Cadiz - Ese es un rojo - 2021

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Este trabajo pone de manifiesto que la represión tuvo una decidida intencionalidad política y fue obra de la cúpula golpista de la ciudad que siguió las directrices represivas dictadas a escala nacional.

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Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Así ocurrió con los trabajadores del ayuntamiento gaditano.

Con los funcionarios y con los temporeros. Varios centenares de ellos perdieron su trabajo y más de una treintena la vida. La persecución no se limitó a la depuración laboral, también se extendió a su militancia política y sindical y su pertenencia a la masonería.

¡Ese es un rojo!

Los golpistas de julio de 1936 y la dictadura franquista nacida de su victoria practicaron la eliminación física y social de todas aquellas personas que consideraban enemigas. Desde el propio verano de 1936 ejerció una despiadada represión que comprendió tanto el asesinato, como el encarcelamiento y la depuración profesional.

María-Cristina López-García José Luis Gutiérrez Molina

María-Cristina López-García San Fernado (1992). Grado en Historia y Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima por la Universidad de Cádiz.

Documentalista en el proyecto de memoria democrática llevado a cabo por el Ayuntamiento de Cádiz a lo largo del año 2018.

José Luis Gutiérrez Molina

¡Ese es un rojo!

Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

(Cádiz, 1952). Doctor en historia contemporánea. Investigador del Grupo de Estudios “Historia Actual” de la Universidad de Cádiz.

Director científico de la web sobre la represión franquista www.todoslosnombres.org Autor de diversas publicaciones sobre la historia social y económica de Andalucía y sobre Memoria Histórica. Entre las más recientes están La Justicia del Terror (Mayi, Cádiz, 2014).

¡Ese es un rojo!

Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

María-Cristina López-García José Luis Gutiérrez Molina

¡Ese es un rojo!

Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Edita

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz Delegación Memoria Democrática y Cementerios Plaza del Palillero s/n - Cádiz Tfno.: 956 259 060

Autores

María-Cristina López-García José Luis Gutiérrez Molina

Producción editorial Editorial MIC www.editorialmic.com Tel. 902 271 902 mic@editorialmic.com

Depósito Legal: CA-114-2021 ISBN: 978-84-87963-44-5

Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda solicitada en 2018 por la Delegación de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Cádiz a la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía

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Prólogo

I

maginen al sereno que acompañaba las calles de noche, el policía municipal que guardaba con mimo las plazas, el personal de oficina que ayudaba a los vecinos y vecinas con el interminable y tedioso papeleo burocrático.

Imaginen al temporero, al portero del teatro Falla que picaba la entrada, al que cargaba la fruta en la lonja, al médico que visitaba el domicilio o al farmacéutico que expendía el medicamento. Imaginen quiénes componían el tejido diverso de los amaneceres y los atardeceres de Cádiz.

Muchos y muchas fueron sancionados, depurados y hasta asesinados. Ajusticiado. A sangre fría. Muchos y muchas fueron perseguidos durante la guerra y la dictadura fascista por motivos únicamente ideológicos. Por defender la libertad.

Por apoyar la democracia.

Trabajadores municipales que, de la noche a la mañana, no volvieron a enfundarse su uniforme, no volvieron a pisar la tierra y los adoquines camino de su puesto, no volvieron a trabajar, como currantes municipales, para los gaditanos y gaditanas.

Más de medio millar de gente corriente, hijos e hijas de esta ciudad que sufrieron en su piel el golpe de Estado y acabaron muertos o sin un sustento. La memoria silenciada, los retales de nuestra historia escondidos en lo más hondo de un baúl de olvido y desmemoria.

Y ahora, que vuelven a sonar los discursos del odio y la extrema derecha. Ahora, que existen políticos que blanquean el Franquismo, la etapa más negra de nuestra existencia, y ahora que no condenan la persecución, la represión y la pena de muerte, vamos a rescatar no solo la historia, sino las historias de los ciudadanos y ciudadanas. Los jirones, los rostros, las manos y los nombres de quienes escribieron los renglones de nuestro pasado y sobre el que echaron paletadas de arena hasta ocultarla.

Para mirar el presente con lo aprendido en el pasado. Para que los viejos fantasmas sigan encerrados con llave. Y, sobre todo, para rescatar, reparar y homenajear a los que sufrieron en sus carnes todo el peso de la sublevación militar y, encima, no pudieron siquiera tener el luto de sus familiares, amigos y vecinos.

Seguimos rescatando el pasado para afrontar el presente. Seguimos profundizando en la Memoria Democrática. Seguimos y por más que se empeñen los herederos del régimen, seguiremos.

José María González Santos ALCALDE DE CÁDIZ

C

ada generación tiene como deber construir la memoria colectiva de la sociedad en la que vive, y la nuestra, la de aquellos que nacimos ya entrada la democracia, tiene la ardua tarea de realizarlo ante la amnesia intencionada del franquismo; lo que convierte esta tarea en una obligación democrática.

Este reto generacional se ve acentuado cuando además de rescatar del olvido y del ostracismo, se ha de combatir permanentemente contra quienes se oponen y usan todas las estrategias a mano para evitar que se conozca la verdad, y cómo no, contra el implacable paso del tiempo, ya que el testimonio oral de las víctimas y familiares se va apagando poco a poco.

Porque a día de hoy España sigue ocupando un deshonroso segundo puesto a nivel mundial en número de desaparecidos, tan solo superado por Camboya.

Mientras lees estas palabras debes de conocer que cientos de miles de cuerpos siguen yaciendo en cunetas y fosas comunes sin localizar y otros tantos miles de historias y de vivencias, continúan silenciadas. Cuerpos e historias que anhelan volver del olvido para que este país recupere la verdad; efectivamente haga justicia, y que la sociedad en la que vivimos pueda sentirse digna.

Por eso, investigaciones como las que han dado lugar a esta publicación tienen un doble valor. Por un lado, el valor histórico, en cuanto a que nos permite recuperar una página arrancada en la historia de nuestra ciudad, sobre la que no se permitió hablar durante 40 años, pero que ahora nos permite conocer qué les sucedió a los empleados municipales de nuestro Ayuntamiento tras caer la última corporación republicana tras la sublevación franquista de 1936. Y por otro, el democrático, el valor de la verdad y la justicia, el de contar cómo el fascismo y el odio fue capaz de masacrar y represaliar a cientos de miles de ciudadanos, muchos de ellos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, tan solo por defender la legalidad republicana y los valores de respeto, democracia y libertad que hoy disfrutamos.

Hoy nuestro Ayuntamiento es más digno, recupera la historia de los más de 500 empleados y empleadas que fueron depurados. Sus nombres y apellidos ahora sí que forman parte de nuestra historia. Gracias Cristina y José Luis por hacerlo posible, y cómo no, a los amigos de la Plataforma de Memoria Histórica. Vuestra implicación ha sido determinante.

Un paso importante para nuestra ciudad y nuestro granito de arena ante el reto de construir una sociedad democrática, justa y libre, en la que ni el odio ni el fascismo tenga cabida. Porque la verdad, la justicia y la reparación son tan importantes como la no repetición.

Martín Vila Pérez

TENIENTE ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Índice 13 19 23 31 41 63 77 87 125 165

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Un texto de última hora y una nota previa

Introducción

El rayo exterminador. La anulación del otro

Capítulo 1

Golpe, resistencia y ocupación del ayuntamiento

Capítulo 2

El surco depurador: Las herramientas (1936-1940)

Capítulo 3

La resistencia del depurado (1936-1945)

Capítulo 4

Los que fueron readmitidos

Capítulo 5

Las cifras

Capítulo 6

Los asesinados

Capítulo 7

Depuraciones, detenciones y procesamientos

Capítulo 8

El rayo que no cesa: la victoria, los masones y responsabilidades políticas

Capítulo 9

Represión y género

Fuentes y bibliografía

Tablas y gráficos

Apéndice fotográfico

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Índice onomástico

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Siglas y abreviaturas

Fotografía del carnet municipal de Carlos Bouha Feria.

Archivo familiar.

UN TEXTO DE ÚLTIMA HORA Y UNA NOTA PREVIA EL CAMINO SIGUE ABIERTO. EL CASO DE CARLOS BOUHA FERIA. Un desaparecido más Estamos convencidos de que nunca lograremos cerrar el círculo de los asesinados cometidos por los golpistas de julio de 1936. Es consecuencia del tiempo pasado, más de ochenta años, las intenciones de ocultamiento de quienes las protagonizaron, la numerosa documentación destruida, distraída o todavía no accesible y la desaparición de testigos directos.

Sin embargo, cuando menos se espera sale un nuevo hilo de la madeja.

Es lo que ha ocurrido durante los meses que han transcurrido entre la finalización de la investigación y el momento en que la publicación da sus últimos pasos para su aparición. Hace unas semanas han surgido informaciones familiares que sacaban del olvido a Carlos Bouha Feria, un joven sevillano de 17 años, residente en Cádiz que trabajaba como temporero en la sección de Estadística del ayuntamiento en julio de 1936.

El nombre no nos resultaba desconocido. Era uno de los eventuales que habían entrado a trabajar en marzo de 1936, tras el triunfo del Frente Popular y la formación de una nueva gestora municipal. Estaba entre los primeros cesados por no haberse presentado al trabajo el miércoles 22 de julio; cuando lo ordenó la nueva gestora municipal golpista presidida por Eduardo Aranda Asquerino. Así figuraba en la relación, de fecha 23 de julio, que realizó la sección de Estadística, para que el “comandante encargado de la Alcaldía” decretara su cese por falta de asistencia. Hay que resaltar que de esa relación de veinte personas al menos cinco fueron asesinadas. Después desapareció cualquier referencia al destino que había tenido Carlos Bouha.

Tras la toma de contacto con sus sobrinos nietos, de sus investigaciones surgieron nuevos datos sobre su personalidad. En primer lugar que, como señalaban los padrones municipales, había llegado a Cádiz en 1931 y que en 1936 vivía en el número 22 de la calle Sopranis en compañía de

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

su padre, Carlos Bouha Acedo, un trabajador de una compañía marítima asturiana destinado a la ciudad. También vivían allí tres hermanos: Luisa, Manuel y Josefa; y una señora de 55 años llamada Ángeles Álvarez Fernández. De momento se desconoce su relación familiar aunque sabemos que en 1936 también fue asesinada. Su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros y fue enterrado el día 1 de noviembre.

Además, Luisa, la hermana mayor de 18 años, fue detenida y encarcelada también en septiembre. En la cárcel gaditana permaneció hasta el 15 de diciembre cuando, finalmente, quedó en libertad. Así lo recogió Alicia Domínguez en su trabajo El verano que trajo un largo invierno (Cádiz, Quorum, 2004). La autora pudo consultar los libros de registro de entradas y salidas de la Prisión Provincial de Cádiz en la actualidad inaccesibles. Fue a prisión por orden del gobernador civil, Eduardo Valera Valverde. Desconocemos las causas. Así por qué fue liberada el 15 de diciembre con un inquietante: “entregada a los agentes”. Inquietud que no se plasmó, como en otras ocasiones, con su desaparición o que su cadáver se encontrara en algunos de los mataderos de la ciudad como el foso de la Puerta de Tierra o los alrededores de la plaza de toros.

En contacto con los familiares fuimos tirando de diversas fuentes y así supimos que Carlos Bouha era una persona lo suficientemente conocida en los círculos juveniles socialistas y comunistas para que, en junio de 1936, formara parte de la directiva de las Juventudes Socialistas Unificadas como vocal de propaganda. Una junta de la que, al menos su presidente Francisco López Peñaranda y el secretario Santiago Fernández Péculo, también fueron asesinados. Una militancia que el servicio de información de la Guardia Municipal recogía en la ficha que le abrió y en la que también constaba que, además, era responsable de una de las células locales del PCE y miembro del Socorro Rojo Internacional. En esta ocasión con el peculiar nombre de Carlos Bolina (sic) Feria.

El origen belga del apellido resultaba complicado para los escribientes franquistas. En la ficha que le abrieron a la hermana de Carlos, Luisa, figura una anotación en la que se dice textualmente que “tiene un hermano Carlos Bouza Feria”. Igualmente, los amanuenses de la justicia militar golpista, en septiembre de 1938, abrieron un expediente por prófugo contra Carlos “Boulia” Feria.

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UN TEXTO DE ÚLTIMA HORA Y UNA NOTA PREVIA

Con estos antecedentes y la memoria familiar que siempre le ha considerado como “muerto en la Guerra Civil” tenemos la certeza de que Carlos Bouha Feria es uno de los desaparecidos y, con casi total seguridad, de los asesinados por los golpistas del verano de 1936. Quizás sea uno de los ochenta cuerpos enterrados como desconocidos en el cementerio gaditano durante el verano y otoño de 1936. Su enterramiento no está inscrito.

Como tampoco aclaradas las circunstancias de su detención y muerte.

No figura en los libros de ingreso de la Prisión Provincial ni si, a tenor de la documentación que conocemos, pasó por las otras checas abiertas por los golpistas en la ciudad: el vapor Miraflores, las instalaciones de la antigua Fábrica de Torpedos construida por Horacio Echevarrieta o el propio Casino Gaditano convertido en cuartel de Falange.

Han tenido que pasar más de ocho décadas para que unos nietos de Luisa Bouha Feria, decididos a conocer lo ocurrido con su tío abuelo, se pusieran en contacto con la Oficina Municipal de Memoria Histórica de Cádiz. Desde ella llegó la consulta a nuestras manos y el contacto quedó establecido. Un ejemplo de la necesidad social, y personal para los directamente afectados, de continuar estudiando en profundidad la terrible represión que se abatió sobre todos aquellos que, quienes ocuparon la ciudad los cálidos días del verano de 1936, consideraban sus enemigos; y que no tenían cabida en la nueva España que iban a construir si vencían.

Cómo lo lograron Carlos Bouha, al igual que otros miles de conciudadanos, quedó sepultado bajo una ignominiosa capa de olvido que debe de ser de una vez barrida. Nuestra dignidad social y personal nos lo exige tanto por salud colectiva como estima personal.

NOTA PREVIA Para facilitar lectura del texto hemos decidido no incluir notas, ni a pie ni finales.

Todas las referencias documentales figuran en la primera columna de las tablas generales de trabajadores depurados, tanto para los definitivos como para los readmitidos con posterioridad, que incluimos.

Las bibliográficas figuran en los títulos citados en el apartado correspondiente.

Queremos agradecer la colaboración de todas las personas y entidades que han facilitado nuestro trabajo. Sin ellas este libro no hubiera sido posible.

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“¡A ese!”

Ese es un rojo. ¡Perseguidlo!

Ese es un rojo. ¡Aniquiladlo!

Ese es un rojo. ¡No lo olviden!

Pertenece a la horda.

Es de la tribu de los alzados infrahombres.

No tiene frente de nobleza.

No tiene manos, sino garras.

No tiene boca, sino pico.

No son huellas de pasos de pisadas.

Son sus palabras alaridos.

Tienen ojos redondos de alimaña que miran… y destruyen cuanto miran. ¡Ese es un rojo!

No es un hombre ¡Ese es un rojo!

Que no haya paz a su lado nunca, nunca.

Que se le cierren todas las puertas.

Que el cielo encima se le caiga.

Que le lluevan denuncias y denuncias.

Que el dedo lo señale y, descubierto, comparezca en el centro de la plaza. ¡Ese es un rojo!

No es un hombre.

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Que por su hundida frente impura los pensamientos se retuerzan.

Que por su roto pecho, el aire como la nieve cristalice.

Que el corazón le estalle, tenso de endurecida sangre coagulada.

Que se le llenen de agujeros las fugitivas plantas en su huida.

Que cuando alcance la frontera un paredón le cierre el paso.

Que el exterminio siga y siga, hasta en los hijos de los hijos. ¡Ese es un rojo! ¿Un rojo? ¡Alto! ¡Ese es un rojo! ¿Un rojo? ¡Muerte!

Vicente Carrasco Illescas Médico municipal y poeta El Muro Levantado (Caracas, Island, 1970)

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Introducción

El rayo exterminador. La anulación del otro No rompemos ningún secreto si adelantamos que este trabajo concluye que la represión que los golpistas de julio de 1936 desencadenaron sobre los trabajadores municipales de Cádiz tuvo una finalidad fundamentalmente política, de eliminación, física y laboral, de aquellas personas que habían pertenecido a los partidos republicanos y a los grupos obreros presentes en el ayuntamiento. Un objetivo que aparece, una y otra vez, en la variada y abundante documentación existente. Frases como “perteneció a Izquierda Republicana” (en adelante IR), “se le considera simpatizante de los partidos del Frente Popular”, son una constante en los informes y los expedientes abiertos para depurar a quienes se les atribuía haber llevado al país a la ruina. Incluso en los libros de personal quedó escrito, junto al nombre del depurado, “P.P.”. Es decir “Partido Político” en referencia a la orden gubernativa de agosto de 1936.

No fue un hecho aislado, específico del cabildo gaditano. Al contrario, de forma sistemática, todas las instituciones fueron limpiadas de desafectos.

Una desinfección, por utilizar palabras de los propios golpistas, que terminaría llevándose la vida de más de 700 personas en la ciudad. Entre ellas a más de tres decenas de trabajadores municipales. Además de encarcelar a otros centenares, también decenas de ellos empleados del ayuntamiento, y depurar, en un primer instante a casi la mitad de la plantilla.

Aunque, finalmente, el número de despedidos quedó en 413 de los 1.380 trabajadores con los que contaba el 18 de julio de 1936 el ayuntamiento gaditano. Prácticamente un 30% del total. Porcentaje que se eleva por encima del 40% si se tienen en cuenta a los que eran funcionarios.

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, las autoridades franquistas abandonaron la retórica de “Cruzada” contra el marxismo, la masonería y el separatismo con la que hasta entonces habían intentado justificar el golpe de Estado, la matanza que le siguió y la gestión de una victoria muy alejada de la paz. Pusieron entonces en marcha la idea de los “dos bandos”. Por ella, lo ocurrido tenía una responsabilidad compartida entre “nacionales” y “republicanos”. Detrás de las bambalinas quedó que los primeros eran unos golpistas y los segundos quienes

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

defendían el régimen constitucional. Una idea que, con matizaciones, sigue presente hoy día en una gran parte de la sociedad española. Incluso en lugares, como Cádiz, en los que se habla con toda naturalidad de “guerra civil”, se equipara la acción golpista con las medidas para neutralizarlo de las autoridades y se caricaturiza la resistencia de la población como la actuación de grupos de desalmados más preocupados por saquear que derrotar a los golpistas. Ni siquiera se habla de que su triunfo costó la vida a casi dos docenas de gaditanos.

Ya en el siglo XIX el estado liberal español mostró sus debilidades y estrechos límites. Si la monarquía de Isabel II se convirtió en un primer momento en la esperanza de las nuevas clases burguesas emergentes, no fue capaz de mantener ese espíritu revolucionario durante las décadas siguientes.

Hasta el punto de que la propia conformación del Estado, entre monarquía o república, terminó convirtiéndose en una de las cuestiones centrales en discusión. La alianza entre los viejos sectores del antiguo régimen y los nuevos burgueses terminó por configurar un estrecho marco político y social en el que, cada vez más, amplios grupos de la población quedaron excluidos. No solo ocurrió con el mundo proletario en formación y desarrollo sino también con sectores del burgués. La administración del Estado y sus símbolos, la bandera por ejemplo, quedaron en manos de quienes se consideraban no solo sus únicos representantes sino también propietarios de ellos.

Así se entiende el malestar con el que fue recibida la Segunda República que significó que, casi por primera vez, administración y representantes públicos no quedaran dentro del marco político-social marcado por la Restauración de 1875 y la Dictadura de Primo de Rivera. Fue lo que pasó con los ayuntamientos en los que los grupos dominantes fueron sustituidos por representantes de la burguesía más liberal –republicana, laica, masónica– y de los sectores políticos del mundo obrero, en especial el PSOE. Una situación inadmisible para quienes, como se ha dicho, se consideraban eternos representantes y propietarios de la institución. Hasta el punto de que para recuperarlo, por las buenas o por las malas, se dispusieron desde la propia primavera de 1931. No es posible entender los años de régimen republicano sin tener en cuenta la conspiración permanente del mundo ultraderechista español y la acción de grupos fascistas como Falange.

Cádiz no fue una excepción. La entrada del republicanismo y el socialismo en el ayuntamiento fue duramente contestada. Más aún cuando en la ciu-

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EL RAYO EXTERMINADOR. LA ANULACIÓN DEL OTRO

dad el sector mayoritario era el radical socialista que evolucionó hacia el azañismo de la IR a de 1936. Por cierto, ¿para cuándo un estudio profundo de estos partidos y de sus apoyos sociales? Si bien es cierto que el franquismo intentó borrar cualquier rastro del asociacionismo político y sindical obrero, también lo es que, tras cuarenta años de democracia, la recuperación de la historia proletaria gaditana ha sido mayor que la de su burguesía que parece no tiene quien le escriba. Quizás porque su desmoche fue tal que sus espacios políticos y sociales han sido ocupados por otros.

El ayuntamiento de Cádiz se convirtió en una de las palancas de transformación del nuevo régimen. No es este el lugar para desarrollar esta idea, pero baste decir que la acción del nuevo cabildo, también falta de estudiar en profundidad, tuvo unas líneas de trabajo muy diferentes a las de los anteriores. Desde parar la quiebra económica en la que se encontraba a emprender caminos laicos, educativos y sociales ligados con ese mundo burgués liberal al que representaban. Un hecho muy evidente en la militancia política mayoritaria de quienes, finalmente, fueron depurados por los golpistas: IR. La represión municipal fue inmediata, masiva y ejemplar. Apenas comenzado el otoño sus principales representantes, como lo estaban siendo los concejales, habían sido asesinados, despedidos, procesados o encarcelados. Desde quienes ocupaban importantes cargos en la estructura funcionarial hasta el más humilde barrendero pasando por los temporeros. Verá el lector que fueron represaliados desde oficiales de 1ª hasta peones. Por ejemplo, asesinados fueron Manuel Lapi, chófer de bomberos, y Vicente Ballester, capataz en Vías y Obras; el uno funcionario, el otro temporero, pero sobre todo cabezas del movimiento obrero local como destacados militantes de la UGT y la CNT. Pero también lo fueron personas tan alejadas de cualquier extremismo proletario como Antonio Muñoz Dueñas y Manuel Baras Artés, jefes de la Guardia Municipal; Rafael Calbo Cuadrado, médico de la Beneficencia; Antonio Marchante Carrasco, oficial 1º y secretario del alcalde; o Rafael Vera Monge, jefe de sección y veterano funcionario de gran influencia y prestigio en la casa.

Pero no solo fue el asesinato, la aplicación de la máxima expresión del terror con fines políticos, el instrumento exterminador de los golpistas.

Como los rayos, hubo otros de diferente intensidad. Médicos, practicantes, directivos y trabajadores del SMAE, maestros, barrenderos, conductoras

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

de niños, escribientes, peones, músicos de la banda municipal, bomberos, guardias municipales, etc. fueron detenidos, encarcelados y procesados. Al despido le siguió la incautación de bienes, la inhabilitación del ejercicio profesional, el abandono de la ciudad, el exilio y la persecución por tribunales especiales como los de Responsabilidades Políticas y el de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Además de los cambios sociales y económicos que significaron para muchas personas, el ostracismo personal, lo que llamamos exilio interior, y cambios de conducta personales y familiares. Ya se ha dicho, pero no está de más recordarlo, unas situaciones que padecieron, de forma provisional o definitiva, 541 trabajadores municipales.

El rayo exterminador no fue cosa de tormenta de verano; se prolongó durante años. El espacio cronológico de este trabajo así lo indica. En 1950 todavía depuraban los intentos de readmisión, que ni siquiera eran los más comprometidos, sino que además se apelaban a las viejas justificaciones. El lector verá el caso del funcionario que tuvo que reconocer, a cambio de su readmisión, como justa su depuración y hacer una autocrítica, como “pecado de juventud”, de su militancia política.

Los ya vencedores ni olvidaban, ni perdonaban. Se mantenían vigentes las alertas que durante mucho tiempo se oían cada noche desde los micrófonos de Radio Nacional de España: “La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la Historia.

La sangre de los que cayeron por la Patria no consiente el olvido, la esterilidad ni la traición. Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior”.

Este trabajo quiere aportar su grano a la construcción histórica de un periodo, de unos hechos, que todavía hoy no solo no están cerrados por la historiografía, sino que siguen siendo una asignatura pendiente para el conjunto de la sociedad española. Por supuesto no es el trabajo definitivo. Ninguno lo es y mucho menos este que tiene tantos flecos y caminos abiertos por los que transitar más profundamente. Estaríamos satisfechos con que sirviera de herramienta para que el pueblo gaditano no solo conozca mejor su historia, sino que tenga un útil que le ayude a construir una sociedad más justa, solidaria y libre. Nuestra responsabilidad como científicos así nos lo pide.

María-Cristina López-García José Luis Gutiérrez Molina

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Capítulo 1

Golpe, resistencia y ocupación del ayuntamiento Durante las semanas anteriores al 18 de julio de 1936, autoridades y golpistas gaditanos tuvieron una frenética actividad. Unas para defender el orden constitucional; los otros para comprometer al mayor número posible de personas e instituciones. Cuando llegaron las primeras noticias de que la asonada había comenzado en el protectorado marroquí, ambos se pusieron en movimiento. Las autoridades ordenaron la detención de Enrique Varela, el militar carlista del que se sabía era el principal conspirador en la ciudad, y ya de madrugada, en el Gobierno Civil, se celebró una reunión a la que acudieron un buen número de representantes políticos, sindicales y de diversas entidades sociales. En ella se decidió cómo hacerle frente. También, los golpistas activaron sus movimientos: Varela comunicó su detención a los conspiradores en Sevilla, informó a los contactos civiles gaditanos de la inminencia del golpe y López Pinto trasladó grupos de soldados al interior del edificio del Gobernador Militar.

Amanecido el sábado 18, la actividad fue frenética. Conocida la sublevación en Sevilla y los primeros movimientos de los golpistas, las calles comenzaron a agitarse: al llamamiento de huelga general los comercios comenzaron a cerrar y un buen número de ciudadanos acudieron al Gobierno Civil. Allí les sorprendió la llegada de las tropas desde los cuarteles de la Puerta de Tierra y la Caleta. Habían declarado el Estado de guerra y se disponían a rodear los edificios oficiales y sellar el acceso a ellos de la repuesta popular. Tan pronto se extendió la noticia de los movimientos de tropas, grupos de trabajadores se dirigieron hacia los locales sindicales, se declaró la huelga general y, desde los micrófonos de radio Cádiz y mediante panfletos, se llamó a la población a resistir e intentar romper el sitio.

La ocupación de la capital se saldó con más de una docena de muertos y otras dos decenas de heridos entre la población civil. Además de un corneta muerto y varios soldados y oficiales heridos entre los golpistas.

En el transcurso de los enfrentamientos entre resistentes y golpistas una veintena de edificios del centro de la ciudad fueron destruidos. No fue el resultado de una acción de turbas descontroladas cuya finalidad era el

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

saqueo, sino la consecuencia del desigual enfrentamiento entre grupos de civiles y profesionales de la guerra, que llevaban meses preparando su actuación, durante varias horas.

Tras su victoria, los golpistas intentaron manchar la memoria y personalidad de las autoridades atribuyéndoles incitar a la destrucción y al caos antes que a organizar la defensa. No fue así, desde el Gobierno Civil se intentó parar la sublevación o, al menos, retrasar su triunfo hasta la intervención de fuerzas del Ejército y del apoyo armado pedido a otras poblaciones de la provincia. Todas ellas estuvieron en sus puestos junto a los principales dirigentes políticos y sindicales de la ciudad. Gobernador, capitán de la Sección de Asalto y jefes de la Comandancia de Carabineros y del Departamento Marítimo buscaron la forma de hacer frente a la sublevación de la mayor parte de la guarnición; tanto del Regimiento de Infantería como del de Artillería de Costa y del de la Infantería de Marina de la vecina San Fernando.

El 18 de julio de 1936 gaditano no fue, como mantuvieron los golpistas durante décadas, una acción caótica de grupos de incendiarios y saqueadores, sino una resistencia organizada de grupos formados entre quince y veinte personas, que paralizó la actividad económica, levantó barricadas y desarmó a guardias municipales y carabineros. La destrucción de los comercios fue el resultado de los enfrentamientos. La violencia golpista fue respondida con una resistencia igualmente violenta.

La desigualdad y la contundencia en la represión fue tal que la resistencia quedó aplastada al día siguiente, tras la llegada a la ciudad de las fuerzas africanas. Aunque pasaron semanas antes de que la ciudad pudiera considerarse pacificada. Cuando eso ocurrió ya se había puesto en marcha la maquinaria terrorista encargada de exterminar a todo aquello que representara los valores contra los que se habían sublevado. Quienes mandaban en la ciudad eran los ya ex-militares del Ejército español que habían sido expulsados, y sus unidades disueltas, por las autoridades legítimas.

Ejercían la autoridad apoyados en la razón de la fuerza.

Era el gobierno militar golpista quien aprobaba lo que se decidía en los salones del Areo-Club, el Comedor Vasco o el Bar Madrid; la que enviaba

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GOLPE, RESISTENCIA Y OCUPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

a la cárcel, y a las checas habilitadas a tal efecto en la abandonada Fábrica de Torpedos o el incautado carbonero Miraflores de la Naviera Vascongada, a centenares de gaditanos considerados enemigos de los valores del “Movimiento Nacional”. Muchos de estos secuestrados salieron para ser asesinados y sus cadáveres aparecieron en las propias calles de la ciudad, en los alrededores de la plaza de Toros, de las playas de La Victoria y la Caleta o en el Varadero. No hacían falta más trámites.

A punto de terminar 1936, eran ya cerca de 600 las personas asesinadas en la ciudad. Todo un ejercicio de terrorismo político que se convertiría en una de las señas de identidad del régimen que los golpistas iban a construir.

La resistencia en el ayuntamiento La noche del 17 de julio se había reunido el pleno municipal. Lo presidió, como alcalde en funciones, Rafael Madrid González, primer teniente de alcalde, que sustituía a Manuel de la Pinta de oposiciones en Madrid.

Tuvo que ser largo: hasta 32 puntos de orden del día más y otros quince en ruegos y preguntas. De hecho, el acta, elaborada por el secretario, figura sin firmar por los concejales en el libro de actas. Seguramente la mañana del sábado se viviría en las dependencias municipales con la misma expectación que en el resto de la ciudad. Lo que sí parece seguro es que Madrid estaba en el ayuntamiento, cuando las tropas salieron a las cuatro de la tarde y las del Regimiento de Infantería se instalaron ante la plaza de San Juan de Dios con una ametralladora.

Fue el momento en el que comenzaron a levantarse barricadas en las calles cercanas, hubo desarmes de guardias municipales y grupos de paisanos entraron en las dependencias municipales pidiendo armas. En el interior, junto al alcalde; se encontraba, entre otros, Manuel Baras Artés, el jefe de la policía municipal. Ambos, en contacto telefónico con las autoridades sitiadas en el Gobierno Civil, decidieron enviar a guardias en bicicleta para avisar a los libres de servicio para que se concentraran en el cuartel de la plaza de San Juan de Dios. Algunos de ellos también fueron desarmados por grupos de paisanos en las calles. Entonces, se decidió suspender el servicio y todos los guardias permanecieron en el ayuntamiento. Poco después, tras la tregua decretada en el gobierno

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civil para permitir la evacuación de familias y civiles, llegó Antonio Muñoz Dueñas, un oficial de artillería retirado, que se presentó como delegado gubernativo para tomar el mando de la defensa del edificio.

Muñoz negó las armas a los paisanos y distribuyó a los guardias municipales por la parte delantera de las plantas baja y alta del edificio. En la trasera; en la baja, fueron situados los serenos y aquellos guardias que menos confianza despertaban. Además, previa firma de un recibí, les fueron entregadas algunas pistolas a los concejales que estuvieron en el edificio.

Según declaró, sus órdenes fueron de disparar solo si quienes intentaban asaltar el edificio eran civiles. También, entrada la noche, gestionó el envío de un buen número de bocadillos con los que dar de cenar a los resistentes.

En el exterior, por lo que conocemos, durante la tarde y la noche del 18 de julio las acciones de las tropas de los sublevados se dirigieron fundamentalmente a destruir las barricadas de las calles cercanas y dispersar a sus defensores. Hacia ellas, como la de la calle Sopranis, se realizaron algunos disparos de ametralladora y fusilería. Aún así, el trasiego de personas que entraban y salían del edificio municipal continuó por las puertas de acceso de la calle San Juan de Dios y la trasera de la calle San Antonio Abad. Por ellas fueron aprovisionados de alimentos y, por allí, un buen número de personas salieron cuando se supo de la llegada de los refuerzos africanos para los sublevados. Entre ellos, el alcalde Madrid y los concejales José Miranda de Sardi, Bernardino Jiménez del Moral, Federico Barberán, Rogelio Millán del Río y Florentino Oitaben. Una treintena de personas permanecían en el interior del edificio cuando medio centenar de soldados, al mando del teniente Antonio Romero, penetró poco después de las siete de la mañana por la puerta de la Prevención Municipal.

Habían bastado unos cuantos disparos hacia la balconada central de la fachada principal para que comenzaran a aparecer banderas blancas en los balcones. Tampoco hubo más que otro corto intercambio de disparos, algunos provenientes de casas vecinas, cuando el oficial subió las escaleras de la Prevención hacia el interior del ayuntamiento. Tiros que fueron atribuidos a Francisco Rendón y a Manuel Muñoz Dueñas. Poco después llegó un pelotón de las fuerzas africanas recién desembarcadas, en columna de a dos y disparando.

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GOLPE, RESISTENCIA Y OCUPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Según declaró un testigo, la entrega del edificio la realizó el mayordomo Abelardo Leal Ortiz. Después, los paisanos fueron trasladados a varias dependencias, y municipales y serenos, desarmados, y encerrados en uno de los patios. Entre los primeros estaban los concejales, Juan Camerino Benítez y Luis García Pérez Martell; los trabajadores municipales, Emilio García Rodríguez, Antonio Marchante Carrasco, José Santandreu Palateiro y Abelardo Leal Ortiz; el dirigente comunista local Francisco Rendón San Francisco y Antonio Muñoz Dueñas, el delegado gubernativo, quienes fueron acusados de haber disparado contra los asaltantes y organizar y dirigir la resistencia.

Aunque también estaban entre las detenidas personas a quienes les cogieron los acontecimientos en el edificio y allí permanecieron hasta el día siguiente. Fue el caso de Francisco Mateos Paredes, un empresario que había ido al ayuntamiento porque tenía alquilados unos trajes de torero para la charlotada prevista en la plaza de toros esa noche. Cuando iba a entrar le sorprendió una descarga que le llevó a refugiarse en el edificio.

También el de Francisco Campos Milán, hermano del concejal Manuel Campos Milán que, preocupado por los acontecimientos, fue al ayuntamiento a interesarse por su hermano.

Después, el jefe de la fuerza formó a los detenidos, cruzó el edificio, y salió por la puerta principal hacia la plaza de San Juan de Dios. Allí se encontró con Varela y el grupo de Regulares.

En consecuencia, tanto el ataque, como la resistencia del ayuntamiento pueden señalarse como de pasivos; a la expectativa de lo que terminara ocurriendo en el Gobierno Civil y de si se concretaban las noticias de que el gobierno iba a mandar aviación y tropas desde Madrid y Málaga. Todos los testimonios coinciden en que hasta la mañana del 19 apenas hubo tiroteos, salvo para despejar la resistencia de las vecinas calles de Canalejas, Sopranis y plaza de las Canastas, desde las que hubo tiradores toda la noche. Incluso hubo quien afirmó que, a través de las ventanas, sitiadores y sitiados conversaron. De hecho, la inspección ocular que realizó el instructor del sumario abierto, unos pocos días después, solo pudo testimoniar cuatro impactos de bala procedentes de los disparos efectuados por la fuerza al entrar en el edificio por la parte posterior; ninguno de los

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que se realizaron desde el interior. En la fachada principal, se observaron cinco impactos en el balcón principal y, en la zona de la alcaldía, un grupo de impactos procedentes de la ametralladora.

En poder de los sublevados, en las celdas de la policía municipal, comenzaron a llegar detenidos de diferentes lugares de la ciudad. A otros, como al concejal Camerino, detenido en el edificio, lo sacaron al día siguiente, para ser trasladado al Gobierno Civil y su pista se ha perdido hasta hoy. A fines de julio permanecían en los calabozos una veintena de los detenidos en el ayuntamiento o en sus alrededores; de los que nueve fueron asesinados en fechas posteriores. Semejante destino tuvieron algunos de los que habían salido durante la noche o antes de la ocupación.

Fue lo que ocurrió con los concejales ya citados, incluido el alcalde accidental; con empleados municipales como Manuel Molina Ledo y Juan Marín Hinojosa o vecinos que secundaron al llamamiento de resistencia como Antonio Benítez Utrera o Antonio Marchante Carrasco. Otros salvaron la vida aunque fueron detenidos y encarcelados como Antonio Periñán Fernández, concejal socialista.

También terminaron en los calabozos municipales otros detenidos en distintos puntos de la ciudad. José Trechera fue detenido, la mañana del 19, en las cercanías del ayuntamiento. Era un dependiente del ultramarinos El Palillero y fue reconocido por un guardia municipal como la persona que, la tarde del 18 de julio, le había quitado la pistola junto a la estatua de Moret. También fue asesinado. Igual destino tuvo Francisco Rendón San Francisco. A este relojero, uno de los más conocidos militantes comunistas de la ciudad, le fue atribuida tanto la dirección de la resistencia como el haber disparado contra la fuerza cuando intentaba entrar por la calle San Antonio Abad. Como los demás, fue encerrado en las celdas de la prevención. Al día siguiente, 20 de julio, un camión del ejército se detuvo en la esquina de la plaza. Venía del cuartel del Regimiento de Costa, junto a la Caleta, con varios presos, junto a los que recogiera en el ayuntamiento, para trasladarlos a la prisión provincial.

Considerados peligrosos, fueron trasladados al camión, además de Rendón, Antonio Muñoz Dueñas, Norberto Iglesias Sánchez, Saturnino Márquez Martínez y Manuel Abascal Alvarado. El relojero fue atado

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junto al dirigente socialista Norberto Iglesias. Rendón preguntó si los sacaban para fusilarlos y, cuando subió al camión y durante el trayecto, dio vivas al comunismo. Cuando llegaron a la cárcel, se sintió maltratado por el oficial que los conducía y, tras pedir agua, le arrojó un buche a la cara. Los golpistas le abrieron un consejo de guerra, presidido por Pedro Jevenois, que le condenó a muerte apenas quince días después. El 9 de agosto fue pasado por las armas en el foso de la Puerta de Tierra.

En 1937, cuando se reanudó la instrucción del sumario abierto tras la ocupación del ayuntamiento, el nuevo juez, Nicolás Chacón de Lara, recapituló y se encontró con que, de los que lo habían defendido, se les había aplicado el bando de guerra o habían sido asesinados tras pasar ante un consejo de guerra, a los jefes de la Guardia Municipal Antonio Muñoz Dueñas y Manuel Baras Artés; a los concejales Luis García Pérez Martell, Rafael Madrid González, Bernardino Jiménez del Moral, Barberán Díaz, José Miranda de Sardi, Camerino, Rogelio Millán del Río y Florentino Oitabén; a los empleados municipales Molina Ledo, Marín Hinojosa, Emilio García Rodríguez y José Santandreu Paleteiro; además de los paisanos Francisco Rendón San Francisco, Antonio Marchante Carrasco, Manuel Campos Milán, José Trechera y Rufino Pichaco. De otro lado, Mateos Paredes, había sido puesto en libertad; el concejal Antonio Periñán había comparecido ante un consejo de guerra que le había condenado a 30 años, los mismos que a Benítez Utrera; al panadero Luis Aragón Moreno, de quien diversos testimonios aseguraban que había pasado por las dependencias municipales pidiendo armas, terminaron sobreseyéndole el sumarísimo una vez que fue detenido.

En resumen, fueron 19 las personas asesinadas de las que estuvieron en el ayuntamiento. Todas bajo custodia de las autoridades golpistas. Diecisiete de ellas, sin ningún tipo de formalismo, a lo largo del verano y otoño de 1936; otras dos en enero de 1937.

A la vez que se eliminaba al ayuntamiento gubernamental, los golpistas realizaron gestiones para sustituirlo por una comisión gestora compuesta por personas afines. La misma noche del 18, López Pinto conversó con Juan Luis Martínez del Cerro Picardo para buscar nombres de sustitutos. Al día siguiente, López Pinto ya se lo había encargado a

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Eduardo Aranda Asquerino, un jefe de artillería retirado en 1936, que tuvo un importante papel en la puesta en libertad de Varela y ocupado la central telefónica de la calle Ancha. Junto a él estaban otros tres jefes militares retirados: Joaquín Escolano Mateo, Manuel Quevedo Flores y Luis Rodríguez Ponce de León que estarían auxiliados por los civiles, exconcejales, Juan Luis Martínez del Cerro, Adolfo Núñez Palomino y Francisco Sánchez Cossío.

Aranda Asquerino era yerno del viejo cacique monárquico Ramón de Carranza. Estaba casado con su hija Micaela y había desarrollado toda su carrera militar en el regimiento de artillería de costa de la ciudad hasta su retirada por la ley Azaña en 1931. Igualmente, Escolano Mateo, miembro de una tertulia en el Casino Militar que se destacó tras el golpe, era un militar retirado en 1931 y que se ocuparía de la Delegación de Orden Público durante los meses más duros de la represión. Quevedo Flores había sido ayudante de campo del gobernador militar de Cádiz, el general Julio Mena Zueco.

Los elementos civiles pertenecían a los estamentos más conservadores de la sociedad gaditana. Juan Luis Martínez del Cerro Picardo, miembro de familias del mundo vitivinícola y financiero de la ciudad, había sido concejal durante la Dictadura de Primo de Rivera con Carranza y durante los años republicanos presidió Acción Patriótica y estuvo en la directiva de la CEDA. Núñez Palomino, abogado, era también directivo de la CEDA y había ocupado la dirección del colegio de San Felipe tras la expulsión de las órdenes religiosas. Por último, Sánchez Cossío, también concejal con Carranza, y que, en 1947, ocuparía la alcaldía de la ciudad.

Así que, a las doce del mediodía del lunes 20 de julio, en el salón de plenos se reunieron los componentes de la Comisión Gestora designada por los jefes golpistas. Fue la única vez que se reunió. Cuando volvió a hacerlo el ayuntamiento, lo haría para la presidencia del nuevo alcalde golpista, Ramón de Carranza Fernández de la Reguera, que había tomado posesión del cargo el día anterior nombrado por la autoridad militar. El primer expuesto de la alcaldía fue convalidar 76 de los ceses decretados por la Comisión gestora el día 22 de julio. Comenzaba una nueva época cuya primera inquietud era la depuración de los trabajadores municipales.

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Capítulo 2

El surco depurador: las herramientas (1936-1940) Aunque en el terreno de la historiografía relacionada con la represión franquista la depuración laboral haya sido un tema poco recurrente, esta actuación condicionó la vida de centenares de miles de familias en todo el país. No en vano, los militares sublevados fueron conscientes desde el primer momento de la importancia del control de los órganos de la administración a todos los niveles, siendo especialmente violentos los procesos llevados a cabo desde el seno de las propias Casas Consistoriales.

Sabemos que las herramientas y el esquema seguido por el Ayuntamiento gaditano no difirieron mucho de la mayoría de otras poblaciones españolas. Exceptuando matices, en todo momento se trató de llevar a cabo una exhaustiva purga ideológica con importantes consecuencias sociales y económicas. Por tanto, el temor no vino únicamente condicionado por la eliminación física de los opositores al golpe, sino también por el miedo a perder el sustento del que muchas veces dependían mujeres, ancianos y niños.

No cabe duda de que este sistema represivo llevaba consigo un importante análisis previo. Un estudio de leyes y decretos que no solo eliminarían de sus cargos a personas sospechosas de pertenecer al Frente Popular o ser miembros de las distintas logias masónicas, sino que todos los despidos se llevarían a cabo con asombrosa rapidez.

A pesar de esta inmediatez, el proceso depurador no se vio totalmente completado hasta bien entrado los años 40, pudiéndose establecer una serie de fases que, dependiendo de particularidades locales, creemos que difirieron de una población a otra. Centrándonos en el caso concreto de Cádiz, desde el año 1936 hasta el 1939, se pueden distinguir los periodos señalados en las páginas siguientes.

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Desde el 21 de julio hasta el 6 de agosto de 1936 En esta primera etapa se utilizaron diversos instrumentos para separar de sus trabajos a las personas, trabajadoras del Ayuntamiento, que iban a ser depuradas. En primer lugar, debemos citar el Bando de 22 de julio, emitido por Eduardo Aranda Asquerino, presidente de la comisión gestora que previamente habían nombrado las autoridades golpistas. El mismo ordenaba despedir a todo aquel que no se hubiera incorporado a su puesto de trabajo en un plazo de dos días, no importando las circunstancias personales de cada uno de ellos.

Posteriormente, al ser nombrado alcalde Ramón de Carranza Fernández de la Reguera, se dio a entender que la razón de esta actuación no era más que una cuestión de “orden público”. De la misma manera decretó la disolución inmediata de los sectores más conflictivos: la Guardia Municipal, los Bomberos y los Servicios Municipalizados de Luz y Agua (en adelante SMAE).

Todos ellos fueron reorganizados con posterioridad dejando fuera al personal considerado no adicto e incorporando a personas afines al régimen.

La circular 2475 del gobernador Eduardo Valera Valverde (6 de agosto de 1936) Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el viernes 7 del mismo mes, esta circular ordenaba lo siguiente: “Núm. 2475 CIRCULAR En virtud de las atribuciones delegadas de mi autoridad por el Excmo. Señor General Comandante Militar de Cádiz, dirijo la presente circular a los señores que en cada Ayuntamiento integran las Comisiones municipales gestoras, a fin de que en cada Corporación se verifique una escrupulosa depuración del personal de todas las clases y categorías dependientes de las mismas, para que fulminantemente queden separados definitivamente de sus cargos todos aquellos que hubiesen tenido relación con el llamado Frente Popular, por ser esta medida absolutamente necesaria para que dentro de cada municipio

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aquellos funcionarios que con olvido de sus deberes más elementales se dedicaron a actuar políticamente, contribuyendo con ello a la ruina que para la Patria ha significado el mencionado Frente Popular queden sancionados adecuadamente.

Los Sres. Presidentes de las Comisiones Gestoras, por Delegación de mi autoridad, adoptarán las providencias necesarias para el inmediato cumplimiento de la presente, sin vacilaciones de ningún género, haciéndolo responsable de cualquier negligencia que observe en su ejecución y asimismo se servirán comunicarme por correo que quedan enterados de esta orden, a sus correspondientes efectos.

Cádiz 7 de Agosto de 1936 –El Gobernador civil, Eduardo Valera Valverde.”

Esta circular dio carta blanca para que entre los meses de agosto y octubre de 1936, en el Ayuntamiento de Cádiz se llevara a cabo una intensa depuración que afectó a un altísimo porcentaje de la plantilla.

El decreto ley 51 de la Junta Técnica del Estado Este tercer momento, coincidiendo con el nombramiento de Francisco Franco Bahamonde como Jefe del Estado Español, comienza con la constitución del primer gobierno golpista bajo el nombre de Junta Técnica del Estado, creada el 1 de octubre de 1936. Dos meses más tarde, el nuevo Boletín Oficial del Estado publicó, en su número 9 de diciembre un decreto ley (Nº 51), de fecha 5 de ese mes donde se dictaban reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados.

En el texto vemos como el “Movimiento Nacional” requiere como medida indispensable que todos los ciudadanos que desempeñaran funciones públicas y hubieran contribuido a través de actuaciones políticas a la “anarquía y a la barbarie” fueran debidamente sancionados. Como novedad añadió la prohibición de que las resoluciones pudieran ser impugnadas ante la jurisdicción contenciosa. A partir de aquí se redactaron tres artículos: El primero de ellos informaba de que, tanto la Junta Técnica del Estado, como el resto de organismos creados por ley ese mismo 1 de oc-

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tubre, serían los encargados de disponer la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados cuya conducta anterior al golpe de Estado fuera vista como contraria al mismo. En ningún momento importaría la forma de ingreso en el cargo, la función desempeñada o que fueran trabajadores del Estado, provincia o municipio.

El segundo artículo ordenaba que las empresas de servicio público o monopolios separaran de sus puestos a todo empleado considerado incompatible, opuesto o peligroso para el “Movimiento Nacional”. De esta manera, la Junta Técnica del Estado estaba obligada a realizar un expediente exponiendo las circunstancias de cada trabajador, como paso previo a la resolución de su presidente.

Y en último lugar exigía que todas las resoluciones dictadas por la Junta Técnica del Estado, el gobernador general, el secretario de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Guerra y que implicaran sanciones a los funcionarios públicos, como consecuencia de sus actuaciones políticas llevadas a cabo de manera anterior al Movimiento Nacional, o durante el mismo, no podían ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Este decreto, firmado en Salamanca, no tuvo especial incidencia entre los empleados del ayuntamiento gaditano en donde la depuración prácticamente había concluido.

La normativa de carácter retroactivo A partir de 1939, se comenzaron a aplicar las normas dictadas por los vencedores para perseguir a los vencidos que hubieran escapado a las depuraciones anteriores. En este sentido tuvo un especial protagonismo la legislación elaborada contra la masonería y la de responsabilidades políticas. Ambas afectaban incluso a aquellos que ya habían sido depurados o asesinados previamente. En palabras de los golpistas esta última ley, formulada el 9 de febrero y publicada en el BOE el día 13, serviría para liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la “subversión roja” y a man-

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tenerla viva durante más de dos años, entorpeciendo, por tanto, el triunfo del golpe.

De carácter retroactivo, afectaba a todas las personas, tanto jurídicas como físicas que desde el día 1 de octubre de 1934 y hasta el 18 de julio de 1936 contribuyeron al desorden nacional. La misma contemplaba diferentes penas, que de manera genérica podemos dividir en tres bloques: –P enas de carácter económico: desde la pérdida total de bienes, al pago de una cantidad fija o a la pérdida de determinados bienes. enas que acarreaban pérdida de libertad: entre otras cuestiones, –P declaraba suspendidos a todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que habían conformado el Frente Popular.

En este amplio listado también se incluían las organizaciones separatistas y, en general, todas las opuestas al golpe.

–P enas de inhabilitación: esta sanción, especialmente destacable en nuestro estudio, privaba de su empleo a los inculpados, independientemente de si su cargo dependía del Estado, de una provincia o de un municipio. Igualmente afectaba a aquellos trabajadores que dependían de alguna asociación o corporación oficial que explotaran servicios públicos. Por último, también los incapacitaba para obtener dichos cargos en el tiempo que duraba la condena.

Un año más tarde, el 2 de marzo de 1940, el BOE publicó, con fecha del día anterior, la ya mencionada ley sobre la represión de la masonería y el comunismo. La misma exponía: “Acaso ningún factor, entre los muchos que han contribuido a la decadencia de España, influyó tan precisamente en la misma… como las asociaciones secretas de todo orden y las fuerzas internacionales de índole clandestina, entre las primeras, ocupa el puesto más principal la masonería, y entre las que, sin constituir una sociedad secreta propiamente, se relacionan con la masonería… figuran las múltiples organizaciones subversivas en su mayor parte asimiladas y unificadas por el comunismo”.

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Por último, esta ley contemplaba penas de prisión para aquellos pertenecientes a estas organizaciones y, como adelantábamos, en la mayoría de los casos conocidos, la apertura de expedientes y las sanciones (si es que las hubo), recayeron sobre trabajadores que habían sido cesados o despedidos con anterioridad.

El triunfo y los primeros ceses.

Del 18 de julio al 6 de agosto de 1936 Cuando Eduardo Aranda Asquerino y los gestores nombrados por el comandante militar golpista de la ciudad López Pinto, tomaron posesión de sus cargos, la normalidad distaba de reinar en la ciudad.

La ocupación había costado la muerte de más de 15 vecinos, y varias decenas más fueron heridas. Pero aún así, ese lunes 20, los tiroteos no eran infrecuentes y la población se mantenía refugiada en sus casas alarmada por las operaciones de “limpieza” –control de las calles, registros y detenciones– ordenadas por los jefes golpistas y en las que participaban las unidades indígenas del ejército de África que habían desembarcado el domingo 19. Además, la huelga general decretada el mismo sábado 18 se mantenía en muchos sectores y el comercio estaba cerrado mayoritariamente.

Por tanto, no extraña que los primeros ceses y despidos se produjeran durante el intento de las nuevas autoridades por restablecer la “normalidad”. Así que, el miércoles 22, Aranda publicó un bando por el que daba dos días a todos los trabajadores del cabildo para volver al trabajo; quienes no lo hicieran serían despedidos y reemplazados.

Una relación elaborada durante el relevo de Aranda por Carranza, señala que fueron unos 178 los trabajadores y empleados afectados en un primer momento. Aunque esta cifra se redujo significativamente cuando, el 27 de julio, de los 79 afectados en los SMAE, solo quedaron definitivamente despedidos 13. Lo mismo ocurrió en los servicios de limpieza aunque, en esta sección, los ceses definitivos superaron los 60 trabajadores.

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En este primer momento, los golpistas no utilizaron medidas que no hubieran sido ya empleadas con anterioridad en momentos conflictivos de la vida política y social de la ciudad y, por extensión, de todo el país.

Sin embargo, a medida que se constató el fracaso del golpe a escala nacional y que se abría un incierto periodo durante el que la represión del enemigo iba a alcanzar cotas nunca imaginadas, las autoridades golpistas comenzaron a implementar medidas que conllevaban la completa depuración de todos aquellos considerados enemigos.

El mismo día 29 de julio, en el que Ramón de Carranza tomó la alcaldía, presentó una propuesta al pleno de la gestora en la que informaba de los despidos ya efectuados y solicitaba su ratificación. Así se hizo. Como también se acordó el cese del director de las escuelas de la playa, Pedro Muñoz Arenillas, y la restitución del anterior administrador, el maestro Federico Sahagún Repetto. Ceses de puestos de trabajos y sustituciones que, ese mismo día, se extendieron a otros como el Laboratorio Municipal y la Inspección de Sanidad. Pero, sobre todo, se procedió a suspender de empleo y sueldo a la treintena de empleados municipales que se encontraban detenidos. Por tanto, al centenar ya despedido hay que sumar los cerca de cuarenta suspendidos de empleo y sueldo. También por esos días hubo ceses por razones de “orden público” o por no reincorporarse tras haber consumido el tiempo de licencia que tenían algunos empleados.

Aunque no afectaron de forma inmediata a los ceses hay que señalar las disoluciones de la Guardia Municipal, que ya se encontraba militarizada, el 30 de julio. El 6 de agosto lo fueron el cuerpo de Bomberos y los servicios de municipalizados. Entre los tres sumaban casi 500 trabajadores. Más de un tercio del total de la plantilla municipal. Primero se reorganizó la Guardia Municipal a comienzos de septiembre. La depuración alcanzó a casi el 20% de la plantilla: 25 entre cabos y guardias primeros y segundos. El encargado de hacerlo fue Luis Machuca Báez, jefe de los municipales entre 1934 y febrero de 1936, repuesto en su cargo; lo hizo “tras las comprobaciones debidas”.

Más lenta fue la de los otros dos cuerpos. De momento lo que se hizo fue mantener en sus servicios a las plantillas mientras que se aplicaba la

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circular gubernativa que, en pocos días, iba a entrar en vigor. Aunque de los 18 bomberos existentes en 1936, 13 fueron depurados. Solo fueron repuestos finalmente dos. Por lo tanto más del 60% por ciento fue apartado de sus puestos. Dos de ellos, además, terminaron siendo asesinados.

Igualmente se hizo con los trabajadores temporeros que fueron todos despedidos por “amortización de plazas”. Más allá de la excusa formal, no fueron readmitidos los considerados desafectos.

El verano y el otoño del terror: La circular 2475 La que podríamos denominar “política de depuración” sistemática comenzó a principios de agosto. Fue el momento en el que la represión golpista tomó el sanguinario camino que terminaría por convertirse en una de sus señas de identidad. Los asesinatos que hasta entonces habían sido en la ciudad puntuales, se iban a sistematizar y alcanzar cifras terribles.

Era la política del terror de los bandos de guerra que, en la primavera de 1937, se iban a prolongar con la puesta en marcha de la Justicia del Terror.

Política que afectó a un mínimo de 35 trabajadores municipales.

El seis de agosto, Ramón de Carranza, que además de la alcaldía se había hecho cargo del Gobierno Civil, fue sustituido en la dirección gubernativa por Eduardo Varela Valverde. Ese mismo día, Carranza solicitó a las autoridades militares golpistas la militarización de todo el personal municipal.

Se basaba en que el ayuntamiento de Cádiz prestaba servicios “vitalísimos” para la población como los de matadero, cementerio, limpieza pública, bomberos, aguas y luz. En consecuencia, sus trabajadores debían estar sometidos a la exigencia del cumplimiento de sus trabajos sin las interferencias de las organizaciones obreras. La mejor solución era que fueran militarizados como autorizó a hacerlo López Pinto. Incluso se acordó el modelo de distintivo que los empleados debían llevar.

Poco tardó en aparecer el instrumento fundamental para las depuraciones: la circular 2475 del Gobierno Civil, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de agosto de 1936. Por ella, el gobernador Varela Valverde ordenaba a las gestoras municipales de la provincia que realizaran:

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“…una escrupulosa depuración del personal de todas clases y categorías dependientes de las mismas, para que fulminantemente queden separados definitivamente de sus cargos todos aquellos que hubiesen tenido relación con el llamado Frente Popular, por ser esta medida absolutamente necesaria para que dentro de cada municipio aquellos funcionaros que con olvido de sus deberes más elementales se dedicaron a actuar políticamente contribuyendo con ello a la ruina de la Patria…”.

Una medida necesaria porque, con sus conductas, esos trabajadores habían contribuido a la quiebra de la nación. Además, exigía a las gestoras que llevaran a cabo las separaciones de forma inmediata y sin vacilaciones. De cualquier incumplimiento serían responsables los alcaldes.

Fue bajo esta directiva por la que se produjeron el grueso de depuraciones. Entre septiembre y diciembre de 1936, el pleno de la gestora acordó la mayoría de los ceses. Que se convirtieron en definitivos, en un gran porcentaje de casos, en octubre.

Para llevarla a cabo se estableció el siguiente procedimiento: Fue nombrada una comisión que se encargó de estudiar y proponer las propuestas de cese que debía aprobar el pleno municipal. La formaron Adolfo Núñez Palomino, Juan Luis Martínez del Cerro y Luis Rodríguez de León. Su decisión la tomaron en base a los informes personales que los diversos servicios municipales debían acompañar a la relación de sus miembros. Advertidos por el secretario municipal, ante la posibilidad de que se presentaran recursos, que pudieran convertirse en contenciosos administrativos, se estableció un plazo de cinco días para recurrirlos.

La primera propuesta de ceses se presentó en el pleno celebrado el 2 de septiembre. Un total de 110, de diferentes oficinas como las centrales, beneficencia y sanidad, jardines, lonja o servicios municipalizados. Según palabras de la comisión depurada se trataba de un “trabajo ímprobo” por lo que podría haber alguna omisión. Por tanto, quedaba la lista abierta para incluir a los nuevos que pudieran conocerse. Como así fue.

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Durante los siguientes plenos se presentaron no solo numerosos recursos, sino también nuevas propuestas de ceses que terminarían resolviéndose definitivamente, por lo que conocemos hasta ahora, en octubre.

Fueron un total de 134 afectados.

El golpismo se hizo Estado: el decreto ley de 5 de diciembre de 1936 Sabemos que el ayuntamiento gaditano apenas hizo uso de este decreto.

La gran depuración ya se había realizado. Hasta el momento tenemos conocimiento de tres funcionarios, denunciados por otro compañero de trabajo, ya en 1938. De dos de ellos conocemos su expediente que instruyó, por acuerdo municipal, José Núñez Palomino. El procedimiento fue el de tomarles declaración sobre su adhesión al golpe o su relación con el Frente Popular. También se interrogó a los denunciantes y otros trabajadores municipales en calidad de testigos; se pidieron informes a Falange, Guardia Civil y policía, y se les permitió presentar pliegos de descargos.

La gestión de la victoria: las leyes contra la Masonería y la de Responsabilidades Políticas Tampoco estas medidas afectaron en demasía a los trabajadores que la sufrieron. Quienes entraban en estas categorías ya habían sido represaliados en su práctica totalidad. Sin conocer la resolución de todos sus expedientes, fueron varias decenas de trabajadores, que habían sido represaliados hasta entonces, a los que se les abrió.

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Capítulo 3

La resistencia del depurado En un primer momento, la violencia del golpe no tuvo ninguna cortapisa de tipo jurídica o administrativa. Cuando la vida no valía un oficio o una anotación documental, mucho menos se consideraron llevar a cabo formalidades en los ceses de los trabajadores. Además, se utilizaron las mismas herramientas que el Estado republicano había utilizado durante los años anteriores. Así, como ya se ha dicho, el 22 de julio la Comisión Gestora golpista emitió un bando por el que quedaban despedidos todos aquellos trabajadores que no se reintegraran a sus puestos en 48 horas. Igualmente, antes de que acabara el mes, como ya se ha dicho, se disolvieron y reorganizaron cuerpos tan sensibles para la seguridad como la Policía Municipal, los bomberos o el SMAE, encargado de la prestación de servicios básicos como el agua potable o la luz.

Aunque los bandos dictados por Queipo de Llano y los comandantes militares golpistas ya contemplaban los despidos de trabajadores, el publicado el mismo 18 de julio, lo hacía en su artículo segundo. Al día siguiente el jefe golpista en Andalucía dictó una orden específica para los funcionarios. En Cádiz, López Pinto, en el punto quinto de su bando declaraba ilegales y sediciosas las huelgas. El martes 21 de julio, incluso, hizo un llamamiento público para que, con Mola ya en Madrid, según decía, todos los trabajadores se reincorporaran a su trabajo ya que cualquier resistencia era ya inútil.

El despido de los primeros trabajadores municipales hay, por tanto, que encuadrarlo en las medidas adoptadas por los golpistas para consolidar su triunfo. Era cierto que la ciudad estaba controlada desde el lunes 20 pero de una forma precaria. Continuaba la resistencia armada, sobre todo con paqueos nocturnos, y la vida ciudadana estaba lejos de normalizarse. Además, persistía la amenaza de ataques aéreos y navales por las fuerzas gubernamentales. En ese contexto la aplicación pretendió ser radical. Así, el bando de 22 de julio llevó al cese de 176 trabajadores, funcionarios y temporeros.

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Aunque, la decisión fue rectificada unos días después. Los más afectados fueron los trabajadores contratados como temporeros durante los meses anteriores. Además de aquellos empleados que habían sido detenidos. Por el contrario; fueron reincorporados algunos de los funcionarios que habían sido cesados por las autoridades frentepopulistas y que, en ocasiones, habían recurrido su despido. Como también se reorganizó la banda municipal para que, según el acta del acuerdo, “recorriendo calles y plazas, a los acordes de marchas militares, expresase nuestro elevado espíritu, el sentir de nuestros pechos que se ensanchan para gritar, como en días gloriosos, nuestro amor patrio y nuestro odio al invasor”. Por último, también se produjeron ceses por razón de “orden público” y, aprovechando las vacaciones escolares, fue destituido todo el personal interino de las escuelas municipales.

La primera forma de escapar a la matanza e implacable persecución desatada fue esconderse. Algunos de ellos alcanzarían la categoría de “topos”. La denominación que se le ha dado a quienes permanecieron ocultos en los lugares más inverosímiles durante décadas, algunos hasta la de los setenta. En Cádiz quienes se escondieron tuvieron diversa suerte. En algunos casos fueron descubiertos, detenidos junto a sus protectores y terminaron asesinados en el foso de la Puerta de Tierra o los alrededores de la plaza de Toros. Entre quienes lograron escapar estuvieron conocidos militantes obreros de la ciudad como los socialistas Mariano Cancelo Sibello y Julio Cabilla Alberto o los cenetistas Andrés Fernando Macías y Félix Ortega Rua. Algunos, aunque terminaron siendo detenidos, salvaron la vida. No lo logró Vicente Ballester Tinoco, temporero en Vías y Obras en 1936 y máximo militante anarcosindicalista en la ciudad. Como veremos, descubierto, fue asesinado junto al zapatero que lo acogió.

Hubo otros tres trabajadores municipales a los que se les puede caracterizar de esta manera: Antonio del Castillo Bustos, Ángel Ruiz Magaña y Luis García Morera.

Castillo Bustos vivía en la calle Honduras, trabajaba de Vías y Obras como inspector y estaba afiliado a IR. Miembro de la asociación de la prensa de Cádiz, había pertenecido a la redacción del diario local El Noticiero Gaditano cercano al mundo republicano. Tras el golpe

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desapareció de la vida pública. Fue cesado, como todos los temporeros, a finales de julio, y no volvió a ser readmitido. En un momento no determinado buscó refugio en casa de una conocida a la que la Guardia Municipal catalogó como “amante”. No reaparecería hasta terminado el conflicto en 1939. Desconocemos las circunstancias de su encierro y si tuvo consejo de guerra. No hemos localizado ninguna referencia. En los registros del cementerio de Cádiz aparece una persona de idéntico nombre que falleció a comienzos de abril de 1944.

Tampoco conocemos mucho más sobre Luis García Morera a quien el servicio de información de la Guardia Municipal consideró un topo hasta que marchó a Barcelona. Era un estudiante de medicina que vivía en la calle Rosario y en 1936 trabajaba de temporero en el servicio de estadística municipal. Fue cesado a finales de julio y no se le volvió a readmitir. Las autoridades golpistas le consideraban un elemento peligroso e incapaz de vivir con personas de orden. Había sido presidente de las Juventudes Socialistas y decían que había participado como orador en el mitin que Vicente Ballester y Francisco Largo Caballero habían dado en la plaza de toros gaditana en mayo de 1936. Aunque me inclino a pensar que, en realidad, donde intervino fue en el mitin que las juventudes unificadas comunistas y socialistas, celebraron ese día por la tarde en el mismo lugar. Además de formar parte de las milicias que, durante la primavera de ese año, tuvieron diversos enfrentamientos con derechistas en la ciudad.

Detenido en los primeros momentos del golpe, según el historiador Moisés Camacho, fue liberado. Después, durante los años del conflicto, permaneció oculto desatendiendo los requerimientos de incorporarse a filas. A partir de 1939, en algún momento fue detenido y, desconocemos si sometido a consejo de guerra. Al menos no está localizado. Sin embargo, hay rastro documental de que durante algún tiempo debió estar en la prisión de Cádiz. Un informe del servicio de información de la Guardia Municipal informaba que estaba en libertad atenuada en agosto de 1942. Para esa fecha hacía unos meses que se había ido a vivir a Barcelona con su madre.

Por último, más informaciones tenemos de Ángel Ruiz Magaña. Había nacido en Rota el 17 de julio de 1898 y entró a trabajar de mozo de la

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lonja de frutas en julio de 1934. En marzo de 1936 pasó a ser subastador. Casado; vivía en la calle Escalzo. Apenas permaneció dos meses de topo. Dominada la ciudad por los golpistas la abandonó el 23 de julio por “motivos de salud”. En octubre fue localizado por los golpistas en El Puerto. Le detuvieron aunque, a los pocos días, le dejaron en libertad por no constar en la Delegación de Obras Públicas que tuviera antecedentes o causas pendientes. No volvió a ocultarse. Comenzó a trabajar en las bodegas de Osborne.

Sin embargo, en el contexto de un sumario en el que se perseguía a quienes habían pertenecido a los comités del socialismo gaditano, su nombre apareció como propuesto en febrero de 1934 para ocupar la secretaría de la mesa de discusión. Un año más tarde era secretario de actas del comité socialista local. Entonces volvió a ser detenido, la tarde de la Nochebuena de 1938, y trasladado, el día de fin de año, a la prisión de Cádiz. Ahora, los informes que enviaron al instructor las autoridades municipales no fueron precisamente favorables: en efecto era del PSOE y, además del SRI. En las elecciones de 1936 había sido interventor y había mantenido amistad con dirigentes obreros de la ciudad ya sancionados, es decir, asesinados.

El auto resumen que realizó el instructor a finales de marzo de 1939 procesó por delito de rebelión, en base a las disposiciones de los bandos de guerra, a Ruiz Magaña por su pertenencia al SRI y a los comités socialistas de la primavera de 1936. Además de otros ocho miembros de diferentes comités socialistas y ugetistas: Serafín López Petisme, vocal del comité socialista y secretario de la sociedad de peluqueros de la UGT; José Luis Pérez Muñoz, secretario local del PSOE y presidente de la Federación Gráfica de la UGT; José Lagares Bustelo, tesorero y presidente del comité local de la agrupación socialista; Daniel Moreno García, vicesecretario; Manuel Tirado Gil, dirigente de las Juventudes Socialistas y del Sindicato de Enfermeros de la UGT; Ernesto Ema Díaz, secretario de actas de ese comité; y Francisco de Paula Pérez Halcón y Pedro de la Fuente, propuestos para la vicepresidencia del citado comité y apoderados electorales en 1936.

A todos ellos les pidieron 12 años de prisión mientras que su defensor, el abogado a disposición de la justicia militar golpista Antonio Gutiérrez

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de la Jara, la absolución. Las condenas fueron desde los 6 años a la absolución. Ruiz Egaña, junto a López Petisme, Morano García y Pérez Halcón, sufrieron la máxima, los seis años. El resto fue absuelto. Sin embargo, el fallo no fue unánime. El ponente del consejo, Francisco Valera pidió, en un voto particular, la absolución de todos los acusados por considerar que no se habían opuesto al golpe casi tres años antes.

Sin embargo, la sentencia fue aprobada y solo los absueltos salieron en libertad. Ruiz Magaña cumpliría la pena en diciembre de 1945.

Poco más de un año más tarde la sentencia fue revisada por la comisión provincial. En el caso de Magaña fue reducida primero, en julio de 1940, a cuatro años y, después, en octubre, a tres. Para entonces ya estaba en prisión atenuada en su domicilio portuense. En algún momento debió regresar a Cádiz donde murió a comienzo de los años ochenta.

La defensa ante la gran depuración Todas estas medidas, que se aplicaron durante las semanas siguientes, no tuvieron ninguna posibilidad de ser contestadas por los afectados.

Muchos de ellos, bastante tenían con salvar su vida. Sin embargo, el fracaso del golpe a escala nacional y la perspectiva, cada vez más evidente, de que se iba a prolongar en el tiempo, al menos algunos meses, llevó a las autoridades golpistas a cambiar el sistema. Ese fue el origen de la circular gubernativa de 6 de agosto que ya tenía una visión depuradora de más largo plazo al contemplar “una escrupulosa depuración del personal de todas clases para que fulminantemente [quedaran] separados definitivamente de sus cargos todos aquellos que hubiesen tenido relación con el llamado Frente Popular”.

Por ella se llevó a cabo la mayor parte de la depuración, entre los meses de agosto y octubre de 1936, del personal municipal.

Pero para entonces ya había quienes miraban a más largo plazo y pensaban en las consecuencias jurídicas que podían tener esas formas de despedir a los trabajadores. Así, en la sesión de 5 de agosto, el gestor municipal Juan Luis Martínez del Cerro Picardo intervino para pedir que, cuando se cesara al personal, se tuviera en cuenta también que la

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decisión pudiera ser recurrida. Algo que debería llevarse a efecto de forma retroactiva con los depurados las semanas anteriores. Así se acordó por unanimidad. Las autoridades golpistas buscaban “legalizar” una situación que, aunque continuara siendo ilegítima podía acogerse a las decisiones de una administración de hecho que tenía la razón de la imposición de su fuerza.

Cuando volvió a reunirse la comisión municipal, el 12 de agosto, ya estaba en vigor el bando gubernativo. El propio ayuntamiento había acusado recibo e iba a nombrar la comisión para llevarlo a cabo. Ya conocemos su composición y los trabajos que realizó durante los meses siguientes.

Fue el organismo que llevó el peso de la depuración. En el debate que se produjo, Manuel Quevedo Flores, un comandante de Infantería nombrado miembro de la gestora que presidía ya Ramón de Carranza, manifestó que la depuración debía realizarse de forma que no lesionara los intereses de quienes sí hubieran cumplido con sus obligaciones e, incluso, se considerara que, más tarde, pudieran ser readmitidos.

El argumento fundamental era que los ceses se producían con la autorización de la autoridad militar. El secretario aconsejaba que se escogiera una de las fórmulas dictadas: o disolución de los servicios y su reorganización o la aplicación de la circular gubernativa. Hasta entonces se habían utilizado indistintamente. Se había disuelto a la Guardia Municipal, SMAE y bomberos y aplicados bandos y circular. Se produjo un debate sobre si la disolución significaba a la vez la pérdida de los derechos adquiridos hasta entonces, aunque el secretario aseguró que, a los reincorporados se les podría devolver con posterioridad.

La preocupación principal que se dejaba entrever era la posibilidad de que se cometieran injusticias e irregularidades. En el contexto en el que se producía el debate era algo que debía de estar muy presente y que, apenas, despejó dudas la intervención del propio Carranza asegurando que la comisión actuaría con una escrupulosidad y un celo total. El nombramiento de la comisión mostró que el camino por el que se optaba era por la aplicación de la circular gubernativa. Así que se acordó que todos los cesados, los anteriores y los de la circular, tuvieran un plazo de cinco días para formular sus descargos ante una comisión formada por Luis Rodríguez Ponce de León, Juan Luis Martínez del Cerro Picardo y

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Adolfo Núñez Palomino, es decir, las mismas personas que formaban la que había decidido sus ceses.

Para esa fecha Enrique Farfán, letrado asesor del ayuntamiento, ya había emitido un informe sobre si era procedente ejercitar acciones de lesividad sobre los acuerdos referentes a los ceses del personal que se iban a realizar o ya se hubieran efectuado. Decía que la jurisprudencia avalaba por completo, en base a la ley municipal en vigor y a la jurisprudencia contenciosa refrendada por el Supremo, que durante los cuatro años siguientes al acuerdo se podían ejercer acciones revocatorias. Aunque añadía que esas acciones debían demostrar no solo la existencia de lesión de intereses cuantitativos y materiales, sino también la existencia de infracción de ley o de un error manifiesto. Si se daban esos requisitos y un informe previo de dos letrados, uno de ellos el municipal, se podrían adoptar acuerdos de nulidad. En este caso de reposición de los cesados, de todas maneras, la decisión última la tendría el tribunal provincial de lo contencioso administrativo. Además, ponía el parche, por si salía el grano, asegurando que esas revocaciones no podían afectar los derechos de “terceros de buena fe”, es decir, a quienes hubieran ocupado los puestos de los cesados. De hecho, la ocupación de los puestos vacantes estaba siendo inmediata con personal adicto a los golpistas. Por último, aseguraba que, en caso de tener que abonar indemnizaciones, estas recaerían en quienes hubieran adoptado los acuerdos.

En consecuencia, aseguraba Farfán, pasando ya al terreno de lo concreto, que en lo que concernía a los ceses ya realizados de temporeros, interinos y cualquier otro cargo eventual, no era necesario ejercitar ninguna acción ya que no habían sido actos de derecho, como sí lo eran en el caso de los funcionarios, sino que se podían mantener o revocar. Respecto a lo que en el futuro se pudieran producir, no se olvide el contexto de la aplicación masiva de la circular gubernativa, que aseguraba que la petición de revocación se podría realizar por quienes hubieran sido nombrados hasta cuatro años antes y cumplieran los requisitos ya señalados. La gestora presidida por Carranza acordó darse por enterada y aplicar el informe a los ceses realizados hasta el 10 de agosto.

La primera tanda masiva de despidos y ceses con base en la circular gubernativa se aprobó, por unanimidad, el 2 de septiembre.

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Fueron 116 trabajadores pertenecientes al SMAE, hasta 35, Beneficencia y Sanidad, 22, y otros servicios como las oficinas centrales, jardines, farmacia, mercado, rentas y vías y obras. A todos ellos, aplicando el acuerdo de hacía quince días, se les daba un plazo para recurrir: cuatro días en vez de los cinco aprobados. Por si acaso, además, la comisión dijo haber dejado abierta la posibilidad de nuevos ceses por si no hubieran sido incluidos quienes también merecieran la aplicación de la circular del Gobernador.

Los afectados, a pesar de la situación, presentaron numerosos recursos.

Así lo reconoció la Comisión Depuradora en la siguiente sesión, de 11 de septiembre, que anunció que había comenzado a estudiarlos. Un mes pasó antes de que resolviera sobre 62 de ellos. Ratificó los ceses en todos los casos salvo en cinco. Las siguientes readmisiones se produjeron en la sesión del 16 de octubre; en esta ocasión cuatro. Mientras que, en la misma sesión, se ratificaron las depuraciones de 54 trabajadores. Después, hasta la publicación del decreto de diciembre de la Junta Técnica sobre la depuración de personal empleado en la administración, solo se registró un caso más de readmisión. Por tanto, en la fase principal de la represión de los más de cien recursos presentados solo fueron aceptados nueve. Veamos algunos de los casos de los que conocemos los recursos que presentaron.

Eduardo Rodríguez Sánchez era oficial 1º en las oficinas centrales del ayuntamiento. Nacido en Cádiz en septiembre de 1896, vivía en la avenida de Marconi, estaba casado y tenía una hija. Había entrado en la plantilla en febrero de 1912 como temporero de arbitrios. Por concurso, pasó a escribiente de la secretaria en 1917. En 1924 alcanzó la categoría de oficial 3º y en 1930 a oficial 2º. En junio de 1933, tras pasar el correspondiente examen, fue nombrado oficial 1º. Cesado en septiembre, tras la presentación del recurso fue repuesto a comienzos de octubre de 1936; el despido se produjo por pertenecer a un partido de izquierda.

Rodríguez se enteró por la prensa, según expuso en su recurso, con fecha 3 de septiembre, de su cese, al habérsele aplicado la circular del gobernador civil. Desgranó las veces que había actuado en candidaturas de derechas desde 1931; incluida una en la que fue denunciado por intentar comprar votos. Hecho que no realizó pero que le supuso la persecución de los militantes de izquierda hasta que, finalmente, se afilió a IR por te-

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mor a perder su trabajo, aunque no realizó ninguna actividad militante.

Además, todos sus compañeros sabían de sus ideas derechistas.

Unos días después escribió al propio Ramón de Carranza a quien consideraba su “jefe y alcalde”, explicándole que había sido cesado y había presentado recurso; y que él sabía de su disposición y lejanía con el Frente Popular. Le recordaba los favores de 1931, cuando las elecciones municipales del 12 de abril. Como en el recurso le decía que su afiliación a IR había sido forzada por su temor a perder el trabajo, sin embargo; nunca había dejado de ser derechista y un hombre profundamente religioso. También le comentaba los servicios que había prestado a su hijo, José León, cuando se efectuó la municipalización de los servicios de agua y luz y que había acudido en 1928, con otros destacados funcionarios municipales, al homenaje que, en 1929, le dieron los ayuntamientos españoles a Miguel Primo de Rivera. Terminaba pidiendo perdón por no haber actuado más a favor del golpe y que considerara suficiente castigo la zozobra que pasaba con diez personas de familia a su cargo.

Una vez repuesto se hizo cargo del despacho de las tenencias de alcaldía.

A pesar de ello, hasta noviembre de 1940, fue inhabilitado para cualquier ascenso. Y el Servicio de Información de la Guardia Municipal lo mantuvo en su fichero como miembro de IR.

Desconocemos los recursos presentados por José Fortes Aragón, que vivía en la calle Cervantes, estaba casado y tenía cuatro hijos. Afiliado a IR; fue acusado de haber sido apoderado del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Cesado por el decreto gubernativo fue readmitido a comienzo de octubre. Fue a uno de los que el Tribunal de Responsabilidades Políticas abrió expediente en 1941, aunque desconocemos si se substanció en alguna condena. Finalmente abandonó Cádiz y se trasladó con su familia a Sevilla en donde residía en los años cuarenta.

Tampoco hemos localizado el de José Galván Fernández que había nacido en Cádiz en junio de 1910. Casado y con hijos. Fue conserje en la casa de Asistencia Pública de la plaza de la Catedral y, después, en junio de 1939, ujier en el edificio municipal. Interino desde 1929, obtuvo la plaza de sirviente en propiedad en julio de 1934 y ascendió a ordenanza en 1941. Cesado en virtud del decreto gubernativo de agosto de 1936 fue

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repuesto a principios de octubre de ese mismo año. En octubre de 1938 se incorporó al ejército. Se jubiló en junio de 1980 como regente de la Casa Consistorial.

Ni el de Manuel Salagaray Vidal que había nacido en Cádiz en 1908 y estaba casado con dos hijos. Vivía en la calle Sacramento y era administrativo del SMAE. Miembro de IR, le acusaron de haber sido interventor en las elecciones de febrero de 1936. Cesado por el decreto gubernativo de agosto de 1936; también le fue abierto expediente en 1941 por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Desconocemos su resolución.

Un caso especial es el de Miguel Delgado Moreno. Fue portero guarda del cine Municipal, conserje del cementerio y, a partir de 1944, del Teatro Falla. Como se verá en el capítulo correspondiente terminó siendo encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y condenado a inhabilitación.

Los recursos aceptados Rodríguez Sánchez, Eduardo Galván Fernández, José Fortes Aragón, José Salagaray Vidal, Manuel Ramos Moreno, Enrique García Ríos, Juan de Dios Jurado Dámaso, Juan González Mora, Manuel Delgado Moreno, Miguel Luna Cabezas, Josefa

Oficial 1º Sirviente Casa Asistencia Pública SMAE SMAE SMAE SMAE SMAE Asilo/Conserje Falla Portero Cine Municipal Limpiadora del Laboratorio

02.10.36 02.10.36 02.10.36 02.10.36 02.10.36 16.10.36 16.10.36 16.10.36 16.10.36 18.11.36

El decreto de 9 de diciembre de 1936 Como para tantos otros aspectos del conflicto abierto tras el golpe de Estado, el fracaso del intento de ocupar Madrid llevó a los golpistas a afianzar la nueva administración que se había ido creando desde el

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nombramiento de Francisco Franco como jefe del Estado español y la formación de la Junta Técnica su primer gobierno. De hecho, fue a partir de ese momento, 2 de octubre de 1936, cuando apareció el Boletín Oficial del Estado, el órgano oficial de la administración sublevada que ha pervivido hasta hoy, 83 años después.

Fue publicado en la edición de 9 de diciembre. Como ya era habitual en los golpistas se trataba de un instrumento represivo carente de garantías para el acusado. En este caso se le privaba de la capacidad de recurrir a la jurisdicción contenciosa. Esta aseguraba en el preámbulo que solo le correspondía actuar en “situaciones normales de Derecho”. Ya conocemos también el texto y que, para esa fecha, los gestores gaditanos ya habían procedido al grueso de la depuración de todos los funcionarios y empleados considerados incompatibles, opuestos o peligrosos para los golpistas. Tampoco tenían que preocuparse por si podían ser reclamadas. El decreto tenía efectos retroactivos y, como se diría a la pata la llana, “punto pelota”. También ya se ha dicho que para que nada quedara a la improvisación, ese mismo BOE publicó otro decreto por el que se cesaba a todos aquellos funcionarios que estuvieran fuera de su residencia “sin la debida autorización”.

Como ya se ha visto, para este momento la gran depuración del personal municipal ya se había realizado. Atrás había quedado la posibilidad de recurrir, aunque fuera ante el propio ayuntamiento. Conocemos tres casos de trabajadores, todos del SMAE, para cuya depuración se recurrió al decreto de Burgos: Diego Quijano Macías y Julián Saiz Paredes, depurados de forma definitiva, y Eloy García Gutiérrez que fue readmitido.

Pero antes de entrar en ellos vamos a citar diversas situaciones peculiares. Una es la del practicante Leopoldo Suárez Podestá, doblemente depurado por el ayuntamiento del Frente Popular y el golpista, que logró su readmisión. El otro fue el del médico de la Beneficencia Antonio López Quecuty, quien depurado en el verano de 1936, tras su paso por el ejército golpista, fue reincorporado en el otoño y de nuevo expulsado en diciembre. Sin embargo, a base de recursos y la búsqueda de informes favorables terminó siendo readmitido.

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El practicante Leopoldo Suárez Podestá Suárez Podestá tenía 26 años, estaba soltero, vivía en la calle Santiago Terry y había pertenecido al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. En 1933 entró como interino en la Beneficencia como practicante y el 3 de enero de 1936 fue confirmado en propiedad. Había sido cesado en marzo de 1936 por la nueva gestora frentepopulista por considerar que su nombramiento no reunía las condiciones legales requeridas; aunque fue nuevamente readmitido como interino. Una vez que le fue rechazado el recurso que presentó, Suárez entabló un procedimiento contencioso administrativo, en reconocimiento de su condición como funcionario, que el tribunal falló a su favor el 14 de julio de 1936.

A comienzos de septiembre, en base al decreto gubernativo de primeros de agosto, volvió a ser cesado por pertenecer a un partido del Frente Popular. Aunque presentó recurso negándolo le fue desestimado. Sin embargo, no cejó. Durante los meses siguientes, en noviembre de 1936 y abril de 1937, insistió en su reposición. No obtuvo siquiera respuesta.

En cualquier caso, a medida que conocía como otros depurados eran readmitidos, en junio de 1937 presentó una nueva instancia. En ella apelaba a la injusticia que suponía que quienes habían sido izquierdistas y no habían hecho nada por el golpe, iban siendo readmitidos a base de recomendaciones. Por el contrario, él había ingresado en Falange e incorporado a su milicia, a la de Mora Figueroa, con la que fue al frente de batalla. En él llevaba un año y consideraba que merecía ser oído. En esa situación Suárez exigió al ayuntamiento que lo repusiera y que le contestara porque de lo contrario se dirigiría a la “superioridad”.

Hasta septiembre el ayuntamiento no acusó recibo de la instancia. A la vez encargó al servicio de información de la Guardia Municipal un informe. El cabo José Guerrero comunicó que Suárez Podestá, había entrado en la Beneficencia Municipal cuando un hermano suyo era concejal y que, con el Frente Popular, no había sido cesado al igual que otros practicantes. También aseguró que pertenecía a IR y era miembro del Sindicato de Practicantes de la UGT; unas informaciones que negó el informe de la policía que aseguró que no había pertenecido a ningún partido ni había sido masón.

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Pasó el otoño de 1937 y no hubo más movimiento. Entonces, a principios de diciembre, Suárez se dirigió directamente al Gobernador General del Estado poniéndole en antecedentes de lo que le ocurría y haciendo un relato pormenorizado de los pasos que había dado. Detallaba que el ayuntamiento del Frente Popular lo había cesado el mismo día en que tomó posición y que su cese por la gestora nombrada por los golpistas había sido arbitrario ya que ni se le habían comunicado los motivos, ni respondido a sus recursos. Tenía informes de la Guardia Civil, la policía, Falange y el Requeté que señalaban que no había pertenecido a ningún partido izquierdista o a la masonería.

Añadió que desde el primer momento había colaborado con las autoridades golpistas permaneciendo en la casa de asistencia y desplazándose la noche del 18 de julio, en una ambulancia, por las calles de la ciudad para recoger a muertos y heridos. Después había marchado al frente en donde había estado 13 meses; tiempo durante el que había solicitado en varias ocasiones la revisión de su caso sin recibir ninguna respuesta.

Entonces se puso en contacto con un gestor municipal quien le informó que la documentación de su caso se había perdido. Un hecho que le extrañaba mucho. De todas formas, a finales de agosto, la comisión nombrada falló a su favor al considerar que se había producido un error. Sin embargo, no pasó al pleno de la gestora hasta el 17 de noviembre. Allí se acordó consultar con la superioridad cuando ya se sabía, por otros casos, que el ayuntamiento estaba habilitado para tomar ese tipo de decisiones. Una consulta que, además, sabía, casi un mes más tarde, no se había producido.

Suárez añadía que todo era producto de la persecución que sufría por parte de un gestor al que no conocía. Por ello, pensaba, que su actitud se debía a la influencia de otra persona que tuviera inquina contra él y utilizaba al munícipe. Por último, apelaba a su compromiso con la “Nueva España” para que no solo fuera repuesto, sino que, también, se le abonaran los haberes que había dejado de percibir desde su depuración en septiembre de 1936. No para quedárselos sino para entregárselos a Queipo de Llano para el fin que este mejor considerara.

Entrado 1938, en febrero, cuando ya había desaparecido el puesto de Gobernador General, el nuevo ministerio del Interior ordenó anular

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todo lo actuado hasta ese momento y que, el ayuntamiento, nombrara un nuevo instructor para que informara en el plazo máximo de un mes y, si existiera resolución depuratoria, le concediera otro mes a Suárez para presentar su pliego de descargo. El nuevo expediente lo instruyó Martínez del Cerro que propuso la reposición no sin dejar constancia de que había pertenecido al partido de Lerroux “de tan triste recuerdo y responsable por omisión de la catástrofe española ya que, en el trágico mes de octubre de 1934, fue el principal obstáculo a que la nación fuera salvada y se aplicara la ley a los criminales y rebeldes que pudieron luego desarrollar, con toda tranquilidad, su posterior actuación subversiva”.

Finalmente fue readmitido. Además, su caso sirvió para que, de manera definitiva, quedara disuelta la comisión que había sido creada el verano de 1936 y que hasta entonces se ocupaba de las depuraciones y de las reclamaciones.

El caso del médico Antonio López Quecuty Había nacido en Cádiz en octubre de 1910 y tuvo una brillante carrera como estudiante de bachillerato y medicina. En ambos casos obtuvo el premio extraordinario. Soltero, vivía en la calle Calderón de la Barca y trabajaba en la Beneficencia Municipal desde enero de 1934 de forma interina. En agosto de ese mismo año obtuvo plaza tras aprobar una oposición. Estaba afiliado a IR. Fue depurado tras su detención el 21 de julio de 1936 aunque fue puesto en libertad dos días más tarde. Su suspensión de empleo y sueldo fue ratificada, ahora, en base a la circular gubernativa que indicaba el cese de todo aquel trabajador que hubiera tenido relación con el Frente Popular.

Para ese momento ya estaba incorporado a las filas del ejército golpista.

Primero como médico militarizado en el Hospital Militar de Cádiz y, después, en el Regimiento de Infantería Cádiz, interviniendo en las operaciones de ocupación de las localidades cordobesas de Palma del Río y de Posadas. Alcanzó el grado de teniente y participó, en el otoño en la conquista de localidades cordobesas como Obejo, Villaharta, Espejo, Castro del Río y otras. A finales de octubre fue licenciado y se reincor-

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poró a su puesto de trabajo hasta su nuevo cese a finales de diciembre de 1936, con el decreto de Burgos en vigor, en base a la circular gubernativa y se le permitió presentar recurso.

Lo hizo la víspera del día de Reyes de 1937. En su escrito aseguraba que su cese por motivos políticos se debía a un error. Antes del 18 de julio, aseguraba, fue nombrado, por ley, miembro de la mesa electoral, para las elecciones de febrero de 1936, instalada en el colegio de San Felipe Neri. En ella estaba también un sacerdote de ese centro educativo que podía informar sobre su conducta. También pensaba que había confundido a la comisión depuradora que hubiera sido presidente del Centro Escolar Gaditano que terminó fusionándose con la FUE, la organización republicana estudiantil. Que lo fue cuando el centro era completamente apolítico y destinado a facilitar a los estudiantes sin recursos aquellos libros que no podían costearse.

La readmisión se produjo, por acuerdo de pleno, a fines de febrero de 1937, tras la recepción de diversos informes en los que se aseguraba su arrepentimiento izquierdista y adhesión al “Movimiento Nacional”.

Unos meses después volvió a incorporarse al ejército golpista hasta octubre de este año cuando fue licenciado por tener a otros dos hermanos en filas. Todavía reingresó, una vez más, en noviembre de 1938 hasta su licenciamiento definitivo, terminadas las operaciones militares, en mayo de 1939. Entonces se incorporó de nuevo al ayuntamiento.

La vida de López Quecuty en el ayuntamiento no fue fácil. En noviembre de 1939 fue suspendido por un mes por haber aceptado en octubre un trabajo en la Compañía Transmediterránea considerado incompatible con su puesto en la Beneficencia. Entonces pidió una excedencia para continuar trabajando en la compañía marítima. Aunque, terminada la suspensión, dejó la naviera para reincorporarse a su puesto en la Beneficencia.

En 1941, a petición del Colegio de Médicos de Cádiz que tramitaba su expediente de depuración, el ayuntamiento salió al paso de lo que había declarado López de que se le había readmitido por considerarse que ya había sido suficientemente castigado y que, por supuesto, al contrario

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de lo que afirmaba, sí habían existido motivos para su separación. Fue amonestado e inhabilitado para ocupar cargos directivos y de confianza en la organización colegial. En agosto de 1944 abandonó el ayuntamiento al pedir una excedencia.

La aplicación del decreto-ley de Burgos Como se ha dicho tenemos constancia de que fueron tres trabajadores del SMAE los que fueron depurados a partir del decreto de diciembre de 1936. De ellos se hizo un expediente conjunto. Eloy García Gutiérrez vivía en la calle Benjumeda. Pertenecía a IR y había sido interventor electoral en las elecciones de febrero de 1936. De él, el propio ayuntamiento aseguró que, si bien había pertenecido a un partido del Frente Popular, también había prestado importantes servicios en las líneas eléctricas en los momentos más peligrosos cuando se estaban realizando sabotajes y atentados. De Diego Quijano Macías el ayuntamiento dio informes más que favorables a la Guardia Civil. Llegó a afirmar que durante el “Glorioso Movimiento Nacional” había prestado servicios que difícilmente podrían ser recompensados. Por último, de Julián Saiz Paredes el propio ayuntamiento aseguró que, si bien había pertenecido a un partido del Frente Popular, también había prestado importantes servicios en los momentos cuando se estaban realizando sabotajes y atentados. Como se ha dicho, de los tres depurados por este medio solo uno fue readmitido con posterioridad: Eloy García Gutiérrez.

El expediente comenzó a incoarse, por acuerdo del pleno municipal, en marzo de 1938, que nombró instructor al gestor José Núñez Palomino quien ya había actuado en ese puesto en los expedientes del verano de 1936. Como contemplaba el decreto la instrucción comenzó tras recibir el Gobernador General del Estado una denuncia, de un cajero del SMAE, contra esos tres trabajadores. Ese cargo había sido creado en octubre de 1936, tras el nombramiento de Franco como jefe del Estado de la zona ocupada, para encargarse de la coordinación de las provincias que iban siendo ocupadas y vigilar la actuación de las autoridades civiles, además de ser el coordinador general de todas las fuerzas de orden público; puesto que ocupó primero Francisco Fermoso Blanco, hasta noviembre, y, después, Luis Valdés Cavanilles. Desapareció en enero de 1938 cuando se constituyó el primer gabinete ministerial de la España golpista.

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LA RESISTENCIA DEL DEPURADO

La denuncia fue trasladada al delegado de orden público de Cádiz, Enrique Sánchez-Delgado Ocerin, quien realizó una información sobre los antecedentes de los denunciados, en la que consideró que quedaba plenamente demostrada su actuación izquierdista, la cual provocó la situación que determinó la realización del golpe. Diego Quijano, “de temperamento cauto”, “que no daba la cara” en las actividades, alardeaba de su izquierdismo en público y había protegido a los trabajadores frente populistas del SMAE y perseguido a los derechistas. Eloy García tampoco tenía antecedentes desfavorables, pero había pertenecido a IR, sido interventor electoral en febrero de 1936 y mostrado satisfacción cuando ardieron los edificios religiosos. Por último, Julián Saiz tampoco había pertenecido a ningún partido político, pero era público que tenía ideas izquierdistas y que frecuentaba la Casa del Pueblo socialista. El 18 de julio estuvo entre quienes aconsejaban a los trabajadores que hicieran huelga y que, todavía en ese momento, decía que las noticias de los triunfos golpistas eran mentira. No bastaron para archivar la denuncia las manifestaciones y los informes favorables del alcalde Juan de Dios Molina, que había sido director del SMAE En consecuencia, pidió al ayuntamiento gaditano que instruyera el oportuno expediente para depurar las responsabilidades que tuvieran.

Así, Quijano Macías, García Gutiérrez y Saiz Paredes fueron citados a declarar ante Núñez. El primero, ayudante del director del SMAE, negó haber pertenecido a ninguna sociedad obrera o partido político extremista. Solo era socio de la Asociación de Funcionarios del ayuntamiento que era completamente apolítica. También negó haber actuado electoralmente. Es más, se sentía cercano a Carranza a quien había votado. Pensaba que la denuncia provenía de compañeros de trabajo con los que tenía roces por las obligaciones de su cargo. Hasta qué punto no había colaborado con las izquierdas lo indicaba que, durante algunas huelgas, llegó a encender las farolas de la calle y que el 18 de julio, cuando estaba a cargo de todo el alumbrado público, impidió que faltara el fluido con lo que consiguió que se apagaran antes los incendios de los edificios y facilitó el servicio de los bomberos. Por último, señaló que en el expediente abierto contra determinados trabajadores del SMAE no fue denunciante, sino que únicamente acudió citado como testigo.

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La extensión de la declaración de Quijano retrasó la de su compañero Saiz al día siguiente. Julián Saiz era jefe de trabajos del SMAE y también negó que perteneciera a algún partido izquierdista o que hubiera tenido alguna actividad política. También negó que hubiera acusado a los compañeros a los que le habían abierto un expediente político unos años antes.

Por último, puso de testigo al propio Juan de Dios Molina, para avalar su conducta siempre profesional y alejada de la política. Había pasado las trece horas de ese 23 de marzo cuando declaró el último de los acusados, Eloy García, guarda del almacén del SMAE. Este sí que reconoció haber pertenecido al radical socialismo y a IR; aunque matizó que lo hizo para no ser objeto de represalias por los izquierdistas. Por lo demás negó su participación en huelgas y que, en el expediente contra los derechistas, solo había sido testigo como un buen número de trabajadores del SMAE. El expediente contra derechistas por el que le preguntaban era el que se le había abierto en 1931 a Jorge Roquette Mac Rea, Rafael Benvenuty Murphy, Remigio Fernández de la Mota Reina, Tomás Escudero Guázquez y José Llull González por supuestas reuniones subversivas contra el nuevo régimen republicano.

El instructor Núñez pidió entonces que declararan los funcionarios que habían informado al Delegado de Orden Público, así como otros trabajadores del SMAE. Entre ellos, aquellos que habían estado incursos en el citado expediente por reuniones clandestinas. Estos aseguraron que no inspiraban sus declaraciones ningún ánimo de venganza por las molestias y disgustos que le habían causado durante los años anteriores, sino por la participación que hubieran tenido en el triunfo del Frente Popular causante de tantas lágrimas y sangre. La mayoría reiteraron sus acusaciones de actividades políticas, militancia en IR y el PSOE, cercanía al Frente Popular e incluso, en un caso, que había pedido continuar la huelga después de la ocupación de la ciudad. Pero también hubo quien dijo no saber nada de esas militancias, desmintió alguna afirmación que otros testigos habían puesto en boca suya y declaró que habían actuado, durante las jornadas de julio, para que no quedara interrumpido el servicio eléctrico.

Aunque especialmente favorable para los tres fue la declaración de quien había sido jefe del SMAE y, en 1938, era alcalde de la ciudad, Juan de

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Dios Molina Arroquia quien, en una extensa declaración, proporcionó multitud de detalles sobre la actuación profesional de los acusados y la inquina que le tenían, por cuestiones de trabajo, algunos de los testigos que habían informado ante el delegado de orden público y declarado ante el instructor municipal. Además, rebajó la importancia del expediente de 1931 que había sido abierto por burlas hacia un concejal, no por actividades clandestinas derechistas, y que, por la escasa importancia que tenía, ni se substanció ni nadie fue castigado.

Núñez terminó por cerrar el expediente con cargos contra los tres. A Eloy García le acusó de haber sido interventor electoral y afiliado a IR; a Diego Quijano de haber trabajado a favor del Frente Popular y haber insultado al ejército italiano; y a Julián Saiz de ser miembro del PSOE, de incitar a los trabajadores a mantener la huelga en julio de 1936, negar los triunfos de las tropas golpistas y ser desafecto. A continuación, se lo comunicó a los acusados y les dio cinco días de plazo para que presentaran su descargo.

Saiz Paredes lo hizo inmediatamente. Era el que peor lo tenía. Reconoció que había sido socio protector de la Casa del Pueblo, no miembro del PSOE, y que dejó de serlo en 1934 cuando comprendió que lo que hacía la citada entidad era proteger a las sociedades extremistas. No solo no había incitado en julio a los trabajadores a seguir en huelga contra el golpe, sino que, al ver que el personal no acudía, pidió permiso a sus jefes para facilitar a la fuerza pública los domicilios para que fueran a buscarlos.

Que nadie puede decirle que se opuso al golpe; al revés, había expuesto su vida para cumplir con su obligación. Ya antes del golpe había intervenido, cuando fueron asaltadas las escuelas de la Mirandilla, para salvar efectos que habían quedado colgados en los cables de la luz al ser lanzados por las ventanas.

Por su parte Diego Quijano insistió en que nunca había realizado actividades a favor del Frente Popular y que no había oído los insultos al ejército que se suponía había hecho Saiz en la fábrica de Torpedos. Tampoco que hubiera realizado propaganda marxista; al revés, siempre se había manifestado como persona de derechas lo que le había supuesto algunos problemas en el trabajo y en su vida particular. Por último, Eloy García alegó que no había podido evitar ser nombrado interventor electoral. Lo

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había sido por ley. Como que su militancia en IR fue producto del miedo a sufrir represalias ya que le habían insistido en que lo hiciera. Por último, informó de que su madre había muerto durante el asedio del Alcázar de Toledo y que un hijo suyo estaba de voluntario en la marina golpista.

El 7 de junio de 1938 Núñez presentó su informe. Afirmaba que de la instrucción no podían considerarse plenamente probadas las acusaciones contra Saiz Paredes y Quijano Macías. Al contrario que las de García Gutiérrez que consideraba plenamente confirmadas. Sin embargo, los informes de la Guardia Civil, Falange, la Comisaría de Policía y la Delegación de Orden Público, los centros oficiales que tenían el deber de registrar y controlar la vida privada de los españoles, coincidían en afirmar que los tres acusados habían tenido “actividades de importancia” con el Frente Popular. Aunque Núñez tuviera alguna duda sobre la veracidad de esos informes, afirmó que negarla sería como dudar de su eficacia, dictaminó que, por ellos, debía de cesar de forma definitiva a los tres empleados.

Además, como en el informe de Falange se manifestarán ciertas dudas sobre cómo pudiera haber adquirido Diego Quijano una finca en Extramuros, proponía que se abriera una información sobre el asunto.

La Comisión Gestora en el pleno que celebró el 4 de mayo acordó habilitar al letrado y al secretario municipal para que estudiaran el expediente e informaran sobre si se debía cumplimentar la propuesta de cese definitivo o no. Lo hacía por las circunstancias contradictorias que aparecían en el expediente. Además, pidió a los centros oficiales que presentaran las pruebas documentales en las que habían basado sus informes acusatorios. Los primeros concluyeron, tras un estudio técnico de la normativa vigente, que el ayuntamiento podía resolver de forma diferente a la propuesta por el instructor. Así que fue nombrada una nueva comisión para que estudiara el expediente, el informe de los abogados e hiciera una nueva propuesta. La formaron los gestores Pedro Ogalla Torres, José Amigueti, Augusto Conte Lacave, Manuel Salamea y Benito García.

Su propuesta la presentaron al pleno celebrado el 25 de mayo. Consideraron que Diego Quijano era el único que debía quedar libre de cargos, mientras que contra los otros dos sí podían formularse cargos concretos. Proponían que Saiz y García debían ser condenados a un

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LA RESISTENCIA DEL DEPURADO

cese de dos meses. Para Quijano, por su izquierdismo, que fuera corregido por su superior.

Seguramente se nos escapan algunos casos de depuraciones. Siempre existe un margen de error o falta de información. En cualquier caso, en marzo de 1938, el ayuntamiento gaditano podía escribir al gobernador civil de la provincia que la depuración de los trabajadores desafectos al golpe o que hubieran tenido actuación político social anterior a él había sido una de sus preocupaciones primordiales y que, siguiendo las indicaciones gubernativas, había procedido durante los meses de agosto a octubre a su separación fulminante. Realmente, en el estado actual de nuestros conocimientos, pocos casos se les habían escapado.

Las consecuencias de la depuración Como se ha visto, en un contexto tan violento, le resistencia de los depurados no fue excesiva salvo en contados casos o que tuvieran apoyo desde las filas golpistas. Para la gran mayoría de los centenares de depurados su vida cambió. Bien porque tuvieran que buscarse nuevos trabajos, a veces en oficios diferentes, bien porque sufrieron duras restricciones económicas que les llevaron hasta el desahucio. O, simplemente, porque fueran, además, detenidos y, en muchos casos, procesados por los tribunales militares. Este fue el caso de Manuel Aceituno Rocamonde, un mozo temporero del mercado, que a los pocos meses de su despido tuvo que afrontar el juicio por desahucio del partidito que habitaba en la calle de San Nicolás.

Contamos con un expediente muy revelador de lo ocurrido. Se trata del que se abrió, con motivo de una petición de información del Gobernador General del Estado, de septiembre de 1937, sobre la situación de los médicos y practicantes depurados durante los meses anteriores. El ayuntamiento informó de once de ellos, cinco médicos y seis practicantes, omitiendo a otros como los que habían sido asesinados. Los médicos eran Pablo Bauzano Guillén, Vicente Carrasco Illescas, José Rodríguez Guerrero, José Serrano Salagaray y Antonio Suffo Ramos. Los practicantes fueron Joaquín Amaya Vázquez, Salvador Davin del Pozo, Hermógenes Martínez Laiglesia, Manuel Mesa Rodríguez, Fernando Rueda Ruiz y Leopoldo Suárez Podestá.

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De los médicos, Carrasco, veremos más adelante, estaba de viaje y no había podido volver. Se encontraba en zona gubernamental. Rodríguez Guerrero, tras su cese y viendo la situación, se había marchado a las islas Canarias dejando a su familia en Cádiz. Los dos restantes, Serrano y Suffo se encontraban en la cárcel. El único que estaba en libertad era Pablo Bauzano. Entre los practicantes, Amaya y Martínez Laiglesia estaban en la misma situación que Carrasco: en zona gubernamental.

Mesa Rodríguez estaba en El Saucejo, Sevilla, aunque en Cádiz desconocían si continuaba en esa población. Suárez Podestá, que terminaría siendo readmitido, se encontraba en el frente incorporado a una unidad de la Falange gaditana. En libertad, en Cádiz, estaban Davin del Pozo y Rueda Ruiz. Ambos, también se verá con detalle más adelante, serían condenados a 12 años de prisión e inhabilitación por masones en la década de los cuarenta.

Finalmente, de los primeramente depurados, 128 fueron readmitidos.

Fue un goteo que se prolongó durante meses y, como hemos visto, en algunos casos, con gran dificultad. A punto de obtener el triunfo en 1939, las propias autoridades franquistas, como en el caso de las sentencias de los consejos de guerra, autorizaron, mediante una ley de marzo, revisar los expedientes de depuraciones de los años anteriores.

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Capítulo 4

Los que fueron readmitidos Como se ha visto en el capítulo anterior llegaron a ser 541 los trabajadores expulsados del ayuntamiento. Casi el 40% de la plantilla existente en julio de 1936; una abultada cifra que incluía a todos los miembros de diversos servicios como la Guardia Municipal, SMAE o el de bomberos.

Como pronto se vio no eran sino medidas de urgencia hasta poner en marcha la fórmula principal de depuración de todos aquellos que hubieran participado, o fueran afines, en la vida política republicana. La herramienta fue la circular gubernativa del gobernador civil Valera Valverde de 7 de agosto, al día siguiente de su toma de posesión del cargo.

Su contenido no deja la menor duda sobre la finalidad de “escrupulosa depuración” de todos aquellos “que hubiesen tenido relación con el llamado Frente Popular”. Es decir, una depuración política en toda regla y que, además, debía realizarse de forma fulminante. A ello se aprestó diligentemente la nueva gestora municipal nombrada por las autoridades armadas golpistas; con tanta diligencia, que se llevaron por delante casi a la mitad de la plantilla.

Sin embargo, como también se ha visto, hubo quienes reclamaron ante la injusticia de su cese y terminaron siendo readmitidos. Además de otros muchos, hasta 128, que fueron readmitidos mediante su nueva contratación sin ningún trámite previo o, por el contrario, pasaron muchos años, en algunos casos hasta su jubilación, hasta que lo fueron. Algunos de ellos con militancia política y sindical. Es el caso del miembro de IR José Fortes Aragón, que reingresó en septiembre de 1936 tras presentar el correspondiente pliego de descargo. Aunque en 1941 se jubiló y abandonó la ciudad. Por esas fechas el Tribunal de Responsabilidades Políticas se interesaba por él.

También, según la Guardia Municipal, de IR eran Arturo Herrera Rodríguez, un peón que logró su readmisión en 1941; el trabajador del matadero José Morales Durán; Julián Moratalla Barea, un interventor del SMAE que había sido, además de miembro de IR, presidente de

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la Sociedad de Electricistas; el vocal de la directiva de la sociedad de los trabajadores de la limpieza de la UGT, Alfonso Quintero Castaño; el también trabajador de la limpieza José Antonio Villar García y, por último, Rafael Zaragoza Aguirre, un funcionario, oficial en las oficinas centrales, al que, además, acusaron de haber formado parte de la comisión que las autoridades municipales del Frente Popular crearon para depurar a la institución de derechistas y ser uno de los vocales de los Jurados Mixtos.

Durante un tiempo desconocimos el significado exacto de las letras “P.P.” que aparecen en la mayoría de los depurados en el libro registro de personal que se conserva en el archivo histórico municipal. Finalmente, gracias a un escrito, supimos que las iniciales hacían referencia al cese del trabajador por pertenecer a un partido político tal como indicaba la orden gubernativa de agosto de 1936; por si quedaba alguna duda sobre los motivos de su despido. Entre ellos estuvieron el jardinero José Morera Muñiz y Evaristo Puerta Sánchez.

Morera era un joven gaditano, nacido en marzo de 1913, que había ingresado en la sección municipal de jardines en abril de 1928. Depurado por supuesta pertenencia a IR, reingresó en 1939 tras pasar los años de la guerra en las filas del ejército golpista. En una nota en la que la secretaría municipal desglosaba los años de servicio que había prestado se indicaba, sin ningún género de dudas, que había sido separado por pertenecer a partidos políticos de izquierda. Reingresó en enero de 1940 y, en octubre de ese año, ocupó una plaza de jardinero por concurso.

Vamos a desarrollar algunos casos especialmente significativos.

Los años del conflicto (1936-1939) Tras la descarga del rayo exterminador, entre las cenizas se vieron signos de vida. Unos tras la reorganización de los cuerpos que habían sido disueltos, como los de la Guardia Municipal o de bomberos. Hubo quienes depurados en un primer momento fueron, a las pocas semanas, readmitidos. Como los temporeros, en especial los contratados tras el nombramiento de la nueva gestora nombrada por las autoridades frentepopulistas.

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LOS QUE FUERON READMITIDOS

Si se pudiera identificar un rasgo común se podría señalar que, prácticamente ninguno de ellos había pertenecido a partido político alguno.

Son poco más de una treintena en total. Entre ellos están los temporeros José Batista Casanova, de la limpieza pública, que fue repuesto a comienzos de agosto y que, en 1938, pasó a ser bombero; Manuel Lojo Rodríguez, trabajador de la Gota de Leche y el sepulturero Eduardo Novell Cuenca.

Un caso especial fue el de las trabajadoras de los servicios de Educación.

Las autoridades golpistas aprovecharon el periodo vacacional para dejar cesantes a todos los trabajadores, maestras y temporeras que ejercían de “conductoras”, es decir, de auxiliares de niños. Cuando en septiembre comenzaron a reorganizarse los centros quedaron readmitidas algunas de ellas. Fueron los casos, en septiembre de 1936, de Adelaida Bernal Jaén, Amalia Loaysa, Josefa Salgueiro Castro, Milagros Sánchez Botijo, Ana Sánchez Muñoz y Carmen Valiente Guerrero. Prácticamente todas trabajaban con anterioridad a febrero de 1936 y carecían de antecedentes políticos sociales. Un hecho que resalta, una vez más, el carácter político de la represión.

Solo conocemos que se salieran de esta norma, Tomás Smith Medina, Antonio Vidal Barea y Carmen Gómez Luque. Los dos primeros cesados y readmitidos en agosto y la tercera en septiembre. Smith era un escribiente al que se le consideró afiliado a IR pero que se dio de baja de forma voluntaria. A Antonio Vidal, un veterinario temporero que trabajaba en el Matadero; el Gobierno Civil, en enero de 1943 le situaba, por los informes que había recibido de Falange, Policía y Guardia Civil, como miembro del que hasta entonces había sido el partido más importante de la ciudad y ampliamente mayoritario en el ayuntamiento. Eso sí, no tenía antecedentes masónicos y una buena consideración personal.

La última estaba, igualmente, considerada afiliada a IR, como sus hermanos Antonio y Rosario. Por lo menos así los consideraba el servicio de información de la Guardia Municipal.

De otros servicios nos encontramos con que, en el mismo septiembre, readmitieron a Emilia Selma Cimbrero, enfermera de la asistencia pública. En noviembre lo fue Josefa Luna Cabeza, limpiadora temporera

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del Laboratorio Municipal. Estos casos, como en los de sus compañeras de educación, lo fueron por necesidades del servicio y no contar con antecedentes políticos. En el mismo caso de este grupo de temporeras nos encontramos con otro personal de diferentes servicios que también fue readmitido en septiembre tras el cese masivo de finales de julio. Fueron los casos de Luis Camerino Benítez que volvió a su puesto de jardinero; Cristóbal Cruz Varo, un encalador de nichos en el cementerio; Salvador Gómez Montalbán, portero del grupo escolar de la calle Juan de Dios; José Leal Victoriano, temporero que trabajaba en la mayordomía y José Pérez Torrejón, mozo de la Lonja de verduras.

De este segundo grupo también fue readmitido Juan Manzorro Sanromán que tenía antecedentes políticos. El servicio de información de la Guardia Municipal le incluía entre los interventores en las elecciones de febrero de 1936. Quizás explica este hecho que hubiera ingresado como temporero durante la gestora municipal derechista en 1934 que, en un primer momento, estuviera entre los cesados por la gestora frentepopulista y que hubiera sido interventor por el candidato radical Manuel Sánchez Caballero ,no por ninguno del Frente Popular.

Hasta fin de año el ritmo de readmisiones disminuyó a una por mes.

En octubre, el único readmitido del que tengamos constancia fue José Jiménez Sáez de la Torre quien trabajaba en la sección de estadística.

En noviembre lo fue Guillermo Deschamps Rojas, un bombero que fue enviado como guarda en los jardines.

Como sabemos a fines de 1936 se había consolidado el golpe de Estado en diversas zonas del país y avanzado desde sus posiciones iniciales. Pero también estaba claro que el gobierno había resistido y que el conflicto se dirigía hacia una guerra convencional. La derrota de Varela ante Madrid en noviembre fue el hecho que marcó ese antes y su después.

En 1937 fueron repuestos 4 trabajadores: Manuel Cancas Muñoz, Inés Espinosa Sanjuán, Álvaro Gómez Arias y Manuel Marí Martínez.

Desconocemos la fecha exacta de la readmisión del guardia municipal Cancas Muñoz aunque tenemos constancia documental de que en febrero ya lo estaba. En abril lo hizo Inés Espinosa Sanjuán, una mecanó-

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LOS QUE FUERON READMITIDOS

grafa temporera que ingresó en marzo de 1936 y fue cesada en julio de 1936. Álvaro Gómez era un auxiliar, funcionario, de la farmacia. Álvaro ingresó en enero de 1936, cesado en agosto de 1936, reingresó en marzo de 1937. Por último, tenemos el caso de Manuel Mari Martínez que cesado en octubre de 1936 presentó recurso casi un año más tarde, en junio de 1937, y fue repuesto ese mismo mes; un caso al que también hay que sumar su pertenencia a IR. Manuel Mari Martínez era médico funcionario de la Beneficencia Municipal. Había nacido en la ciudad levantina de Cartagena en diciembre de 1904 y aprobado la oposición en septiembre de 1934. Separado primero del servicio de forma provisional, fue cesado definitivamente el 16 de octubre aplicándole la tan mentada circular del gobernador civil en base a su militancia en el partido de Manuel Muñoz Martínez y Manuel Azaña. En esa situación permaneció hasta que se decidió presentar el recurso que fue enviado para su estudio a la comisión depuradora existente en ese momento; comisión que aceptó el arrepentimiento de Mari por haber pertenecido a IR en una decisión tomada de forma no meditada.

Por último, tenemos tres casos de estos años de los que desconocemos la fecha de readmisión. Son los de Rafael Corbacho Vázquez, guardia municipal, Antonio Sáenz Cervera, jardinero y Jerónimo Vicente González, un auxiliar de la farmacia municipal.

Tuvo consejo de guerra y fue readmitido En las circunstancias represivas como las del verano de 1936, incompatible parecería comparecer ante un consejo de guerra y mantener el trabajo en el ayuntamiento. Sin embargo, en un caso fue así: el de funcionario José Ballesteros Aliaga. Nacido en Cádiz en julio de 1899, vivía en la calle Fernández Shaw. Entró a trabajar como temporero de la estufa de fumigación en octubre de 1918 y obtuvo la plaza de fumigador en agosto de 1924. Fue miembro de la Sociedad de Empleados de Espectáculos Públicos de la UGT en la que era tesorero de la sección de operadores cinematográficos. Encarcelado, fue suspendido de empleo y sueldo en la sesión de la gestora de 2 de febrero de 1937.

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Su detención se había producido unos días antes cuando la policía golpista comenzó a investigar las reuniones que habían tenido lugar en el garaje de la calle Santa Rosalía del laboratorio municipal para escuchar emisoras gubernamentales. Ballesteros, operador en el cine Municipal, había sido el encargado de prepararla. Un asunto que veremos de forma amplia más adelante; cuando tratemos los consejos de guerra. De momento baste decir que, además, fueron detenidas otras personas, entre ellas el que había sido director del servicio, el médico ya depurado Pablo Bauzano Guillén. Tras una rápida instrucción, la vista del sumario tuvo lugar en mayo. Para entonces Ballesteros era considerado una persona que no había tenido actividad política e, incluso, parecía inclinado hacia las derechas. Tampoco se había demostrado que fuera quien facilitara el aparato de radio. Por ello el fiscal pidió su absolución. Una petición que recogió la sentencia que ordenó su puesta en libertad.

Sin embargo, la vista fue anulada por un defecto de forma y las autoridades judiciales golpistas acordaron que debía desglosarse la acusación en dos procedimientos diferentes. Uno dirigido exclusivamente contra Bauzano Guillén y otro en el que quedaron incursos Ballesteros y su compañero Lorenzo Sacaluga Mayones. Fue así como comenzó a instruirse el PSU 99bis.

Todavía detenido, Ballesteros escribió al juzgado justificando su actuación durante el 18 de julio y que no dejó de acudir al trabajo; mientras que el alcalde Carranza enviaba un informe en el que se recordaba su pertenencia a la sociedad ugetista y, añadía, que le consideraba muy amigo de los dirigentes socialistas. Falange, por su parte, achacó su detención al tema de las escuchas radiofónicas y a que, como había viajado a Sevilla en diferentes ocasiones, pudiera haber estado ejerciendo actividades de espionaje. Por lo demás, le consideraba derechista ya que había votado a la candidatura anti revolucionaria en febrero de 1936.

En la primera declaración que hizo, ya en abril de 1937, reconoció que, en 1931, había pertenecido al partido radical de Alejandro Lerroux, pero del que se había dado de baja al poco tiempo. Así como su pertenencia, como otros muchos trabajadores, a la sociedad de su oficio pero que ni había acudido a la Casa del Pueblo ni tenía relaciones o amistad con sus

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LOS QUE FUERON READMITIDOS

dirigentes. El aparato de radio lo había llevado en junio para amenizar las muchas horas que pasaba en el trabajo y que podían oírlo cuantos quisieran. Sus viajes a Sevilla lo habían sido para recoger a su mujer a la que el golpe cogió en Madrid y que había quedado bloqueada en Córdoba. Cuando le preguntaron si había sido apoderado en las elecciones de 1936 respondió que no; pero que sí lo había sido en 1931 en representación del candidato “carrancista” Lucio Bascuñana. Por último, las personas que propuso como aval testificaron a su favor.

Ya se ha dicho que Ballesteros fue procesado y compareció ante el consejo de guerra. Absuelto esa primera vez, ahora, en mayo de 1938, fue puesto en libertad con la obligación de presentarse cada diez días en comisaría. El auto del instructor, en junio, consideró que no habían aparecido nuevos elementos que sirvieran para inculparle. En consecuencia, al no encontrarle aplicación de bando o artículo del código penal, proponía su sobreseimiento. Así se hizo por auto de comienzos de octubre. Inmediatamente Ballesteros comenzó a gestionar su reingreso en el ayuntamiento.

Lo primero que hizo fue solicitar de las autoridades golpistas una certificación del sobreseimiento. Después, el 3 de noviembre, se presentó en las oficinas del Laboratorio Municipal para solicitar su reingreso al cesar la causa por la que se había producido su cese. Unos días más tarde la comisión gestora lo autorizó, pero no le reconoció el abono de los salarios de los 22 meses que había permanecido expulsado. Ballesteros los reclamó en un recurso que le fue rechazo unas semanas después.

Entonces, ya en enero de 1939, presentó un recurso contencioso administrativo que tuvo una sentencia favorable en diciembre. José Ballesteros Aliaga reingresó en el ayuntamiento y ganó el pleito para que le abonaran los salarios retenidos.

Entre las primeras peticiones estuvo la de José Antonio Villar García de Movellán, auxiliar de la lonja del mercado. Presentó ante el ministerio de Gobernación su solicitud de reingreso el mismo mes de marzo de 1939. Villar había nacido en 1900 en Puerto Real, vivía en la calle Encarnación, estaba casado y tenía tres hijos. Ingresó en el ayuntamiento en octubre de 1934 como auxiliar de la lonja de verduras y fue separado

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de forma definitiva, en virtud de la circular gubernativa, en octubre de 1936. Aunque presentó recurso le fue denegado. Siempre negó haber pertenecido a ningún partido de izquierdas o haber colaborado con el Frente Popular.

Una muestra de que el procedimiento todavía no estaba engrasado fue que, en agosto, el ayuntamiento se dirigió al Gobernador Militar y a los diversos servicios de información de los diferentes organismos franquistas para pedirle todos los informes y datos que tuvieran sobre Villar y su depuración. Como instructor fue nombrado el gestor Manuel Salamea quien le citó para declarar. Reconoció que había pertenecido durante unos meses a IR para poder ascender dentro del trabajo, pero que nunca había sido activo. Tampoco había votado por no estar inscrito en el censo. En julio de 1936 había permanecido en su puesto de trabajo y se reincorporó el lunes 20 a primera hora.

Mientras habían ido llegando los informes policiales y de las otras instituciones franquistas; confirmaban lo que había declarado: no estaba en el censo y su afiliación a IR había sido del mismo julio de 1936. Además, decían que tenía fama de buen trabajador y fiel cumplidor de sus obligaciones. Salamea presentó su informe el 19 de septiembre. Concluía que, por su pertenencia a IR, su cese había sido llevado a cabo regularmente en virtud de la circular gubernativa. Pensaba que el tiempo pasado y la ley de marzo permitían que Villar fuera repuesto; propuesta aprobada en el pleno municipal de unos días más tarde. Eso sí, se consideraba que el tiempo separado, más de tres años, era una sanción justa por su pertenencia a IR durante 17 días de julio de 1936.

Entre la guerra y la victoria Los intentos de ser readmitidos continuaron tras el término de las operaciones bélicas. De hecho, a punto de terminar, en marzo de 1939, una orden determinó que fuera el ministerio de la Gobernación, a través de los gobernadores civiles, los que instruyeran los expedientes abiertos por esas solicitudes. Fue el caso de Bartolomé Guerrero Suárez un chófer del cuerpo de bomberos. Nacido en la localidad malagueña de

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Pizarro, vivía en la calle Concepción Arenal y entró en el ayuntamiento a fines de 1931. Fue depurado el verano de 1936. Aunque intentó presentarse a nuevos concursos siempre le fue denegado por los informes que le hacían militante del PCE y tener gran amistad con dirigentes de ese partido en la ciudad. Por fin, en 1942 consiguió que las autoridades gubernativas estudiaran su caso.

Sin embargo, las autoridades municipales actuaron lentamente. Hasta agosto no acordaron abrir el expediente y en noviembre no había ninguna actuación hecha. Fue entonces cuando el gobernador pidió información sobre su situación y el ayuntamiento le respondió con el consabido estaban en ello, a punto de terminar. En realidad, no fue hasta el requerimiento de gobernador cuando se puso en marcha, en diciembre. Primero fue interrogado Guerrero. Relató que la noche del 18 de julio de 1936 estuvo en la plaza del Palillero sofocando los incendios. Cuando fue cesado tras la reorganización del cuerpo a principios de agosto fue reclutado como chófer antes de incorporarse primero a la milicia de Falange mandada por Juan Quirell Soto. Enviado al frente participó en las batallas de Brunete, Madrid, Toledo y Ávila.

No negó que hubiera pertenecido al PCE aunque recordó que, antes lo había sido del Radical de Lerroux y que si, en 1934, se hizo comunista lo fue por presiones de sus compañeros. Aunque ni cogió el carné ni cotizó. Más aún aseguró que durante los sucesos de octubre de 1934 ofreció, por si eran necesarios, sus servicios al gobernador civil Armiñán. Incluso, en mayo de 1941, la sección de justicia de Falange le investigó y concluyó que no había motivo para sancionarle. También afirmó que no había sido masón. Tras solicitar diferentes informes el instructor municipal propuso su readmisión sin el abono de los sueldos que había dejado de percibir.

En realidad, desde el mes de junio había reingresado y trabajaba en el parque móvil, en la carga y descarga de gasógenos. No existía plaza de chófer por lo que escogió seguir en la limpieza pública hasta que pudiera regresar a su antiguo puesto; lo que ocurrió en mayo de 1943.

Sin embargo, no acabaron aquí sus vicisitudes. En marzo de 1949 le volvieron a abrir expediente por “actividades políticas”: había sido de-

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

tenido, e ingresado en prisión por habérsele encontrado en su casa prensa de tendencia extremista; en realidad, un ejemplar de Mundo Obrero. Mientras duró su encarcelamiento fue nuevamente suspendido de empleo y sueldo. Fue puesto en libertad en mayo de 1949 y volvió a su puesto.

La victoria que llamaron paz Como ya se ha visto en algún caso significativo, a punto de ganar el conflicto, en marzo de 1939, los ya próximos vencedores dictaron unas normas para revisar la depuración realizada durante el verano y el otoño de 1936. Entre los empleados del ayuntamiento gaditano que se acogieron a ella estuvieron Alfonso Díaz Castro, Joaquín Gessa Loayza y Miguel Pastrana González.

Díaz Castro era un guardia municipal que había ingresado en enero de 1935 y fue cesado el 31 de julio de 1936 al no ser reincorporado tras la disolución del cuerpo. Aunque solicitó su vuelta al cuerpo durante los años siguientes, siempre le fue negado. Tras la publicación de la norma se acogió a ella. Reingresó en enero de 1940. Como veremos más adelante, también fue una de las personas que, en base al decreto de marzo de 1975, solicitó el reconocimiento del tiempo que estuvo separado del servicio: 3 años y 7 meses. Se lo concedieron sin efectos económicos retroactivos.

Joaquín Gessa Loayza había nacido en Vejer en septiembre de 1898, estaba casado y tenía dos hijos. Afiliado a IR; ingresó en el ayuntamiento en 1929 como auxiliar de arbitrios temporero y ascendió por concurso a empleado en 1933. Hasta su depuración trabajó de escribiente. En julio de 1939 se dirigió al gobernador civil solicitando su readmisión.

Este solicitó al ayuntamiento el expediente de depuración. Gessa había sido cesado en septiembre de 1936 aplicándole la circular gubernativa de agosto. Presentó recurso que le fue denegado y así quedó. Desconocemos las razones concretas, más allá de su izquierdismo por militar en IR, por las que los servicios de información golpistas realizaron un seguimiento de su persona. Por ellos sabemos que tras su cese se trasladó a Herrera, en la provincia de Sevilla, en donde fue nombrado secretario municipal; puesto que ya había ocupado con anterioridad, durante el Frente Popular, en Alcalá de los Gazules. Fue readmitido en 1940.

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LOS QUE FUERON READMITIDOS

Finalmente citemos el caso del oficinista en el mercado, Miguel Pastrana González; uno de los últimos, que tengamos constancia, en ser readmitido. Veremos las circunstancias de su depuración más adelante. Ahora baste saber que había sido militante del PSOE y fue acusado de participar en la resistencia al golpe la tarde del 18 de julio. Igualmente había presentado su solicitud de reingreso el verano de 1939.

En esta primera ocasión su solicitud fue rechazada. Sin embargo, a los pocos meses, volvió a presentarla ante el gobernador civil y, ahora, éste la remitió al ayuntamiento. En la sesión de la comisión gestora, celebrada el 10 de noviembre acordó abrir expediente para estudiarla y nombró un instructor. Comenzaba un largo camino que no terminaría sino en enero de 1951 cuando fue repuesto en su puesto de auxiliar mecanógrafo.

En un primer momento, por acuerdo de 15 de diciembre de 1939, el ayuntamiento ratificó el cese al no considerar las pruebas que presentaba Pastrana y que pensaba anulaban las que habían servido para depurarle. Se trataban de diversos informes de importantes personalidades del nuevo régimen, como Manuel Mora Figueroa, e informes de los cuerpos policiales y militares en los que se certificaba su honorabilidad y actitud favorable al nuevo régimen. El acuerdo municipal fue ratificado por las autoridades gubernativas en julio de 1940.

Pasaron más de cuatro años hasta que, en marzo de 1945, presentara una nueva solicitud de reposición. En esta ocasión a los informes y avales de las autoridades civiles y militares, añadió hasta nueve certificaciones favorables de diferentes particulares. De nuevo, las autoridades gubernativas remitieron la solicitud al ayuntamiento para que estudiara la revisión. En esta ocasión el escrito del gobernador incluía unas consideraciones en las que además de fundamentar su decisión en la aparición de nuevos elementos de juicios, pensaba que, estos, podían llevar a considerar que se había cometido una “notoria injusticia”.

Nombrado instructor por el ayuntamiento, este citó a Pastrana en abril para interrogarle. Se ratificó en su petición y añadió que se comprometía, si era repuesto, a no reclamar los haberes que le pudieran deber desde 1936. En su informe, el instructor se mostró favorable a que fuera readmitido. Consideraba que los méritos en campaña que había presen-

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

tado y los informes de autoridades civiles y militares, así como los de los particulares, eran suficientes para considerar como un castigo justo a su actuación los nueve años que llevaba separado. Además, consideraba como favorable la actitud de Pastrana de renunciar a los haberes de esos años ya que, de esta manera, reconocía que la separación había sido justa. La reposición fue, finalmente, acordada en la sesión del ayuntamiento celebrada el 27 de mayo de 1945. Sin embargo, ahora, fue el gobernador quien decidió que la destitución debía continuar y anuló el acuerdo municipal.

Hasta el 6 de diciembre de 1950 no volvió Pastrana a dirigirse al ministerio de la Gobernación. Ahora quiso desmontar los dos elementos que, pensaba, eran fundamentales para que la sanción persistiera: su izquierdismo y supuesta participación en los saqueos del 18 de julio ya que habían sido encontrados algunos efectos de ellos en su oficina en el mercado. Por ambos estuvo detenido desde mediados de agosto hasta comienzos de octubre de 1936. Se basaba en que, en el otoño de 1936, el auditor Bohórquez había cerrado favorablemente las diligencias abiertas por esos hechos. No tenía copia de esa resolución –ni conocemos el expediente todavía hoy– pero solicitaba que las autoridades obtuvieran un testimonio de ella. Además, ya puestos, añadió que lamentaba que por una actitud irreflexiva de juventud hubiera militado en el socialismo, aunque, pensaba, había purgado su error con su participación como voluntario en la guerra y con las vicisitudes y estrecheces económicas que había padecido desde su depuración.

El ensañamiento con Pastrana no terminó hasta este último reconocimiento de culpabilidad y humillación por sus errores pasados en los que no faltó una apelación a la caridad y piedad de las autoridades franquistas. El 20 de diciembre el ayuntamiento acordó apoyar la solicitud del gobernador y reponerle sin haberes. Un acuerdo que fue ratificado en pleno dos días después.

Desconocemos si Miguel Pastrana conoció la noticia durante las fiestas navideñas o tuvo que esperar al 2 de enero de 1951 a recibir el oficio en el que se le comunicaba su readmisión. Tras pedir una ampliación del plazo de toma de posesión, lo hizo el 1 de marzo de 1951.

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LOS QUE FUERON READMITIDOS

De policía municipal a maestro cortijero Antonio del Castillo Altemburg había nacido en La Línea de la Concepción en marzo de 1907 y estaba casado con Ana Álvarez Mora con la que tenía cinco hijos. Fue en marzo de 1933 cuando entró a trabajar temporalmente en la Guardia Urbana de Cádiz. Tuvo varios encontronazos que le llevaron a sufrir diversos castigos. Por eso, en julio de 1936, tras la disolución y reorganización del cuerpo fue despedido. Además, tenía fama de ser izquierdista. Sin embargo, en marzo de 1937 le permitieron presentarse a un concurso y reingresó en el cuerpo. En 1939 se dio de baja para incorporarse a la Guardia Civil.

En su nueva situación tampoco dejó de ser un personaje conflictivo.

Tuvo una violenta reyerta con un superior a comienzos de los cuarenta.

Encarcelado en el castillo de Santa Catalina en Cádiz fue juzgado en consejo de guerra y condenado a varios años en Cádiz. Cuando recobró la libertad se instaló entre Tarifa y Facinas y comenzó a trabajar como maestro en diversos cortijos de la zona. Beatriz Díaz en su web sobre los maestros ambulantes ha seguido su pista. Las autoridades, conocedoras de sus antecedentes, lo tenían vigilado por considerarlo “desafecto”. En la década de los sesenta continuaba impartiendo clases por la zona.

De principio a fin Para algunos trabajadores la depuración por “P.P.”, por pertenecer a un Partido Político, se prolongó desde el momento del cese por los golpistas hasta los estertores finales del franquismo 39 años más tarde. Así nos encontramos con diversas situaciones. Una fue la del ordenanza José Grima Romero que había entrado a trabajar con 14 años en 1930, había sido cesado en septiembre, se había desestimado su recurso por pertenecer a IR y logró reingresar en 1940 tras presentarse a un nuevo concurso. Durante los años siguientes fue subiendo puestos en el escalafón hasta alcanzar, en 1973, una jefatura de negociado. A mediados a los años sesenta pidió, y consiguió, que el tiempo que estuvo cesado, más de tres años, le fuera reconocido a efectos de tiempo de servicio.

Por último, estuvieron quienes no volvieron nunca a trabajar en el ayuntamiento pero que, a efectos de contabilizar los años de servicio

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

para la jubilación, fueron formalmente readmitidos. Uno de ellos fue el médico Vicente Carrasco Illescas cuyo caso se verá ampliamente más adelante. Otro fue el de José Rodríguez Guerrero, médico de la Beneficencia municipal. Pertenecía al cuerpo desde septiembre de 1934 y su cese definitivo fue decretado en septiembre de 1936. Considerado miembro de IR no presentó recurso y se incorporó, como alférez médico, a las tropas golpistas. Como en el caso anterior, pidió que se le computara para la jubilación el tiempo que debía haber estado trabajando: cuarenta años. En noviembre de 1976 el ayuntamiento de Cádiz desestimó su petición que afirmaba que su depuración se debió a una denuncia falsa ya que él no había tenido ninguna actividad política.

Entonces Rodríguez Guerrero pidió la readmisión en base al indulto otorgado a finales de 1975 con motivo del ascenso a la jefatura del Estado del rey Juan Carlos I. En él se consideraban prescritos los delitos contemplados en la ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y establecía una revisión de oficio de las sanciones administrativas dictadas.

De otro lado, el decreto 564/75 del ministerio de Gobernación de 13 de marzo reconocía que pudiera computarse el tiempo de separación del servicio por depuración político social a los efectos de derechos activos y pasivos de los funcionarios. En esta ocasión se acordó el reingreso, pero no existía ya las plaza de médico municipal que se había ido extinguiendo a partir de 1964.

De todas formas, tras una consulta a la Dirección General de Administraciones Locales, se decidió su readmisión con la condición de que la plaza se extinguiera a su jubilación. Rodríguez Guerrero no se reincorporó, alegó estar enfermo, y fue pidiendo licencias mensuales hasta su jubilación en febrero de 1978. Seguramente fue el último “readmitido” de los trabajadores municipales depurados. No había vuelto a ocupar su puesto pero, había obtenido, como en otros casos, la reincorporación simbólica. Hasta el último momento, se mantuvo el reconocimiento de que los despidos se habían producido por motivos políticos.

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Capítulo 5 Las cifras

Aunque en párrafos anteriores hayamos adelantado algunos datos numéricos, nos pareció acertado aunar en un solo capítulo todas las cifras resultantes de analizar la represión gaditana en el seno de su ayuntamiento. De esta manera intentaremos dar una visión muy general, aunque muy ilustrativa, de la forma en que afectó esta situación a las distintas secciones municipales, así como aportaremos datos más concretos sobre la verdadera magnitud de estos hechos.

Los trabajadores que se encontraban en activo en el instante previo al golpe eran 1380. Una de las primeras medidas llevadas a cabo por el nuevo gobierno fue el cese masivo de personal: 541 empleados, es decir, casi el 40% de la plantilla. Una criba que afectó prácticamente a todas las secciones. Aunque algunas corrieron peor suerte que otras. Así, el cuerpo de la Guardia Municipal, el 5 de agosto y por orden del Comandante Militar fue disuelto y no se reorganizó hasta el 11 de septiembre, según consta en acta municipal. Por una cuestión de orden público cesarán también, con la misma fecha, al cuerpo de Bomberos y a los trabajadores de los SMAE. Estos últimos, a pesar de haber mantenido un comportamiento ejemplar en este violento suceso – sabemos que no se interrumpió el suministro de agua o electricidad en ningún momento – fueron duramente sancionados por los “antecedentes muy poco recomendables” de alguno de sus trabajadores. De hecho, como veremos a continuación, los trabajadores de estos servicios fueron los más perjudicados. Por último, aunque en menor medida, el sector educativo experimentó también serias mermas en su plantilla. El 19 de agosto de 1936 se estableció la obligación de los alcaldes de informar acerca de la conducta del personal docente. De hecho, ya al principio del curso 1936-1937 se habían realizado las primeras depuraciones en las escuelas. El control de la enseñanza fue clave para el nuevo gobierno, sin embargo, estas separaciones significarían un doble esfuerzo en las aulas, principalmente por la notoria escasez de profesorado. Un ejemplo de esto último fue la total disolución de la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés el día 29 de julio o el cese de todo el personal interino de las escuelas municipales.

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

En este sistema depurador tuvo un papel esencial el Servicio de Información del cabo José Guerrero, bajo la supervisión de la figura del alcalde y de Luis Machuca Báez, quien había sido nombrado jefe del nuevo cuerpo de la Guardia Municipal. En cualquier caso, la Comisión Gestora del Ayuntamiento tras un estudio de las distintas solicitudes y los expedientes correspondientes, fueron reponiendo en sus cargos a todos aquellos trabajadores que no eran considerados una amenaza para el régimen.

Como adelantábamos, tras estabilizarse la situación, las víctimas de la represión ascendieron a 541. Sin embargo, a lo largo de los meses siguientes esta cifra varió notoriamente. Fue, principalmente, por el fruto de las numerosas reclamaciones de perjudicados que, por distintas razones, consiguieron ser repuestos en sus respectivos cargos. Este proceso, llevado a cabo a lo largo de varios meses, supuso la reincorporación al trabajo de un total de 128 personas procedentes de todos los departamentos municipales, por lo que fueron 413 los represaliados que terminaron abandonando sus puestos de manera definitiva. Como se aprecia en la tabla adjunta: Número total de represaliados

Número de personas repuestas en el cargo1

Nº de trabajadores cesados definitivamente

125 (23,1%)

9 (1,6 %)

116 (21,4%)

78 (14,4 %)

28 (5,1%)

50(9,2 %)

38 (7 %)

2 (0,3 %)

36 (6,6 %)

60 (11%)

17 (3,4 %)

43 (7,9 %)

Beneficencia y sanidad

54 (9,9 %)

13 (2,4 %)

41 (7,5 %)

Vías y Obras

21 (3,8 %)

3 (0,5 %)

18 (3,3%)

Guardia Municipal

29 (5,3 %)

11 (2%)

18 (3,3%)

Mercados y lonja

20 (3,6 %)

5 (0,9 %)

15 (2,7 %)

Cuerpo de bomberos

12 (2,2%)

2 (0,3 %)

10 (1,8 %)

Administración de rentas

16 (2,9 %)

1 (0,1 %)

15 (2,7 %)

Jardines

26 (4,7 %)

11 (2 %)

16 (2,7%)

Otros

50 (9,2%)

22 (4%)

28 (5,1 %)

Desconocidos

12 (2,2%)

4 (0,7 %)

8 (1,4 %)

Secciones

Agua y Electricidad (SMAE) Limpieza pública Estadística Escuelas

1 El cálculo de los porcentajes los hemos realizado siempre sobre el número total de represaliados, es decir, 541.

78

LAS CIFRAS

Como podemos observar, fueron once las secciones municipales con mayor número de afectados por este acto represivo: Agua y Electricidad (SMAE), limpieza pública, estadística, escuela, beneficencia y sanidad, vías y obras, Guardia Municipal, mercado y lonja, bomberos, administración y rentas y finalmente jardines.

Por otro lado, en las dos últimas filas hemos añadido los apartados “Otros” y “Desconocidos”. En el primero de ellos aunamos aquellas ocupaciones que, aunque fueron afectadas, lo hicieron en mucha menor medida, estas pudieron ser: chófer, empleado del cementerio, mecanógrafo, empleado del cine municipal, músico, auxiliar de rentas, etc. Finalmente, en el último recuadro, hemos querido también contabilizar aquellas personas afectadas por los ceses, que, aun conociendo sus nombres, no hemos logrado localizar sus puestos.

Por otro lado, también hemos analizado qué porcentaje de trabajadores actuaban como funcionarios y cuántos lo hacían como interinos. Estos últimos – también conocidos como “temporeros”– en un primer momento fueron los más afectados. Debemos tener en cuenta que este tipo de personal estaba prestando sus servicios de manera transitoria, por lo que se convirtieron en el grupo más vulnerable de ese sistema represivo. Un ejemplo fue el acuerdo tomado el 5 de agosto de 1936, por el que – aprovechando el periodo vacacional– se decidió cesar a todo el personal interino de las escuelas municipales, optando por nuevos nombramientos para el inicio del curso. Junto a estos, cesaron muchos otros.

En cualquier caso, aquellos trabajadores que sí contaban con un cargo en propiedad en el momento del golpe fueron también duramente sancionados. Ostentar la categoría de funcionario no supuso traba alguna a la hora de ser investigado por posibles conductas inmorales o por haber estado relacionados con el Frente Popular. De esta manera, al cese inicial de los trabajadores del SMAE, el cuerpo de Bomberos o la Guardia Municipal, debemos sumar a muchos otros que fueron retirados de sus cargos a lo largo de los meses siguientes. En el acta municipal del 2 de septiembre de 1936, por ejemplo, podemos leer un informe de la Comisión que venía acompañada por una extensa relación de nombres. Eran los ceses y las bajas del per-

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

sonal funcionario acusados de actuar políticamente contribuyendo “a la ruina que para la Patria” había significado el Frente Popular.

En una segunda tabla reflejamos las cifras del personal represaliado en función de sus condiciones de “funcionarios” o “interinos”. Debemos tener en cuenta que en esta ocasión son datos orientativos.

En primer lugar, porque no siempre hemos contado con la información suficiente para conocer la categoría de cada uno de los trabajadores, de ahí que hayamos tenido que incluir el apartado de casos “desconocidos”. Por otro lado, debemos saber que un trabajador interino podía ascender a funcionario en cuestión de meses, al igual que se producía el caso contrario, por lo que cualquier pequeño vacío documental puede dar lugar a cifras no del todo certeras. Por esa razón aclaramos que para realizar este recuento hemos tomado como cierto el dato más cercano en el tiempo al momento del golpe.

El resultado en el siguiente: Número total de represaliados

Número de personas repuestas en el cargo

Número de trabajadores cesados definitivamente

289 (53,54%)

63 (11,6%)

226 (41,7%)

156 (28,8%)

43 (7,9%)

113 (20,8%)

96 (17,6%)

22 (4%)

74 (13,6%)

Categoría

Funcionarios Interinos Casos desconocidos

Como ya se ha dicho, el principal motivo de estos ceses fueron las relaciones del personal con los distintos partidos políticos, sindicatos o asociaciones consideradas “non gratas” por los golpistas.

Numerosas fueron las entidades de claro matiz izquierdista que, a lo largo del siglo XX, fueron constituyéndose y echando raíces. Debemos recordar que el día 15 de enero de 1936, un documento firmado por IR, Unión Republicana y el Partido Socialista, al que también se sumaban el Partido Comunista, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Sindicalista, la Federación de Juventudes Socialistas y la Unión General de Trabajadores, conformó lo que se

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LAS CIFRAS

conocería como Frente Popular. Cualquier persona sospechosa de pertenecer al mismo se convertiría en víctima de la represión. Lo mismo ocurrió con los miembros de las distintas logias masónicas.

En la capital, desde los años veinte, existieron diversas logias entre las que podemos destacar: Hijos de Hiram, Fermín Salvochea, Luis Maroldo, Fidelidad, etc.

Aunque no ha sido posible conocer la militancia de cada uno de los trabajadores cesados, sí contamos con los datos de 219 empleados retirados de sus cargos (48%), cifra que nos puede aportar una idea de la actividad política del personal en el momento del golpe. Vamos a analizar las cifras en el siguiente cuadrante, donde hemos querido reflejar los diferentes partidos, sindicatos o asociaciones que han venido apareciendo en la distinta documentación. En segundo lugar, indicamos el número de afiliados de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el total de todos ellos suman 267, y no 219. Esto es debido a que en ocasiones encontramos una doble, e incluso triple afiliación, como ocurría por ejemplo en el caso de Manuel Macías Retes, masón que además militaba en el PSOE y la UGT. Por último, hemos indicado cuántos de ellos fueron repuestos posteriormente en su cargo.

Partidos/Sindicatos/Asociaciones

Afiliados

Izquierda Republicana (IR)

124 (22%)

15 (2,7%)

Unión General de Trabajadores (UGT)

38 (7%)

6 (1,1%)

Partido Comunista de España (PCE)

20 (3%)

2 (0,3%)

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

3 (0,5%)

0 (0%)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

39 (7%)

3 (0,5%)

7 (1%)

1 (0,1%)

10 (1,8%)

1 (0,1%)

Partido Republicano Radical (PRR)

1 (0,1%)

0 (0%)

Partido Sindicalista (PS)

1 (0,1%)

0 (0%)

Juventudes Socialistas de España (JSE)

1 (0,1%)

0 (0%)

Unión Republicana

5 (0,9%)

0 (0%)

18 (3,3%)

0 (0%)

Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) Socorro Rojo Internacional (SRI)

Masón

Repuesto en su cargo

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

En este proceso depuratorio fueron también claves los consejos de guerra. En el artículo 95 de la Constitución republicana de 1931 podemos leer: “La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados”. Sin embargo, tras el golpe de 1936, esta división entre la jurisdicción castrense y la ordinaria quedó totalmente anulada. De esta manera, cualquier persona, fuera cual fuera su oficio o condición jurídica, podía ser juzgada a través de un procedimiento militar. Así, los militares controlaban directamente la represión contra aquellas personas que, de una forma u otra, se opusieron a la sublevación. Además, se pretendía dar una apariencia legal a unas actuaciones que pueden caracterizarse como de Justicia del Terror.

El sistema se extendió por todo el territorio ocupado y vino a sustituir a los asesinatos basados en los diferentes bandos de guerra proclamados por los golpistas desde julio de 1936. La justicia militar golpista tuvo que incluir, dado el volumen de “trabajo”, en los Consejos de Guerra a jueces, magistrados y abogados civiles, que completaron las plantillas de los militares. Por lo general existían tres tipos de sentencias, que de mayor a menor gravedad serían las de adhesión, auxilio y excitación a la rebelión.

Dependiendo del alcance, el instructor podía poner en libertad al acusado, decretar su prisión atenuada mientras se llevaba a cabo la institución del sumario o bien dictar auto de procesamiento y encarcelamiento. Las distintas sentencias podían oscilar desde 6 meses a 30 años de cárcel y la de muerte. En Cádiz se abrieron numerosas causas, procedimientos sumarísimos y, desde la primavera de 1937, sumarísimos de urgencia. Varios miles de personas pasaron por ellos.

En el seno del ayuntamiento encontramos víctimas tanto de las aplicaciones de los bandos de guerra, la justicia militar del otoño de 1936 y de los PSU desde la primavera de 1937. Al menos 10 concejales fueron asesinados durante el mes de agosto. Pero no solo afectó a los cargos políticos. Un total de 52 trabajadores, todos ellos varones, fueron juzgados de esta manera. Aunque suponemos que todos tendrían algún tipo de relación con el Frente Popular, únicamente conocemos la afi-

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LAS CIFRAS

liación política de 33 de ellos, la mayoría militantes de IR, PSOE y UGT. Tras ser puestos en libertad, 7 de los acusados fueron reincorporados al trabajo, mientras que – según nos consta hasta el momento– 13 fueron ejecutados.

PERSONAL CON CONSEJO DE GUERRA Total

52 (8,4%)

Con afiliación política

33 (5,6%)

Repuestos en el cargo

7 (1,2%)

Asesinados

13 (2%)

Según los estudios iniciales de la historiadora Alicia Domínguez los asesinados en Cádiz sobrepasaron los 560 casos. Aunque estudios más recientes nos acercan a más de 700 víctimas; la mayoría de las veces, como sabemos, la eliminación de los opositores se realizó en base a las informaciones que proporcionaron distintos servicios como la Delegación del Orden Público, Falange, Requetés, el propio Ejército o, en el caso de nuestro ayuntamiento, el Servicio de Información de la Guardia Municipal. En ellos se intentaron buscar los antecedentes políticos y morales de los acusados. Una burocracia que no buscaba la justicia sino desarrollar el terrorismo impulsado por los golpistas.

En el caso del consistorio gaditano, de los 541 empleados cesados en la primera etapa de la represión, 37 serían víctimas mortales, lo que supuso un 6,8% del total de la plantilla afectada. Como podremos comprobar en la próxima tabla, resulta llamativo que el 100% de los perjudicados fueran varones, no habiendo localizado – al menos hasta el momento – ninguna mujer con este tipo de condena. En cualquier caso, volveremos a hablar más detenidamente sobre esta cuestión a lo largo de las siguientes páginas de este estudio.

SEXO

NÚMERO DE ASESINADOS

Hombres

37 (6,8%)

Mujeres

0 (0%)

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

También hemos visto interesante reflejar las cifras de los fusilados en función de la fecha en que se llevó a cabo. A continuación, veremos que también en el ayuntamiento la mayoría de crímenes se llevaron a cabo a lo largo de 1936, si bien es cierto que fueron una constante durante todos los años que duró el conflicto.

FECHA

NÚMERO DE ASESINADOS

1936

21 (3,8%)

1937

9 (1,6%)

1938

1 (0,1%)

1939

2 (0,3%)

Fecha desconocida

4 (0,5%)

La documentación conservada de igual manera nos ha dado la posibilidad de conocer en qué lugares fueron cometidos los crímenes donde perdieron la vida los distintos trabajadores. Lo cierto es que nos encontramos ante datos poco novedosos. En efecto, los lugares indicados a continuación fueron el escenario de la mayoría de los asesinatos llevados a cabo en la ciudad. Veremos que el lugar más recurrido será los alrededores de la ya desaparecida plaza de toros, con un total de 12 muertos.

Muy cerca le siguen el foso de la Puerta Tierra, escenario que presenció el fusilamiento de 11 de los trabajadores. En todo caso, estamos hablando de cifras variables, teniendo en cuenta que aún contamos con bastantes casos cuyos detalles desconocemos.

LUGAR DEL ASESINATO

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NÚMERO DE ASESINADOS

Fosos de Puerta Tierra

6 (1,1%)

Alrededores de plaza de toros

12 (2,2%)

Hospital de Mora

2 (0,3%)

El Puerto de Santa María

1 (0,1%)

Hospital de San Juan de Dios

1 (0,1%)

Puerto Real

1 (0,1 %)

Casos desconocidos

9 (1,6%)

LAS CIFRAS

Como remate a este capítulo, vamos a analizar las bajas sufridas en las distintas corporaciones a consecuencia de la desaparición de estos 37 trabajadores. Ya vimos al comienzo de este capítulo que la represión afectó a todos sin distinción de oficios, sin embargo, algunos cuerpos fueron especialmente castigados. Esto se dejará entrever de igual manera en los cuadros añadidos a continuación, pues una vez más los SMAE fueron protagonistas al tratarse del sector más reprimido con un total de 9 muertos. Le sigue Vías y Obras con 6, y los cuerpos de Guardia Municipal y Bomberos con 4 cada uno. El resto de represaliados fueron trabajadores de Beneficencia y Sanidad, de Limpieza, escribientes, Oficiales 1º, maestros y trabajadores de la Lonja. Además, debemos añadir tres víctimas cuyos oficios en el momento de la ejecución son hasta el momento desconocidos.

OFICIOS

NÚMERO DE ASESINADOS

Vías y obras

6 (1,1%)

Guardia Municipal

4 (0, 7%)

Beneficencia

6 (1,1%)

SMAE

9 (1,6%)

Limpieza pública

1 (0,1%)

Escribientes

1 (0,1%)

Bombero

4 (0,7%)

Oficial 1º

1 (0,1 %)

Enseñanza

1 (0,1 %)

Lonja

1 (0,1 %)

Oficio desconocido

3 (0,5%)

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Capítulo 6

Los asesinados El triunfo del golpe en Cádiz se cobró la vida de más de una docena de personas y varias decenas de heridas. No fueron las únicas. Durante los meses siguientes y hasta bien entrado 1942, los asesinatos continuaron.

Otras 700 personas, al menos, cayeron bajo el paraguas de los bandos de guerra o de los consejos de guerra de la Justicia del Terror. De ellas, 37 eran trabajadores del ayuntamiento, funcionarios o temporeros. Una gran mayoría, 26, es decir más el 78%, fueron asesinadas durante los meses de la “matanza fundacional del franquismo”: la segunda mitad de 1936 y hasta marzo de 1937.

Los hubo de todos los servicios y de toda condición social. Desde altos funcionarios a trabajadores de a pie o, en todo caso, muy destacados en el mundo sindical de la ciudad.

Sus cadáveres aparecieron en los diferentes mataderos de la ciudad como la plaza de toros o el propio foso de la Puerta de Tierra. El lugar donde continuaría la matanza en los años siguientes. También, hubo quienes terminaron muriendo, no en su cama, sino en la prisión provincial. En agosto de 1936 murieron siete trabajadores municipales: el bombero Manuel Lapi García, el cabo de la Guardia Municipal, Pablo Mirecki Bach, el médico Rafael Calbo Cuadrado, el practicante Alfonso López Quera, el maestro y director de la colonia escolar de la playa Pedro Muñoz de Arenillas, Antonio Muñoz Dueñas, militar y jefe de la Guardia Municipal y Manuel Molina Ledo, trabajador de los Servicios de Aguas y Electricidad. Además, está el caso del conductor de los bomberos Juan Marín Hinojosa asesinado un día que desconocemos de julio o agosto.

Los primeros asesinatos El primero en ser asesinado fue Manuel Lapi García, uno de los más importantes dirigentes socialistas de la ciudad. Gaditano, había nacido el 12 de junio de 1899 en una familia trabajadora. Su padre era carpintero.

Estuvo casado dos veces. Primero con María de los Ángeles Blandino Herrera, en septiembre de 1925. En agosto de 1926 nació su hija, María

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Relación de empleados municipales en julio de 1936 asesinados por los golpistas Nombre

Lugar Servicio en que trabajaba Ballester Tinoco, Vicente 20.09.1936 FPT Vías y obras Baras Artés, Manuel 19.01.1937 FPT Jefe Municipales Bartús Lobato, Eduardo 02.01.1937 APT Temporero Calbo Cuadrado, Rafael 17.08.1936 FPT Beneficencia Candorsio Pérez, José 19.10.1936 Vías y obras Carrero Armario, Antonio 28.09.1936 APT Vías y obras Carrillo García, Agustín Vías y obras 18.12.1936 APT SMAE Fernández Moreno, Diego Gallé García, José María 25.01.1937 FPT SMAE García Cortés, Pedro 27.01.1937 H. Mora Limpieza 18.11.1936 APT SMAE García González, José Guardia Municipal García Gómez, Diego García Rodríguez, Emilio 23.11.1936 APT Escribiente Iglesias Sánchez, Norberto 12.10.1936 FPT SMAE Lapi García, Manuel 02.08.1936 Bombero 28.03.1939 EPSM SMAE López Macías, Juan López Oli, Francisco 28.11.1936 APT Vías y obras López Quera, Alfonso 31.08.1936 APT Beneficencia Macías Retes, Manuel 22.09.1936 SMAE FPT Oficial 1º Marchante Carrasco, Antonio 19.10.1936 Chófer bomberos Marín Hinojosa, Juan Mata Pino, José 25.01.1937 FPT Bombero 07.12.1936 APT Practicante Mazón Sáinz, Manuel Mirecki Bach, Pablo 05.08.1936 H.SJD Guardia Municipal Molina Ledo, Manuel 26.08.1936 SMAE 28.09.1936 APT SMAE Moreno Cortés, Manuel 25.03.1938 FPT Practicante Moreno Mesa, Juan Muñoz Arnís, José 29.11.1936 APT Bombero Muñoz de Arenillas, Pedro 00.08.1936 PR Maestro Muñoz Dueñas, Antonio 18.08.1936 FPT Jefe Guardia Municipal 22.01.1937 FPT Beneficencia Pichaco García, Rufino Quintero Macías, Enrique 23.03.1937 FPT SMAE Ragel Jiménez, Juan

01.01.1937 Santandreu Peleteiro, José 18.11.1936 APT Temporero Serrano Salagaray, Fernando 16.01.1939 H.Mora Contable lonja Vera Monge, Rafael de Jefe de Sección Zambonino Cano, Leonardo 02.01.1937 APT Vías y obras

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Fecha

LOS ASESINADOS

Funcionarios municipales asesinados por fecha Agosto 1936

7

Septiembre 1936

4

Octubre 1936

3

Noviembre 1936

5

Diciembre 1936

2

Enero 1937

8

Marzo 1937

1

Marzo 1938

1

Enero 1930

1

Julio 1939

1

Fecha desconocida

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de los Ángeles. Dos años más tarde falleció su esposa y se volvió a casar, con María González Yesa, en mayo de 1931. Tuvieron tres hijos: María, Manuel y Antonio que fue póstumo, ya que nació en diciembre de 1936.

Parece que durante un tiempo, trabajó, ya de conductor, en las bodegas de Lacave en la Segunda Aguada. Por la documentación municipal sabemos que, en junio de 1931, entró, como temporero, de conductor de la camioneta de la banda municipal. Obtuvo plaza por concurso, como mecánico-chófer de bomberos, en marzo de 1932.

Miembro de PSOE y de la UGT ocupó importantes cargos en ambas organizaciones. De la UGT fue secretario local y provincial y delegado regional en el Comité Nacional de la Federación Nacional del Transporte.

Acudió al XXVII congreso nacional de la UGT celebrado en Madrid en octubre de 1932. En el PSOE fue vocal de la comisión ejecutiva nacional y miembro del comité que preparó en Cádiz la revolución de octubre de 1934. Fue partidario de la Alianza Obrera Revolucionaria con la CNT que se plasmó en el mitin de Largo Caballero y Vicente Ballester en mayo 1936. También participó en las Juventudes Socialistas y en el Socorro Rojo Internacional. Estuvo de vocal obrero en el Jurado Mixto del Transporte de Cádiz. También, en septiembre de 1931, entró en la logia Fermín Salvochea con el nombre simbólico de Mercurio; convirtiéndose en hermano en julio de 1932.

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Seguramente asistió a la reunión que la madrugada del 18 de julio se celebró en el Gobierno Civil. Cuando se extendieron los rumores de que el golpe se ponía en marcha en la ciudad acudió al edificio gubernativo en donde participó en la organización de la resistencia. Al ordenar el gobernador Zapico la entrega de armas cortas a los paisanos que acudían al gobierno, acompañó al capitán de asalto Yáñez y al metalúrgico comunista Julián Pinto, a la armería de la familia Arcusa en la calle de San Francisco. Como otros centenares de vecinos pudo abandonar el edificio durante la tregua que se produjo en torno a las seis de la tarde. Parece seguro que se incorporó a los efectivos de bomberos que se dedicaron durante la noche y madrugada a controlar los incendios de los edificios del centro de la ciudad. Todavía vestía de uniforme cuando fue detenido.

Según informaciones familiares regresó a su domicilio en el número 9 de la calle Valverde poco antes del mediodía del domingo 19. Allí fue detenido por dos guardias civiles y un paisano. Según declaró su viuda, en el escrito de solicitud de ayuda para huérfanos, en septiembre de 1946, su marido fue trasladado primero a la prisión provincial desde donde sería sacado unos días más tarde para ser enviado a la checa abierta en el carbonero Miraflores. Sin embargo, consultados los registros de la prisión provincial y del cementerio jerezano no aparecen ni su registro de entrada y salida de la primera, ni el del enterramiento. Parece que lo más seguro es que, tras su detención, fuera trasladado a algunos de los centros habilitados para acoger a los presos como la propia Comisaría de Vigilancia, el Cuartel de Falange del Casino o la prisión militar de Santa Catalina en donde se fueron concentrando a algunas de las principales autoridades de la ciudad. A partir del día 23, cuando el buque comenzó a recibir detenidos, sería enviado a él.

El caso es que, a pesar de sus gestiones, la familia no pudo localizarlo hasta que llegó al carbonero. Así que comenzaron a llevarle comida allí que les fue aceptada hasta el día 2 de agosto cuando, en el cantil del muelle, quien recogía la comida; porque el barco estaba fondeado en la bahía, les dijo que no hacía falta que la llevaran más, que lo habían trasladado a la prisión de Jerez. Nunca llegaría allí. Con su salida, como ocurre con el lugar de su enterramiento, se desvaneció. En una de sus

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solicitudes para la concesión de una ayuda a los huérfanos de 1942, su esposa María González dio, incluso, un lugar de inhumación: en el cementerio jerezano, en la fosa común del patio 2º, izquierda. Más aún, la inscripción ese año en el Registro Civil de Cádiz, confirma esta fecha de defunción. Sin embargo, existen otras informaciones que modifican tanto la fecha de la muerte como el lugar de asesinato y enterramiento.

La propia mujer declaró, en noviembre de 1944, que la fecha del fallecimiento había sido el 6 de agosto.

Años después, en abril de 1979, presentó una nueva solicitud de concesión de la pensión por viuda de guerra; ahora en base a la ley aprobada en noviembre de 1978. La Dirección General de Política Interior del ministerio la concedió, en diciembre de 1979, previo informe del Gobierno Civil de Cádiz. En ese informe se probó, en palabras de la Dirección General, “la muerte a consecuencia de herida de arma con motivo de la guerra 36-39 entre El Puerto de Santa María y Jerez, el 2 de agosto de 1936”.

En cualquier caso, la situación es a día de hoy, como en tantos otros casos, que los restos de Lapi continúan desaparecidos.

Con su asesinato y depuración municipal no terminó la persecución de Lapi por los golpistas. También sufrió su rapiña. De la cuenta que tenía en el Banco Hispano Americano le fueron incautadas 3.500 pesetas.

Años después, cuando fueron sobreseídos los procedimientos que le habían sido abiertos por los tribunales de represión de la masonería y el comunismo y de responsabilidades políticas, solo le devolvieron 2.500.

Cronológicamente quien le siguió fue Pablo Mirecki Bach. Un cabo de la Guardia Municipal que, según el fichero del Servicio de Investigación del cuerpo, se suicidó. Poco sabemos de él salvo que, de nuevo con la información policial, vivía en la calle Murallas de San Roque, 6 y que había militado en el radical socialismo y entrado en 1935 en la IR de Manuel Azaña. El libro de inhumaciones del cementerio señala que se trató de un enterramiento judicial. En consecuencia, la hipótesis del suicidio queda reforzada. Sin embargo, poco sabemos del contexto en el que se produjo. Es seguro que el cadáver procedía del Hospital de San

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Juan de Dios y que la muerte se produjo por septicemia, es decir, por una infección generalizada. De otro lado, en el libro registro de entradas de heridos en el Hospital de la Santa Caridad, es decir de San Juan de Dios, figura el ingreso de Mirecki a las 11,45 del miércoles 22 de julio. Venía con tres disparos en el pecho que había recibido en las cercanías, fuera en la plaza o calle de San Juan de Dios, de la clínica. Que muriera de tres disparos no anula la posibilidad del suicidio. Pero hay muchas formas de llegar a él. Disponemos de dos fuentes sobre cómo se produjo su muerte, muy condicionadas en su veracidad por su origen.

Una es la noticia aparecida el día 6 en Diario de Cádiz bajo el titular “Fallece el cabo de la Guardia Municipal que atentó contra su vida”. En ella se aseguraba que Mirecki se había disparado en la propia puerta del ayuntamiento. El otro es un documento, titulado: “Cádiz bajo el terror fascista. Ahora, para asesinar a los sospechosos de republicanismo, se valen de unos consejos de guerra que constituyen un insulto para la ley”. Fechado en julio de 1937, procede de los servicios de información del gobierno y contiene una gran carga propagandística. En él se asegura que falleció disparándose tras enfrentarse a quienes iban a detenerle. Uno y otro aparecen bajo el control absoluto de las autoridades por lo que merecen ponerse en cuestión e incluso se pueden considerar complementarias ya que el suicidio se pudo producir en el momento de la detención.

El documento gubernamental recoge las declaraciones de un supuesto refugiado que ha llegado de Cádiz a Valencia y dibuja un escenario terrorífico tanto de la vida cotidiana como de la represión. Comercios cerrados, colas de ciudadanos pidiendo comida y viviendo en las calles, presiones para que los ciudadanos contribuyan económicamente con los golpistas, bajo amenaza de prisión, y, sobre todo, una dura represión que había dirigido Joaquín Romero [se refiere a Joaquín Romero Abreu] falangista y capitán de artillería muerto hacía poco en el frente de Madrid, que había alcanzado las 4.000 personas. Más allá de los trazos más o menos gruesos para dibujar la situación en la ciudad y de la exageración en el número de asesinatos, existen en el texto otros elementos que reflejan con mayor exactitud lo que ocurría.

Nos referimos, por ejemplo, a la puesta en marcha, apenas tres meses antes, de la Justicia del Terror. Un mecanismo que es descrito con

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exactitud aunque, en algún caso, se queda incompleto y lleva al error. Es el caso del concejal de UR y práctico del puerto Ricardo Pardeza García que, es cierto que había sido condenado a muerte, aunque finalmente, le fue conmutada por la de 20 años. Aunque, en otros citados, la información era plenamente correcta. Son los ejemplos del maestro y masón José Guillén García, asesinado a finales de febrero de 1937, también detenido en julio, y de otros detenidos y sometidos a consejo de guerra como el telegrafista Manuel [Miguel en el texto] Jiménez Jiménez, el abogado Andrés López Gálvez o dos médicos, de los que no da los nombres pero que, posiblemente, se refieran a Pedro Márquez Soler y Pablo Bauzano Guillén, dos depurados de la Beneficencia municipal y, ambos, condenados a largas penas de prisión.

Para finalizar, el anónimo testimonio atestiguaba dos casos que denominaba “antes morir que prestarse al tormento”. Ya había relatado que, independientemente de que fueran asesinados o no, los detenidos eran sometidos a malos tratos, torturas y simulaciones de fusilamiento.

Uno de ellos fue el del conserje de la Escuela normal, Manuel Baret Rocafull, masón y afiliado a IR, que se tiró por la azotea de su casa, la noche del 16 de septiembre de 1936, cuando iba a ser detenido. Una noticia que, incluso apareció en la prensa, sin mencionar su segura detención. Sabemos que ya lo había estado el verano de 1936 en el Miraflores de donde había sido puesto en libertad a mediados de agosto.

Un año más tarde las autoridades judiciales golpistas volvieron a interesarse por su situación. Fue entonces cuando ocurrieron los hechos.

El otro, se refería precisamente a las circunstancias en que había sido herido el cabo Mirecki. El 18 de julio o bien no estuvo en el edificio municipal o si estuvo salió antes de su ocupación por las fuerzas golpistas. El caso es que asegura que se escondió como hicieron otros centenares de gaditanos. Un dato que se enfrenta al del diario gaditano en el que asegura que estaba en la puerta del ayuntamiento. El informe gubernamental sitúa lo ocurrido en la primavera de 1937. Sin embargo, no era así. Como hemos visto, Pablo Mirecki fue herido la tarde del 22 de julio de 1936 y se debatió entre la vida y la muerte en una cama del hospital de San Juan de Dios hasta el 4 de agosto cuando falleció. Asegura el documento gubernamental que había sido localizado y cuando fueron a detenerle se resistió. No sabemos si es verdad que matara a tres de sus

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captores o es un elemento más para dotar de heroicidad a lo ocurrido.

Tampoco si su detención se produjo en la puerta del ayuntamiento y si fue allí donde quisieron prenderle y, entonces, se disparó.

Mientras el cuerpo del municipal se encontraba en el depósito de cadáveres de la calle Santa Rosalía, llegó a la ciudad el nuevo gobernador civil que las autoridades golpistas habían nombrado en sustitución del viejo cacique monárquico local Ramón de Carranza. Eduardo Valera Valverde era un militar presente en las conspiraciones contra el gobierno de los años anteriores. Venía a Cádiz para impulsar la política represiva que, todavía, se consideraba tibia en Sevilla. Al día siguiente fueron fusilados en el castillo de San Sebastián el gobernador civil y los jefes de la Guardia de Asalto y de Carabineros.

El tercer trabajador municipal asesinado en agosto de 1936 fue el médico Rafael Calbo Cuadrado. Había nacido en Cádiz en octubre de 1905 y en su facultad de Medicina realizó los estudios que finalizó con 21 años. Obstreta, se doctoró rápidamente e impartió en la facultad las asignaturas de Histología y Anatomía Patológica. En agosto de 1931, concursó, y obtuvo, una plaza de tocólogo en la Beneficencia Municipal.

Vivía en la calle Moreno de Mora 36 y estaba casado con María Ruiz Caballero con la que tenía dos hijas.

Durante la Dictadura de Primo de Rivero ingresó en el PSOE y en la masonería. En los años republicanos fue uno de los principales dirigentes socialistas de la ciudad. En 1933 era el presidente provincial de la Federación Socialista y fue uno de los candidatos a diputado en las elecciones de noviembre-diciembre de 1933, puesto que obtuvo en las elecciones de febrero de 1936. Perteneció a las logias Fidelidad, Hermano Vigor e Hijos de Hiram en Cádiz y alcanzó, en 1932, el grado de maestro. Utilizó los nombres simbólicos de Ramón y Cajal y Cajal 2º.

Desconocemos qué hizo durante las jornadas del golpe y la resistencia.

Seguramente pasaría por la Casa del Pueblo en la calle Arbolí y por el Gobierno Civil. Después permaneció en su domicilio hasta que el 10 de agosto fue detenido e ingresado en la prisión de Cádiz. El mismo día en que Gonzalo Queipo de Llano visitó Jerez, San Fernando y la propia Cádiz.

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Allí permaneció hasta su asesinato en el foso de la Puerta de Tierra el 16 de agosto. Una orden del Gobierno Civil le sacó de la prisión. En teoría iba a ser trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. Nunca llegaría. Fue asesinado en el foso de la Puerta de Tierra y enterrado al día siguiente en un nicho del patio 6º del cementerio que permaneció sin lápida nominativa hasta comienzos de octubre. Por orden de López Pinto su muerte, por herida de arma de fuego, fue inscrita en el Registro Civil al día siguiente. Se trató de la primera persona identificada, hubo una anterior que no lo fue, asesinada en ese lugar que terminaría convirtiéndose en uno de los principales mataderos de la ciudad. Allí terminaron con la vida de casi centenar y medio de víctimas. Unos meses más tarde, en octubre, la familia insertó una esquela en la prensa y se ofició un acto religioso en su memoria.

Como en otros tantos casos, su asesinato no impidió que fuera depurado de sus plazas de profesor universitario, médico municipal y del propio colegio médico. También que sufriera la incautación de sus propiedades, en 1938, y fuera juzgado por el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Este tribunal lo procesó, en mayo de 1945, por no haber presentado la declaración de retractación. Constatado su fallecimiento decidió considerar extinguidas sus responsabilidades.

Antonio Muñoz Dueñas fue asesinado, al día siguiente que Calbo, también en el foso de la Puerta de Tierra; el lugar en el que iban a morir algunas de las personalidades más conocidas de la ciudad. Lo fue en compañía de Antonio Macalio Carisomo, secretario y hombre de confianza del gobernador Zapico y Julián Pinto Uriarte, metalúrgico y dirigente sindical y del PCE; otros dos destacados miembros gubernamentales de la ciudad y que habían participado en la resistencia desde el Gobierno Civil donde fueron detenidos. Militar y jefe de la Guardia Municipal fue enviado por las autoridades al ayuntamiento para organizar la resistencia.

Muñoz Dueñas era capitán de Infantería y había nacido en Los Barrios en noviembre de 1889. En 1930 estaba destinado en Cádiz, en la Zona de Reclutamiento y Reserva, y vivía en la calle Sacramento 65 con su esposa Victoria Mesa Real. Tras la proclamación de la Segunda República, el nuevo alcalde, Emilio de Sola, lo nombró jefe de la

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Guardia Municipal el 12 de mayo de 1931. Permaneció en ese puesto hasta junio de 1933 cuando dimitió por sentirse falto de apoyo moral por parte del equipo de gobierno municipal, ahora, presidido por Manuel de la Pinta. Aunque no conocemos con exactitud las circunstancias de lo ocurrido no pueden estar muy desligadas de la convulsión existente en los partidos republicanos por esas fechas. Nombrado por un alcalde republicano radical, Emilio Sola Ramos, dimitió bajo el mandato de otro republicano radical socialista, Manuel de la Pinta, que, a su vez, había sustituido a otro de esa tendencia, Enrique Álvarez López.

En pleno proceso de ruptura del radicalismo y del radical socialismo, Muñoz Dueñas pudo sentirse abandonado cuando se discutía la reforma del reglamento de la Guardia Municipal y se aprobó que el comandante no tenía por qué ser necesariamente un militar. Algo que percibiría como una desautorización personal. Fuera como fuera, el caso es que dimitió y fue sustituido por Manuel Baras Artés.

Antonio Muñoz Dueñas terminó siendo de los miembros del radical socialismo gaditano que terminaron integrándose en el nuevo partido de Manuel Azaña, IR. En abril de 1935, un año después de constituida, perteneció al comité organizador del almuerzo que se le ofreció, aprovechando la visita de Marcelino Domingo a la ciudad, al nuevo dirigente azañista de la ciudad, Manuel Muñoz Martínez. Así que no extraña que fuera llamado por el gobernador civil Zapico, la tarde del 18 de julio, para que se desplazara al ayuntamiento en calidad de delegado suyo para organizar la resistencia y procurar que las autoridades no perdieran el control del edificio, bien fuera por su ocupación por los golpistas como por los grupos de ciudadanos que ya inundaban las calles pidiendo armas. También perteneció a la masonería, desde enero de 1936, con el nombre simbólico de Verdad.

Así parece que ocurrió porque el jefe de los municipales Baras Artés se puso a su disposición y fue Dueñas quien ordenó cerrar las puertas y controlar las entradas y salidas, distribuir los guardias por las diferentes dependencias y repartir algunas pistolas a los concejales que estaban en el edificio. Como también parece que evitó el enfrentamiento con las fuerzas golpistas estacionadas frente a la fachada principal del ayuntamiento, negándoles armas a un grupo, de entre quince y veinte personas, que

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intentó entrar por la calle San Juan de Dios y quien, finalmente, en cuanto conoció la llegada de las tropas africanas y la rendición del gobierno civil, ordenó al mayordomo que entregara el edificio.

Para los golpistas la pista de Muñoz Dueñas se desvaneció tras ser detenido en el ayuntamiento la mañana del día 19. Así lo aseguraban, en diversas comunicaciones, al instructor de la causa que se abrió tras la ocupación del edificio y que terminó convirtiéndose, durante los meses siguientes, no solo en la de los detenidos allí sino de toda la corporación municipal. Hasta el mediodía del lunes 20 cuando formó parte de la cuerda de presos que fue sacada del ayuntamiento, por ser considerados peligrosos, y trasladados a la Prisión Provincial y al castillo de Santa Catalina. Los directores de ambos negaron que Dueñas hubiera pasado por ellos. El caso es que su cadáver fue enterrado en un nicho del cementerio San José el día 18 de agosto. Contamos con una declaración suya del 29 de julio, sin indicación del lugar donde fue realizada, pero que nos confirma que no dejó de estar bajo el control de quienes realmente mandaban en la ciudad: los militares golpistas. De hecho, la comunicación de su muerte al Registro Civil lo realizó la Comandancia Militar de la ciudad.

Manuel Molina Ledo era un administrativo de 26 años del SMAE. Vivía en la calle San Bartolomé 4 y estaba casado con Elisa García Belmonte con quien tenía dos hijos, Rosario y Manuel, nacidos en junio de 1934 y, de forma póstuma, en noviembre de 1936, fue despedido por no incorporarse al trabajo el 22 de julio. Para el Servicio de Información de la Guardia Municipal había pertenecido a la Juventud Socialista Unificada y ejercido como apoderado electoral en las elecciones de febrero de 1936.

Fue detenido, en su domicilio, la mañana del 6 de agosto por el falangista Guillermo Manzano Trujillo con el auxilio de los municipales Agapito Chilia Giráldez y Francisco Bocanegra Ruiz. Le acusaron de haber estado en el ayuntamiento la noche del 18 de julio y de disparar desde uno de sus balcones. Junto a la documentación que le fue incautada lo llevaron a la Comisaría. Allí confesó que, en efecto, había estado en el edificio municipal hasta la madrugada. Después fue trasladado a la prisión provincial.

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Durante su encarcelamiento pidió que le incorporaran al Regimiento de Infantería ya que tenía conocimientos militares, había hecho los cursos de sargento y hecho el servicio militar en África, y sentía que era su obligación como español en las circunstancias que vivía el país.

Se había dado cuenta del peligro que corría. La policía lo consideraba un “comunista de acción” y diversos municipales le reconocieron entre quienes pidieron armas aquella noche. De nada le sirvió.

En la cárcel gaditana permaneció hasta que fue sacado por la fuerza pública el 26 de ese mes supuestamente para ser trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. Nunca llegó. Su muerte fue inscrita en el registro civil en octubre de 1938 sin ninguna causa de muerte y como ocurrida en Cádiz. El día 27 de agosto, en los libros de enterramiento del cementerio de Cádiz figura el de un cadáver de un desconocido hallado en Torregorda. Es el único de ese día. ¿Podría ser el de Molina Ledo?

Lo enterraron en la fosa común del patio 1.

Estaba a punto de terminar el mes, cuando fue asesinado otro trabajador municipal: el practicante Alfonso López Quera. Había nacido en Salamanca el 26 de enero de 1896 y estudiado en la Universidad de Sevilla en donde obtuvo su titulación en 1917. Trabajó en Huelva, en la clínica de la compañía minera inglesa de Ríotinto. Llegó a Cádiz en 1925. Se casó en septiembre con Concepción Lluch Acevedo con la que tuvo dos hijos: Miguel, nacido el 27 de julio de 1928, y Concepción, en marzo de 1936.

Masón, ingresó en 1926 en la logia Fermín Salvochea con el nombre simbólico de Nicola, posiblemente en referencia al origen latino del término que significa “Victoria del pueblo” o al nombre del anarquista italo-norteamericano Nicola Sacco, ejecutado en 1927 entre grandes protestas internacionales. Durante los años republicanos perteneció a la logia Luis Maroldo integrada en la Gran Logia Española, al igual que la Fermín Salvochea, de la que fue orador y maestro.

Perteneció a la directiva del Colegio Oficial de Practicantes en el que había ingresado en 1930. En 1933 fue contador y en 1935, tesorero. En febrero de 1936 comenzó a trabajar como practicante en la Beneficencia Municipal. Tras el golpe de Estado fue suspendido de empleo y sueldo el 29 de julio y cesado el 5 de agosto.

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Tras el golpe se refugió primero en Sevilla. Después, en casas de amigos y familiares hasta que fue detenido por orden de las autoridades militares sublevadas el 28 de agosto de 1936 por considerarlo izquierdista. Ingresado al día siguiente en la cárcel provincial fue sacado el 30 y asesinado en un lugar que se ignora. Su cadáver, encontrado en los alrededores de la plaza de toros, fue enterrado al día siguiente en el cementerio de la ciudad en el Patio 3º, línea San Mateo, fila 2, tumba 9, lugar 2º.

Por último, están los asesinatos de Pedro Muñoz de Arenillas, Juan Marín Hinojosa y Diego García Gómez. Este último era guardia municipal y su desaparición –asesinato y localización del cadáver– es uno de los ejemplos de la matanza fundamental del franquismo.

García Gómez había nacido en Sevilla en 1905, vivía en los callejones de Cardoso, estaba soltero y era hijo de José Gómez Giráldez, un zapatero que era un activo militante del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. La mañana del día 25 de julio de 1936 se encontraba prestando servicio en el Palillero, entonces Torrijos, fue avisado de que la policía estaba registrando su casa.

Precipitadamente se dirigió a ella. Los agentes encontraron, pertenecientes a García Gómez, diversos documentos internos del Partido Sindicalista y del Social Revolucionario Ibérico, dos planchas de multicopista, un carné masónico con el nombre simbólico de Stalin y un reglamento interno de la logia Fermín Salvochea. También apareció una nota manuscrita, firmada por Hatuey, pronto se conoció que era el nombre masónico del jefe de la Guardia Municipal Manuel Baras Artés, que citaba al guardia en el bar La Estrella de la plaza Candelaria para comunicarle un servicio reservado de gran importancia para la República.

A pesar de que García Giráldez intentó hacer comprender a los golpistas que la posesión de esa documentación no era ningún delito, ambos fueron detenidos y trasladados al castillo de Santa Catalina y, de allí, a la prisión provincial. Todavía no se percibía con claridad que no era la comisión de un delito lo que guiaba a los golpistas sino su condición de destacado militante político y miembro de la masonería.

Respecto a García Gómez tampoco terminaremos por saber cuál era el servicio al que le había convocado Baras Artés. Estaba fechada en junio de 1934 y puede que estuviera relacionada con la huelga nacional

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campesina convocada por la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT. Como hemos visto, el jefe de la Guardia Municipal, también fue asesinado. Cuando le presentaron el escrito negó que fuera suyo y, por supuesto, saber de qué se trataba.

Los diversos informes que los servicios golpistas realizaron reafirmaron el izquierdismo de padre e hijo y las autoridades judiciales golpistas, el 31 de julio, ordenaron la apertura de una causa. El instructor Ángel Fernández Morejón, pidió nuevos informes y tomó declaración a diversas personas, incluidas los procesados. Diego Gómez declaró que acudió al ayuntamiento el 18 de julio por orden de su jefe y que se entregó a las fuerzas militares a la mañana siguiente sin ofrecer resistencia.

Reconoció su pertenencia a la masonería, pero solo durante unos meses de 1927 y que, después, la abandonó.

El 22 de agosto Fernández Morejón envió su auto resumen a Sevilla. Ya no hubo ninguna otra diligencia o actuación hasta casi un año más tarde.

El 9 de agosto de 1937, la Auditoría golpista sevillana ordenó que le comunicaran la situación de los presos para reanudar la instrucción de la causa. Dos semanas más tarde, el miércoles 25, un oficio de la Comisaría de Policía gaditana informaba de que ambos habían fallecido «los primeros días de nuestro glorioso movimiento por oponerse al mismo».

Puro formulismo y mentira. Por sus propios documentos sabemos que ninguno de los dos asesinados había participado en la resistencia, que fueron detenidos y estaban bajo la custodia de los golpistas. De José García Giráldez conocemos que fue enterrado el 13 de septiembre de 1936. De su hijo Diego García Gómez desconocemos cualquier detalle sobre la fecha de su asesinato y enterramiento. Todavía, en 1939, el Servicio de Información de la Guardia Municipal respondió diciendo que desapareció en los primeros días del golpe y que no sabía dónde estaba. Eso sí, conocían que su conducta dejaba que desear.

Pedro Muñoz de Arenillas Carrillo había nacido en Vejer, aunque desde muy joven vivió en Cádiz. Maestro, vivía en Extramuros, en la esquina de la Avenida Ana de Viya con la entonces calle Adriano, hoy Avenida de Portugal. Se casó con Carmen Leonisio y tuvieron un hijo. Miembro del PSOE, fue masón con el nombre simbólico de Gambetta, desde 1933, y concejal en 1931.

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En agosto de 1933 fue contratado como maestro y nombrado director de las escuelas-sanatorio Fermín Salvochea, situadas en los terrenos de la actual Residencia de Tiempo Libre; puesto en el que permaneció hasta junio de 1934 en que fue sustituido por Federico Sahagún Repetto, también maestro. En enero de 1936 quedó formalizado su nombramiento como funcionario municipal. Tras el triunfo del Frente Popular fue repuesto en la dirección de las escuelas de la playa. Los golpistas le destituyeron a fines de julio y depuraron, provisionalmente, en agosto de 1936 y, definitivamente, en septiembre de ese mismo año.

Detenido, ingresó en la prisión de Cádiz el 3 de agosto. A finales de ese mes fue trasladado al castillo de Santa Catalina por orden de las autoridades judiciales golpistas. No se volvió a tener noticias de qué ocurrió con él y dónde puede estar su cadáver. Según testimonios orales su asesinato se produjo en Puerto Real, en el Pino Gordo, uno de los habituales mataderos golpistas en esa localidad.

Por último, Juan Marín Hinojosa había nacido en la población cordobesa de Priego el 7 de octubre de 1901. Entró con 21 años en el ejército para, en 1927, cuando vivía en Málaga, presentarse al concurso de encargado de la bomba de vapor de la que disponían los bomberos.

Lo ganó y se trasladó a Cádiz. Vivía en la calle de San Juan de Dios.

Estaba casado y tenía el título de maestro industrial. Trabajó también como profesor de la Escuela Elemental de Trabajo de Cádiz. En 1931 se hizo cargo de la electricidad del nuevo Matadero, En abril de 1932 regresó al cuerpo de bomberos y, en 1935, fue destinado como chófer.

Allí estaba en julio de 1936. Militó en el radical socialismo gaditano, en la IR de Azaña y, finalmente, en el PCE. También perteneció al Socorro Rojo Internacional.

El día 18 fue una de las personas que se encontraban en el ayuntamiento en donde fue detenido la mañana del 19. En los calabozos del depósito municipal de la plaza de San Juan de Dios se pierde su pista. La dirección de la Prisión Provincial negó que hubiera pasado por ella.

Al igual que por la de El Puerto de Santa María. Quizás estuvo en las celdas de alguno de los cuarteles de la ciudad o en la Fábrica de Torpedos o el carbonero Miraflores. A diferencia de otros presos no le fue tomada declaración en el procedimiento abierto tras la ocupación

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del ayuntamiento. Conocemos su asesinato por la declaración que en septiembre de 1936 hizo el guardia municipal Antonio Aparicio Franco quien aseguró haber visto a Marín en el edificio con una pistola y que, en la fecha que declaraba, el 22 de septiembre de 1936, sabía que ya estaba muerto. Asesinato que confirmaron, en 1937, las autoridades de Orden Público a la auditoria sevillana. Quizás su cadáver esté entre los 41 desconocidos enterrados en el cementerio gaditano entre el 22 de julio y el 20 de septiembre de 1936.

El otoño sangriento En septiembre cayeron otros cuatro empleados: Vicente Ballester Tinoco, Antonio Carrero Armario, Manuel Macías Retes y Manuel Moreno Cortés. Los dos primeros temporeros de Vías y Obras y los otros dos empleados en el SMAE. Ballester y Carrero eran destacados militantes anarcosindicalistas, Macías Retes, también era un destacado socialista y de Moreno Cortés apenas tenemos noticias de su militancia política o sindical.

Ballester había nacido en Cádiz en 1902, vivía en Libertad 2 y estaba casado con Ramona Sierra Estudillo con la que tuvo cinco hijos.

Trabajador de la madera y barnizador comenzó a militar en las filas del anarcosindicalismo muy joven, con apenas dieciocho años, a comienzos de la década de los años veinte. También se implicó en las actividades específicamente anarquistas, en las culturales del ateneo libertario y la difusión del esperanto. A punto de terminar la Dictadura de Primo de Rivera participó activamente en la reorganización del anarquismo andaluz y de la CNT. Masón desde 1926, con el nombre simbólico de Germinal, la abandonó tras la proclamación de la Segunda República.

Durante los años treinta llegó a ser uno de los más destacados cenetistas andaluces. Primero a nivel local, después regional, fue secretario de la regional de la CNT, y nacional ya que se habló de él como secretario nacional. Antes, había pertenecido al sector insurreccional de la CNT y estuvo en el comité revolucionario que organizó enero de 1933.

Desengañado se convirtió en un destacado representante de la corriente partidaria de llegar a un acuerdo con la UGT, la Alianza Obrera

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Revolucionaria. El mitin que tuvo lugar en Cádiz el domingo 24 de mayo de 1936, en el que participó junto al dirigente socialista Francisco Largo Caballero, se convirtió en un acto de referencia. Ballester había entrado en el ayuntamiento como temporero de la sección de Vías y Obras y empleado como capataz, tras el nombramiento de una nueva comisión gestora por las autoridades del Frente Popular.

Durante el golpe de Estado se mantuvo coordinado con las autoridades de la ciudad. Acudió al Gobierno Civil la tarde del 18 de julio y salió del edificio gubernativo para participar en la resistencia en las calles.

Hay testimonios que le sitúan en las azoteas de la plaza de las Flores y el Mercado hasta la llegada de las tropas africanas. Después se ocultó.

Estuvo en varias casas hasta que, el 19 de septiembre, a resultas de una delación, fue detenido, de madrugada, en el domicilio del zapatero Antonio Leal Aguilera, un bajo de la calle José Celestino Mutis 9; detención que fue hecha pública en una detallada nota de la policía golpista. Trasladado a la comisaría de policía fue asesinado, junto a Leal Aguilera, a las cuatro de la tarde en el foso de la Puerta de Tierra. Un día en el que habían aparecido en los alrededores de la plaza de toros los cadáveres de otras diez personas.

Antonio Carrero Armario era otro destacado militante anarcosindicalista de la ciudad. Había nacido en Puerto Real, vivía en la calle Duque 12, y estaba casado con María García Barrera con la que tenía cuatro hijos.

La última, María, había nacido el 9 de julio de 1936 y, como otro de sus hermanos, fue bautizada por los golpistas en octubre. Trabajador de CASA, en julio de 1936 lo hacía como auxiliar de oficinas de la sección de Vías y Obras del ayuntamiento.

Había sido presidente del sindicato de Transportes y del Ateneo Libertario. También, habitual colaborador en la prensa obrera y miembro del Comité Pro-presos y de la Comisión Pro-Casas Viejas.

Estuvo implicado en la reconstrucción de la CNT gaditana, en la preparación de la que terminó siendo la fallida insurrección de Jaca.

Las autoridades lo consideraban un activo miembro de la FAI. No sabemos cuáles fueron sus movimientos los días 18 y 19 de julio de 1936. Lo que sí conocemos es que, durante los días siguientes, abandonó

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su domicilio. Anduvo por casas de familiares y amigos mientras que los golpistas lo buscaban. El 8 de agosto, le abrieron una causa, por la documentación y los efectos encontrados en el registro de su domicilio en la calle Duque 12.

Fue detenido el 23 de septiembre de 1936 por la tarde en una casa de la calle San Bernardo donde estaba escondido. Ingresó en la prisión provincial al día siguiente, a disposición del gobernador civil. De allí fue sacado el 27 de septiembre para, supuestamente, ser trasladado a la prisión de El Puerto.

Su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros, en uno de los días de mayor matanza, y fue enterrado al día siguiente.

Mientras, las actuaciones de la justicia golpista habían continuado. El 23 de agosto se publicó una requisitoria para que se presentara ante autoridades judiciales golpistas. Como no lo hizo, el 8 de septiembre fue declarado rebelde. No hubo movimientos en las actuaciones hasta agosto de 1937 cuando, desde Sevilla, pidieron informes sobre la situación del rebelde. Le respondieron que, en septiembre de 1936, le fue aplicado el bando de guerra. Un año más tarde, el 8 de septiembre de 1938, el Boletín Oficial de la Provincia anunció que se le había abierto un expediente de incautación de bienes en base a la ley de 11 de septiembre de 1936 y al decreto ley de 10 de enero de 1937 sobre responsabilidades civiles.

En septiembre también fue asesinado Manuel Macías Retes. Nacido en Cádiz en mayo de 1904 era vecino, en 1936, de la cercana población de Puerto Real. En ella trabajaba como empleado, chófer, de la empresa municipal de aguas de Cádiz. Estaba casado, desde 1927, con Rosario Gutiérrez Benítez, con la que tenía dos hijos: José y Manuel.

Desde 1934, al menos, residió en Puerto Real. Allí fue presidente de la Sociedad de Gas, Agua y Electricidad de la UGT y, en enero de 1936, participó en la constitución de la Agrupación Socialista de dicha localidad. Fue nombrado concejal del ayuntamiento de Puerto Real en febrero. Masón, formó parte de la logia Colón con el nombre simbólico de Carlos Marx.

Fue detenido el 19 de julio, tras la ocupación de la población. Le acusaron de ser un destacado “comunista” y haber participado en el

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incendio de la Prioral ocurrido la noche anterior. Fue trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. De allí fue sacado, según declaró su esposa en octubre de 1946, el 22 de agosto para ser asesinado. Por el contrario, un escrito del gobernador civil de Cádiz al Director General de Seguridad, de septiembre de 1945, asegura que el asesinato se produjo en septiembre. En cualquier caso, se desconoce el lugar y el sitio donde fue enterrado. Su viuda se trasladó a Cádiz viviendo de lavar ropa.

En junio de 1945, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo le abrió expediente y ordenó su busca y captura. Pronto, en julio, le respondieron desde el Gobierno Civil que había muerto en septiembre de 1936. También el de responsabilidades políticas le abrió expediente y le multó con 5.000 pesetas.

La última persona asesinada en septiembre fue Manuel Moreno Cortés.

Poco más sabemos de él; que trabajaba en el SMAE, en las acometidas exteriores eléctricas. Estaba casado con María Paredes Mateos con la que tenía dos hijas llamadas Ana, nacida en junio de 1936, y María. Fue uno de los 74 cesados del SMAE por no reincorporarse al trabajo el 22 de julio. Es decir que, ocupada la población, o bien permaneció en su casa a la expectativa de la evolución de los acontecimientos o se convirtió en uno de los muchos “topos” de aquel verano. Ingresó en la prisión provincial el 17 de septiembre, por orden del gobernador civil, y fue sacado el 27 para, en teoría, ser trasladado a la prisión de El Puerto. Su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros y fue enterrado en el cementerio al día siguiente.

El primer asesinado de los tres que lo fueron en octubre, fue el dirigente socialista Norberto Iglesias Sánchez. Unos días después cayeron Antonio Marchante Carrasco, un procurador que era el secretario del alcalde de la Pinta, y José Candorcio Pérez.

Iglesias Sánchez había nacido en San Fernando en 1905 y era camarero.

Había trabajado en el hotel Atlántico y, en 1936, lo hacía en el suministro de agua al muelle que realizaba el SMAE. Iglesias era uno de los más conocidos directivos de las organizaciones socialistas de la ciudad: secretario local de la UGT, directivo de la Agrupación Socialista, presidente de las Juventudes Socialistas y de la Sociedad de Camareros,

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además de ser uno de los habituales oradores en los actos socialistas.

Del destacado papel que tenía da idea que fue una de las personas que acompañaron, en diciembre de 1932, al cadáver del diputado Juan Antonio Santander en su último viaje desde Madrid a Cádiz.

Estuvo entre los despedidos por no reincorporarse al trabajo. Algo que difícilmente podía hacer porque se encontraba detenido; posiblemente lo había sido en la Casa del Pueblo de la calle Arbolí. El lunes 20 de julio fue uno de los trasladados desde el cuartel del Regimiento de Artillería Costa a la prisión provincial por orden del gobernador militar golpista.

El mismo que ordenó su conducción, cuatro días después, a un destino que ignoramos. Solo recuperamos su paradero cuando, el 12 de octubre, su cadáver procedente del foso de la Puerta de Tierra fue enterrado en el cementerio San José.

Antonio Marchante Carrasco había nacido en San Fernando el 2 de abril de 1905, estaba soltero y vivía en la calle Columela. Era procurador y había entrado en el ayuntamiento como mecanógrafo el 13 de mayo de 1930 donde alcanzó la categoría de oficial 1º. Militó en el radical socialismo gaditano y, desde 1935, en la IR de Manuel Azaña. En julio de 1936 ocupaba un cargo de confianza: era secretario del entonces alcalde Manuel de la Pinta.

Estuvo entre quienes permanecieron en el edificio municipal hasta su ocupación. Había llegado sobre las cuatro de la tarde y creyó que era su deber permanecer en él hasta el final. Incurso en el sumario abierto fue cesado el 28 de julio. Cese que se confirmó, en base al bando del gobernador civil de agosto, el 2 de octubre.

Desconocemos en dónde permaneció hasta el 7 de octubre, cuando por orden del gobernador civil, fue conducido a la prisión provincial de Cádiz. De allí fue sacado, por orden del Juzgado Permanente militar golpista, diez días más tarde. El mismo día que el instructor del sumario de la ocupación del ayuntamiento le interrogó en la cárcel gaditana.

Su cadáver apareció al día siguiente en el foso de la Puerta de Tierra y fue enterrado el 19 en el cementerio San José. Le había sido aplicado el bando de guerra. En marzo de 1941 fue sumariado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

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Por último fue asesinado José Candorcio Pérez. De 59 años en 1936, vivía en el barrio de San José, en la calle Marqués de Coprani, 6. Padre del guardia municipal, también depurado, José Candorcio Picón.

Fichado como marinero, en 1936 trabajaba de portero y estaba adscrito a Vías y Obras. Estaba afiliado a IR y, según la Guardia Civil, era un activo propagandista que intervenía en mítines y tenía amistades de izquierdistas.

Le detuvieron a mediados de agosto en el trascurso de una redada por varios barrios de Extramuros. En el registro de su domicilio le encontraron un revolver antiguo sin munición. Candorcio negó que fuera de su propiedad. Es más, añadió que no era la primera vez que su casa era registrada y no habían encontrado el arma antes. Unos días después le fue abierto un procedimiento por ser un “extremista peligroso y tener arma de fuego sin la debida autorización”. Para ese momento ya había sido depurado de su puesto de trabajo.

Fue encarcelado primero en la prisión de Cádiz y, después, en el buque Miraflores y en la Fábrica de Torpedos. Por último, fue trasladado a la cárcel de El Puerto de Santa María. De allí fue sacado el 19 de octubre para, teóricamente, enviarlo de nuevo a Cádiz. Ahí se pierde su pista.

Candorcio es un desaparecido ya que fue asesinado sin fecha conocida y, también, desconocemos el lugar de su enterramiento. En todo caso, se puede señalar que, el 21 de octubre, fueron enterrados en el cementerio gaditano cuatro cadáveres. En enero de 1937 las autoridades golpistas gaditanas confirmaron a las judiciales que habían decidido procesarle, que le habían aplicado el bando de guerra.

En noviembre fueron cinco los trabajadores municipales asesinados.

Todos ellos tuvieron en común que sus cadáveres aparecieron en los alrededores de la plaza de toros: el 18 los de José Santandreu Peleteiro y José García González; el 23 el de Emilio García Rodríguez; el 28 el de Francisco López Oli y el 29 el de José Muñoz Arnís.

José Santandreu había sido detenido en el ayuntamiento el 19 de julio.

Nacido en San Fernando, tenía 26 años, estaba soltero y en julio de 1936 trabajaba como temporero desde marzo. Vivía en la calle Carmen. Había pertenecido a las juventudes republicanas de la ciudad y en 1936 estaba

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afiliado a IR. El 18 de julio estuvo en el edificio municipal hasta que fue tomado por los golpistas. Según sus propias manifestaciones, acudió a él por considerar que, como empleado municipal, era una obligación defenderlo.

Fue cesado el 28 de julio por estar detenido.

Permaneció durante unos días en los calabozos de la Guardia Municipal. Después, desconocemos su recorrido, seguramente por el buque Miraflores y la Fábrica de Torpedos, hasta que el 7 de octubre ingresó en la prisión provincial a disposición del gobernador civil.

Fue interrogado el 16 por el instructor del procedimiento sobre los sucesos del ayuntamiento. De allí fue sacado, a disposición del Juzgado Permanente golpista, ese mismo día para, en teoría, ser trasladado a la prisión de El Puerto. Su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros al día siguiente y el 18 fue enterrado en el cementerio San José de Cádiz. En julio de 1938 le abrieron expediente por prófugo.

En la misma sepultura fue enterrado José García González. Vivía en la calle Cruz y estaba afiliado al partido socialista. Era un administrativo del SMAE. Había estado afiliado a la sociedad de empleados de la empresa. Ingresó en la prisión provincial el 21 de julio a disposición del Gobierno Militar. Parece que el 24 de julio fue trasladado a una prisión de San Fernando, de donde regresó, el 2 de octubre, a la cárcel gaditana. El 16 de noviembre fue sacado, también por orden del Gobierno Militar, para teóricamente ser trasladado a la prisión de El Puerto. Seguramente acompañó en el viaje hasta el matadero de la plaza de toros a su compañero de empresa.

El 23 fue enterrado el cadáver de Emilio García Rodríguez, un escribiente, nacido en Cádiz en agosto de 1888, que había ingresado en julio de 1908 en el ayuntamiento como clarinero y, después, había sido ordenanza. Durante tres años, 1928-1931, trabajó en la Lonja de Frutas y, a partir de la proclamación de la República en la Prevención Civil y la tenencia de alcaldía. Vivía en la calle Patrocinio y estaba afiliado al Partido Republicano Radical Socialista y, desde 1935, a IR. Desconocemos qué hizo el 18 de julio y los meses siguientes. Sabemos que ingresó en la prisión provincial el 7 de octubre de 1936, a disposición del solo juzgado militar permanente y que fue sacado el 21 de noviembre,

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a disposición de ese mismo juzgado, para en teoría ser trasladado a la prisión de El Puerto. Su cadáver apareció al día siguiente en los alrededores de la plaza de toros y enterrado el 23 en el cementerio de Cádiz. Había sido depurado en agosto de 1936 y le abrieron expediente de responsabilidades políticas en marzo de 1941.

Francisco López Olí era un capataz que trabajaba en la administración del servicio de Vías y Obras. Fue contratado en la primavera de 1936.

Poco más sabemos de él. Solo que fue encarcelado el 3 de septiembre en la prisión provincial. El 19 de ese mismo mes fue trasladado a la checa de la fábrica de Torpedos. Allí se le pierde la pista hasta que su cadáver fue enterrado el 28 en una sepultura tras encontrársele en los alrededores de la plaza de toros.

A punto de acabar el mes, el 28, fue asesinado José Muñoz Arnís, un portuense nacido el 1 de noviembre de 1904. Vivía en la calle Moreno de Mora y estaba casado con Dolores Alfaro Tineo con la que tenía una hija. Había trabajado de albañil hasta que entró a formar, de manera interina, parte del cuerpo de bomberos en marzo de 1936. Como el resto del personal fue cesado en julio de 1936.

No sabemos qué hizo durante el golpe de Estado y los días siguientes.

Solo que el 30 de agosto fue ingresado en la cárcel gaditana a disposición del gobernador civil. Casi un mes después, el 24 de septiembre, fue puesto en libertad. Sin embargo, volvió a ser detenido el 22 de octubre.

El 27 de noviembre volvió a ser sacado para, en teoría, ser trasladado a la prisión de El Puerto. No llegó. Su cadáver apareció al día siguiente en los alrededores de la plaza de toros y fue enterrado el día 29.

En diciembre, también los dos asesinados aparecieron en los alrededores de la plaza de toros: Manuel Mazón Sáinz y Diego Fernández Moreno.

Mazón Sáinz parece que era practicante y que vivía en la calle San Bernardo.

En julio de 1936 trabajaba en la sección de Vías y obras municipales como administrativo. Miembro del PSOE; durante los años veinte había sido masón con el nombre simbólico de Chicherin, quizás en honor del ministro de asuntos exteriores de la Unión Soviética. Se dio de baja a mediados del año 1925 y no volvió a pertenecer a ninguna otra logia.

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Ingresó en la prisión provincial el 30 de julio por orden del gobernador militar. Al día siguiente fue trasladado al vapor Miraflores desde donde regresó de nuevo a la prisión el 23 de septiembre. El 7 de diciembre, también por orden del gobernador militar fue sacado para, en teoría, ser trasladado a la prisión de El Puerto. Su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros y fue enterrado en el cercano cementerio de San José. En marzo de 1946 le abrieron expediente por masón.

Diego Fernández Moreno era un cocinero que había nacido en 1907 y vivía en la calle Churruca. En 1936 estaba contratado, como temporero, por el ayuntamiento de Cádiz como encargado de la cocina de las escuelas que había abierto, en 1931, en la estación de La Piedad en El Puerto de Santa María, de donde salía el aprovisionamiento de aguas de la ciudad. Miembro de la agrupación socialista local, pertenecía también a la sociedad Arte Culinario de la UGT y a la sección local del Socorro Rojo Internacional.

Desconocemos tanto su actuación los días del golpe de Estado como cuándo fue detenido y dónde encarcelado; solo que su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros y que fue enterrado el 18 de diciembre de 1936 en una sepultura del cementerio gaditano. En abril 1942 le fue abierto juicio por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Fernández fue el último trabajador municipal asesinado en 1936. Todavía tendrían que pasar tres meses, hasta que los golpistas cambiaran el instrumento de represión, la aplicación del bando de guerra, por uno nuevo, el de los consejos de guerra a juzgar por los llamados Procedimientos Sumarísimos de Urgencia (en adelante PSU).

Preparando el cambio en la forma de matar Enero de 1937 fue el mes durante el que más trabajadores fueron asesinados: ocho. El día de año nuevo fueron asesinados Eduardo Bartús Lobato, Leonardo Zambonino Cano y Juan Ragel Jiménez; el 19, Manuel Baras Artés; el 22, Rufino Pichaco García; el 25, lo fueron José María Gallé García y José Mata Pino y, por ultimo, el 27, Pedro García Cortés. Para entonces se estaba cambiando la forma de asesinar, mediante los bandos de guerra, por la de los consejos de guerra basados en los PSU.

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Bartús y Zambonino llevaban meses en prisión y habían sobrevivido a las sacas del verano y el otoño. Tras el fracaso de la ocupación de Madrid y la conversión del golpe en un auténtico conflicto bélico, los golpistas desarrollaron la administración de la zona del país que tenían ocupada. Entre las medidas estuvo la de sustituir los bandos de guerra por “procedimientos judiciales” militares. Para ello, desde noviembre se fueron pidiendo informaciones sobre la situación de los presos. Fue en este proceso durante el que, en enero, se produjeron los ocho asesinatos.

Eduardo Bartús Lobato había nacido en Cádiz en 1870. Su familia tenía una fábrica de sombreros y sombrerería en la calle San Francisco y vivía en la calle Soledad 27. Se había casado dos veces. Primero con Luisa Loreto Cortés, nacida en Jerez y fallecida en 1915, con la que tuvo ocho hijos En 1936 estaba casado, con María Barea Gómez y tenía tres hijos: Ana, Guillermo y María Bartús Barea. Fue iniciado como masón en 1912, en el Gran Oriente Español, en la logia gaditana España. Era miembro del radical socialismo español y, desde 1934, de la IR de Azaña.

Entre abril de 1934 y septiembre de 1936 trabajó en las oficinas de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca y, en julio de 1936, lo hacía como temporero en la sección de Estadística del ayuntamiento.

En los informes policiales le acusaron de frecuentar una tertulia en el café Riche, sito en la calle Eduardo Dato, a la que también asistían otros conocidos republicanos como Corripio del Rey, también asesinado, Castillo y el abogado isleño Antonio Gutiérrez Báez.

Desconocemos qué hizo los días del golpe y cuáles fueron sus vicisitudes en las semanas posteriores. Seguramente comenzó a hacer una vida discreta, empezando por no regresar a su puesto en el ayuntamiento. Por ello estuvo entre los primeros en ser despedidos, el 23 de julio. Una nota de Diario de Cádiz dio cuenta de su detención el 25 de septiembre. Aunque no tenemos otra referencia hasta más de un mes después; el 29 de octubre ingresó en la prisión provincial por orden del gobernador civil. Allí permaneció hasta el 31 de diciembre de 1936 cuando fue sacado para, teóricamente, ser trasladado a la prisión de El Puerto. Su cadáver fue enterrado el 2 de enero de 1937 en el cementerio. En julio de 1945 le fue abierto sumario por el Tribunal de la masonería y el comunismo que fue sobreseído en junio de 1946.

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También fue enterrado ese mismo día Leonardo Zambonino Cano.

Había nacido el 5 de mayo de 1889 en Cádiz. Vivía en la calle Moreno de Mora 30. Estaba casado con Concepción Velo Fernández y tenía cinco hijos. Durante unos años de la década de los años diez vivió en la Argentina. Allí nació uno de sus hijos, Antonio, también represaliado.

También estuvo un tiempo en Barcelona. En 1933 era auxiliar interino de la prevención civil municipal. También fue fotógrafo, corresponsal gráfico de diarios como La Unión Ilustrada de Málaga o Diario de Cádiz y vocal de la directiva de la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Masón, pertenecía a la logia Luis Maroldo.

Fue detenido tras registrarse su casa y encontrarse documentación “extremista y masónica”. Ingresó en la prisión provincial el 28 de julio y el 1 de agosto fue trasladado al vapor Miraflores. Regresó a la prisión, al parecer desde una de San Fernando, el 2 de octubre. El 31 de diciembre fue sacado de la cárcel para, en teoría, ser trasladado a la de El Puerto de Santa María; siempre a disposición del gobierno militar golpista.

Juan Ragel Jiménez había nacido en Cádiz en 1909 y estaba casado con María Pacheco Robles con la que tenía seis hijos. En julio de 1936 vivía en la calle Obispo Urquinaona. En marzo, el ayuntamiento del Frente Popular le contrató como temporero asignado al servicio de estadística.

Estaba afiliado a IR y era autor de carnaval. Según Santiago Moreno sacó diversos coros y chirigotas; algunos de ellos premiados en el concurso que, por aquellos años, se celebrara en el teatro Municipal. Son los casos de Los fakires indios de 1933 y Los caballeros del siglo XVI, al año siguiente. Su depuración se produjo primero por no reincorporarse al trabajo el 22 de julio y, de forma definitiva, al no ser readmitido tras el cese de todos los interinos.

Era conocido por sus inquietudes políticas progresistas. Sus letras carnavaleras se hicieron eco de las reivindicaciones obreras y de compromiso social. Cantó a la unidad obrera y a los sucesos de Casas Viejas.

Expulsado del ayuntamiento fue detenido el 25 de agosto por el cabo de la Guardia Municipal, José Guerrero, en su condición de “dirigente del Comité Arbitral”. No sabemos a qué se refería el jefe del servicio de información. Quizás a su pertenencia a algunos de los tres Jurados Mixtos

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Arbitrales establecidos en Cádiz. En cualquier caso, a los pocos días fue puesto en libertad sin que quedara registrado su paso por la prisión provincial; pero sí quedó de su nueva detención el 31 de octubre, ahora por orden del gobernador civil; como también que se ordenó su conducción a la prisión de El Puerto de Santa María el 31 de diciembre. Hasta hoy no se ha vuelto a tener noticias de su destino. Se desconoce dónde fue asesinado y dónde enterrado. Tampoco está inscrito en el Registro Civil.

En el padrón municipal de 1935, un escrupuloso funcionario anotó junto al nombre de Ragel que había “fallecido” en 1936.

Manuel Baras Artés fue el cuarto asesinado en enero. Nacido en Gijón el 3 de febrero de 1885 era hijo de un marino mercante que se asentó en Cádiz. Vivió unos años en Cuba y, cuando regresó, abrió una bombonería y una casa de importación de bacalao.

Activo republicano, perteneció al radical socialismo local y estuvo entre los miembros de la comisión gestora que se hizo cargo del ayuntamiento en abril de 1931 y, después, en julio de 1933 fue nombrado jefe de la Guardia Municipal hasta su destitución en febrero de 1935. Terminó integrándose en la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio. Fue repuesto al frente de los municipales por el ayuntamiento del Frente Popular en marzo de 1936. Cesado en agosto, con base en la circular dictada por el gobernador civil golpista.

Había entrado en la masonería a comienzos de enero de 1934. Fue miembro, primero, de la logia local Hermano Vigor y, después, tras la fusión de varias gaditanas, de la llamada Hijos de Hiram. Su nombre simbólico fue el de Hatuey, nombre de un cacique indio de la isla La Española que se enfrentó a los conquistadores y es considerado como el primer rebelde americano. Llegó al grado de maestro y ocupó diversos cargos en las logias.

El 18 de julio acudió al ayuntamiento donde se hizo cargo del edificio hasta la llegada de Muñoz Dueñas, nombrado delegado gubernativo por el gobernador civil. Fue detenido y procesado dentro del sumario abierto por los golpistas tras la ocupación. Fue acusado de resistir al golpe y repartir armas de la Guardia Municipal a civiles. En octubre fue interrogado por el instructor en la prisión de El Puerto de Santa María.

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Después fue trasladado a la prisión de Cádiz de donde saldría el día de su asesinato, el 18 de enero de 1937, en el foso de la Puerta de Tierra.

Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Cádiz.

Una semana después fue enterrado Rufino Pichaco García, un delineante de 23 años, nacido en septiembre de 1912, que, desde marzo de 1936 trabajaba como temporero en las oficinas del laboratorio municipal. Vivía en la calle Adolfo de Castro 22. Estaba casado y tenía un hijo. Era un destacado militante de las Juventudes Socialistas de las que había sido presidente entre mayo y junio de 1936. Estuvo entre los primeros cesados por no haberse reincorporado al trabajo el día 22 de julio. La verdad es que no podía hacerlo porque se encontraba detenido en los calabozos de la guardia municipal en el propio ayuntamiento.

Parece que había sido uno de los detenidos tras la ocupación del edificio. Aunque hay indicios de que fuera detenido a principios de agosto, denunciado por su jefe, que lo vio en la manifestación que recorrió las calles de la ciudad llamando a la huelga general y terminó frente al gobierno civil, desde la que fue trasladado a los calabozos municipales. En ellos permaneció hasta el uno de octubre, cuando, para descongestionarlos, fue trasladado a la prisión provincial. Fue uno de los dos detenidos que terminaron compareciendo ante un consejo de guerra.

Quizás en su destino influyó lo que el instructor calificó de “documentación militar”, unos papeles que encontraron en uno de los cajones de la mesa en la que trabajaba en los que se detallaba la composición y armamento de los regimientos de infantería y artillería distribuidos por España. Pichaco lo justificó por su afición a los temas militares.

El 4 de noviembre fue condenado a muerte. Pichaco fue ejecutado en el foso de la Puerta de Tierra, a las cinco de la tarde del 22 de enero, por un pelotón de carabineros. Una hora antes, en capilla, en los calabozos del cuartel de Santa Elena, a la pregunta de si tenía una última voluntad, solicitó poder escribir a su familia y que le entregaran la carta. En una cara de la cuartilla que le proporcionaron se dirigió a su mujer Victoria a la que le pedía perdón por el sufrimiento que

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le causaba, pero, también, que tuviera valor para superarlo. Le recomendó que luchara por seguir viviendo, que se casara de nuevo y que, a sus hijos, como al que tenían, los educara para entregar su sangre, como él hacia, por la causa proletaria. Unas letras que los golpistas debieron considerar demasiado subversivas, o impropias de quien consideraban un malhechor, porque nunca se la entregaron a la familia. Hoy se encuentra en el expediente de la causa que todavía está en los archivos militares.

El 25 de enero de 1937 fueron enterrados en el cementerio gaditano dos trabajadores del ayuntamiento: José María Gallé García y José Mata Pino. El primero vivía en la calle Plocia, tenía una hija y había trabajado en una sucursal bancaria. En la primavera de 1936, estaba de administrativo del SMAE. Militaba en la IR de Manuel Azaña.

Sabemos que fue detenido el 30 de agosto de 1936 y liberado el 7 de septiembre. Volvió a ser encarcelado el 21 de enero de 1937 para ser conducido, en teoría, el 23, a la prisión de El Puerto. Asesinado al día siguiente, su cadáver fue enterrado el 25 en el cementerio de Cádiz.

José Mata Pino había nacido el 19 de mayo de 1902 en Cádiz y vivía en la calle Pi y Pargall, los actuales Callejones. Militaba en el PCE. Tomó posesión de su puesto de bombero, ganado por concurso, el 16 de julio de 1932. Fue cesado en agosto de 1936. Ingresó en la prisión de Cádiz el 3 de agosto de 1936 y fue trasladado a la Fábrica de Torpedos el 7 de agosto. Su cadáver apareció en el foso de la Puerta de Tierra. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio.

Por último, tenemos el caso de Pedro García Cortés. Casado con Joaquina Clavijo, trabajaba en el servicio de limpieza; una muerte que plantea dudas sobre si realmente fue debida a la represión directa de los golpistas. Trabajaba de carrero, fue cesado y falleció el 26 de enero de 1937 en el hospital de Mora. La causa fue la fractura de cráneo que había sufrido. El Juzgado de 1ª Instrucción había abierto causa. No está claro, por tanto, ya que desconocemos otros detalles sobre cómo se había producido la fractura y si se trata de un suicidio. Lo incluimos por la consideración de judicial que tenía.

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Los PSU y las prisiones Hasta marzo no volvió a ser asesinado un empleado municipal. Fue uno de los primeros a los que los golpistas mataron aplicando el procedimiento judicial basado en los PSU. Se llamaba Enrique Quintero Macías, era gaditano, tenía 40 años y estaba casado. Vivía en la calle Plata y trabajaba de fontanero en los Servicios Municipalizados. Estaba destinado en el muelle. Afiliado a la UGT, era vocal de la directiva de la Sociedad Obrera de Empleados del Puerto.

Fue detenido el primer día de 1937 en su puesto de trabajo al que había continuado asistiendo después del 18 de julio. Le acusaban de ser izquierdista, de haber sido interventor en las elecciones de 1936, haber “paqueado” los primeros días del golpe y de haber tatuado a un perro que tenía con las siglas UHP. Él lo negó y declaró que todo se debía a la enemistad que tenía con un vecino que era barbero y a las acusaciones de un guardia de asalto. Unas acusaciones a las que la propia policía golpista dio crédito, en que hubiera sido “paco”.

Diez días duró la instrucción mientras que Quintero se encontraba en la prisión provincial. El 20 de marzo compareció ante un consejo de guerra celebrado en la facultad de Medicina; el primer día que se vieron vistas del nuevo procedimiento judicial que los golpistas iban a utilizar para continuar su política exterminadora. Cinco fueron las instrucciones que se acumularon para fallarse ese día. Quintero, aunque el fiscal le pedía quince años de prisión, fue condenado a muerte, junto a otro trabajador del muelle, Fernando Otero Montesinos. Incluso en el caso de Quintero, uno de los vocales del tribunal, presentó un voto particular apoyando la petición fiscal. Ambos cayeron bajo las balas de un piquete de guardias de Asalto, en el foso de la Puerta de Tierra, la tarde del 23. Fueron los primeros asesinados en la ciudad con la nueva fórmula.

También en 1937 le fue abierto procedimiento sumarísimo a Juan Moreno Mesa. Aunque no fue asesinado hasta marzo de 1938. Moreno Mesa era un practicante de la Asistencia Pública municipal que había entrado a trabajar en la primavera de 1936. Había nacido en Cádiz en 1911 y era vecino de la calle Churruca. Estaba casado. También era dueño de una barbería situada en la calle Plocia. Afiliado al PCE, a la célula

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nº 7 de la ciudad, de la que era secretario político, y al SRI. Fue directivo del Sindicato Provincial de Practicantes y Matronas afecto a la UGT. En junio de 1936 acudió a Madrid a unos comicios del partido de donde regresó unos días antes del 18 de julio. Fue detenido en los primeros días del golpe de Estado y encarcelado hasta octubre de 1936. Después fue liberado. Un año más tarde volvió a ser detenido; ahora, le abrieron el procedimiento que terminaría llevándolo a la muerte. Las informaciones de la policía golpista le consideraban muy conocido en la ciudad por sus ideas extremistas. Hasta el punto de que, en 1933, había sido detenido preventivamente durante una huelga. También, desde el ayuntamiento, informaron al instructor que hacía “alarde de sus ideas marxistas”. Por estos antecedentes había sido detenido en julio de 1936.

Compareció ante el consejo de guerra el 11 de enero de 1938. Fue condenado a muerte. De nada sirvieron los diferentes avales que presentó. A las seis de la mañana del 25 de marzo de 1938 un piquete de carabineros terminó con su vida en el foso de la Puerta de Tierra. Fue enterrado al día siguiente en un nicho del cementerio gaditano.

En 1939 murieron dos empleados municipales. En ambos casos en circunstancias especiales: Juan López Macías, empleado del SMAE, murió el 28 de julio y Fernando Serrano Salagaray, un trabajador encarcelado en 1936, falleció el 16 de enero en el hospital de Mora.

Juan López Macías había nacido en San Fernando en 1905, vivía en la calle Moreno de Mora y trabajaba en el SMAE en las redes y acometidas exteriores. Estaba casado con Encarnación Solano Román. Militante del Partido Socialista fue cesado en los primeros días del golpe al no acudir a su trabajo; entonces abrió un taller de sastrería en la calle de Arbolí. No se tiene constancia de que fuera detenido durante los meses siguientes hasta que en noviembre de 1938 lo fue por formar parte de una red de espionaje organizada por los consulados gubernamentales de Gibraltar y Tánger. Al parecer se extendía, a través de agentes y enlaces, no solo por la provincia de Cádiz sino también por otras de Andalucía.

Su objetivo era informar de los movimientos militares que se producían.

La información salía por Algeciras. Los policías enviados desde Madrid detuvieron también a otras 20 personas.

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López Macías fue trasladado primero al cuartel de Escopeteros en La Línea y de allí a la prisión de El Puerto de Santa María el 4 de enero de 1939. Unas semanas después se vio el consejo de guerra en la población portuense. Diez de los acusados, entre ellos López Macías, fueron condenados a muerte. El 28 de marzo, junto a la tapia del cementerio portuense, fueron pasados por las armas.

Unos meses antes, el 16 de enero, había fallecido en el hospital de Mora, por una insuficiencia cardíaca, Fernando Serrano Salagaray, contable, desde junio de 1935, de la lonja del mercado. Nacido en mayo de 1903 vivía en la calle General Menacho. Había estudiado en los colegios salesianos de Utrera y de los jesuitas de El Puerto de Santa María. Al parecer había pertenecido a la FUE y militaba en IR. Estaba casado con Felisa Sánchez Bayón y tenía dos hijos, José Luis y Fernando. Tan claro tenía su viuda que la muerte de su marido había sido consecuencia de la represión golpista que, en marzo de 1945, solicitó la ayuda para sus hijos por víctimas de la guerra y de la revolución nacional.

Había entrado en el ayuntamiento a fines de noviembre de 1930, con Ramón de Carranza de alcalde, como temporero de estadística. En 1932 pasó a ser interino de contabilidad y obtuvo plaza en marzo de 1933 como auxiliar de contabilidad, puesto que consolidó al mes siguiente.

Salagaray fue detenido la tarde del 25 de agosto por la Guardia Municipal.

La causa era que había sido denunciado por hacer manifestaciones de júbilo ante sus compañeros de oficina cuando la ciudad fue bombardeada por la aviación gubernamental causando cinco muertes. “No era nada para lo que iba a venir”, dijeron que había gritado.

Primero estuvo en los calabozos de la Guardia Municipal en el ayuntamiento. Después pasó por la prisión provincial y, a fines de agosto, fue trasladado al castillo de Santa Catalina. Finalmente ingresó en el hospital de Mora enfermo de tuberculosis. Desde allí, en noviembre de 1936, envió al instructor militar un escrito desmintiendo las acusaciones de las que era objeto. Se trataba de una equivocación. Sus palabras las había dicho para todo lo contrario: para evitar la desbandada de los trabajadores cuando comenzaron a caer las bombas. Solicitaba ser

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puesto en libertad por su enfermedad y para poder atender a su familia que se encontraba sin ingresos.

No fue así. El propio gobernador militar golpista, Solans, escribió al margen que tanto él como su padre eran masones. Más aún, un informe policial afirmaba que, en la ciudad, se comentaba desfavorablemente que el padre, José Serrano de la Jara, no hubiera sido ya sancionado, es decir, asesinado. Se trataba de una familia izquierdista, de masones y que se habían enchufado en el ayuntamiento. Su hermano, José Luis, médico tocólogo, lo era de la Beneficencia Municipal y también había sido cesado.

Atribuía que fuera así la protección que le daba un capitán de la Guardia Civil, casado con una hija. Unos días más tarde, el Delegado de Orden Público golpista, el antiguo jefe de policía de la ciudad, el comisario Adolfo de la Calle, propuso que fuera desterrado a Alcalá de los Gazules.

Quizás no estuviera lejos la mano del capitán Montes de Oca. El 12 de noviembre Fernando Serrano llegó a Alcalá. Había logrado desaparecer de escena tras atravesar el periodo más negro de la represión. Sin embargo, con la puesta en marcha de la Justicia del Terror militar su nombre reapareció. A fines de 1936 se fueron revisando los expedientes de quienes habían sido detenidos hasta entonces y no habían sido juzgados. Se certificaron muchos de los asesinatos cometidos y se recordaron casos que parecían haberse desvanecido. Uno de ellos fue el de Fernando Serrano.

La información que llegó a manos del jefe de los servicios de justicia golpista en Cádiz, Marcelino Rancaño Gómez, venía encabezada por un informe del jefe de la brigada de investigación de milicias, Ulpiano Yrayzoz, que ya había remitido en octubre de 1936, en el que se extendía en el júbilo de Serrano por los bombardeos de la ciudad y aseguraba que manifestaba públicamente que el golpe estaba destinado a fracasar. El 19 de abril de 1937 Francisco de Paula Valera y Sáinz de la Maza, un juez de instrucción incorporado a la justicia golpista, comenzó a elaborar el sumario. Para entonces, desde finales de febrero, Serrano había vuelto a la prisión provincial gaditana.

Cuando terminó no pudo mantener la acusación de masón ni la de haber sido interventor en las elecciones de febrero de 1936. Augusto

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Conte, vicepresidente de la comisión de investigación masónica, había informado de que el masón era su hermano José Luis y su nombre no apareció en la lista de los interventores electorales. También tuvo que admitir que las pretendidas manifestaciones de júbilo no habían sido probadas. Solo tenía claro que había militado en partidos republicanos y asistido a tertulias con estudiantes de la FUE y masones. Aún así, a Valera no le tembló el pulso para procesarle por considerarle incurso en delitos de adhesión a la rebelión.

A las cuatro de la tarde del 17 de mayo, en la facultad de medicina, ante el tribunal presidido por Rafael López Alba, compareció Rafael Serrano.

El fiscal le pidió 6 años por un delito de “excitación y provocación a la rebelión”. Antonio Gutiérrez de la Jara, un abogado que actuó como defensor en muchos de los consejos de guerra de estos meses, reconoció el delito de “provocación a la rebelión” y solicitó seis meses de prisión.

La sentencia es un monumento de la Justicia del Terror teniendo en cuenta que el ponente, quien la redactó, era un juez de instrucción, como tantos otros, al servicio de los golpistas. Consideraba probado que el acusado, afiliado a partidos republicanos de izquierda, hacía, “desde antiguo”, manifestaciones de izquierdismo y veía con simpatía los incendios de edificios religiosos. De esto último no hay rastro en la instrucción y parece que sale de cosecha propia del ponente. No se atrevió a contradecir a los testigos y la sentencia no consideró probada las manifestaciones de regocijo por el bombardeo.

Serrano no iba a escapar de rositas. Podía considerarse un afortunado por la condena que le pedían y, pocas dudas cabían, que le iban a imponer.

Así que el ponente consideró que el contumaz, por antiguo, extremismo de Serrano sirvió de ejemplo a las masas incultas que se disponían a llevar hasta el final sus “ansias destructoras”. No lo hicieron porque el golpe de estado se lo impidió. En consecuencia, Serrano era responsable de que muchos realizaran un delito de rebelión militar previsto en el código de justicia militar y en el bando de guerra de 18 de julio. Quizás consciente de la barbaridad jurídica, y de la tergiversación de lo ocurrido, finalmente consideró que no era peligroso. La pena debía ser la mínima contemplada, los seis años. Descontados los meses que había permanecido ya encarcelado debería ser puesto en libertad el 27 de agosto de 1942.

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Permaneció en la prisión gaditana hasta el 14 de enero de 1939 cuando, el médico de la cárcel solicitó su traslado al hospital de Mora por haberle diagnosticado un tumor en el cuello que se extendía hasta la inserción inferior del músculo esternocleidomastoideo. Ante la imposibilidad de poder operarle en la prisión, la mañana del 15 fue trasladado. A las pocas horas, sin haberle intervenido, fallecía. Su hermano José Luis solicitó que el cadáver fuera trasladado al domicilio del finado antes de enterrarlo. Así se hizo.

Finalmente, tenemos un caso que suscita dudas: el de Agustín Carrillo García. Se trata de un aparejador que trabajó de escribiente y listero en el servicio de Vías y Obras municipal. Vivía en la calle Fernán Caballero, tenía 24 años y pertenecía al PCE. En su ficha del servicio de información de la Guardia Municipal aparece como sancionado, el eufemismo que se utilizaba para indicar que había sido asesinado. Sin embargo, en 1941 le fue abierto un expediente de Responsabilidades Políticas por su militancia y por haber sido interventor electoral en febrero de 1936. En el trabajo de Alicia Domínguez se asegura que estaba vivo.

El estrambote final Dicen que no hay soneto sin estrambote. Este capítulo sobre los asesinados por los golpistas queremos cerrarlo con el de Rafael de Vera Monge por considerarlo significativo de la persecución que sufrieron los trabajadores municipales fuera cual fuera su categoría laboral, procedencia social o situación económica. Hasta tal punto que, siendo una persona muy conocida en la ciudad, su rastro ha sido prácticamente borrado hasta el punto de que, por lo que conocemos, no sabemos cuándo fue detenido, por qué prisiones pasó antes de su asesinato, dónde lo mataron y enterraron. Siquiera, hasta el estado de conocimientos que tenemos, está inscrita su defunción en el Registro Civil. Un caso, de los muchos que hay, de desaparición. En este caso doble: física y administrativa. Ni conocemos las circunstancias de su asesinato y lugar de enterramiento, ni administrativamente está recogido como fallecido.

Rafael de Vera había nacido en Cádiz a fines de abril de 1883 y, en 1936, vivía en la calle Marqués del Real Tesoro. Estaba casado con

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Aurelia Andrey Sánchez con la que tenía tres hijos llamados Rafael, Aurelio y José Luis. Tenía estudios de perito mercantil y, en 1925, sacó el título de secretario municipal. Había entrado en el ayuntamiento como escribiente en agosto de 1907. Poco a poco fue escalando puestos hasta llegar al de jefe de negociado, uno de los cuatro con los que contaba el ayuntamiento; lo fue del de alcaldía y Gobernación. Parece que fue afiliado a IR y era masón con el nombre simbólico de Thierry. Según los informes de los mismos golpistas era una persona que gozaba de un gran prestigio profesional y personal entre los trabajadores municipales.

Además, había desarrollado una tarea cultural en el Liceo Moret, que fundó en 1909 y tenía una finalidad fundamentalmente teatral, y en el Círculo de Escritores y Artistas. También tuvo una larga carrera periodística. Desde principios de siglo escribió en periódicos locales como El Clarinete, El Liberal y El Faro y fue corresponsal de los diarios sevillanos La Unión y ABC. En 1927 estuvo implicado en la creación de la entidad colegial de los periodistas gaditanos antecesora de la Asociación de la Prensa en cuya directiva ocupó diversos cargos. Igualmente fue secretario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En resumen, era una persona con fuertes lazos en la vida pública y social de la ciudad.

Vera Monge había militado en el Partido Liberal de Sagasta del que salió durante la crisis del régimen que terminó con la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera. Fue durante la década de los veinte cuando, al igual que otros muchos miembros de la burguesía ilustrada española, sus posiciones monárquicas fueron inclinándose hacia el republicanismo. Primero con su incorporación a la masonería, que tan importante papel de aglutinamiento de la oposición tuvo durante esos años, y posteriormente con su entrada en el Partido Republicano Autónomo, primero, y, después, en la Unión Republicana y finalmente, de creer los informes golpistas, en IR. Ignoramos si tuvo alguna intervención durante la resistencia al golpe.

No lo parece, aunque, por ser persona destacada de la ciudad, estuvo entre los detenidos antes de agosto. Así lo indica que fuera uno de los suspendidos de empleo y sueldo a finales de julio. Se decretó su cese a mediados de agosto. Llevaba 32 años 5 meses y 21 días de servicio.

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Desconocemos las circunstancias de su detención y encarcelamiento hasta su asesinato. Solo que es citado en un informe municipal de mediados de agosto de 1936 como encarcelado en el castillo de Santa Catalina. La fecha de 15 de enero de 1937 es la que figura en el informe policial que se remitió desde Cádiz al Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo en los años cuarenta cuando intentó procesarlo. Sin embargo, no contamos con ninguna otra información documental que así lo confirme.

No figura en los libros diarios o índice del cementerio gaditano, ni en los del registro civil hasta donde ha sido posible consultarlos. Tampoco hay anotación alguna en su expediente personal en el ayuntamiento.

En el libro de personal elaborado en 1933, junto a su nombre figura un lacónico: “Fallecido”, sin mayor indicación de fecha o, como ocurre en otros casos, causa o momento del fallecimiento. Tampoco en los anuncios que el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó en octubre de 1938 para informar de que se le había abierto expediente por la comisión de incautaciones en base al Bando de 10.9.1936 y el Decreto Ley de 10.1.1937. El libro de bajas del padrón de 1937 refleja su fallecimiento con una única fecha: 1937.

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Capítulo 7

Depuraciones, detenciones y procesamientos Como escribió uno de los principales jefes golpistas de la ciudad, Pedro Jevenois Labernade, no podían matar a todos los opositores ya que hacía falta gente para trabajar. Pero su reinserción en el nuevo Estado que construían los golpistas, en muchos casos, debía pasar por su depuración ideológica y laboral, su encarcelamiento, más o menos prolongado, castigo económico, exilio o destierro. Un cerco económico y social que terminaría llevando a la emigración a un importante número de gaditanos.

Habitualmente una llevaba aparejadas las otras o algunas de ellas. Es lo que pasó, por ejemplo, con la treintena de trabajadores municipales, funcionarios y temporeros que conocemos fueron detenidos y encarcelados. Además de otras decenas sometidos a incautaciones y multas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Por último, todos los que eran, o habían sido, masones, fueron investigados y procesados por el tribunal creado ex profeso. Por supuesto que no son raros los casos en los que una misma persona fue sometida a diversos procesos represivos.

1. La represión inmediata: las detenciones La gran mayoría de los detenidos lo fueron durante los días siguientes al golpe, antes de que terminara julio. De hecho, su cese fue acordado por estar precisamente en prisión en la sesión que la Comisión Gestora golpista celebró el 29 de julio. Los hubo desde altos cargos municipales hasta empleados de la limpieza, fueran funcionarios o temporeros. En su gran mayoría eran militantes de IR, el partido de Manuel Azaña surgido de la división del radical socialismo. Compaginaban su militancia política con su pertenencia a la masonería, un dato que nos confirma la importancia de este grupo republicano en la vida política y social de la ciudad durante la Segunda República.

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En algunos casos a su detención le siguió su procesamiento por la justicia golpista y condenas que llegaron a los veinte años. También, se percibe un cierto tufo de ensañamiento con diversas personas. Por ejemplo, en el caso del director del SMAE, José Serrano de la Jara. Hubo quien escribió que era un escándalo que no hubiera sido sancionado como merecía.

Es decir, que no le hubieran asesinado. Parecido es el caso del médico venereólogo municipal Antonio Suffo Ramos que padeció un auténtico calvario persecutorio hasta su libertad definitiva el verano de 1946.

Un intento de suicidio Salvador Pina Rivas era un ya maduro, 43 años, escribiente temporero contratado en febrero de 1936. Nacido en Jerez estaba afiliado a IR. Según confirmó el jefe del negociado de Estadística en el que estaba destinado había acudido al trabajo con normalidad tras el triunfo del golpe de Estado. Unos días durante los que la vida diaria en el edificio municipal no debía ser fácil. No solo por las propias circunstancias de la situación sino, también, por la presencia de fuerzas africanas en su interior. Gente armada que tenía como misión fundamental no solo el control del edificio sino también actuar de patrullas móviles para acudir a cualquier punto de la ciudad que se considerara necesario; en especial a los cercanos barrios populares de Santa María, La Merced y el Pópulo.

Fue detenido la mañana del viernes 24 tras un confuso incidente que nadie acertó a concretar. Al parecer discutió con un capitán de Regulares a quien insultó así como a los sublevados. Quedó encerrado, a disposición de las autoridades militares golpistas, en uno de los calabozos de la Guardia Municipal. Allí, el domingo 26, a la hora de la comida, intentó suicidarse, cortándose el cuello, con los trozos de una botella rota. Descubierto a tiempo fue trasladado al cercano hospital de San Juan de Dios y, unas horas más tarde, al de Mora. Interrogado, aseguró que lo había hecho porque oyó decir a unos soldados que iban a matar a todos los detenidos. Se puso tan nervioso que decidió acabar con su vida.

El 1 de agosto, ya recuperado, lo enviaron a la Prisión Provincial mientras que se instruían unas Diligencias Previas para aclarar no solo lo ocurrido sino también la personalidad de Pina. En su declaración

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se había definido como una persona de orden. La policía confirmó que no tenía antecedentes de ningún tipo y, como se ha avanzado, su jefe de negociado aseguró que, al contrario que otros muchos, tras el golpe no dejó de acudir al trabajo y que nunca había hecho ostentación de sus ideas políticas. Casi tres meses tardaron las autoridades golpistas en encontrar al capitán de Regulares para que testificara. Finalmente encontraron a Luis Sanjuán Muriel en Córdoba quien declaró que no recordaba muy bien qué había ocurrido pero que creía que había ordenado detener a Pina porque le dijeron que había pronunciado frases injuriosas contra el ejército.

Pasó los meses más terribles de la represión en el centro de la tormenta.

Pero logró capearla y llegar con vida a comienzos de 1937. Entonces, cuando las autoridades judiciales golpistas decidieron sustituir la “justicia” de los bandos de guerra por la Justicia del Terror de los PSU, el caso de Pina fue revisado. Detenido hacía cinco meses no estaba procesado. La Auditoría sevillana decidió finalmente que no había motivo para decretar su procesamiento en base a que solo eran indicios indirectos los que le acusaban. Sobreseída la causa fue puesto en libertad el 20 de enero de 1937. Para entonces su expulsión del puesto de trabajo era ya firme.

El temporero que estuvo en el Gobierno Civil el 18 de julio Antonio Gurrea Díaz había nacido en Ceuta en octubre de 1911, vivía en la calle Cervantes y estaba soltero. Era hijo de militar también represaliado. Ingresó en el ayuntamiento como temporero a fines de 1935 primero como agente del censo y, después, destinado como empleado auxiliar en la Delegación Provincial de Trabajo que estaba situada en la Alameda de Apodaca. Fue cesado por no reincorporarse al trabajo el 22 de julio y después expulsado, de forma definitiva, a primeros de agosto cuando cesaron todos los temporeros y no fue readmitido.

En diciembre de 1936, uno de los militares golpistas detenidos en el Gobierno Civil lo denunció como una de las personas que lo vigilaron armado la tarde del 18 de julio. Para entonces, aunque ya había realizado

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el servicio militar, estaba incorporado a la Escuela de Artillería de Costa.

No era la primera vez que estaba en el centro de la atención represiva golpista. Gurrea ya había sido detenido en julio y puesto en libertad en septiembre. De nuevo lo fue en noviembre durante dos semanas.

En ambas ocasiones había sido objeto de investigación y no le había encontrado ningún antecedente. Incluso Adolfo de la Calle, el delegado de orden público, insinuó que el denunciante podía mentir. Ya había ocurrido en otras ocasiones.

Gurrea declaró que el 18 de julio estaba en las oficinas de la Alameda cuando surgió un tema de trabajo que le llevó al Gobierno Civil, donde se encontraba el delegado. Allí vio que había mucha gente y, aunque buscó a su superior, no lo encontró. Cuando quiso salir se encontró con que el edificio estaba cercado por las tropas que habían comenzado a disparar.

Entonces se refugió en unas habitaciones que consideró seguras.

Allí estuvo hasta la mañana siguiente cuando los golpistas ocuparon el Gobierno y él fue detenido, como el resto de las personas que allí se encontraban, y enviado a la prisión provincial. Apenas estuvo una media hora antes de ser puesto en libertad. Aunque, cuatro días más tarde fue nuevamente detenido. Ahora permaneció encarcelado hasta mediados de agosto. Nuevamente en libertad, le volvieron a encarcelar a finales de septiembre, esta vez en la Fábrica de Torpedos. De allí salió el 30 de noviembre; al día siguiente entró en la Escuela de Tiro.

Finalmente, Gurrea fue procesado y mantenido encarcelado en el castillo de Santa Catalina. Su defensor, Fernando Cebada García, solicitó que comparecieran como testigos el comisario de Policía, Adolfo de la Calle, el jefe de la brigada político social, Juan José González y el jefe de Estadística municipal.

La vista del consejo fue uno de los últimos que celebraron los golpistas antes de que entrara en vigor el nuevo procedimiento que utilizaron masivamente los años siguientes: el PSU. Se celebró el 25 de enero de 1937. En la vista, el defensor se centró en la falta de fiabilidad de las acusaciones de Joaquín Arcusa Corbacho y solicitó la absolución de Gurrea. Sin embargo, el tribunal lo condenó a 12 años de prisión por auxilio a la rebelión. A diferencia de otros casos continuó, ya como

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penado, en Santa Catalina y no fue trasladado a la prisión provincial.

Allí permanecía en junio de 1940 cuando la Comisión Provincial de Examen de Penas revisó la suya, rebajándola a seis años.

En el ojo del huracán Antonio Suffo Ramos era un médico, nacido en marzo de 1891 en Alcalá de los Gazules, que estaba casado con María Aguirre Ortuño con la que tenía cuatro hijos. En 1936, llevaba 24 años trabajando en la beneficencia municipal como venereólogo. Era muy conocido en la ciudad y apreciado por la tarea que desarrollaba y su carácter bondadoso y risueño. Así lo reconocieron los propios golpistas. Pero también Suffo tenía un destacado papel en la vida política de la ciudad. Había evolucionado desde el jaimismo, una facción del carlismo en el que militó durante los años diez, hasta el republicanismo azañista. Primero en la Agrupación al Servicio de la República, después en Acción Republicana, de la que fue secretario local y candidato al congreso de los diputados, y, por fin, en la IR de la que fue vicepresidente local. En 1936 ocupaba la tesorería del comité del Frente Popular en la ciudad.

Además, era masón. Había ingresado en 1921 en la logia España Democrática y después, en las Fermín Salvochea y Fidelidad. Ya durante los años treinta estuvo en la logia Hermano Vigor de la que fue dado de baja en octubre de 1935. Adoptó el nombre simbólico de Gimbernat, en honor del médico ilustrado español que había estudiado en el Colegio de Cirugía de Cádiz.

Estaba muy relacionado con las “fuerzas vivas” republicanas de la ciudad en cuya sociabilidad participaba activamente. Era unos de los participantes de las tertulias del café Parisien, en 1931, junto a Muñoz Martínez, López de Soria y Corripio, entre otros. Después, también participó en la que se reunía en la cervecería La Inglesa y a la que los golpistas llamaron Peña de los 33 por la condición de masones de muchos de sus participantes. Muy cercano a los círculos del poder gubernativo de la ciudad intervino en la redacción de periódicos y actuó como delegado gubernativo en diversas ocasiones. Una de ellas en enero de 1933, cuando los sucesos de Casas Viejas. Para los golpistas su papel

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fue el de intentar hacer todo lo posible para que las culpas de lo ocurrido recayeran en el capitán Rojas cuando, por estar allí presente, conocía, como el gobernador civil, perfectamente la verdad de lo ocurrido.

Se trataba por tanto de un objetivo importante para los golpistas. En julio de 1936, se había alejado de sus compañeros políticos, y dimitido de todos sus cargos. Quizás por ello no estuvo entre quienes acudieron al Gobierno Civil la tarde del 18 de julio tras la salida a la calle de las tropas.

Al parecer, cuando comenzó el golpe estaba por la zona de Moreno de Mora, en el distrito médico del que estaba encargado. Allí le sorprendió una de las manifestaciones que se formaron y se refugió en una lechería antes de buscar refugio en la farmacia de la calle de la Rosa. Después, no sabemos con certeza si, como declaró, acudió a su trabajo los días siguientes o si volvió a su domicilio donde fue detenido el 22 de julio.

Desde el primer momento los golpistas lo consideraron como uno de los principales dirigentes gubernamentales.

Así que, tras pasar unos días en la Prisión Provincial, el 31 de agosto fue trasladado al castillo de Santa Catalina en donde se encarcelaban a las principales autoridades de la ciudad. En la fortaleza militar permaneció hasta el 23 de octubre cuando fue confinado en el consulado italiano; movimientos todos que fueron controlados por el gobernador militar golpista, es decir, el propio López Pinto.

Quizás fuera la excelente consideración que tenían de él muchos vecinos, ahora influyentes, o que un hermano suyo, médico también, perteneciera al Requeté, la que le salvó de la muerte. Hasta el punto de que no solo vadeó la matanza veraniega, sino que se movieron las influencias para que, en diciembre de 1936, el gobernador civil ordenara su destierro a Badajoz por un periodo de dos años. A la capital pacense llegó el día 10. Se presentó a las autoridades y quedó sometido a vigilancia. Pronto comenzó a trabajar en el hospital militar de la ciudad y a prestar servicios de auxilio médico a Falange.

Sin embargo, debía haber sectores golpistas en Cádiz que no consideraban suficiente el castigo al que estaba siendo sometido. En la primavera de 1937 ya no se aplicaban de forma masiva los bandos de guerra para asesinar a aquellos que se decidían en los “comités de sangre” que funcionaban en

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las ciudades. Como los que en Cádiz lo hacían en los locales del Aeroclub y el restaurante Comedor vasco en la calle Ancha. Ahora, como se ha dicho repetidamente, la represión se iba a llevar a cabo exclusivamente por la justicia militar golpista utilizando para ello los PSU. Comenzaba a andar la Justicia del Terror. Para ello se revisaron los expedientes de todos aquellos que habían sido detenidos los meses anteriores y no tenían todavía calificación procesal. Bien porque hubieran sido asesinados ya, bien porque permanecieran en prisión. Entonces el nombre de Suffo volvió a aparecer.

A finales de febrero de 1937 se ordenó su regreso y encarcelamiento en Cádiz. Llegó a la prisión gaditana el 5 de marzo de 1937. Ya no saldría en libertad hasta julio de 1946. Ahora le fue abierto un PSU por el que terminaría siendo condenado a 20 años de prisión. Fue necesario montar la acusación. A ello se dedicaron el Ayuntamiento, Guardia Civil, Falange, Requeté y algún que otro vecino. Todos incidieron en su izquierdismo político, en sus relaciones de amistad con los principales dirigentes republicanos de la ciudad y en su pertenencia a la masonería Pero también añadieron otras acusaciones de cosecha propia. El jefe de investigación del Requeté, Alejandrino López Marín, aseguró que la víspera de los asaltos de edificios religiosos de 8 de marzo de 1936, Suffo estuvo hablando con “un caracterizado extremista (comunista de acción) sugiriendo una cierta participación en ellos. Por su parte la brigada de información de las Milicias Cívicas, creadas por Carranza, incidieron en que había sido tesorero del Frente Popular. El jefe local de Falange, José Martínez, insistió en que, aunque era conocida su bondad y afabilidad, “cuando la hora llegaba no había amigos y quedaban estos sacrificados ante su política republicana y masonería” y que perteneció a la camarilla de los gobernadores azañista arrogándose funciones de autoridad, que no tenía, en Casas Viejas. El presidente de la comisión de investigación masónica, Ulpiano Yrayzoz, relató detalladamente su trayectoria en las logias finalizando su informe señalando que tenía el grado 4º. Es decir, maestro secreto, el anterior al “perfecto”. Sin embargo, el informe más adverso fue el del coronel jefe de la Guardia Civil quien le atribuyó una activa participación como orador en las giras de propaganda republicana, que calificaba de revolucionaria, por haber efectuado tareas de espionaje y enlace para Azaña con Sevilla y

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Jerez y que su puesto de médico venereólogo lo logró mediante enchufe.

Señalando, lo que los meses anteriores hubiera significado su seguro asesinato, que era “peligroso e incorregible”.

Más allá de que las acusaciones fueran directamente falsas, como su participación en los mítines, quizás fuera por los apoyos que contaba; los informes no dejaron de hacer referencias a su trato afable y bondadoso, a que estaba casado por la iglesia y sus hijos bautizados, a que no secundó a los llamamientos a resistir o a su distanciamiento del Frente Popular en las semanas anteriores al golpe e, incluso, a que acogió en su casa a una alumna de un colegio religioso cuando los incidentes anticlericales.

Hasta finales de mayo Suffo no declaró ante el instructor golpista: Fernando Wilhelmi Castro, un juez de instrucción reconvertido en miembro de la Justicia del Terror. Su lectura reafirma la idea de su personalidad como la de un destacado miembro de la sociedad burguesa de la ciudad, en contacto político y personal con las autoridades gubernamentales a quienes había prestado diversos servicios, compartía tertulias y había sido médico personal. Su actividad no señalaba nada que pudiera ser interpretado como ilícito, salvo para los intereses golpistas de castigarle y quitarle de la vida pública. Aún así, conocedor de la grave situación en la que se encontraba aseguró que su salida de la masonería no había sido por diferencias sobre la admisión de un hermano de logia, sino por la influencia de la propaganda católica y las conversaciones que había sostenido con el cura de San Lorenzo que le había convencido de la incompatibilidad de la masonería con la iglesia católica.

Unas semanas después, a finales de julio, envió al instructor un escrito de ampliación a la declaración. Era un intento por presentar su personalidad como compatible con el nuevo estado de cosas. Bien sabía, por los meses pasados, que cualquier hecho podría llevarle a la muerte. Así explicó detalladamente su trayectoria como funcionario municipal. Buscó alejarse de la imagen de cercanía al Frente Popular y trazar una trayectoria de trabajador cualificado, comprometido con sus funciones. Desmintió que, desde 1935, hubiera ocupado algún cargo en organizaciones políticas; que solo tuvo tratos con las autoridades por pertenecer a entidades benéficosanitarias. Más aún, como miembro del consejo de administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, incluso detenido, facilitó los trabajos

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de la entidad hasta su sustitución y detalló su alejamiento de la masonería desde 1933. En resumen, se presentó como una persona de orden que llevaba a sus hijos a un colegio religioso. Así actuó durante los días del golpe. Se atuvo estrictamente a su actividad profesional.

También declararon favorablemente varios médicos de Cádiz, entre ellos José Rodríguez López, José Agudo Sánchez, Juan Reina Castrillón, José Gómez Plana Conte o Pedro Noriega Rubín. Casi todos rebajaron su importancia política y reafirmaron su distanciamiento con los gobernantes del Frente Popular. Aunque otros, como el empleado portuario Fernando Arrigunaga Barbadillo, que también había estado en Casas Viejas la madrugada de los asesinatos, insistieron en que Suffo sabía que iban a matar a los detenidos y que hizo todo lo posible para descargar de culpas al gobierno de Azaña. Lo ocurrido en enero de 1933 seguía utilizándose para atacar a los adversarios políticos.

El auto resumen del instructor, ahora el también antiguo juez de instrucción, Francisco Valera Sáinz de la Maza, destacó su actividad izquierdista constante y destacada, sus amistades con izquierdistas y autoridades y su pertenencia a la masonería. Todo ello, decía Valera, lo convertía en incurso del bando de guerra y ratificaba su prisión provisional. Suffo, al conocer su procesamiento, nombró como defensor a Adolfo Gutiérrez García. Hacía unos meses que se habían puesto en marcha los PSU y el auto no le auguraba un buen porvenir.

Sin embargo, como en otros casos, se vio comprendido en las órdenes verbales y reservadas que ordenaron suspender todas las instrucciones contra los masones hasta que se dictaran normas específicas para ellos. Mientras, permaneció en la prisión gaditana de donde no se le autorizó a salir, en junio de 1938, para acudir a despedirse de su madre a punto de morir.

Como tampoco le fue favorable la revisión, ordenada en noviembre de 1938, de aquellos casos que todavía no hubieran tenido la vista del consejo.

Las autoridades gaditanas consideraron que seguía siendo un peligro y que sus antecedentes políticos y masónicos tenían que ser depurados ante un consejo de guerra. La instrucción se activó con la promulgación de la ley contra la masonería de marzo de 1940. El 20 de abril de 1940 el servicio de justicia franquista ordenó la reactivación de la sumaria para

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todas aquellas acusaciones que no tuvieran relación con la masonería que quedaban sujetas a la competencia del tribunal recién creado.

La vista se celebró el 16 de mayo de 1940 presidida por Ramón Ortiz Hernández y como ponente de la sentencia Francisco Casas Ochoa, otro juez de instrucción de larga trayectoria en la justicia golpista gaditana.

El fiscal le pidió 30 años de prisión, mientras que el defensor; la absolución. La sentencia fue de 20 años como responsable de un delito de rebelión por sus actividades políticas y la multa que impusiera el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Comenzó Suffo un largo recorrido por las prisiones franquistas. Primero en la de Cádiz en donde, como reconocieron las propias autoridades, trabajó en la prevención de las enfermedades infecciosas mediante la mejora de sus condiciones higiénicas. Trabajos sanitarios que continuó, a partir de marzo de 1941, en las cárceles castellonenses de Burriana y Benicarló hasta que fue apartado de ellas por pensarse que no se había retractado de sus actividades masónicas. No era así. Mediante documento notarial la había presentado en la propia prisión de Cádiz el 6 de mayo de 1940. A comienzos de noviembre de 1941 fue enviado al penal de El Puerto de Santa María.

Unos meses después, ya en 1942, el Tribunal para la Represión de la Masonería activó su causa. Suffo, en noviembre, fue trasladado a la prisión de Madrid para comparecer ante él. Le pidieron 16 años de prisión y fue condenado a 12. De Madrid fue trasladado al penal de Burgos.

Llevaba diez años encarcelado cuando, en julio de 1946, solicitó la aplicación del indulto concedido en octubre de 1945. Le fue concedido, así como la libertad vigilada. En agosto abandonó la prisión burgalesa y regresó a su domicilio de la calle Marqués del Real Tesoro. Murió en 1960.

Los que escuchaban la radio No fue el del médico Suffo el único caso de represión de una persona situada en el ojo del huracán. También compañeros suyos de la Beneficencia Municipal eran Pablo Bauzano Guillén, médico director

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del Servicio de Desinfección Municipal, y el practicante Enrique Ordaz Caballero.

Pablo Bauzano Guillén tenía 32 años en 1936, vivía en la actual calle de la Torre, entonces Segismundo Moret, y había nacido en Chipiona. Estaba casado con una nieta del general Muñoz López que se había sumado al golpe.

También militaba en la IR, aunque su trayectoria había sido diferente de la de Suffo. Había pertenecido, de estudiante, a la FUE, y después, entrado en el radical socialismo gaditano; en la facción que acabó integrándose en el partido IR encabezado por Manuel Azaña, a nivel nacional, y Manuel Muñoz Martínez, en la ciudad. También compartía con su compañero su pertenencia a la masonería, desde 1927 hasta 1932 en la logia Hijos de Hiram con el nombre simbólico de Galeno, y con amistades y tertulia en la cervecería Inglesa.

Bauzano fue acusado de permitir unas reuniones que tenían lugar en el garaje del parque para escuchar un aparato de radio que había llevado José Ballesteros Aliaga, cabo de la brigada de desinfección, y a las que también había acudido Lorenzo Sacaluga Mayones, chófer del servicio, además de otras personas. Este último había sido secretario de la sociedad de conductores afecta a la UGT. También fue detenido Juan Lojo, considerado un peligroso extremista comunista, dependiente del ambigú del cine Municipal, que había ocultado el aparato una vez fueron detenidos, el 1 de febrero de 1937, los tres primeros. Para entonces, Bauzano ya había sido expulsado del ayuntamiento de forma definitiva.

Además de sus antecedentes políticos, los golpistas lo consideraban peligroso porque, decían, se había presentado la tarde del 18 de julio para ofrecer sus servicios médicos y porque cabía suponer que “dada su cultura” había sido un buen propagandista de sus ideas izquierdistas.

Incluso, acusó un informe de la policía municipal, firmado por su jefe y habían celebrado una victoria de los rojos, con “dos mujeres de mal vivir”.

De hecho, Bauzano había sido puesto bajo arresto domiciliario incomunicado, con vigilancia policial y militar, desde el 26 de julio del año anterior. Hasta ese día había acudido a su trabajo y prestado varios servicios de traslado de cadáveres al cementerio, cinco de los muertos durante la ocupación, y curado a dos falangistas heridos en la plaza de la Merced. En esa situación permaneció hasta los primeros días de

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diciembre cuando quedó en libertad de movimientos. Así permaneció hasta su nueva detención e ingreso en prisión.

A las pocas semanas, los golpistas pusieron en marcha la Justicia del Terror y el procedimiento abierto quedó incorporado a ella. Para entonces se había desglosado en dos: uno exclusivo contra Bauzano y otro contra Ballesteros y Sacaluga. La instrucción se cerró el 8 de mayo de 1937 y tres días después fue convocado el consejo de guerra. Presidido por Rafael López Alba, la ponencia redactada por Marcelino Rancaño Gómez consideró probados los cargos contra Bauzano de ser miembro de la masonería y de un partido republicano lo que le convertía en autor de un delito de rebelión militar. A su compañero Sacaluga también lo consideraba inductor de delitos de rebelión. Respecto a Ballesteros creía que no estaban probadas las acusaciones y lo absolvía. Teniendo en cuenta la posición intelectual de Bauzano lo condenaba a muerte, mientras que para Sacaluga la pena era de 12 años.

La sentencia fue enviada a Sevilla para su ratificación. Sin embargo, fue anulada por no haber sido citados los testigos a la vista del consejo de guerra. Una objeción formal no muy frecuente en aquellos días.

Más seguro es que influyera que el caso de Bauzano fuera uno de los citados por el fiscal Felipe Rodríguez Franco, en la carta que envió a Varela, como ejemplos del irregular funcionamiento de la justicia en Cádiz. En cualquier caso, fuera esta u otra la causa, lo cierto es que le salvó la vida. Devuelta al juzgado golpista gaditano no hubo ninguna diligencia nueva hasta marzo de 1938. El día 16, el consejo, presidido por el mismo López Alba, acordó desglosarlas y separar a Bauzano de la que se le siguiera a Sacaluga y Ballesteros. Una nueva vista se celebró el 18 de noviembre. Ahora, bajo la presidencia de José Martínez Gay y la ponencia de Francisco Casas Ochoa. Pero tuvo que ser suspendido por no haber podido localizar a algunos de los testigos citados; la causa que había provocado la anulación de la anterior sentencia.

Como en el caso de Suffo, fue la ley de represión de la masonería la que terminó por reactivar la sumaria. En abril de 1940 las autoridades militares judiciales franquistas acordaron que compareciera ante un consejo de guerra para depurar las acusaciones que no tuvieran relación con su pertenencia a la masonería. Finalmente, la vista se

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celebró, bajo la presidencia de Ramón Ortiz Hernández y el mismo Casas Ochoa en la ponencia, la tarde del 1 de mayo de 1940 en la sala de banderas del cuartel de San Roque. En esta ocasión sí se presentaron los testigos: Predesvinto Luna Cárdenas y Rafael Gordón Benvenuti. El primero era en 1937 secretario de la Delegación de Hacienda y había confirmado tanto el izquierdismo de Bauzano, como que, desengañado por el Frente Popular, había abandonado sus ideales. Además, ratificó que se había presentado ante las autoridades golpistas para ofrecer sus servicios como médico y que siempre había elogiado al golpe. El segundo no confirmó la asistencia del acusado a las reuniones en las que se oía la radio. Además, señaló, se habían celebrado cuando Bauzano se encontraba bajo arresto domiciliario.

A pesar de las declaraciones favorables de los testigos, el fiscal mantuvo una petición de seis años de cárcel por excitación a la rebelión militar.

La defensa solicitó la absolución. Por su parte Bauzano, en el turno de última palabra, insistió en que nunca se había reunido clandestinamente para conspirar contra los golpistas y que no había quebrantado su prisión atenuada asistiendo a las reuniones. Fue condenado a 3 años de prisión y al pago de las responsabilidades civiles y políticas. El 20 de mayo, la sentencia fue aprobada y Pablo Bauzano quedó en libertad el 18 de mayo de 1940. Para entonces, su hermana María Luisa había llegado a México, desde Casablanca, a bordo del Nyassa.

Pero aún le quedaba por pasar varios tramos del calvario que los golpistas vencedores imponían a sus presas. Casi inmediatamente después de quedar en libertad tuvo que enfrentarse al tribunal antimasónico. A 12 años le condenó en junio de 1942. Para entonces pienso que ya estaba desterrado en Puerto Serrano. Allí ejerció de médico durante años y se casó por segunda vez. Murió en Utrera, donde se trasladó mediada la década de los cincuenta, en 1986. Tenía 82 años.

La represión sobre los otros dos trabajadores municipales inicialmente procesados junto a Bauzano fue dispar. Lorenzo Sacaluga Mayones también fue expulsado definitivamente del ayuntamiento y condenado a 12 años en los dos consejos de guerra que sufrió. Había sido presidente de la sociedad de conductores de la UGT y considerado uno de los hombres de confianza de Manuel Lapi. Fue trasladado al penal de El Puerto

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de Santa María. Afectado por la ley de responsabilidades políticas, su expediente fue sobreseído en 1948. Mientras que José Ballesteros Aliaga, readmitido en noviembre de 1938, fue absuelto en el primero de los consejos y sobreseído en el segundo. En 1940 reclamó por vía contenciosa los sueldos que dejó de cobrar durante su suspensión y la ganó.

La familia del practicante Ordaz Enrique Ordaz Caballero era un practicante de distrito de la Beneficencia Municipal. Nacido en Cádiz en julio de 1877 había obtenido la plaza por oposición en abril de 1914. Estaba casado con Mercedes Martínez Pérez, con la que tenía cinco hijos, cuatro varones y una mujer, y vivían habitualmente en la calle Sagasta. Aunque, como otras familias de clase media gaditana, en verano se desplazaban a una casa en Puerta de Tierra. En este caso a Villa Bernardo, uno de los hoteles que poblaban La Laguna, justo enfrente del Balneario, hoy hotel Playa. Como muchos otros miembros de la burguesía local, militaba en un partido republicano, en este caso en IR, y pertenecía a la masonería, a la logia Hermano Vigor, con el nombre simbólico de Pelayo. Como los propios servicios de información golpistas reconocían era una persona que, a nivel particular, gozaba en la ciudad de una excelente reputación y tenía una conducta moral intachable.

Fue detenido la madrugada del 28 de julio de 1936, junto a otras diez personas, en el transcurso de una redada que se llevó a cabo por la colonia. Entre ellas sus dos hijos, José Luis y Francisco. Fueron acusados de oír emisoras gubernamentales en unas reuniones que se celebraban en la casa de un veraneante llamado Alejandro Sáinz Laborda. Aunque pronto quedó claro que era su pertenencia al republicanismo de izquierdas y a la masonería la principal causa de su detención y la de su hijo mayor, Francisco, también militante de IR y directivo de la sociedad de dependientes de la UGT. La vida de la familia, que había comenzado un apacible verano en su hotel del entonces lejano Balneario, quedó completamente truncada.

Mercedes Martínez, su mujer, así lo manifestó en un escrito, pidiendo la libertad de su marido, que presentó a mediados de noviembre ante

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el gobernador civil. Llevaban su marido y dos hijos ya detenidos varios meses. También había sido detenido en San Fernando su hijo mayor, Emilio, practicante de la Armada. Las esposas de los detenidos y sus cuatro nietos se habían ido a vivir con ella. Estaba falta de cualquier recurso y sobrevivían de la caridad de conocidos.

Fue inútil, tras permanecer detenidos un tiempo en Cádiz, en la prisión y en el castillo de Santa Catalina, fueron trasladados a El Puerto de Santa María.

Allí permanecieron hasta que, en febrero, se reactivaron los procedimientos abiertos contra los detenidos en el verano y otoño de 1936. Casi todos los encarcelados en las escuchas radiofónicas quedaron en libertad. Salvo Enrique Ordaz y sus hijos que, considerados “dirigentes”, permanecieron encarcelados a la espera de los informes que emitieran los servicios de información golpistas. Para la Milicia Cívica no solo se trataba de un masón y de un furibundo propagandista, sino que, además, había celebrado con fiestas las muertes de Calvo Sotelo y Sanjurjo. Bastó para que, en abril de 1937, la justicia golpista decidiera abrirle un procedimiento sumarísimo de urgencia. Para entonces Ordaz ya había sido separado definitivamente de su puesto en la Beneficencia municipal. El instructor, en su primera diligencia, mantuvo la prisión en El Puerto de Santa María. Fue en el penal donde le tomó declaración indagatoria. Reconoció su militancia política y masónica, pero negó haber celebrado el asesinato de Calvo Sotelo, que hubiera pisado un crucifijo para obtener un grado masónico y que hubiera apostatado.

Precisamente fue en estos asuntos en los que incidieron los informes de la policía, Falange, la propia comisión antimasónica y algunos vecinos que lo consideraban izquierdista.

Uno de ellos, Salvador Távora de los Reyes, sevillano avecindado en Cádiz y cabo miliciano, fue quien detuvo, en octubre de 1936, a dos sobrinos de Ordaz cuando estaban desenterrando una pistola en el jardín. Era un arma perteneciente a Emilio, hijo mayor, también practicante y perteneciente a la Armada. Vivía en San Fernando y también era masón.

Había sido detenido durante el verano de 1936 e ingresado en el penal de las Cuatro Torres de La Carraca. Fue asesinado el 14 de enero de 1937. La causa que le abrieron a Mariano y Ángeles Martell Martínez terminó siendo sobreseída.

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A principios de junio de 1937, Ordaz fue trasladado a la prisión de Cádiz.

Aunque tuvieron que pasar casi ocho meses para que la justicia golpista desglosara su procedimiento de los de los otros detenidos de aquel día de julio de 1936, que comenzaba a quedar lejos. Algunos de ellos habían sido asesinados y otros puestos en libertad. Bien entrado 1938, a comienzos de agosto, Ordaz pidió permiso para visitar a su esposa gravemente enferma, que no le fue concedido. Mercedes Martínez murió unos días después.

Durante el otoño de 1938 las autoridades golpistas realizaron un nuevo recuento de los detenidos que continuaban todavía o no procesados, o no penados. El nombre de Enrique Ordaz salió y el instructor del expediente indicó que se ignoraba el delito por el que estaba detenido. Eso ocurría más de dos años después de que hubiera sido expulsado de su puesto de trabajo, un hijo suyo hubiera sido asesinado, se hubiera quedado viudo y, con 60 años, toda su vida, y la de sus cercanos, hubieran quedado brutalmente cercenadas. Interrogado de nuevo se limitó a admitir, una vez más, su militancia republicana y masónica callando todo el episodio de la radio y celebraciones. Tampoco la Guardia Civil se acordó de ello y aumentó las militancias al grado de gran propagandista y amigo de otras personas “de cuidado”. Aún así, en abril de 1940, Ordaz solicitó de nuevo su excarcelación en atención a la lentitud del procedimiento que se le seguía y a la enfermedad que le había originado la pérdida de la visión de un ojo y la práctica totalidad del otro.

En esta ocasión sí le fue concedida la libertad atenuada. El 22 de abril, Ordaz entró de nuevo, casi cinco años más tarde, en su casa del número 44 de la calle Sagasta. A la vez, comenzaron a desatascarse los procedimientos paralizados contra los masones una vez que entró en vigor la ley aprobada unos meses antes. La consecuencia fue que el consejo de guerra por rebelión se celebró, finalmente, el 16 de mayo bajo la presidencia de Ramón Ortiz Hernández. Catorce años de prisión, por auxilio a la rebelión, fue la sentencia. Había llegado la victoria, pero no la paz. El resentimiento, el odio, no había abandonado a los ya vencedores.

Todavía, antes de ser puesto en libertad definitivamente a finales de julio de 1940, tuvo que volver a la prisión gaditana durante un par de semanas.

La víspera del día de Reyes de 1952 su cadáver fue enterrado en el cementerio San José de Cádiz. Habían pasado doce años desde su puesta

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en libertad. Años que no fueron de tranquilidad. En 1942 comenzó a substanciarse el sumario que le abrió el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. El fiscal le pidió 25 años de prisión mayor que fueron confirmados por la sentencia. Aunque, en atención a su estado de salud, la cumplió en régimen de confinamiento domiciliario.

El destierro “voluntario” del médico Pedro Márquez Como se ha ido viendo, los trabajadores de la Beneficencia municipal estuvieron entre los más represaliados por los golpistas. Fueron perseguidos con saña médicos, practicantes y otros trabajadores del servicio. Otro médico perseguido fue Pedro Márquez Soler. Había llegado a Cádiz, desde Cuevas de Almanzora, en Almería, donde había nacido, para estudiar medicina. Licenciado en 1934 comenzó a trabajar como profesor auxiliar en el centro universitario. En 1936 tenía 27 años, vivía en una fonda de la calle Columela y era militante de IR. Antes, de estudiante, lo había sido de la FUE y del radical socialista.

Fue contratado como médico interino el 29 de abril de 1936 por el nuevo ayuntamiento del Frente Popular. Por eso fue de los primeros cesados, el 29 de julio. Para esa fecha ya había sido detenido.

Lo fue el martes 21 de julio en su puesto de trabajo en la casa de socorro municipal de la plaza de la Catedral. Le acusaron de izquierdista. Los primeros informes golpistas decían que lo había hecho para conseguir trabajo y que, como perteneciente a una familia de derechas, realmente era una persona de orden y católica. Todo lo más, como decía el jefe del servicio de investigación del Requeté, Alejandrino Marín, había tomado durante algún tiempo un camino erróneo. Los más beligerantes fueron los falangistas. Aseguraron que había participado en una asamblea en Madrid del partido de Azaña junto a Vicente Carrasco Illescas. Este último, médico también de la Beneficencia, era considerado un peligroso izquierdista y, aunque no estaba en la ciudad cuando el golpe de Estado, como veremos, fue igualmente separado de su puesto. Además de ser amigo de otros extremistas, participar en la tertulia de izquierdistas del café La Conchita en la calle Ancha y de haber obtenido su plaza por enchufe con el alcalde de la Pinta. Incluso un testigo, dependiente de la joyería Mexía en la calle Columela, aseguró que la tarde del 18 de julio participó, pistola en mano, en

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la manifestación que se dirigió al sitiado gobierno civil. Por último, una fotografía suya, dijo Falange, había sido encontrada entre las solicitudes de aspirantes a masón en la logia de la calle Virgili.

Tampoco cabe duda de que Márquez contaba con apoyos entre sectores del golpismo. En medio de la gran matanza, primero, fue puesto en libertad el 27 de agosto. Detenido de nuevo el 3 de septiembre, salió libre cuatro días después. Durante ese tiempo se ofreció alistarse en la Legión lo que le fue concedido. Así marchó a Sevilla el 17 de septiembre. Sin embargo, por un defecto en una pierna, fue rechazado y a la semana regresó a Cádiz.

Con posterioridad, en octubre, fue desterrado a la localidad pacense de Llerena. Sin embargo, apenas llegado, fue detenido y devuelto a Cádiz en donde quedó recluido en el convento de Santo Domingo bajo la custodia y responsabilidad de su prior. Finalmente fue encarcelado el 2 de abril de 1937, tras la activación de los PSU. El instructor, Francisco Valera Sáinz de la Maza volvió a pedir informes a los servicios de investigación y le tomó declaración en la prisión gaditana. Márquez aseguró que apenas llevaba dos semanas afiliado a IR y que lo había hecho para no perder su trabajo y que nunca había solicitado el ingreso en la masonería. Negó que la tertulia de La Conchita fuera izquierdista argumentando que a ella asistía José María Quintero, jefe local de Falange ese momento. Conocedor de la arbitrariedad judicial golpista apeló a la ayuda que prestó a la esposa de un oficial la tarde del 18 de julio durante los enfrentamientos y recordó que había sido declarado inútil para ingresar en la Legión y que se había ofrecido a trabajar en el hospital militar. Sin embargo, Valera, el 3 de mayo de 1937, no dudó en procesarle por considerarle incurso en los bandos de guerra dictados por contribuir, por su cultura y relaciones sociales, al “estado anárquico que puso fin el Glorioso Movimiento Nacional”.

No pasó ni una semana para que Márquez compareciera ante un consejo de guerra presidido por Rafael López Alba. La sentencia, redactada por Marcelino Rancaño Gómez, lo condenó como autor de un delito de inductor a la rebelión a 12 años de prisión; pena que comenzó a cumplir en la propia prisión gaditana. A los pocos meses solicitó la revisión del consejo y su puesta en libertad vigilada en razón de su estado de salud. Peticiones que fueron rechazadas en marzo de 1938. Tendría

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que esperar hasta 1940, cuando se dictó una revisión de sentencias que igualara los fallos tan desiguales que se habían dado los años anteriores, para que viera reducida su condena, primero, a cuatro años y, después, a tres. Reducciones que significaron que, por haber cumplido pena en exceso, fuera puesto en libertad. Para entonces, desde abril de 1938, se encontraba en el isleño penal de la Casería de Ossio. Ya lo estaba, cuando llegó la orden, en septiembre; llevaba varias semanas en libertad condicional por haberle sido aplicada la primera reducción.

Pedro Márquez fijó su residencia en su localidad natal. Había sido liberado, pero consideró más seguro poner por medio los casi 500 kilómetros entre Cádiz y Cuevas de Almanzora. En 1941 logró colegiarse de médico en Almería. En 1945 lo encontramos ejerciendo en la localidad de María y, en 1966, en la de Alcolea. En esta población, en 1973, se presentó a ser elegido concejal por el tercio de entidades económicas, culturales y profesionales. Falleció en 1979. Desconocemos si regresó alguna vez a Cádiz.

Un barrendero consciente Entre los sumariados también estuvo Francisco Suárez Haro, un barrendero, nacido en octubre de 1912, soltero, que vivía en la calle Paraguay. Había sido contador de la sección de Limpieza de la UGT y miembro del SRI. Fue acusado de ser uno de los que, pistola en mano, el 18 de julio, exigió comestibles para aprovisionar a las barricadas por el barrio de La Viña. Fue cesado definitivamente tras su despido por no incorporarse al trabajo el 22 de julio.

Por los informes de los servicios golpistas estuvo detenido desde el 23 de julio de 1936 hasta comienzos de diciembre de ese año. Después fue puesto en libertad y, en marzo, ingresó en el ejército golpista. Fue enviado al frente de Córdoba, a Villaharta. A principios de noviembre le fue concedido un permiso por la muerte de su padre y regresó a Cádiz. Para entonces, como en la mayoría de los casos, el servicio de información militar ya tenía los informes de la Guardia Civil con los antecedentes del verano de 1936. Fue detenido y encarcelado en los calabozos del regimiento. Fue allí donde el instructor le tomó declaración. Suárez

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reconoció su militancia y que había estado pidiendo comestibles por las calles San Bernardo y Jesús, José y María. También propuso como avalista a un comandante de artillería y al hermano mayor de la cofradía de los Afligidos a la que pertenecía.

Suárez fue trasladado al castillo de Santa Catalina mientras el instructor tomaba declaración a los propietarios de los ultramarinos y avalistas.

Estos se evadieron en sus respuestas y los primeros confirmaron, e incluso añadieron otros establecimientos, en los que Suárez, armado, y otros habían estado requisando víveres. A mediados de febrero de 1938, el resumen de la instrucción fue enviada a Sevilla. Las máximas autoridades judiciales golpistas decidieron que el procedimiento continuara para que fuera vista ante un consejo de guerra. Con un nuevo instructor, la causa siguió su curso. Primero los declarantes ratificaron o ampliaron sus testimonios. Después, Suárez, en la indagatoria, repitió que no exigía los alimentos sino que los pedía y negó que llevara un arma.

El consejo se celebró el 22 de abril de 1938 bajo la presidencia de Rafael López Alba y la ponencia de Francisco Casas Ochoa. El fiscal pidió la pena de muerte y el defensor una de 12 años de prisión. Suárez tomó la última palabra para decir que si tomó los alimentos fue porque su madre tenía hambre. La sentencia le condenó a 30 años de prisión. Ex soldado ya, en junio, fue trasladado al penal de El Puerto de Santa María. Allí continuaba cuando, en julio de 1940, le fue revisada la pena por otra de 12 años. Entonces fue trasladado a la Colonia Penitenciaria de El Dueso donde continuaba a finales de 1943. En enero de 1944 fue puesto en libertad condicional y fijó su residencia en Málaga.

Pero los problemas para Suárez no habían terminado. Cuando las autoridades militares quisieron comunicarle su nueva situación, había desaparecido del domicilio en el que supuestamente residía y lo pusieron en busca y captura. Finalmente fue encontrado en otra dirección.

Injuriando al jefe del Estado La tarde del 9 de agosto de 1939, la Guardia Municipal condujo a la comisaría de policía a Enrique Rodríguez Fernández. Había sido dete-

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nido en la playa de la Victoria acusado de que, horas antes, al llegar a su casa en la calle San Bernardo los vecinos le habían oído gritar “¡Me cago en los muertos de Franco!”, “¡Franco es un hijo de la gran puta y tiene la culpa de todo lo que está pasando!”.

Rodríguez Fernández había nacido en San Fernando, tenía 50 años y, hasta su depuración a finales de julio de 1936, había trabajado en los servicios de limpieza. Durante un tiempo estuvo afiliado al Partido Republicano Radical y era directivo de la sociedad del gremio federada en la UGT. Tras el golpe fue detenido e ingresado en la prisión de Cádiz. Liberado unos días después se escondió en casa de unos familiares en San Fernando. Allí fue detenido de nuevo a comienzos de octubre y encarcelado. Quedó en libertad a mediados de mes. Tras su expulsión se ganaba la vida como chamarilero.

Los informes policiales en 1939 le acusaron de haber sido apoderado por el Partido Radical en las elecciones de 1936, haber participado en los saqueos de comercio la noche del 18 de julio de 1936 y haber sido un destacado militante sindical miembro de la directiva de la sociedad e iniciado la colecta para hacer una bandera de ella. Además, como en otros tantos casos, intentaron desprestigiar su conducta privada considerándolo propenso a la embriaguez, a montar escándalo y a maltratar a su esposa.

Rodríguez se defendió alegando que no recordaba haber proferido tales insultos contra Franco ya que se encontraba embriagado. Circunstancia que corroboró uno de los municipales quien, además, dijo que no mostró resistencia cuando fue detenido. Dos vecinas que escucharon los gritos, aseguraron que no oyeron los insultos solo que se quejaba de lo caro que estaban las cosas. Además, negó que hubiera participado en los asaltos, en la confección de la bandera y que hubiera militado en ningún partido del Frente Popular.

A finales de noviembre, el instructor pidió su procesamiento y mantenimiento en prisión. Entonces buscó avales que garantizaran su conducta e identificación con el régimen. Los consiguió del capitán que mandaba la compañía en la que había realizado el servicio militar.

Convocada la vista del consejo para principios de febrero de 1940, el fiscal le pidió 6 meses de prisión y su defensor la absolución. La sentencia,

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redactada por Casas Ochoa, consideró probados los insultos y, como circunstancia atenuante, la embriaguez. La condena fue de un año, el doble de la que pedía el fiscal. Incluso le fue denegado por la Auditoría sevillana el indulto que, en febrero, propuso el propio tribunal gaditano.

Desconocemos cuándo fue puesto en libertad. Sí que su condena le fue comunicada al Tribunal de Responsabilidades Políticas que, parece, no se substanció en procedimiento.

El estudiante temporero Alfonso Gamboa Guzmán había nacido en marzo de 1913 en Los Barrios y vivía en la calle Santa Inés. Estudiante, en la primavera de 1936 fue contratado como temporero por el ayuntamiento de Cádiz.

Las autoridades franquistas lo consideraban un “elemento de acción”, relacionado con el concejal comunista Juan Camerino y socio de la UGT, del SRI, del que fue secretario local, y de las JSU. Fue uno de los socialistas que del PSOE terminó en el PCE. El golpe de Estado le cogió en Madrid donde había acudido para presentarse a unas oposiciones de telegrafista y a un congreso del SRI. Fue cesado tanto por no presentarse al trabajo como por ser temporero contratado durante el Frente Popular. Se encaminó a Málaga en donde ejerció de coordinador del Socorro Rojo Local. Después de la caída de la ciudad andaluza, se incorporó al ejército y perteneció a un batallón de Transportes como conductor y cocinero. Durante estos años se unió a Luisa Villamuela Camargo, una malagueña igualmente refugiada.

En agosto de 1937 tuvieron una hija que fue bautizada en el penal de Burgos en enero de 1945 con el nombre de Teresa Luisa. Estaba en Murcia cuando terminaron las operaciones bélicas. Fue llevado a un campo de concentración y, un mes mas tarde regresó a Cádiz. Conocidos sus antecedentes fue encarcelado en el castillo de Santa Catalina.

Le abrieron consejo de guerra durante cuya instrucción salieron tanto sus antecedentes izquierdistas como derechistas durante el tiempo que estudió en un colegio religioso. Visto en noviembre de 1939, fue condenado a 30 años de prisión. Entonces fue trasladado a la Prisión

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Provincial de Cádiz y de allí al penal de El Puerto de Santa María. Un año más tarde le fue reducida la pena a 20 años y trasladado al penal de Burgos. En 1946 seguía en el penal castellano. Entonces solicitó que le fueran aplicados los beneficios del indulto acordado a finales de 1945. El fiscal pidió que informaran sobre si tenía antecedentes masónicos y si se había retractado. Como no los tenía, Gamboa realizó una retractación de su ideología comunista con la que le fue concedido el indulto.

La aplicación supuso su puesta en libertad. El 31 de octubre de 1946 abandonó el penal burgalés. No regresó a Cádiz, se quedó a vivir en la ciudad castellana.

El espía que fue temporero municipal El caso de Jerónimo Benítez Mateo es especial. Cuando fue procesado ya no pertenecía al ayuntamiento. Benítez era un electricista que vivía en la calle Barrocal. Temporero de la sección de Fomento fue despedido, con la práctica totalidad de los temporeros, a finales de julio de 1936.

Readmitido, al poco tiempo fue llamado a las filas del ejército golpista.

A su regreso obtuvo un empleo en el Instituto Nacional de Previsión y, a comienzos de los años cuarenta, comenzó a vender y alquilar máquinas de escribir. No tenía ningún antecedente por actividades políticas.

Fue entonces cuando decidió colaborar con una red de información aliada creada en 1941. Su misión era informar a las autoridades consulares británicas en Portugal de los barcos alemanes que se avituallaban en los puertos andaluces, de los submarinos que repostaban en la Bahía de Cádiz y de los movimientos de tropas y medidas de seguridad adoptadas por las autoridades franquistas, en especial en la comarca del Campo de Gibraltar. Las citas se realizaban en el bar de Pablo en el paseo de Canalejas. Reconoció que las informaciones se las facilitaban, aunque sin saber para qué, conocidos suyos que trabajaban en el muelle, el arsenal de La Carraca y la Aeronáutica que era donde estaban los depósitos de combustible de los que se aprovisionaban los submarinos alemanes.

Su detención y encarcelamiento se produjo en julio de 1942 en el transcurso de una redada contra la red de espionaje que se extendía por

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Ayamonte, Sevilla y Cádiz. Como los demás detenidos, fue trasladado a Madrid. A finales de 1943 fue enviado a la prisión de Sevilla. Allí, fue pasado el sumario al juzgado que entendía sobre espionaje y otras actividades subversivas en Andalucía. Benítez no ratificó sus anteriores declaraciones alegando que las efectuó en un estado de “inconsciencia y aturdido” ya que había sido coaccionado y obligado a firmarlas.

El consejo de guerra se vio en marzo de 1945 en Sevilla. Benítez fue condenado a 3 años de prisión. Contando con el tiempo que había pasado en prisión le quedaban apenas 3 meses y medio por cumplir.

Detenidos y no procesados Un buen número de los trabajadores municipales detenidos terminaron siendo puestos en libertad y depurados definitivamente o no. Al menos este fue el caso de una veintena de ellos. Hemos logrado recoger algunas de las vicisitudes por las que pasaron. Pasamos a relacionarlos someramente: Miguel Ayala Sánchez era militante del PSOE y fue acusado de ser un gran propagandista del Frente Popular. Tras su expulsión del ayuntamiento trabajó de zapatero y vivía en la calle Trille. Fue detenido por la Guardia Municipal la tarde del 3 de agosto en su propio domicilio; acusado de extremismo y de abandonar el servicio para oír emisoras gubernamentales. Fue, primero, trasladado a los calabozos del cuartel en el ayuntamiento a disposición del alcalde. Después, quedó encarcelado en la prisión provincial a disposición del gobernador civil. De allí, cuatro días más tarde, fue enviado a la Fábrica de Torpedos. Fue cesado el 5 de agosto con la excusa de haber quedado amortizada su plaza.

José Ballesteros Aliaga tenía 38 años, era de Cádiz y trabajaba como encargado del bar y operador del cine Municipal. Estaba afiliado a la Sociedad de Espectáculos Públicos de la UGT. Incurso en el sumario por las escuchas radiofónicas en los locales de desinfección fue, finalmente, absuelto por considerársele moderado y apartado de toda cuestión política y social. Aunque fue expulsado definitivamente.

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Benito Berasuain Soto había nacido en noviembre de 1911. Vivía en la calle Tolosa Latour, estaba soltero y era mecanógrafo. Trabajaba de escribiente en las oficinas centrales del ayuntamiento desde noviembre de 1935. Miembro de IR y de la UGT. Ingresó en la prisión provincial el 16 de agosto de 1936 a disposición del gobernador civil y fue trasladado una semana más tarde al barco prisión Miraflores y de allí a la Fábrica de Torpedos. Fue separado definitivamente el 2 de octubre de 1936 y sometido al Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Joaquín Castro Salas tenía 28, estaba casado y vivía en la calle San Juan.

Era miembro del radical socialismo gaditano y militó en IR. Ingresó en el ayuntamiento como agente sanitario, en noviembre de 1932, con carácter interino. Fue cesado a finales de julio por estar detenido; cese que fue ratificado como definitivo en la sesión municipal del 12 de agosto.

Fue uno de los heridos en los incidentes que se produjeron durante la ocupación de la ciudad. El día 19 de julio ingresó en el hospital de Mora con varias heridas de arma de fuego. Una en el lateral izquierdo del cuello y otra en la mejilla izquierda. El 24 continuaba ingresado mejorando de sus heridas, aunque persistía una parálisis facial. Interrogado en el mismo hospital declaró que hacia las siete de la mañana de ese día, al poco de llegar las tropas africanas, salía de casa de su suegra en la plaza Libertad, donde había ido a ver cómo se encontraban tras lo ocurrido la noche anterior. Al oír varios disparos se escondió y esperó un poco antes de salir. Cuando lo hizo sintió que había sido herido.

Varias personas lo trasladaron al hospital. Durante su estancia en el hospital fue investigado sin encontrársele ningún antecedente. El 17 de agosto fue dado de alta quedándole la secuela de parálisis facial del lado izquierdo. Reconocido por un médico de los golpistas fue declarado útil para todo tipo de trabajo.

Adolfo Escartín Martín, del que solo conocemos que era practicante y que había entrado en la primavera de 1936, como interino, para sustituir a otro practicante cesado. Aparece en la relación de detenidos, elaborada por el ayuntamiento a fines de julio de 1936 aunque no hemos encontrado referencia de dónde estuvo.

José Fierro García era un temporero que trabajaba en la sección de estadística.

Tenía 28 años y vivía en la calle Ramón Ventín, actual calle Sacramento.

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Pertenecía a IR. Fue encarcelado en la prisión provincial por orden de López Pinto el 25 de julio de 1936 y trasladado dos días después al barco prisión Miraflores. El 29 de ese mismo mes fue dado de baja en el ayuntamiento.

El 12 de agosto fue cesado definitivamente. Puede que sea la persona del mismo nombre y edad cuyo cuerpo apareció ahogado en el muelle Reina Victoria de la ciudad en mayo de 1945.

José González Rodríguez era un administrativo que trabajaba como auxiliar de rentas. Desde 1931 se encargaba de los cobros en el mercado de Libertad. Había nacido en Sanlúcar de Barrameda en noviembre de 1900. Vivía en la calle Cruz y era afiliado al PSOE. En 1936 llevaba casi once años trabajando en el ayuntamiento. Como los otros detenidos fue cesado de empleo y sueldo a finales de julio, cesado el 2 de septiembre, incurso en circular de agosto del gobernador civil y expulsado definitivamente el 16 de octubre. Ingresó en la prisión provincial el 29 de julio, por orden del gobernador militar. De allí fue trasladado el 1 de agosto, por orden de la misma autoridad, al barco prisión Miraflores.

Desconocemos sus vicisitudes posteriores.

Tomás Laureano Ortiz era un temporero destinado a la Delegación de Trabajo. Vivía en la calle Ramón Ventín y pertenecía al radical socialismo gaditano. En 1936 estaba afiliado a IR. Ingresó en la prisión provincial el 27 de julio de 1936 por orden del Gobernador Militar. Fue puesto en libertad el 3 de agosto y readmitido.

Antonio López Quecuty era un médico que vivía en la calle San José.

Tenía 26 años y era militante de IR. Su caso ya ha sido visto ampliamente en el capítulo 3. Ahora recordar solo que fue cesado por estar detenido a finales de julio de 1936 y ratificado a mediados de agosto.

Julio Loubet Cirilo era músico de la banda municipal en la que tocaba el saxofón. Ingresó en la prisión provincial de Cádiz el 28 de agosto de 1936 a disposición del gobernador civil. El 7 de septiembre de 1936 fue trasladado a la Fábrica de Torpedos. Primero fue depurado en agosto de 1936 cuando, detenido, le aplicaron la circular gubernativa del 4 de agosto. Incluso a finales de septiembre, la Comisión Gestora municipal ordenó su separación definitiva. Sin embargo, fue readmitido en febrero de 1937. Finalmente fue despedido al suprimirse la banda municipal a finales de 1941.

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Miguel Pastrana González había nacido en agosto de 1908, vivía en la calle Magistral Cabrera y había sido miembro del PSOE hasta poco antes del golpe. Ingresó en el ayuntamiento en 1924 como auxiliar mecanógrafo y en septiembre de 1930 obtuvo la plaza de funcionario. En 1936, era oficial 2º y estaba destinado en las oficinas del mercado. Fue acusado de ser un extremista y de participar en la resistencia al golpe.

También de encubrir a los autores del robo de efectos saqueados en los comercios asaltados y que fueron ocultados en un desván del mercado.

En agosto de 1939 pidió la readmisión y comenzó un largo camino hasta que consiguió su objetivo como se ha visto en el capítulo tercero.

Manuel Ramos Benítez era un temporero destinado en la Delegación de Trabajo. Tenía 24 años, vivía en el Arco de la Rosa y militaba en IR. Ingresó en la prisión provincial el 8 de agosto de1936 y fue trasladado al barco prisión Miraflores cinco días después por orden de las autoridades judiciales golpistas. Después se le pierde el rastro, aunque tenemos constancia de su depuración en septiembre de 1936 aplicándole la circular del gobernador civil. Tenía un hermano, Sebastián, de 35 años, que también vivía en el Arco de la Rosa, chófer de bomberos desde 1932 e igualmente afiliado a IR. Depuesto, por razones de orden público, parece que salió del país por Gibraltar. En 1941, cuando le abrieron expediente de responsabilidades políticas, continuaba en paradero ignorado. Aparece una persona con el mismo nombre y domicilio fallecida en Cádiz, en diciembre de 1964.

Anacleto Repollino Expósito, también era músico de la banda municipal y vivía en la calle Moreno de Mora. Según el servicio de información de la Guardia Municipal pertenecía a IR. Desconocemos su fecha de detención, aunque fue depurado, junto a otros compañeros, por estarlo en agosto de 1936. Le aplicaron la circular gubernativa de 4 de agosto. Incluso a fines de septiembre, la Comisión Gestora municipal ordenó su separación definitiva. Sin embargo, fue readmitido en febrero de 1937. Finalmente fue despedido al suprimirse la banda municipal a fines de 1941.

Juan Luis Rodríguez García había nacido a fines de mayo de 1889 en Vejer. Vivía en la calle Sagasta y pertenecía a IR. En julio de 1934 obtuvo en propiedad la plaza de conserje de la casa asistencia pública en la plaza de la Catedral. Ingresó en la prisión provincial el 21 de julio de 1936 por

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orden del gobernador militar golpista. Por esta misma autoridad fue enviado, el 7 de agosto, a la Fábrica de Torpedos. Según un informe de la comisión gestora a mediados de agosto continuaba detenido. Le fue aplicada la circular del gobernador civil y perdió su puesto de trabajo de forma definitiva.

José Rodríguez Guerrero había nacido en Málaga en junio de 1909 y vivía en la calle Cervantes. Pertenecía a IR. Era médico y obtuvo, en agosto de 1934, una plaza como tal en la Beneficencia Municipal.

Fue detenido durante los días siguientes al golpe y, en consecuencia, suspendido primero de empleo y sueldo y, después, cesado en agosto.

El cese fue ratificado de forma definitiva a principios de octubre de 1936. En un momento indeterminado se incorporó a las tropas golpistas como alférez provisional médico. Ya hemos visto las vicisitudes de su reincorporación en el capítulo tercero.

Ramón Sánchez Gutiérrez trabajaba como encargado del evacuatorio de la plaza de Mina. Fue suspendido de empleo y sueldo a fines de julio a causa de su detención cuya fecha y lugar desconocemos. Como en los otros casos, a mediados de agosto se decretó su cese provisional que fue ratificado en octubre de 1936. En realidad, se trataba de una concesión y aunque reclamó le respondieron negativamente al considerar la gestora golpista que entre las cláusulas figuraba una que contemplaba su rescisión si no acudía al trabajo.

Antonio Sánchez Nieto era un practicante, nacido en Jerez, que vivía en la calle Marqués de Cádiz. Estaba afiliado al PSOE. Había sido contratado en la primavera de 1936 de forma temporal. Aunque desconocemos el lugar y cuándo fue detenido, el ayuntamiento lo situaba como tal a fines de julio por lo que le suspendió de empleo y sueldo. A mediados de agosto fue cesado. Falleció el 1 de octubre de 1940 de un síncope cardíaco.

Vicente Sarasa García era otro músico de la banda municipal que también fue despedido por ser detenido. Ingresó, a finales de agosto, en la prisión de Cádiz por orden del gobernador civil el 3 de septiembre de 1936 y fue trasladado a la Fábrica de Torpedos el 7 de septiembre de 1936. Reingresó, como sus compañeros en la banda, en febrero de 1937 hasta su despido definitivo al ser disuelta.

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José Serrano de la Jara había nacido en Chiclana, vivía en la calle General Menacho y era perito mercantil. Militante de IR era también masón con el nombre simbólico de Copérnico. Ocupaba el puesto de jefe del SMAE. Fue detenido en agosto, encarcelado en el castillo de Santa Catalina y, a los pocos días, cesado. A comienzos de septiembre le fue aplicada la circular gubernativa de primeros de agosto y separado definitivamente de su puesto a principios de septiembre. De nuevo fue encarcelado en Cádiz en mayo de 1937, por orden del gobernador civil, y puesto en libertad tres días más tarde. Fue sometido a juicio por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en abril de 1941 y por el de represión de la masonería y el comunismo al año siguiente. Este último le condenó a 12 años de prisión que cumplió, en razón de su avanzada edad, confinado en Madrid. Tanto él como sus hijos fueron perseguidos e, incluso, como ya se ha indicado, hubo quien pensó que el castigo que sufrió había sido leve para el que merecía, al contar con la protección de un jefe de la Guardia Civil golpista.

José Luis Serrano Salagaray, vivía en la calle General Menacho y era médico tocólogo. Nacido en noviembre de 1901 en Cádiz estaba, en 1936, soltero. Militante del PSOE, era también masón, desde 1927, con el nombre simbólico de Servet. Hijo de José Serrano de la Jara y hermano de Fernando Serrano Salagaray, los informes golpistas lo consideraban, como a toda su familia, un peligroso izquierdista. Sacó plaza de tocólogo en la Beneficencia Municipal en agosto de 1931. Fue detenido por orden del gobernador militar e ingresado en la prisión el 28 de julio de 1936. De allí, por orden de la misma autoridad golpista, fue enviado al barco prisión Miraflores el 1 de agosto. A mediados de este mes seguía encarcelado y, por ello, fue suspendido de empleo y sueldo y, después, en septiembre, cesado aplicándole la circular del gobernador civil de primeros de agosto; cese que fue ratificado en octubre. Por esas fechas había vuelto a ser detenido, aunque por un breve tiempo.

Continuó trabajando como médico. Fue procesado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas que le condenó al pago de una multa de 750 pesetas e inhabilitación durante tres años para el ejercicio de la medicina. También el de la masonería le abrió sumario en 1942 que se resolvió con una condena de 12 años de prisión que cumplió, por confinamiento, en Madrid junto a su padre.

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Manuel Torres Quirós era un trabajador de la limpieza pública que vivía en la calle Columela y militaba en IR. Detenido en fecha y lugar que desconocemos fue cesado a mediados de agosto.

José Villar Castro había nacido en Cádiz y vivía en la calle Duque Ciudad de Rodrigo. Estaba casado y era herrero. Trabajaba en el servicio de Vías y Obras. Estaba afiliado al PCE. A finales de julio fue suspendido de empleo y sueldo por estar detenido, desconocemos en qué circunstancias y dónde fue encarcelado. A mediados de agosto quedó cesado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas le abrió expediente en 1941.

Los que no se reincorporaron y, en algún caso, no volvieron Por último, tenemos los casos de aquellos que, por diversos motivos, tenían concedidas licencias en julio de 1936 y que, cuando se les terminó el periodo por el que las tenían concedidas no se reincorporaron y fueron, primero, separados de sus cargos por “abandono” del servicio y, después, cesados, aplicándoles la circular gubernativa de principios de agosto de forma definitiva. Estos fueron el médico Vicente Carrasco Illescas, los practicantes Manuel Mesa Rodríguez y Joaquín Amaya Vázquez, el empleado de la Lonja Manuel Guzmán Galván y el meritorio Enrique Fernández Barrena.

Todos ellos, salvo este último, fueron apartados definitivamente.

Sobre Manuel Mesa, o Messa, Rodríguez, contamos con pocas informaciones. Era un practicante adscrito al servicio de Beneficencia.

Había nacido en la localidad sevillana de El Saucejo en febrero de 1905.

Vivía en la calle Rosario Cepeda. Ingresó en 1933 en el ayuntamiento tras aprobar la correspondiente oposición. Disfrutaba desde el 6 de julio de 29 días de vacaciones. Los golpistas lo consideraban militante de IR y miembro de la directiva del Sindicato Provincial de Practicantes y Matronas de la UGT. No se reincorporó y en agosto fue apartado de sus funciones. En septiembre fue definitivamente separado. Desconocemos si estaba en Cádiz o, por el contrario, fuera de la ciudad. No hemos localizado ninguna petición posterior ni petición de información sobre él.

Tampoco contamos con muchas informaciones sobre Manuel Guzmán Galván y Enrique Fernández Barrena. El primero había nacido en

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Cádiz en noviembre de 1907 y, desde enero de 1929, era uno de los subastadores de la Lonja de frutas y hortalizas, puesto que tenía en propiedad. Pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas. Galván no se presentó al trabajo el día 22 de julio ni en los días posteriores. El 8 de agosto el ayuntamiento ordenó su cese que fue ratificado cuatro días más tarde. Antes de que terminara el mes fue detenido e ingresado, primero, en la prisión provincial y, después, ya en septiembre, trasladado al buque prisión Miraflores. Después le perdemos la pista. Solo hay una referencia a que se le abrió expediente por prófugo a finales del año 1938. En las fichas reelaboradas por el Servicio de Información de la Guardia Municipal, una vez terminado el conflicto, aparece como camarero que vivía en la Alameda de Apodaca.

Fernández Barrena había nacido en Cádiz en febrero de 1916. En 1933 había comenzado a trabajar como meritorio sin sueldo en las oficinas municipales; una situación que la Comisión Gestora que llevaba el ayuntamiento en enero de 1936 resolvió otorgándole una gratificación anual de 1.200 pesetas. Fue entonces cuando, en julio de 1936, pidió una licencia de un mes. El día 12 embarcó con destino a Barcelona donde vivían unos familiares. Allí le sorprendió el golpe de Estado. El 13 de agosto, al no presentarse, fue cesado. Cuando fue ocupada Cataluña, regresó a Cádiz y pidió su reingreso. A la vez fue declarado excluido total del servicio militar. Aunque la delegación de personal se mostró favorable a su reingreso, el gobierno municipal lo desestimó por considerar que debían amortizarse diversas plazas de mecanógrafos.

Un viaje de estudios que duró tres años Diferente es el caso de Joaquín Amaya Vázquez nacido en la población cordobesa de El Guijo en septiembre de 1910. También había ingresado en la Beneficencia municipal en 1933 tras aprobar una oposición. Vivía en la calle Jabonería, era soltero y estaba considerado un militante destacado del PSOE y del sindicato de practicantes a cuya directiva pertenecía. Disfrutaba de un permiso de 29 días a partir del 8 de julio de 1936. Al no reincorporase fue primero apartado de sus funciones en agosto y, después, en octubre, separado definitivamente.

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El golpe de Estado le cogió a Amaya en París en donde estaba, utilizando su licencia para un viaje de estudios. Le acompañaba un estudiante de medicina llamado Vicente Viar Flores. Ambos regresaron inmediatamente a España. Llegaron a Barcelona y de allí a fueron a Madrid para trabajar de practicantes en el Hospital de San Carlos. Movilizada su quinta se incorporó, también de practicante, a la 90 Brigada Mixta. Con ella estuvo en los frentes de Toledo, la Casa de Campo en Madrid y Guadalajara.

Alcanzó el grado de teniente y se presentó el 29 de marzo de 1939 en la localidad de Eras de Guadalajara. Detenido en Medinaceli fue enviado a Cádiz donde llegó a finales de junio.

Los primeros informes del Servicio de Información Militar no le fueron nada favorables y llegaron, incluso mintiendo, a decir que su ingreso en la Beneficencia fue durante el periodo del Frente Popular en pago a su militancia. Fueron la base por la que la justicia franquista lo consideró susceptible de ser procesado. De momento, en Cádiz, al manifestar que iba a fijar su domicilio en la cercana población de San Fernando, el gobernador militar lo interpretó como un intento de ocultarse en un lugar donde no era conocido y ordenó su ingreso en la prisión provincial.

La instrucción le fue encomendada al alférez de Infantería José María Jurado Bocanegra.

En su primera declaración negó su militancia socialista, así como que hubiera participado en manifestaciones y mítines y que hubiera realizado actos vandálicos con los llamados “pioneros”. Aunque los informes de la Guardia Civil, el Ayuntamiento y diversos compañeros de trabajo insistieron en ellos y añadieron que, en el barrio de San José, en cuya casa de socorro trabajó, estaba considerado como propagandista izquierdista y que llevaba “con ufanía” en la solapa la estrella de cinco puntos comunista. En consecuencia, el instructor pidió su procesamiento y mantuvo la prisión.

Entre las diligencias que se efectuaron las semanas siguientes estuvo la de tomar declaración a Manuel Ruiz González, un asentador de pescado del mercado madrileño de la puerta de Toledo. Confirmó que, en efecto, Joaquín se había presentado en la cárcel en la que estaba, en mayo de 1937, para ayudarle mediante comestibles y dinero. Finalmente, en octubre, el instructor redactó su auto resumen en el que mantuvo todas

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las acusaciones. Sin embargo, en Sevilla, consideraron que al existir en Medinaceli otro procedimiento abierto contra Amaya por su actuación en Madrid, debían enviarse a ese juzgado las actuaciones gaditanas para evitar duplicidad. Sin embargo, desde Zaragoza, de donde dependía la justicia militar soriana, le respondieran que se había acordado la inhibición de las actuaciones y la libertad del procesado. Entonces, en Cádiz, decidieron dar por concluso el procedimiento y convocar la vista del consejo de guerra.

La vista fue presidida por Rafael López Alba el 18 de enero de 1940. El fiscal le pidió 6 años de prisión por inducción a la rebelión militar.

El defensor la absolución. La sentencia, redactada por el ponente Casas Ochoa, lo absolvió al considerar que no se había probado su oposición al golpe al prestar sus servicios profesionales con los “rebeldes marxistas”.

Cinco días después, Joaquín Amaya volvía a pisar las calles gaditanas y encaminó sus pasos a la cercana calle Jabonería en donde había comunicado que iba a vivir. Hacía ya unos meses que el compañero con el que inició aquel viaje de estudios que se convertiría en más largo de lo previsto, Vicente Viar, había sido también absuelto y puesto en libertad.

Joaquín Amaya falleció en agosto de 1957.

Vicente Carrasco Illescas, médico y poeta Era médico en la Beneficencia Municipal, catedrático auxiliar de Anatomía en la facultad de Medicina y jefe de los servicios provinciales de Cardiología. Tenía plaza en el ayuntamiento desde agosto de 1930 y fue cesado de forma definitiva a principios de octubre de 1936. Nacido el día de Reyes de 1907, vivía, en 1936, en la calle de la Torre, entonces Segismundo Moret. De ideas progresistas desde joven perteneció a la Asociación de Estudiantes Libres y, durante los años republicanos al radical socialismo y a IR. Hombre inquieto tenía una activa presencia poética y cultural. Publicó, desde finales de los años veinte, en diversos periódicos madrileños y gaditanos y, en marzo de 1928, fue uno de los fundadores de la sección de Literatura del Ateneo de Cádiz. Relacionado con el grupo del escritor Pedro Pérez-Clotet editó su primer libro de poesía, Rectángulos

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(Cádiz, Isla) en 1935. Al año siguiente vio la luz el segundo: Poemas impresionistas (Madrid, Editorial Surcos).

Cuando se produjo el golpe de Estado, Carrasco se encontraba de viaje de estudios, en compañía de algunos estudiantes, por Europa. Había salido de Cádiz el día 11 de julio y visitado París, Basilea y Lyon. En esta última ciudad, conocieron los acontecimientos que ocurrían en España. Tras pensárselo, el grupo decidió viajar, como tenían previsto, a Portbou y de allí a Barcelona. Una semana después marchó a Madrid en donde estuvo hasta octubre cuando viajó a Valencia para incorporarse a su facultad de Medicina. Sin apenas alumnos impartió la asignatura de anatomía durante unos meses. En diciembre fue movilizado y, en febrero de 1937, enviado como médico, asimilado al grado de comandante, al cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Se hizo cargo de la jefatura del hospital abierto por el cuerpo en la localidad de Torrente. Meses después fue trasladado a la Policlínica abierta en la misma Valencia. Unos tiempos durante los que no abandonó su faceta literaria. En 1938 publicó Romances de la hora (Valencia, Ediciones de la Guerra).

Ocupada la ciudad por los golpistas Carrasco se ocultó. No se presentó a las autoridades. Se dice que porque intentó, por dos veces, escapar a Francia; una por vía terrestre a través de Gibraltar; otra, por mar, desde la costa levantina a Argelia. Ambas fracasaron y terminó siendo detenido. Por la documentación de su consejo de guerra no se traslucen esos intentos, lo que no significa que no existieran. Hasta su detención, localizado por una denuncia anónima, estuvo primero en la vivienda de la familia Merle en donde había vivido desde 1937, después viajó a Madrid, oficialmente para tratarse de una enfermedad cardíaca que sufría y gestionar su regreso a Cádiz. Sin embargo, desde la capital gaditana le informaron de que “el clima era desfavorable”. Así que pidió de nuevo la protección de los Merle y pasó varias semanas en una finca que poseían en la localidad, de la comarca de Requena, de Caudete de las Fuentes. Por último, regresó a Valencia. Se instaló de nuevo en la vivienda de sus protectores. Allí permaneció dos meses durante los que continuó recibiendo consejos de que no regresara a Cádiz. Entonces volvió a cambiar de domicilio. Se trasladó a la casa de un alumno que había trabajado con él en la clínica. Fue en la Barriada de la Dependencia Mercantil, en donde fue detenido la mañana del 4 de noviembre de 1939

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y trasladado a las dependencias de la secretaría de la Delegación de Orden Público en el Gobierno Civil.

Allí le tomaron declaración, al igual que a Rosa Martínez Pardo, la viuda de Merle, y Joaquín Nebot quienes lo habían tenido en sus domicilios.

La denuncia indicaba que había prestado servicio a los rojos como comandante médico de la Guardia de Asalto, que era miembro de IR en Cádiz, que no se había presentado y que estaba declarado en rebeldía por la Auditoría. Todo, salvo lo último, era cierto. Carrasco no tenía abierto ningún procedimiento. Fue ahora cuando se lo abrieron. Quedó encarcelado en la Prisión Celular de Valencia. Antes de fin de año llegaron los informes de la policía y el ayuntamiento gaditano confirmando su militancia izquierdista. El 10 de enero de 1940, el instructor le tomó declaración indagatoria antes de decidir su procesamiento. Poca cosa nueva añadió salvo que insistió en la militancia derechista de Merle, que había sido asesinado, y que ayudó a otros derechistas a escapar a la persecución que sufrían. También deslindó su grado de comandante con el hecho de que, en realidad, solo lo era a efectos de cobro de haberes.

Nada de ello impresionó al instructor Iglesia Morillo que, dos días después, lo procesó por “adhesión a la rebelión” por no haber regresado a la zona “nacional” e ingresar en el ejército rojo. Incluso contradiciendo las declaraciones de la viuda y Nebot aseguró que Carrasco se había metido sin autorización en sus casas y mintiéndole sobre sus intenciones.

Tampoco tuvo el menor efecto el largo escrito que el 24 de enero envió al Juzgado Militar de Prisioneros y Presentados B, como ampliación de su declaración y con la finalidad de proporcionar elementos al tribunal para que pudiera realizar su más “recta administración de justicia”. Un amplio memorial en el que desgranaba de forma detallada las razones por las que no había vuelto a zona golpista desde Francia, insistía en que había hecho gestiones para regresar a Cádiz y que no había participado en nada sino lo habían obligado. Fue a Valencia cuando le ordenaron incorporarse a la facultad de Medicina y lo hizo al hospital del Cuerpo de Seguridad para no ir al frente.

Hizo un detallado recorrido por las ayudas que había prestado a derechistas perseguidos e incluso al Socorro Blanco y a la 5ª Columna de la que Merle había sido una figura destacada. Puso como testigos a

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varias decenas de personas, incluidos ayudantes suyos y al doctor Orts Llorca, otro gaditano refugiado en Valencia. Como también amplió la justificación sobre sus enfermedades y problemas de salvoconducto para regresar a Cádiz para presentarse a las autoridades. Iba a hacerlo dos días después de cuando fue detenido; más aún, podía haber huido al extranjero y no lo hizo por confiar en la justicia del Caudillo.

Todo fue en vano. Carrasco permaneció en la prisión y terminó compareciendo ante un consejo de guerra. Tuvo lugar la mañana del 14 de marzo de 1940. El fiscal pidió una pena de 20 años de prisión y el defensor la absolución. La sentencia consideró probada su trayectoria izquierdista y las vicisitudes anteriores a las que consideró constitutivas de un delito de rebelión militar, definido en el artículo 237 del CJM, en su forma de auxilio, en el grado de autor, ya que intervino de manera directa en la comisión de los hechos. Además, apreció el agravante de trascendencia por la importancia y gravedad de lo acontecido y que la responsabilidad era también civil por lo que se debía dar cuenta al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Por último, consideró que para la aplicación de la pena debería considerarse la orden de enero de 1940 por lo que le correspondía una pena mayor y no podría solicitar su conmutación.

El fallo confirmó los 20 años con la accesoria de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la responsabilidad económica correspondiente. Fue aprobada por la auditoría valenciana el 24 de abril de 1940 y notificada a Carrasco el 30 de abril de 1940. Según la liquidación la extinguiría el 28.11.1959. Continuó encarcelado en la Prisión Celular de Valencia. Desde allí, en enero de 1942, intentó despejar el largo y negro camino que se le abría. Como durante la instrucción, además de las gestiones que pudiera realizar y no aparecen en el procedimiento, envió un largo escrito al capitán general de la III Región Militar en el que, considerándose afectado por una sentencia desigual a otras para parecidos delitos, solicitaba que pudiera aplicársele una conmutación. También, para reforzar su petición, añadió otro escrito del director de la prisión valenciana en el que se aseguraba que su conducta en prisión era intachable y ejercía, de forma voluntaria, su profesión con tal eficacia que, organizado un servicio antituberculoso, la Dirección General de Prisiones le había

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dejado a su frente de forma permanente. Además, le consideraba una persona honorable, recta y moral, sencilla, bondadosa de espíritu e incapaz de hacer mal y de temperamento serio y discreto.

Esta vez tuvo éxito y, además, fulminante. El 25 de marzo de 1942 el Auditor de la Región Militar atendió su petición y pidió una conmutación entre 6 y 12 años. Además, tres días después, sin haberse resuelto el expediente fue puesto en libertad atenuada y estableció su domicilio en Valencia con la obligación de presentarse ante la guardia civil. Hasta julio no quedó confirmada la conmutación; una nueva condena de 12 años. Sin embargo, continuó en libertad. A finales de 1946 pidió el indulto de la pena que le quedaba por cumplir. En febrero las autoridades franquistas se lo concedieron. Eso sí, sin la suspensión de las accesorias de la pena. Para entonces todavía vivía en Valencia, aunque, al poco, se trasladó a la vecina población de Burjasot.

Recuperó el ejercicio de la profesión, aunque fue depurado como profesor universitario, y abrió una consulta de medicina interna. Carrasco fue un ejemplo destacado del llamado exilio interior; aparentemente un prestigioso médico internista y poeta reconocido. Uno de los autores que intervinieron en la realización de la Antología Consultada de la Joven Poesía Española de julio de 1952 (Distribuciones Mares – Valencia) y publicó algunos poemas en la revista valenciana La Caña Gris. Pocos sabían que, en la clandestinidad y bajo pseudónimo, escribía poemas antifranquistas. En 1970 apareció en Caracas un libro titulado El Muro Levantado (Island, 1970) escrito por Juan del Álamo, nombre bajo el que se ocultaba Carrasco. En él apareció el poema “¡A ese!” que abre este trabajo y que, en 1986, Vanguardia Obrera, una editorial ligada al PCE (ml), publicó en el volumen titulado La Memoria y la Sangre. Homenaje a las víctimas del franquismo y a los luchadores por la libertad.

Todavía vivo, en 1985 apareció una primera antología de su obra editada por el Ayuntamiento de Valencia. Al año siguiente fue la Diputación de Cádiz la que publicó otra. Carrasco falleció en Valencia el 25 de febrero de 1990.

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TRABAJADORES QUE COMPARECIERON ANTE CONSEJO DE GUERRA Alemán Fernández, José Amaya Vázquez, Joaquín Aranda Peña, Fermín Ballesteros Aliaga, José Baras Artés, Manuel Barbosa Batista, Mariano Bauzano Gillén, Pablo Benítez Mateo, Jerónimo Campos Guerrero, Manuel Candorsio Pérez, José Carrasco Illescas, Vicente Carreras Cazorla, José Carrero Armario, Antonio Cazalla Rodríguez, Manuel Cornejo Utrera, Antonio Domínguez Benítez, Francisco Domínguez Rodríguez, Fernando Gamboa Guzmán, Alfonso García Gómez, Diego García Rivas, Miguel Gurrea Díaz, Antonio Gutiérrez Calle, Diego Junquera Sexto, Manuel Lagares Bustelo, José López Macías, Juan Marchante Carrasco, Antonio Marín Hinojosa, Juan Márquez Soler, Pedro Martín Reyes, Isaac Molina Ledo, Manuel Montero Muñoz, Bernardo Montero Pastrana, Rafael Moreno Mesa, Juan Muñoz Dueñas, Antonio Ordaz Caballero, Enrique Pavón Rodríguez, José Pérez Casal, Alejo Pina Rivas, Salvador Quintero Macías, Enrique Rodríguez Fernández, Enrique Rueda Ruiz, Fernando Ruiz Magaña, Ángel

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PSU 6/1937 PSU 519/1939 PSU 84/1938 PSU 99 bis/1937 Causa 47/1936 PSU 730/1939 PSU 99/1937 PSU 192/1943 PSU 285/1937 Causa 153/1936 PSU 15993/39 PSU 545/1939 Causa 1228/36 PSU 73/1938 Causa 266/1936 Causa 1737/1937 Causa 580/1936 PSU 401/1939 PSU 326/1937 PSU 33/1938 Causa 734/1939 PSU 102/1937 PSU 94/1938 PSU 74/1938 Causa 444/1938 Causa 47/1936 Causa 47/1936 PSU 55/1937 PSU 259/1937 PSU 320/1937 PP 1419/1937 Causa 103/1936 PSU 444/1937 Causa 47/1936 PSU 145/1937 PSU 136/1937 Causa 411/1940 Causa 622/36 PSU 25/1937 Causa 1041/1939 PSU 992/1939 PSU 74/1938

DEPURACIONES, DETENCIONES Y PROCESAMIENTOS

Sacaluga Mayones, Lorenzo Salagaray Marín, Manuel Santandreu Peleteiro, José Serrano Salagaray, Fernando Suárez Haro, Francisco Suffo Ramos, Antonio Varga Salcedo, Pedro de la Vera Rodríguez, Joaquín Viloria Pérez, Fernando Viola Sánchez, Antonio

PSU 99bis/1937 PSU 403/1939 Causa 47/1936 PSU 72/1937 PSU 44/1938 PSU 117/1937 Causa 17/1937 PSU 101/1937 PSU 120/1937 PSU 32/1937

DETENIDOS SEPARADOS DEL AYUNTAMIENTO Ayala Sánchez, Manuel Ballesteros Aliaga, José Berasuain Soto, Benito Bauzano Guillén, Pablo Carrasco Illescas, Arturo Castro Salas, Joaquín Escartín Martín, Adolfo Fierro García, José García Gómez, Diego González Rodríguez, José Laureano Ortiz, Tomás López Quecuty, Antonio Loubet Cirilo, Julio Márquez Soler, Pedro Ordaz Caballero, Enrique Pastrana González, Manuel Pina Rivas, Salvador Ramos Benítez, Manuel Repollino Expósito, Anacleto Rodríguez García, Juan Luis Rodríguez Guerrero, José Sacaluga Mayones, Lorenzo Sánchez Gutiérrez, Ramón Sánchez Nieto, Antonio Sarasa García, Vicente Serrano de la Jara, José Serrano Salagaray, José Luis Suárez Haro, Francisco Suffo Ramos, Antonio Torres Quirós, Manuel Villar Castro, José

agente rentas PSOE operador de cine UGT escribiente IR-UGT médico dir. epid.

IR médico maquinista IR practicante temporero IR guardia municipal auxiliar de rentas PSOE temporero IR médico IR músico médico IR practicante IR-UGT oficial 2º PSOE temporero IR temporero IR músico IR conserje IR médico IR chófer UGT evacuatorio Mina practicante músico SMAE IR y masón médico IR limpieza UGT médico IR limpieza pública IR herrero de v. y obras PCE

D D R D D R R D D R R R R D D R D R R D R D D R R D D D D D D

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Capítulo 8

El rayo que no cesa: la victoria, los masones y las responsabilidades políticas Con la victoria no llegó la paz. El triunfo no detuvo al rayo exterminador que llevaba asolando esta piel de toro casi tres años. Al contrario, continuó actuando incluso contra quienes ya habían sido alcanzados y, en muchos casos, fulminados. Ahora se añadieron otras dos jurisdicciones especiales encargadas de la represión: el Tribunal de Responsabilidades Políticas, creado por la ley puesta en marcha en enero de 1939, a punto de alcanzar las tropas golpistas sus últimos objetivos militares y el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, puesto en marcha a partir de 1940.

Por ellos pasaron 87 trabajadores del ayuntamiento en el primero de los casos y 118 en el segundo. No faltaron los que repitieron. Ahora, además de los que habían permanecido en Cádiz, fueron sumariados, pasando también por el correspondiente consejo de guerra, aquellos a los que el golpe había cogido fuera de la ciudad y se habían refugiado en la zona gubernamental o habían logrado escapar.

Las incautaciones y el Tribunal de Responsabilidades Políticas Los golpistas consideraron que la pertenencia a un partido político durante los años de la Segunda República era un delito. Fue un elemento clave en la monstruosidad jurídica con la que intentaron justificar la eliminación del adversario. Ya nos hemos referido a la marca “P.P.” (Partido Político) que acompaña a asesinados y depurados en el libro de personal municipal. Sobre su intencionalidad exterminadora dejan pocas dudas sus informes para justificar los asesinatos, encarcelamientos o robo de propiedades. Como tampoco las sentencias, redactadas en muchos casos por quienes habían sido miembros de la judicatura republicana, de los PSU; el instrumento “judicial” con el que se aplicó el terror a partir de la primavera de 1937.

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En realidad, desde el propio verano de 1936 el primer organismo golpista, la Junta de Defensa Nacional, ya había elaborado una “legislación” que ponía fuera de la ley a partidos, sindicatos y otras entidades, como los partidos independentistas y regionalistas. En total, fueron más de 60.000 las personas que fueron expedientadas y, en muchos casos, condenadas por las comisiones de incautaciones de bienes, basándose en un decreto de enero de 1937 y, a partir de febrero de 1939, por el tribunal. Aunque antes los propios bandos de guerra habían incluido la confiscación de bienes.

El repertorio de personas afectadas por la política de rapiña económica es muy amplio. Desde haber tenido algún tipo de militancia activa, pasando por haber pertenecido a sus órganos directivos u ocupando puestos en la administración republicana, hasta haber sido candidato o apoderado en las elecciones. Además de otros argumentos sobre la participación en lo que los golpistas consideraban habían protagonizado en acciones opuestas al “Movimiento Nacional”. Es decir, cualquier persona podía ser incursa en responsabilidades políticas si los golpistas consideraban que, desde 1934, habían contribuido a crear el clima social y político que llevó al golpe de Estado y a los que, después, se habían opuesto a él. Un mecanismo que se ponía en marcha por iniciativa de las autoridades militares golpistas, por el propio tribunal o por “denuncia escrita y firmada de cualquier persona natural o jurídica”.

Las responsabilidades políticas de los vencidos fueron objeto de persecución por estas leyes hasta la significativa fecha del 13 de abril de 1945; siempre controlada desde las más altas instancias golpistas primero y franquista a partir de 1939. Las penas que imponían eran de carácter depuratorio y económico. Los acusados podían ser inhabilitados, de forma absoluta o parcial; ver limitada su libertad de residencia mediante penas de extrañamiento, envío a las posesiones africanas, confinamiento o destierro y, por supuesto, de carácter económico con la incautación total o parcial de bienes y el pago de multas. Hay que señalar que estas penas eran impuestas independientemente de si el acusado había sido asesinado. El pago, entonces, recaía, en sus familiares.

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Las incautaciones En Cádiz las incautaciones comenzaron desde el primer momento.

Tenemos informaciones sobre las requisas practicadas durante registros de domicilios particulares y de las entidades políticas, sindicales y masónicas. La misma mañana del 19 de julio, tras la llegada de las tropas coloniales, el domicilio y la relojería del dirigente comunista Francisco Rendón en la calle Pelota fueron asaltados, saqueados y, lo robado, vendido por las calles. Una rapiña que fue doble: de los golpistas locales y de las tropas africanas. Después vinieron los diferentes bandos y decretos que intentaron regularizar los procesos confiscatorios.

Según el balance que ofrece el trabajo coordinado por Fernando Martínez sobre la actuación de estas comisiones y del tribunal, al menos, fueron 3.087 los inculpados en la provincia de Cádiz, 397 con expedientes por incautaciones de bienes entre 1936 y 1939, y 2.690 por responsabilidades políticas. Sabemos que no son cifras definitivas. Así nos lo indican los actuales trabajos que se llevan a cabo en diversos archivos locales. De todas formas, es una buena fotografía de lo ocurrido.

De ellos, 812 corresponden a la capital. Es decir, algo más de una cuarta parte del total: el 26,30%. Miembros, funcionarios o temporeros del ayuntamiento lo fueron, al menos, 85. Es decir, un 10,22% del total de la ciudad. Nueve de ellos sufrieron rapiña de las comisiones de incautación de bienes y el resto tuvieron expedientes de responsabilidades políticas.

En dos casos sufrieron ambas y no sobrevivieron. Manuel Macías Retes, trabajador del SMAE y concejal socialista en Puerto Real, estuvo además entre quienes sufrieron las mayores multas de la provincia, 5.000 pesetas, cuando ya había sido asesinado. Fernando Serrano Salagaray había muerto en el hospital militar en enero de 1939.

Hasta el cese del Juzgado Provincial en febrero de 1943, el tribunal provincial fijó su sede en la tercera planta del número 8 de la plaza de Topete. Que sepamos fueron dos los jueces que actuaron. Uno, de forma interina, durante los primeros meses de 1941, un viejo conocido de la Justicia del Terror gaditana: Francisco Casas Ochoa, juez de la Audiencia gaditana. El otro se hizo cargo del juzgado, al menos, desde agosto de 1940 hasta febrero de 1943. Se llamaba Juan Belloso Torres y en abril

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de 1939 había obtenido, en la academia de Valladolid, la graduación de teniente provisional auxiliar de Estado Mayor y destinado al ministerio de Defensa Nacional.

Para un exacto conocimiento de la aplicación de esta modalidad represiva tenemos un problema: Cádiz no cuenta, a diferencia que otras provincias andaluzas, con los expedientes abiertos por el tribunal salvo los correspondientes al partido judicial Chiclana-Vejer. Custodiados por los juzgados de instrucción terminaron siendo depositados en los archivos históricos provinciales. Algo que no ha ocurrido en el caso del de Cádiz salvo la excepción indicada. Así que, como se señala en el trabajo citado, la información que tenemos es la que aparece en el Boletín Oficial de la Provincia que es la apertura del expediente y, en unos pocos casos, las sentencias. Además de una relación, de 1959, conservada en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, que fue consultada por los autores de El botín. En ella aparecen tres trabajadores municipales: Enrique Quintero Macías, Manuel Salagaray Marín y Antonio Viola Sánchez. Otro trabajador del SMAE que había sido depurado en septiembre de 1936 en base a la circular del gobernador civil.

Ya sabemos que Enrique Quintero Macías, un empleado del SMAE, fue asesinado en marzo de 1937. Su muerte no fue óbice para que, más de un año después, se decretara la incautación total de los bienes que pudiera tener. Más adelante detallamos las vicisitudes de Manuel Salagaray Marín, también trabajador del SMAE, que fue condenado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a una multa de 2.000 pesetas. Respecto a Antonio Viola Sánchez, otro trabajador del SMAE, había sido depurado en septiembre de 1936 en base a la circular del gobernador. Pero no fue suficiente para los golpistas.

Tras su expulsión del ayuntamiento también había dejado de acudir al comercio de ferretería donde trabajaba como dependiente. No volvió a salir a la calle hasta que, el 26 de diciembre de 1936, la patrulla del guardia civil José Castro se presentó en su domicilio de la calle Rosario y lo detuvo. Había sido denunciado por su militancia socialista y pertenencia a la directiva de sociedades obreras. Aunque la propia policía gaditana informó de que había sido dado de baja del PSOE

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unos meses antes por falta de actividad. Pasaron tres meses hasta que el instructor se presentara en la prisión provincial para interrogarle. Viola reafirmó su baja en el societarismo obrero y que el patrón del comercio lo consideraba un buen trabajador. Fueron las únicas diligencias que se practicaron. La vista del consejo fue fijada para el 29 de marzo de 1937. El fiscal le pidió seis años mientras que la defensa la absolución.

La sentencia, redactada por Marcelino Rancaño, consideró que no se había demostrado la oposición del Viola al golpe por lo que le absolvía del delito de rebelión del que estaba acusado.

Viola fue puesto en libertad el 8 de abril de 1937. En 1940 su sentencia, como otras muchas, fue revisada y declarada conforme. Sin embargo, entonces, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le abrió expediente que se resolvió dos años después con una condena, por sus antecedentes izquierdistas y haber sido interventor en las elecciones de febrero de 1936.

La condena fue la de inhabilitación absoluta y una multa de 100 pesetas.

Desconocemos cuál fue la incautación concreta que sufrió el médico de la Beneficencia Pedro Márquez Soler. Había nacido en Almería, estudiado en la facultad de medicina gaditana y vivía en la calle Columela. Había pertenecido a la FUE, durante sus estudios, al radical socialismo y a la IR. Márquez había entrado a trabajar como interino durante el ayuntamiento del Frente Popular, en marzo de 1936. En la casa de socorro de la plaza de la Catedral estaba trabajando el 21 de julio cuando fue detenido acusado de izquierdista, haber solicitado su ingreso en la masonería y frecuentar una tertulia a la que también acudía Vicente Carrasco, otro médico de la Beneficencia perseguido.

Márquez alegó que esa tertulia también la frecuentaban personas tan poco sospechosas para los propios golpistas como José María Quintero, fiscal de la Audiencia Provincial y futuro jefe local de Falange. De hecho, por los propios informes de los servicios de información, Márquez era considerado un hombre de derechas.

Puede que fuera esta relación la que consiguió que Márquez, como ya hemos relatado, encarcelado en la prisión gaditana y desterrado en un primer momento a la localidad pacense de Llerena por dos años, terminara recluido en el convento de Santo Domingo bajo la custodia del prior.

Finalmente fue sometido a un consejo de guerra en el que el fiscal pidió 4

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años de cárcel y su defensor la absolución. La sentencia, le condenó a 12.

Las revisiones de penas ordenadas en 1940, la redujeron a los 4 que le había pedido el fiscal tres años antes. Fue puesto en libertad en agosto de ese año y regresó a su localidad natal de Cuevas de Almanzora en Almería.

Por último, tenemos a otros tres trabajadores municipales, todos ellos despedidos definitivamente: Joaquín Vera Rodríguez, Lorenzo Sacaluga Mayones y José Pavón Rodríguez. De todos desconocemos los bienes que les fueron incautados. Ya hemos visto, en el capítulo anterior, las vicisitudes de Sacaluga Mayones. También ignoramos en qué se substanciaron las incautaciones. Solo tenemos constancia de la petición de informes al ayuntamiento por la Comisión Provincial en febrero de 1939.

Vera tenía 23 años y había nacido en La Línea. Pertenecía al PSOE, era miembro de las JSU y directivo de la sociedad de Oficios Varios de la UGT. Vivía en la calle de San Pablo. Trabajó, como temporero en el servicio municipal de estadística, desde marzo de 1936. Fue despedido por no reincorporarse al trabajo el 22 de julio. Antes había trabajado como empleado en el bazar España de la calle Columela. Fue detenido el 1 de septiembre de 1936 por orden del Gobierno Civil e ingresado en la Prisión Provincial. Su nombre había salido durante los interrogatorios a los que había sido sometido Antonio Carrillo Santos, un militante del PCE que terminó siendo asesinado. Una semana más tarde fue trasladado a la Fábrica de Torpedos y de allí, a mediados de octubre, a la cárcel de El Puerto de Santa María.

Sobrevivió los meses más intensos del terror represivo golpista teniendo un buen número de posibilidades de que le tocara el premio mayor de la macabra lotería que se jugaba aquellas semanas. De un lado fue confundido con un primo suyo que, el 18 de julio, viajaba hacia Barcelona, como jugador del equipo de fútbol gaditano que iba a participar en la Olimpiadas Populares. Le sorprendió el golpe en Sevilla en donde se refugió durante algunos días. A fines de julio regresó a Cádiz. Fue detenido y asesinado. De otro le acusaron de haber sido uno de los asaltantes del colegio de San Felipe, en marzo de 1936, de donde se había llevado una caja de caudales. En realidad, lo que había pasado es que cuando se produjo el intento de asalto al centro escolar, el diputado Aguado de Miguel, que se encontraba en la cervecería La

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Inglesa, cercana al lugar de los incidentes, se dirigió hacia allí con la intención de tranquilizar los ánimos. Vera declaró que estaba con él y le acompañó. Tras hablar desde el balcón, Aguado, de acuerdo con el director, quiso poner a salvo el dinero que tenía el colegio. La mayor parte la trasladó el concejal comunista Juan Camerino a la Comisaría de la calle Virgili y otras 700 pesetas se las entregaron a Vera para que las llevara al mismo sitio. Así hizo, acompañado por unos guardias de asalto. En el juzgado, donde se llevaba el sumario por lo ocurrido, existía el recibo de la entrega.

Aunque Vera logró sortear las acusaciones de incendiario y ladrón, su izquierdismo no podía quedar sin castigo. Durante los meses de prisión su familia intentó mejorar su suerte. Su padre, en septiembre, envió un escrito a las autoridades golpistas en el que señalaba que su relación con los dirigentes gubernamentales se había reducido a la necesidad de conseguir trabajo. Después fue él mismo, en diciembre, quien escribió al delegado de Orden Público, Adolfo de la Calle, aclarando la confusión con su primo el deportista ya asesinado. Por último, en enero de 1937, y con un nuevo delegado, el antiguo gestor municipal Joaquín Escolano Mateo, recibió una carta de la madre apelando a sus sentimientos y humanidad. No fue así, revisadas las causas de su detención tras la puesta en marcha de la Justicia del Terror, fue procesado por el instructor. Ahora la acusación se basó en su militancia en las JSU, en que participó en sus actividades y lucía la camisa y la corbata de las milicias comunistas.

El 28 de agosto de 1937 compareció ante un consejo de guerra presidido por López Alba. La sentencia, cuyo ponente fue el juez de instrucción Alberto Llamas García, consideró probado que había pertenecido a organizaciones de izquierda y asistido a manifestaciones, al mitin de Ballester y Largo Caballero en mayo; que había llevado dinero de San Felipe a la comisaría y que, aunque no era delegado a la Olimpiada Popular en Barcelona sí iba en la delegación de suplente acompañando a su primo. Algunos de estos hechos, que no aparecían en las diligencias realizadas, los había confesado en el propio acto del consejo. Una actuación que se consideraba de provocación a la rebelión. En especial lo referente a la Olimpiada Popular “en la que es público y notorio se preparaba la revolución”. Fue basándose en este desatino por lo que Vera fue condenado a 6 años de prisión y al pago de las responsabilidades civiles

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que se derivaran. Para ello se ponía la sentencia en conocimiento de las comisiones Central y Provincial Administradoras de Bienes Incautados.

No sabemos si hubo incautación efectiva de bienes inmuebles o monetarios.

No parece que los tuviera. En cualquier caso, en septiembre de 1938, el juzgado de la Comisión Provincial de Incautaciones, domiciliado en la calle San Francisco 9, pidió al ayuntamiento informes sobre su conducta social y política. De lo que sí tenemos constancia es que de la prisión de Cádiz pasó a la de El Puerto de Santa María de donde salió en 1941.

José Pavón Rodríguez había entrado como escribiente interino en la sección de Beneficencia y, después, en la de Estadística en diciembre de 1932. En octubre de 1934, cuando fue depuesta la corporación de 1931 y sustituida por una gestora de tendencia derechista, fue cesado. Le readmitieron en marzo de 1936 tras el triunfo del Frente Popular. De nuevo fue expulsado el 27 de julio junto a otras decenas de temporeros y confirmada definitivamente tras la publicación de la circular gubernativa de 5 de agosto. En 1936 tenía 40 años, estaba casado y tenía 4 hijos. Había nacido en la localidad jienense de Bailén y vivía en la calle Honduras. Durante los años veinte trabajó en las minas de la comarca y después se trasladó a Cádiz. Militante de la Agrupación Socialista de Cádiz había sido también presidente de la Sociedad de Trabajadores del Comercio y la Industria de la UGT y socio del Socorro Rojo Internacional. Fue su dedicación política y sindical la que provocó su detención el 21 de agosto de 1936.

Los propios policías que la realizaron reconocieron que si hubiera sido vocal de la directiva socialista no había podido ser probado. Además, el patrón del transporte Ramón Rey aseguró que durante los quince años que había trabajado en su casa como capataz, su conducta había sido intachable y pensaba que si hubiera sido presidente de la sociedad ugetista del ramo era una cuestión exclusiva de su superioridad intelectual respecto a sus compañeros. Una ejemplaridad que ratificaron sus vecinos. Sin embargo, las autoridades de orden público golpistas mantuvieron su detención y acusaciones. Algo que ver tendría la inquina que sobre él se mantenía desde el ayuntamiento en donde había hecho ostentación pública de sus ideas, vendido entradas para el mitin de Largo Caballero y Ballester y hecho comentarios despectivos contra los “carcas”. Además, un carabinero declaró que lo había visto varias veces armado con una pistola por las calles.

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El 7 de mayo, junto a otros dos procesados, Francisco López Peñaranda y Rafael Lamas Moro, compareció ante un consejo de guerra. El fiscal le pidió veinte años de cárcel. La sentencia consideró probada, por su militancia política, su autoría de un delito de “auxilio a la rebelión” y aprobó la petición fiscal, además de la responsabilidad civil que le correspondiera. Pavón continuó en la prisión gaditana los años siguientes.

En febrero de 1939 pidió ser traslado al hospital de Mora para operarse de un tumor que tenía en la cara. Realizada la intervención quirúrgica regresó a la cárcel. Allí continuaba cuando, en febrero de 1940, su madre, que vivía en Bailén, envió a la Comisión de Revisión de Penas un estremecedor escrito pidiendo clemencia para su hijo encarcelado.

Recordaba que, en su localidad natal, los gubernamentales le habían asesinado a otro hijo que era el jefe local de Acción Católica. Algún efecto pudo tener porque unos meses después, la pena le era rebajada a cuatro años. A mediados de mayo fue puesto en libertad ya que había cumplido, con exceso, la nueva condena.

La Comisión de Incautaciones le abrió expediente en 1937. No conocemos su resolución. Como tampoco la que tuvo el procedimiento que, en 1941, le abrió el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas También de las 78 personas restantes desconocemos en un buen número la sentencia final de los sumarios que se les abrieron: cincuenta y seis.

De las veinte y dos que la conocemos en una mayoría solo tenemos constancia de sus inhabilitaciones. Apenas son seis los casos en los sabemos el dinero que les fue incautado. Son los de Manuel Macías Retes, Manuel Lapi García, José Lagares Bustelo, José Luis Serrano Salagaray, Rafael Zaragoza Aguirre y Manuel Ventín González en orden de la cuantía. Las más altas, de 5.000 y 3.500 pesetas respectivamente recayeron en dos personas que habían sido asesinadas el verano de 1936: Manuel Macías Retes y Manuel Lapi García.

De los cuatro restantes, José Lagares Bustelo fue el que tuvo la multa más fuerte: 3.500 pesetas. Había nacido en Cádiz en febrero de 1902, vivía en la calle San Francisco Javier y estaba casado con cuatro hijos. Trabajaba como subastador en la lonja de verduras desde 1929 y, en marzo de 1936,

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pasó a hacerlo de auxiliar en una oficina. Militaba en el socialismo local de cuya directiva había sido presidente y, en julio de 1936, era tesorero.

Fue cesado a comienzos de septiembre de 1936 en aplicación de la circular del gobernador civil. Abrió un puesto de verduras en la calle Sagasta.

A comienzos de enero de 1939 fue detenido y encarcelado. Su nombre había aparecido en las diligencias de un procedimiento que encausaba a diferentes miembros de la directiva local de la Agrupación Socialista. En marzo fue procesado, junto a otros ocho dirigentes socialistas que seguían vivos. La vista del consejo se celebró el último día de ese mes. El fiscal le pidió 12 años y la defensa la absolución.

La sentencia consideró que la actuación de Lagares no había tenido tanta importancia en la “rebelión marxista” por lo que no era competencia de los tribunales militares sino del de Responsabilidades Políticas a quien informaba de las actuaciones, a la vez que le absolvía. Aún así no fue hasta mediados de agosto cuando fue puesto en libertad. En julio de 1941 fue procesado y condenado al pago de las 3.500 pesetas citadas.

José Luis Serrano Salagaray tenía 35 años en 1936, era médico tocólogo y estaba soltero. Su padre, José Serrano de la Jara, y su hermano Fernando, contable de la lonja, también habían sido represaliados.

Todos ellos vivían en la calle General Menacho. Militaba en el PSOE y era masón, en la logia Fidelidad, con el nombre simbólico de Servet.

Estaba considerado como uno de los más destacados propagandistas del Frente Popular. Aunque, los golpistas lo consideraban un hombre de buena conducta moral pública y privada. Eso sí, por su carácter, decían, era persona “poco tratable”. Fue detenido en octubre de 1936 aunque quedó en libertad unos días después. En enero de 1940 el Tribunal le abrió diligencias que se sustanciaron en mayo de 1942 con la multa de 750 pesetas y una inhabilitación para cargos por 3 años.

Manuel Ventín González había nacido en Cádiz en 1899 y estaba soltero. Miembro del radical socialismo local, en 1936 pertenecía a IR. Médico de la Beneficencia municipal desde junio de 1929 logró su plaza por oposición en enero de 1936. Es un caso especial ya que, en ningún momento fue cesado. Apenas el Colegio de Médicos de Cádiz le expedientó y le prohibió pertenecer a su junta directiva. Sin embargo, seguramente por sus antecedentes políticos, en 1941 el tribunal le abrió

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expediente y solicitó información sobre sus bienes al ayuntamiento. En julio de 1942 le condenó a pagar una multa de 250 pesetas. Continuó trabajando en el ayuntamiento hasta su jubilación en 1964. En mayo de 1944 leyó en Madrid su tesis doctoral.

El último del que conocemos la sentencia es Rafael Zaragoza Aguirre.

Nacido en Cádiz en mayo de 1910 vivía en la calle Libertad. Había comenzado a trabajar en el ayuntamiento en mayo de 1930 tras aprobar una plaza de mecanógrafo. Su destino fue, principalmente, intervención.

Fue uno de los empleados primero depurados y, más tarde readmitidos.

Trabajaba en las oficinas centrales y, en aplicación de la circular del gobernador civil, fue depuesto a comienzos de septiembre de 1936 por su militancia radical socialista. Su readmisión se acordó en febrero de 1938 y se produjo de forma efectiva en marzo de 1939.

Cuando comenzó a actuar el Tribunal de Responsabilidades Políticas le acusaron de pertenecer a IR, ser amigo de los más destacados dirigentes socialistas, haber sido vocal del Jurado Mixto, en realidad había sido mecanógrafo, y, sobre todo, de haber formado parte de la comisión formada tras el triunfo del Frente Popular para separar de sus cargos a los empleados municipales considerados desafectos a la república; aunque ni pudo probarse le existencia de la citada comisión. Pronto se incorporó a las fuerzas de los golpistas y actuó en diversos frentes andaluces. En 1939 le abrieron el expediente que se resolvió con una multa de 300 pesetas.

Las inhabilitaciones Fueron 16 las personas con condenas a inhabilitación. En su gran mayoría a cinco años. Entre los depurados de forma definitiva estuvieron: José Allely Aranda, un mecánico del SMAE, que vivía en la calle Sacramento, despedido por la circular del gobernador de primeros de agosto. Había sido masón y miembro del radicalismo socialista local y de IR. También había sido miembro de la Liga de los Derechos del Hombre. Tras su despido comenzó a trabajar en un taller de la calle San Dimas. Fue juzgado, en 1942, por el Tribunal de la Masonería y condenado a confinamiento e inhabilitación. En mayo de 1941 tenía abierto el procedimiento por responsabilidades políticas que terminó, igualmente, en su inhabilitación absoluta.

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Julio Blanco Serrano había nacido en Tarifa, era soltero y vivía en la calle Sacramento. Arquitecto, fue cesado a finales de julio de 1936. El tribunal le abrió expediente en 1941 por su militancia política en IR y, como en tantos otros casos, por haber sido interventor por el Frente Popular en las mesas de las elecciones de febrero de 1936. Tras ser depurado del ayuntamiento encontró trabajo en los talleres de la Aeronáutica, CASA. El tribunal le abrió expediente en abril de 1941. La sentencia de inhabilitación por cinco años se produjo el seis de junio de 1944.

Alfredo Carpintero Muñoz vivía en la calle Rosario Cepeda y estaba casado.

Trabajaba en la sección de estadística del ayuntamiento. Había pertenecido a la logia Fermín Salvochea con el nombre simbólico de Velázquez y estaba considerado como simpatizante de IR por la que había sido interventor en las elecciones de 1936. Fue cesado a finales de julio de 1936. El juzgado le abrió expediente en junio de 1941. Después entró en el ejército y fue destinado como suboficial al Regimiento de Artillería Antiaérea de Larache.

Miguel Delgado Moreno había nacido en Cádiz en octubre de 1881. Llevaba trabajando en el municipio desde 1914 cuando entró como portero-conserje del teatro Falla. En 1932 fue trasladado al cine Municipal. Fue cesado a principios de septiembre de 1936 a la vista de la circular del gobernador de principios de agosto. Tras presentar recurso, fue readmitido un mes mas tarde con traslado al actual grupo escolar Campo del Sur y después como conserje del cementerio. En 1943 fue enviado de nuevo al teatro Falla. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941. El 14 de enero de 1942 le condenó a los 5 años de inhabilitación. Falleció en 1947.

Adolfo Escartí Marín era un practicante que vivía en la calle Trinidad.

Estaba casado y tenía tres hijos. Miembro del PSOE fue vicepresidente del Sindicato Provincial de Practicantes y Matronas. Trabajaba con el médico José Luis Serrano Salagaray. Entró como interino en la Beneficencia en marzo de 1936. Fue cesado a finales de julio de 1936 por haber sido detenido. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941 y en enero de 1942 le condenó a los cinco años de inhabilitación.

Manuel Fernández Balestroni, del que apenas tenemos noticias, trabajaba en Vías y Obras como guarda. Fue miembro de IR, seguramente como temporero. Conocemos su encausamiento en febrero de 1941 por el tribunal y que, en febrero de 1942, fue condenado a la inhabilitación. Para entonces vendía lotería por las calles.

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Sebastián González Domínguez era natural de Cádiz, estaba casado y vivía en la calle Veedor. Escribiente en el SMAE fue cesado a comienzo de septiembre en aplicación del decreto de comienzos de agosto del gobernador. Como hemos visto fue uno de los que recurrió a su despido en 1939 aunque no le fue concedido. Había sido directivo de las Juventudes de Unión Republicana y secretario de la sociedad de trabajadores del SMAE federada en la UGT. Se le achacó un gran activismo y amistad con los más destacados izquierdistas de la ciudad. En los años cuarenta trabajaba en las oficinas de la Sociedad de Armadores. En junio de 1941 estaba sumariado por el tribunal. Se dictó sentencia inhabilitadora en marzo de 1944.

Arturo Herrera Rodríguez vivía en la calle Nicaragua y era miembro de IR. Trabajaba, desde 1934, como temporero en Vías y Obras como ayudante en el almacén. Fue cesado como la mayoría de los temporeros en julio de 1936 y readmitido con posterioridad. También, en 1945, le abrió un expediente el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó sentencia inhabilitadora en junio de 1945 Francisco Mayones Carrascal tenía 42 años en 1936 y vivía en la plaza de las Viudas. Era un temporero que trabajó en el Asilo de la Infancia y, después de escribiente en el negociado de Alcaldía. Pertenecía a IR. Depurado a finales de julio de 1936 fue readmitido a mediados de agosto de ese año.

Aunque no fue hecho efectivo este acuerdo por considerarse que no debía recuperar su plaza de escribiente por haber sido un auxiliar efectivo del Frente Popular. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1041 y sentenció la inhabilitación en junio de 1944. Por esas fechas trabajaba de capataz de la sociedad de armadores.

Julián Moratalla Barea era natural de Cádiz, estaba casado, tenía dos hijas y vivía en la calle Sacramento. Trabajaba como administrativo en el SMAE. Estaba afiliado a IR y había sido presidente de la sociedad de los trabajadores del SMAE afecta a la UGT. Depurado en primer momento tuvo que ser inhabilitado porque, por un informe, en 1941, trabajaba en el SMAE. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941 y le inhabilitó por una resolución de marzo de 1942.

Luis Nieto Díaz había nacido en El Ferrol, estaba casado y vivía en la calle Marqués del Real Tesoro. Estaba afiliado a IR. Mecánico de profesión trabajaba de listero en la sección de Vías y Obras. Depurado en el ayuntamiento

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en 1936, en los años cuarenta trabajaba en el astillero. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941 y le inhabilitó en mayo de 1944.

Sebastián Ramos Benítez había nacido en Alcalá de los Gazules en abril de 1901. Era soltero y vivía en la calle del Arco de la Rosa. Miembro de IR parece que pasó al PCE. Entró en el ayuntamiento en 1932 como conductormecánico del cuerpo de bombero interino y, en julio de 1934, obtuvo la plaza en propiedad. Fue cesado el 1 de agosto de 1936 tras ser disuelto el cuerpo por motivos de orden público. En ese momento había abandonado la ciudad y logrado llegar a Gibraltar. En abril de 1941, aunque continuaba en paradero ignorado, el tribunal le abrió expediente que fue resuelto con la inhabilitación en enero de 1942.

Francisco Rendón de Vadiere había nacido en Sevilla, vivía en la calle Virgili, estaba casado y tenía 4 hijos. Era miembro del PCE. Trabajaba de temporero en la sección de Estadística. Fue cesado a finales de julio.

Aunque fue detenido, en una fecha indeterminada del verano de 1936, durante algunos días, fue puesto en libertad. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941 y fue condenado a inhabilitación en diciembre de 1945. En los años cuarenta trabajaba de jornalero en la Comandancia de Ingenieros.

Antonio Rodríguez Jiménez era un temporero destinado a los juzgados.

Nacido en Sevilla, estaba casado y vivía en la calle doctor Zurita. Estaba afiliado a Unión Republicana por la que fue apoderado en las elecciones de febrero de 1936. El tribunal le abrió expediente en junio de 1941.

Alonso Vara Fernández vivía en la calle San Roque. Había nacido en enero de 1872 y estaba viudo. Trabajaba en el ayuntamiento desde noviembre de 1922 en el mercado de mozo y fue cesado, a primeros de septiembre de 1936, sobre la base de la circular gubernativa. Fue interventor en las elecciones de febrero de 1936 aunque no se le conocían actividades políticas quizás por su avanzada edad. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941.

Constantino Villero Tinoco había nacido en Cádiz en 1907. Era soltero y vivía en la calle Comandante Ortega. Perito aparejador trabajó de temporero en 1934. Pertenecía a IR y fue interventor en las elecciones de febrero de 1936.

Fue cesado a finales de año y repuesto en 1936, en la sección de estadística, hasta su cese definitivo a finales de julio. Le acusaron también de haber

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estado entre quienes presenciaron el intento de asalto del colegio de San Felipe Neri en marzo. El tribunal le abrió expediente en abril de 1941 y le inhabilitó en junio de 1944.

Los que faltan Como se ha dicho la falta de documentación del Tribunal gaditano de responsabilidades políticas ha originado que desconozcamos las sentencias de 56 de ellas. Es posible que hubiera absoluciones. No lo sabemos. Cinco eran trabajadores municipales. Sobre estas personas sabemos lo siguiente: José Acosta Rodríguez había nacido en San Fernando, vivía en la calle Pasquín y era albañil. Estaba casado y afiliado a IR. Trabajaba en el SMAE. Fue interventor en las elecciones de febrero de 1936. El tribunal le abrió expediente en abril de 1941.

Pedro Alconchel Bohórquez había nacido en Medina Sidonia, vivía en la calle Hércules y estaba casado. Trabajaba de agente de rentas. Fue cesado a comienzos de septiembre por aplicación de la circular gubernativa de comienzos de agosto. El tribunal le abrió expediente en marzo de 1941.

Durante la década de los cuarenta trabajaba de cocinero.

Juan Álvarez García trabajaba para vías y obras como inspector en Extramuros. Estaba afiliado a IR para la Guardia Municipal, aunque la policía le consideraba socialista. Murió en su domicilio en la avenida Ana de Viya y fue enterrado el 9 de diciembre de 1936 en el cercano cementerio de San José. Seguramente lo fue de muerte natural, de la insuficiencia cardíaca que está escrita en el libro de enterramientos. Aún así en abril de 1941 el tribunal le comunicó a su viuda que le abría expediente.

Clemente Ariza Fernández era de Chiclana, estaba casado con un hijo y vivía en la calle A. Cabrera. Afiliado a IR, capataz en Vías y Obras fue cesado a principios de septiembre de 1936 por aplicación de la circular gubernativa de principios de agosto.

Antonio González Gil, de 31 años, soltero. Catalogado como “gran simpatizante del Partido Socialista” por el que había sido interventor en las elecciones de 1936. Agente 2º de Rentas fue cesado en agosto de 1936

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y definitivamente ese mismo año. El tribunal le abrió expediente y pidió informes en 1941.

EMPLEADOS MUNICIPALES CON EXPEDIENTES DE INCAUTACIÓN Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

CIB RP

Acosta Rodríguez, José x Alconchel Bohórquez, Pedro x x Inhabilitación absoluta 5 años Allely Aranda, José Álvarez García, Juan x Ariza Fernández, Clemente x x Inhabilitación absoluta 5 años Blanco Serrano, Julio Bruzón Bullosa, Antonio x x Inhabilitación absoluta 5 años Carpintero Muñoz, Alfredo x Carrillo García, Agustín Castillo Galindo, José x x Castro Moreno, José de Castro Salas, Joaquín de x x Inhabilitación cargos 5 años Delgado Moreno, Miguel x Díaz López, Alfonso Escartín Marín, Adolfo x Inhabilitación cargos 5 años x Inhabilitación cargos 5 años Fernández Balestroni, Manuel Fernández Moreno, Diego x x Fortes Aragón, José x Gallardo Sáez, Antonio García Castellón, José x x García González, José García Gutiérrez, Eloy x x García López, Mariano García Morera, Luis García Rivas, Miguel x x Gessa Loayza, Joaquín González Domínguez, Sebastián x Inhabilitación cargos 5 años González Gil, Antonio x Herrera Rodríguez, Arturo x Inhabilitación cargos 5 años Iglesias Carrasco, José x Lagares Bustelo, José x Incautación de 3.500 pts.

Lapi García, Manuel x 3.500 pts Leonisio Pérez, Rafael x López Macías, Juan x Macías Retes, Manuel x x Multa 5.000 pesetas Manzorro Sanromán, Juan x Marchante Carrasco, Antonio x Márquez Soler, Pedro x Mata Pino, José x

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Mayones Carrascal, Francisco x x Merlo Carrazón, Francisco Mesa Rodríguez, Manuel x x Molina Ledo, Manuel Monzalvete Riego, Emilio x Morales Durán, José x x Moratalla Barea, Julián Moreno Mesa, Juan x x Muñoz Arnis, José Nieto Díaz, Luis x Pavón Rodríguez, José x x x Periñán Martínez, Carlos Pichaco García, Rufino x Pina Rivas, Salvador x Pinay del Toro, Ramón x Puertas Vázquez, Miguel x Quintero Macías, Enrique x Ragel Jiménez, Juan x Ramos Benítez, Sebastián x Rendón de Vadiere, Francisco x Rey González, José x Rivera Sánchez, Antonio x Rodríguez Jiménez, Antonio x Rodríguez Liberato, Ángel x Romeu Guerrero, Antonio x Ruiz Magaña, Ángel x Sacaluga Mayones, Lorenzo x Salagaray Marín, Manuel x Salagaray Vidal, Manuel x Sánchez Naranjo, Francisco x Sánchez Nieto, Antonio x Sánchez Pintado, Leopoldo x Sánchez Rivas, Juan x Sánchez Sánchez, Juan x x Sanmartín Castro, Nicolás Serrano de la Jara, José x Serrano Morales, Joaquín x Serrano Salagaray, Fernando x x Serrano Salagaray, José Luis x Suffo Ramos, Antonio x Vara Fernández, Alonso x Varga Salcedo, Pablo de la x Ventín González, Manuel x Vera Rodríguez, Joaquín x Villar Castro, José x Villero Tinoco, Constantino x Viola Sánchez, Antonio x Zaragoza Aguirre, Rafael x

Inhabilitación cargos 5 años

Inhabilitación cargos 5 años Inhabilitación cargos 5 años

Pérdida total de bienes Inhabilitación cargos Inhabilitación cargos 5 años Inhabilitación cargos 5 años

2.000 pesetas

750 pts. Inhabilitación 3 años Inhabilitación cargos 5 años 250 pts. de multa Inhabilitación cargos 5 años 100 pts. Inhabilitación 5 años 300 pts. Multa

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Los masones y el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo La masonería se convirtió en una de las bestias negras de los golpistas desde un primer momento. Pertenecer, o haber pertenecido, a una logia de cualquiera de las obediencias presentes en el país, convertía a esa persona en objetivo de investigación y persecución. A veces, incluso, bastaba con la sospecha o la denuncia. En el ayuntamiento de Cádiz fueron investigados, o se le abrieron sumarios que terminaron sobreseídos, con condenas o con la absolución, al menos en un caso, a 118 trabajadores, funcionarios o temporeros.

La represión comenzó con el asalto de las sedes de las logias gaditanas y la incautación de su documentación. En un primer momento lo robado fue trasladado al cuartel de Falange en el Casino y, después, fueron las autoridades militares las que se hicieron cargo de ella.

El propio Varela mandó ordenarla y elaborar la lista de los masones de la ciudad. En el anonimato quedan las personas que pasaron la información para que el Diario de Cádiz comenzara a publicar, el 11 de septiembre de 1936, las relaciones de masones inscritos o que habían pedido la inscripción en alguna de las logias.

Para entonces ya habían sido asesinados algunos de los masones que trabajaban en el ayuntamiento. Son los casos de Vicente Ballester Tinoco, Rafael Calbo Cuadrado, Manuel Lapi García, Alfonso López Quera, Pablo Miracki Bach, Manuel Molina Ledo, Antonio Muñoz Dueñas, Pedro Muñoz de Arenillas Carrillo y Rafael de Vera Monge. Muchos de ellos destacadas personalidades de la vida política, sindical y social de la ciudad. En un contexto de terror, en el que nadie sabía por donde podía alcanzarle el rayo exterminador de la represión golpista, al día siguiente comenzaron a aparecer las cartas de los nombrados negando la veracidad de la información o destacando que su militancia masónica era cosa del pasado. Entre ellos estuvo Manuel Salagaray Marín.

En el estado actual de nuestros conocimientos podemos decir que 68 de los acusados o investigados como masones, fueron apartados definitivamente del ayuntamiento; otros 28 terminaron siendo

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readmitidos y de otros 22 la investigación terminó siendo negativa o, como se ha dicho, uno –Antonio Viola Sánchez– absuelto y otros vieron su expediente sobreseído. Hay que señalar, por su excepcionalidad el caso de Antonio Bruzón Bullosa, condenado a 12 años de prisión, a cumplir en confinamiento, e inhabilitación absoluta, del que no hemos encontrado su depuración ni provisional ni definitiva.

Respecto a los que vieron su expediente sobreseído cuando se puso en marcha, en enero de 1940, el Tribunal Represión de la Masonería y el Comunismo, estuvieron los 27 asesinados.

Inhabilitados de forma absoluta y separados definitivamente del ayuntamiento estuvieron, al menos, trece trabajadores. Quien tuvo una condena mayor fue el practicante Enrique Ordaz Caballero cuyas vicisitudes ya hemos visto. Ahora tuvo una pena de 25 años además de la inhabilitación. Otros, ya vistos, fueron José Serrano de la Jara, su hijo José Luis Serrano Salagaray y Antonio Suffo Ramos. Los demás fueron: José Allely Aranda, un mecánico, soltero que vivía en la calle Sacramento. Trabajaba en los talleres del SMAE. Había sido miembro de IR y apoderado electoral en febrero de 1936. El tribunal contra la masonería le abrió expediente en 1942 y la sentencia solo le condenó a inhabilitación.

Los restantes, además, sufrieron condenas de 12 años, a cumplir en confinamiento. Miguel Ayala Sánchez, un agente de rentas depurado en agosto de 1936; Rafael Barber Rivera que, retractado en 1940, fue juzgado y condenado; el ya citado con anterioridad, Pablo Bauzano Guillén y Antonio Bruzón Bullosa.

Perteneciente a uno de los gremios más represaliados, el del personal facultativo –médicos y practicantes– de la Beneficencia Municipal, era Salvador Davín Pozo. Nacido a comienzos de diciembre de 1893 fue inscrito en el Registro Civil como “Salvador del Progreso”.

Practicante desde 1919, obtuvo su plaza por oposición en marzo de 1925. Vivía en la calle Obispo Urquinaona. Fue separado a comienzos de octubre de 1936 con base en la circular del gobernador de primeros de agosto. También trabajaba en la Diputación donde, igualmente, le abrieron un expediente de expulsión. Era una persona a la que no le encontraron antecedentes izquierdistas de ningún tipo. Había

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pertenecido al Partido Radical de Alejandro Lerroux y, los propios golpistas, reconocían que era una persona de reconocida buena conducta y moralidad y no se le conocían otro tipo de actividades salvo las masónicas. Con el nombre simbólico de Hipócrates entró en 1925.

Su nombre apareció entre los denunciados, en septiembre de 1936, en las páginas del Diario de Cádiz. No fue detenido ni sumariado entre 1936 y 1939 quizás porque buscó refugio en la Milicia Nacional de Cádiz fundada por Carranza. Sin embargo, tras la publicación de la ley contra la masonería, la Delegación de Orden Público realizó un expediente, a petición del juzgado, que terminó en un sumario por el que fue juzgado y condenado en agosto de 1942. Su confinamiento le envió a Conil. Regresó a Cádiz en donde falleció en 1964.

Bernardo Leiro Martínez trabajaba en el Matadero, había nacido en 1894 en Cádiz y era miembro de IR. Es uno de los casos de los que no conocemos que fuera depurado, ni provisional ni definitivamente.

En 1940 continuaba trabajando como portero del Matadero. Sin embargo, había entrado en la masonería en 1925, con el nombre simbólico de Sócrates, en el Campo de Gibraltar. Perteneció a la logia linense Autonomía 16 y al triángulo masónico Numancia creado en la barriada de La Atunara que tuvo una breve vida. Parecía que Leiro iba a pasar desapercibido incluso tras las revisiones de los listados masónicos a partir de la publicación de la ley contra la masonería.

Sin embargo, el rodillo represor era implacable. Tras ser investigado, en 1944, le fue abierto un sumario en el que se vio que no se había retractado. Se substanció al año siguiente con una condena de 12 años y su inhabilitación. Sin embargo, en el libro de personal del ayuntamiento figura su cese en 1952 con motivo de su fallecimiento.

Fernando Rueda Ruiz era un practicante de la Beneficencia que prestaba sus servicios en la casa de socorro de la barriada de San José en Extramuros. Nacido en febrero de 1907 en la población canaria de San Sebastián de la Gomera, vivía en la calle Sacramento. Estaba casado. Su nombre simbólico en la masonería era el de Dantón y los golpistas lo consideraban un dirigente del socialismo gaditano

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con amistad con sus más destacados militantes. Fue depurado en diciembre de 1936 tras la publicación de las normas, para toda la zona ocupada, de depuración. En mala situación económica, al quedar a expensas de los trabajos particulares que pudiera realizar, aprovechó el llamamiento para la incorporación de sanitarios en las unidades golpistas, para entrar en la Infantería de Marina. Fue tras la puesta en marcha de la ley contra la masonería cuando su nombre apareció y se le abrió una investigación para conocer sus antecedentes.

Los informes de los diferentes servicios de información de las autoridades franquistas de la ciudad coincidieron en señalar su izquierdismo y pertenencia a la masonería. En consecuencia, lo consideraban desafecto, aunque el instructor advirtió contradicciones y señaló que no estaba acusado de haber realizado delitos concretos.

En consecuencia, trasladó a la Auditoría, su opinión de que, aunque no debía ser perseguido penalmente, sí debería ser castigado de forma gubernativa. Proponía que quedara en libertad provisional. Así fue acordado y Rueda continuó prestando, de momento, sus servicios en el regimiento al que estaba destinado, aunque el juzgado militar gaditano ordenó la apertura de un PSU. Se volvieron a pedir informes, que incidieron en lo ya apuntado, y le fue tomada declaración. Rueda negó su destacada militancia socialista y aseguró no haber participado en ninguna acción de resistencia y que se incorporó al ejército en septiembre de 1938 cuando fue movilizada su quinta. Convencido de que lo mejor era negar todo, aunque fuera evidente, aseguró que no sabía que había pertenecido a la masonería y que había sido el médico Rafael Calbo quien lo había llevado un par de veces a una logia y que había quedado muy impresionado cuando vio su nombre incluido en la relación que se publicó en la prensa local. Puso como avalista al médico José Agudo Sánchez, jefe médico de la Beneficencia tras el golpe, quien aseguró que lo consideraba una persona de orden hasta el punto de que, cuando le pidieron una relación de desafectos en su delegación, no lo incluyó. Después supo que había sido expulsado del ayuntamiento por masón.

El instructor volvió a pedir más información para interrogar a los practicantes afectos al golpe, pedir informes a Salamanca sobre su

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pertenencia a la masonería y a la policía sobre la posible militancia socialista. La policía gaditana insistió en que había destacado en la UGT de la que había sido dirigente, masón y que nunca había ocultado su izquierdismo. Al contrario, había alardeado públicamente de él.

Desde Salamanca, el carlista Marcelino Ulibarri Eguilaz, encargado de la Delegación de Servicios Especiales, dedicada a la información masónica, confirmó que Rueda había entrado en la masonería en junio de 1935. Incluso interrogaron a otros practicantes considerados afectos a los golpistas. Sus declaraciones fueron completamente favorables.

Ni era izquierdista ni había participado, en julio, en la resistencia.

Incluso, uno, falangista de antiguo, aseguró que se había hablado de la injusticia de su cese.

Con todos estos elementos el instructor envió el auto resumen a Sevilla en el que proponía el sobreseimiento ante las pruebas a favor del inculpado y mantenía su libertad provisional. Una propuesta que fue aceptada, primero, por el Consejo de Guerra de Cádiz que, en un auto redactado por Wilhelmi Castro, no consideraba probado que, aunque hubiera pertenecido a la UGT y sido masón, que hubiera tenido participación alguna en la “revolución marxista”. Respecto a su militancia masónica decretaba que, en todo caso, sería competencia del tribunal específico creado pero que al no haber tenido actuación ni política ni social no caía dentro de los tribunales militares. La Auditoría sevillana acordó el sobreseimiento provisional.

Así fue, el tribunal para la represión de la masonería le abrió expediente. Rueda presentó su retractación a finales de mayo de 1940.

El consejo se abrió a mediados de abril de 1940 cuando fue citado para tomarle declaración. Hasta dos años después no se celebró el juicio.

La sentencia llegó a finales de septiembre de 1942 y fue de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta. Sin embargo, fue conmutada por otra de 6 meses sin inhabilitación. Que sepamos, no volvió a trabajar en el ayuntamiento hasta su muerte en noviembre de 1981.

Por último, tenemos el caso de Manuel Salagaray Marín. Había nacido en Cádiz en octubre de 1878, casado con tres hijos. Uno de ellos, Manuel Salagaray Vidal, también trabajaba en el SMAE y fue depurado, aunque finalmente lo readmitieron. En 1900 entró

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a trabajar en la sociedad que entonces gestionaba el servicio de abastecimiento de aguas de la ciudad. Allí trabajó como cobrador hasta 1927 cuando el ayuntamiento se hizo cargo del servicio. Al año siguiente fue ascendido a inspector y, en 1931, pasó a ocupar el puesto de cajero. Cuando, a mediados de 1934, se fusionaron los servicios municipalizados de agua y electricidad su plaza fue amortizada y le destinaron de administrador en las oficinas de San Fernando. Allí estaba en julio de 1936. Fue cesado en septiembre, cese que se convirtió en definitivo a comienzos de octubre. Con 36 años de servicio Salagaray pidió la jubilación. Se la concedieron en noviembre.

Era militante de IR y directivo de la sociedad obrera de los trabajadores del SMAE. También había pertenecido a la masonería desde 1928 con el nombre simbólico de Arquímedes. Se había dado de baja pocas semanas antes del golpe de Estado en julio de 1936.

Según dijo Falange, tres años más tarde, estuvo detenido en julio de 1936 porque le había sido intervenida una pistola la tarde del 18.

Dijo que la llevaba para su domicilio, fue detenido y liberado con posterioridad.

En mayo de 1938 fue detenido de nuevo por orden de la Delegación de Orden Público, trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María e incluido en un canje de prisioneros del que desconocemos todo lo referente a por qué lo fue. Sabemos que los canjes se habían producido desde los primeros meses del conflicto. El mecanismo era que un delegado provincial los proponía a Queipo que era quien en última instancia decidía. Así ocurrió, por ejemplo, con el intercambio de familiares del propio jefe golpista por otros de personalidades gubernamentales como José Díaz, secretario del PCE. También, una hermana de Queipo fue canjeada por la madre, esposa e hijos del dirigente azañista de Cádiz, Manuel Muñoz Martínez que, en el verano de 1936, ocupaba la Dirección General de Seguridad gubernamental.

Un sistema que dejó de funcionar cuando, en 1937, el ya jefe del estado golpista, Francisco Franco, decidió dejar el tema a la Cruz Roja que actuaba en los territorios ocupados bajo la dirección del conde de

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Vallellano. Salagaray fue trasladado de la prisión portuense a la de Málaga y de allí enviado a las de Tolosa y Rentería en donde ingresó el 6 de julio de 1938. Lo hizo junto a otros 145 presos en lo que parece que iba a ser un canje masivo. Así lo indica que, a fines de mes, el día 29, fueron todos trasladados a la prisión donostiarra de Ondarreta a disposición del marqués de Rialp, delegado de Franco para el canje de Prisioneros y del inspector de los Servicios de Fronteras del Norte de España con sede en Irún. Pasó, junto a otras 74 personas, a Francia el 4 de octubre de 1938.

Desde Francia viajó a Barcelona en donde trabajó en la Campsa hasta la ocupación de la ciudad en enero de 1939. Se trasladó entonces a Valencia en donde permaneció hasta el final del conflicto.

Regresó a Cádiz a finales de abril y unos días después, en mayo, fue detenido y encarcelado. Poco después, las autoridades militares decidieron procesarle por ser miembro de IR, masón y haber tenido actuaciones políticas.

Los informes que fueron llegando no resultaban especialmente favorables para Salagaray. Además de sus actividades políticas y haber pertenecido a la masonería le fueron añadiendo otras “acusaciones”: ser amigo de izquierdistas, como Muñoz Martínez, e incluso vivir separado de su esposa. Así que se decidió su procesamiento por existir “indicios racionales de criminalidad”. Ese mismo día, el 31 de julio de 1939, fue registrado su domicilio. La policía se llevó más de mil quinientas pesetas en billetes de la zona gubernamental, la comunicación de su baja en el ayuntamiento, la plancha de quite de la logia y una carta personal dirigida desde Valencia a su hija.

Pocos días pasaron para que, empezado agosto, las autoridades judiciales militares le comunicaran que debía nombrar defensor y el instructor le tomara declaración indagatoria en la prisión de Cádiz donde continuaba. Conscientes de que si querían llevar el consejo a una pena condenatoria le interrogaron, además de su pertenencia a la masonería, sobre su militancia en IR y si había tenido cargos directivos.

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EL RAYO QUE NO CESA: LA VICTORIA, LOS MASONES Y LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Salagaray negó esto último. Sin más diligencias el consejo se celebró la tarde del 18 de agosto de 1939 bajo la presidencia de López Alba y actuando como ponente Francisco Casas Ochoa. El fiscal le pidió seis años de cárcel mientras que el defensor, Alfonso Palomino Blázquez, pidió la absolución y que, en todo caso, los hechos pasaran al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Salagaray hizo uso de su derecho a la última palabra para afirmar que, siempre, su actuación había sido contraria al marxismo.

La sentencia consideró que, además de masón, había sido un elemento activo de la política republicana y, en consecuencia, le consideraba culpable de un delito de excitación a la rebelión. Aunque tenía en cuenta, como atenuante, su edad. En consecuencia, le condenó a seis años de prisión y comunicó la sentencia al Tribunal de Responsabilidades Políticas. El fallo fue aprobado por Sevilla antes de que acabara agosto. La pena, confirmada por la comisión de revisión de penas en agosto de 1940, la comenzó a cumplir en la prisión gaditana. En noviembre de 1941 fue puesto en libertad provisional al habérsele sido conmutada, en octubre, la pena por otra de seis meses que ya había cumplido sobradamente. Una conmutación, aprobada definitivamente en 1943, que incluía que se comunicara al tribunal especial para la represión de la masonería que Salagaray lo había sido.

Tras su liberación se instaló en una casa de su propiedad en la calle Solano. Vivía con una hija, llamada Rosario, de 43 años. Pero sus problemas no habían acabado. Notificado por las autoridades judiciales franquistas, el tribunal antimasónico se preocupó de él. Su nombre había aparecido en las listas publicadas en la prensa local en 1936. Inmediatamente declaró públicamente que había dejado de ser masón y que conservaba los documentos de su baja. Significativamente la plancha de quite estaba firmada, entre otros, por su compañero de trabajo en el ayuntamiento, Enrique Ordaz. Salagaray había pertenecido a una de las logias de Cádiz con el nombre simbólico de Arquímedes. Pero ello no fue óbice para que le abrieran un sumario que terminó, en enero de 1943, condenándolo a 12 años de confinamiento e inhabilitación. Falleció el 20 de enero de 1958.

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EMPLEADOS INVESTIGADOS Y PROCESADOS POR EL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO

Allelly Aranda, José Inhabilitación absoluta D R Alconchel Bohórquez, Pedro Alemán Fernández, José D Álvarez García, Juan Muere en prisión D Arenas Gómez, Agustín Ariza Fernández, Clemente 12 años e inhabilitación absoluta D Ayala Sánchez, Miguel Ba(e)chiarelly Pérez, Luis D Asesinado D Ballester Tinoco, Vicente Ballesteros Aliaga, José D Baras Artés, Manuel Asesinado. Sobreseído D 12 años e inhabilitación absoluta D Barber Rivera, Rafael Barbosa Batista, Mariano D Bartús Lobato, Eduardo Asesinado D Bauzano Guillén, Pablo 12 años e inhabilitación absoluta D Bechiarelli Mercado, Ramón D Benítez Durán Ildefonso (Alfonso) R Benítez Durán, José María D Berasuaín Soto, Benito R Blanco Serrano, Julio D Bocalandro Muñoz, Enrique Bravo Marín, Santiago Bruzón Bullosa, Antonio 12 años e inhabilitación absoluta Calbo Cuadrado, Rafael Sobreseído por asesinato D Campos Chaves, Manuel R Asesinado D Carrero Armario, Antonio Carrillo García, Agustín D Carpintero Muñoz, Alfredo R Castro Salas, Joaquín de Davín Pozo, Salvador 12 años e inhabilitación absoluta D Delgado Moreno, Miguel R Díaz López, Alfonso D Fernández Balestroni, Manuel D Fernández Moreno, Diego Asesinado D Fortes Aragón, José R Gallardo Sáez, Antonio D Gallego Guzmán, Antonio García Castellón, José D García Gómez, Diego Asesinado D García Gómez, José Asesinado García Gutiérrez, Eloy R

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García López, Mariano García Ortega, Juan Sobreseído García Rodríguez, Emilio Asesinado García Rodríguez, Juan Gessa Loayza, Joaquín González Gil, Antonio Gurrea Díaz, Antonio Herrera Rodríguez, Arturo Huertas Jiménez, Pedro Iglesias Carrasco, José Lapi García, Manuel Asesinado. Sobreseído 12 años e inhabilitación absoluta Leiro Martínez, Bernardo López Macías, Juan Asesinado López Oli, Francisco Asesinado Asesinado. Sobreseído López Quera, Alfonso López Rodríguez, Manuel Macías Retes, Manuel Asesinado. Sobreseído Marchante Carrasco, Antonio Asesinado Mari Martínez, Manuel Martín Reyes, Isaac Massa García, José Mata Pino, José Asesinado Mayones Carrascal, José Asesinado. Sobreseído Mazón Sáinz, Manuel Merlo Carrazón, Francisco Molina Ledo, Manuel Asesinado Montero Pastrana, Rafael Morales Durán, José Moratalla Barea, Julián Asesinado Moreno Mesa, Juan Muñoz de Arenillas Carrillo, Pedro Sobreseído por asesinato Muñoz Dueñas, Antonio Sobreseído por asesinato Nieto Díaz, Luis Ordaz Caballero, Enrique 25 años e inhabilitación absoluta Osiel Espinosa, Enrique Parra García, Andrés Parras Rodríguez, José Pérez Casal, Alejo Pichaco García, Rufino Asesinado Pinas Rivas, Salvador Pina(e)y del Toro, Ramón Piñero Gómez, José Asesinado Quintero Macías, Enrique Ragel Jiménez, Juan

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EMPLEADOS INVESTIGADOS Y PROCESADOS POR EL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO Ramos Benítez, Sebastián Rendón de Vadeire, Francisco Revidiego Domínguez, Juan Rivera Sánchez, Antonio Reyes García, Manuel Rodríguez Álvarez, Manuel Rodríguez Jiménez, Antonio Rodríguez Liberato, Ángel Sobreseído Romeu Guerrero, Antonio Rosales Gómez, Antonio 12 años e inhabilitación absoluta Rueda Ruiz, Fernando Ruiz Magaña, Ángel Salagaray Marín, Manuel 12 años e inhabilitación absoluta Salagaray Vidal, Manuel Sánchez Naranjo, Francisco Sánchez Nieto, Antonio Sánchez Pintado, Leopoldo Sánchez Sánchez, Juan Santiago Abad, Manuel Serrano Morales, Joaquín Serrano de la Jara, José 12 años e inhabilitación absoluta Serrano Salagaray, Fernando Serrano Salagaray, José 12 años e inhabilitación absoluta Suárez Haro, Francisco Suffo Ramos, Antonio 12 años e inhabilitación absoluta Tirbe (Tirves) Millán, Francisco Valle Gómez, Gonzalo Vara Fernández, Alfonso Varga Salcedo, Pablo de la Ventín González, Manuel Vera Monge, Rafael de Asesinado. Sobreseído Viloria Pérez, Fernando Villar Castro, José Viola Sánchez, Antonio Absolución Zambonino Cano, Leonardo Asesinado

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Capítulo 9

La depuración de las trabajadoras municipales: represión y género Desde el comienzo de la investigación teníamos la certeza de que íbamos a dedicar un apartado a la represión de las mujeres trabajadoras del Ayuntamiento de Cádiz. No por aportar solo significativos datos numéricos, donde se pone de manifiesto la desigualdad con respecto el sector masculino, sino, por poner de relieve el poco valorado papel de la mujer en el mundo laboral y político de aquellos años.

El contexto histórico Antes de comenzar a analizar la información obtenida, creemos conveniente trazar unas pinceladas sobre el contexto social que envolvía a la población femenina desde principios del siglo XX. A lo largo del siglo XIX, en el Reino Unido o los Estados Unidos aparecieron asociaciones bien estructuradas cuyo único fin era luchar por los derechos de un sector de la población que hasta ese momento había sido relegado a un eterno segundo plano. La erradicación del sexismo o la obtención del voto femenino eran las principales metas de esta incipiente oleada feminista.

Poco tardaron en aparecer las primeras manifestaciones asociadas al movimiento obrero donde la demanda de mejoras laborales para las mujeres se convirtió en un hecho clave en la batalla contra las desigualdades. Estas protestas, entre otras, quedaron reflejadas con frecuencia en la prensa del momento, lo que produjo una importante concienciación que dio lugar a pequeños avances que, aunque insuficientes, se convirtieron en el germen de los grandes logros acaecidos años más tarde.

En España la situación fue muy distinta. El contexto social, económico y político no contribuyó a que durante este periodo la lucha por los derechos de la mujer avanzara de manera paralela a la de los países

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anglosajones. Podemos decir que no fue hasta los últimos años del reinado de Alfonso XIII cuando – de manera incipiente – surgieron las primeras organizaciones que, a semejanza de las anteriormente mencionadas, llevaran a cabo reivindicaciones relacionadas con el sufragio. Además del derecho a la ocupación de las calles en pos de unos intereses comunes, uno de los grandes progresos fue el acceso a una educación superior. Varias fueron las instituciones que fomentaron la aparición de las primeras mujeres universitarias que por primera vez tendrían la formación necesaria para optar a cargos de relevancia en el mercado laboral y que hasta ese momento había sido exclusivo de los varones.

Sin embargo, no fue hasta la II República cuando se creó un panorama semejante al que se vivía en las democracias parlamentarias europeas.

Fue entonces cuando fraguaron los proyectos que durante varias décadas habían sido meta de muchas mujeres españolas. En el año 1931 se aprobó el tan ansiado sufragio femenino, que se hizo efectivo en 1933, pero, además, una serie de reformas sociales cambiaron el futuro de muchas personas. Una mayor libertad en el terreno familiar, impulsada por una serie de nuevos derechos como el del divorcio o la despenalización del aborto, dio como resultado el aumento del protagonismo de la mujer en el terreno laboral, donde poco a poco fueron haciéndose con importantes cargos públicos. Muy destacada en este sentido fue la Constitución Republicana, terminada de redactar en diciembre de 1931, donde se otorgaban nuevos derechos como la prohibición de la discriminación en los distintos oficios, la protección en el trabajo a las mujeres o el seguro de maternidad a todas aquellas que se hubieran adentrado en el mundo profesional. De esta manera podemos leer: “Artículo 46.

El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad…”.

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Lamentablemente, aunque un buen sector femenino de la sociedad continuó luchando por mantener y ampliar sus derechos, saliendo a relucir importantes nombres propios, el golpe de Estado de julio de 1936 supuso un punto de inflexión en este horizonte de logros. Los cimientos de la República comenzaron a tambalearse, y se experimentó un profundo cambio a todos los niveles que afectó al total de la población española. Aunque las mujeres quedaron dispensadas de ir al frente, en un principio se vieron en la obligación de ocupar los cargos que habían quedado desatendidos por aquellos hombres que participaban activamente en la guerra, principalmente en talleres y fábricas. A pesar de la, todavía, escasa formación y el escaso nivel salarial, tuvieron que compaginar esta compleja situación laboral con el cuidado de la familia, especialmente de niños y ancianos que, en la medida de lo posible debían quedar atendidos.

Además, en las zonas gubernamentales, las mismas sintieron la necesidad de aportar su esfuerzo en la lucha antifascista. De esta manera, a través de la confección de uniformes o con el préstamo de servicios sanitarios, entre otras muchas actividades, la labor de este grupo de mujeres se convirtió en un hecho fundamental en estos duros años bélicos en nuestro país.

Por otro lado, era de esperar que con los triunfos de los sublevados se viviera un serio retroceso en los éxitos sociales de los años anteriores en las zonas que ocupaban. La mujer iba a volver a perder terreno a favor del hombre, y para ello se propusieron nuevas medidas tan radicales como: la creación de la Sección Femenina, la prohibición de la educación mixta o la derogación del derecho al divorcio. Especialmente destacado fue el Fuero del Trabajo de 1938 donde se decretó que únicamente podían trabajar las mujeres solteras o viudas, siempre subordinadas a los varones, hecho que promovió multitud de despidos a medida que las jóvenes contraían matrimonio.

La intención del régimen franquista fue aislar a la mujer de la vida pública, de manera que su misión fuera la gestión de las actividades domésticas y el cuidado de las personas a su cargo. Ocupación que, por otro lado, no aportaba a la mujer beneficio económico alguno. Esto la obligaría a depender enteramente de una figura masculina que sí

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contribuyera de manera económica al hogar. Este ideal de sumisión, impuesto a partir de un intenso sistema de adoctrinamiento, caló ya en los primeros momentos del conflicto y perduraría en nuestro país hasta el último tercio del siglo XX. Esta situación, aceptada de manera forzada por muchas mujeres, produjo también el rechazo de muchas otras llevándolas a militar en partidos y sindicatos de manera clandestina, lo que supuso una amenaza para el propio gobierno. Esta será una de las principales causas que dará lugar a una multitud de retiradas de cargos públicos, dejando a muchas de estas trabajadoras – en el mejor de los casos – sin salario y, por tanto, entorpeciendo gravemente la supervivencia de la integridad familiar.

Las trabajadoras del Ayuntamiento de Cádiz en los años de la represión Los datos que vamos a aportar referente a la situación de las trabajadoras de nuestro ayuntamiento, reflejan con bastante fidelidad la realidad expuesta anteriormente. Intentaremos analizar pormenorizadamente distintas cuestiones que nos acerquen a la piel de unas mujeres obligadas a vivir en un contexto que poco o nada favoreció a sus libertades individuales. Personas que han permanecido décadas en el olvido y que ahora tendrán nuestro humilde reconocimiento.

Según hemos podido comprobar, en julio de 1936, entre funcionarios y temporeros, sumaban un total de 1380 los trabajadores municipales.

Aunque en los años anteriores las circunstancias favorecieron la participación de las mujeres en el terreno laboral, las diferencias entre ambos sexos seguían siendo especialmente notorias. Además, debemos tener en cuenta que Cádiz hacía muchos años que había dejado de ser una ciudad de primer orden, por lo que las nuevas corrientes no debieron influir tan profundamente como en ciudades del nivel de Madrid o Barcelona. Es así como en esta misma fecha, únicamente 122 mujeres ocupaban un puesto dentro del ayuntamiento frente a los 1258 asignados a varones. Poco más de un 8% de representación femenina que excepcionalmente trabajaba diariamente alejada del núcleo familiar.

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Sin embargo, solo hay que echar una ojeada a las distintas ocupaciones para comprobar que los más altos cargos no estaban reservados a las mujeres.

Además, en esta época podemos decir que existían unos oficios considerados especialmente “femeninos”, a diferencia de otros que únicamente serán ocupados por varones. Por ejemplo, no veremos a ninguna trabajadora con el oficio de bombero, policía municipal, guardia, etc. Por el contrario, la inmensa mayoría estaban repartidas por las distintas escuelas y casas de socorro desempeñando funciones supuestamente acordes a su sexo: maestra, lavandera, limpiadora o auxiliares de niños.

Precisamente el sector de la enseñanza fue uno de los más perjudicados.

Era cuestión de tiempo que las autoridades franquistas vieran en los profesores una seria amenaza para el régimen. Es por esto, por lo que consideraron urgente llevar a cabo un minucioso proceso de limpieza que comenzó con abrir expediente a cada uno de los trabajadores de las distintas escuelas. En ellos se reflejó información de distinta índole, especialmente profesional, política, moral y religiosa. Esto último llegó a adquirir una especial importancia, sobre todo teniendo en cuenta que a las distintas comisiones depuradoras se incorporaron personas de fuertes creencias religiosas. Razón de esto la dará el Bando dictado el 31 de agosto de 1936, donde se decretó que el día 15 del citado mes se debía llevar a cabo la reposición de Crucifijos en las distintas iglesias. Po si fuera poco, se retrasó el comienzo de el curso escolar al 16 de septiembre, sirviendo como mera excusa los destrozos ocasionados por las condiciones meteorológicas.

Evidentemente, con esto se intentaba ganar todo el tiempo posible para poder establecer el orden deseado. También se buscaba sembrar el miedo entre los trabajadores de las distintas escuelas, que como hemos señalado anteriormente, era principalmente personal femenino. Conseguir la sumisión tanto de los trabajadores de las escuelas como de sus propias familias era clave para evitar seguir propagando el “virus republicano” y un comportamiento reivindicativo y molesto para el nuevo gobierno.

Por otro lado, también debemos destacar el papel femenino en la rama de la sanidad como practicantes, farmacéuticas y, sobre todo matronas, oficio este totalmente sexualizado y que, en nuestro caso particular, únicamente eran mujeres. También eran consideradas válidas para el trabajo de oficina como podía ser el de mecanógrafa, telefonista o administrativa. Como vemos, en muchas ocasiones, las funciones fuera

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de su hogar, estaban muy ligadas a las ocupaciones habituales de ama de casa. Este hecho podríamos considerarlo “normal” hasta cierto punto, teniendo en cuenta que la formación académica todavía no estaba al alcance de muchas de ellas.

Tras el golpe se produjeron los primeros ceses. En este momento, como sabemos, contabilizamos un total de 541 afectados, de los cuales 56 eran mujeres. Aunque a priori no parezca un número significativo, es importante saber que esto supuso más del 45% del total del personal femenino, mientras que, en el caso de los hombres, se mantuvo en el 39%.

De esta manera vemos como esta primera etapa les afectó especialmente.

Quizás más perjudicado por el “factor miedo” que dificultó que se presentaran en sus puestos de trabajo a lo largo de aquellos críticos días.

Finalmente, tras el período de reposiciones, de las 413 personas que fueron despojadas definitivamente de sus empleos, 35 eran mujeres, o lo que es lo mismo, algo más de un 8% de la plantilla cesada. Personas que no volvieron a reingresar en la plantilla municipal. Estas fueron: Rosario Abalo comenzó a trabajar como lavandera de la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés –también conocida como la “Escuela de la Piedad”– en una fecha indeterminada. Sabemos que el personal de este centro cesó al completo el día 29 de julio de 1936. Posteriormente vemos como se reafirmó el cese a través de un documento que afectó al personal interino y que se firmó el 5 de agosto de 1936. Esta fecha fue clave en el despido del personal de las escuelas municipales, pues coincidía con sus vacaciones, cosa que facilitó el nombramiento de un nuevo cuerpo para septiembre.

Encarnación Altamirano Benítez: Nacida en Chiclana, el 5 de junio de 1931, a la edad de 64 años, fue nombrada limpiadora interina de la farmacia municipal. Posteriormente aparecerá entre el personal de beneficencia, con el cargo de limpiadora en la Casa de Asistencia Pública.

El día 3 de septiembre de 1936 cesó en su condición de interina por haber contribuido a la ruina de la patria participando en el Frente Popular.

María Aparici Trujillo: De profesión enfermera, fue premiada con la medalla de la Paz de Marruecos en el año 1930 por haber servido como voluntaria en la Campaña de Marruecos en la zona de Ceuta. En el año 1934 fue nombrada enfermera interina en la Casa de Asistencia Pública,

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para finalmente ser cesada el 5 de agosto de 1936 por amortización de plazas interinas y por sus relaciones con el Frente Popular.

Mercedes Cano López: Nacida en Cádiz pertenecía a las JSU. Fue nombrada maestra auxiliar interina el 13 de marzo de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular. Desarrolló su actividad en la Escuela de Párvulos Nº 1, ubicada en la Calle Isabel la Católica Nº 11, hasta que el 5 de agosto de ese mismo año se produjo el cese de todo el personal interino de la Instrucción Pública. La retirada definitiva del cargo se produjo por su condición de “roja” al estar relacionada con el Frente Popular.

Antonia Cantero: Sabemos que fue suspendida junto al resto del personal de la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés, donde cumplía la función de pinche de cocina. Aunque no hayamos localizado la documentación relativa a su afiliación política, con casi total seguridad su relación con el Frente Popular sería la razón de su cese definitivo.

Ana Curado Ramón: Vemos que fue nombrada con carácter interino y provisional para ocupar el cargo de maestra en las Escuelas Sanatorio Salvochea el 13 de marzo de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular. El 5 de agosto de ese año cesó junto al resto de sus compañeros interinos de Instrucción Pública.

Emilia Delgado Daudero: Había nacido en Cádiz en octubre de 1903. El 27 de enero de 1936 le concedieron un pago de 1.000 pesetas por el trabajo que, como meritoria, venía prestando en las oficinas municipales. En las fichas del Servicio de Información de la Guardia Municipal hay una ficha a nombre de “Emilia Delgado Pendero” que posiblemente sea la misma persona. En ella la consideran radical socialista y afiliada a IR. El 21 de febrero de ese mismo año fue declarada cesante aunque volvió a incorporarse un mes después. El día 5 de agosto la retiraron del puesto junto a un grupo de temporeros y meritorios de la farmacia, donde trabajaba en ese momento.

Una vez más el motivo sería su relación con el Frente Popular.

Josefina Delgado García: Trabajó como mecanógrafa temporera. La encontramos en la lista de personal cesado por “rojo” y por pertenecer al Frente Popular. El 28 de noviembre de 1939, el servicio de información de la guardia municipal se encargó de averiguar la conducta y los medios económicos de Josefa, constando el 14 de diciembre que era una persona de buena conducta moral, pública y privada, así como sus familiares.

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Dolores Durán: Siendo funcionaria, perdió el cargo de mozo de escuela debido a la suspensión de la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés, cuyo personal cesó casi al completo. Debió mantener nexos con el Frente Popular.

María Fernández Quiñones: Obtuvo una plaza de temporera en la Casa de Instrucción Pública, donde realizaba labores de limpieza en abril de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular. Perdió definitivamente el cargo tras confirmarse su relación con el mismo, y por tanto, por considerarse que contribuía a la ruina de la patria.

Luisa García Jurado: Era una de las mujeres que tenía puesto dentro de la sección Intervención. El 29 de julio de 1936 se acuerdó su cese como temporera y posteriormente fue decretado su retirada definitiva debido a su vínculo con el Frente Popular.

Dolores García: Hasta el momento, únicamente sabemos que antes de su cese definitivo realizaba labores de lavandería y que, según la Guardia Municipal, pertenecía a las JSU. Rosario Gómez Luque: Vivía en la calle Fermín Salvochea. Desde el año 1934, como personal interino, se encargó del transporte de las alumnas de la Escuela Práctica Graduada de Niñas. En un primer momento cesó junto al resto del personal de Instrucción Pública por su carácter temporero y posteriormente fue retirada definitivamente del cargo por “roja” y pertenencia al Frente Popular ya que la Guardia Municipal la consideraba radical socialista y afiliada a IR. Juana Gómez Ramos: Cesó el 5 de agosto de 1936 junto al resto del personal interino de Instrucción Pública. Este cese fue ratificado por haber mantenido relación con el Frente Popular, sin embargo, el 2 de septiembre fue readmitida como ayudante de cocina de la Escuela de la Playa.

Dolores de la Guerra: Se trata de uno de los pocos casos dentro de esta relación de nombres en el que la trabajadora contaba con una plaza fija dentro del ayuntamiento. La misma le fue retirada el 29 de julio de 1936 tras suspenderse la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés, cese que fue ratificado el día 5 de agosto de ese mismo año.

Nieves Iglesias Ramos: Trabajaba como conductora de la Escuela de Párvulos desde 1933. En una primera etapa cesó junto al resto del

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personal de Instrucción Pública de carácter interino, para después ser retirada del cargo definitivamente por pertenecer al Frente Popular.

Carmen Jiménez Sánchez: Estamos ante otro caso de trabajadora con plaza de funcionaria. Prestaba sus servicios como matrona en el Asilo de Infancia y vemos su nombre en la circular 1475 por la cual, como sabemos, debía quedar definitivamente separado del cargo toda aquella persona que, estando trabajando en alguna dependencia municipal, hubiera tenido alguna relación con el Frente Popular contribuyendo así a la ruina de la patria.

Sofía López Campos: Temporera en la sección Intervención. Consta en el listado de personas que prestaron sus servicios en el ayuntamiento antes del 14 de mayo de 1936, coincidiendo este con el período del Frente Popular. Este hecho le llevó a ser separada de su cargo el 18 de julio de ese mismo año y fue ratificada el 7 de agosto con la circular 1475.

Ana López Rosendo: Obtuvo una plaza interina como ayudante de cocina en las Escuelas de la Playa. Cesó junto al resto del personal interino de Instrucción Pública por su pertenencia al Frente Popular.

Carmen Mendoza y Galindo: Había nacido en San Fernando en julio de 1897. El 16 de marzo de 1929 fue nombrada de manera interina conductora de la Escuela de Párvulos Nº 4, instalada en la casa Nº 16 de la calle Feduchy. También fue cesada junto al resto del personal interino de Instrucción Pública el 5 de agosto de 1936. Con esto se confirma su participación política en el seno del Frente Popular.

Casilda Muñoz de Bustillo: Fue nombrada maestra de la Colonia Diego Fernando Montañés con carácter interino el 16 de mayo de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular. Su relación con el mismo propició su retirada definitiva del cargo tras el cese generalizado de todo el personal interino de Instrucción Pública.

María Muñoz de Bustillo: El 4 de marzo de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular, fue nombrada interinamente celadora de la Escuela Graduada aneja a la normal, sita en la calle Isabel la Católica Nº 11. El 5 de agosto de ese año cesó junto al resto de trabajadores temporeros de Instrucción Pública, y posteriormente fue acusada de haber mantenido relación con el Frente Popular.

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Juana Pacheco Jiménez: Conductora de la Escuela de Párvulos Nº 3 establecida en el grupo escolar posteriormente llamado Primo de Rivera.

La plaza, de carácter interino le fue concedida el 24 de abril de 1929. Como ocurrió con el resto del personal interino de Instrucción Pública cesó el 5 de agosto de 1936, tras lo cual fue retirada de su plaza de manera definitiva.

Carmen Padrón: Lavandera de las Escuelas de la Playa. Cesó junto al resto del personal interino de Instrucción Pública el 5 de agosto de 1936.

Su separación definitiva del cargo fue debida, como en los demás casos, a su estrecha relación con el Frente Popular.

María Palomo Sánchez: Temporera en las Escuelas de la Playa, donde trabajaba como sirvienta. En un primer momento cesó junto al resto del personal interino de la Instrucción Pública y posteriormente lo hizo definitivamente por “roja”, al haber pertenecido al Frente Popular.

Aurora Pavón: Empleada con plaza fija en la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés, donde trabajaba como practicante. El día 29 de julio de 1936 cesó tras la suspensión de la colonia, siendo retirada de su plaza posteriormente de manera definitiva.

Luisa Pérez Espinosa: Nació en Puerto Real en septiembre de 1884. Fue contratada como personal interino el 1 de febrero de 1934, aceptando el cargo de sirviente limpiadora de la Casa de Asistencia Pública. El mismo le fue confirmado el 30 de julio de ese mismo año, para que después, el 3 de septiembre de 1936 le fuera retirado por dedicarse a actuar políticamente contribuyendo así a la ruina del país.

María Portela Saavedra: Nació en Cádiz en noviembre de 1901. Asumió su plaza de interina el 2 de mayo de 1934. Desde ese momento comienzó a trabajar de limpiadora en la Casa de Asistencia Pública, destino que le confirmaron el 2 de julio de ese mismo año. Finalmente, el 3 de septiembre de 1936 fue cesada de su cargo por pertenencia al Frente Popular y, por tanto, por haber contribuido con ello a la ruina de la patria.

Elisa Roldán Jiménez: Nacida en noviembre de 1891. El 20 de febrero de 1932 fue nombrada auxiliar técnica interina en la Escuela de Párvulos Nº 5. En un primero momento cesó junto al resto del personal interino de Instrucción pública y posteriormente, el 5 de agosto de 1936, fue separada definitivamente de su cargo por participar activamente en cuestiones políticas de la mano del Frente Popular.

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María Sánchez Jiménez: Fue nombrada limpiadora-lavandera de la Casa de Socorro del distrito de Segismundo Moret, Extramuros, el 21 de marzo de 1936 con carácter interino, coincidiendo con el periodo del Frente Popular. Esto último le llevaría a entrar en la lista de personal que fue cesado por haber sido nombrado con anterioridad al 1 de agosto de ese año. Finalmente, lo hizo de manera definitiva por “roja” y, como es de imaginar, por haber pertenecido al Frente Popular.

Carlota Sánchez Pardeza: El 16 de mayo de 1936 obtuvo la plaza de interina en las Escuelas Nacionales, coincidiendo con el periodo del Frente Popular.

El siguiente dato que conocemos es que fue otra de esas personas que el 5 de agosto de 1936 perdió su cargo por pertenecer a esta coalición.

Rosario Pérez Caña: Coincidiendo con el periodo del Frente Popular, el 15 de marzo de 1936 fue nombrada de manera interina como celadora de la Escuela Graduada de niñas aneja a la normal, en la calle Marqués de Valde Íñigo Nº 4. Al ser parte del personal interino de Instrucción Pública, cesó el 5 de agosto, siendo ratificado este cese por “roja”.

Rosa Pérez García: El día 16 de noviembre de 1935, ocupó el cargo de maestra interina en la Escuela Sanatorio Salvochea. Como cualquier trabajador interino de la Instrucción Pública, cesó el 5 de agosto de 1936, confirmándose posteriormente su relación con el Frente Popular.

Luisa Pérez Sánchez: Trabajó como interina en el cargo de auxiliar no técnica de la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés. Como ya sabemos, el 20 de julio de 1936 esta colonia fue suspendida produciéndose el cese de todo el personal, excepto la auxiliar técnica Manuela Vilches Castellano.

Mercedes Ponce de León Limones: Sabemos que el 28 de junio de 1933 fue nombrada limpiadora del Grupo Escolar J. Costa, con la obligación de auxiliar al portero y realizar labores de limpieza. Tenemos varios datos sobre su vida personal, por ejemplo, el 24 de noviembre de 1950 – momento en que seguía trabajando como limpiadora del Ayuntamiento –, solicitó 30 días de permiso por tener a su esposo, el también funcionario, Andrés Aragón Cebada, en cama. El permiso le fue concedido.

Finalmente, en 1953, sabemos que realizó varias solicitudes formales

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al Ayuntamiento para que se conceda ayuda económica para cubrir los gastos extraordinarios que le había supuesto la enfermedad del marido, así como los gastos del luto.

María Selma Cimbrelo: La poca información conservada de ella nos indica que trabajó como enfermera de la Casa de Asistencia Pública, siendo cesada, junto a otros compañeros con cargos interinos, el día 5 de agosto de 1936.

Manuela Vílchez Castellano: También aparece como Manuela Vilches Castell. Esta trabajadora fue nombrada auxiliar no técnica de la Escuela de Párvulos Nº 8 que, siendo de nueva creación, iba a ser instalada en el grupo Eduardo Benot. Esta plaza le fue concedida el 12 de marzo de 1934. El día 29 de julio de 1936, se suspendió la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés, donde ella trabajaba. Lo curioso es que cesó todo el personal excepto ella. Sí lo hará posteriormente, pues encontramos su nombre en el listado de personal separado de su cargo por “rojos” y por haber pertenecido al Frente Popular. Esta retirada se llevó a cabo el 5 de agosto de 1936, fecha que afecta a todo el personal interino de Instrucción Pública.

Hemos visto cómo las razones de las depuraciones fueron muy parecidas entre ellas. El primer motivo fue la condición de interinidad de algunas de ellas, hecho que supuso una vía rápida de despido, sin importar la situación familiar ni sus inclinaciones políticas. Un ejemplo claro, como ya hemos visto, es aquel en el que podemos leer: “Ceses del personal de Instrucción Pública por su condición interina”. Por otro lado, hemos visto cómo se disolvieron secciones enteras donde las mujeres tenían un papel fundamental, un caso destacado será el de la Colonia Escolar Diego Fernando Montañés o “Colonia de la Piedad”, donde cesó todo el personal excepto la Auxiliar Técnica Manuela Vilches Castellano. Desconocemos qué razón daría lugar a que esta trabajadora permaneciera inamovible dentro del cargo en un primer momento.

Esto se llevaría a cabo por considerarlo un grupo especialmente molesto y afín al Frente Popular, como también ocurriría, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos. A lo largo de los siguientes meses, 69 mujeres lograron reincorporarse al trabajo, sin embargo, gran parte de los nombres que aquí vemos, tras algunas investigaciones, fueron agregados a la lista de

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“personal separado de sus cargos por rojos y que pertenecían al Frente Popular”. Solamente 19 mujeres serían definitivamente readmitidas en el cargo. Fueron las siguientes: Dolores Acosta Susino: Tomó el cargo como interina el día 18 de mayo de 1935, ocupando la función de auxiliar no técnica en las Escuelas Municipales. Cesó junto al resto del personal de Instrucción Pública con carácter interino el 6 de agosto de 1936, siendo el cese ratificado posteriormente por haber tenido relación con el Frente Popular. El siguiente dato que conocemos es que el 18 de septiembre de ese mismo año se le otorgó la plaza en propiedad, por lo que sabemos que fue readmitida. En su expediente personal podemos comprobar que en el año 1951 constaba como “viuda” y que aún en el 1964 seguía en activo.

Desconocemos la fecha exacta de jubilación.

Carmen Asencio Medina: Fue contratada como temporera el 20 de febrero de 1932 con el cargo de auxiliar no técnica de las Escuelas Municipales. Cesó junto a todo el personal interino de Instrucción Pública el 5 de agosto de 1936, cese que se confirmó al relacionarla con el Frente Popular. Sabemos que fue readmitida ya que podemos ver su nombre en las plantillas aprobadas para 1941. El 18 de septiembre de 1936 se le otorgó la plaza en propiedad. Vemos que su expediente personal está fechado el 26 de marzo de 1977, quizás el año de su jubilación.

Adelaida Bernal Jaén: En un primer momento obtuvo el cargo como interina de conductora de párvulos en la Escuela Pública Nº 3 de niñas.

Este le fue otorgado el 23 de abril de 1929, y el 5 de agosto de 1936 cesó junto al resto de compañeros temporeros de Instrucción Pública.

También podemos ver su nombre en el listado de personal separado del cargo por “rojo” y por pertenecer al Frente Popular. Sin embargo, el 18 de julio de 1936 se reincorporó en el cargo como funcionaria. Aparecerá igualmente como parte de las plantillas aprobadas para el presupuesto del año 1941. Aunque desconocemos el momento exacto de su jubilación, podemos comprobar que en el 1966 seguía en activo.

María Cañavate Rivera: En un principio, el 26 de junio de 1934 fue nombrada limpiadora en la Casa de Asistencia Pública y un mes después, por acuerdo del 21 de julio, se le otorgó la plaza en propiedad. El 17 de

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mayo de 1935 aparece como celadora interna en la escuela de Isabel la Católica 11, hasta que en febrero de 1936 cesó en ese mismo destino. El 16 de mayo de ese año fue nombrada auxiliar no técnica interina por la alcaldía. Se mantuvo en el puesto hasta que el 5 de agosto se decretó el cese de todos los interinos pertenecientes a la sección de Instrucción Pública. Aunque también aparece en la documentación como parte de la plantilla que había mantenido relación con el Frente Popular, en septiembre volvió a ocupar el cargo de auxiliar no técnica, aunque en esta ocasión en la Escuela Sanatorio de la Playa. Comprobaremos que forma parte de la plantilla aprobada en los presupuestos del año 1941, y a finales de ese año pasará a la inspección escolar del Grupo Generalísimo. Finalmente, el 8 de abril de 1944 consiguió su cargo en propiedad. El último dato que podemos aportar es que en 1964 seguía manteniendo actividad laboral en las Escuelas Municipales.

Inés Espinosa Sanjuan: La vemos en un listado junto al resto del personal temporero que prestaba sus servicios en mayo de 1936, coincidiendo con el período del Frente Popular, y que cesaron de sus cargos por el “Movimiento Nacional” el 18 de julio de 1936. Debió ser readmitida, porque el 28 de julio de 1937 fue nombrada temporera de estadística por la Alcaldía, cargo que fue ratificado por la gestora. En el mismo año, el 8 de septiembre, fue trasladada a la Mutua de Seguros y en 1938 figuraba como mecanógrafa interina de “servicios varios”. Por último, vemos que en 1942 el Juez Permanente de la Base Naval se interesó por la actividad laboral de Inés, y es aquí cuando comprobamos que el 15 de noviembre de ese mismo año había sido cesada en su destino de temporera. Desconocemos si volvió a reincorporarse en algún otro momento.

Manuela Gallardo Bohórquez: Fue nombrada de manera interina como conductora de la Escuela de Niñas Nº 3, situada en la calle Isabel la Católica Nº 11, en mayo de 1929. Cesó por el “Movimiento Nacional” el 5 de agosto de 1936 junto al resto del personal interino de Instrucción Pública. Sabemos que se reincorporó al trabajo porque encontramos datos sobre su actividad laboral en el año 1955, momento en el que realizaba funciones de limpiadora.

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Dolores Godoy Castro: El 20 de febrero de 1934 fue nombrada interina en la Casa de Asistencia Pública. Cesó como parte del personal temporero que prestaba sus servicios antes del 1 de agosto de 1936, hecho que se ratificará el día 5 del mismo mes. Tras un acuerdo del día 12, se le concedió la reincorporación en el mismo cargo el día 14. Volveremos a ver su nombre en el listado de plantillas aprobadas en 1941. Un dato curioso es que en el año 1946 vemos cómo solicita una prórroga de jubilación de un año, por haber cumplido 70 años y no haber alcanzado los 20 de servicio. Estas prórrogas se irán sucediendo mínimo hasta 1953, que localizamos la última. Conociendo estos datos, sabemos que se mantuvo en su plaza hasta una edad muy avanzada.

Carmen Gómez Luque: Coincidiendo con el periodo del Frente Popular, el 14 de marzo de 1936 fue nombrada auxiliar no técnica interina. El 5 de agosto cesó junto al resto de compañeras temporeras de instrucción pública, cese que fue ratificado por “roja” y haber mantenido relaciones con el Frente Popular. A pesar de ello, el 18 de septiembre de 1936 obtuvo el cargo de conductora en propiedad. Al año siguiente volvió a ocupar la plaza de auxiliar de manera interina para, en 1944, volver a tomar posesión como funcionaria. El último dato que tenemos es que en el año 1964 seguía trabajando en las Escuelas Municipales.

Ana Haynes Younguer: Fue nombrada inspectora de ayas el 20 de marzo de 1930. El 24 de octubre de 1931 pasó a trabajar como conductora de las Escuelas de Playa y el 1 de septiembre de 1932 aparece ejerciendo como auxiliar no técnica. Desconocemos el momento exacto del cese, pero sabemos que el 4 de septiembre del 36 fue repuesta con cargo en propiedad en la Escuela-sanatorio de la Playa.

Amalia Loaysa García: Trabajaba en la sección de Instrucción Pública, en la cual ingresó el 20 de febrero de 1932 como auxiliar no técnica.

Este cargo fue ratificado el 27 de agosto de 1934. Al ser interina, cesó el 5 de agosto de 1926 junto al resto del personal de Instrucción Pública, además, fue acusada de haber mantenido relación con el Frente Popular. En cualquier caso, el 18 de septiembre de 1936 se reincorporó, siendo nombrada conductora interina, cargo que le fue confirmado en propiedad el 6 de noviembre de 1944. El último dato que encontramos de ella es que en 1954 volvía a trabajar como auxiliar no técnica.

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Francisca López Rodríguez: El 1 de junio de 1931 fue nombrada sirvienta de las Escuelas de Playa. Cesó junto al resto de temporeros de Instrucción Pública el 5 de agosto de 1936 y terminó siendo relacionada con el Frente Popular. En cualquier caso, el 2 de septiembre volvió a ingresar en las Escuelas de la Playa. Posteriormente veremos que su nombre aparece en el presupuesto de 1938, en esta ocasión con el Grupo Escolar Ramón de Carranza como destino. La última vez que vemos su nombre es en las plantillas aprobadas para 1941.

Petra Luna Cabezas: prestaba sus servicios en el laboratorio municipal desde el 7 de diciembre de 1931. El 7 de septiembre de 1931 tomó el cargo de moza de laboratorio, siéndole dado en propiedad el 18 de enero de 1935. Tras ser cesada, vemos su nombre en las plantillas aprobadas en el año 1941. Por último, sabemos que, en el año 1950, contando ya con más de 70 años de edad, se vio en la necesidad de pedir una prórroga para la jubilación, por no haber alcanzado los 20 años en el servicio.

Josefa Luna Cabezas: Limpiadora del laboratorio municipal, cesó junto al resto del personal interino nombrado con anterioridad al 1 de agosto.

La vemos también en el listado de personas acusadas por “rojas” y haber pertenecido al Frente Popular. En cualquier caso, el 19 de noviembre de 1936 se confirmó su reposición. Su nombre aparece también en las plantillas aprobadas del año 1941.

María Lutero Martínez: Fue nombrada maestra auxiliar interina en las Escuelas Profesionales sitas en la calle José de Dios, Nº 6, el 6 de marzo de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular. Cesó junto al resto del personal interino de Instrucción Pública el 5 de agosto de ese mismo año, pero el día 11 de septiembre volvió a ser nombrada auxiliar no técnica interina. Una vez más cesó por acuerdo del ayuntamiento una semana más tarde, pero el 14 de octubre volvió a reincorporarse como auxiliar no técnica interina en la Escuela Sanatorio de la Playa. En el presupuesto de 1938 sigue figurando con el mismo cargo.

Josefa Salgueiro Castro: Conocemos, gracias a un documento de su puño y letra, que el día 13 de marzo de 1934 tomó con carácter interino el cargo de conductora. Allí estuvo hasta el 18 de julio de 1936, que con motivo del “Glorioso y Salvador Movimiento Nacional”, quedaron sin actuar para el examen y circunstancias pertinentes del nuevo

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régimen. Efectivamente, cesó junto al resto del personal interino de Instrucción Pública, cese que fue ratificado por haber sido relacionada con el Frente popular. Por suerte, el 21 de septiembre de ese mismo año, por acuerdo unánime del Cabildo volvió a integrarse en la ocupación, hecho que se volvió a aprobar el 3 de marzo del año siguiente. El 13 de septiembre de 1944 asumió el cargo en propiedad, estableciéndose en la Escuela Municipal de Párvulos, Nº 7, posteriormente pasó al grupo Generalísimo Franco, y en 1957 la destinaron a la escuela aneja a la del magisterio femenino, “Fernán Caballero”. Finalmente diremos que el último dato que tenemos data de 1964, momento en el que trabajaba como conductora en la Escuela de párvulos.

Milagros Sánchez Botijo: Fue contratada como conductora interina de la Escuela de Párvulos el 15 de febrero de 1933. El día 5 de agosto de 1936, por ser parte del personal interino de Instrucción Pública, cesó junto al resto de sus compañeras. El cese fue ratificado por descubrirse su relación con el Frente Popular. A pesar de ello, el 18 de septiembre fue devuelta a su cargo como conductora interina, obteniendo la plaza en propiedad en 1944. Por último, sabemos que en el año 1947 tenía como destino el Grupo Escolar “Generalísimo Franco” y que continuaba en activo en 1964.

Ana Sánchez Muñoz: El 18 de mayo de 1935 ingresó como conductora temporera en la Escuela de Párvulos sita en la calle Manuel Rancés, Nº 4. Desconocemos la razón por la cual cesó el 21 de febrero de 1936, quizás por su carácter interino. En cualquier caso, el 13 de marzo de 1936, coincidiendo con el periodo del Frente Popular, volvió a ocupar el puesto. Posteriormente, como todos sus compañeros de Instrucción Pública sin plaza fija, el 5 de agosto del mismo año cesó, siendo además relacionada con el mismo Frente Popular. El 18 de septiembre veremos que volvió a ingresar como conductora interina, y dos años más tarde cambia de puesto, en esta ocasión, para realizar labores de auxiliar no técnica. El mismo le fue otorgado en propiedad en 1944. Otros datos que nos aporta la documentación es que durante los años 40 trabajó en las Escuelas de San Severiano y que se mantuvo en activo hasta el año 1976, momento de su jubilación.

Emilia Selma Cimbrelo: Enfermera de la Casa de Asistencia Pública nombrada como interina el 1 de agosto de 1934. El 31 de diciembre de

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ese año cesó por supresión en la plaza en el presupuesto de 1935. El 17 de mayo volvió a tener ocupación hasta que en 1936 figura nuevamente como enfermera interina. El hecho de no contar con plaza fija le llevó a cesar de nuevo el 5 de agosto de 1936, siendo además relacionada con el Frente Popular. Figura también en un documento donde se recogían todos los nombres del personal nombrado con carácter interino con anterioridad al 1 de agosto. Posteriormente, en septiembre volvió al Ayuntamiento, siendo designada por el Delegado de Beneficencia para prestar servicios como enfermera en la Casa de Asistencia. Por último, en septiembre de 1937 fue confirmada en el cargo de enfermera de la casa de Asistencia en la vacante que en su plantilla existía.

Carmen Valiente Guerrero: Fue seleccionada como conductora interina de la Escuela de Párvulos el día 15 de febrero de 1933. Al ser parte del personal temporero de Instrucción Pública, cesó el 5 de agosto de 1936, como consecuencia del golpe. Aunque fue relacionada con el Frente Popular, el 18 de septiembre volvió a ser nombrada conductora interina.

Volvemos a ver su nombre en las plantillas aprobadas para el año 1941, y tres años más tarde consiguió obtener el cargo en propiedad. El último dato de su actividad laboral que tenemos data del año 1964.

Como hemos podido comprobar, los instrumentos utilizados para la depuración fueron idénticos para hombres y mujeres. Esto demuestra que, aunque a menor escala, un sector femenino de la población gaditana luchó por unos intereses comunes y por unas libertades que lejos estaban de los ideales del nuevo gobierno. Si tuviéramos que establecer alguna diferencia significativa sería que, a diferencia de lo ocurrido con decenas de hombres, ninguna mujer trabajadora del Ayuntamiento de Cádiz fue fusilada por razones políticas.

Así fue como, debido a esta política represiva y a un serio retroceso en el plano de las libertades, gran parte del sector femenino de la población se vio excluido de numerosas actividades, especialmente laborales. En definitiva, la llegada de la Dictadura y el regreso de millones de mujeres en sus hogares –por cuestiones políticas o no– fue parte decisiva de un sistema de control social que perduraría varias décadas más y que convertiría a la mujer en un ser jurídicamente inferior.

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Fuentes y bibliografía Fuentes Archivo Histórico Municipal de Cádiz

Actas Capitulares (1936-1951)

Negociado de Personal. Expedientes de la Guardia Municipal

Libros índices y diarios de inhumaciones del cementerio San José (1936-1943)

Libro Registro de Personal

Partes diarios de la Guardia Municipal (1936-1937) Caja 1014

Fichero del Servicio de Información de la Guardia Municipal Varios, cajas 1036 Serie Beneficencia. Huérfanos de guerra (Cajas 3030, 3331, 6002, 7712) Oficial Mayor (Cajas 375, 384) Personal. Expedientes (Cajas 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2384,

2386, 2387, 2388, 2639, 6014) Secretaría particular de alcaldía (Cajas 441, 1016, 1018, 1019, 1020, 1426, 1453, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487, 1488, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1517, 1522, 1525, 1527, 1531, 1532, 1533, 1538, 1961, 2320, 4081, 4084, 4887, 4888, 4893, 4894, 4896, 5089, 6839, 6845, 8019) Archivo Histórico Provincial de Cádiz

Depuración de maestros (Cajas 2006 y 2998, libro registro 5349) Expedientes personales del negociado de Orden Público del Gobierno Civil Prisión Central de El Puerto de Santa María. Catálogo de expedientes de reclusos por rebelión (1936-1955) Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa

Legajos 28223, 2775, 2778 Archivo Registro Civil de Cádiz, Libros de Santa Cruz y San Antonio (19361947) Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero en Madrid

Legajo 16823 Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo en Sevilla Causas: Legajos 61, 94, 98, 105, 111, 115, 131, 300, 401 Procedimientos Previos: Legajo 135 Procedimientos Sumarísimos de Urgencia: Legajos 1132, 1133, 1134, 1135, 1140, 1157, 1162, 1171, 1177, 1191, 1199, 1151, 1153, 1154, 1158, 1165, 1170, 1175, 1181, 1200, 1201, 1203, 1269, 1275, 1283, 1320, 1336, 1372 Serie 8.000: Legajo 22

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¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca

Serie Masonería: BC 205

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo: Caja 22205

Serie Político Social, Alicante Caja 82

Tribunal de Responsabilidades Políticas Cajas 21 y 75

Hemerográficas

Diario de Cádiz (1936-1944), BPPC ABC (1936-1950) http://hemeroteca.abc.es/

Recursos electrónicos http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/publicaciones/listar_ numeros.cmd https://www.boe.es/ http://www.todoslosnombres.org

Bibliografía Álvarez Rey, Leandro y Fernando Martínez López, Los masones andaluces del siglo XX. Diccionario biográfico, Sevilla, Universidad, 2009. Álvaro Dueñas, Manuel, Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo. La jurisdicción especial de responsabilidades políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

Badiola Aritzmuño, Ascensión, La represión franquista en el País Vasco.

Cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra, Tesis Doctoral, UNED, 2015.

Barranquero Texeira, Encarnación, “La depuración municipal como medida represiva del nuevo régimen (Málaga 1937-1939)”, Actas del VII Congreso de Profesores Investigadores Hespérides, Motril, 1988, pp. 377-387.

212

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Bela Durán, José, El comercio – la industria – la banca. Guía anuario de la provincia de Cádiz para 1932, Cádiz, 1932.

Caro Cancela, Diego, “La aplicación de la Ley de Responsabilidades políticas en Cádiz”, en Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez y Antonio Barragán (coord.), El “botín de guerra” en Andalucía. Cultura represiva y víctima de la Ley de Responsabilidades políticas, 1936-3945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.

Díaz Arriaza, José, “Depuración de funcionarios y empleados del ayuntamiento y la Diputación de Sevilla” en J. Cuesta (coordinador), La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista, 1936-1975, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009, pp. 298-311.

Díez Fuentes, José Manuel, República y primer franquismo: la mujer española entre el esplendor y la miseria, 1930-1950, Alternativas, Cuadernos de Trabajo Social Nº 3, Universidad de Alicante, Alicante, 1995.

Domínguez Pérez, Alicia, El verano que trajo un largo invierno, Cádiz, Quorum, 2011.

Espinosa Maestre, Francisco, La justicia de Queipo, Barcelona, Crítica, 2005.

Fernández Luceño, María Victoria, Médicos republicanos y masones en Andalucía Contemporánea. La represión franquista, Sevilla, Aconcagua, 2016.

Fernández Luceño, María Victoria, La Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo, Sevilla, Aconcagua, 2018.

Garrido Cárdenas, María del Pilar, Higueras Rodríguez y María Lina, El papel de la mujer en el Franquismo y en la Democracia. Análisis comparativo entre épocas. Reidocrea 2, Universidad de Granada, 2013.

Gil Honduvilla, Joaquín, Militares y sublevación. Cádiz y provincia 1936, Sevilla, Muñoz Moya-Editores Extremeños, 2013.

Gutiérrez Molina, José Luis, La Justicia del Terror, Cádiz, Mayi, 2015.

Herrera Rodríguez, Francisco y Cabrera Afonso, Juan Rafael, “Expedientes de depuración de profesionales sanitarios a través de la documentación existente en el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz (1941-1946)”, José Martínez Pérez (coordinador), La medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica, Albacete, Actas, 2002, pp. 401-421.

Langa Nuño, Concha, Periodismo y represión: los periodistas gaditanos y el franquismo (1936-1945), Cádiz, Quorum, 2009.

León Rojas, José, “Incautación de bienes y la aplicación de la ley de responsabilidades políticas en Tarifa: El caso de José Pérez Pérez”, Aljaranda, 89 (marzo 2016), pp. 43-64.

López-García, María-Cristina y Gutiérrez Molina, José Luis, “Informe de las depuraciones por los golpistas de 1936 del personal del ayuntamiento de Cádiz”, Cádiz, julio de 2018.

Martín Nájera, Aurelio, Diccionario biográfico del socialismo español, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2010.

213

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Mateo Avilés, Elías de, “Orígenes ideológicos del personal político franquista en Andalucía. Los ayuntamientos malagueños”, Actas del IV Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1990, pp. 225-245 Moreno Sáez, Francisco, La represión franquista en la provincia de Alicante, Nuestra bandera: revista de debate político, Partido Comunista de España, s.l, 2010.

Moreno Tello, Santiago (editor), La destrucción de la democracia: vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, Sevilla, Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, 2012, 2 vols.

Núñez Calvo, Jesús, La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en la Guerra Civil (1936-1939), Tesis doctoral, UNED, 2016.

Peinado Rodríguez, Matilde, “Reflexiones en torno a la “feminidad”. Claves para entender la pervivencia del patriarcado (1850-1950)”, en Alejandra Ibarra Aguirregabiria, No es país para jóvenes, Instituto Valentín Foronda, Granada, 2012.

Pettenghi Lachambre, José, La escuela derrotada. Depuración y represión del magisterio en la provincia de Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quorum, 2005.

Prieto Borrego, Lucía, Los expedientes de depuración de funcionarios municipales. Una fuente para el estudio de la violencia institucional, BAETICA. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, (s.l), 2015.

Restán, Vicente A., Anuario Guía Comercial de Cádiz para 1936, Cádiz, 1936.

Roca y Girona, Jordi; Los (no) lugares de las mujeres durante el franquismo, Gerónimo de Uztariz, Instituto Gerónimo de Uztariz, Navarra, 2005.

Rodríguez Oñatibia, Amaia, Errenteria 1936-1945. Conculcación de los derechos humanos y represión durante la guerra civil y el primer franquismo, San Sebastián, Errenteriako Udala – Aranzadi Zientzia Elkartea, 2019.

Román Román, Jesús, Guijo Maruri, José Manuel, Delimitación y exhumación de represaliados por el franquismo en el antiguo cementerio de San José de Cádiz.

Informe preliminar de las actuaciones en el cementerio de San José. Inédito.

Romero Romero, Fernando, Represión y muerte en la provincia de Cádiz. Del olvido a la recuperación de la Memoria Histórica. Artículo publicado en la web: www.todoslosnombres.org Juliá, Santos, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Estudios de historia contemporánea Siglo XXI, Siglo XXI España Editores, Madrid, 1979.

Sigler Silvera, Fernando, Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia del dirigente republicano y masón gaditano, Manuel Muñoz Martínez, Cádiz, Tréveris, 2010.

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TABLAS Y GRÁFICOS

Tablas y Gráficos TABLA DE DEPURADOS DE FORMA DEFINITIVA Signatura AHMC

Nombre

Asesinado o muerto en prisión

Oficio

Categoría

5642/191

Abalo Ortega, Serafín

NO

Sanidad

Temporero

5642/161 5642/149

Abalo, Rosario

NO

Lavandera (Escuelas de La Piedad)

Funcionaria

Aceituno Rocamonde, Manuel Acevedo Farrona, Jesús Acosta Rodríguez, José

NO

Mozo del Mercado

Temporero

NO

SMAE. Extramuros

Funcionario

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

Aguilocho Iglesias, Francisco

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153

Ahumada de los Reyes, Manuel

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153

Albiol Moreno, Juan

NO

SMAE. Taller

Funcionario

1489/33 5642 5642 1459

Alemán Fernández, José Allely Aranda, José

1490/5 5642 5642/sn

Altamirano Benítez, Encarnación

NO

-

Álvarez García, Juan

SÍ

5642/153 5642/191

Álvarez Saldaña, Demetrio Amaya Rodríguez, Francisco

2377/81 2379/87 5642/153 5642/153 5642 5642/153

1490/16

NO NO

NO NO

SMAE. Depósitos de Puntales SMAE. Taller Casa de Asistencia Pública. Limpiadora (Beneficencia y Sanidad) Vías y Obras. Personal no obrero. Ayudante inspector en Extramuros Estadística Matadero. Ayudante motores Practicante (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario Funcionario Temporera

Desconocido Temporero Temporero

1490/18 5642 5642/ sn

Amaya Vázquez, Joaquín

NO

5642/153

Amigo García, Tomás

NO

SMAE. Extramuros

Funcionario

1490/25 5642/155 5642/161 5642/191

Aparici Trujillo, María

NO

Casa de Asistencia Pública. Enfermera

Temporera

NO

Estadística

Temporero

NO

Guardia 2ª

Funcionario

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

4884/30 5089 5642/153

Aparicio Franco, Joaquín Aparicio García, Antonio Aragón Pérez, Francisco

Funcionario

215

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

1491/7 5642/153

Aragón Rodríguez, Manuel

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

5642 5642/153

Aragón Sánchez, José

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642 1464

Aranda Pérez, Fermín

NO

SMAE. Ordenanzas

Funcionario

Ayala Sánchez, Miguel

NO

1464

Ballester Tinoco, Vicente

SÍ

1492/17 5642/sn

Baras Artés, Manuel

1464

SÍ

Administración de Rentas, agente 2ª Clase Vías y Obras. Personal no obrero. Capataz encargado del patio Jefe de la Policía Municipal SMAE. Personal Administrativo

Funcionario Funcionario Temporero

-

Barber Rivera, Rafael

NO

1492719 5642/161 5642/414 1464 5642/sn

Barbosa Batista, Mariano

NO

Sirviente (oficinas centrales)

Temporero

4885/8

Bárcenas Fernández, Guillermo

NO

Guardia 1ª

Funcionario

1492/28 5642/191

Barragán Moya, Luis

NO

Bombero

Funcionario

5642 5642/153 1464

Barroso Carrasco, Manuel

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153 5642/191

Barroso Quirós, Francisco

NO

Estadística

Temporero

5642/153 5642/191

Bartús Lobato, Eduardo

SÍ

Estadística

Temporero

1493/2 5642/134 5642/191

Bechiarelli Mercado, Ramón

NO

Bombero

Funcionario

1493/3 5642/156 5642/161 1549 5642/191

Bechiarelli Pérez, Luis

NO

Instrucción Pública.

Administrador Escuelas de la Playa y Montañés

Temporero

5642/153

Bello Varela, Francisco

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

5642/153 5642/153

Benítez Candón, Manuel Benítez Durán, Eduardo

NO NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas SMAE. Exterior, redes y acometidas

Desconocido

Funcionario Funcionario

5642/153 1459

Benítez Durán, José María

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

5642/153

Benítez González, José

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

216

TABLAS Y GRÁFICOS

5642/153 1493/19 5642/183 5642/sn 5642/153 5642/150

Benítez Varela, José

NO

SMAE. Taller

Funcionario

Berasuaín Soto, Benito

NO

Escribiente (oficinas centrales)

Desconocido

NO

SMAE. Extramuros

NO

Estadística

Temporero

Berea Graña, Francisco Bermudez Domínguez, Antonio

Funcionario

1459 5642/191

Blanco Serrano, Julio

NO

Arquitecto

Temporero

5642/153 5642/191

Bouha Feria, Carlos

NO

Estadística

Temporero

5642 5642/151 5642/183 5642/sn 2379

Bauzano Guillén, Pablo

NO

Laboratorio. Director Servicio Epidemiología.

(Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

SÍ

Médico

Funcionario

NO

Guardia 2ª

Funcionario

5642/153 1495/26 4886/12

Bravo Marín, Santiago Calbo Cuadrado, Rafael Campos Guerrero, Manuel

1496/11 5642 5642/ sn

Campos Loscos, José

NO

Casa de Asistencia Pública. Sirviente (Beneficencia y Sanidad)

Temporero

5642/191

Campos Marín, Alberto

NO

Estadística

Temporero

4886/14

Camúñez Jiménez,Francisco

NO

Guardia 1ª

Funcionario

-

Candorsio Pérez, José

SÍ

Vías y Obras. Personal no obrero. Portero

Desconocido

1496/18 5642/156 5642/161 5642/191

Cano López, Mercedes

NO

Instrucción Pública.

Maestras auxiliares

Temporera

-

Cano, Francisco

NO

Guardia 2ª

Desconocido

5642/161 5642/191

Cantero Cepillo, Francisco

NO

Bombero

Funcionario

5642/161 5642/149

Cantero, Antonia

NO

5642/153 5642/153 -

Cañas Martínez, Santiago Caramé Maceira, Antonio Carmona Espinosa, Eduardo

NO NO NO

Pinche de cocina (Escuelas de La Piedad) SMAE. Exterior, redes y acometidas Limpieza Pública.

Barrendero SMAE. Personal Administrativo

Funcionaria Funcionario Funcionario Desconocido

217

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

5642/150 5642/191 1496/33 1497/3 1464 1459 -

Carpintero Muñoz, Alfredo Carrasco Illescas, Vicente Carreras Cazorla, José (o José Antonio)

NO

Carrero Armario, Antonio

SÍ

Carrillo García, Agustín Castellano Sánchez, José

NO

NO

SÍ NO

Estadística

Desconocido

Médico (Beneficencia y Sanidad Limpieza Pública. R.B. Piccolo Vías y Obras. Personal no obrero. Auxiliar administrativo Vías y Obras. Personal no obrero. Listero Vías y Obras. Personal no obrero. Guarda Vías y Obras. Personal no obrero. Inspector obreros

Funcionario Funcionario Funcionario Funcionario Desconocido

-

Castillo Bustos, Antonio del

NO

5642/153

Castillo Galindo, José

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

1497/15 5642/155 5642/161 5642/191

Castro Bedoya, Francisco

NO

Auxiliar (Inspector Abastos)

Temporero

5642/153 5642/191

Castro Martínez, José

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

-

Castro Moreno, José de

NO

Estadística

Temporero

1497/22 5642/151 5642/153 5642/191

Castro Salas, Joaquín de

NO

Estadística

Temporero

5642 5642/153 4887/9 5642/191 2320/9 5642/153 5642 2320/13 5642/191

218

Cazalla Rodríguez, Manuel (o José) Cebada Soto, Manuel Collantes Orgambides, Pedro Conde Aguilera, Antonio Conde Aguilera, José Conde Suárez, Agustín Conejero Gómez, Manuel Cordones Díaz, José Cornejo Utrera, Antonio

NO NO

Administración Rentas.

Agente 2ª SMAE. Exterior, redes y acometidas

Desconocido

Funcionario Desconocido

NO

Guardia 2ª

Funcionario

NO

Vías y Obras. Personal no obrero. Listero

Funcionario

NO

Estadística

Temporero

NO

SMAE. San Fernando

Desconocido

NO

SMAE. Personal Administrativo Estadística

NO

Lonja de Frutas. Mozo

NO

Funcionario Temporero Funcionario

TABLAS Y GRÁFICOS

2320/23 5642/155 5642/161 5642/191

Costa García, Manuel

SÍ

5642/153

Costa, José

NO

5642/153

Crespo Álvarez, José Luis

NO

2320/39 5642/153 5642/191

Cuevas, Manuel de las

NO

Estadística

Temporero

2320/41 5642/156 5642/161 5642/191

Curado Ramón, Ana

NO

Instrucción Pública.

Maestra

Desconocida

1498/4 5642 5642/ sn 2384

Davín del Pozo, Salvador

NO

Practicante (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

1498/10 5642/158 5642/161 5642/191

Delgado Daudero (o Deudero), Emilia

NO

Farmacia Municipal.

Meritoria

Funcionaria

-

Díaz López, Alfonso

NO

SMAE. Ordenanzas

Desconocido

5642/153

Díaz Macías, Antonio

NO

SMAE. Extramuros

Funcionario

5642/153

Domínguez Benítez, Francisco Domínguez Martín, Alejandro Domínguez Millán, Antonio

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

NO

-

Temporero

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

5642/191

Dueñas Ristori, Ángel

NO

Estadística

Temporero

5642/153

Durán Silva, Federico

NO

SMAE. Laboratorio contadores agua

Funcionario

5642/161 5642/149

Durán, Dolores

NO

Mozo (Escuelas de la Piedad)

Funcionaria

-

Fernández Balestroni, Manuel

NO

Vías y Obras. Personal no obrero. Guarda

Desconocido

5642/153

Fernández Moguer, Rafael (o Manuel)

NO

SMAE. Taller

Funcionario

5642/153

Fernández Monga, Servando

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

5642/153 5642/191 5642/153

Cementerio.

Peón de albañil Limpieza Pública. R.B. Piccolo Limpieza Pública.

Carrero

Temporero Funcionario Funcionario

219

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

5642/161 5642/149 5642/153 5642/191

Fernández Moreno, Diego

SÍ

Cocinero de las escuelas de La Piedad

Temporero

Fernández Quiñones, María

NO

Casa de Asistencia Pública. Limpiadora (Beneficencia y Sanidad)

Temporera

5642/151 5642/191

Fierro García, José

NO

-

Temporero

5642/151

Fopiany Romero, Juan

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

5642/153

Fornell Marín, Cristóbal

NO

SMAE. Suministro de agua en los muelles

Funcionario

5642 5642/153

Fuentes Cabello, Tomás

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153

Gallardo Benítez, Manuel

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

-

Gallardo Saez, Antonio

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Desconocido

1499/13 5642/155 5642/161 5642 5642/ sn 5642/191

5642 5642/153 5642/153

Gallé García, José María García Alarcón, Manuel (o Rafael) García Alonso, Mamerto García Castellón, José

SÍ NO

SMAE. Personal Administrativo SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario Funcionario

NO

Cabo Policía Municipal

Desconocido

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

1479/4 5642/155 5642/161 5642/191

García Castilla, Miguel

NO

Médico (tocólogo)

Temporero

5642/153

García Consuegra, Enrique

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

-

García Cortés, Pedro

SÍ

Limpieza Pública.

Carrero

Desconocido

5642/151 1464 5642/183

García Gómez, Diego

SÍ

-

220

García Gómez, Emilio

NO

Guardia 2ª SMAE. Subestación

Funcionario Desconocido

TABLAS Y GRÁFICOS

-

García González, Eloy García González, José

NO

SMAE.

Temporero

SÍ

Personal Administrativo

Desconocido

5642/191

García Jurado, Luisa

NO

Intervención

Temporera

5642/191

García Martín, Ramón

NO

Arquitecto

Temporero

5642/153 5642/191

García Muñoz, Juan (o Juan Antonio)

NO

Estadística

Temporero

5089

García Pérez, José

SÍ

Guardia 2ª

Desconocido

5642

García Rivas, Miguel

NO

SMAE. Personal Administrativo

Funcionario

1480/2 5642/151 5642/183 5642/sn

García Rodríguez, Emilio

SÍ

Escribiente

Funcionario

5642/153

García Rodríguez, Sebastián

NO

SMAE. Extramuros

Funcionario

-

García, Dolores

NO

Lavandera Instrucción Pública

Desconocida

NO

Enseñanzas musicales

Temporero

5642/153

Gessa Loaysa, Antonio Giadanes Cadavid, José

NO

Funcionario

5642/153

Gil Jordán, José

5642/191

Giorla Guisardo (o Lizarde), Ramón Gómez Cuervo, Francisco Gómez de San Marcos, José

NO

Estadística

Temporero

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

Gómez Luque, Rosario

NO

Conductora

Temporera

NO

Estadística

Temporero

NO

SMAE. Personal Administrativo

Desconocido

NO

Funcionario

Desconocido

NO

SMAE.

Funcionario

NO

Agente 2º de Rentas

Funcionario

5642/153 5642/153 1481/18 5642/156 5642/161 5642/191 5642/191 2383 1459/6014

González Caballos, Antonio González Domínguez, Esteban González Domínguez, José González Domínguez, Sebastián González Gil, Antonio

NO

Limpieza Pública.

Carrero SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

221

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

4888/57

González Gómez, Tomás

NO

Guardia 2ª

Funcionario

1482/39 5642/151 5642/183

González Rodríguez, José

NO

Auxiliar rentas

Funcionario

5642/153 5642/161 5642/149 -

Gregorio Arenas, Mateo Guerra, Dolores de la Guijarro Macías, Diego

NO NO NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas Lavandera (Escuelas de La Piedad) Funcionario SMAE. Limpieza Pública.

Carrero SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario Funcionaria Desconocido

5642/153

Gutiérrez Amor, José

NO

5642

Gutiérrez Calle, Diego

NO

1532/21 5642/159 5642/161

Guzmán Galván, Manuel

NO

Subastador Lonja

Funcionario

NO

SMAE. Personal técnico

Funcionario

NO

Oficial 2º rentas

Desconocido

5642 6014 5642/153 1464 5642/153

Haynes Younguer, Carlos Henry González, Vicente Hermida Velasco, Alfredo Hernández Macías, José Ramón

NO NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario Funcionario

Funcionario Funcionario

1487/5 5642/155 5642/161 5642/191

Iglesias Barbero, Francisco

NO

Casa de Socorro de Segismundo Moret.

Conserje

Temporero

5642/161 1459

Iglesias Carrasco, José

NO

Ayudante de cocina (Escuelas de La Piedad)

Funcionario

1487/6 5642/156 5642/161 5642/191

Iglesias Ramos, Nieves

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

5642/153 5642/153 5642 5642/153 4619/32 5642/153 5642/153

222

Iglesias Ros, Eduardo Iglesias Sánchez, Norberto Jara Pérez, Juan de la Jiménez Lebrón, Juan Jiménez Sánchez, Carmen Junquera Sexto, Manuel Jurado Trujillo, Antonio

NO SÍ NO NO NO NO NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas SMAE. Suministro de agua en los muelles SMAE. Taller SMAE. Exterior, redes y acometidas Asilo de la Infancia (matrona) Limpieza Pública.

Carrero SMAE. Taller.

Funcionario Funcionario Funcionario Funcionario Funcionaria Funcionario Funcionario

TABLAS Y GRÁFICOS

5642/153 1521/2 56427sn 1521/14 5642/151 5642/183 5642/191 5642/153 5642 5642/153 4891/1 5089 5642/153 5642/153 5642/191

Lacera (o Lasera) Troba, José Lagares Bustelo, José Lapi García, Manuel

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas.

Funcionario

NO

Auxiliar de lonja

Temporero

SÍ

Chófer

Funcionario

Lauzau Lorenzo, Benito Ligero Hernández, León Linares Herrera, Manuel

NO

Loaiza Ramírez, Julio Loaysa Martínez, Manuel Lois Fullerat, Marcial López Campos, Sofía

Limpieza Pública.

Barrendero Cocinero en Colonia La Piedad SMAE. Personal Administrativo

Desconocido

NO

Guardia 2ª

Funcionario

NO

Limpieza Pública

Funcionario

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

NO

Intervención

Temporera

NO

NO

Funcionario

Funcionario

5642 5642/153 1459

López Macías, Juan

SÍ

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

-

Lopez Olí, Francisco

SÍ

Vías y Obras. Personal no obrero. Capataz

Desconocido

5642/151 5642/183 5642/147

López Quera, Alfonso

SÍ

Practicante

Funcionario

5642/156 5642/161 5642/191

López Rosendo, Ana

NO

Ayudante de cocina (Escuelas de la Playa)

Temporera

-

López, Francisco

NO

5642/161 5642/149

López, Teodoro

NO

5642 5642/153

Lorenzo Sánchez, Antonio Lorenzo Sierra, Andrés Loubet Reinante, Julio Macía Román, Manuel

5642/153 -

5642 5642/153

Macías Cano, Diego

NO

Sirviente (Escuelas de la Playa) Mozo (Escuelas de la Piedad) SMAE. Personal Administrativo

Desconocido Funcionario Funcionario

NO

SMAE. Extramuros

Funcionario

NO

Estadística

Temporero

NO

Estadística

Temporero

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

223

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

5642

Macías Retes, Manuel

SÍ

SMAE. Puerto Real

Funcionario

-

Macías Ríos, Juan de Dios

NO

Empleado de SMAE.

Desconocido

5642/153

Madriñán Barreiro, Gumersindo

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

1515/23 5642/151 5642/183 5642/sn

Marchante Carrasco, Antonio

SÍ

Oficial 1º

Funcionario

5642/153

María Benítez, Serafín de

NO

SMAE. Ordenanzas

Funcionario

1515/31 5642/151 5642/183 5642/191

Marín Hinojosa, Juan

SÍ

Chófer

Funcionario

-

Marín, Manuel

NO

Médico de la Beneficencia

Desconocido

5642/153

Marques ( o Márquez) García, Francisco

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

1515/45 5642/155 5642/161 5642/153 5642/183 5642/191

Márquez Soler, Pedro

NO

Médico

Funcionario

1516/14 5642/173

Martínez Laiglesia, Hermógenes

NO

Practicante (Beneficencia)

Funcionario

5642/153

Martínez Mateos, José

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

1516/32 5642/191

Mata Pino, José

SÍ

Bombero

Funcionario

1517/1 5642/156 5642/161 5642/191

Matías Andrés, José

NO

Instrucción Pública.

Jardinero Fermín Salvochea (portero)

Temporero

5642/191 5642/153

5642/153

224

Mazón Sáinz, Manuel Mediavilla Moreno, Julio Medinilla Muñiz, Andrés

SÍ NO

NO

Vías y Obras. Personal no obrero. Practicante SMAE. Exterior, redes y acometidas SMAE. Extramuros

Funcionario Funcionario

Funcionario

TABLAS Y GRÁFICOS

1515/15 5642/156 5642/161 5642/191

Mendoza Galindo, Carmen

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

5642 2387

Mesa Rodríguez, Antonio

NO

SMAE. Personal Administrativo

Funcionario

1517/21 5642 5642/sn

Mesa (Messa) Rodríguez, Manuel

NO

Practicante (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

2639

Mirecki Bach, Pablo

SÍ

Cabo Policía Municipal

Funcionario

5642/153 6014

Molina Ledo, Manuel

SÍ

SMAE. Personal A dministrativo

Funcionario

5642/153 5642 5642/153 5642/153 5642/153

Montañés Mora, Salvador Montero Pastrana, Rafael Montes Chilia, Manuel Montes Narbona, Manuel

NO NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario Funcionario

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

2383

Montesinos Barranco, José

NO

SMAE. Personal Administrativo

Funcionario

2379

Monzalbete Noguera, Manuel

NO

SMAE. Suministro de agua en los muelles

Funcionario

1518/4 5642 2639

Monzalvete Riego, Emilio

NO

Casa de Asistencia Pública. Sirviente (Beneficencia y Sanidad) Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Temporero

Moreno Bohórquez, José Moreno Cárdenas, Antonio Moreno Cortés, Manuel

NO

Ordenanza

Desconocido

SÍ

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/155 5642/161 5642/191 2379

Moreno García, Pedro

NO

Guarda Jardines

Temporero

5642/150 5642/191

Moreno Rais, Juan de Dios

NO

Estadística

Temporero

5642/153

Moreno Roa, Manuel

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153 5642/153

NO

Funcionario

225

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

1531/5 5642/3 5642/148 5642/183 5642/sn 5642/191

Muñoz de Arenillas Carrillo, Pedro

SÍ

Instrucción Pública.

Maestro

Funcionario

1531/11 5642/156 5642/161 5642/191

Muñoz de Bustillo, Casilda

NO

Instrucción Pública.

Maestra

Temporera

1531/12 5642/156 5642/161 5642/191

Muñoz de Bustillo, María

NO

Instrucción Pública.

Celadora

Desconocida

1531/14

Muñoz Dueñas, Antonio

SÍ

Jefe Guardia Municipal Limpieza Pública.

Barrendero

-

Neto Caballero, José

NO

Sirviente

5642/153

Neupaver Pajuelo, Juan M.

NO

-

Nieto Díaz, Luis

NO

5642/153

Noya Pérez, Benito

NO

1519/13 5642 5642/151 5642/183

Ordaz Caballero, Enrique

NO

5642/sn 2386

Ordoñez Sánchez, Andrés

NO

5642/153

O'Shea Albor, Arturo

5642/191

Limpieza Pública.

Barrendero Vías y Obras. Personal no obrero. Listero SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario Desconocido Funcionario Desconocido Funcionario

Practicante (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

Sanidad

Funcionario

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporero

Padilla Medina, Manuel

NO

Estadística

Temporero

1484/2 5642/156 5642/161 5642/192

Padrón, Carmen

NO

Lavandera (Escuelas de la Playa)

Temporera

5642/191

Palacios Pascual, Raimundo

NO

Estadística

Temporero

5642/156 5642/161 5642/191

Palomo Sánchez, María

NO

Sirviente (Escuelas de la Playa)

Temporera

SÍ

SMAE. Personal técnico

Funcionario

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

NO

Farmacia

Temporero

1484/16 5642/153 1459 5642/153 5642/191

226

Parodi Rosas, Eduardo Parras Rodríguez, José Pastrana Castillo, Francisco Pastrana García, José

TABLAS Y GRÁFICOS

5642/153

Patino Trujillo, Manuel

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

1524/3 5642/161 5642/149

Pavón Muñoz, Aurora

NO

Practicante colonia La Piedad

Funcionaria

1524/4 5642/153 5642/191

Pavón Rodríguez, José

NO

Estadística

Temporero

1524/5 4893/2

Pecino Pérez, Manuel

NO

Guardia 2ª

Funcionario

5642/153

Pedrosa Gutiérrez, Antonio

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153

Peralta Vera, José

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

5642/153

Pereira Maza, Antonio

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

1524/18 5642/156 5642/161 5642/191

Pérez Caña, Rosario

NO

Instrucción Pública.

Celadora

Desconocida

-

Pérez de la Cruz, Rafael

NO

Estadística

Temporero

1524/24 5642 5642/ sn

Pérez Espinosa, Luisa

NO

Casa de Asistencia Pública. Limpiadora (Beneficencia y Sanidad)

1524/25 5642/156 5642/161 5642/191

Pérez García, Rosa

NO

Instrucción Pública.

Maestra

Desconocida

5642/153

Pérez Martínez, Cayetano

NO

SMAE. Laboratorio.

Funcionario

-

Pérez Sierra, Arturo

NO

SMAE. Personal agregado, médico

Desconocido

5642/sn 5642/191 5642/151 5642/153

Pichaco García, Rufino

SÍ

Laboratorio (Beneficencia y Sanidad)

Temporero

5642/191 5642/151

Pina Rivas, Salvador

NO

4893/18

Pinay (o Piney) del Toro, Ramón

NO

-

Sereno de comercio

Temporera

Temporero

Funcionario

227

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Ponce de León, Mercedes

NO

Instrucción Pública.

Limpiadora Joaquín Costa

Desconocida

1534/9

Portela Saavedra, José

NO

Sirviente

Temporero

1534/10 5642/sn 5642

Portela Saavedra, María

NO

5642 5642/153

Puente Sánchez, José Puerta Fondevila, Miguel Quijano Macías, Diego Quintana Bustillo, Emilio Quintero Macías, Enrique Ramos Benítez, Manuel

1534/5

5642/153 4081-32 1485/4 2379 5642/191 5642/151

NO NO

NO

Auxiliar rentas

Temporero

SÍ

SMAE. Suministro de agua en los muelles

Funcionario

NO

Delegación de Trabajo

Temporero

Chófer bomberos

Funcionario

5642/153

Real Ponce, José

NO

-

5642/191 5642/191 5642/153 5642/153 1474/29 5642//183 5642/sn 5642

228

Reina Utrera, Manuel Rendón de Vadiere, Francisco Rens Expósito, Manuel

NO

Riol López, Guillermo

NO

Riol Reborado, Rafael Rodríguez de la Cruz, Abelardo Rodríguez Domínguez, José Rodríguez Fernández, Enrique Rodríguez García, Juan Luis Rodríguez Ruiz, Juan

Funcionario Temporero

NO

5642/153

Funcionario

SMAE. Personal técnico

Ramos Benítez, Sebastián

5642/191

Temporera

NO

1472/10 5642/161 5642/191 5642/154

5642/153

Casa de Asistencia Pública. Limpiadora (Beneficencia y Sanidad) SMAE. Personal Administrativo SMAE. Exterior, redes y acometidas

NO

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas SMAE. Exterior, redes y acometidas Estadística Limpieza Pública.

Barrendero Vías y Obras. Personal no obrero. Encargado biblioteca monumento marqués de Comillas

Funcionario Funcionario Temporero Funcionario

Desconocido

NO

Asistencia Pública

Temporero

NO

Estadística

Temporero

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

NO NO NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo Casa de Asistencia Pública. Conserje (Beneficencia y Sanidad) SMAE. Personal Administrativo

Funcionario Funcionario Funcionario

TABLAS Y GRÁFICOS

-

Rodríguez, Miguel Ángel

NO

Jardines

Desconocido

1526/11 5642/156 5642/161 5642/191

Roldán Jiménez, Elisa

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica

Temporera

5642/153 5642/153

Romero Fernández, José Romero García, Miguel

5642/153 1459

Romeu Guerrero, Antonio

5642/153

Rosado Fernández, José Rueda Ruiz, Fernando Ruiz Couso (o Couzo), Pedro

1464 5642/153

NO NO

SMAE. Exterior, redes y acometida Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario Funcionario

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

NO

Practicante

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

Funcionario

1533/29 5642/161 5642/140

Ruiz Magaña, Ángel

NO

Subastador Lonja

Funcionario

5642/153

Ruiz Sánchez, Julio

NO

Limpieza Pública.

Carrero

Funcionario

1468/2 5642/161 5642/sn 5642/154 1464

Sacaluga Mayones, Lorenzo

NO

Chófer bomberos y parque de desinfección (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

-

Saiz Paredes, Julián

NO

SMAE. Personal técnico

Desconocido

5642/153

Saiz Peralta, Manuel (o Antonio)

NO

SMAE. Laboratorio

Funcionario

5642 2689/102

Salagaray Marín, Manuel

NO

SMAE. San Fernando

Funcionario

5642/191

Sanz Vicente, Emilio

NO

Jardines

Temporero

4895/24 2639

Sánchez Barco, Eleuterio Sánchez Flor, Manuel Sánchez Gutiérrez, Ramón

NO

Guardia 1ª

Funcionario

5642/153 5642/183 5642/151

NO NO

Limpieza Pública.

Carrero Encargado evacuatorios plaza de Mina

Funcionario Funcionario

1468/31 5642/155 5642/161 5642/191

Sánchez Jiménez, María

NO

Casa de Socorro de Segismundo Moret.

Limpiadora-lavandera

Temporera

5642/191 5642/153

Sánchez Naranjo, Francisco

NO

Estadística

Temporero

229

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

1476/8 5642/161 5642/191 5642/153

Sánchez Pardeza, Carlota Sánchez Pintado, Leopoldo Sánchez Plaza, Antonio

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

NO

SMAE. Personal técnico

Desconocido

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

-

Sánchez Rivas, Juan

NO

Vías y Obras. Personal no obrero. Capataz

Funcionario

-

Sánchez Sánchez, Juan

NO

SMAE. Taller

Funcionario

5642/161 5642/149

Sánchez, Luisa P.

NO

5642/153

Sanmartín Castro, Nicolás

NO

1477/8 5642/158 5642/161 5642/191

Santana Moreno, Fabián

NO

Farmacia Municipal.

Meritorio

Funcionario

5642/151 5642/153

Santandreu Pelateiro (o Paleteiro), José

SÍ

Estadística

Temporero

1477/11 5642/161 5642/191 5642/154

Santiago Abad, Manuel

NO

Chófer bomberos

Funcionario

1477/23 5642/183 5642

Selma Cimbrelo, María Seoane Fernández, Manuel Serrano de la Jara, José

NO NO NO

Auxiliar no técnica en la colonia de La Piedad Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario Funcionario

Casa de Asistencia Pública. Enfermera Limpieza Pública.

Carrero SMAE. Personal Administrativo

Desconocido

Desconocida

Funcionario

5642/153

Serrano Domínguez, Manuel

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

5642/153

Serrano Morales, Joaquín

NO

SMAE. Taller

Funcionario

1477/28 5642/sn

Serrano Salagaray, Fernando

SÍ

Contable Lonja

Temporero

5642/153

Sevilla Moratalla, Manuel

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

5642/183 5642/151 5642/153 1464

Suárez Haro, Francisco

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

1478/22 5642/183 5642 5642/151

Suffo Ramos, Antonio

NO

Médico (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

230

TABLAS Y GRÁFICOS

1527/13 5642/155 5642/161 5642/sn 5642/191

Tirbe Millán, Francisco

NO

5642/151 5642/153

Torres Quirós, Manuel

NO

5642/161 5642/149

Torres, Vicente

NO

5642/153

Ubiña Cuadrado, Antonio

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Funcionario

5642/153

Utrera Reyes, Antonio

NO

Chófer

Funcionario

1528/8 5642/155 5642/161 5642/191

Valle García, Alberto

NO

SMAE. Depósitos de Puntales

Temporero

5642/sn 1459 5642/153 5642/153

Vara Fernández, Alonso Vargas Picoito, Manuel Vecino Collado, Julián

NO NO

Cementerio. Limpia nichos (Beneficencia y sanidad) Limpieza Pública. R.B. Piccolo Cocinero (Escuela de La Piedad)

Mercado La Merced.

Mozo SMAE. Exterior, redes y acometidas

Temporero

Funcionario Funcionario

Desconocido Funcionario

NO

Lacero

Funcionario Funcionario

1469/17

Vera Clavijo, Fernando

NO

Jefe de Negociado. Asilo de la Infancia (delegado de la Junta)

1469/19 5642/183 5642/sn 5642/145 5642/151 4619/32

Vera Monge, Rafael de

NO

Estadística

5642/191 5642/153 1464

Vera Rodríguez, Joaquín

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Temporero

1469/22 5642/191

Vergara Díaz, José

NO

Jardines

Temporero

1470/7 5642/156 5642/161 5642/191 5642/149

Vilches (o Vilchez) Castell (o Castellano), Manuela

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica (Colonia Escolar La Piedad)

Temporera

5642/153 1470/12 1464

Vilchez Alonso, Manuel Villa García de Movellán, José Antonio

NO NO

Brigada Policía Municipal Limpieza Pública. R.B. Piccolo (lonja)

Funcionario

Funcionario Funcionario

231

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

5642/sn 5642/151

Villar Castro, José

NO

5642/153

Villar Pérez, Manuel

NO

5642/191 5642/153

Viloria Pérez, Fernando Viola Sánchez, Antonio Yañez Mateo, Joaquín

5642 5642/191 1539/2 1539/7 5642/161 5642/191 2639 -

232

Zambonino Cano, Leonardo Zaragozi Cruz, Antonio Zarco Moguel, Antonio

Vías y Obras. Herrero (cesante) Limpieza Pública.

Ayudante

Funcionario Funcionario

NO

Estadística

Temporero

NO

SMAE.

Funcionario

NO

Estadística

Temporero

SÍ

Vías y Obras. Personal no obrero. Inspector obreros

Funcionario

NO

Bombero, sargento

Funcionario

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

TABLAS Y GRÁFICOS

TRABAJADORES MUNICIPALES DEPURADOS Y READMITIDOS POSTERIORMENTE Signatura AHMC

Nombre

Asesinado o muerto en prisión

Sección en la que trabajaba

Categoría

1489/10 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Acosta Susino, Dolores

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica

Temporera

1489/17 5642/153

Aguilar López, Manuel

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

1489/21

Aguirre Núñez, Rafael

NO

Jardines. Guarda

Funcionario

1464 2384/161

Alconchel Bohórquez, Pedro

NO

Agente Rentas y Exacciones

Temporero

1491/24 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Asencio Medina, Carmen

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica

Temporera

1492/11 2386/50 2379 2384

Ballesteros Aliaga, José

NO

Laboratorio. Cabo brigada estufa

Funcionario

1492/38 5642/153 2386/50

Batista Casanova, José

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Temporero

1493/18 2386/50 2387/71 2387/41

Benjumeda Urain, Alfonso (o Luis Ignacio)

NO

Escribiente

Funcionario

1493/24 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Bernal Jaén, Adelaida

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporero

NO

Sanidad

Temporero

NO

Chófer

Temporero

1494/27 5642/191 1495/2

Bustamante Vizcaíno, José Caballero Domínguez, Alejandro

1496/3 5642/155 5642/161 5642/191

Camerino Benítez, Luis

NO

Jardines. Guarda

Temporero

4886/16 2386/50

Cancas Muñoz, Manuel

NO

Guardia 2ª

Funcionario

1496/17 5642/149 2386/50 2639

Cano Gallardo, Antonio

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica

Temporera

1496/26 5642/156 5642/161 5642/188 5642/191 2386/50 2388

Cañavate Rivera, María

233

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

NO

Guardia 1ª

Temporero

Castro Rivera, José

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

Chilía Giráldez, Agapito Corbacho Vázquez, Rafael Cordero Gómez, Antonio

NO

Cabo Policía Municipal

Funcionario

NO

Guardia 2ª

Funcionario

NO

Guardia 2ª

Funcionario

2320/16 5642/153 2386/50

Coronado García, José

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

2320/31 5642/155 5642/161 5642/191 2386/50

Cruz Varo, Antonio

NO

Cementerio. Limpia nichos

Temporero

2320/32 5642/155 5642/161 5642/191 2386/50

Cruz Varo, Cristóbal

NO

Cementerio. Peón encalador

Temporero

2320/34 5642/153 2386/50

Cuadrado Iruzón, Rafael

NO

Limpieza Pública. C arrero

Desconocido

1498/13 1498/14 2386/50

Delgado Madrid, José Delgado Moreno, Miguel

1498/17 5642/sn 2386/50

Deschamps Rojas, Guillermo

NO

1498/19 1464

Díaz Castro, Alfonso

NO

1498/21 5642/153

Díaz Collantes, Agustín

NO

1498/33 2386/50

Dios y del Águila, José de

NO

1486/10 5642/191 2388

Espinosa Sanjuan, Inés

NO

1499/4 5642/sn

Fernández Martín, José

NO

5642

Fortes Aragón, José

NO

1471/2 2386/50

Galán Cerdeira,José

NO

5642/153 2386/50 4886/38 5642/153 2399/57 2386/50 4887/16 2386/50 4887/17 2386/50

234

Castañeda Montero, Ramón Castillo Altemburg, Antonio del

NO NO

Jardines. Capataz guardas Portero-guarda del Cine Municipal Vías y Obras.

Personal no obrero.

Guarda Guardia 2ª Limpieza Pública.

Barrendero (Bombero) Oficial 1º (Portero Escuelas de la Playa) Estadística y Mecanógrafa Mercado Libertad.

Mozo SMAE. Personal Administrativo Vías y Obras. Personal no obrero. Peón – ordenanza

Funcionario Funcionario Funcionario Funcionario Funcionario Funcionario Temporera Funcionario Desconocido Funcionario

TABLAS Y GRÁFICOS

1471/ 11 1471/12 5642/156 5642/161 5642/191

Gallardo Bohórquez, Manuela

NO

Instrucción Pública.

Conductora

1471/17 5642 2386/50 2388

Galván Fernández, José

NO

Casa de Asistencia Pública. Sirviente (Beneficencia y Sanidad)

Funcionario

1479/ 22 1479/23 5642/153 2386/50

García López, José

NO

SMAE. Servicio Exterior

Funcionario

1479/33 5642/153 2386/50

García Mota, Miguel

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

4888/45 5642/sn

García Ortega, Juan

NO

Guardia 2ª

Funcionario

5642

García Ríos, Juan de Dios

NO

SMAE. Subestación

Desconocido

1480/20 5642/153 2386/50

Garrido Carrillo, Andrés

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

1480/25

Gaviño Ledo, José

NO

1480/27 5642/sn

Gaviño Vargas, José

NO

1480/32 2381 2383

Gessa Loayza, Joaquín

1480/35 2386/50

Temporera

Intervención Mercado Libertad.

Mozo

Funcionario

NO

Auxiliar rentas

Funcionario

Gigirey Arias, Eduardo

NO

Escribiente

Temporero

1481/6 5642/155 5642/160 5642/161 5642/191 2386/50

Godoy Castro, Dolores

NO

Casa de Asistencia Pública. Enfermera

Temporera

1481/7 5642/158 5642/161

Gómez Arias, Álvaro

NO

Farmacia Municipal, Auxiliar 2º

Funcionario

1481/17 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Gómez Luque, Carmen

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica

Temporera

1482/2 1482/3 5642/156 5642/161 5642/191

Gómez Montalban, Salvador

NO

Instrucción Pública.

Portero Juan de Dios

Temporero

1482/21 5642/sn

González García, José

NO

Jardines.

Jardinero 2º

Desconocido

Funcionario

235

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

1482/32 2386/50

González Mora, Manuel

NO

Asilo de la Infancia (conserje del Gran Teatro Falla)

1482/35 5642/153 2386/50

González Otero, Francisco

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

1482/36 5642/153 2386/50

González Pérez, Manuel

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

1483/13 5642/153 2386/50

Grela Lauzau, José

NO

Limpieza Pública.

Carrero

Funcionario

1483/15 1483/16 5642/sn 2386/50

Grima Romero, José

NO

Ordenanza (oficinas centrales)

Funcionario

1483/30 5642/191 2386 2388

Guerrero Suárez, Bartolomé

NO

Chófer Bomberos

Funcionario

1523/15 5642/191

Herrera Rodríguez, Arturo

NO

Vías y Obras. Personal no obrero. Auxiliar control

1487/24 5642/191

NO

Estadística

Desconocido

NO

-

Temporero

NO

SMAE. Servicio Exterior

Desconocido

Desconocido

Temporero

5642

Jiménez Sáez de la Torre, José Juner (Juñer o Suñer), Sebastián Jurado Dámaso, Juan

1521/13 5642/153 2386/50

Lanzón García, Salvador

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

5642/151 5642/191

Laureano Ortiz, Tomás

NO

Delegación de Trabajo

Temporero

1521/21 2386/50 2639

Leal Victoriano, José

NO

Mayordomía

Temporero

1522/2 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Loaysa García, Amalia

NO

Instrucción Pública.

Auxiliar no técnica

Temporera

1522/6 5642/155 5642/160 5642/191 2386/50

Lojo Rodríguez, Manuel

NO

Gota de Leche.

Encargado

Temporero

1522/17 5642/sn

López Marín, José

NO

Jardines. Guarda

Funcionario

1522/21 5642/151 1459 5642/183 2386/50 2379 2381 2383 2387/71 2387/41 2388 6014 2639

López Quecuty, Antonio

NO

Médico

Temporero

5642/153 5642/191

236

TABLAS Y GRÁFICOS

1522/24 5642/156 5642/161 5642/188 5642/191 2386/50

López Rodríguez, Francisca

NO

Ayudante de cocina (Escuelas de la Playa)

Temporera

1522/27 5642/sn 5619/32 2381 2384

López Rubiales, Fernando

NO

Asilo de la Infancia (guarda del Gran Teatro Falla)

Funcionario

5642/sn

Loubet Cirilo, Julio (o José)

NO

Músico

Temporero

1522/40 2386/50

Luna Cabezas, Petra

NO

Laboratorio. Conserje, moza técnica

Funcionaria

1522/39 6014

Luna Cabezas, Josefa

NO

Laboratorio. Limpiadora

Temporera

1522/42 5642/156 5642/161 5642/191

Lutero Martínez, María

NO

Instrucción Pública.

Maestras auxiliares

Temporera

1515/22

Manzorro Sanromán, Juan

NO

Jardines. Jardinero 2º

Funcionario

1515/29 2386/50 2379 2387/71 2387/41

Marí Martínez, Manuel

NO

Médico de la Beneficencia

Funcionario

2386/50

Marín Ramírez, Gaspar

NO

Cabo Policía Municipal

Desconocido

1516/18 5642/153 2386/50

Martínez Montezuelo, Abelardo

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

1517/12 5642/153 2386/50

Melero González, Juan

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

1517/13 5642/153 2386/50

Mena Durán, Luis

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

1518/6 5642/153 2386/50

Morales Cervantes, José

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

1518/7 1459 2386/50

Morales Durán, José

NO

Matadero. Cargador

Funcionario

1459

Moratalla Barea, Julián

NO

SMAE. Personal Administrativo

Funcionario

1518/13 5642/sn

Moreno Capilla, Félix

NO

Jardines. Guarda

Desconocido

1518/27 5642/sn

Morera Muñiz, José

NO

Jardines. Jardinero 2º

Funcionario

1520/15 5642/155 5642/160 5642/191 2386/50

Novel (o Novell) Cuenca, Eduardo

NO

Cementerio. Guarda

Temporero

1484/24 5642/183 2381 2383

Pastrana González, Miguel

NO

Oficial 1º (oficinas centrales)

Funcionario

237

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

5642 5642/153

Pedemonte Fierro, Carlos

NO

SMAE. Exterior, redes y acometidas

Desconocido

1524/8 5642/153 2386/50

Peña Calderón, Juan

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Desconocido

1525/6 5642/155 5642/161 5642/191 2386/50

Pérez Torrejón, José

NO

Lonja de Frutas. Mozo

Temporero

4893/15 4893/16 2386/50 2639

Pérez Ventura, Juan

NO

Guardia 2ª

Funcionario

1525/20 5642/153 2386/50

Pinto Castro, Diego

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

5642/162 2386/50 2388

Puerta Sánchez, Evaristo

NO

Laboratorio Municipal

Funcionario

1534/28 1534/29 5642/sn 5089 2639

Puertas Vázquez, Miguel

NO

Jardines. Jadinero 2º

Funcionario

1485/8 5642/153 2386/50

Quintero Castaño, Alfonso

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

5642

Ramos Marín, Enrique

NO

Servicios Municipalizados

Desconocido

-

Ramos Moreno, Enrique

NO

SMAE. Laboratorio contadores aguas

-

Repollino, Anacleto

NO

Músico

Temporero

Rey Varela, Cayetano

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Desconocido

Reyes Navarro, Rafael Rivera Sánchez, Antonio

NO

-

Temporero

4894/13 2386/50

NO

Guardia 2ª

Funcionario

1475/25 2686/50 2639

Rodríguez Sánchez, Eduardo

NO

Oficial 1º (oficinas centrales)

Funcionario

1533/12 5642/153 2386/50

Rosales Martínez, Gabriel

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

1533/23 5642/153

Ruiz Ariza, José

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Funcionario

5642/153 2639

Ruiz Román, Manuel

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

1468/3 2379 6014

Sáenz Cervera, Antonio

NO

Jardines. Jardinero 2º

Desconocido

1473/12 5642/153 2386/50 2386/50

238

Desconocido

TABLAS Y GRÁFICOS

Funcionario

5642 1459

Salagaray Vidal, Manuel

NO

SMAE. Personal Administrativo

1468/8 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50 6014

Salgueiro Castro, Josefa

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

1468/16 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Sánchez Botijo, Milagros

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

1468/19 5642/sn

Sánchez Cornejo, José

NO

Jardines. Jardinero 2º

Funcionario

1476/4 5642/156 5642/161 5642/191 2388

Sanchez Muñoz, Ana

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

5642/191 5642/151

Santander Rey, Antonio

NO

-

Temporero

-

Sarasa García, Vicente

NO

Banda Municipal.

Temporero

5642/155 5642/2 5642/161 5642/191 2386/50

Selma Cimbrero (o Cimbrelo), Emilia

NO

Enfermera Asistencia Pública

Temporera

1478/8 5642/170 5642/191 2386/50

Smith Medina, Tomás

NO

Secretaría

Temporero

1478/18 5642/sn 5642 2379 2380 1453

Suárez Podestá, Leopoldo

NO

Practicante (Beneficencia y Sanidad)

Temporero

1527/1 4895/64 2386/50

Tamayo Gil, Andrés

NO

Guardia 2ª

Funcionario

1528/6 5642/156 5642/161 5642/191 2386/50

Valiente Guerrero, Carmen

NO

Instrucción Pública.

Conductora

Temporera

1528/14 5642/191 2386/50

Vallejo Ferraro, José María

NO

Asistencia Pública

Funcionaria

1528/29 5642/153 2386/50

Vázquez López, Sebastián

NO

Limpieza Pública. R.B. Piccolo

Desconocido

1469/23 5642/158 5642/161 2386/50

Vicente González, Jerónimo

NO

Farmacia Municipal, Auxiliar 2º

Funcionario

239

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

1469/24 5642/155 5642/160 5642/191 2386/50

Vidal Barea, Antonio

NO

1469/ 26 1469/27 5642/191

Vigleiro Diéguez, Francisco

NO

Bombero

Funcionario

1470/10 2386/50 2639

Villar García, Antonio

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Desconocido

1470/11 2381 2383

Villar García, José Antonio

NO

Auxiliar Lonja

Funcionario

1538/3 2386/50 2380 6014

Yelamo Romera, Francisco

NO

Farmacia Municipal, director

Funcionario

1539/3 5642/153 2386/50

Zamora Revuelta, José

NO

Limpieza Pública.

Barrendero

Funcionario

1539/5 5642/150 1464 2386/50 2380 2381

Zaragoza Aguirre, Rafael

NO

Oficial 1º (oficinas centrales)

Funcionario

240

Veterinario

Temporero

TABLAS Y GRÁFICOS

Gráficos NÚMERO DE REPRESALIADOS POR SECCIONES

Mercados y lonja

5%

Guardia Municipal

SMAE

7%

29%

Vías y Obras

5%

Beneficencia y sanidad

13%

Escuelas

14%

Limpieza pública

18%

Estadística

9%

NÚMERO DE REPRESALIADOS POR CATEGORÍA

Casos desconocidos

18%

Funcionarios

53%

Interinos

23%

241

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

NÚMERO DE REPRESALIADOS SEGÚN MILITANCIA

Masón

UR

7%

2% JSE

0%

IR

49%

PS

0% PRR

0%

JSU

2%

PSOE

16% CNT

1%

PCE

UGT

7%

16%

EMPLEADOS CON CONSEJO DE GUERRA

Personal represaliado sin Consejo de Guerra

2%

Personal represaliado con Consejo de Guerra

98%

242

TABLAS Y GRÁFICOS

NÚMERO DE REPRESALIADOS POR AÑO

1936

Fecha desconocida

57%

11%

1939

5%

1938

3%

1937

24%

NÚMERO DE REPRESALIADOS SEGÚN LUGAR DE FUSILAMIENTO

Fosos de Puerta de Tierra Casos desconocidos

19%

28%

Puerto Real

3%

Hospital de San Juan de Dios

3%

El Puerto de Santa María

3%

Hospital de Mora

6%

Alrededores de la Plaza de Toros

38%

243

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

NÚMERO DE FUSILADOS POR OFICIOS Oficio desconocido

9%

Vías y obras

19%

Lonja

3%

Guardia Municipal

Enseñanza

13%

3%

Oficial 1º

3%

Beneficencia

2%

Bombero

13%

Escribientes

3%

SMAE

29%

Limpieza pública

3%

NÚMERO DE REPRESALIADOS CESADOS DEFINITIVAMENTE Y READMITIDOS Represaliados readmitidos

24%

Represaliados cesados definitivamente

76%

DIVISIÓN DE REPRESALIADOS POR SEXO Mujeres

10%

Hombres

90%

244

Apéndice fotográfico

01. Plaza de la República. Hoy de San Juan de Dios. Al fondo, el edificio principal del ayuntamiento. La tarde del 18 de julio se concentraron en su interior un buen número de concejales y civiles, la Guardia Municipal y otros funcionarios. Se rindió a los golpistas la mañana del 19 una vez lo hubo hecho el Gobierno Civil tras el desembarco de las tropas africanas. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

02. En los calabozos de la Guardia Municipal del edificio consistorial fueron encarcelados los detenidos en el interior del ayuntamiento y otros que lo fueron por las calles de la ciudad. Pronto estuvo tan lleno que los golpistas tuvieron que desalojarlo en parte. Algunos de los resistentes, tratados como maleantes, fueron trasladados a la Prisión Provincial. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

245

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

03. Entre las primeras medidas dispuestas por la Comisión Gestora golpista estuvo la del despido de todos aquellos trabajadores que no se hubieran incorporado a su puesto de trabajo el 22 de julio de 1936.

246

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

04. El Cuerpo de Bomberos, como el de la Guardia Municipal, fue disuelto y reorganizado con un total de doce depurados. Entre ellos cuatro fueron asesinados. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

05. Ficha del guardia Francisco Jiménez Camúñez con indicación de su cese el 31 de julio, fecha de la disolución del cuerpo. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

247

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

06. Manuel Molina Ledo, señalado con un círculo rojo, administrativo del SMAE que acudió al edificio municipal, fue asesinado en agosto tras ser detenido en su interior.

Archivo Histórico Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla.

07. Un comentario juzgado sospechoso podía poner en el punto de mira a cualquiera.

Fue lo que le ocurrió al empleado en la Lonja Fernando Serrano Salagaray. Perteneciente a una familia considerada de izquierdas fue encarcelado y en la Prisión Provincial de Cádiz murió en enero de 1939. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

248

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

08. Oficio del Gobernador Militar de Cádiz, Luis Solans Labedán, firmado por Jaime Puig Guardiola, por el que se pedía información sobre algunos de los detenidos con Ordaz en la redada que había tenido lugar el verano de 1936. Junto al nombre del médico comunista Juan López Giráldez figura la señal x2 que indicaba que había sido asesinado. Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo de Sevilla.

249

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

09. La búsqueda de argumentos incriminatorios no se paraba en la documentación.

También se buscaba la delación personal. En este oficio se pide que informen dos practicantes afectos a la causa golpista sobre su compañero Fernando Rueda. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

250

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

10. Escrito que la esposa del trabajador del SMAE, José Alemán Fernández, presentó ante las autoridades golpistas pidiendo que fuera puesto en libertad. En el sangriento otoño de 1936, las familias utilizaron todo tipo de estrategias para ayudar a salvar la vida a sus deudos detenidos. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

251

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

11. Médicos y practicantes de la Beneficencia Municipal fueron de los más afectados por la persecución golpista. Informe que sobre el médico Pablo Bauzano Guillén envió el alcalde Ramón de Carranza al Delegado de Orden Público. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

252

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

12 y 13. Escrito del gobernador civil de Cádiz informando que se les había aplicado el Bando de Guerra a los concejales, trabajadores y paisanos que figuraban en la relación escrita al dorso. Es decir, que habían sido asesinados. Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

14. Hoja en la que junto al nombre del trabajador, Emilio García Rodríguez, se indica “fusilado”. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

253

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

15. Informe del ayuntamiento sobre el temporero Mariano Barbosa Batista enviado al instructor del consejo de guerra al que fue sometido. Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

254

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

16. Comunicación del Delegado de Orden Público al instructor del consejo de guerra contra el empleado de Vías y Obras, José Candorsio Pérez, indicándole que había sido asesinado mediante la aplicación del bando de guerra. Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

17. Entre las acusaciones más habituales estuvo la de haber sido interventor en las elecciones del Frente Popular.

Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

255

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

18. Carnet de trabajador de la CAMPSA en Barcelona de Manuel Salagaray Marín. Un caso excepcional. Fue canjeado en la frontera de Irún en octubre de 1938 y regresó a la España gubernamental por Barcelona. Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

19. Informe sobre Fermín Aranda, temporero municipal, y su esposa en el que se indica que, aunque no existía constancia, se les consideraba de simpatías izquierdistas.

Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

256

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

20. Antonio Suffo, tocólogo de la Beneficencia, fue duramente perseguido de diversas formas. Aquí la hoja de su expediente penitenciario con la condena a 20 años. Archivo Histórico Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

257

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

21. Además de la muerte o la depuración del enemigo, los golpistas practicaron una política de incautación de bienes y multas. Este expediente es el que abrió el ayuntamiento a su alcalde, Manuel de la Pinta, para incautarle un lavabo de su domicilio particular. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

22. El ayuntamiento colaboró activamente con el juzgado de incautaciones proporcionando informes sobre sus empleados y otros ciudadanos. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

258

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

23. Al igual que con el de incautaciones, el ayuntamiento facilitó informes sobre quienes se vieron afectados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a partir de 1940.

Como este del médico de la Beneficencia José Luis Serrano Salagaray.

Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

259

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

24. La reversión de la obra republicana fue una de las tareas primordiales de las nuevas autoridades municipales impuestas por los golpistas. Así figura en el escrito que Ramón de Carranza realizó a principios de agosto proponiendo al pleno dejar sin efectos y nulos los cambios en el callejero, realizados desde el 14 de abril de 1931. Como curiosidad, producto de la indefinición de los golpistas en cuanto al régimen, en estos primeros momentos, se exceptuaban la avenida 14 de abril en Extramuros y la plaza de la República. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

260

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

25. Tras el triunfo, las políticas depuradoras continuaron. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 1939.

26. Obtenida la victoria, los golpistas continuaron depurando a los vencidos. El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz remitió al ayuntamiento las medidas a las que había sometido a algunos miembros de la Beneficencia Municipal. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

261

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

27 y 28. Ficha del Servicio de Información de la Guardia Municipal.

Este servicio continuó funcionando durante los años de postguerra.

A fines de los años cuarenta fue rehecho el fichero políticosocial indicando el destino, asesinados o condenados, de algunos de ellos. Ficha del asesinado Emilio Bartús Lobato. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

29 y 30. Vicente Carrasco Illescas fue médico de la Beneficencia y se encontraba de viaje de estudios en julio de 1936. Regresó a la España gubernamental y se instaló en Valencia.

Juzgado en consejo de guerra no volvió a Cádiz. Poeta, fue el autor, con el pseudónimo de Juan del Álamo, de un poemario publicado en 1970 en Caracas. Uno de los poemas de ese volumen, “A ese” encabeza el presente trabajo. Diputación Provincial de Cádiz.

262

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

32. El presidente de la gestora golpista Ramón de Carranza Fernández de la Reguera. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

31. El alcalde Manuel de la Pinta Leal.

Archivo Santiago Moreno.

33. Manuel Baras Artés jefe de la Guardia Municipal que acudió al edificio municipal.

Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

34. Tarjeta de un guardia municipal cesado a finales de julio de 1936 tras la depuración del cuerpo. Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

263

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

35. Señalado con un círculo rojo el trabajador del SMAE, Diego Gutiérrez Calle, cuando participó en el congreso provincial del PCE gaditano. Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.

36. El practicante municipal López Quera, uno de los asesinados. Archivo Familia López Quera.

264

Índice Onomástico A Abalo Ortega, Serafín 215 Abalo, Rosario 198, 215 Abascal Alvarado, Manuel 28 Aceituno Rocamonde, Manuel 61, 215 Acevedo Farrona, Jesús 215 Acosta Rodríguez, José 179, 180, 215 Acosta Susino, Dolores 205, 233 Aguado de Miguel, Francisco 170 Agudo Sánchez, José 133, 185 Aguilar López, Manuel 233 Aguilocho Iglesias, Francisco 215 Aguirre Núñez, Rafael 233 Aguirre Ortuño, María 129 Ahumada de los Reyes, Manuel 215 Albiol Moreno, Juan 215 Alconchel Bohórquez, Pedro 179, 180, 190 Alejandrino López Marín 131 Alemán Fernández, José 162, 190, 215, 251 Alfaro Tineo, Dolores 109 Allely Aranda, José 175, 180, 183, 190, 215 Altamirano Benítez, Encarnación 198, 215 Álvarez Fernández, Ángeles 14 Álvarez García, Juan 179, 180, 190, 215 Álvarez López, Enrique 96 Álvarez Mora, Ana 75 Álvarez Saldaña, Demetrio 215 Amaya Rodríguez, Francisco 215 Amaya Vázquez, Joaquín 61, 154, 155, 162, 215 Amigo García, Tomás 215 Amigueti, José 60 Andrey Sánchez, Aurelia 122 Aparicio Franco, Antonio 102 Aparicio Franco, Joaquín 215 Aparicio García, Antonio 215 Aparici Trujillo, María 198, 215 Aragón Cebada, Andrés 203 Aragón Moreno, Luis 29 Aragón Pérez, Francisco 215 Aragón Rodríguez, Manuel 216 Aragón Sánchez, José 216 Aranda Asquerino, Eduardo 13, 30, 32, 36 Aranda Peña, Fermín 162, 256 Aranda Pérez, Fermín 216 Arcusa (familia) 90, 128

Arcusa Corbacho, Joaquín 128 Arenas Gómez, Agustín 190 Ariza Fernández, Clemente 179, 180, 190 Arrigunaga Barbadillo, Fernando 133 Asencio Medina, Carmen 205, 233 Ayala Sánchez, Manuel 163 Ayala Sánchez, Miguel 148, 183, 190, 216 Azaña Díaz, Manuel 30, 67, 91, 96, 101, 106, 111, 115, 125, 131, 133, 135, 141

B Ballesteros Aliaga, José 67, 69, 135, 138, 148, 162, 163, 190, 233 Ballester Tinoco, Vicente 42, 88, 102, 182, 190, 216 Baras Artés, Manuel 21, 25, 29, 88, 96, 99, 110, 113, 162, 190, 216, 263 Barberán Díaz, Federico 26, 29 Barber Rivera, Rafael 183, 190, 216 Barbosa Batista, Mariano 162, 190, 216, 254 Bárcenas Fernández, Guillermo 216 Barea Gómez, María 111 Baret Rocafull, Manuel 93 Barragán Moya, Luis 216 Barroso Carrasco, Manuel 216 Barroso Quirós, Francisco 216 Bartús 88, 110, 111, 190, 216, 262 Bartús Barea, María 111 Bartús Lobato, Eduardo 88, 110, 111, 190, 216, 262 Bascuñana, Lucio 69 Batista Casanova, José 65, 233 Bauzano Guillén, Pablo 61, 68, 93, 134, 135, 163, 183, 190, 217, 252 Bechiarelli Mercado, Ramón 190, 216 Bechiarelli Pérez, Luis 216 Belloso Torres, Juan 167 Bello Varela, Francisco 216 Benítez Candón, Manuel 216 Benítez Durán, Eduardo 216 Benítez Durán, Ildefonso 190, 216 Benítez Durán, José María 190, 216 Benítez González, José 216 Benítez Mateo, Jerónimo 147, 162 Benítez Utrera, Antonio 28 Benítez Varela, José 217 Benjumeda Urain, Alfonso 233 Benvenuty Murphy, Rafael 58

Berasuaín Soto, Benito 190, 217 Berea Graña, Francisco 217 Bernal Jaén, Adelaida 65, 205, 233 Blanco Serrano, Julio 176, 180, 190, 217 Blandino Herrera, María de los Ángeles 87 Bocalandro Muñoz, Enrique 190 Bocanegra Ruiz, Francisco 97 Bouha Acedo, Carlos 14 Bouha Feria, Carlos 12, 13, 217 Bouha Feria, Luisa 15 Bravo Marín, Santiago 190 Bruzón Bullosa, Antonio 180, 183, 190 Bustamante Vizcaíno, José 233

C Caballero Domínguez, Alejandro 233 Cabilla Alberto, Julio 42 Calbo Cuadrado, Rafael 21, 87, 88, 94, 182, 190, 217 Calle Alonso, Adolfo de la 119, 128, 171 Calvo Sotelo, José 139 Camacho Ortega, Moisés 43 Camerino Benítez, Juan 27 Camerino Benítez, Luis 66, 233 Campos Chaves, Manuel 190 Campos Guerrero, Manuel 162, 217 Campos Loscos, José 217 Campos Marín, Alberto 217 Campos Milán, Francisco 27 Campos Milán, Manuel 27, 29 Camúñez Jiménez, Francisco 217 Cañas Martínez, Santiago 217 Cañavate Rivera, María 205, 233 Cancas Muñoz, Manuel 66, 233 Cancelo Sibello, Mariano 42 Candorsio Pérez 88, 162, 217, 255 Candorsio Pérez, José 88, 105, 107, 162, 217, 255 Cano, Francisco 217 Cano Gallardo, Antonio 233 Cano López, Mercedes 199, 217 Cantero, Antonia 199, 217 Cantero Cepillo, Francisco 217 Caramé Maceira, Antonio 217 Carmona Espinosa, Eduardo 217 Carpintero Muñoz, Alfredo 176, 180, 190, 218 Carranza Fernández de la Reguera, Ramón de 30, 32, 37, 38, 46, 49, 94, 118, 208, 252, 260, 263 Carranza Gómez, Micaela de 30

265

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Carrasco Illescas, Vicente 17, 61, 76, 141, 154, 157, 162, 218, 262 Carreras Cazorla, José 162, 218 Carrero Armario, Antonio 88, 102, 103, 162, 190, 218 Carrillo García, Agustín 88, 121, 180, 190, 218 Carrillo Santos, Antonio 170 Casas Ochoa, Francisco 134, 136, 144, 167, 189 Castañeda Montero, Ramón 234 Castellano Sánchez, José 218 Castillo Altemburg, Antonio del 75, 234 Castillo Bustos, Antonio del 42, 218 Castillo Galindo, José 180, 218 Castro Bedoya, Francisco 218 Castro, José 163, 168, 181, 192, 232 Castro Martínez, José 168, 218 Castro Moreno, José de 180, 218 Castro Rivera, José 234 Castro Salas, Joaquín de 149, 163, 180, 190, 218 Cazalla Rodríguez, Manuel 162, 218 Cebada García, Fernando 128 Cebada Soto, Manuel 218 Chacón de Lara, Nicolás 29 Chilía Giráldez, Agapito 234 Clavijo, Joaquina 115 Collantes Orgambides, Pedro 218 Conde Aguilera, Antonio 218 Conde Aguilera, José 218 Conde de Vallellano 188 Conde Suárez, Agustín 218 Conejero Gómez, Manuel 218 Conte Lacave, Augusto 60 Corbacho Vázquez, Rafael 67, 234 Cordero Gómez, Antonio 234 Cordones Díaz, José 218 Cornejo Utrera, Antonio 162, 218 Coronado García, José 234 Corripio del Rey, José 111 Costa García, Manuel 219 Costa, José 219 Crespo Álvarez, José Luis 219 Cruz Varo, Antonio 234 Cruz Varo, Cristóbal 66, 234 Cuadrado Iruzón, Rafael 234 Cuevas, Manuel de las 219 Curado Ramón, Ana 199, 219

D Davín del Pozo, Salvador 183, 190, 219 Delgado Daudero, Emilia 199, 219 Delgado García, Josefina 199

266

Delgado Madrid, José 234 Delgado Moreno, Miguel 50, 176, 180, 190 Delgado Pendero, Emilia 199 Deschamps Rojas, Guillermo 66, 234 Díaz Castro, Alfonso 72, 234 Díaz Collantes, Agustín 234 Díaz López, Alfonso 180, 190, 219 Díaz Macías, Antonio 219 Dios y del Águila, José de 234 Domínguez Benítez, Francisco 162, 219 Domínguez Martín, Alejandro 219 Domínguez Millán, Antonio 219 Domínguez Pérez, Alicia 213 Domínguez Rodríguez, Fernando 162 Dueñas Ristori, Ángel 219 Durán, Dolores 200, 219 Durán Silva, Federico 219

E Echevarrieta Maruri, Horacio 15 Ema Díaz, Ernesto 44 Escartín Marín, Adolfo 180 Escolano Mateo, Joaquín 30, 171 Escudero Guázquez, Tomás 58 Espinosa Sanjuán, Inés 66, 206, 234

F Farfán, Enrique 47 Fermoso Blanco, Francisco 56 Fernández Balestroni, Manuel 176, 180, 190, 219 Fernández Barrena, Enrique 154 Fernández de la Mota Reina, Remigio 58 Fernández Martín, José 234 Fernández Moguer, Rafael 219 Fernández Monga, Servando 219 Fernández Morejón, Ángel 100 Fernández Moreno, Diego 88, 109, 110, 180, 190, 220 Fernández Péculo, Santiago 14 Fernández Quiñones, María 200, 220 Fernando Macías, Andrés 42 Fernando Montañés, Diego 77, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Fierro García, José 149, 163, 220 Fopiany Romero, Juan 220 Fornell Marín, Cristóbal 220 Fortes Aragón, José 49, 50, 63, 180, 190, 234 Franco Bahamonde, Francisco 33 Fuente, Pedro de la 44 Fuentes Cabello, Tomás 220

G Galán Cerdeira, José 234 Gallardo Benítez, Manuel 220 Gallardo Bohórquez, Manuela 206, 235 Gallardo Sáez, Antonio 180, 190, 220 Gallé García, José María 88, 110, 115, 220 Gallego Guzmán, Antonio 190 Galván Fernández, José 49, 50, 235 Gamboa Guzmán, Alfonso 146, 162 García Alarcón, Manuel 220 García Alonso, Mamerto 220 García Barrera, María 103 García Belmonte, Elisa 97 García, Benito 60 García Castellón, José 180, 190, 220 García Castilla, Miguel 220 García Consuegra, Enrique 220 García Cortés, Pedro 88, 110, 115, 220 García, Dolores 200, 221 García Gómez, Diego 88, 99, 100, 162, 163, 190, 220 García Gómez, Emilio 220 García Gómez, José 190 García González, Eloy 221 García González, José 88, 107, 108, 180, 221 García Gutiérrez, Eloy 51, 56, 180, 190 García Jurado, Luisa 200, 221 García López, José 235 García López, Mariano 180, 191 García Martín, Ramón 221 García Morera, Luis 42, 43, 180 García Mota, Miguel 235 García Muñoz, Juan (o Juan Antonio) 221 García Ortega, Juan 191, 235 García Pérez, José 221 García Pérez Martell, Luis 27, 29 García Ríos, Juan de Dios 50, 235 García Rivas, Miguel 162, 180, 221 García Rodríguez, Emilio 27, 29, 88, 107, 108, 191, 221, 253 García Rodríguez, Juan 191 García Rodríguez, Sebastián 221 Garrido Carrillo, Andrés 235 Gaviño Ledo, José 235 Gaviño Vargas, José 235 Gessa Loaysa, Antonio 221 Gessa Loayza, Joaquín 72, 180, 191, 235 Giadanes Cadavid, José 221 Gigirey Arias, Eduardo 235 Gil Jordán, José 221

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Giorla Guisardo 221 Godoy Castro, Dolores 207, 235 Gómez Arias, Álvaro 66, 235 Gómez Cuervo, Francisco 221 Gómez de San Marcos, José 221 Gómez Giráldez, José 99 Gómez Luque, Carmen 65, 207, 235 Gómez Luque, Rosario 200, 221 Gómez Montalbán, Salvador 66, 235 Gómez Plana Conte, José 133 Gómez Ramos, Juana 200 González Caballos, Antonio 221 González Domínguez, Esteban 221 González Domínguez, José 221 González Domínguez, Sebastián 177, 180, 221 González García, José 235 González Gil, Antonio 179, 180, 191, 221 González Gómez, Tomás 222 González, Juan José 128 González Mora, Manuel 50, 236 González Otero, Francisco 236 González Pérez, Manuel 236 González Rodríguez, José 150, 163, 222 González Yesa, María 89 González, Juan José 128 Gordón Benvenuti, Rafael 137 Gregorio Arenas, Mateo 222 Grela Lauzau, José 236 Grima Romero, José 75, 236 Guerra, Dolores de la 200, 222 Guerrero Suárez, Bartolomé 70, 236 Guerrero, José 52, 78, 112 Guijarro Macías, Diego 222 Guillén García, José 93 Gurrea Díaz, Antonio 127, 162, 191 Gutiérrez Amor, José 222 Gutiérrez Benítez, Rosario 104 Gutiérrez Calle, Diego 111, 162, 222, 264 Gutiérrez de la Jara, Antonio 44, 120 Gutiérrez García, Adolfo 133 Guzmán Galván, Manuel 154, 222

H Haynes Younguer, Ana 207 Haynes Younguer, Carlos 222 Henry Gonzalez, Vicente 222 Hermida Velasco, Alfredo 222 Hernández Macías, José Ramón 222 Herrera Rodríguez, Arturo 63, 177, 180, 191, 236 Huertas Jiménez, Pedro 191

I

Loaiza Ramírez, Julio 223 Loaysa García, Amalia 207, 236 Iglesia Morillo 159 Loaysa Martínez, Manuel 223 Iglesias Barbero, Francisco 222 Lois Fullerat, Marcial 223 Iglesias Carrasco, José 180, 191, 222 Lojo, Juan 135 Iglesias Ramos, Nieves 200, 222 Lojo Rodríguez, Manuel 65, 236 Iglesias Ros, Eduardo 222 López Alba, Rafael 120, 136, 142, Iglesias Sánchez, Norberto 28, 88, 144, 157 105, 222 López Campos, Sofía 201, 223 López de Soria 129 J López, Francisco 223 López Gálvez, Andrés 93 Jara Pérez, Juan de la 222 López Giráldez, Juan 249 Jevenois Labernade, Pedro 29, 125 López Macias, Juan 88, 117, 118, Jiménez Camuñez, Francisco 247 162, 180, 191, 223 Jiménez del Moral, Bernardino 26, 29 López Marín, José 236 Jiménez Jiménez, Manuel 93 López Oli, Francisco 88, 107, 191, Jiménez Lebrón, Juan 222 223 Jiménez Sáez de la Torre, José 66, López Peñaranda, Francisco 14, 173 236 López Petisme, Serafín 44 Jiménez Sánchez, Carmen 201, 222 López Pinto Berizo, José 23, 29, 36, Juan Carlos I 76 38, 41, 95, 130, 150 Juan del Álamo (pseudónimo de ViLópez Quecuty, Antonio 51, 54, 150, cente Carrasco Illescas) 161, 262 163, 236 Juner (Juñer o Suñer), Sebastián 236 López Quera, Alfonso 87, 88, 98, Junquera Sexto, Manuel 162, 222 182, 191, 223, 264 Jurado Bocanegra, José María 156 López Rodríguez, Francisca 191, Jurado Dámaso, Juan 50, 236 208, 237 Jurado Trujillo, Antonio 222 López Rodríguez, Manuel 191 López Rosendo, Ana 201, 223 L López Rubiales, Fernando 237 López, Teodoro 223 Lacera (o Lasera) Troba, José 223 Lorenzo Sánchez, Antonio 223 Lagares Bustelo, José 44, 162, 173, Lorenzo Sierra, Andrés 223 180, 223 Loreto Cortés, Luisa 111 Lamas Moro, Rafael 173 Loubet Cirilo, Julio 150, 163, 237 Lanzón García, Salvador 236 Loubet Reinante, Julio 223 Lapi García, Manuel 87, 88, 91, 173, Luna Cabezas, Josefa 50, 208, 237 180, 182, 191, 223 Luna Cabezas, Petra 208, 237 Largo Caballero, Francisco 43, 103 Laureano Ortiz, Tomás 150, 163, 236 Luna Cárdenas, Predesvinto 137 Lutero Martínez, María 208, 237 Lauzau Lorenzo, Benito 223 Leal Aguilera, Antonio 103 M Leal Ortiz, Abelardo 27 Leal Victoriano, José 66, 236 Macalio Carisomo, Antonio 95 Leiro Martínez, Bernardo 184, 191 Machuca Báez, Luis 37, 78 Leonisio, Carmen 100 Macía Román, Manuel 223 Leonisio Pérez, Rafael 180 Macías Cano, Diego 223 León, José 49 Macías Retes, Manuel 81, 88, 102, Lerroux, Alejandro 52, 68, 184 104, 167, 173, 180, 191, 224 Ligero Hernández, León 223 Macías Ríos, Juan de Dios 224 Linares Herrera, Manuel 223 Madrid González, Rafael 25, 29 Llamas García, Alerto 171 Madriñán Barreiro, Gumersindo 224 Lluch Acevedo, Concepción 98 Manzano Trujillo, Guillermo 97 Manzorro Sanromán, Juan 66, 180, 237 Llull González, José 58

267

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Marchante Carrasco, Antonio 21, 27, 28, 29, 88, 105, 106, 162, 180, 191, 224 María Benítez, Serafín de 224 María Muñoz de Bustillo 201 Marí Martínez, Manuel 66, 67, 191, 237 Marín Hinojosa, Juan 28, 87, 88, 99, 101, 162, 224 Marín, Manuel 163, 181, 192, 224, 229 Marín Ramírez, Gaspar 237 Marques (o Márquez) García, Francisco 224 Márquez Martínez, Saturnino 28 Márquez Soler, Pedro 93, 141, 162, 163, 169, 180, 224 Martell Martínez, Ángeles 139 Martínez Barrio, Diego 113 Martínez de la Iglesia, Hermógenes 61, 62, 224 Martínez del Cerro Picardo, Juan Luis 29, 30, 45, 46 Martínez, Fernando 167, 212, 213 Martínez Gay, José 136 Martínez, José 131, 136, 213, 218 Martínez Mateos, José 224 Martínez Montezuelo, Abelardo 237 Martínez Pardo, Rosa la viuda de Merle 159 Martín Reyes, Isaac 162, 191 Massa García, José 191 Mata Pino, José 88, 110, 115, 180, 191, 224 Mateos Paredes, Francisco 27 Matías Andrés, José 224 Mayones Carrascal, Francisco 177, 181 Mayones Carrascal, José 191 Mazón Sáinz, Manuel 88, 109, 191, 224 Mediavilla Moreno, Julio 224 Medinilla Muñiz, Andrés 224 Melero González, Juan 237 Mena Durán, Luis 237 Mena Zueco, Julio 30 Mendoza Galindo, Carmen 201, 225 Mercedes Martínez Pérez, Mercedes 138 Merle (familia) 158, 159 Merlo Carrazón, Francisco 181, 191 Mesa Real, Victoria 95 Mesa Rodríguez, Antonio 225 Mesa Rodríguez, Manuel 61, 154, 181 Messa Rodríguez, Manuel 225 Micaela 30 Millán del Río, Rogelio 26, 29 Miranda de Sardi, José 26, 29 Mirecki Bach, Pablo 87, 88, 91, 225

268

Mola Vidal, Emilio, 41 Molina Arroquia, Juan de Dios 58 Molina Ledo, Manuel 28, 29, 87, 88, 97, 98, 162, 181, 182, 191, 225, 248 Montañés Mora, Salvador 225 Montero Muñoz, Bernardo 162 Montero Pastrana, Rafael 162, 191, 225 Montes Chilia, Manuel 225 Montes de Oca 119 Montesinos Barranco, José 225 Montes Narbona, Manuel 225 Monzalbete Noguera, Manuel 225 Monzalvete Riego, Emilio 181, 225 Mora Figueroa, Manuel 52, 73 Morales Cervantes, José 237 Morales Durán, José 63, 181, 191, 237 Morano García 45 Moratalla Barea, Julián 63, 177, 181, 191, 237 Moreno Bohórquez, José 225 Moreno Capilla, Félix 237 Moreno Cárdenas, Antonio 225 Moreno Cortés, Manuel 88, 102, 105, 225 Moreno García, Daniel 44 Moreno García, Pedro 225 Moreno Mesa, Juan 88, 116, 162, 181, 191 Moreno Rais, Juan de Dios 225 Moreno Roa, Manuel 225 Moreno Tello, Santiago 214 Morera Muñiz, José 64, 237 Moret 28, 122, 135, 157, 203, 222, 229 Moret Prendergast, Segismundo 135, 157, 203, 222, 229 Muñoz Arnís, José 88, 107, 109 Muñoz de Arenillas Carrillo, Pedro 100, 182, 191, 226 Muñoz de Bustillo, Casilda 201, 226 Muñoz de Bustillo, María 201, 226 Muñoz Dueñas, Antonio 21, 26, 27, 28, 29, 87, 88, 95, 96, 162, 182, 191, 226 Muñoz Dueñas, Manuel 26 Muñoz López (general) 135 Muñoz Martínez, Manuel 129, 135, 187, 188, 214

N Nebot, Joaquín 159 Neto Caballero, José 226 Neupaver Pajuelo, Juan M. 226 Nieto Díaz, Luis 177, 181, 191, 226

Noriega Rubín, Pedro 133 Novell Cuenca, Eduardo 65, 237 Noya Pérez, Benito 226 Núñez Palomino, Adolfo 30, 39, 47 Núñez Palomino, José 40, 56

O Ogalla Torres, Pedro 60 Oitaben Corona, Florentino 26 Ordaz Caballero, Enrique 135, 138, 162, 163, 183, 191, 226 Ordoñez Sánchez, Andrés 226 Ortega Rua, Félix 42 Ortiz Hernández, Ramón 134, 137, 140 O’Shea Albor, Arturo 226 Osiel Espinosa, Enrique 191 Otero Montesinos, Fernando 116

P Pacheco Jiménez, Juana 202 Pacheco Robles, María 112 Padilla Medina, Manuel 226 Padrón, Carmen 202, 226 Palacios Pascual, Raimundo 226 Palomino Blázquez, Alfonso 189 Palomo Sánchez, María 202, 226 Pardeza García, Ricardo 93 Paredes Mateos, María 105 Parodi Rosas, Eduardo 226 Parra García, Andrés 191 Parras Rodríguez, José 191, 226 Pastrana Castillo, Francisco 226 Pastrana García, José 226 Pastrana González, Manuel 163 Pastrana González, Miguel 72, 73, 151, 237 Patino Trujillo, Manuel 227 Pavón Muñoz, Aurora 227 Pavón Rodríguez, José 162, 170, 172, 181, 227 Pecino Pérez, Manuel 227 Pedemonte Fierro, Carlos 238 Pedrosa Gutiérrez, Antonio 227 Peña Calderón, Juan 238 Peralta Vera, José 227 Pereira Maza, Antonio 227 Pérez Caña, Rosario 203, 227 Pérez Casal, Alejo 162, 191 Pérez-Clotet, Pedro 157 Pérez de la Cruz, Rafael 227 Pérez Espinosa, Luisa 202, 227 Pérez García, Rosa 203, 227 Pérez Halcón, Francisco de Paula 44

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Pérez Martínez, Cayetano 227 Pérez Muñoz, José Luis 44 Pérez Sánchez, Luisa 203 Pérez Sierra, Arturo 227 Pérez Torrejón, José 66, 238 Pérez Ventura, Juan 238 Periñán Fernández, Antonio 28 Periñán Martínez, Carlos 181 Pestaña Nuñez, Ángel 99 Pichaco García, Rufino 88, 110, 114, 181, 191, 227 Pina Rivas, Salvador 126, 162, 163, 181 Pina Rivero (o Rivas), Salvador 191, 227 Pinay (o Piney) del Toro, Ramón 126, 127, 162, 163, 181, 191, 227 Piñero Gómez, José 191 Pinta Leal, Manuel de la 263 Pinto Castro, Diego 238 Pinto Uriarte, Julián 95 Ponce de León Limones, Mercedes 203, 228 Portela Saavedra, José 228 Portela Saavedra, María 202, 228 Primo de Rivera, Miguel 49 Puente Sánchez, José 228 Puerta Fondevila, Miguel 228 Puerta Sánchez, Evaristo 64 Puertas Vázquez, Miguel 181, 238 Puig Guardiola, Jaime 249

Q Queipo de Llano 41, 53, 94 Queipo de Llano Sierra, Gonzalo 41, 53, 94 Quevedo Flores, Manuel 30, 46 Quijano Macías, Diego 51, 56, 228 Quintana Bustillo, Emilio 228 Quintero Castaño, Alfonso 64, 238 Quintero, José María 142, 169 Quintero Macías, Enrique 88, 116, 162, 168, 181, 191, 228 Quirell Soto, Juan 71

R Ragel Jiménez, Juan 88, 181, 191 Ramón Ortiz Hernández 134 Ramos Benítez, Manuel 151, 163, 228 Ramos Benítez, Sebastián 151, 163, 178, 181, 192, 228 Ramos Marín, Enrique 238 Ramos Moreno, Enrique 50, 238 Rancaño Gómez, Marcelino 119, 136, 142

Real Ponce, José 228 Reina Castrillón, Juan 133 Rendón de Vadiere, Francisco 178, 181, 192, 228 Rendón San Francisco, Francisco 27, 28, 29 Rens Expósito, Manuel 228 Repollino Expósito, Anacleto 151, 163, 238 Revidiego Domínguez, Juan 192 Reyes García, Manuel 192 Reyes Navarro, Rafael 238 Rey González, José 181 Rey Varela, Cayetano 238 Riol López, Guillermo 228 Riol Reborado, Rafael 228 Rivera Sánchez, Antonio 181, 192 Rodríguez Álvarez, Manuel 192 Rodríguez de la Cruz, Abelardo 228 Rodríguez Fernández, Enrique 144, 162 Rodríguez Franco, Felipe 136 Rodríguez García, Juan Luis 151, 163, 228 Rodríguez Guerrero, José 61, 76, 152, 163 Rodríguez Jiménez, Antonio 178, 181, 192 Rodríguez Liberato, Ángel 181, 192 Rodríguez López, José 133 Rodríguez, Miguel Ángel 229 Rodríguez Ponce de León, Luis 30, 46 Rodríguez Ruiz, Juan 228 Rodríguez Sánchez, Eduardo 48, 50, 238 Roldán Jiménez, Elisa 202, 229 Romero, Antonio 26 Romero Abreu, Joaquín 92 Romero Fernández, José 229 Romero García, Miguel 229 Romeu Guerrero, Antonio 181, 192, 229 Roquette Mac Rea, Jorge 58 Rosado Fernández, José 229 Rosales Gómez, Antonio 192 Rosales Martínez, Gabriel 238 Rueda Ruiz, Fernando 61, 162, 184, 192, 229 Ruiz Ariza, José 238 Ruiz Caballero, María 94 Ruiz Couso (o Couzo), Pedro 229 Ruiz González, Manuel 156 Ruiz Magaña, Ángel 42, 43, 162, 181, 192, 229 Ruiz Román, Manuel 238 Ruiz Sánchez, Julio 229

S Sacaluga Mayones, Lorenzo 68, 135, 137, 163, 170, 181, 229 Sáenz Cervera, Antonio 67, 238 Sagasta 122, 138, 140, 151, 174 Sahagún Repetto, Federico 37, 101 Sáinz Laborda, Alejandro 138 Saiz Paredes, Julián 51, 56, 229 Saiz Peralta, Manuel (o Antonio) 229 Salagaray Marín, Manuel 163, 168, 181, 182, 186, 192, 229, 256 Salagaray Vidal, Manuel 50, 181, 186, 192, 239 Salamea, Manuel 60, 70 Salgueiro Castro, Josefa 65, 208, 239 Sánchez Barco, Eleuterio 229 Sánchez Bayón, Felisa 118 Sánchez Botijo, Milagros 65, 209, 239 Sánchez Caballero, Manuel 66 Sánchez Cornejo, José 239 Sánchez Cossío, Francisco 30 Sánchez-Delgado Ocerin, Enrique 57 Sánchez Flor, Manuel 229 Sánchez Gutiérrez, Ramón 152, 163, 229 Sánchez Jiménez, María 203, 229 Sánchez, Luisa P. 230 Sánchez Muñoz, Ana 65, 209, 239 Sánchez Naranjo, Francisco 181, 192, 229 Sánchez Nieto, Antonio 152, 163, 181, 192 Sánchez Pardeza, Carlota 203, 230 Sánchez Pintado, Leopoldo 181, 192, 230 Sánchez Plaza, Antonio 230 Sánchez Rivas, Juan 181, 230 Sánchez Sánchez, Juan 181, 192, 230 Sanjuán Muriel, Luis 127 Sanjurjo 139 Sanjurjo Sacanell, José 139 Sanmartín Castro, Nicolás 181, 230 San (o Sanz) Vicente, Emilio 229 Santana Moreno, Fabián 230 Santander Rey, Antonio 239 Santandreu Palateiro, José 27, 88, 107, 163, 230 Santiago Abad, Manuel 192, 230 Sarasa García, Vicente 152, 163, 239 Selma Cimbrelo, Emilia 65, 209, 239 Selma Cimbrelo, María 204, 230 Seoane Fernández, Manuel 230

269

¡Ese es un rojo! Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Serrano de la Jara, José 119, 126, 153, 163, 174, 181, 183, 192, 230 Serrano Domínguez, Manuel 230 Serrano Morales, Joaquín 181, 192, 230 Serrano Salagaray, Fernando 88, 117, 118, 153, 163, 167, 181, 192, 230, 248 Serrano Salagaray, José Luis 61, 88, 117, 118, 153, 163, 167, 173, 174, 176, 181, 183, 192, 230, 248, 259 Sevilla Moratalla, Manuel 230 Sierra Estudillo, Ramona 102 Smith Medina, Tomás 65, 239 Sola Ramos, Emilio de 96 Solano Román, Encarnación 117 Solans Labedán, Luis 249 Suárez Haro, Francisco 143, 163, 192, 230 Suárez Podestá, Leopoldo 51, 52, 61, 239 Suffo Ramos, Antonio 61, 126, 129, 163, 181, 183, 192, 230

T Tamayo Gil, Andrés 239 Távora de los Reyes, Salvador 139 Tirado Gil, Manuel 44 Tirbe Millán, Francisco 192, 231 Torres Quirós, Manuel 154, 163, 231 Torres, Vicente 231 Trechera Moreno, José 28, 29

U Ubiña Cuadrado, Antonio 231 Ulibarri Eguilaz, Marcelino 186 Utrera Reyes, Antonio 231

V Valdés Cavanilles, Luis 56 Valera Sáinz de la Maza, Francisco 133, 142 Valera Valverde, Eduardo 14, 32, 33, 94 Valiente Guerrero, Carmen 65, 210, 239 Valle García, Alberto 231 Valle Gómez, Gonzalo 192 Vallejo Ferraro, José María 239 Vara Fernández, Alonso 178, 181, 192, 231 Varela, Enrique 23 Varela Valverde, Eduardo 38 Varga Salcedo, Pablo de la 163, 181, 192 Vargas Piccito (o Picoito), Manuel 231 Vargas Picoito, Manuel 231 Vázquez López, Sebastián 239 Vecino Collado, Julián 231 Velo Fernández, Concepción 112 Ventín González, Manuel 173, 174, 181, 192 Vera Clavijo, Fernando 231 Vera Monge, Rafael de 21, 88, 121, 122, 182, 192, 231 Vera Rodríguez, Joaquín 163, 170, 181, 231 Vergara Díaz, José 231 Viar Flores, Vicente 156 Vicente González, Jerónimo 67, 239 Vidal Barea, Antonio 65, 240 Vigleiro Diéguez, Francisco 240 Vilches Castellano, Manuela 203, 204, 231 Vilchez Alonso, Manuel 231

Vílchez Castellano, Manuela 204 Villamuela Camargo, Luisa 146 Villar Castro, José 154, 163, 181, 232 Villar García de Movellán, José Antonio 69, 231, 240 Villar Pérez, Manuel 232 Villa (Villar) Castro, José 192 Villero Tinoco, Constantino 178, 181 Viloria Pérez, Fernando 163, 192, 232 Viola Sánchez, Antonio 163, 168, 181, 183, 192, 232

W Wilhelmi Castro, Fernando 132, 186

Y Yáñez-Barnuevo de la Milla, Antonio 90 Yañez Mateo, Joaquín 232 Yelamo Romera, Francisco 240 Yrayzoz Reyna, Ulpiano 119, 131

Z Zambonino Cano, Leonardo 88, 110, 111, 112, 192, 232 Zamora Revuelta, José 240 Zapico Menédez-Valdés, Mariano 90, 95, 96 Zaragoza Aguirre, Rafael 64, 173, 175, 181, 240 Zaragozi Cruz, Antonio 232 Zarco Moguel, Antonio 232

Siglas y abreviaturas APT Alrededores de la Plaza de Toros BOE Boletín Oficial del Estado CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas CIB Comisión de Incautación de Bienes CNT Confederación Nacional del Trabajo EPSM El Puerto de Santa María FAI Federación Anarquista Ibérica FPT Foso de la Puerta de Tierra FUE Federación Universitaria Española H.SJD Hospital de San Juan de Dios IR Izquierda Republicana

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JSE Juventudes Socialistas de España JSU Juventudes Socialistas Unificadas PCE Partido Comunista de España PRR Partido Republicano Radical PS Partido Sindicalista PSOE Partido Socialista Obrero Español PSU Procedimiento Sumarísimo de Urgencia RP Responsabilidades Políticas SMAE Servicio Municipal de Agua y Electricidad SRI Socorro Rojo Internacional UGT Unión General de Trabajadores UR Unión Republicana

Este libro se terminó de imprimir el 16 de julio de 2021, visperas del aniversario del golpe de estado contra la Segunda República

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Este trabajo pone de manifiesto que la represión tuvo una decidida intencionalidad política y fue obra de la cúpula golpista de la ciudad que siguió las directrices represivas dictadas a escala nacional.

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Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

Así ocurrió con los trabajadores del ayuntamiento gaditano.

Con los funcionarios y con los temporeros. Varios centenares de ellos perdieron su trabajo y más de una treintena la vida. La persecución no se limitó a la depuración laboral, también se extendió a su militancia política y sindical y su pertenencia a la masonería.

¡Ese es un rojo!

Los golpistas de julio de 1936 y la dictadura franquista nacida de su victoria practicaron la eliminación física y social de todas aquellas personas que consideraban enemigas. Desde el propio verano de 1936 ejerció una despiadada represión que comprendió tanto el asesinato, como el encarcelamiento y la depuración profesional.

María-Cristina López-García José Luis Gutiérrez Molina

María-Cristina López-García San Fernado (1992). Grado en Historia y Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima por la Universidad de Cádiz.

Documentalista en el proyecto de memoria democrática llevado a cabo por el Ayuntamiento de Cádiz a lo largo del año 2018.

José Luis Gutiérrez Molina

¡Ese es un rojo!

Persecución, muerte y represión de los trabajadores municipales de Cádiz (1936-1950)

(Cádiz, 1952). Doctor en historia contemporánea. Investigador del Grupo de Estudios “Historia Actual” de la Universidad de Cádiz.

Director científico de la web sobre la represión franquista www.todoslosnombres.org Autor de diversas publicaciones sobre la historia social y económica de Andalucía y sobre Memoria Histórica. Entre las más recientes están La Justicia del Terror (Mayi, Cádiz, 2014).