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17 de julio de 2020

EL VESPERTINO

17 de julio de 2020 Ejemplar N° 302 Año 6 Distribución Gratuita GBA, Zona Sur

LOCAL

Los Nadies de Varela

CENTRAL

Todos los hemos cruzado, aunque no sea más que con nuestras miradas. Muchos son los mismos que hace un año recibían un té caliente o un plato de comida, porque Macri había permitido que Sergio Zacaríaz falleciera durante la primera semana de julio, en una noche helada de domingo en plena calle, a menos de 500 metros de Casa Rosada. Pero hoy no está Macri, y hay algo que les produce más miedo que el frío y es la cuarentena, que los deja solos frente al coronavirus y aún más marginados por el sistema. Son las historias de los subsuelos del sistema. Que invisibiliza a los Nadies o toma –a través de sus brazos vengadores- la decisión de borrarlos definitivamente de la vida. Hace una semana, una persona en situación de calle murió quemada. El horror no es nuevo: morir quemado es un miedo latente en las personas que viven en situación de calle.

CENTRAL

Ser docente en Varela y no morir durante la cuarentena

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17 de julio de 2020

INTERNACIONAL

Chile: represión en una nueva noche de protestas contra Piñera El pueblo de Chile volvió a manifestarse en una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, manifestaciones que no se han detenido a pesar de la aprobación parcial del retiro del 10% de las AFP lo cual significó diversas celebraciones en todo el país. Sin embargo, bien terminada la sesión comenzaron a circular diferentes imágenes y videos que dan cuenta de la acción represiva e inmediata de la policía en las intermediaciones de Plaza Dignidad y de los lugares neurálgicos de las protestas. Por otro lado, preocupación produjo un trascendido de las Fuerzas

Armadas que llaman a un “ Acuartelamiento grado 2 a partir de las 16”. Al que luego de la viralización del documento, respondieron aludiendo a razones sanitarias. Situaciones de extrema gravedad ocurrieron en las poblaciones emblemáticas de Santiago como Villa Francia, donde incluso se registraron detenciones de menores de edad. En la ciudad de Talcahuano Carabineros detuvo de forma violenta al Dirigente social Pablo Fabres quien grabó su propia detención arriba del camión. Mientras tanto situaciones de autoritarismo militar se han registrado en todo el país. En la ciudad de Rancagua se observó como uniformados trataban de ingresar de forma ilegal y violenta a las casas de los vecinos que protestaban. Vecinos acusan uso indiscriminado y creciente de gases lacrimógenos y otros químicos,además de balas, amedrentamientos y todo tipo de amenazas y humillaciones de parte de los agentes. La noche terminó con mas de 61 detenidos, saqueos, un servicentro quemado , y la concesionarios NISSAN arrasada por el fuego.

El gasto es represión y la compra de nuevos camiones blindados para “ combatir al enemigo interno” lleva a la fecha un gasto millonario : Carabineros ha gastado 7.776.000 litros de agua en manifestaciones desde el estallido social el 18 de octubre de 2019”, reportó el diario La Segunda, tras realizar un cálculo de la cantidad de agua que utilizan los ‘guanacos’, o carros lanza aguas, y la cantidad que usa por minuto. La situación de Carabineros es dantesca, considerando que el Gobierno acaba de hacer anuncios donde se plantea la necesidad de reutilizar el agua y usarla de forma estacional”, dijo Rodrigo Mondaca del Movimiento de Defensa del Agua (Modatima)., mientras que la inversión antiprotesta alcanza los 15 millones de dólares en plena pandemia, y solo en el 2020 Carabineros ha gastado más de $6.6 mil millones de pesos en carros lanza aguas y lanza gases. “Desde el 1 de Enero y hasta el 19 de Marzo, Carabineros ha hecho el gasto obsceno de $6,6 mil millones de pesos destinados a la compra de vehículos an-

tidisturbios, carros lanza agua y lanza gases lo que equivale a la compra de 139 ventiladores, sin contar con la comparación que podamos hacer entre el precio de esas compras con su equivalente en mercadería para quienes están pagando el costo de la crisis.” Consignó el Medio La Izquierda Diario Chile. En la población La Victoria una de las barriadas populares más combativas en Santiago de Chile, las protestas se dieron en la avenida lindera con bloqueos y cacerolazos que fueron reprimidos por carabineros. En el operativo represivo dos periodistas del medio alternativo, Señal Tres, con sede en la población, fueron atacados por agentes de las fuerzas de seguridad mientras cubrían las protestas. Recibieron impactos de disparos de escopetas con balas de goma, “No vieron con las cámaras y nos dispararon igual. Les decíamos que eramos prensa que no les importa”. Los comunicadores filmaron mientras eran reprimidos. ::: D.Alcaino para ANRed:::

17 de julio de 2020

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NACIONAL

Rabia, fuego al interior Al interior del país hay un país. Al interior de las madres, padres, familias que buscan a sus hijos hay fuego, hay rabia. En Argentina hay un nuevo caso de desaparición forzada. Se trata de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años desaparecido el 30 de abril en el sur de la provincia de Buenos Aires en manos de la policía provincial. Su madre, Cristina Castro, junto a sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, han presentado ya una demanda ante la Justicia Federal de la Argentina por desaparición forzada de persona. Se considera que en Argentina hay unas 200 desapar iciones forzadas des de el inicio de la “de mocracia”, según el a rchivo de la Coordinado ra Contra la Represión Policial e Institu cional (CORREPI). Las fuerzas policial es, gendarmerías y pre fect uras están involu crad as en estos casos. Ante esta nueva desapa rici ón nos pregunta mos: ¿Qué democracia? Con desapare cidx s, con madres y familias bus cand o a sus hijos, con defensores a mena zados, con un aparato repr esiv o que asesina y desaparece a nuestrxs hijxs no hay democracia. Compartimos este material de solidaridad con la familia y amigos de Facundo Astudillo Castro

desde algunos casos emblemáticos de asesinato s y desapariciones en nuestro país en manos del entramado entre el poder político, empresarial, la policía y la justicia. En este interior hay familias que se unen en el llanto, en la espera, en la búsqueda infinita, en los recorridos estériles por comisarías, oficinas, juzgados y t odo esto en medio de discursos hu ecos, de silencios estruendosos. Estos casos, estas voces, estas familias q ue gritan por sus hijos que fueron asesinados, todos ellos entre 16 y 24 años, tenían. Son casos en los que está acompañando judicialmente y en las investigaciones Leandro Aparicio, abogado, junto a Luciano Peretto, del caso de Facundo Castro. De estos casos que envían su solidarida d, los de Daniel Solano, Katherin e Moscoso y Sergio Avalos, son patrocinados por Leandro, y que son parte de un recorrido de acompañamiento en el dolor y la búsqueda de justicia, en el caso de Solano y Avalos junto a su amigo, compañero Sergio Heredia, también un abogado q ue pasó cinco años de su vida viviendo en una parroquia investigando el crimen y desaparición de Daniel Solano, en el interior de Río Negro. Una nu eva desaparición en democracia, una vez más, y son esos momentos en los que es preciso contar con estas familias que no bajan los brazos, con profesionales que sean incorruptibles, que vayan por la verdad, que no titubeen ni especulen, y con pueblos y organizaciones del pueblo que acompañen. Esto todo en medio de tan inmenso dolor que están atravesando esas familias y quienes las acompañan, el dolor de la búsqueda, el dolor de las pistas falsas, de dar confuncionarios ineptos o corruptos. Porque en este buscar hijos desaparecidos, jóvenes de nuestros pueblos desaparecidos, buscar cuerpos, buscar la verdad de homicidios y femicidios necesitamos todos apelar a la la dignidad y a la integridad. Facundo Rivera Alegre: El 19 de febrero de 2012 en Córdoba Capital, Facundo RiveraAlegre fue a un baile de Damián Córdoba y nunca más regresó. Su familia denuncia que, por acción u omisión, la Policía de la

Provincia es responsable de la desaparición del “Rubio del pasaje”. Un expediente judicial plagado de irregularidades y las constantes maniobras de encubrimiento por parte de la fuerza policial y funcionarios intervinientes llevaron a un juicio en el que se acusaron y condenaron a tres personas, pero la familia de Facundo considera que no se hizo justicia. Hoy para Vivi, la mamá del rubio, la tarease trata de continuar la lucha hasta “poder encontrar a Facu” y que la represión deje, de una vez por todas, de ser política de Estado. Daniel Francisco Solano: Daniel Solano, joven guaraní, oriundo de Mision Cherenta,Tartagal (Salta) de 24 años. Su cuerpo está desaparecido desde el 5 de noviembre d e2011 tras ser sacado por polic ías de un boliche en Río Negro; Daniel habia ido a esaprovincia a trab ajar para una tercerizada de la transnacional Expofrut (grupo Greenyard ,ex UNIVEG) en la produccion fru tícola de exportación. En el juicio realizado en 2018 sedictó perpetua para siete policías involucrados y hay tres policías más que esperanjuici o. Esos siete aún están en libertad, portando armas reglamentarias. La causa tienemás de 20 causas conex as por otras desapariciones for zadas y asesinatos, trata depersonas con fines de explotación laboral y sexual, narcotráfico, entre otras. Sergio Avalos: joven estudiante universitario, oriundo de Picun Leufú,

en el interior dela provincia de Neuquén. Tenia 18 años cuando desapareció. Fue visto por última vez alrededor de las siete de la mañana del 14 de junio de 2003 en el complejo bailable Las Palmas. El caso está en investigación en la Justicia Federal por desaparición forzada y las responsabilidades estarían en militares y policías que hacían seguridad en el boliche. Katherine Moscoso: Tenía 18 años cuando en Monte Hermoso (Buenos Aires) fueasesinada en mayo de 2015. Su cuerpo apareció en un médano después de estar unasemana desaparecida. Fue e nterrada con vida. A cinco años no hay imputados en una causa que toca de cerca al poder polìtico local, aunque ante la Procuración hay denunciados fiscales, jueces, person al policial, de bomberos y pedidos de detenciones que hasta el moment o no han sido efectuadas. Hay te stigos amenazados en el marcode la causa. Luciano Arruga: Tenía 16 años cuando fue secuestrado por la policía en la madrugadadel 3 1 de enero de 2009. La investigación fue entorpecida desde un principio. El 17 de octubre de 2014 encontraron el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el cementeriode la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo de 2009 después de un accidenteautomovilístico en la autopista General Paz. La causa fue caratu lada como averiguación de paradero (años después se logró cambiar la a “Desaparición

forzosa”). El 15 de mayo de 2015, el ex-policía Julio Diego Torales fue condenado a diez años deprisión por torturas fís icas y psicológicas cometidas contra Luciano 4 meses antes desu desaparición. Los 8 policías imputados p or la desaparición forzada seguida demuerte continúan impunes y en funciones. Santiago Maldona do: con 28 años fue secuestrado el 1 de agosto de 2017 por Gendarmería Nacional durante una represión a la comunidad mapuche en resi stenciade Cushamen, a la cual Santiago se había movilizado en solidaridad. Las movilizaciones y bú squeda del “Brujo” lograron un nivel de visibilización inédito, poniendo en debate nacional la vigencia de esta práctica criminal durante los gobiernos constitucionales y la responsabilidad de los poderes políticos y judiciales ante la desaparición forzada de personas. El 17 de Octubre, después de 78 días de búsqueda incans able encabezadapor su familia, el cuerpo de Santiago es “plantado” e n el río Chubut, orquestándose un montaje para simular una muerte por ahogamiento. Su familia, junto con su abogada Verónica Heredia, siguen dando pelea para conseguir Verdad y Justicia y demostrar la r esponsabilidad de la ministra Patr icia Bullrich, Mauricio Macri y la Gendarmería en la desaparición forzada y muerte de Santiago. ::: Equipo de Comunicación del Caso Daniel Solano:::

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BUENOS AIRES

Los policías que mataron a Lucas Verón eran los verdugos del barrio Ezequiel Benitez y Cinthia Duarte, los acusados de matar al adolescente de 18 años, son conocidos en la zona por perseguir, golpear y cometer otros abusos. En el barrio denuncian simulacros de fusilamiento, manoseos y causas armadas. Cinthia se había quedado sola en su casa. A Lucas Verón, su hermano, le acababan de pegar un tiro. Sus otros hermanos y sus padres lo llevaron al hospital. Ella no entraba en el auto, así que se quedó. Justo vio pasar por la puerta un patrullero. Le hizo señas desesperadas para que parasen y la llevaran al hospital. La mujer policía que iba de acompañante la miró y la ignoró. Al hospital llegó con tres amigos de Lucas: uno era “Moneda”, el que manejaba la moto en la que iba Lucas. Adentro de ese auto todo era llanto y gritos. –Contame qué pasó– le preguntó Cinthia al Moneda. –Fue el patrullero, el patrullero nos corrió. En el hospital les avisaron que Lucas había muerto. Cinthia recuerda que se desplomó. Y que después se encontró con su mamá, que también se descompensó. En la guardia, una mujer policía se acercó a consolarlas. –Tranquilizate, vamos a encontrar a los que hicieron esto. Ya en su casa, a Cinthia le llegó un mensaje. Era una amiga de

Lucas. Le mandó una foto de Cinthia Duarte, la policía que, junto a Ezequiel Benítez persiguió a Lucas y al Moneda y les dispararon. Cinthia no lo podía creer: era la misma policía que la consoló en el hospital. Y la que antes la había ignorado cuando le hizo señas al patrullero. “Ellos lo mataron y lo dejaron tirado en la calle a mi hermano. Y ahí es cuando los veo pasar con el patrullero”, dice Cinthia. Las primeras versiones del caso le dan la razón: no sólo ambos huyeron, sino que no avisaron a sus superiores lo que habían hecho.

En González Catán se los conoce bien a Benítez, de 33 años, y Duarte, de 26, la pareja de policías detenida por el crimen de Lucas Verón. Ambos forman parte del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de González Catán. Hacen patrullajes en la zona. “Tienen antecedentes de violencia. Siempre le tiran el patrullero encima a la gente que camina por la calle”, dijo un tío de Lucas al diario Clarín. Los vecinos denuncian que cerca de un mes atrás a un chico lo pararon en la calle por no respetar la cuarentena. Benítez se bajó del patrullero, lo maltrató y le gatilló en la cabeza. Esa misma noche, pararon a otras dos chicas. –¿Qué están haciendo en la calle, en cuarentena? –Vamos a comprar cigarrillos. Duarte se bajó del patrullero. Con la excusa de revisarlas, contaron ellas después, las manoseó. Las tres víctimas de esos abusos declararon ayer en la fiscalía en la causa por el crimen de Lucas, calificada como homicidio agravado por el uso de arma de

fuego y por la condición de policías de los imputados.

Un poco más atrás en el tiempo, a Duarte se la vincula con el caso de Roberto Maidana, un joven de 26 años con esquizofrenia. Hasta el año pasado, Maidana hacía changas en el complejo de canchas de fútbol Los Leones a tres cuadras de su casa, en Virrey del Pino. El 4 de septiembre de 2019 salió del trabajo a las 19.30. Caminó una cuadra y media. Cuando estaba por llegar a su casa de un auto particular bajaron un hombre y una mujer de civil. –Somos policías, quedate quieto. Eran la oficial Cintia Duarte y su hermano, también policía, conocidos en el barrio. Roberto se asustó y empezó a correr. Uno de los policías disparó y Roberto corrió más. Hasta

que lo alcanzaron, lo tiraron al piso y lo golpearon por un rato largo. Después lo llevaron detenido a la comisaría segunda de Virrey del Pino. La familia fue a la comisaría y les dijeron que estaba acusado de robar un celular a mano armada. Ni el arma ni el celular aparecieron. Presentaron el certificado de discapacidad. –En dos días lo soltamos– les dijeron. Roberto estuvo 25 días preso en esa comisaría. Su mamá le llevaba cada día la medicación y apenas si podía verlo. “La fiscal nunca quiso investigar ni ver las cámaras donde se ve a mi hermano salir de la canchita a las 19.30. Y el robo fue a las 19.15”, dice a Cosecha Roja Marcelo Maidana.

Roberto continúa imputado y espera por un juicio abreviado que aún no tiene fecha. Todos los meses tiene que ir a presentarse al juzgado. Él y su familia ya no viven en Virrey del Pino. Después de la golpiza y la detención, eran hostigados por los hermanos Duarte, que vivían a siete cuadras de su casa. Así que los Maidana decidieron mudarse. “Mi hermano tuvo un retroceso muy grande. Vive asustado. Se hace pis encima, no quiere salir a la calle. Tiene miedo de que lo vuelva a agarrar la policía”, dice Marcelo. Ahora se sabe lo que esos policías son capaces de hacer. ::: Natalia Arenas para Cosecha Roja:::

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CONURBANO

Los Nadies de Varela En el cielo se puede ver a “El Pájaro”, como si estuviera cerca, se escucha el pedido de la Municipalidad de Florencio Varela: “Quedate en casa”… pero si ellos no tienen ni un techo bajo el cual refugiarse… Lo que sí tienen es enfermedades crónicas, afecciones pulmonares, diabetes, hipertensión y/o problemas de nutrición. Las medidas de aislamiento social no funcionan con los Nadies porque no tienen dónde aislarse. Si una sola persona en situación de calle se enferma el contagio es imparable. La falta de controles médicos agrava la situación de las personas en situación de calle. Es po-

sible que los contagios se detecten tarde o ni siquiera se detecten. “A mí la policía me echó un montón de veces de los lugares en los que paro. Me siento como una pelota de ping pong, como un perro, de un lugar a otro. A veces no sé qué voy a hacer: circule, circule, te dicen. No me dejaron ni ir al baño. Personas como yo que no tenemos dónde caer muertos… Creen que llevamos esta vida por gusto de estar así. Y eso me baja el ánimo, las ganas de vivir se te quitan, porque no sos un animal, sos una persona. No puedo pasar a Constitución porque no te permiten,

no puedo irme. Falta un poquito más de amparo, de gente que te entienda. Dónde voy a estar yo mientras no pueda ir a ninguna parte… yo soy una persona en su sano juicio, asimilo las cosas, qué puedo hacer. Acá si me pongo a dormir no le puedo hacer mal a nadie. Me pueden prender fuego, que son los riesgos que uno corre. Me trabaja la cabeza, me puede pasar. Antes de la cuarentena los chicos que salían de fiestas te veían y te zarandeaban, se te morían de risa. Ahora no son ellos, la policía te hace salir, no podés estar acá, pero qué puedo hacer… me voy a la plaza y otra vez viene el patrullero. Me vengo a la estación, acá

no podés estar… tengo paciencia pero me indigna, me frustra…”, cuenta José, que tiene 38 años y es paraguayo… Las calles del sur del conurbano son su territorio. Los Nadies saben del Covid 19, entienden la situación, quisieran tener un tapabocas, desearían quisieran quedarse en casa, pero no pueden, a duras penas si logran sobrevivir al frío en una vereda cerca de la estación Florencio Varela. Lic. Angela Beatriz Juarez FUENTE: Cosecha Roja / ANRed / Agencia Pelota de Trapo

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LOCAL

Ser docente en Varela y no morir durante la cuarentena Mariana Rosales es Maestra de grado en la E.P.N°35 Ingeniero Allan. Desde la suspensión de clases, como el resto de sus colegas, está usando sus datos, conexión de internet, computadora y celular, para sostener la continuidad pedagógica. La educación no presencial implica que trabaje jornadas que no terminan nunca y que haga lo imposible para completar los requerimientos de una Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que no responde de la misma manera a la comunidad educativa y jamás dio una herramienta previa para afrontar el aislamiento social obligatorio. Esta situación la llevó a solicitar apoyo psicológico. - Cómo es la vida de una docente varelense de un establecimiento público durante la cuarentena y cómo era antes? - Ahora es una vorágine permanente. Sin horario de fin de la jornada. Buscando información, vídeos, adaptando las actividades, instalando apps y desinstalando. Conteniendo y bajando ansiedades. La vida escolar contenida en el celular. Nunca estuve más ausente de mi casa que

ahora. Antes el encuentro. Lo pienso y lo extraño. Ese espacio de encuentro donde se daban los aprendizajes donde los vínculos eran palpables. Ahí apenas asomaba la tecnología, aparecía para tratar de dar otra dinámica, era una estrategia. Hoy lo es todo. - Qué herramientas les habían dado antes de la cuarentena para afrontar una situación como la que vivimos? - Ninguna. Los docentes construimos nuestro propio aprendizaje en la experiencia. Los recursos tecnológicos dentro de las escuelas no posibilitaron nunca un uso cotidiano, la proporción de net en relación con la matrícula no lo permitía, en forma diaria por lo menos en primaria. He hecho, hemos hecho experiencias con mucho esfuerzo. Cada vez realizábamos más experiencias En nuestras escuelas públicas y en Varela una computadora no forma parte del diario de nuestros chicos en sus hogares. La tecnología no era una necesidad básica. - Cómo sentís que tus alumnos están viviendo estos días en encierro? - Tengo nenes, en primaria deprimidos por la preocupación por algún familiar que debe salir a trabajar. Están pasando momentos de angustias. Pensar que los chicos no sufren como los grandes esto es no entender lo que ocurre. Se extrañan entre ellos. Pasan cosas en esas casas, hay una realidad que duele y que viven ellos. A veces pienso si estaré preparada para reencontrarme con ellos y esta realidad. - Qué se aprende en esta cuarentena? - Se aprende que no todos pueden lo mismo. Que las desigualdades existen. La importancia del otro. Se aprende que para aprender también son importantes los demás. Se hace tarea,

dentro de las posibilidades de cada uno. La familia y todo lo que ocurre en la casa es importante en todo este proceso. Las realidades pesan. Pensar en atarse a lo que se planificó en febrero es irrisorio. Debemos seleccionar lo posible. - Se puede lograr una continuidad pedagógica? - Hablar de continuidad pedagógica no es hablar de contenidos. El acto de lo pedagógico es muchos más. Lo social, lo vincular, el espacio institucional no está. Eso acto que atendía a cada chico se queda sin señal de WiFi, sin datos. Lo que hay hoy es un vínculo virtual entre el docente y el chico. Estamos haciendo magia con un teclado. - Qué pasa con el clima laboral de los docentes? - El trabajo es mucho. Recién

ahora las autoridades educativas están tomando nota de lo estresante de nuestra situación laboral. No nos olvidemos que los docentes también están viviendo las mismas situaciones que el resto y que además debe hacer lo imposible para mantener la comunicación con las familias, muchas familias con escasos recursos tecnológicos y algunos con un bajo nivel educativo de los padres. Cada material es puesto en juego en diversos formatos. Muchos docentes tampoco tenemos los recursos tecnológicos de calidad para trabajar. Un celular a veces es todo lo que poseemos, es salón de clases, es archivo, es biblioteca virtual, productores de recursos multimedia, es reunión institucional, etc. Yo soy docente a la vez que madre, todo a la vez y en el mismo espacio.

- Qué opinas sobre la modificación de la ley de educación? - Darle un Marco legal a algo que está ocurriendo es legitimar esto. Lo ideal no es lo real. Dejar la ley que habilite este tipo de educación sin garantizar la igualdad de condiciones socioculturales es abrir una brecha entre los que pueden y los que no. Es abrir la puerta de una situación laboral de mucha flexibilización, sin horarios fijos recordemos que nunca se nos reconoció el trabajo docente que siempre hacíamos fuerza de las presenciales. Es que es estado no se haga cargo de todo aquello que garantice mi trabajo desde mi hogar. Podes hipotetizar varias situaciones donde pudiera aplicarse esta ley. Darle el Marco legal a un hecho cuyas condiciones de ejercicio no están garantizadas en la realidad, a mi parecer vulnera derechos.

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CENTRAL

Cuando el silencio es más que una metáfora Iván no lo soportó más. Horas antes de noche buena del 2019, en el barrio 9 de Julio de Florencio Varela, le contó todo a su hermana. Los 365 días de violaciones que habría sufrido a sus diez años, por primera vez eran puestas en palabras. Para las personas violentadas que se mantienen en silencio tanto tiempo, volverse parte del infierno hasta no verlo más suele ser un recurso último porque no queda otra, porque negar el episodio cargándolo en sus cuentas personales es lo único que pueden hacer para soportar, precisamente, el propio silencio. Fue su hermana quien le puso sonido a su tormento, y se hizo presente ante las autoridades para denunciar que quien fuese la pareja de su madre, lo habría violado durante las vacaciones en la costa atlántica, y en los trayectos de la escuela a la casa en una camioneta... Y es que Iván no podía hacerlo, pues es él sufre de hipoacusia. En una semana, Iván cumplirá 22 años. Durante casi la mitad de su vida no pudo escapar al tormento, no contó con herramientas para comunicarse en privado, para obtener atención y seguir adelante sin sentirse sufriente. Pero más tiempo le llevó no sentirse responsable. Y cuando los dispositivos

de culpabilización, de la cultura de la violación -que lo permea todo y ametralla con preguntas, interpelaciones y desconfianzaparecían superados, el golpe regresó con más fuerza. 54 días -incluidos los de la Feria Judicial que fue desde el 30 de diciembre hasta el 31 de enero-, la auxiliar letrada Sandra Ojeda por disposición del Dr. Alejandro Ruggeri -titular de la 8 descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes- tuvo el «agrado» de dirigirse a la hermana de Iván para notificarle que la investigación penal preparatoria había sido archivada el 19 de febrero del 2020. Hoy, su hermana y su mamá sólo tienen las redes sociales para continuar buscando justicia, esta vez, social. Y la pregunta vuelve a aparecer: ¿por qué después de tanto tiempo? En algunos casos con tono piadoso, calculando el peso abrumador de llevar años aguantando. En otros, con fastidio y descreimiento. Y, entonces, la respuesta se cae de maduro: Por qué ahora? Porque Iván tenía que poder decir, pero eso dependía de la capacidad de ser atendidos/entendido en ese momento. Lic. Angela Beatriz Juarez

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TRABAJADORES

Vuelven los 90’ en YPF: estiman 4 mil empleados menos con retiros voluntarios

La gran empresa energética del país soltó, de la mano de su presidente Guillermo Nielsen, un plan de retiros voluntarios que, según considera, puede llegar a expulsar a 4 mil de los 20 mil trabajadores y trabajadoras de la compañía. A su vez, se entiende que en los cajones secretos del directorio yace la intención de suplantar el Convenio Colectivo de Trabajo por cláusulas de productividad y eficiencia. Aunque desmentido por la propia firma argentina, Nielsen había hablado de despidos en una teleconferencia. Todo quedó en la nada hasta que, hace días, se volvió al tema mediante las recientes medidas, copiadas casi como un calco del proceso menemista en YPF en la década de los noventa. Lo dijo, en inglés: “La cuenta de personal por barril producido de YPF en 2010 era de 21 personas que usaba la estructura de YPF para producir un barril de petróleo. Y en 2019 nos fuimos a tener 44,6 personas para producir el mismo barril de petróleo”. Es que el 30 de mayo pasado Guillermo Nielsen, el presidente de YPF, fue invitado a participar como uno de los oradores de la “XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas”, realizada en esa oportunidad por teleconferencia. En ese marco fue que el premier de los yacimientos nacionales soltara lo que inmediatamente pusiera a dormir, dadas las especulaciones y rumores varios que colocó en la agenda de la rama productiva acerca de una inexorable masiva ola de despidos. Ante las preocupaciones instigadas, una de las pocas voces a favor fue la del ex-

trovertido titular del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra: “En la última gestión, por ejemplo, entraron más de 400 personas a YPF sólo en Loma Campana. Eso se puede ver en la cantidad de colectivos que hay en la entrada y que no son de las contratistas sino de YPF y en Puerto Madero hay más de 2000 trabajadores (…) Coincido con Nielsen en que sobra gente”, indicó a las pocas horas el sindicalista a Energía On, portal informativo especializado en el tema. Desde el vértice opuesto, se lució la Federación de Sindicatos Unidos del Petróleo e Hidrocarburos (FSUPeH) quién, a través de un comunicado titulado “Pecado imperdonable: la imprudencia” apuntó contra Guillermo Nielsen y, no conforme con ello, también fue por Pereyra y sus dichos: “Nos sorprenden las declaraciones del compañero Pereyra y queremos creer que fueron malinterpretadas. Si así no fuere. Deberíamos recordarle que cuando todas las empresas privadas huyen y despiden gente sin aplicar las abultadas ganancias que obtuvieron durante años, YPF y sus trabajadores siguen siendo quienes ponen el pecho para que no detenga la actividad”, comunicó la federación. En medio de la contienda desatada, la propia compañía desmintió a su presidente mediante un comunicado: “No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido y la empresa no recibió ninguna consulta periodística respecto de la cuestión”, sostuvo la empresa. Deuda Lo cierto es que YPF presenta un globo de deuda inflado, en mayor medida, sobre los próximos doce meses, en donde la operadora deberá responder al pago de alrededor de 2 mil millones de dólares. Todos los caminos de deudas que se bifurcan tienen un tronco común relacionado con los títulos sobre obligaciones negociables que colocó la empresa todos estos años a partir del ensueño esperanzador que representó Vaca Muerta. La foto de los 12 meses próximos se monta en la película de YPF: en década y media – 2005 a 2020 – pasó de valer 21 mil millones a 2 mil millones de dólares, llegando a tantear para mitad del mes de marzo el depresivo precio de mil cincuenta millones. Si se tiene en cuenta que YPF tiene un rojo internacional cercano a los 8.500 millones de dólares, buena parte contraída para la explotación de Vaca Muerta, la quiebra se planta como inminente. Desde la hora cero de su asunción, cuando el entonces reciente presidente electo Alberto Fernández lo situara en la cima de la compañía, Nielsen hizo mucho hincapié sobre la situación en que se encuentra YPF, persistiendo en los números nada alentadores de la firma, aunque nunca, de hecho, puso de manifiesto explícitamente algún recorte abrupto sobre el cuerpo trabajador de la gran firma productora de petróleo. Aquella vuelta sí,

se animó y, ante el revuelo, mandó a guardar inmediatamente sus deseos sobre el tema al rincón más recóndito de sus pensamientos. Reunión La primera prueba sometida a las miradas fue sobre una tarde de julio reciente, cuando desde una reunión de un grupo de funcionarios encabezados por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el mismísimo Nielsen hablaron puntualmente de la empresa y sus problemas. La juntada oficial se completó con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, su vicejefa de gabinete Cecilia Todesca Bocco, más las presencias del CEO de YPF, Sergio Afrontti y el vicepresidente de asuntos corporativos, comunicación y marketing de la firma, Santiago Álvarez. Estuvieron todos. Allí, en reunión planificada, rodeados por los grandes retratos que cuelgan imponentes para brindar recordación a figuras como Mercedes Sosa, Juana Azurduy, Madres de Plaza de Mayo o Eva Duarte en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, se sintonizó un plan de ajuste sobre la compañía energética. La prueba fue aprobada: nadie habló de modo directo de despidos aunque los presentes descomieron lo que venían masticando sobre YPF desde hace un tiempo: la crisis en la empresa toca suelos históricos y algo hay que hacer. En ese sentido, Afrontti dio cuenta de su plan de recortes de gastos diseñado y, sobre la marcha de la reunión, se conoció también la propuesta para reestructurar su deuda financiera, posponiendo hasta 2025 un vencimiento por mil millones de dólares que debía afrontar en marzo del año próximo. Tema central, el del CEO, dado a que el complicado escenario urgente se trata del de no poder renegociar la mayoría de los vencimientos en momentos en los que la caída de la demanda desplomó el nivel de ventas. Los medios periodísticos levantaron sus respectivas crónicas sobre la reunión en donde se pudo construir un croquis de YPF representando a una empresa en problemas pronto a revertirlos mediante bicicletas, repagos y creatividad contable. Las y los trabajadores aflojaron el músculo del estado de alerta al ver que ninguno –y menos Nielsen- en una reunión crucial trate el tema despidos. Retiros voluntarios Ello duró poco. Montado sobre la bomba que significó la tertulia entre pesos pesados, cuando todos volvían, de espaldas, Nielsen sacó de su galera –casi desapercibido- el instrumento estrella de aquellos noventa flexibilizadores: los retiros voluntarios para los asalariados en la empresa estatal. El instrumento patronal que no expulsa de modo explícito pero que pone en acción, en cambio, los artilugios que invitan al asalariado que no vuelva más. Como todo espejismo, el “paquete Nielsen” brinda una serie de atributos atractivos, entre los que se destacan, a la hora del retiro, el pago de un monto equivalen-

te a la doble indemnización, preaviso sin tope y una base indemnizatoria mejorada a partir del aguinaldo más un incremento en el salario base como cálculo de la indemnización. Eso sí, la felicidad nunca es completa: los pagos se harán suministrados mediante 36 cómodas cuotas. El “paquete” imagina un plan de fondo que apunta a la defección de 4 mil de los 20 mil trabajadores de la planta. Es decir, de un 20 % del total de quienes desempeñan allí sus tareas. Con la guardia baja, el sindicato se frotó los ojos y volvió sobre Nielsen: “Esta organización gremial no avala y rechaza terminantemente este procedimiento que, como ya lo vimos anteriormente, precariza a los trabajadores que son inducidos y hasta a veces obligados por las jefaturas a aceptar el retiro”, soltó el FSUPeH. Desde luego y tal como dio a entender el sindicato, los retiros poseen en su naturaleza la impronta del despido encubierto, en tanto que la experiencia de la aplicación de esta medida contiene el trabajo patronal de la persuasión al empleado para tomar la oferta, en el mejor de los casos, y hasta la obligatoriedad de agarrarla, en el peor. La maniobra de los retiros se completa cuando aparece el nuevo personal reemplazante del eliminado con un contrato a la baja respecto al anterior lo cual, de inmediato, pone en desbarajuste –a propósito y para su beneficio- las escalas de salarios en la empresa. El Convenio Confiado por la jugada y jugado por las circunstancias, para el 9 de Julio Guillermo Nielsen y su guardia pretoriana profundizaron la apuesta y arrojaron como

proyecto la suspensión del Convenio Colectivo de Trabajo para las labores en Vaca Muerta post pandemia. Aunque, todavía consciente del estigma que le fue ponderado al exponer aquella reflexión en inglés, los detalles del proyecto fueron, hasta ahora, resguardados a cuatro llaves. Desde luego, los informantes de los periódicos pudieron hurgar en los sótanos de la aristocracia petrolera y llegar a entrever la matriz central del plan: reemplazar el convenio por cláusulas de productividad y eficiencia. Aunque la línea planificadora de la dirigencia de YPF remita a una suerte de distopía trabajadora, ese tipo de normativas flexibilizadoras se encuentran en plenas funciones bajo los acuerdos permitidos por el Sindicato Petrolero de Santa Cruz, manejado por el peronista Claudio Vidal. En realidad, y más allá de los comunicados, el trazado histórico de los sindicatos petroleros aloja una serie numerosa de episodios cuyas implicancias determinaron el desmejoramiento de las condiciones de trabajo. Por caso, los protagonistas nombrados fueron colaboradores directos de la medida de aplicación de suspensiones al personal petrolero durante la pandemia, con un recorte del 40% del básico del salario, peor aún que el 25% neto acordado entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT. Desde luego, también conllevan para sí la herida cardinal de haber dejado pasar sin problemas el proceso menemista sobre YPF con sus ya conocidas consecuencias. Proceso que de la mano de Nielsen pasa a recobrar inexorable vigor. :::Máximo Paz, para ANRed / Foto: Diario Jornada:::

17 de julio de 2020

EL VESPERTINO

DERECHOS HUMANOS

Muere tras sufrir la quemadura del 50% de su cuerpo en una comisaría de Chascomús Raúl Dávila habías sido detenido tras una discusión familiar. 14 días después, un incendio que quemó el 50 por ciento de su cuerpo lo llevó a la muerte en el hospital municipal. Sus amigos y familiares piden justicia.

En la madrugada del viernes, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scasso, La Matanza, el día de su cumpleaños. En la tarde de ayer falleció en Chascomús Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad. Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa. La Comisión por la Memoria, querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene también en estos dos nuevos casos de violencia policial. En el mes de junio la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel. En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scasso, La Matanza a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar. La Comisión por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho ayer por la mañana a través de la agrupación HIJOS La Matanza, con quienes desde hace tiempo articula políticas de derechos humanos en el territorio y llevan a cabo tareas de monitoreo sobre la intervención policial. Inmediatamente la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias comunicaciones urgentes con la Fiscalía de Homicidios que interviene, la Fiscalía General de La Matanza y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procura-

ción General. La rápida intervención de los militantes de HIJOS La Matanza que se constituyeron en el lugar, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, permitió la resolución inmediata del hecho: los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo del Dr. Juan Pablo Tahtagian. Por su parte, la CPM reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía avaló este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal. También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora. Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes. La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones. Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena. Mientras tanto, ayer por la tarde, se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la policía bonaerense y la justicia provincial. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima, Raúl Dávila

de 22 años, había estado detenida en la comisaría desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, Raúl fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Falleció ayer por la tarde. La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta. Hoy se realizará la autopsia que estará a cargo del Ministerio Público de

Lomas de Zamora y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos. En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores (descentralizado Chascomús), a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert. Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava. Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro

en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal. Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar. :::Comisión por la Memoria:::

EL VESPERTINO

17 de julio de 2020

GENERO

CABA ya tiene protocolo de Interrupción Legal del Embarazo La Ciudad de Buenos Aires todavía no había adherido al protocolo que el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el año pasado. Se trata de una herramienta para garantizar los derechos de las personas que necesiten un aborto no punible. La Legislatura porteña aprobó hoy, por 50 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, el proyecto de ley de adhesión al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE). El proyecto fue presentado en febrero de este año por la Campaña Nacional de la lucha por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El protocolo es una herramienta para garantizar los derechos de las personas gestantes que, ante un embarazo producto de una violación o que ponga en riesgo su salud integral, pueda abortar. “Llegamos tarde”, se escuchó en muchos de los discursos de lxs legisladorxs que hoy votaron a favor. Hace casi 100 años que el aborto es no punible por causales. Quienes se opusieron a aprobar este proyecto, se estaban oponiendo a un derecho ya adquirido. Lo dijo Ofelia Fernández, del Frente de Todos, en su discurso: “¿De verdad piensan que somos capaces de ir para atrás en vez de ir para adelante? ¿Que vamos a permitir

que condenen a las más perversamente vulneradas? De ninguna manera. La ILE ya es un derecho. Tiene que ser una realidad”. Durante el debate circularon algunas cifras: en la Argentina, cada 3 horas una menor es madre. El nuevo protocolo también explica que un embarazo en una niña menor de 15 es en sí mismo un riesgo para la salud. “Para muchos vale menos que una probeta el cuerpo de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres cis o trans, de las personas gestantes”, dijo Laura Velasco, del Frente de Todos. Entre quienes votaron en contra

se repitieron los discursos vetustos que se vienen repitiendo desde 2018, cuando se debatió el aborto legal en el Congreso de la Nación. El legislador Guillermo González Heredia, de Vamos Juntos, contó, por ejemplo, que en su juventud su esposa actual quedó embarazada y que muchos le decían que aborte. “Tomé la decisión de continuar con el embarazo y hoy puedo decir que es la mejor decisión que tomé en mi vida”, dijo sin sonrojarse. Unas horas después, Victoria Montenegro, del Frente de Todos, pidió que “se deje de subestimar a las mujeres con respecto a las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos. “Escuché a algunos diputados decir

que están dispuestos a llevarnos de la mano, no necesitamos que nos lleven de la mano”, dijo. Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, dijo que “la pandemia no puede ser una excusa para la demora. La pandemia vino a recrudecer las situaciones de violencia en las mujeres, tanto en lo que hace a los femicidios como en la clandestinidad para acceder a un aborto”. Hasta hoy, Buenos Aires era una de las ciudades que no había aprobado el protocolo. Ahora sólo faltan las provincias de Tucumán, San Juan, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes ::: Cosecha Roja:::

17 de julio de 2020

EL VESPERTINO

17 de julio de 2020