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BINACIONALES EL DATO
La binacional cuenta con su propia asesoría jurídica. Magnolia Mendoza, esposa de Silvio “Beto” Ovelar, percibe G. 100 millones por ocupar el cargo de forma mensual.
Hugo Estigarribia, exsenador y Esther Roa, activista política, cuestionaron que la Itaipú derroche recursos en asesores jurídicos que no utiliza. La binacional contrató a Daniel Mendonca para impulsar la acción de inconstitucionalidad teniendo a más de 70 profesionales de esa rama en su plantilla.
REDACCIÓN
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La binacional de Itaipú contrató al estudio jurídico de Daniel Mendonca para recurrir a la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad. Esto, ante el pedido de Controlaría de auditar los fondos socio ambientales.
Sin embargo, ello generó una serie de críticas ya que la binacional cuenta con su propia asesoría jurídica. Magnolia Mendoza, esposa de Silvio “Beto” Ovelar, percibe G. 100 millones por ocupar uno de los cargos de forma mensual.
A pesar del elevado costo, el ente hidroeléctrico recurre a otros asesores a pesar del elevado costo que ya le cuesta su plantel de abogados.
Hugo Estigarribia, abogado y exsenador, expresó que esto pasa cuando no existe personal calificado pero ganan cifras millonarias por su parentesco con algún legislador. Hizo clara alusión a Magnolia Mendoza, asesora jurídica de la binacional de Itaipú. el nepotismo, el clientelismo y la mala política de tener gente que no es capaz de hacer sus funciones. En este caso una acción de inconstitucionalidad”, señaló.
Estigarribia estima un costo elevado para la contratación de los servicios del estudio jurídico. Sin embargo, no quiso aventurarse a dar ninguna cifra.
“Será una suma importante. Ya que se trata de un juicio complejo. La labor del estudio jurídico será poner la cara por la Itaipú ante un juicio que a todas luces es inconstitucional”, expresó.
TORPEZA En otro momento, señaló que esto refleja que la binacional está reconociendo su propia torpeza. En el sentido, al derroche de dinero en asesores que no sirven.
“Si la propia consejera jurídica anuncia que se contratará a un asesor externo es reconocer su incapacidad”, expresó. similar al de Magnolia (G. 100 millones al mes). “El colega del estudio jurídico tiene derecho al trabajo. Pero no hay necesidad. Es lo que se genera cuando se contrata a gente por nepotismo o clientelismo”, comentó.
SIN CAMBIOS El pasado 26 de marzo, Manuel María Cáceres, asumió al frente de Itaipú. Sin embargo, sus últimas declaraciones y acciones hacen apuntar que seguirá la misma línea de sus predecesores. En cuanto a los manejos poco transparentes de la binacional.
Al respecto, el exsenador señaló que es muy difícil hacer cambios cuando la cabeza del Gobierno es la misma.
“Las binacionales siempre fueron consideradas como coto de caza por el Gobierno de turno. Tanto para los colorados como los liberales. Entonces se han puesto gente con un estilo conservador de manejo. Condescendiente con los intereses del país colega”, cuestionó.
ESTHER ROA Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), cuestionó por su parte que en plena crisis económica y sanitaria, el ente binacional esté gastando en asesoría externa. Además adelantó que pedirá los costos que la Itaipú abonará por sus servicios a la asesoría jurídica externa en cuestión. “El dinero pertenece a los ciudadanos. Ya que esos recursos deben ir para la compra de medicamentos. Por lo que si pagan más de lo regulado, denunciaría penalmente al titular de Itaipú por cobro indebido y lesión de confianza contra las autoridades de Itaipú”, expresó.
Acto seguido cuestionó que los asesores jurídicos de la binacional no sirven siquiera para presentar un amparo. Ya que no se necesita de mucha labor intelectual.
“La doctora Magnolia está hace tiempo en la binacional y ya debería estar capacitada para preparar estos documentos”, culminó. El pasado 26 de abril, el Congreso solicitó a Contraloría auditar financieramente las binacionales. Tanto de Itaipú como de Yacyretá.
ESTHER ROA
PRESIDENTA DE COAPY
HUGO ESTIGARRIBIA
ANALISTA
EN CONTEXTO
100
millones de guaraníes es el salario mensual de Magnolia Mendoza.
2
millones de dólares dispone Itaipú para redireccionar a Salud según su titular.
La binacional sigue sosteniendo que no entregará los documentos requeridos por la Contraloría General de la República, sostienen que quieren hacerlo pero no pueden.
MANUEL MARÍA CÁCERES
DIRECTOR PARAGUAYO DE ITAIPÚ
REDACCIÓN
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El director general paraguayo de la Itaipu, Manuel María Cáceres, indicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le instruyó a transparentar y compartir todos los datos que permite el tratado. . Cáceres aseguró que tienen toda la intención de compartir los datos respecto al uso de los recursos de la Binacional, no obstante enfatizó que deben hacerlo en base a lo que establece el tratado y es por ello que, explicó, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitar su parecer respecto al hecho.
"Quisiera entregar todo lo que se pide pero hay un tratado de por medio, así como Brasil no puede entregar todo de un solo lado, tampoco Paraguay puede hacerlo, es por eso que recurrimos a la Corte para hacer todo el esfuerzo", remarcó. Al respecto, informó acerca de la instrucción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez de transparentar y compartir todos los datos dentro de lo que permite el tratado de dicha Binacional.
«No es que no tengamos intención de cumplir, de hecho hay pedidos de informes que recibimos y se hace lo posible para cumplir. El ánimo es transparentar todo pero hay un tratado que limita mi forma de operar y me debo a eso», enfatizó.
ESPERARÁN DECISIÓN DE LA CORTE Mencionó que una vez que reciban el parecer de la Corte Suprema darán el siguiente paso. Reiteró que existe la voluntad de cumplir, por lo que están buscando el sustento legal para hacerlo.
"Nosotros nos debemos al tratado que tenemos y no puedo violarlo como director de Itaipu», subrayó.
En ese sentido, comentó que existen conversaciones entre las altas partes para crear un mecanismo a través de una nota reversal de modo a que la Contraloría de Paraguay y Brasil puedan auditar los fondos de Itaipú.
«Nos debemos al tratado y por eso recurrimos a la Corte para tener esa claridad y vamos a cumplir la decisión de la Corte», recalcó.
Por su parte, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, alegó que su Gobierno está a favor de la transparencia y en ese punto recordó que él fue uno de los proyectistas de Ley de Acceso a la Información Pública, cuando se desempeñaba como parlamentario.
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