Tesis Doctoral Jose Refugio Vite Palma

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROPUESTA REALIZADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA A LA TERNA PARA DESIGNAR MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO

PRESENTA: MTRO. JOSE REFUGIO VITE PALMA

ASESOR DR. MAURIL IO MART ÍNEZ HERNÁNDEZ

MÉXICO, DF, AGOSTO DE 2010

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ÍNDICE AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………...4 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….....6 CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MÉXICO 1.1 Constitución de Cádiz de 1812. .................................................................... 10 1.2 Constitución de Apatzingán de 1814 ............................................................ 11 1.3 Constitución de 1824 .................................................................................... 14 1.4 Constitución de 1836 .................................................................................... 19 1.5 Bases Orgánicas de 1843. ........................................................................... 21 1.6 Constitución de 1857 .................................................................................... 22 1.7 Constitución Política de 1917 ....................................................................... 26 CAPÍTULO SEGUNDO CONCEPTOS GENERALES 2.1 Constitución .................................................................................................. 30 2.2 División de poderes ...................................................................................... 34 2.3 Poder Judicial ............................................................................................... 37 2.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación ...................................................... 40 2.5 Jurisdicción................................................................................................... 45 2.6 Competencia ................................................................................................ 49 2.7 Nombramiento .............................................................................................. 64 CAPÍTULO TERCERO PANORAMA ACTUAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 3.1 Organización y funciones del Poder Judicial de la Federación Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ............................................................. 70 3.2 Servicio de carrera en el Poder Judicial de la Federación...........................122 3.3 Inamovilidad judicial ....................................................................................125 3.4 Régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación ..................................................................................................132 3.5 Facultades del Poder Judicial de la Federación frente al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ..........................................................................................143 CAPÍTULO CUARTO DERECHO COMPARADO SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MINISTROS EN OTROS PAÍSES 4.1 España. .......................................................................................................146 4.2 Chile. ...........................................................................................................150 2

4.3 Argentina .....................................................................................................151 4.4 Estados Unidos ...........................................................................................153 4.5 Canadá ........................................................................................................158 4.6 Francia ........................................................................................................165 4.7. Alemania ....................................................................................................166 4.8 Bélgica.........................................................................................................166 4.9 Dinamarca ...................................................................................................167 4.10 Inglaterra ...................................................................................................168 4.11 Italia ...........................................................................................................169 4.12 Holanda .....................................................................................................172 CAPÍTULO QUINTO PROPUESTA PARA SUSTITUIR LA DISGNACIÓN DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR PARTE DE PODER EJECUTIVO 5.1. Ministros que integran actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación .........................................................................................................178 5.2 Inconvenientes de que el titular del Poder Ejecutivo proponga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ............................188 5.3 Propuesta y designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ................................................................................................191 5.4 Derogación de la fracción XVIII del artículo 89, y reformar los artículos 95, 96, y 98, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos......194 CONCLUSIONES……………………………………………………………………201 PROPUESTAS ..................................................................................................204 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................207

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AGRADECIMIENTOS

A MIS PADRES

A MI ESPOSA E HIJOS

AL RECTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO DR: LUIS PONCE DE LEÓN ARMENTA

A MI PROF ESOR Y GUÍ A, QUE CONO CIÓ DE L AS BASES DEL PRESENTE PROYECTO DR. RICARDO DE L A LUZ FELI X TAPI A

A MI ASESOR DE TESIS MAURILIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

A MI S AMIGO S Y VECINO S DE LA CO LONIA SAN FELI PE DE JESUS, GRANJAS VALL E DE GUADAL UPE, DI STRITO FEDERAL, ESTADO DE MEXICO

AL PUEBLO DE MEXICO

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A TODO MIS PROFESORES Y AMIGOS QUE HICIERON VIABLE ESTA TESIS

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INTRODUCCIÓN En ningún país, debe prevalecer el Poder Ejecutivo sobre los otros Poderes, porque los estudiosos, docentes, e investigadores, de las distintas ramas del derecho: Administrativo, constitucional y la ciencia política, han sostenido que debe existir un equilibrio de poder, lo cual traerá consigo naturalmente un respeto continuo, para el efecto de que cada uno de ellos se organice de acuerdo a la ley.

En el presente trabajo de investigación, llevaremos un estudio crítico de la situación que prevalece actualmente en nuestro país, en la cual el titular del Poder Ejecutivo, designa a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una manera unilateral y haciendo uso de un derecho que constitucionalmente le asiste, no obstante ello, consideramos que dicho acto es violatorio de la autonomía, toda vez que en nuestra opinión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería proponer la terna de nombramiento a Ministros, previa selección, resultante de la convocatoria pública abierta; porque el máximo Tribunal de México, se ha distinguido por albergar en su seno a verdaderos conocedores del derecho y no es posible que se convierta en incondicionales y cortesanos del Presidente de la República, que si bien es cierto, algunos de ellos excepcionalmente conocen el derecho, para hacer un papel digno, se allegan de asesores que tienen muchos años laborando en la aludida Suprema Corte, que conocen a fondo el manejo de tan importantes asuntos que ahí se ventilan y los cuáles por carecer del beneplácito y la venia del Ejecutivo, no alcanzan los niveles que esta carrera judicial merece.

Lo anterior, es la hipótesis que pretendemos demostrar, es decir, que la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un acto violatorio de la autonomía del Poder Judicial, llevada a cabo por el Presidente de la República, designando en estos cargos a sus cortesanos y súbditos, más no, a conocedores letrados del Derecho que además de contar con Licenciatura en Derecho, deben de ostentar con grado académico de Doctorado en la materia, experiencia acreditada en la carrera judicial, docencia e investigación, en atención, que nuestra sociedad requiere que dicho poder, esté a cargo de personas con una

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excelente capacidad académica, para emitir resoluciones apegadas a la ciencia del derecho, con conocimientos científico-jurídicos.

La presente investigación, se compone de cinco Títulos, los cuales a continuación detallo.

En el primero, como su nombre lo indica, hacemos una referencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las distintas constituciones, iniciando con la Constitución de Cádiz de 1812, Apatzingán del año de 1814, así como la de 1824 y 1836. Se mencionan también, las Bases Orgánicas de 1843, la Constitución de 1857 y, finalmente la de 1917.

En el capítulo segundo, se mencionan los conceptos generales que abordan nuestro tema, tales como Constitución, División de Poderes, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisdicción, Competencia y Nombramiento, para conocer los ámbitos de competencia y aplicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la incidencia de nuestra tesis en hacer viable la división de poderes de manera efectiva.

En el capítulo tercero, se muestra el panorama actual del Poder Judicial de la Federación, estudiando la organización y funciones de dicha institución, así como el servicio de carrera judicial, inamovilidad judicial, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y las facultades del Poder Judicial de la Federación frente al poder legislativo y el poder ejecutivo, para distinguir las funciones, atribuciones y competencias de cada uno de ellos.

Por otro lado, en el capítulo cuarto, se estudia la designación de ministros en países como España, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Italia y Holanda, para aplicar el método comparativo de estas legislaciones con nuestro derecho.

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Finalmente, en el capítulo quinto se realiza la propuesta para sustituir la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, planteando, la derogación de la fracción XVIII del artículo 89 y reforma de los numerales 95, 96 y 98, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esperando que la investigación levante las más encontradas réplicas del jurado examinador.

El método a utilizar para el desarrollo de la presente investigación, será el histórico, documental, bibliográfico y especializado de la materia, así como de campo, porque se pretende, asistir, a las conferencias de Derecho Constitucional y a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Palacio de Justicia Federal, Juzgados de Distrito, Tribunal de Justicia del Distrito Federal, bibliotecas y archivos.

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CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MÉXICO Haciendo un recordatorio histórico, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraba con once ministros, distribuidos en tres salas, y un fiscal (el legislativo federal podía aumentar el número). Eran vitalicios. La elección la hacían las legislaturas locales, mediante un procedimiento que era calificado por el Congreso de la Unión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 constitucional, la Suprema Corte de Justicia era competente para conocer de: a) Las controversias en que fuera parte cualquier entidad federativa; b) Lo referente a los contratos y negocios en que el gobierno federal fuera parte; c) Opinar sobre el pase o retención a letras pontificias; d) Conflictos de competencia judicial; e) Decidir en última instancia los juicios políticos de responsabilidad en contra del presidente y el vicepresidente de la República, gobernadores y secretarios del Estado; f) Causas de almirantazgo; g) Ofensas contra la nación; h) Delitos de los senadores y diputados federales (previo desafuero), así como Judicial; i) Causas civiles y penales de los agentes diplomáticos y cónsules, e j) Infracciones de la Constitución y leyes generales.

Con el propósito de ahondar sobre el tema que nos ocupa, comenzaré por destacar la evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Constituciones vigentes en México comenzando con la Constitución de 1812

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expedida por las Cortes Generales de España, hasta la de 1917, vigente actualmente en nuestro país.

1.1. Constitución de Cádiz de 1812.

Esta Constitución, se expidió el 19 de Marzo de 1812, por las Cortes Generales de España y cuyo ordenamiento puede decirse que estuvo vigente en México hasta la consumación de su independencia registrada el 27 de Septiembre de 1821 con la entrada del llamado “Ejército Trigarante” a la vieja Capital Neo– Española.

La Constitución de Cádiz de 1812, suprimió las desigualdades que existían entre peninsulares, criollos, mestizos, indios y demás sujetos de diferente extracción, racial, al estimar como “Españoles” a “Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas”, o sea, en todos los territorios sujetos al Imperio de España (artículos 1°, 5°, y 10°).

La Constitución Española de 1812, represento para México la culminación del régimen jurídico español durante la época colonial.

El título V, denominado de los Tribunales y de la Administración de justicia en lo civil y criminal, determinaba que sólo los tribunales podían aplicar las leyes en las causas civiles y criminales.

El órgano de impartición de justicia se llamaba Tribunal Superior de Justicia, cuyos miembros eran nombrados por las Cortes, quienes también determinaban el número de magistrados y las salas en que debían distribuirse. Las Cortes estaban formados por Diputados.

Por lo que se refiere a los requisitos para ser nombrado magistrado o juez, el artículo 251 determinaba:

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Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español, y ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades

que

respectivamente

deban

éstos

tener

serán

determinadas por las leyes.

Los magistrados y jueces debían rendir protesta en donde se comprometían a ser fieles al Rey y a impartir justicia.

1.2. Constitución de Apatzingán de 1814.

El Congreso de Chilpancingo, el 22 de Octubre 1814 expidió la Constitución de Apatzingán, esta carta política tuvo escasa vigencia, pero muestra lo avanzado del pensamiento de un sector de la inteligencia mexicana, y del espíritu jurídico que le animaba, tiene una gran importancia. Ya que sus redactores comprendían muy bien su aspecto provisional, en virtud de que el propio artículo 237 de ella perpetuaba esa circunstancia además de prever la convocatoria de una asamblea representativa que redactara el documento definitivo.

Esta Constitución consta de los siguientes capítulos: I.- De la Religión; II.- De la Soberanía; III.- De los Ciudadanos; IV.- De la Ley; V.- De la Igualdad, Seguridad, Propiedad y Libertad de los Ciudadanos; VI.- De las Obligaciones de los Ciudadanos; 2ª parte Forma de Gobierno Capitulo I.- De las provincias que comprende la América Mexicana; II.- De las Supremas Autoridades; III.- Del Supremo Congreso; IV.- De la elección de diputados para el Supremo Congreso; V. - De las Juntas electorales de la parroquia; VI.- De las Juntas electorales del partido; VII.- De las Juntas electorales de provincia; VIII.- De las atribuciones del Supremo Congreso; IX.- De la Sanción y promulgación de las leyes; X.- Del Supremo Gobierno; XI.- De la elección de individuos para el Supremo Gobierno; XII.- De la Autoridad del Supremo Gobierno; XIII.- De las instancias de Hacienda; XIV.- Del Supremo Tribunal de Justicia; XV.- De las facultades del

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Supremo Tribunal de Justicia; XVI.- De los Juzgados inferiores ; XVII.- De las leyes que se han de observar en la Administración de Justicia; XVIII.- Del Tribunal de residencia; XIX.- De las funciones del Tribunal de residencia; XX.- De la representación nacional; XXI.- De la observancia de este derecho; XII.- De la Nación y promulgación de este decreto.

De lo anterior se infiere que este documento no pudo consignar a la religión católica como religión del Estado, fundamentalmente por dos razones: La larga tradición en este sentido y el hecho de que todos los firmantes eran católicos entre ellos algunos eclesiásticos.

Ya se ha advertido todo el sentido revolucionario que tuvo esta carta, con un avance indudable, en el pensamiento, de las ideas avanzadas: “La Constitución de Apatzingán supo tal radicalización en la marcha del liberalismo mexicano, que es posible precisar sus raíces. Se duda sobre la existencia de un proceso ideológico que la sustente.

De aquí que el documento se quiera ver como un hecho aislado, sin conexiones.

De lo anterior se infiere, que la constitución citada, fue un documento franco, resultado de una evolución ideológica previa El decreto de Apatzingán fue el primer planteamiento radical del liberalismo mexicano; por ello mismo y por los resultados, el esfuerzo se discontinua, al menos exteriormente, y solo es retomado muchos años después.”1 Es significativo que algunos de los diputados que estuvieron en Chilpancingo, como Andrés Quintana Roo y Carlos M. Bustamante, tuvieron importante intervención en la vida pública del México independiente. En el mismo caso se halla el doctor Francisco de Argandar, quien tuvo la representación de la provincia de San Luís Potosí.

1

MORENO, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. 10ª edición, Ed. Porrúa, México, 1993. p. 78.

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Debemos recalcar, la importancia de la influencia de los teóricos franceses, en particular Rousseau y Montesquieu. De este último se tomó su tesis de la división de poderes; y los teóricos de la voluntad general y de la representación, figuran en varios textos del articulado; destaca la preeminencia del Poder Legislativo, con un ejecutivo tripartita alterno. Seguramente en el ánimo de los redactores, y de Morelos, se encontraba la idea de que estaban combatiendo el absolutismo.

La designación de la autoridad ejecutiva recayó en el doctor Cos, en Morelos y Liceaga. Poco después se instaló el Supremo Tribunal de Justicia en la población de Ario. Mientras que a don José Manuel Herrera se le encomendó que estableciera relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

"Las noticias de la Actividad Legislativa y su culminación pronto llegaron a México, mas el decreto fue conocido hasta principios de mayo de 1815, según se desprende de una carta del nuevo virrey, Calleja, quien hizo que se condenase a las llamas el documento, así como renovación del juramento de fidelidad al monarca español. Por otra parte, la autoridad eclesiástica prohibió su lectura bajo pena de excomunión y no faltó quien lo declarase herético”. 2

Por lo que se refiere al poder judicial, éste se encontraba regulado en el capítulo XIV, titulado “Del Supremo Tribunal de Justicia”.

El Supremo Tribunal de Justicia según el artículo 181, estaba compuesto por cinco individuos, los cuales se rotarían cada tres meses para ser presidente.

La forma de renovación según el artículo 183 era: “Se renovará esta corporación cada tres años en la forma siguiente: en el primero y en el segundo saldrán dos individuos; y en el tercero uno: todos por medio de sorteo, que hará el Supremo Congreso”.

2

Ibidem. p. 79.

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Como podemos ver, los miembros eran elegidos por el Congreso, debiendo estar en el puesto un máximo de treinta años, quedando prohibido para los Diputados al Congreso

y los individuos del Supremo Gobierno formar parte del

Tribunal Superior de Justicia.

1.3 Constitución de 1824.

Al proclamarse la independencia nacional, continuaron vigentes las leyes españolas, con los sistemas procedimentales mencionados, hasta la publicación del Decreto español, de 1812, que creó “los jueces letrados de partido”, con jurisdicción mixta, civil y criminal, circunscrita al “partido” correspondiente; conservó un solo fuero para los asuntos civiles y criminales, así como, acción popular para los delitos de soborno, cohecho y premeditación “La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución, la república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos, y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como religión oficial.”3 Esta Constitución, estaba compuesta de siete títulos y 171 artículos, fue basada en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas, en la Constitución de los Estados Unidos para la fórmula de representación y organización federal, y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, la cual abolía la figura monárquica.

En este ordenamiento, se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual estaba integrada por diecinueve estados, cuatro territorios dependientes del centro y el distrito federal. La constitución de 1824 no

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Federal_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos_de_18 24 10 de junio de 2010. 11:21.

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contempló expresamente los derechos ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico.

Los capítulos que la formaban son: I De la nación mexicana, su territorio y religión; II De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes, y división de su poder supremo; III Del poder legislativo; IV Del supremo poder ejecutivo de la Federación; V Del poder judicial de la Federación; VI De los Estados de la Federación; VII De la observancia, interpretación y reforma de la constitución y acta administrativa.

Los artículos más relevantes fueron: “Artículo 1. La nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación.”

“Artículo 2. La religión de la nación es la Católica Apostólica y Romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra.”

“Artículo 4. La nación mexicana adopta un gobierno de forma de república representativa popular federal.”

“Artículo 6. El Supremo poder de la federación se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.”

“Artículo 7. El Poder Legislativo es depositado en un Congreso constituido por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.”

“Artículo 50. Libertad política de imprenta en la federación y en los estados (apartado 1).”

“Artículo 74. El Poder Ejecutivo reside en una persona denominada presidente de los Estados Unidos mexicanos.”

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“Artículo 75. Se establece la figura del vicepresidente, quien en caso de imposibilidad física o moral del presidente, ejercerá las facultades y prerrogativas del mismo.”

“Artículo 95. El período del presidente y vicepresidente será de cuatro años.”

“Artículo 157. El gobierno individual de los estados se conforma por tres poderes.”

Por lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación quedó consignado en el capítulo V. En el artículo 123 se determinó que el poder judicial de la federación residiría en una Corte Suprema de Justicia, hablándose por primera vez de tribunales de circuito y juzgados de distrito.

La Corte Suprema según el artículo 124 se compondría de once ministros distribuidos en tres salas y un fiscal, quedando abierta la posibilidad para que el congreso general aumentara o disminuyera el número de ministros según lo juzgare conveniente.

Para ser ministro se requería estar instruido en la ciencia del derecho a juicios de las legislaturas de los Estados, tener treinta y cinco años cumplidos, ser ciudadano natural del país o haber nacido en cualquier parte de América, que formara parte de la Nueva España en 1810.

La duración del cargo era perpetua salvo que hubiera un juicio de responsabilidad.

De acuerdo al artículo 127 de la Constitución de 1824, la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia era en un mismo día por las legislaturas

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de los estados a mayoría absoluta de votos, debiendo obtener la mitad de los votos computados en todo el país.

Para el caso de no completar a los doce miembros de la Corte Suprema, el artículo 133 preveía: “Si los que hubieren reunido la mayoría de sufragios prevenida en el Artículo anterior, no llenaren el número de doce, la misma cámara elegirá sucesivamente de entre los individuos que hayan obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas elecciones lo prevenido en la Sección I del Título IV que trata de las elecciones de presidente y vicepresidente.”

Los diputados o senadores podían ser elegidos para formar la Corte Suprema de Justicia, pudiendo elegir entre seguir en sus cargos o aceptar el puesto de ministro o fiscal.

Faltando algún miembro de la Corte Suprema se hacía el procedimiento referido anteriormente.

Una vez aceptado el cargo de miembro de la Corte Suprema de Justicia, debía protestarse el cargo ante el presidente de la República.

En relación a la forma de juzgar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por las faltas cometidas en el desempeño de su cargo se determinó: “Artículo 139. Para juzgar a los individuos de la corte suprema de justicia, elegirá la cámara de diputados, votando por estados en el primer mes de las sesiones ordinarias de cada bienio, veinticuatro individuos, que no sean del congreso general y que tengan las cualidades que los ministros de dicha corte suprema: de éstos se sacarán por suerte un fiscal y un número de jueces igual a aquél de

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que conste la primera sala de la corte; y cuando fuere necesario, procederá la misma cámara, y en sus recesos el consejo de gobierno, a sacar del mismo modo los jueces de las otras salas.”

El documento en cuestión fue firmado por todos los miembros asistentes a dicho Congreso, quienes representaban a sus respectivas entidades, por lo que fue acatado y obedecido por los gobiernos y autoridades que representaban. El segundo Congreso Constituyente empezó a sesionar desde el 5 de noviembre de 1823, pues ya

para

entonces las

entidades independientes

y

soberanas

se

habían

autoproclamado Estados Libres, pero ante la amenaza de dispersión de la nueva Asamblea se presuntó a expedir el documento del Pacto de la Unión, constitutivo de la Soberana Nación Mexicana, en forma de república federativa.

En esencia, este pacto convirtió a México en una República Representativa Popular Federal, donde expresamente se reconoció que las entidades agrupadas eran Estados libres, independientes y soberanos dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, y también respecto a su administración y gobierno interior, sin perjuicio de la cesión o delegación que hacían de su soberanía estatal a favor de la Federación.

El valor del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824, no es un asunto difícil de explicar, pues simplemente se trata del documento que constituye el Pacto Federal de la Nación Mexicana, cuyo texto antecede y es base de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824. Este Proyecto de Acta Constitutiva señalaba que, luego de aprobado, serviría de base o fundamento para elaborar el texto constitucional definitivo, el cual fue promulgado escasamente ocho meses después, según se desprende de las fechas que corresponden a ambos documentos.

Resumiendo lo anterior, se puede considerar que el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, es un documento tanto o más valioso que la misma Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de

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octubre del mismo año, pues ésta se concretó a ratificar los acuerdos que ya existían en el Acta Constitutiva, sólo desarrollando los puntos tratados en ella, puesto que algunos principios fundamentales ni siquiera fueron abordados en el texto constitucional, como fue el caso de la soberanía nacional, por tratarse de un asunto ya discutido y sancionado en el acta anterior.

1.4. Constitución de 1836.

“También conocida como Siete leyes o Constitución de régimen centralista

de

1836,

fueron

una

serie

de

instrumentos

constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a principios del siglo XIX. Fueron promovidas por Santa Anna

y promulgadas por el

Presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836.

Estas medidas de corte centralista ocasionaron la declaración de independencia de Texas y de Yucatán. A pesar de la tendencia conservadora, las leyes contemplaron la división de poderes.”4 “Con base en las Siete leyes, se estableció un cuarto poder: el Supremo Poder Conservador, que es el antecedente directo de las facultades de revisión constitucional o de tribunal constitucional que actualmente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encontraba integrado por cinco ciudadanos. Estos deberían de haber desempeñado la presidencia, vicepresidencia, o bien haber sido senadores, diputados, secretarios de despacho o ministros de la Corte. Este cuarto poder tenía la facultad de regular las acciones de los otros poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), bajo el argumento

4 DELGADO de Cantú, Gloria M. Historia de México: legado histórico y pasado reciente. 2ª edición, Ed. Pearson Educación, México, 2004. p. 143.

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de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación, facultad que prácticamente nunca utilizó.”5 La Quinta Ley

titulada “Del Poder Judicial de la República Mexicana”,

determinaba que este poder debía ser ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales superiores de los departamentos, los de hacienda y los juzgados de primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia estaba integrada por once ministros y un fiscal.

Para formar parte de la Corte Suprema de Justicia se requería: ser mexicano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos,

tener cuarenta años

cumplidos y ser letrado y en ejercicio de la profesión por lo menos durante diez años.

La elección de los miembros se llevaba a cabo de acuerdo a una terna enviada por el Senado y la Alta Corte de Justicia a la Cámara de Diputados, quienes de las ternas enviadas, formaban otra y la enviaban a las juntas departamentales, quienes hacían su votación y la enviaban nuevamente a la Cámara de Diputados, quien conjuntamente con la de Senadores, determinaba a legalidad o no de la elección y en su caso, se hacían los nombramientos correspondientes.

El elegido debía protestar ante la Cámara de Diputados, en sus recesos ante la de Senadores o ante la Comisión permanente de ambas cámaras.

Si el elegido era diputado o senador, debía renunciar a su puesto para continuar dentro del Poder Judicial.

El puesto era perpetuo y sólo se podía ser depuesto de él, por responsabilidad en el cargo, previos los trámites correspondientes.

5 GONZÁLEZ Pedrero, Enrique País de un solo hombre: el México de Santa Anna. 3ª edición, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993. p. 492

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En términos generales, podemos decir que el proyecto de la nueva Constitución, se aprobó por las dos Cámaras, el 23 de octubre de 1835, recibiendo el nombre de “Bases”, y con fundamento en ellas, fueron expidiendo cada una de las Siete Leyes Constitucionales, que entraron en vigor al siguiente año, en las que se aprobó la transformación de un gobierno federal a otro centralista.

La

última

ley

(séptima)

constitucional,

creaba

y

organizaba

las

circunscripciones territoriales, denominadas “Departamentos”, quedando por lo tanto, abolidos los anteriores Estados libres independientes y soberanos de que hablaban el Acta Constitutiva y la Constitución de 1824.

1.5. Bases Orgánicas de 1843.

Las Bases Orgánicas de 1843, fueron expedidas el 14 de junio de ese año, teniendo una vigencia aproximada de diez años.

El Poder Judicial quedó depositado en la Suprema Corte de Justicia, tribunales superiores y jueces inferiores de los departamentos. Debemos hacer notar, que es la primera vez que se habla se Suprema Corte de Justicia, la cual estaba integrada por once miembros y un fiscal.

Para ser ministro de la Corte, se requería: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, tener cuarenta años cumplidos, ser abogado recibido conforme a las leyes, haber ejercido la profesión cuando menos por diez años en la judicatura o quince en el foro en estudio abierto y no haber sido condenado judicialmente en un proceso legal por algún crimen o delito que tenga impuesta pena infamante.

En cuanto a la forma de elección, duración del cargo y nombramiento de suplentes, el artículo 116 lo dejaba a la ley secundaria.

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Para juzgar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial, se elegía un Tribunal en esa forma. Cada bienio el segundo día de las sesiones, se insaculaban todos los letrados que hay en ambas Cámaras. La de Diputados sacará por suerte doce individuos y los que resulten formarán el Tribunal que conocerá las causas mencionadas.

1.6. Constitución de 1857.

Tras la revolución de Ayutla y el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna, se hizo notoria la necesidad de una nueva ley fundamental, en la que se reconocieran de manera clara los derechos individuales del hombre, dado que anteriormente los derechos de los habitantes del territorio mexicano habían sido violados y dejados a un lado por el autoritarismo en el que había vivido el país durante mucho tiempo, lo cual ya no era posible continuar.

El presidente Don Juan Álvarez convocó a un Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855. Apegándose a los postulados vertidos en el Plan de Ayutla, este Poder Constituyente contaría con un año para expedir una nueva Constitución.

El Congreso Constituyente se reunió el 17 de febrero de 1856, y para el 5 de febrero de 1857 sería promulgada la nueva norma suprema. Los constituyentes trabajaron con la intención de reconocer plenamente los derechos del hombre dentro del texto constitucional como lo consigna Emilio O. Rabasa en su obra "El pensamiento político del Constituyente de 1856-1857" de la siguiente manera: "La Comisión conoció que un deber imperioso y sagrado le demandaba una declaración de los derechos del hombre y ha procurado satisfacer a esta exigencia en el título primero", declaró Arriaga en la parte expositiva de su presentación. 6

6

RABASA, Emilio O. La Constitución y la Dictadura. 5ª edición, Ed. Porrúa, México, 1991. p. 28.

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Es de destacar que el capítulo de los derechos humanos fue tomado de la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Bill of Rights norteamericano, algo de la Constitución de Cádiz y lo disperso de la Constitución de 1824.

Esta Carta Magna estaba integrada por VIII títulos y 120 articulados, en los primeros 29 establecía los derechos del hombre y consagraba las siguientes libertades: de enseñanza, de trabajo, de pensamiento, de petición, de asociación, de comercio e imprenta. Además, incorporó algunas de las leyes que le había precedido en el gobierno provisional, como la de coacción civil para los votos monásticos, en su artículo 5°; la ley Juárez, artículo trece; la Ley Lerdo, artículo 27, que retomaba el federalismo, la democracia representativa y permitía al gobierno intervenir en los actos del culto y en las disciplinas eclesiásticas.

En esta Carta campea el optimismo y señala más que una realidad conquistada, los anhelos de los redactores. Por lo demás, los conflictos mismos que derivan en la aplicación; se indican por el esfuerzo realizado en favor del sentido populista: "El Congreso proclamó altamente el dogma de la soberanía del pueblo

y

quiso

que

todo

el

sistema

constitucional

fuese

consecuencia lógica de esta verdad luminosa e incontrovertible.

Todos los poderes se derivan del pueblo. El pueblo se gobierna por el pueblo. El pueblo se Legisla. Al pueblo corresponde reformar, variar sus instalaciones. Pero siendo preciso por la organización, por la extensión de las sociedades recurrir al sistema representativo, en México no habrá quién ejerza autoridad sino por el voto, por la confianza, por el consentimiento explicito del pueblo".7 Se insistió mucho en los primeros lustros en que estuvo vigente esta Carta liberal, en que se trató de una norma suprema puramente idealista, ajena a las 7

MORENO, Daniel. Op. cit. p. 187.

23

realidades constitucionales. Que los legisladores del 56-57, en su afán por establecer principios generales, olvidaron las necesidades mexicanos.

Podríamos señalar que dicha norma siguió el constitucionalismo imperante en esos tiempos tanto en Europa como en América, África u Oceanía; al menos en el aspecto formal existía una corriente por llegar a lo que se llamó estado de derecho, aspiración que en México se logré formalmente, con esta Carta.

En el artículo 90 establecía que el Poder Judicial se depositaba en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y circuito.

La Suprema Corte se compondría de once miembros y un fiscal.

En su artículo 92 determinaba que los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían nombrados por el Presidente de la República y ratificado por el Senado. Durando en funciones seis años.

Para ser electo se requería: estar instruido en la ciencia del derecho, según los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos.

A manera de resumen, podemos decir que esta Constitución, significó la ruptura con el pasado en sus aspectos más importantes, como el poder económico y político de la Iglesia y la desaparición de los fueros y privilegios eclesiásticos y militares.

El Constituyente de 1857 registró las más brillantes sesiones de la historia parlamentaria mexicana con la participación de los hombres más distinguidos del partido liberal, lo cual permitió que se plasmaran en el texto constitucional los principios básicos del liberalismo económico y social de México; sin embargo, no pudieron realizarse plenamente por la actitud tesonera de los conservadores y liberales moderados.

24

Los liberales demandaban principios como: 1. El sufragio universal.

2. La desaparición de los fueros y privilegios eclesiásticos y militar.

3. La igualdad y libertad humanas.

4. La separación entre la Iglesia y el Estado.

5. La libertad de conciencia, culto, enseñanza, pensamiento e imprenta.

6. La libertad de trabajo, industria y comercio.

7. La desamortización de los bienes del clero.

8. El sistema federal.

9. La división de poderes.

10. El Juicio de Amparo.

Los moderados, y sobre todo los conservadores, buscaban el equilibrio de fuerzas y cambios poco espectaculares en materias religiosa y económica, aduciendo que el país no estaba en condiciones apropiadas para aceptar las reformas liberales; esos personajes eran voceros del grupo en el poder encabezado por el conservador Ignacio Comonfort y sus ministros. Esta Constitución Política de 1857 reconoce en forma amplia y pormenorizada los derechos y libertades de las personas y el modo de hacerlos efectivos mediante el Juicio de Amparo, institución jurídica establecida desde años atrás en la Constitución de Yucatán de 1841, y posteriormente en el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847.

Dos aspectos importantes de esta Constitución son: 

Haber incorporado al texto constitucional del artículo 27 el principio que consagra la desamortización de bienes propiedad de corporaciones religiosas.



No disponer que la religión católica sea la religión del Estado, sino que admite, simplemente, el principio de tolerancia religiosa.

25

1.7 Constitución Política de 1917.

En 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años.

Venustiano

Carranza,

en

su

carácter

de

primer

jefe

del

Ejército

Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social del país. Así, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, que conjuntó los ideales revolucionarios del pueblo mexicano y que por su contenido social ha sido definida como la primera Constitución social del siglo XX en el mundo.

Este artículo ha sido objeto de dos reformas, una el 20 de agosto de 1928 y la otra el 31 de diciembre de 1994.

“En la primera, se establece el sistema para que el presidente de la República nombre a los ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para que sean sometidos los nombramientos a la aprobación del Senado. Trámite en los casos de aprobación.” 8

La primera reforma, el artículo quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 96. Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte, serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a

8

Derechos del Pueblo Mexicano. Ed. Cámara de Diputados-Porrúa, México. 2006. p. 285.

26

la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación, dentro del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviere dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Senado, no podrán tomar posesión los magistrados de la Suprema Corte nombrados por el Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Senadores no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presidente de la República hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como provisional y que será sometido a la aprobación de dicha Cámara, en el siguiente período ordinario de sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, el Senado deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente, continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Senado desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el ministro provisional, y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento a la aprobación del senado, en los términos señalados.”

“En la segunda, se modificó el mecanismo de nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia: el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante.”

En relación a los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 96 de la Constitución actualmente establece: “Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la 27

vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

A manera de resumen, diremos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dentro de sus características principales están las de ser: Rígida, republicana, presidencial, federal, pluripartidista y nominal. Se comprende de 136 artículos y sigue el clásico ordenamiento de dividir su contenido en dos parte: la dogmática, que establece los derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados, mejor conocidos como garantías individuales, y la orgánica, relativa a los órganos que componen al Estado, a su estructura y competencia y a otras disposiciones de carácter general.

Los principios básicos de la Constitución de 1917 son los siguientes: 1. La soberanía.

2. Los derechos humanos.

3. La división de poderes.

4. El sistema representativo.

5. La supremacía del Estado sobre las Iglesias.

6. El Juicio de Amparo como medio fundamental de control de la constitucionalidad a favor de los gobernados.

7. El sistema federal.

28

Con relación al sistema o régimen federal, se establecen en la Constitución de 1917 las características del Estado Federal Mexicano, las cuales pueden sintetizarse en las siguientes: a) En cuanto a su estructura étnica, el Estado Mexicano es homogéneo y uninacional. b) Dispone un sistema rígido de división de competencias entre la Federación y los Estados. c) No acepta ningún principio secesionista. d) Las legislaturas estatales participan en el proceso de reformas a la Constitución. e) El municipio libre es la base de la división político-territorial de los Estados.

Para finalizar, conviene hacer mención que la Constitución vigente de 1917 ha sufrido múltiples reformas o modificaciones; a pesar de su rigidez teórica, demuestra que ha sido lo suficientemente flexible para incorporar algunos cambios sustanciales o de fondo, mismos que son la minoría y constituyen auténticas innovaciones al texto constitucional, en tanto que la mayoría de los cambios corresponden a cuestiones de carácter formal.

29

CAPÍTULO SEGUNDO CONCEPTOS GENERALES Como sabemos, cualquier rama jurídica o ciencia del derecho, por lógica, cuenta con algunas definiciones o conceptos que la distinguen de los demás, en el caso que nos ocupa, será conveniente precisar lo relacionado a los términos Constitución, División de Poderes, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisdicción, Competencia y Nombramiento.

2.1 Constitución.

Antes de entrar al tema que nos ocupa, se puede decir que una Constitución es un conjunto normativo. Es un conjunto de normas dispuestas sistemáticamente con el propósito de organizar, en nuestro caso, al estado mexicano. Dichas normas son de jerarquía superior, permanentes, escritas, generales y reformables.

La Constitución se ha dividido en diversas partes: la de derechos humanos; algunos autores, utilizando la terminología teológica, la denominan dogmática (artículos 1º-29). A lo largo de la constitución aparecen otros derechos a favor de los individuos (artículos 129 y 130).

La parte orgánica, relativa a la estructura, el funcionamiento y las facultades de los poderes centrales y locales (artículos 49-122).

Una tercera parte es la programática, la que define la naturaleza y las características del estado mexicano (artículos 39-41).

También se habla de una cuarta parte denominada de derechos sociales (artículos 27 y 123). La quinta parte, a la que, a falta de un título más apropiado, se ha llamado prevenciones generales, comprende un cúmulo extenso de materias de diferente índole, como ciudadanía, extranjería, supremacía, reformas y permanencia constitucional.

30

La normatividad de naturaleza transitoria, que hizo operante la entrada en vigor de la Constitución de 1917, dispuso la derogación de las normas de 1857 que se le opusieran y reguló la transición entre una y otra, conforma una sexta parte; en esta sección deben ubicarse los artículos transitorios que acompañan a las reformas que se hacen a la Carta Magna. De un tiempo a la fecha esa clase de normas ha adquirido una particular importancia; por medio de éstas se inhibe y se excluye.

Respecto al tema que nos ocupa, podemos decir que la palabra Constitución, deriva de “la locución Constitución tiene su origen en el latín constitutio, constituere, que significa fundar, establecer, dar origen, asentar algo o darle fundamento.”9 Sin embargo, jurídicamente, “la Constitución o carta magna (del latín cum, con, y statuere, establecer) es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo.”10 “Según Aristóteles, la Constitución es el ser del Estado.”11 Fernando Lassalle concibe a la Constitución de un país, “como la suma de los factores reales de poder que rigen el mismo. Entiende a los factores reales de poder como aquellos que de una u otra forma afectan o integran la comunidad, influyendo en la creación de leyes y en la organización de las instituciones.”12 George Bordeau sostiene que “la Constitución es la vía por la cual el poder político se convierte en institución estatal consolidando de alguna manera la existencia del Estado como soporte abstracto del

Diccionario de la Lengua Española. 4ª edición, Ed. Océano, España, 1994. p. 199. http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n 11 de junio de 2010. 15:00.

11 Diccionario Jurídico Mexicano. 6ª edición, Ed. Porrúa, México, 1985. p. 262.

12 BURGOA Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 4ª ed., Ed. Porrúa, México, 2000. p.

320.

9

10

31

poder, en otras palabras la institucionalización del poder a través de la Constitución.”13 “Sieyés argumenta que la Constitución de un pueblo no es y no puede ser más que la constitución de su gobierno, y del poder encargado de dar leyes tanto al pueblo como al gobierno, que esta, la Constitución, abarca la formación y la organización de los diferentes poderes públicos, su correspondencia necesaria y su independencia recíproca, este es el verdadero sentido de la palabra Constitución y la separación de los poderes públicos fundamenta el establecimiento político de la Nación.”14 Por su parte, el maestro Manuel García Pelayo acerca de la Constitución nos dice que, “se trata de un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. La Constitución es un sistema de normas.”15 De lo expuesto, puedo concluir que la Constitución, es el orden jurídico que constituye

el

Estado,

determinando

su

estructura

política,

sus

funciones,

características, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para el mantenimiento de la legalidad. Con otras palabras, la Constitución, es el documento legal de rango fundamental por el que se rige la vida política de un país y que, por regla general, suele contener una parte orgánica y otra dogmática.

13

Ibidem. p. 321.

Diccionario Jurídico Mexicano. Op. cit. p. 262.

15 GARCÍA Pelayo, Manuel. Derecho constitucional. 5ª edición, Manuales de la Revista de Occidente, Madrid, 1959. p. 77.

14

32

Para el pensamiento político democrático la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y, por tanto, se ubica a éste como principio y fin último del Estado. La manera en que el pueblo ejerce la soberanía es distinta según el momento en que se ejerza. De allí que los doctrinarios del derecho hagan una distinción entre Poder Constituyente y Poderes Constituidos de la siguiente manera; el primero, es el poder del pueblo para darse su máxima ley, su Constitución; y frente a este Poder Constituyente se ubican los Poderes Constituidos que son los representantes del pueblo que gobernaran en base a sus lineamientos dictados por el pueblo y establecidos en la Constitución.

En este orden de ideas, la Constitución nace por un acto del Poder Constituyente, como una forma de expresión de la soberanía del pueblo para darse su máxima ley, y una vez que la misma existe, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes constituidos, así lo ha entendido el constitucionalismo universal contemporáneo y así lo consagró el Poder Constituyente en nuestra Carta Magna cuyo artículo 39 dispone: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el Inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Por su parte, el artículo 41 dispone: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casas de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

33

Nuestra actual Constitución, como lo señalamos anteriormente,

fue

promulgada el 5 de febrero de 1917, entrando en vigor el primero de mayo del mismo año.

Su carácter de ser la primera norma la hace suprema respecto del resto de las normas del sistema jurídico que Inició, así toda norma debe emanar de la Constitución; a esto los estudiosos le han llamado Principio de Supremacía Constitucional, que ha quedado consagrada en nuestro artículo 133 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber de las Constituciones o leyes de los Estados.” En otras palabras por encima de la Constitución, nada ni nadie.

2.2 División de poderes.

“Desde Aristóteles hasta Montesquieu, todos los pensadores a quienes preocupó la división de poderes dedujeron sus principios de una realidad histórica concreta. Aristóteles teniendo en cuenta el Estado-ciudad griego, diferenció la asamblea deliberante, el grupo de magistrados y el cuerpo judicial.”16 “De las variadas formas combinadas que descubrió en

la

Constitución romana, Polibio dedujo la forma mixta de gobierno.”17 “Locke y Montesquieu, formularon la teoría moderna de la división de poderes, que miraba sobre todo, a separar el papel de formación de 16 Aristóteles. La Política: Libro VI, capítulos XI, XII y XIII. Citado por Tena Ramírez Felipe. Derecho constitucional mexicano. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 1984. p. 212.

17 Polibio. Historia de Roma. Libro VI, capítulo XI. Citado por Tena Ramírez Felipe. Idem.

34

la ley de aquel correspondiente a su ejecución. Empero, no pretendían, necesariamente, imponer una rígida separación entre las atribuciones del órgano legislativo y las del ejecutivo, ya que mientras dejaban la función de ejecución de la ley sólo al Ejecutivo monárquico, admitían que la función legislativa se repartiese entre el rey y el Parlamento.”18 Con base en lo anterior, quedó plasmado el principio de división de poderes en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, de acuerdo con un principio mecanicista de “frenos y contra pesos” (Checks and balances), para evitar la concentración del poder y controlar su ejercicio.

“Desde entonces la división de poderes pasó a formar parte integrante del derecho constitucional liberal, y característica esencial de todo Estado de derecho.”19 Existen tres tipos de función legislativa: “Constitucional, ordinaria y reglamentaria. La función legislativa constitucional corresponde al congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados. La función legislativa ordinaria, corresponde al Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal y a las legislaturas de los Estados. La función legislativa reglamentaria, corresponde al Ejecutivo y al Judicial.”20 Por su parte, la Constitución de 1917 se basa en dos principios para otorgar la competencia a los órganos estatales, a saber: 1) el principio de colaboración y 2) la noción de funciones formales y materiales.

DE VERGOTTINI, Giuseppe. Derecho Constitucional Comparado. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 5ª edición, Ed. UNAM. México, 2004. p. 274.

19 OROZCO Henríquez, J. Jesús. Derechos del pueblo mexicano T. VI., 4ª edición, Ed. Porrúa/Cámara de Diputados LVIII Legislatura, México, 2003. p. 934.

20 VALLARDO Berrón, Fausto E. Sistemática Constitucional. 10ª edición, Ed. Herrero, México, 1965. p.

272.

18

35

Por el primer principio, dos o los tres órganos del Estado realizan parte de la función establecida. Ejemplo: la iniciativa y el veto presidencial en el proceso de formación de las leyes.

El segundo principio nos indica que no siempre coinciden las funciones formales con las materiales; así el órgano legislativo realiza funciones administrativas y jurisdiccionales, y los otros órganos realizan funciones materialmente legislativas, administrativas y jurisdiccionales.

Ahora bien, la división de poderes entraña una gran polémica, los constituyentes de 1916-17, tomaron base el artículo 50 de la constitución de 1857, la cual manifiesta que solamente hay un solo Poder Supremo, dividido no él, sino sus funciones, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Es de suponerse que los tres poderes mencionados están en un plano de igualdad entre sí, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 50 y 49 de las constituciones de 1857 y 1917 respectivamente, sin embargo no era así, ya que en la constitución de 1857 el Poder Legislativo tenía el control constitucional y en la de 1917 es el Poder Ejecutivo.

Concluyendo, podemos decir que la división de poderes en un sistema democrático, implica la existencia de frenos y contrapesos recíprocos entre los órganos encargados de realizar las funciones estatales, de allí su capital importancia.

Si bien el principio de División de Poderes del Estado entraña la separación de funciones legislativa, administrativa o jurisdiccional empleando órganos distintos de autoridad, tal separación no constituye una auténtica independencia entre ellos, porque los órganos estatales no son entes independientes o soberanos que formen especies de soberanía dentro del propio Estado, lo cual es inadmisible, pues en tal supuesto se rompería la auténtica indivisibilidad y unidad de la soberanía; así, los órganos estatales funcionan interdependientes entre sí, pero coordinados para formar una unidad que actúa en forma conjunta e integral, porque el ejercicio del poder público del Estado así lo requiere.

36

Finalmente, debe hacerse énfasis en que la División de Poderes permite construir las partes orgánicas de las constituciones modernas, adscribiendo a cada órgano

estatal

la

función

legislativa,

primordialmente

le

corresponde,

administrativa

distribuyendo

y

jurisdiccional

competencias

entre

que

ellos

y

estableciendo los mecanismos de separación, control, colaboración y mutua vigilancia entre sí, con la finalidad última de implantar el gobierno limitado y moderado que es característico de las sociedades actuales, a fin de que la libertad humana y los derechos de los individuos queden debidamente protegidos.

Como podemos ver, la división de poderes, trae como consecuencia, que ninguno de los otros poderes invada la competencia jurisdiccional del otro, es decir, es una traba u obstáculo para la no invasión de poderes.

2.3 Poder judicial.

El capítulo IV del título tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está reservado exclusivamente para regular la rama del Supremo Poder de la Federación denominada Poder Judicial. El artículo 94 de la Constitución Federal establece: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y en Juzgados de Distrito.”

El Poder Judicial Federal puede entenderse desde dos puntos de vista: el Orgánico y el Funcional. Conforme el primero esta rama del Supremo Poder de la Federación es de carácter multiorgánico, pues tanto su depósito como su ejercicio se realizan a través de los distintos órganos judiciales creados ex profeso por el legislador, los cuales desempeñan sus funciones según el ámbito competencial que la ley les impone; por lo tanto, atendiendo a este enfoque orgánico, el Poder Judicial Federal difiere notablemente del Ejecutivo que, como es sabido, es unipersonal,

37

puesto que se deposita y lo ejerce un solo individuo llamado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Cada uno de los órganos que forman el Poder Judicial de la Federación se integra por Ministros, Magistrados y Jueces, según la clase de órgano de que se trate, además de que todos ellos en lo particular poseen características propias y tienen asignados sus correspondientes ámbitos de competencia, según lo dispone la misma Constitución y lo precisa en detalle la ley orgánica respectiva.

El segundo enfoque del Poder Judicial Federal es el Funcional. Esto significa que sus actividades o funciones públicas preponderantes son justamente la judicial y la de control constitucional, las cuales realiza por medio de los órganos que lo integran según el artículo 94 de la Constitución, es decir, por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Tribunal Electoral Federal; a continuación se analiza brevemente en qué consisten ambos conceptos: La función judicial, tiene como objetivo prioritario resolver las controversias que susciten de carácter federal, y se realiza en forma análoga a la desplegada en los procesos judiciales del orden común. Esta función se realiza en los llamados juicios federales que, conforme al artículo 104 de la Constitución, les corresponde conocer en exclusiva a los Tribunales de la Federación y su objetivo último es resolver las controversias que se susciten en juicios civiles, mercantiles, administrativos y penales de carácter federal, de los cuales conocen en primera instancia los Jueces de Distrito. La función de control constitucional es esencialmente distinta a la función judicial, pues su fin último es mantener, preservar y conservar todo el orden jurídico establecido por la Constitución.

Por otro lado, por la importancia que tiene la función de control constitucional es necesario distinguir en ella al menos tres aspectos esenciales:

38

1. La relación del Poder Judicial con otros poderes del Estado. El Poder Judicial Federal en la función de control constitucional, se ubica en posición supraordinada con respecto a las demás autoridades del Estado, sean federales o locales, y las resoluciones que dicte deben ser acatadas por las partes.

2. Objeto de control constitucional. La finalidad del control constitucional es mantener, proteger y conservar el orden legal establecido por la Constitución, cualquiera que sea la autoridad responsable, la Ley Federal o Estatal de que se trate, y la materia a que corresponda.

3. Órgano facultado para ejercer el control constitucional. El Poder Judicial Federal es el único órgano expresamente facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desempeñar la función de control constitucional, convirtiéndose así en el órgano hegemónico tutelar del mismo.

El Poder Judicial de la Federación es sumamente complejo tanto en su estructura como en su funcionamiento, y por ello se advierte en el texto constitucional la presencia de otro órgano que si bien no desempeña función judicial alguna, ni mucho menos de control constitucional, su existencia resulta indispensable para que el conjunto de órganos judiciales pueda desempeñar eficientemente las funciones que le impone la ley; por consiguiente, al Poder Judicial Federal también lo integra el órgano administrativo llamado Consejo de la Judicatura Federal, mismo que posee tantas y tan grandes facultades que en opinión de algunos doctrinarios se trata de un órgano hegemónico creado para administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial Federal, excepto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En términos generales, se puede decir que el Poder Judicial de la Federación, según el artículo 94 de la Carta Magna está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura.

39

2.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La creación de la Suprema Corte de Justicia trajo consigo la desaparición de la antigua Audiencia de México, por lo que cada estado tuvo que crear un tribunal superior, junto con los juzgados de primera instancia. Para la ciudad de México y su distrito judicial, se habían establecido seis juzgados de letras desde la legislación gaditana, sin embargo, con la supresión de la Audiencia, dicha capital se quedó sin tribunal superior, por lo que las apelaciones y demás recursos ordinarios que se originasen en dichos juzgados capitalinos deberían ser resueltos por la propia Suprema Corte de Justicia, mientras no se creara un tribunal de alzada para el Distrito Federal (lo que ocurrió hasta 1855).

Ello suena lógico, pues si consideramos que aún no se había creado el juicio de amparo y que los asuntos propios que en aquel entonces se otorgaron a la competencia del máximo tribunal del país eran muy pocos realmente y si a ello agregamos el deplorable estado que guardaba la hacienda pública federal, vemos que no tenía mucho sentido crear un Tribunal Superior para el Distrito y Territorios Federales.

Regresando al tema de la organización del máximo tribunal del país, “fue hasta el 14 de febrero de 1826 cuando el Congreso de la Unión dotó de ley orgánica a la Suprema Corte de Justicia, aunque no le dio ese nombre sino el de Bases, para el Reglamento de la Suprema Corte, ya que, como lo disponía el artículo 19 de esas Bases, la propia Suprema Corte de Justicia debería confeccionar su reglamento y los aranceles judiciales, los que tendrían que ser aprobados por los otros dos poderes; para ello, el Congreso Federal dio estas Bases, conteniendo los lineamientos generales de organización interna de la Suprema Corte de Justicia; razón por la

40

cual consideramos que realmente venía a ser su ley orgánica, en el sentido que ahora le daos a este término.”21 Conforme a lo anterior, el Congreso de la Unión aprobó el 13 de mayo del mismo año el Reglamento que debe Observar la Suprema Corte de Justicia de la República, de acuerdo con el proyecto formulado por sus ministros y aceptados por el Ejecutivo. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia se gobernó internamente por lo dispuesto en el Reglamento del Supremo Tribunal de España, en lo que no se opusiera al incipiente sistema jurídico mexicano.

“Con motivo de la adopción del régimen centralista recogido por las Bases Constitucionales de reestructura

todo

el

1835, lógicamente

aparato

judicial,

como

se de

tuvo

que

hecho

con

posterioridad lo realizó la Quinta Ley Constitucional de 1836; en efecto, el Poder Judicial de la República Mexicana se depositaba en la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de los departamentos, los de Hacienda y los juzgados de primera instancia, mismos que vinieron a ser reglamentados por la Ley para el Arreglo Provisional de la Administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común, de 23 de mayo de 1837. Por lo que tocaba a la Suprema Corte de Justicia; al igual que en 1824, ésta se componía de once ministros y un fiscal, todos ellos nombrados de la misma manera que al Presidente de la República, es decir, en junta del Consejo de Ministros, el Senado y la Alta Corte de Justicia (sic) formularían cada uno una terna que remitirían a la Cámara de Diputados, la cual, dentro de los nominados en esas ternas, obtendría a su vez una nueva terna, la que se remitiría a las diversas juntas departamentales para que eligieran un individuo, saliendo electo el que obtuviera el mayor número de votos; todo este

21

OROZCO Henríquez, J. Jesús. Op. cit. p. 283.

41

procedimiento sería calificado por los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, reunidos en Congreso General.”22 En síntesis, podemos decir que durante la primera etapa del siglo XIX, la Suprema Corte de Justicia se constituyó con 11 ministros, integrando tres salas, aparte del fiscal. En la Constitución de 1857 se le agregaron 4 ministros supernumerarios. Por reformas constitucionales de 22 de mayo de 1900, dicha Suprema Corte de Justicia se reorganizó con 15 ministros numerarios, los cuales podían integrar pleno o salas, desapareciendo la clase de supernumerarios, lo cual se explica por la creación del juicio de amparo, el cual era resuelto en todo los casos por ese alto tribunal.

“La Constitución de 1917 dispuso en su artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia se integrara con 11 ministros y que funcionara únicamente en pleno. Por reformas de 20 de agosto de 1928 se aumentó la planta de ministros a 16 y se dispuso que trabajaran en Pleno o en salas, creándose tres de éstas, en materia administrativa, penal y civil, con 5 ministros cada una, ya que el presidente no integraba sala. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1934, se agregaron 5 ministros y una sala (en materia laboral).”23 Fue hasta la reforma de 1951 cuando se crearon 5 plazas de ministro supernumerario, mismos que suplirían a los numerarios en sus ausencias temporales y que integrarían provisionalmente una sala auxiliar; se crearon además los tribunales colegiados de circuito para ayudar a la Suprema Corte de Justicia en ciertos asuntos.

22 23

VALLARDO Berrón, Fausto E. Op. cit. p. 116.

Idem.

42

Las necesidades de la creciente sociedad desbordaron muy pronto estas medidas, y para aliviar el rezago, de nuestra Suprema Corte de Justicia se tuvieron que tomar, hacia 1968, nuevas y radicales medidas.

“En esta ocasión se modificó el sistema de reparto de competencias entre la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, abandonando la distinción de errores in procedendo y errores in audicando por la competencia en razón de la cuantía y se dio carácter permanente a la sala auxiliar.”24 En resumen, la Suprema Corte de Justicia contaba con 26 ministros: 21 numerarios y 5 supernumerarios; los primeros integraban el pleno y las cuatro salas numerarias (excepto el presidente que no integra sala) y los otros 5 forman la sala auxiliar, aparte de sustituir a los numerarios en sus ausencias.

“Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesitaba: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener más de 35 y menos de 65 años el día de la designación; tener título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de 5 años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, así como aquel que amerite pena corporal de más de un año de prisión, y haber residido en el país durante los últimos 5 años, salvo ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de 6 meses.”25 Todos los ministros, numerarios y supernumerarios, son designados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, y en sus recesos por la

24 25

Ibidem. p. 117.

OROZCO Henríquez, J. Jesús. Op. cit. p. 252.

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Comisión Permanente, esta designación no se hace por un tiempo determinado; cesan cuando cumplen 70 años, aunque pueden renunciar antes por causas graves ante el Presidente de la República con aprobación del Senado o de la Comisión Permanente.

Era costumbre que en la designación de ministros se siga cierto orden, ya que generalmente se escogen entre los magistrados de los diversos tribunales de la República, aunque también se dan excepciones.

El pleno tiene funciones jurisdiccionales y administrativas. Entre las primeras destacan: conocer y resolver los recursos de revisión, queja y reclamación en amparo contra leyes federales, cuando no exista jurisprudencia sobre el particular; la denuncia de contradicción de tesis entre dos o más salas de la Suprema Corte de Justicia; y las demás a que hace referencia el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que se refiere fundamentalmente a los litigios entre la federación y los estados y de éstos entre sí. Por otro lado, entre las funciones administrativas del pleno, reguladas en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, destacan todas las relativas al gobierno interno del Poder Judicial Federal, nombrar y ratificar a jueces y magistrados del propio poder, así como su destino; crear juzgados y tribunales supernumerarios.

Corresponde a las cuatro salas numerarias conocer los amparos directos y recursos de revisión en amparos indirectos, así como los correspondientes recursos de queja y reclamación, en razón de la materia y cuantía que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (la primera sala conoce la materia penal; la segunda la materia administrativa; la tercera la materia civil, y la cuarta la materia laboral); también los recursos de revisión, queja y reclamación en los amparos contra leyes que no correspondan al pleno.

La sala auxiliar conoce y resuelve los asuntos que para tal fin le remiten las salas numerarias.

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La Suprema Corte de Justicia cuenta con los siguientes funcionarios para el buen despacho de sus negocios: secretario general de acuerdos, subsecretario de acuerdos oficia mayor, contralor general, subcontador, tesorero general, subtesorero, directores generales, directores y subdirectores de dependencias como SJF, Compilación de Leyes, Estudios Administrativos, Recursos Humanos, Programación y Presupuesto, Servicios de Cómputo y de las demás autorizadas por el presupuesto. También actuarios, notificadores y empleados necesarios para el despacho, designados por el pleno.

En cada sala hay: un secretario de acuerdos, secretario para asuntos administrativos, secretarios de estudio y cuenta, actuarios y demás personal subalterno

que

fije

el

presupuesto,

todos

ellos

designados por

la

sala

correspondiente.

Existe, además, una Comisión de Gobierno y Administración, integrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y dos ministros numerarios nombrados por el pleno, así como otras comisiones permanentes, como son la Sustanciadora y la Mixta de Escalafón. Se ha creado también un Instituto de Especialización Judicial.

En términos generales, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está integrada por once ministros, que trabajan en dos salas con cinco miembros cada uno, siendo uno el presidente, quien no integra sala.

La duración del cargo es de quince años sin posibilidades de reelección.

2.5 Jurisdicción.

“La jurisdicción (del latín iurisdictio, «decir o declarar el derecho») es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por

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los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes.”26 Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada.

De acuerdo a la definición que da el diccionario, el término en comento significa: “Autoridad para gobernar. Término, extensión de un lugar; jurisdicción municipal, provincia. Territorio en que un juez ejerce su autoridad. Autoridad o dominio sobre otro: caer bajo la jurisdicción de uno”.27 De esta definición podemos sacar dos formas de jurisdicción, una, como la judicial que únicamente le interesa al juez, es decir, la manera en cómo se aplica el derecho de acuerdo al territorio; la segunda es aquella que toda autoridad tiene para gobernar, y esta es la que ejerce el pueblo a través de sus órganos: judicial, legislativo y ejecutivo.

Por su parte, el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela dice lo siguiente: “Este concepto tiene dos significados. Por su parte, denota circunscripción territorial dentro de la que los órganos del estado, primordialmente los Judiciales, ejercen sus funciones. Por la otra y con más propiedad Jurídica, implica más de las tres funciones en que se manifiesta el Poder Público Estatal, consistente en dirimir controversias o conflictos de derecho”.28

Enciclopedia Interactiva Universal. T. XIV, 8ª edición, Ed. Reymo, España, 2001. p. 225.

Diccionario Enciclopédico Larousse. Tomo II. 7ª edición, Ed. Larousse, México, 1990. p. 473.

28 BURGOA Orihuela, Ignacio. Op. cit. p. 256.

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Como podemos ver, la jurisdicción no es una facultad exclusiva del poder judicial, ya sea local o federal sino que es una delimitación de funciones y facultades de los tres poderes.

En este sentido Francisco J. Peniche Bolio manifiesta lo siguiente: “Por tanto, al emplear el término jurisdiccional y no judicial hemos previsto los casos en los cuales la acción ejercitada por quienes se consideran en aptitud de hacerlo, la enderezan no sólo ante los órganos del poder judicial, sino ante órganos de cualquiera de los otros dos Poderes, en cuyo caso tales órganos realizan una función jurisdiccional consistente, repetimos, en “aplicar el derecho a caso concreto, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el de declarar la existencia de una obligación y en caso necesario hacerla efectiva”. 29

Por su parte, el Licenciado Cipriano Gómez Lara nos manifiesta lo siguiente: “Entendemos a la jurisdicción como: una función soberana del estado, realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo”. 30

En este orden de ideas podemos afirmar que la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la aplicación del derecho a un caso judicial.

Continuando con el tema, señalaremos que la jurisdicción se divide en dos: objetiva y subjetiva.

PENICHE Bolio, Francisco J. Introducción al Estudio del Derecho. 9ª edición, Ed. Porrúa, México, 1982. p. 140.

30 GÓMEZ Lara, Cipriano. Teoría general del Proceso. 10ª edición, Ed. Harla, México, 1990. p. 122.

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Comenzaremos por analizar la primera, es decir, la jurisdicción objetiva.

Lo primero es definir lo que se entiende por autoridad, término que es definido como: “Poder, potestad o actividad que es susceptible de imponerse a algo, y referida al Estado, como organización jurídica y política de la sociedad humana, implica el poder con que éste está investido, superior a todos los que en él existan o puedan existir, y que se despliega imperativamente en tal forma, que a nada ni a nadie le es viable desobedecerlo o desacatarlo, en una palabra es el poder de imperio emanado de la soberanía cuyo titular real es el pueblo”.

Ahora bien, esa autoridad que se ejerce se ve regulada por la Constitución, las leyes emanadas de la misma, reglamentos, etc. Es por ello que la jurisdicción objetiva es el conjunto de normas que ordenan o prohíben hacer algo o llevar a cabo determinada conducta.

Aunque la anterior función corresponde al derecho, ésta también se aplica a la jurisdicción tomando en cuenta que el derecho no se puede desprender de la jurisdicción y viceversa.

De lo anterior se concluye que para que haya una jurisdicción determinada (legislativa, ejecutiva y judicial), es necesario tener leyes, que determinen el campo de acción de cada autoridad; que en este caso es el de los poderes de la unión, ya que su esfera de atribución, facultades y funciones deben quedar perfectamente asentadas para que no sé de la invasión de jurisdicción por parte de un poder en relación a los otros dos.

A fin evitar la invasión en la jurisdicción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano ha dado las bases para la formación de normas que rigen la jurisdicción de cada poder, así, para el Ejecutivo se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPA), mientras que para el legislativo tenemos la

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Ley Orgánica del Congreso de la Unión (LOCU), y para el judicial, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (LOPJF).

Por otra parte, tenemos la llamada jurisdicción subjetiva que se define como: “El conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley, para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses”. 31

El Licenciado Clemente Soto Álvarez nos señala que: “Subjetivo: son las facultades reconocidas al individuo por la ley para efectuar determinados actos”. 32

Y el licenciado Gómez Lara dice que: “Los límites subjetivos se enfocan hacia los sujetos de derecho sometidos a la función jurisdiccional”. 33

Podemos señalar que la jurisdicción subjetiva se refiere a las personas que aplican el derecho, en este caso, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, a los ministros.

2.6 Competencia.

Como vimos anteriormente la jurisdicción se considera como el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del

MOTO Salazar, Efraín. Elementos de Derecho. 11ª edición, Ed. Porrúa, México, 1979. p. 16.

SOTO Álvarez, Clemente. Introducción al Estudio del Derecho y Nociones del Derecho Civil Curso Gráfico. 5ª edición, Ed. Limusa, México, 1975. p. 16.

33 GÓMEZ Lara, Cipriano. Op. cit. p. 129.

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