propietarios con privación de uso por dos años y orden

de cese de ruidos, golpes, gritos y ocupación de zonas comunes acreditándose la afectación a la salud de propietaria V. LA REFORMA DE 2025: EL NUEVO APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 7º LPH Y LA LEY 7/2023, DE 28 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES La LO 1/2025, de 2 de enero, añade un apartado 3 aplicable desde el 3 de abril de 2025: El propietario que pretenda realizar la actividad del art. 5.e LAU (uso turístico) debe obtener la aprobación expresa de la comunidad conforme al art. 17.12 LPH. Si se ejerce sin autorización, el presidente deberá requerir la cesación y, de persistir, podrá iniciar la acción de cesación, siendo aplicable íntegramente el régimen del apartado 2.

Siendo tan reciente la norma, nos genera la duda de que si, como excepción, la ley objetiviza este supuesto sin necesidad de ningún tipo de acreditación de la molestia, como parece el espíritu de la norma, o si de si será interpretada por la jurisprudencia en atención a su carácter o no molesto siendo otro proceso el adecuado para la aplicación de la norma.

Con respecto a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, debemos indicar, como ya hemos hecho con anterioridad, que dentro del campo del artículo 7.2 de la LPH , ninguna actividad puede calificarse como molesta con ca-

rácter apriorístico y que las resoluciones administrativas no vinculan al juez civil en el ámbito del art. 7.2 LPH. Sin embargo, la denominada Ley de Bienestar Animal si pueden desempeñar un papel muy útil como referente normativo complementario, es decir, si bien no actúa como norma habilitante de la acción de cesación, sí como indicador objetivo del estándar de diligencia exigible al propietario del animal, en la medida en que fija pautas de custodia responsable y de prevención de riesgos y molestias a terceros. Asimismo, funciona como elemento de corroboración probatoria, al reflejar que el legislador considera socialmente relevantes determinadas conductas (ruidos persistentes, situaciones de inseguridad, falta de control en espacios comunes), lo que refuerza la apreciación judicial de su carácter molesto cuando éstas se acreditan en el proceso. Finalmente, también opera como argumento de normalidad social, al evidenciar que el perjuicio denunciado no responde a percepciones subjetivas sino a un estándar convivencial razonable determinado por la propia norma, lo que hemos visto exige la jurisprudencia. En suma, sin producir efectos vinculantes, dicha normativa contribuye a contextualizar la conducta, a valorar la diligencia del propietario y a robustecer el acervo probatorio exigido para la estimación de la acción de cesación .

L A L L A V E / P R O P I E D A D H O R I Z O N TA L / P A G . 2 7 /

uso del piso o local hasta tres años en los supuestos más graves o en los que exista una reiteración sistemática de la actividad muy prolongada en el tiempo.

Si el infractor no es propietario —por ejemplo, un inquilino— la sentencia puede extinguir su contrato o derecho de ocupación y ordenar su lanzamiento inmediato. Para la comunidad, supone recuperar la convivencia, obtener reparación económica y que el propietario no pueda hacer uso temporalmente. Para el infractor, implica cesar la conducta, pagar los perjuicios y perder la posesión durante el tiempo que fije el juez.

AS E S O R ÍA J U RÍDICA

CONSULTAS LPH CUESTION 1: ¿Tenemos que aplicar la CAE (Coordinación de Actividades Empresariales) en todas las Comunidades de Propietarios que estamos administrando?

L A L L AV E / AS ES O R Í A J U R Í D I C A / PAG . 2 8 /

RESPUESTA A esta consulta, que resulta recurrente entre los administradores, se le ha intentado dar respuesta desde el Colegio, realizado diversas consultas a la Inspección de Trabajo, organizando jornadas formativas, y publicando circulares, e incluso un artículo en la revista de la Llave. La conclusión que se ha obtenido, y así se ha puesto de manifiesto desde la circular nº 72/2022 suscrita por esta Asesoría, es que la Comunidad de Propietarios que no tenga trabajadores a su cargo, NO está incluida en el ámbito de aplicación ni del artículo 24 de la LPRL 31/1995, ni del Real Decreto 171/2004, en la medida que no desarrollan actividades empresariales, Y POR TANTO, NO TIENE QUE REALIZAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, aun cuando tenga contratadas empresas ajenas para realizar labores dentro de dicha comunidad. Es a estas empresas a quienes corresponde el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en materia de prevención de riesgos laborales con el fin de garantizar al derecho a la protección eficaz de sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto si prestan servicio en la comunidad de propietarios como en cualquier otro centro de trabajo. Ello, sin perjuicio de que estas empresas soliciten y recaben de la comunidad de propietarios la información que resulte necesaria sobre el centro de trabajo y los posibles riesgos que en él puedan generarse, y que permita a estas empresas el cumplimiento de sus obligaciones legales para con sus trabajadores.

Todo ello con independencia de las obligaciones que la comunidad deba asumir

Pedro García-Córcoles Escudero Asesor Jurídico del COAFMU

en el caso de tener contratados trabajadores propios de forma directa o cuando se ejecuten obras en la comunidad, cuando ésta actúe como promotora de las mismas, en cuyos supuestos se deberá estar a la normativa vigente para cada caso y observar las exigencias legislativas.

Para ratificar esta conclusión, nos remitimos al texto obtenido de la web del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Laboral, que, como se indicó en la circular del COAFMU nº 101/2025, dentro de sus preguntas frecuentes contiene: “¿La CAE afecta a las Comunidades de Propietarios? En el supuesto de comunidades de propietarios, es necesario tener en consideración si ésta tiene personas trabajadoras contratadas directamente o no, ya que de acuerdo con el artículo 3 de la LPRL, dicha ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación “en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (…)”.

Por tanto, si tuviera contratadas una o varias personas trabajadoras, sí resulta de aplicación la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, incluyendo la relativa a la CAE. Si, por el contrario, la comunidad de propietarios no cuenta con personas trabajadoras contratadas directamente y los servicios necesarios se externalizan mediante contratos con empresas especializadas, no pueden adquirir la condición de empresario principal en los términos previstos por el artículo 24.3 de la LPRL y los artículos 2.c) y 10.1 del Real Decreto 171/2004 (sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se fijan disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dado que una comunidad de propietarios puede asumir la posición jurídica de promotor, según los términos

previstos en dicha norma, cuando contrate algún trabajo incluido en su ámbito de aplicación)”.

CUESTION 2: Un local en planta baja, con acceso independiente al zaguán, y que cuenta como anejos con un trastero en la azotea, y una plaza de garaje, tiene una cuota de participación de 15% (incluye la vivienda + trastero + garaje). El propietario se queja de tener que participar en los gastos de escalera por coeficiente RESPUESTA El Artº. 9.1.e) LPH, determina que es obligación de cada propietario el contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

Dicho lo anterior, si no existe ningún tipo de exoneración a favor del local en planta baja, ya sea en el Título Constitutivo, ya sea en los Estatutos de la Comunidad, dicho local estará obligado a contribuir a todos los gastos de la comunidad con ese 15’00% de cuota de participación.

Todo lo que se rebaje en su aportación económica al propietario del local, tendría que ser abonado por el resto de comuneros, por lo que es muy difícil que se adoptase por unanimidad (Artº. 17.6 LPH) una norma estatutaria por la Junta de Propietarios, en la que se redujese la participación en los gastos del local, o se le exonerase de algunos gastos. Igual de difícil sería que se alterase el Título Constitutivo segregando el trastero y estableciendo una cuota de participación al mismo (aunque en este último supuesto el resultado sería el mismo, pues el local seguiría pagando mientras que no se le exonerase o redujese su participación).

F O R M ACI ÓN

FORMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2025 Este segundo semestre de 2025 la Comisión de Formación ha propuesto las siguientes jornadas:

OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES, ARRENDAMIENTOS DE LOCAL DE NEGOCIO E INDUSTRIA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO INMOBILIARIO (Presencial – 5h) (17/10/2025)) Esta jornada ha sido impulsada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, siendo el director de su organización Antonio Navarro Selfa, abogado especialista en Derecho Inmobiliario.

Se abordaron los temas de la regulación sobre la ocupación ilegal de inmuebles, el arrendamiento de locales de negocio e industria, y se realizó una mesa redonda sobre la situación actual del mercado inmobiliario urbano, en la que participó el Presidente del COAFMU, Juan Pedro Manresa Nicolás.

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VERIFACTU: IMPLANTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REPERCUSIÓN EN DESPACHOS PROFESIONALES (Presencial y webinar- 2h) (17/11/2025) Esta jornada tuvo como objetivo ofrecer una visión clara y práctica sobre el nuevo sistema VeriFactu, su marco normativo y su implantación efectiva en los despachos profesionales. Con la participación de representantes de la AEAT y de AUREN, Asesor fiscal del COAFMU, se abordaron los principales aspectos técnicos, obligaciones y ventajas del sistema, así como las implicaciones para los Administradores de Fincas y las comunidades de propietarios.

F OR M AC I ÓN

TALLER SERVICIO NOTIFICACIONES FEHACIENTES POSTALES Y ELECTRÓNICAS (Webinar - 1h.) ( 25/11/2024) Curso para explicar el funcionamiento con ejemplos prácticos del servicio de Notificaciones fehacientes postales y electrónicas de la plataforma AFC Servicios, que ofrece el COAFMU a sus miembros.

GESTION DE IA PARA DESPACHOS PROFESIONALES (Presencial y webinar – 2 h) (10/12/2025)

El Colegio irá informando del programa formativo, en el que se abordarán nuevos temas de interés.

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Esta formación impartida por Pedro J. Casal se centró en explicar las aplicaciones que la IA (Inteligencia Artificial) tiene en los despachos profesionales de administración de fincas. El enfoque se focalizó en una aplicación práctica e inmediata de la IA, con variedad de ejemplos y casos habituales, para aumentar la productividad, la precisión y la eficiencia.

CONVENIOS Con los convenios de colaboración suscritos con entidades o empresas, el COAFMU trabaja para optimizar las condiciones que se le ofrecen a nuestros colegiados, y a sus administrados, y en consecuencia, mejorar y diferenciar el servicio integral que proporcionan los Administradores de Fincas Colegiados.

Los colegiados pueden acceder a todos los convenios en el Área Privada de la web del Colegio www.coafmu.org.

A continuación, se relación aquellos convenios firmados o renovados en el último período:

CONVENCIO CON LABCER: compañía que actúa como Entidad de Inspección, Organismo de Control Autorizado o como Entidad Colaboradora de inspección, siendo líder en inspección reglamentaria en diferentes campos.

Ofrece un paquete de servicios unificado para colaborar con las administraciones de fincas, asesorando y ayudando a gestionar todas las inspecciones necesarias en sus comunidades de propietarios (en instalaciones contraincendios, ascensores, baja tensión), o emitiendo informes de evaluación de edificios o certificados de eficiencia energética.

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CONVENIO CON ORONA PECRES: grupo empresarial europeo líder en movilidad vertical sostenible de personas.

Orona Pecrés se pone a disposición de los colegiados para cualquier consulta relacionada con la instalación, modernización o adecuación de ascensores, recordando que cuenta con un amplio equipo técnico cualificado, y garantiza la conservación de los ascensores como el primer día. Con un servicio disponible 24 horas, 365 días al año.

Orona Pecrés se quiere unir al deseo común de mejorar y modernizar las comunidades, y ofrece a los administradores colegiados todas las soluciones de accesibilidad, seguridad, mejora del consumo energético y modernización de cabinas con diseños actuales en ascensores.

CONVENIO CON SOLAR TEAM: equipo de profesionales expertos en la

instalación de proyectos de autoconsumo solar en viviendas y comunidades, que cuenta con la garantía de Konery.

Solar Team ofrece soluciones personalizadas que permiten a los consumidores no sólo ahorrar en sus facturas, sino también contribuir al cuidado del medio ambiente. Con su experiencia en autoconsumo fotovoltaico, impulsa el autoconsumo colectivo para que más personas puedan aprovecharse de los beneficios de la energía solar.

C O N VE N I OS

CONVENIO CON NORMATEX: compañía con 35 años de experiencia en la

ingeniería contra incendios. Es una empresa referente en el sector de servicios de ingeniería contra incendios, diseñados para ofrecer una sólida protección y una tranquilidad total.

Normatex ofrece servicios integrales desde la instalación hasta el mantenimiento de los equipos contra incendios; cumplimiento normativo; atención personalizada y adaptada a cada comunidad . Garantía de trabajar con una empresa líder en su sector

CONVENIO CON KINEO: comercializadora de electricidad y gas, especializada en comunidades de propietarios. Surge de la unión entre un administrador de fincas con 35 años de trayectoria profesional y un asesor energético con más de 15 años trabajando con administradores de fincas.

Conocedores del mercado y de las inquietudes del administrador de fincas respecto a las necesidades de sus clientes, genera un nuevo producto donde el administrador toma protagonismo. Creada por administradores y pensada para administradores.

CONVENIO CON SOFTWARE DELSOL: empresa perteneciente al grupo

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TeamSystem que dirige su actividad al sector TIC, desarrollando y comercializando software de contabilidad, facturación, nóminas, etc. para empresas, profesionales autónomos, asesorías y despachos profesionales, aplicando los máximos estándares de calidad en todos sus procesos, y cumpliendo las nuevas normativas que serán de aplicación (VeriFactu, Facturación electrónica).

El convenio suscrito con Software DELSOL permite aplicar a los colegiados activos que lo acrediten, descuentos en la contratación del software.

IN F O R M AC I ÓN XII CURSO FRANCISCO BROTONS DE FORMACION DE ADMINISTRADORES DE FINCAS

El Consejo General de Colegios de Administradores de fincas de la Comunidad Valenciana organizó este año la XII Edición del Curso Francisco Brotons de formación de administradores de fincas, que se celebró en Alicante, el pasado 24 de octubre.

Estas jornadas son un evento formativo cuyo objetivo es la actualización de conocimientos, y una visión de materias innovadoras que faciliten el trabajo de los administradores de fincas colegiados.

La exposición de los temas se plasmó en ponencias y mesas de debate impartidas por profesionales de reconocido prestigio y experiencia formativa.

VI COMIDA DE HERMANDAD COAFMU La Junta de Gobierno del COAFMU celebró el pasado 28 de noviembre la VI Comida de Hermandad, un encuentro que ya se ha convertido en una cita imprescindible para nuestros colegiados.

Un año más, nos reunimos para compartir un momento distendido, reencontrarnos, intercambiar experiencias y fortalecer los lazos profesionales que nos unen.

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La convocatoria volvió a contar con una amplia participación de colegiados, así como con el apoyo de numerosas empresas colaboradoras que no quisieron faltar a esta jornada tan especial.

En esta edición, el evento tuvo lugar en la encantadora finca El Estudio de Ana, un escenario inmejorable para la celebración. Tras disfrutar de un cuidado y variado aperitivo, llegó el turno del acto institucional, donde se hizo entrega de las tradicionales insignias de reconocimiento tanto a los compañeros con más trayectoria como a las nuevas incorporaciones al Colegio.

El encuentro concluyó con un animado sorteo de dos cestas de Navidad, organizado por el Colegio, además de los obsequios ofrecidos por varias empresas patrocinadoras, poniendo el broche final a una jornada marcada por el buen ambiente y el espíritu colegial.

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IN F OR M AC I ÓN

C O LE G IA D O S

LISTADO COLEGIADOS EJERCIENTES A

ABAD GARRIDO, ISAAC AGUDO VALDES, JUANA MARIA AGUILAR CONESA, FRANCISCO JAVIER ALARCON GOMEZ, JOSE RAFAEL ALBERT POVEDA, JOSE ALCAIDE DEL PINO, JOSE ALBERTO ALCARAZ SAURA FRANCISCO, JAVIER ALCOLEA SANCHEZ MARIA, JOSE ALMARCHA SANCHEZ, JOSE ANTONIO ALONSO Y DE VEGA ,JUAN CARLOS ALVAREZ ORTUÑO, OLGA ALVAREZ SANCHEZ, MARIA ISABEL ANDRANIK SHISLIA,N ANDRES ANTON SELVA, CARLOS APARICIO MARTINEZ, JOSE ANTONIO APARICIO PEIRO, ANGELA ARGANDOÑA PICAZO, JULIO MIGUEL ARQUES SANCHEZ DANIEL ATO RUIZ, LIDIA AYALA IMBERNON, JOSE ANTONIO

CANOVAS CANOVAS, FRANCISCO

FERNANDEZ MORENO, GONZALO FERRANDEZ TORRES ,JOSE JAVIER

CAÑIZARES ROCA, FRANCISCO JAVIER

FERRER BELTRAN, DAVID

CARCELES MORENTE, JOSE ANTONIO

FERRER MARTIN, MIGUEL ANGEL

CARLES MADRID, LAURA

FLORES LOPEZ, MANUELA

CARRASCO GARCIA, JOSE MARIA

FUENTES ZAMORA, INMACULADA

CARRASCO GARCIA, PEDRO CARRILLO LOPEZ, JESUS CARRILLO PEREZ, JOSEFA LAURA CARRILLO RUIZ, BEATRIZ CARRION HERNANDEZ, ANA DOLORES CASAL HENAREJOS, PEDRO JAVIER CATALA MAÑEZ, FRANCISCO JAVIER CAYUELA CARLOS, ALFONSO CHICANO GARCIA, FRANCISCO JAVIER COLL GARCIA, MARIANO CONESA ALCARAZ, DIEGO ANTONIO CONESA JARA ,CONRADO CONESA PEREZ, PEDRO CRIADO RAMALLO, JOSE CUARTERO FUENTES, SOLEDAD

D

BAÑON PEREZ JOSE ANTONIO

DIEZ PEREZ MIGUEL, ANGEL

BATUECAS BATUECAS MIGUEL ANGEL BAUSELA PORRERO, LOURDES BELMONTE GOMEZ, MARIA DOLORES BERDONCES VIVANCOS, ANTONIO JESUS BERMEJO MARTINEZ JUAN CARLOS BERNAL ZAMORA, MIGUEL ANGEL BOLARIN SANCHE, ELENA BONMATI LOPEZ, JOAQUINA BOTELLA BOTELLA, CONCEPCION BREVIA MIRO, JORDI BUENO SANCHO, FERNANDO

FERNANDEZ MARTINEZ, VICTOR CLEMENTE

CANOVAS ROCA, OLGA MARIA

B

BAÑON PEREZ, ADRIAN

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CANOVAS ARNAO, BEATRIZ

10/ 12/ 2025

DE MAZON FONTES, ALVARO DOLS MOLINA, SANTIAGO DOLS RUIZ, SANTIAGO DOMINGO FRUTOS, FRANCISCO DONATE HERNANDEZ, JOSE MARIA DOS SANTOS SOLER, RAUL

G

GALIANO GARCIA, JOSE CARLOS GALLEGO MARTINEZ, MARIA DEL MAR GALVEZ MIRON, PEDRO MIGUEL GAMBIN ASENSIO, ROCIO GARCIA AGUILAR, JOSE FRANCISCO GARCIA ALBURQUERQUE, HELIODORO GARCIA ALVAREZ, JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ, MARAVILLAS GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA, ANTONIO GARCIA LOPEZ, MARIA ROSA GARCIA LOPEZ, MARIA RAQUEL GARCIA MANRIQUE, JORGE GARCIA MARIN, VICENTE JUAN GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS GARCIA MORA, ANTONIO GARCIA NAVARRO, ANA BELEN GARCIA PARRA, FRANCISCO JOSE GARCIA PASCUAL, JAVIER IGNACIO GARCIA PROVENCIO, JOSE ALEJANDRO GARCIA RUIZ, JULIO JOSE GARCIA-ALCARAZ RUIZ, MARIA VICTORIA

E

GARZON TORRENTE, FRANCISCO JOSE

ESCUDERO ROS, ALMUDENA

GOMEZ DUTHILLEUL, SAMUEL LORENZO

EGIDOS SARABIA ,MARIA DEL PILAR

GASCON MIRALLES, MARIA ASUNCION GEA SANCHEZ, IVAN GIL LOPEZ, FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ, JOSE

C

CABEZA MARTINEZ, JUAN CARLOS

F

CAMPOY JIMENEZ, CONSUELO

FEREZ MELERO, FERNANDO

GONZALEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE

FERNANDEZ CAYUELAS, JUAN EMILIO

GONZALEZ FERNANDEZ, PAULA

FERNANDEZ GARCIA, JUAN

GONZALEZ LOPEZ, FULGENCIO

FERNANDEZ LOPEZ, CARLOS

GONZALEZ NAVARRO ,RAMON ANTONIO

FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL, JESUS

GONZALEZ ROSA, LIDIA

FERNANDEZ MARTINEZ, CARIDAD

GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN

CAMPOY LOPEZ, JUAN MANUEL CANO GIMENEZ, IRENE CANO MARIN, ANA MARIA CANOSA MENDEZ, JOSE MANUEL

GOMEZ JIMENEZ, ANA GONZALEZ BOTELLA ,ANTONIO

CO LE G IA D O S

LISTADO COLEGIADOS EJERCIENTES

10/ 12/ 2025

GONZALEZ VIDA,L FRANCISCO

LOPEZ RAMOS, MONICA

MENDOZA ROCA PETRONILA, ROSA

GRACIA PEREZ-CHIRINOS, MARIA JOSE

LOPEZ SANZ, LUIS

MERCADER PEREZ, ANTONIO

GUERRERO HURTADO, IVAN

LOPEZ-YEBRA JAUFFRET, ALFONSO GERARDO

MESEGUER CAVALLE, ANTONIO

GUERRERO SOLANO ,JOSE LUIS

LORCA SANCHE, MANUEL

MESEGUER ZARAGOZA, JOSE MARIA

GUIRAO MIRAS, GREGORIO

LORENTE FERNANDEZ, RAUL

MOLINA NAVARRO, JUAN FRANCISCO

LORENTE GARCIA, ANTONIO

MOLINA PELEGRIN, PASCUAL

LOSILLA VIVANCOS, ELENA MARIA

MOLINA VINADER, DIEGO CESAR

LOZANO AVILA, ADORACION

MONERRI BROCA,L ANTONIO

HARO LOPEZ, MANUEL

LOZANO PORTUGUES, ELIA

MORALEDA GUERRERO, ALFONSO

HERNANDEZ ALMELA, MARIA

LUCAS PEÑALVER MANUEL, ALEJANDRO

MORENILLA ZAMORA, MARIA TERESA

HERNANDEZ ARCAS, SOLEDAD HERNANDEZ BARBERA, ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS, SERGIO HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO HERNANDEZ GARCIA, ADOLFO HERNANDEZ GARCIA, ROSA MARIA HERNANDEZ GOMEZ, FRANCISCO ANGEL HERRERO URREA, MARIA CONCEPCION HIGUERAS MURCIA, PABLO ANDRES

I

M

MACANAS SANCHEZ, JESUS MANRESA NICOLAS, JUAN PEDRO MAQUILON SANCHEZ, MARCO ANTONIO MARCO CASCALES, ANA MARIA MARIN GARCIA, FRANCISCO NICOLAS MARIN GARCIA ,PEDRO IGNACIO MARTIN CASTEJON, JULIAN DAVID MARTIN SAN JUAN, JUAN RAMON MARTINEZ AIS, TOMAS

INIESTA ASUNCION, RICARDO

MARTINEZ CAPARROS, JOSE

INSUA ORTIN, CARLOS

MARTINEZ FERNANDEZ, ARANZAZU

MORENILLA ZAMORA, ANGEL MORENILLA ZAMORA, MARIA SOLEDAD MORENO ESCOSA, JUAN MANUEL MORENO-ESCOSA ZORNOZA, JUAN MANUEL MORENO-ESCOSA ZORNOZA, FRANCISCO GINES MOROTE DOLERA, ANTONIA MOYA-ANGELER SANCHEZ, JAVIER MULERO MARTINEZ, FRANCISCO MUÑOZ SAMPER, JUAN ANTONIO MURCIA LOPEZ, JOSE LUIS

N

NAVARRO ARAGON, MANUELA

MARTINEZ GARCIA CARLOS, JOSE

NAVARRO ASENSIO, DIEGO MIGUEL

MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO

NAVARRO BALLESTER, ANTONIO

MARTINEZ HERRERA, RAMON

NAVARRO GUILLEN, BENITO

MARTINEZ JIMENEZ, ANTONIA

NIETO SANCHEZ, ANA BELEN

JORDANA BARA,OLGA

MARTINEZ LOPEZ, JOSE ENRIQUE

NOGUERA BALLESTER, JUAN BAUTISTA

MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO

NOTARIO ARANDA ,BERTA

L

MARTINEZ MENDOZA, ANTONIO

J

JIMENEZ ALTAMIRANO, JOSE

LACARCEL RODRIGUEZ, ALEJANDRO LARROSA LOPEZ, VERONICA LEDO FERNANDE,Z ALFONSO LEGAZ TORRES, LUCIA LIEBANA EXPOSITO, ZULEIMA LOPEZ GILIBERT, PEDRO LOPEZ GONZALEZ, JUAN FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ, MARIANO LOPEZ LOPEZ, DAVINIA MARIA LOPEZ MARIN, MARIA ROSA LOPEZ MARTINEZ, JUAN LOPEZ MARTINEZ, RAFAEL LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCO LOPEZ PEREZ, FRANCISCO ANDRES

MARTINEZ MORENO ,CARLOS MARTINEZ MOTOS ,DAVID MARTINEZ MUÑOZ, SEBASTIAN MANUEL MARTINEZ MUÑOZ,ISABEL MARTINEZ NAVARRO ,ISABEL MARIA MARTINEZ PALLARES, JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ, LOLA MARTINEZ SANCHEZ, JUAN PEDRO MARTINEZ VERDU, JOSE MATA GOMEZ, AMADOR MATEO GOMEZ ,FULGENCIO MATEOS LOPEZ, BERNABE MELGAR MORAIS, JOSE ANTONIO MENDEZ GARCIA ,VICENTE MENDEZ SANCHEZ, RAUL

O

OLIVA LOPEZ, JOSE ANTONIO OLIVA MUÑOZ, ANTONIO ANGEL OLMOS PEREZ, FRANCISCO JAVIER OLMOS PROVENCIO, ENCARNACION ORENES GARCIA, MATIAS JOSE ORTA LOPEZ, JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ, JOSE ANTONIO ORTIZ GOMEZ, JESUS ORTIZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER OTON REINO, BEATRIZ

L A L L AV E / CO L EG I A D O S / PAG . 4 1 /

H

C OL E GIA D OS

10/ 12/ 2025

P

PALAO JIMENEZ ,ANA BELEN PALLARES LOPEZ, SOFIA PALMA MARTINEZ, JUAN PARDO DOMINGUEZ DIEGO MANUEL PAREDES RIZO, JUAN JOSE PARRA MARTINEZ, RAFAEL PASCUAL DEL RIQUELME PEREZ-ALBALADEJO, AGUSTIN PAVIA GALAN, FRANCISCO JAVIER PAYO LABORDA ,MATILDE VICENTA PAZ MORALES, EDUARDO PAZ SEÑORANS, RAMON PEDREÑO MUÑOZ-DELGADO, JUAN JOSE PEDREÑO VERA, SERGIO PELAYO PLAZA, FELIX PEÑAS GOMEZ, DIEGO PEREZ BUENDIA, MARIA JESUS PEREZ GUILLEN, FLORENTINA PEREZ LOPEZ, FRANCISCO PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE PEREZ MARTINEZ, JOSE PEREZ MARTINEZ, CRISTOBAL PEREZ ROSIQUE, CARMEN MARIA PERIAGO GIMENEZ, MARIA DEL CARMEN

RETAMERO JALDO, ALBERTO

SAURA GONZALEZ MARIO

RIOS FUENTES, ANTONIO

SAURA MARTINEZ, ISABEL MARIA

RIQUELME GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER RIQUELME GUILLEN, ANTONIO RIVAS GARCIA, JOSEFA

SEGADO IGLESIAS, LUIS SEMPERE FERNANDEZ, ALVARO JUAN

ROBLES ROBLES, ALEJANDRO

SERNA CAPEL ENRIQUE, JOSE

RODRIGUEZ BALLESTER, JUAN MIGUEL

SOLER BUIGUES, VICENTE

RODRIGUEZ CORRAL, CELSO

SORIANO YAGO, MARIA INMACULADA

RODRIGUEZ NAVARRO, ANA MARIA RODRIGUEZ PORLAN, CLEMENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ,CARMEN MARIA ROJO RAJA, ANTONIO ROMERA ORTEGA, FRANCISCA ROMERO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

SUAREZ RADRIZZI , ROXANA

T

ROS CLEMENTE, MIGUEL

TERRER MOTA, GUSTAVO

ROS GARRE, HIGINIO

TERUEL TUDELA ,JUAN FRANCISCO

ROS SAURA, ASCENSION

TORET SOLLA ANTONIO, JOSE

RUBIO ORTIZ, MARIA CONSUELO

TORRES HURTADO, SERGIO

RUEDA VERA, LUIS RUIZ ARCE, ROBERTO RUIZ CANALES ,MARIA DOLORES RUIZ CARBONELL ,ANTONIO RUIZ DIAZ ANTONIO NICOLAS RUIZ GONZALVEZ, FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ, AGUSTINA

TRAPERO GIL, JOSE FRANCISCO

U UBEDA ARMERO, MARIA

RUIZ NICOLAS, CARMEN

PERIS ALCOVER, RAFAEL

RUIZ ORTEGA, ANTONIO

Q

QUESADA GEA, TOMAS

S

QUILES GARCIA, FRANCISCA

SALAR ROCAMORA, ANTONIO

VERA MARTINEZ, ADELIA

SALMERON CAMPOY, NOELIA

VIDAL MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

QUILEZ MOMPEAN ,DIEGO QUIÑONERO HELLIN ,JOAQUIN QUIÑONERO QUILES, JOSE ANTONIO L A L L AV E / CO L EG I A D O S / PAG . 4 2 /

LISTADO COLEGIADOS EJERCIENTES

R

RAMA VILCHEZ, ANA MARIA RECHE PEREZ, DOMINGO RETAMERO GOMEZ, LUIS

RUIZ DE CASTAÑEDA SANCHO, MARIA JESUS

SANCHEZ BALANZA, JOSE LEANDRO SANCHEZ CARRILLO ANTONIO SANCHEZ GALIAN, MARIA TRINIDAD

V

VALERO GARCIA, MARIA JOSE VALVERDE AGUSTIN ,SUSANA

VIDAL-SALMERON PUJANTE, FRANCISCO JOSE VILLA AROCA, MONTSERRAT

SANCHEZ GARCIA, ALEJANDRO

VILLANUEVA VERDE, DIEGO

SANCHEZ MENGUAL, PEDRO

VIVANCOS GUTIERREZ, DOMINGO

SANCHEZ PEREZ, RAQUEL SANCHEZ URZAY, YOLANDA SANCHEZ-JAUREGUI JORDA ,MARIA DE LOS LIRIOS SANGUINO OLIVA, SERGIO

Z

ZAPATA EGEA, MIGUEL ANGEL