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17 de abril de 2020

EL VESPERTINO

17 de abril 2020 Ejemplar N° 290 Año 6 Distribución Gratuita GBA, Zona Sur

INTERNACIONAL

NACIONAL

CENTRAL

Son 5 varelenses con coronavirus y 4 los vecinos recuperados En tanto, los casos descartados por análisis de epidemiologia y/o laboratorio se elevaron a 143. Mientras, distintas instituciones se preparan para el pico de contagio. Ejemplo de ello es “La Patriada”, cuyas instalaciones fueron reacondicionadas de manera reciente para el aislamiento y atención de personas diagnosticadas con Covid-19, que no precisen internación hospitalaria.

LOCAL

Emergencia sanitaria: fiscalización en puntos comerciales de abastecimiento LOCAL

Planifican la puesta en valor de los Centros Integradores Comunitarios

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INTERNACIONAL

México: trabajadores en Riesgo frente al COVID-19 El primer caso confirmado de COVID-19 en México se presentó el 28 de febrero de 2020. A partir de ese momento, la pandemia global y sus efectos aterrizaron en el país y no han dejado de avanzar. En este espacio, la Red de Solidaridad con Trabajadores en Riesgo explora la vinculación entre la pandemia y dos condiciones estructurales del mundo laboral en México: la falta de acceso a servicios de salud y la ausencia de voz y voto en las decisiones que se toman en el lugar de trabajo. El 20 de marzo del presente año, antes de iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un comunicado que incluyó una “Guía de Acción para los Centros de Trabajo” ante el COVID-19. La primera de las recomendaciones para los empleadores es la verificación de que todas y todos los trabajadores cuenten con acceso a la seguridad social para garantizar la atención médica en caso de ser necesaria. Lo grave del asunto es que de los casi 38 millones de trabajadoras y trabajadores subordinados y remunerados, solo 20.91 millones tienen acceso a las instituciones de salud (55%). No sorprende que si añadimos a los empleadores, trabajadores por cuenta propia, y trabajadores no remunerados, apenas se agregan 46,496 personas con acceso a las instituciones de salud. En suma, de toda la población ocupada (55.6 millones de personas), solo el 37.64% tiene acceso a estos servicios (20.95 millones). La guía de acción de la STPS también incluye siete principios rectores para la toma de decisiones e implementación de los planes de emergencia en los centros de trabajo. El primero de ellos es el de la participación de las y los trabajadores en la toma de esas decisiones y su implementación. El problema es que la participación de las y los trabajadores tiene limitantes, no solo en esta emergencia, sino de manera cotidiana. En el primer trimestre de 2018, la tasa de sindicalización

en México era de apenas 12,04% del total de la población ocupada, subordinada y remunerada, es decir, apenas uno de cada 10 trabajadores tiene la posibilidad de defender sus derechos y participar colectivamente en la toma de decisiones. Sin embargo, es sabido que en México proliferan los sindicatos que no responden a los intereses de las y los trabajadores, sino que se alinean a los intereses patronales y gubernamentales. Esto último prácticamente esfuma las posibilidades de que las y los trabajadores participen en la implementación del resto de la guía de acción de la STPS y exhibe la inoperancia de las comisiones mixtas de seguridad e higiene que, en teoría, existen en cada empresa (al menos una) con la función de prevenir los accidentes y enfermedades en el trabajo. En los días siguientes y a la par del aumento de casos de COVID-19 en México, algunas plantas ensambladoras de automóviles instaladas en el país suspendieron su producción ante la falta de suministros. En esos casos, empresa y sindicato pactaron reducciones salariales con el objetivo de proteger los empleos. Algo semejante ocurrió con empresas relacionadas con sectores como la hotelería, los restaurantes y la aviación comercial. A las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se añadieron las “Medidas Preventivas para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud” publicadas el 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Las medidas establecidas implicaron el cese de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social para evitar la concentración de grandes cantidades de personas así como para proteger a aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Según el texto citado, la disminución de actividades no debía afectar la vigencia de las relaciones laborales individuales y colectivas amparadas en contratos colectivos, contratos ley y condiciones generales de trabajo. Es decir, no se justificaba un impacto negativo en los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores antes mencionados. Sin embargo, en redes sociales y en medios digitales comenzaron a circular testimonios de trabajadoras y trabajadores que eran obligados a firmar renuncias voluntarias para disfrazar los despidos injustificados. Otros tantos eran enviados a casa con reducciones salariales no negociadas sino impuestas. En otros casos, los empleadores obligaron a las y los trabajadores a tomar vacaciones a cuenta de los días de “descanso”. También comenzaron a circular denuncias de compañías que se negaban a detener las labores o a implementar siquiera las medidas míni-

mas de seguridad e higiene en el trabajo como la sana distancia y la limpieza de lugares y materiales de uso común. Para aquellos trabajadores y trabajadoras que no podían parar por dedicarse a una actividad esencial, la situación tampoco ha sido la mejor pues han tenido que desempeñar sus labores sin la protección suficiente para garantizar su salud y seguridad. Las grandes centrales sindicales, sobre todo las que tradicionalmente se identifican con el sindicalismo corporativo como la CTM y CROC, se han pronunciado por un acuerdo cupular y tripartito que proteja el empleo y la industria al estilo de los viejos pactos corporativos. Por otro lado, a nivel de piso de trabajo, los acuerdos impulsados entre sindicatos y empresas han dejado fuera de la jugada a las y los afiliados de base salvo en casos contados donde la participación de las bases es parte de la vida sindical. A medida que la suspensión de actividades se extendió a más sectores, creció también la presión patronal para que el gobierno emitiera una “declaratoria de contingencia sanitaria” que permitiría suspender actividades hasta por un mes con la obligación de pagar únicamente un salario mínimo por día, durante un máximo de un mes. Para su sorpresa, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió un Acuerdo para declarar Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor. Tanto el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell fueron muy enfáticos al señalar que no existe justificación para despedir a las y los trabajadores ni para dejar de pagar el 100% de los salarios entre el 30 de marzo y el 30 de abril de 2020. En lo que llevamos del mes de abril, en redes sociales y medios digitales también se pueden encontrar decenas de notas y testimonios de trabajadoras y trabajadores que dan cuenta de los paros en centros de trabajo de la frontera norte del país (en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros) para exigir la suspensión de actividades con el pago de 100% de salarios. Otros tantos denuncian que sus empleadores argumentan que la actividad de su empresa es esencial (por ejemplo, la venta de teléfonos celulares o la venta de refacciones para automóviles) y que no amerita la suspensión de actividades. Incluso hay trabajadoras y trabajadores que dan cuenta de cómo son obligados a trabajar en un establecimiento que aparenta estar “cerrado” pero que opera con relativa normalidad.

Para quienes nos identificamos con las causas de las y los trabajadores, hay una tarea fundamental en esta emergencia: que nadie trabaje en condiciones inseguras. Sin embargo, la realidad que describimos anteriormente convierte a esta tarea en un esfuerzo inmenso: millones de trabajadorxs mexicanos no tienen acceso a las instituciones de salud (y sus familias tampoco) y no tienen ni voz ni voto en las deisiones que se toman en su trabajo. Desde el 17 de marzo lanzamos un formulario en línea, un mapa de google y la página de facebook de la RED de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo. En algunos sentidos, se trata de una reedición de lo que hicimos en 2017 a raíz del sismo de aquel año que sacudió la Ciudad de México y otros estados del centro y sur del país. En ese entonces y ahora, la RED de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo ha recibido, visibilizado y denunciado las problemáticas descritas a lo largo de estos párrafos. Como en 2017, la emergencia no hace más que exponer a la vista de todos lo que ocurre veladamente de manera cotidiana: la falta de acceso a servicios esenciales de salud, la violación sistemática de los derechos laborales, la ausencia de voz y voto en el lugar de trabajo. Los patrones que en 2017 no permitieron la apertura de las salidas de emergencia durante el sismo son los que no proveen siquiera agua, jabón y gel antibacterial; los patrones que en 2017 obligaban a lxs trabajadorxs a regresar a trabajar un día después del sismo son quienes no han suspendido operaciones a pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria. Quizá ahora la difusión de las denuncias y testimonios ha adquirido una dimensión mayor porque no hay lugar del país (ni del mundo) ni trabajador o trabajadora que no esté en riesgo, sea por la pandemia o por sus consecuencias actuales y venideras. En México, antes de que la pandemia nos alcanzara, estábamos a unas pocas semanas de que se cumpliera el plazo para que los sindicatos adecuaran sus estatutos a la reforma laboral que entró en vigor el 1 de mayo de 2019. Este apenas es uno de los aspectos medulares de la reforma en materia de justicia laboral, democracia sindical, libertad sindical y negociación colectiva. Esperamos que esta experiencia compartida por millones de trabajadoras y trabajadores en México sea un impulso para transformar el lugar de trabajo en un espacio real de participación. Como quedó demostrado en 2017 y ahora en 2020, en el trabajo no solo nos ganamos el sustento diario, nos jugamos la vida. ::: Revista Común:::

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NACIONAL

El trabajo en la Emergencia: despidos, suspensiones, rebajas salariales y deficiencias sanitarias El Observatorio del Derecho Social (ODS) presentó un informe en el que sistematiza más de 200 denuncias y reclamos colectivos de diferentes actividades de todo el país que han señalado incumplimientos patronales de la normativa vigente de la cuarentena y la legislación laboral. Señala el informe que entre las denuncias se encuentran los reclamos de trabajadores la falta de delimitación clara entre las líneas de producción que deben seguir funcionando y otras que claramente no son esenciales y que incluso podrían fortalecer la producción de aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia del conjunto de la población. Ejemplos de esto son por un lado Cat Technologies donde 1500 trabajadores continuaron trabajando afectados al call center comercial, o los casos de Mondelez, Bimbo, Felfort y Fernet Branca donde se cuestiona la fabricación de golosinas, aperitivos y facturas congeladas y los trabajadores reclamaron reconvertir la producción hacia alimentos esenciales. También se han efectuado reclamos frente a conductas patronales que no garantizan las condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo, dentro de los cuales el ODS releva la situación en los sectores de comercio -como el caso de la sucursal de Once donde Supermercado Coto ocultó un caso de Covid-19 exponiendo a trabajadores y clientes-, gastronómico, manufacturero, telecomunicaciones, seguridad y particularmente, transporte y salud. Es clave, por su gravedad, el reclamo por la falta de elementos de protección e insumos sanitarios. Además, el informe sistematiza casos de denuncias por despidos, suspensiones y reducciones salariales que se han profundizado en las últimas dos semanas. En este sentido, el ODS registra 118 reclamos por despi-

dos, suspensiones e incumplimientos salariales. A esto se suman 22 reclamos de violación de las licencias previstas por la cuarentena a personas de más de 65 años o con enfermedades crónicas. “Cabe destacar que se trata de un relevamiento de mínima a partir de información que surge de la capacidad de visibilización de los reclamos que posee cada colectivo de trabajadores y trabajadoras”, aclara el ODS. Se suman a las situaciones anteriores las denuncias focalizadas en las violaciones a la libertad sindical. Entre los casos relevados se registraron despidos y amenazas sobre los trabajadores que se organizan en reclamo de mayores condiciones de seguridad sanitaria, como el caso de Avex Dánica en Llavallol. Otro de los mecanismos mediante el cual se limitan los derechos sindicales es obstaculizando las garantías para su legítima defensa, indica el ODS. En este sentido se han relevado diferentes quejas de abogados sindicales a los cuales no se les permite la libre circulación necesaria para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, los que han conseguido avanzar en demandas y denuncias se han encontrado con que las secretarías de trabajo provinciales están cerradas y la justicia laboral no pareciera en este contexto revestir el carácter de esencial. ::: Indymedia:::

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BUENOS AIRES

Organizaciones indígenas repudian a Berni por sus dichos “racistas” y piden su destitución El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo sobre la represión a los trabajadores del frigorífico Penta: “no somos indios salvajes”. Desde el Parlamento de Pueblos Originarios salieron a responderle y pidieron a Kicillof y Fernández que evalúen el cese de sus funciones. “La función de la policía es reprimir, pero todo tiene una técnica, no somos indios salvajes”. La frase del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni,

hizo ruido por todas partes. En principio, por su contexto: el funcionario reprendió así -por la forma más que por el fondo- el accionar policial de este jueves hacia los trabajadores del frigorífico Penta, de Quilmes, quienes recibieron balas de goma cuando llegaron hasta la fábrica para intentar cobrar sus salarios atrasados. Y en segundo lugar, por la utilización de un término tan despectivo como arcaico. Como respuesta, se pronunció el Parlamento de Pueblos Originarios en Argentina, el cual manifestó su “profunda tristeza e indignación” por la adscripción de Berni “al perimido concepto racista, eurocentrista y colonizante de ‘indio’ como raza o cultura inferior”. “Después de muchos años de lucha en el ámbito nacional e internacional, los Pueblos Originarios de este continente hemos logrado que se reconozcan nuestros derechos ancestrales. Estos derechos se encuentran plasmados en la Constitución de Argen-

tina, en leyes y convenios internacionales de los cuales el estado argentino es signatario – sostiene el Parlamento en un comunicado-. Es lamentable que un alto funcionario de un gobierno democrático, demuestre ignorancia y una clara manifestación racista; sobre todo en momentos en que todo el pueblo está luchando contra el virus COVID-19. No sólo nos preocupa el cómo podemos salir de esta pandemia, sino también cómo podemos reconstruir una sociedad más justa y armoniosa con la Madre Naturaleza”. Asimismo, manifestaron su “apoyo y acompañamiento” a los 200 trabajadores de Penta, y su rechazo a la “irracional represión” que padecieron. “Por todo lo expuesto, solicitamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilloff, y al presidente, Alberto Fernández, que evalúen el pedido de cese inmediato en sus funciones al ministro de Seguridad. Del mismo modo solicitamos

que en el futuro se prevea que las personas elegidas para ocupar funciones públicas sean respetuosas de los derechos del pueblo; estén informadas sobre las distintas culturas que habitan esta tierra y conozcan los derechos que nos asisten como Pueblos Originarios”, finalizan.

suspendidos, lo que viola el decreto presidencial que prohíbe los despidos por 60 días en el marco de la pandemia. El jueves, ante el reclamo, fueron reprimidos con balas de goma. Luego de la represión, el frigorífico cerró sus puertas y ratificó los despidos.

Contexto

Con posterioridad, Berni desafectó a los uniformados que dispararon contra los trabajadores y aseguró que “no tenían orden de reprimir”. Pero este viernes, en declaraciones a radio Futurock, realizó la polémica comparación con los “indios salvajes” y confirmó que “el problema es cómo reprimieron, no que hayan reprimido”.

Los trabajadores de Penta, ubicado en Bernal oeste, partido de Quilmes, se encuentran en conflicto desde hace más de veinte días. Según denunció el Sindicato del Personal de Frigoríficos de Carnes ante el Ministerio de Trabajo, la empresa Penta SA busca cambiar su razón social sin reconocer la antigüedad de sus trabajadores ni su representación sindical. Luego de la denuncia, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria pero el empresario Ricardo Bruzzese, a cargo del frigorífico, se negó a acatarla. Dos semanas después, los trabajadores no cobraron la quincena y fueron

Finalmente, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara) impulsó el paro de 24 horas que se llevó adelante este lunes como reclamo por los despidos. :::A Canal Abierto:::

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DDHH

“Muchos indígenas son discriminados y no atendidos por la situación de la pandemia” La angustiante situación generada por la pandemia en argentina no debe hacer olvidar a las comunidades indígenas de nuestro país. En la provincia de Chaco las necesidades están muy latentes. Son 110 las comunidades originarias de la provincia y, según el censo de 2010, la cifra de indígenas asciende a 42 mil. Éste número creció mucho más en los últimos años. El Instituto de Cultura popular (INCUPO) trabaja hace 50 años en las comunidades de la provincia del norte. Susana Sotelo es responsable del programa de Derecho Indígena en la organización y habló con ANCAP de la situación que viven hoy tres naciones indígenas del lugar como son: Moqoit, Wichi y Qom. “No puede ser que hasta el dia de hoy haya familias indígenas sin agua en sus casas”

Las necesidades en pandemia son muchas. Para poder tener los recursos necesarios es indispensable que haya un estado que nos los olvide. Históricamente las comunidades son las invisibles de cada gobierno, las políticas adoptadas por los gobiernos quedan postergadas y sin empuje. “Como Incupo le estamos pidiendo al estado nacional, provincial y municipal que garantice los recursos necesarios para que las comunidades puedan transitar este aislamiento que estamos llevando adelante todos, pero que tenga las mejores condiciones. Se precisa abastecimiento de agua en primer lugar, de alimentos y que sean atendidos por sus problemas de salud, que no tiene nada que ver con el coronavirus, sino con enfermedades ya preexistentes”. Ésto último que advierte Sotelo es prioritario para que aquellos y aquellas que viven en las comunidades, puedan tener acceso a la salud y no mayores restricciones. El gobierno encabezado por Jorge Capitanich esta abocada hoy al virus del Covid-19. La salud y las enfermedades de las naciones indígenas ya mencionadas también deben ser prioridad y no postergarlas. “Son discriminados y no atendidos por esta situación de la pandemia, en cada lugar esperamos que tanto la municipalidad, como la provincia esté atento también a estas situaciones que atraviesan las comunidades.”

Dentro de los avances que logró INCUPO se encuentra el trabajo que hicieron con la comunidad indígena Campo Nuevo. En este lugar del noreste de la provincia del Chaco se colocaron 13 canillas públicas. En la comunidad viven 60 familias en un territorio de 704 hectáreas en la zona rural de Pampa del Indio. Éste trabajo que llevó adelante la comunidad Qom Campo Nuevo, tiene un gran merito que fue la construcción de 43 aljibes de recolección de agua limpia. Se logró ésto gracias a la articulación de INCUPO y el municipio de Pampa del Indio. Sotelo también remarcó la importancia de que esto se expanda tanto a los barrios indígenas del Gran Resistencia como en el interior de la provincia. INCUPO coordina el trabajo con las naciones indígenas Wichi, Moqoit y Toba, bajo el nombre de MoWiTob, en defensa de de sus derechos ancestrales y del cumplimiento de los derechos indígenas de cada nacion. Con 50 años de trabajo en los territorios de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, y el norte de Santa Fe esta organización busca focalizar sus trabajos. Acompañan a más de 2322 familias campesinas y 1500 indígenas. El trabajo esta también en coordinación con agricultores familiares de cada provincia y las comunidades originarias del Gran Chaco. En los cordones periféricos del Gran

resistencia la pobreza y las pésimas condiciones sanitarias hacen que la situación de prevención de la pandemia y el Quedate En Casa, no se pueda cumplir, esto es porque las necesidades básicas no están cubiertas, ni las alimentarias ni sanitarias. La búsqueda de sustento económico dentro de las comunidades hace que les pobladores deban salir a buscar la formas de ver como sostener las familias, desde Incupo se pide que no se criminalice, ni se discrimine. Las facilidades de subsistencia y de comodidad para pasar la cuarentena en algunos barrios del Chaco, no es la misma que la que padecen las comunidades. Es fundamental que se atienda el desalojo de los territorios indígenas, que se advierta y se busque también variantes para solucionarlo. “Sigue habiendo ingreso a los territorios de gente no indígena, sobre todo vinculado a la intencionalidad de arrebatarles sus tierras, por no tener también las familias indígenas regularizadas la situación de los títulos de éstas. Es una deuda pendiente del Gobierno y de la Nación con las comunidades, aunque haya muchos ante proyectos de ley, no hay una ley de propiedad comunitaria indígena.” También agregó: “A pesar de que esta la ley 26.160 vigente, aún sigue habiendo desalojos en las comunidades en el chaco por ejemplo, y también en otras provincias. Invaden territorios indígenas,

por parte de empresarios que buscan apropiarse de sus tierras para cultivos de soja. Abusan de las comunidades porque no tienen ese titulo de propiedad comunitaria”. Es importante destacar que hace pocos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina”. Esto significa que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen reconocimiento del derecho ancestral en el norte de Salta, y el acceso a un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia dentro de la provincia. No es dato menor que éste reclamo viene desde 1984, son 36 a;os de lucha para ser escuchados. El derecho ancestral indígena es un factor que los gobiernos no toman como política de estado. Las comunidades originarias tienen que dejar de ser los invisible de siempre, los nadies. Éste fallo de la CIDH es el ejemplo de la resistencia y la insistencia de los pueblos. El trabajo de INCUPO hace medio siglo también, es una herramienta de gran importancia para que respeten los derechos indígenas y su cosmovisión. ::: ANCAP:::

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LOCAL

Emergencia sanitaria: fiscalización en puntos comerciales de abastecimiento La secretaría de Gobierno informó que, hoy, las áreas de Inspección General, Defensa del Consumidor y Guardia Comunal fiscalizaron la actividad de 14 comercios, en los cuales se verificaron las condiciones de funcionamiento y el control de precios correspondiente. Las acciones desarrolladas forman parte de los controles permanentes que se ejercen sobre la actividad comercial, y teniendo en cuenta las denuncias vecinales y las actuales necesidades que demanda la emergencia sanitaria. Los equipos comunales estuvieron en los autoservicios de Pizzurno al 1.000; calle 14 al 200; Victoriano Montes al 1.000; Pedro Morán al 600 –se labró acta de comprobación; Florida al 2.500; Pte. Illia al 200; y El Salto al 1.700.

Además estuvieron en centros de abastecimiento de alimentos de El Zonda al 1.600; La Pulpería al 900; Mallorca al 50 –se labraron actas de notificación y comprobación; y Mistral al 1.700. También se labró un acta de comprobación en el supermercado de Guardia Nacional al 100. En tanto, ayer, se realizaron similares procedimientos en comercios ubicados en Eva Perón al 6.500; Eva Perón al 6.000; Bolívar, entre Roque Pérez y Rauch; Braile al 1.400; Braile al 2.200 -se labra acta de comprobación por falta de habilitación; Solís al 900; Islas Orcadas al 200; Pedro Agrelo al 2.500; Atenas al 2.000; Mainini al 200; y avenida Hudson al 1.100.

Planifican la puesta en valor de los Centros Integradores Comunitarios El Intendente Andrés Watson, junto equipos de Desarrollo Social de La Nación, recorrieron el Centro Integrador Comunitario “El Rocío”, con el objetivo de planificar acciones para la puesta en valor de los CICs, en sus áreas multidisciplinarias. El Jefe Comunal varelense, estuvo junto a la Secretaria de Desarrollo Social, Natalia Csigo, el Subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez y la Subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Berardo; quienes junto a los secretarios locales, verificaron las áreas del mencionado centro. En este sentido, Csigo explicó que la visita fue para tomar conocimiento de lo que

realmente se necesita: “con programas que se vienen desarrollando a nivel comunitario se tratará de poner en valor cada Centro Integrador Comunitario. En Varela tenemos nueve y en este marco de trabajo mancomunado entre Provincia, Nación y Municipio, queremos poner en valor específicamente las áreas donde se está trabajando con los equipos de salud, ya que los CICs también tienen funciones de salud. Se trata de poder poner en valor y poder trabajar de forma articulada con todos los actores de las mesas de gestión de cada lugar”, explicó. En tanto, el Secretario de Salud, Rubén Trepichio, destacó la medida que también contempla acciones en

el marco de la pandemia de Covid-19: “Venimos trabajando muy fuerte con la interacción que tienen los CICs. Hoy acá en este centro tenemos varias cosas articuladas, como la residencia multidisciplinaria con salud mental, trabajo social, y tenemos un sistema de visitas domiciliarias. Son las cosas que se van generando a partir de esta pandemia, que nos obliga a cambiar las estrategias para llegar a la mayor cantidad de gente de nuestra comunidad”. Y agregó: “Estamos trabajando con todas las secretarías porque hay un montón de determinantes que se tienen que abordar desde cada lugar para mejorar la calidad de vida de la gente”.

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CENTRAL

Son 5 varelenses con coronavirus y 4 los vecinos recuperados Se diagnosticó Covid-19 a un vecino de 55 años, el décimo primer varelense en cursar la enfermedad, que se encuentra internado en una clínica fuera del distrito. Su forma de contagio está en investigación. Además, recibió el alta la vecina de 38 años que hizo su recuperación en un centro asistencial de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la cuarta persona de F. Varela que se recupera. De esta manera, cursan Coronavirus cinco varelenses: cuatro en salas comunes de clínicas privadas de localidades vecinas; y una en su domicilio. Todos evolucionan favorablemente, y sus familiares cumplen la cuarentena correspondiente. Cabe destacar que en una clínica privada del distrito se encuentra internado con Covid-19 un paciente de 69 años de edad, con domicilio en la provincia de Chubut, con antecedente de viaje a España y que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado. En tanto, los casos descartados por análisis de epidemiologia y/o laboratorio se elevaron a 143. Watson recorre centro aislamiento La Patriada

El martes por la mañana, el intendente Andrés Watson, junto al director de la región sanitaria VI, del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Luis Parrilla, recorrió el polideportivo municipal “La Patriada”, cuyas instalaciones fueron reacondicionadas de manera reciente para el aislamiento y atención de personas diagnosticadas con Covid-19, que no precisen internación hospitalaria. “Quisimos que el doctor Parrilla tenga conocimiento de cómo se

está armado el distrito para la contingencia y cómo nos estamos preparando para enfrentar al Coronavirus”, explicó el mandatario local. Luego, especificó: “las instalaciones en el Salón de Usos Múltiples (SUM) han sido terminadas con una puesta en valor de todo el lugar y una readaptación con las medidas necesarias. Haremos lo propio en el gimnasio”. Setenta literas estarán situadas en el SUM y una 150 en el gimnasio, para garantizar el aislamiento, junto a divisiones que resguarden la intimidad del paciente. “En Florencio Varela, tenemos 420 camas preparadas, además de las 200 a nivel hospitalario y 100 de terapia intensiva con respirador”, detalló Watson. Para finalizar, reflexionó sobre la red que posibilita el trabajo entre los gobiernos municipal, provincial y nacional, a partir de “una unicidad de criterio y de acción

que es fundamental y con el presidente Alberto Fernández absolutamente al frente de cada decisión”. Además del indispensable asesoramiento de los equipos de salud, como sucede también con “el gobernador Axel Kicillof en la Provincia, y lo mismo repetimos cada uno de los intendentes”. Ambas autoridades estuvieron acompañadas por el secretario de Salud varelense, Rubén Trepichio, y la subsecretaria de Prensa, Comunicación, Ceremonial y Protocolo municipal, Noelia Piñeiro, con quienes compartieron la mecánica que, de ser necesaria, se pondrá en funcionamiento en el lugar. Reconocimiento Culminado el circuito, Parrilla manifestó: “es encomiable el esfuerzo que está haciendo el Municipio por entender cómo va a enfrentar esta pandemia”. En este sentido, Parrilla, quien fuera secretario de Salud del

municipio de Avellaneda se detuvo en la concepción de la Región Sanitaria como “un lazo de gestión y, fundamentalmente, político entre el ministerio de Salud de la Provincia y los intendentes de nuestra región, que son nueve distritos, que están enlazados con una problemática muy parecida, con poblaciones que tienen características singulares y que los intendentes conocen en detalle”. Respecto a las particularidades del distrito local, destacó: “caminar con un Intendente que está cerca de los problemas de la gente, es un orgullo”. También las singularidades en las instalaciones sanitarias, con “un hospital de alta complejidad, un hospital de agudos, centros de salud y camas expandidas o extra hospitalarias”. “Ojalá esto sirva para afianzar los lazos de solidaridad, de cuidado. Estimular mejores sentimientos y no los del miedo ya que el 80% va transitar la enfermedad en forma leve o asin-

tomática, entonces no hay que asustar. Hay que cuidar”, cerró el actual titular de la región sanitaria que incluye a Varela. Capacitación En el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para afrontar la situación de pandemia actual, la secretaria de Salud de realizó una capacitación sobre bioseguridad en las instalaciones del polideportivo La Patriada, destinada al personal de maestranza que estará afectado a las instituciones preparadas para el aislamiento de personas con Covid-19. La capacitación, a cargo del equipo del SAME y de técnicos en emergencias, consistió en brindar herramientas sobre higiene y bioseguridad, para garantizar las condiciones de sanidad necesarias que requieren los establecimientos de salud. Asimismo, también se los capacitó sobre conocimientos básicos en reanimación cardiopulmonar (RCP).

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ECONOMIA

Argentina aplaza pago de U$S 10.000 millones Argentina aplaza pago de U$S 10.000 millones. Otras voces claman por suspensión total de la deuda por la pandemia y por ser “ilegítima”. El Gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, emitió el lunes 6 de abril, un DNU publicado en el Boletín Oficial, que dispone la postergación hasta 2021 del pago de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional emitida en dólares bajo ley local. El monto totaliza casi 10.000 millones de dólares. Las erogaciones por Intereses de la Deuda del Estado que se pagan en un sólo día (U$S 80 millones) equivalen o superan, por ejemplo, al Presupuesto del Hospital de pediatría Garrahan en un año, que es de $ 6.746 millones. La medida fue justificada por el gobierno porque “la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa’” y porque “a este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda

pública del Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en dólares estadounidenses”. En abril vencen otros U$S 715 millones y en mayo los pagos previstos alcanzan al Bonar24: 1.435 millones. El Gobierno de Mauricio Macri, que administró el país hasta 2019, se había visto obligado también al aplazamiento del pago de servicios de deuda de algunos títulos, y lo mismo hizo para ciertos casos el nuevo presidente Fernández, al asumir la conducción del Ejecutivo, aunque se continuaron pagando otros instrumentos financieros y se anunció la aún pendiente reestructuración de su pesada deuda externa, que en su mayor parte se atiene a legislación extranjera y no está bajo la soberanía judicial de la Nación argentina. En el decreto gubernamental se exceptúan algunos títulos, como las letras en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina, por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y otros títulos emitidos por Finanzas y Hacienda. Partidos de izquierda, organizaciones sindicales y sociales, así como movimientos contrarios al pago de la deuda externa, vienen desarrollando una fuerte campaña desde antes de la llegada de la pandemia y

ahora insisten en ello con mayores motivos, por considerar la deuda como ilegítima y como responsable de la imposición de planes de ajuste neoliberal para descargarla sobre el sacrificio de la clase trabajadora y los sectores populares. En esta campaña ha venido actuando el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que reúne a varios partidos de de orientación trotskysta como el MST, PTS, PO e IS. Igualmente parte de la dirigencia de la CTA, y activistas de Jubileo Sur, de ATTAC Argentina y del CADTM-AYNA, entre otros. Al respecto, el economista Héctor Giuliano sostuvo: “En este contexto, es probable que la prórroga de pagos al 2021 por parte del gobierno Fernández sea una exhibición “para la galería” en tiempos del Coronavirus, sin mayor importancia en sí misma pero también una señal favorable a los Acreedores Externos mostrando la mejor voluntad de “pago mientras se negocia” y garantizando a la vez que los pagos que se liberan de la Deuda Interna van a servir para reforzar los de la Deuda Externa”. Julio Gambina, fundador de ATTAC Argentina en el CADTM-AYNA, opina que esta decisión de Alberto Fernández “no es una sorpresa”, porque “el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) había señalado en un informe público oficial que la deuda era insostenible”, que es lo que vienen sosteniendo quie-

nes se oponen al pago. Considera que este “default parcial” se va a tener que transformar en un “default completo”, porque la “Argentina no puede pagar”. Y afirma: “fue una irresponsabilidad asumir la nueva deuda, no solo con el FMI sino toda la deuda que se asumió en los últimos cuatro años”. Asegura que “la responsabilidad del default no es tanto y sólo de quien la asume públicamente, sino de quién asumió ese endeudamiento irresponsable de la Argentina, que no puede pagar”, porque “fue una fiesta irreal, más allá de cualquier política relativa al gasto público; mucho más en crisis de crisis, de emergencia por la pandemia del coronavirus”. A lo que agrega: “en realidad, este default parcial debería ser inmediatamente seguido por una auditoría urgente sobre la deuda, no sólo la de los últimos cuatro años sino toda la deuda, para ver cuánto hay de deuda legítima e ilegítima y de deuda odiosa”. Recalca el término “deuda odiosa”, que “no es sólo aquella tomada por la dictadura militar, sino que es ‘deuda odiosa’ aquella que tanto el acreedor como el deudor saben que no se puede pagar y además no sirve para el interés de los habitantes. La deuda fue asumida para pagar deuda, entre otras cosas, relativa a la fuga de capital, porque la fuga que es relativa a cancelación de deuda anterior, a remesas de utilidades al exterior o a constitución de activos en el extranjero, por lo cual

hay que investigar urgentemente la deuda”. Admite que la postergación del pago es adecuada, pero objeta sus límites y corto alcance en la actual situación, así como las implicaciones de la deuda para la soberanía: “Creo que el camino de la postergación es adecuado, e incluso el 2021 tampoco se va a poder pagar esta deuda, ni la deuda dolarizada de legislación extranjera; claro que eso va a significar que los prestamistas demanden ante los tribunales externos y habrá que ver si la Argentina tiene que seguir resignando soberanía jurídica sobre la plaza de Nueva York, de Londres, de Tokio o de cualquiera”. Para Gambina “es un tema estructural, y vamos a decirlo de nuevo, no es un tema de los últimos cuatro años, sino que esta disposición de cesión de soberanía jurídica viene desde tiempos de la dictadura militar, casi medio siglo que la Argentina viene cediendo soberanía”. Toca los antecedentes de lo que califica como “un tema de fondo”, que la Argentina tiene que resolver. “No lo ha resuelto ninguna gestión constitucional en nuestro país. Todas renegociaron la deuda y el tema se reitera y no está resuelto de fondo, que es el modelo productivo y de desarrollo que se ha generado desde 197576 en adelante”.. ::: Mario Hernandez para ANRed:::

17 de abril de 2020

EL VESPERTINO

DDHH

Detenciones y abusos policiales en cuarentena Desde el inicio del estado de excepción determinado por la pandemia, no hay prácticamente distrito de nuestro país del que no lleguen graves denuncias contra las fuerzas de seguridad, cuyo voltaje represivo se incrementa exponencialmente, a fuerza de discrecionalidad y arbitrariedad, en esta emergencia. Pero hay jurisdicciones que vienen superando la media nacional, a través de disposiciones locales, que merecen ser destacadas. La provincia de San Juan, por ejemplo, además de tener uno de los índices más altos de personas detenidas (casi 7.000), implementó por decreto del poder ejecutivo, aprobado en tiempo record por el poder legislativo, la aplicación del procedimiento de flagrancia a las causas iniciadas por violación del aislamiento. Así, a diferencia de lo resuelto por la justicia federal y la mayoría de las provinciales, que notifican la imputación y postergan el trámite para cuando finalice la feria judicial, en la provincia cuyana se están dictando condenas a granel. Según informan los medios locales, en apenas dos semanas fueron condenadas 147 personas, de las cuales 112 recibieron penas de cumplimiento condicional y 35 de prisión efectiva, por lo que fueron derivadas a unidades carcelarias.

Lo mismo ha comenzado a suceder en la provincia de La Pampa, donde un hombre de 38 años se convirtió en el primer condenado. En una audiencia por videoconferencia, y aplicando el procedimiento de flagrancia, el juzgado aceptó un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal y la defensoría oficial con una pena de seis meses de prisión en suspenso. El procedimiento de flagrancia es un mecanismo ultra rápido, prácticamente sin instrucción, que se implementó inicialmente para hechos menores en los que el fiscal no requiriera la prisión preventiva y que no requirieran la producción de prueba por estar acreditados en el momento mismo de su comisión. Sistemáticamente se fue extendiendo su aplicación a casos más graves, tanto a nivel federal como provincial, con el argumento de acelerar los procesos. La experiencia práctica de este procedimiento exprés, a lo largo de casi dos décadas de vigencia, prueba que, salvo cuando intervienen defensores particulares que logran zafar del mecanismo para volver al trámite común que permite hacer un descargo, ofrecer pruebas y ser oídos por el juez, las personas sin recursos, en el mejor de los casos, reciben un rápido ofrecimiento de juicio abreviado. Así, ante la coacción que se resume en el clásico “agarrá el abreviado, pibe, que te conviene”, la víctima renuncia a la posibilidad de defenderse, acepta la propuesta y consiente una condena que, aunque no sea a cumplir, marca de por vida y e impide, por ejemplo, ser elegible para un trabajo en blanco. Su utilización masiva para las causas iniciadas en el marco del estado de excepción permite prever una avalancha de condenas sin sustento. La grave situación de miles de personas que, en este escenario de por sí difícil, no perciben sus haberes por parte de empresas que no están dispuestas a “ga-

nar menos” y mucho menos a perder un peso, sigue provocando protestas que, en lugar de motivar respuesta del estado, son reprimidas. Ahora sucedió en Corrientes, donde la policía reprimió y detuvo 15 trabajadores de “Forestal Tapebicuá”, una subsidiaria de Celulosa Argentina, en Virasoro. Lxs trabajadores se presentaron en la planta a reclamar el pago de los sueldos del mes de abril y terminaron imputadxs por violar el aislamiento, y, desde luego, siguen sin cobrar. El gobernador de Jujuy, el radical-macrista Gerardo Morales, tuvo una “idea” nada novedosa, que remite a las estrellas amarillas marcando personas y casas de judíos durante el régimen nazi: “Vamos a poner una faja marcando que esa casa está en cuarentena”, anunció, orgulloso de siempre estar un poco más allá en materia represiva. Desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, nos llegó una circular de prensa de La Fraternidad, que denuncia que la policía impuso tormentos a un conductor de trenes de la empresa FEPSA, que regresaba a su domicilio después de cumplir su

turno en un servicio esencial como el transporte. El hecho ya fue denunciado ante la justicia penal. En El Cóndor, un pequeño pueblo de Río Negro a 39 kilómetros de Viedma, una mujer fue al único cajero automático existente, a una cuadra de su domicilio, para pagar el alquiler, ya que no puede acceder por homebanking a su cuenta. Eran las cinco de la tarde. Una partida policial la interceptó. Ante su razonable explicación, le dijeron que sólo podía hacer ese trámite de 10 a 11 de la mañana (¿?), y le tomaron sus datos, que volcaron a un acta que debió firmar, al tiempo que le advirtieron “Te tenemos identificada, no queremos volver a verte”. De vuelta en Santa Rosa, La Pampa, un hombre relató que lo detuvieron en la puerta de su casa, mientras charlaba a la distancia con dos vecinxs. Lo esposaron, le golpearon la cabeza contra la pared, lo tiraron al piso y lo mantuvieron detenido más de tres horas hasta que fue liberado, naturalmente con imputación penal. En Neuquén, una mujer fue a

una comisaría, alertada porque habían detenido a su pareja. Le indicaron que esperara afuera, que pronto sería liberado. Mientras estaba sentada frente a la entrada, dos policías la encararon, uno de ellos portando una escopeta. La insultaron y ordenaron que se fuera. Cuando estaba llegando a la esquina, la alcanzaron y le dijeron “Por pelotuda te vamos a demorar”. La retuvieron esposada por más de tres horas, la imputaron penalmente, le robaron $800 que tenía encima e irónicamente le sugirieron tomar un Ibuprofeno para las manifiestas lesiones de sus muñecas. En Baradero, provincia de Buenos Aires, una mujer iba en su auto, tras hacer compras para su grupo familiar, a la casa de su madre, que había quedado al cuidado de sus tres hijxs pequeñxs. En el trayecto tuvo un accidente de tránsito, y cuando se dirigió a la comisaría a cumplir los trámites de rigor, la retuvieron seis horas, la maltrataron y la imputaron por violar el aislamiento. ::::CORREPI:::

EL VESPERTINO GENERO

Dos femicidios en 24hs A menos de 24hs de confirmarse el femicidio de Camila Tarroco en Moreno, se confirma un nuevo femicidio en Santiago del Estero. Hoy hallaron los restos de Priscila Martinez, una joven de 15 años, quien se encontraba desaparecida desde el 23 de febrero. En ese entonces su madre hizo la denuncia, pero la policía se negó a radicarla porque “seguro se habría ido con su novio “. “Nuestras vidas son despreciados por gobiernos, jueces y fuerzas policiales, los 17 femicidios en sólo lo que va de la cuarentena no han logrado aún las medidas de Emergencias necesarias y sigue sin cumplirse el Ni Una Menos, es por eso que consideramos de gran importancia la organización en unidad del movimiento de mujeres y con independencia de los gobiernos de turno que hacen oídos sordos a la exigencia de miles y a la cruda realidad”.

Hallaron los restos de Priscila Martinez, una joven de 15 años, quien se encontraba desaparecida desde el 23 de febrero. En ese entonces su madre hizo la denuncia, pero la policía se negó a radicarla porque “seguro se habría ido con su novio “. Desde la Coordinadora por aparición con vida de Priscila Martínez publicaron un comunicado confirmando el femicidio: “Con gran dolor confirmamos la noticia del femicido de Priscila. Priscila Alejandra Martínez de 15 años de edad había sido vista con vida por última vez por su familia el día 23 de febrero junto a su primo hermano Darío Navarro, una identidad falsa que utilizaba este criminal, que la llevó engañada desde su casa en Barrio Los Lagos fingiendo tener un trabajo para Priscila. Darío Navarro, que su familia denuncia como identidad real con el nombre de Rubén Oscar Ávila , hoy autoconfesó femicida de Priscila , se encontraba detenido por ser el autor de una violación el día 9 de Marzo en donde agredió sexualmente a una adolescente y la golpeó hasta dejarla inconciente en una acequia en la ciudad de La Banda y era el principal sospechoso y habría actuado con al menos dos cómplices, según lo indicó reiteradamente la família Martínez”. Según denuncia el comunicado el día 24 de febrero la mamá de Priscila se dirigió a la comisaría para hacer la denuncia y se negaron radicarla por que “seguro se habría ido con su novio “.

Tampoco se hicieron lugar a los pedidos una vez iniciada la búsqueda, puesto que la família de Prsicila pedía se la busque en la casa donde finalmente estaba su cadáver enterrado, tal cual lo manifestaban en la movilización que realizaron el día 16 de marzo en fiscalía a cargo del fiscal Herrera. “Más de 40 días pasaron y una gran campaña de coordinación de las mujeres que luchamos le pisó los talones a la policía, la justicia e incluso el gobierno y por medio de la movilización viral, a pesar del bloqueo mediático arrancamos que se indague con fuerza la confesión del femicida. A menos de 24 horas de confirmarse el femicidio de Camila Tarroco, volvemos a encontrarnos con una aterradora realidad para las mujeres, nos están matando y los gobiernos son responsables. Nuestras vidas son despreciados por gobiernos, jueces y fuerzas policiales, los 17 femicidios en sólo lo que va de la cuarentena no han logrado aún las medidas de Emergencias necesarias y sigue sin cumplirse el Ni Una Menos es por eso que consideramos de gran importancia la organización en unidad del movimiento de mujeres y con independencia de los gobiernos de turno que hacen oídos sordos a la exigencia de miles y a la cruda realidad. Convocamos a realizar de manera inmediata una acción virtual en las distintas redes sociales con fotos o videos vestidas de luto y acompañar con la exigencia de #Justicia por Priscila” finaliza el comunicado. :::ANRed:::

17 de abril de 2020

EL VESPERTINO

17 de abril de 2020