13 de noviembre de 2020
EL VESPERTINO
13 de noviembre de 2020 Ejemplar N° 317 Año 6 Distribución Gratuita GBA, Zona Sur
MUNICIPIO
Acosadas y encerradas en un mayorista de golosinas En primera persona, con el miedo aún latente y bronca en sus palabras, una vecina contó cómo ella y su cuñada fueron acosadas dentro de un comercio céntrico y en cerradas en el lugar. Su caso se hizo eco entre las varelenses y varias sumaron su relato de la misma experiencia. El caso ya fue presentado ante la justicia. DDHH
Más de 160 familias confían en lograr sus lotes con servicios en el barrio “Alberto Fernández Desde hace alrededor de un año más de 160 familias luchan y esperan contar con la regularización de sus lotes en el barrio “Alberto Fernández” – ex asentamiento La Olla – en Posadas, que pertenece a un privado y está en la zona del basural municipal, y ahora con tantas personas, ya dejó de ser un asentamiento. Este jueves continuará la reunión de la mesa de diálogo en la que la semana pasada referentes vecinales participaron en la Casa de Gobierno, con autoridades del Gobierno provincial y Municipal, el diputado del Frente Popular Agrario y Social Martín Sereno, y el abogado de las familias, donde se planteó una propuesta de solución consensuada en la asamblea realizada en el barrio. Ésta consiste en que cada familia pague mensualmente por su lote de tierra el equivalente a una Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional se compromete a efectuar la mensura y escrituración de los terrenos. Las familias se mostraron optimistas ante la posibilidad de lograr una solución que se vería plasmada este jueves cuando vuelvan a reunirse las partes interesadas.
CENTRAL
#EsAhoraVarela ::: Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
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INTERNACIONAL
Perú: entre irregularidades y movilizaciones de repudio, Manuel Merino asumió la presidencia y anunció elecciones para el próximo año En medio de manifestaciones y denuncias de golpe institucional, Manuel Merino asumió la presidencia tras la destitución de Martín Vizcarra, y anunció elecciones para el próximo 11 de abril de 2021, fecha instituida previamente como final del mandato de Pedro Kuczynski, destituido en 2018. Vizcarra fue desplazado de su cargo por “incapacidad Moral” debido a denuncias de corrupción en 2014. La Armada de Chile emitió un El pasado lunes 9 de noviembre, el entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido por “incapacidad moral” para gobernar, tras ser denunciado de haber recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. Vizcarra había asumido tras las destitución de Pedro Pablo Kuczynski, de quien estaba completando el mandato. Ambas destituciones tienen una raíz similar vinculada a los sobornos pagados por empresas constructoras. En el caso de Vizcarra se lo acusa de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador en Moquegua, en el sur del país, en 2013 y 2014, acusaciones que el ex mandatario niega, Los sobornos vendrían del llamado “club de la construcción”. El “Club de la construcción” es el
nombre dado a un cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicaban a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el Ministerio de Transportes, mediante el pago de sobornos a autoridades. En sus inicios, estaba formado solo por empresas peruanas y se centraba en las obras de carreteras, pero con la llegada del boom económico, en la década de los 2000, se amplió a otros tipos de obra pública y se abrió a la participación de empresas extranjeras, como la ahora mundialmente famosa Odebrecht, involucrada en millonarios casos de corrupción en varios países de América Latina. En Perú otras investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht o Lava Jato han alcanza-
do a todos los expresidentes del país desde el año 2001: Alejandro Toledo (pendiente de si se aprueba su extradición en Estados Unidos), Alan García (se suicidó cuando iba a ser detenido por su vinculación con Odebrecht), Ollanta Humala (investigado por pagos de la constructora a su campaña) y Pedro Pablo Kuczynski (actualmente con arresto domiciliario). También alcanzó a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión domiciliaria por denuncias en relación al financiamiento de sus campañas electorales. El proceso de destitución también se encuentra fuertemente cuestionado por irregularidades, ya que fue realizado por un Congreso integrado solo por 68 parlamentarios (de 130) con proce-
sos judiciales en curso, a cinco meses de las elecciones generales programadas para el próximo abril, en una nueva crisis de la política local que no logró ordenarse tras una renovación de la Cámara en enero. Luego de anunciar la destitución, fue golpeado un vocero del partido Acción Popular, que el partido político de recién asumido Manuel Merino. La acción es solo una muestra del fuerte descontento y preocupación de gran parte de la población en el país. Diversas manifestaciones se desarrollaron en distintas ciudades del Perú para repudiar el proceso al que denuncian como un golpe de estado. Por tarde manifestantes quisieron ingresar en la Plaza San Martín, en la ciudad de Lima, la capital peruana, y la policía negó el acceso.
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NACIONAL
Durante la cuarentena se deforestaron casi 50.000 hectáreas Mediante un informe presentando por la organización internacional ambientalista Greenpeace, informaron que desde el comienzo de la cuarentena fueron desmontadas 48.656 hectáreas solo en el norte del país. “Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini. El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales, fue realizado en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco y reveló que entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosques por día. “Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. El informe presenta detalles por provincia: en Santiago del Estero se desmontaron 19.673, en Salta 12.863; 10.011 hectáreas en Formosa y 6.109 en Chaco. Estas cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes del país. El avance de los proyecto agroindustriales vinculados a la soja y la ganadería representan la causa principal del desmonte. “Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse”, advirtió Giardini. La organización ambientalista
Greenpeace exige a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gusta-
vo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia fo-
restal y prohíban los desmontes en sus provincias.
:::ANRed:::
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BUENOS AIRES
Pandemia: finaliza en el AMBA el aislamiento social obligatorio Luego de siete meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Gobierno Nacional determinó el comienzo a partir de éste lunes de la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), hasta el 29 de noviembre. Bajo esta modalidad los habitantes de los distritos que se encuentran en esta etapa deberán mantener distancia social de dos metros, usar tapabocas, higienizarse las manos y respetar los protocolos vigentes en actividades económicas y recreativas. Se apelará a la “responsabilidad individual”. Asimismo los espacios cerrados que aglomeren personas continuarán cerrados, como los teatros y cines, así como el uso del transporte público de pasajeros, que seguirá exclusivamente para los trabajadores esenciales.
Luego de siete meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Gobierno Nacional determinó el comienzo a partir de éste lunes de la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), hasta el 29 de noviembre. El decreto presidencial fue publicado en el Boletín oficial el sábado pasado. De esta manera se cierra la etapa de aislamiento y se apela a la “responsabilidad individual” en esta nueva fase de distanciamiento. Bajo esta modalidad los habitantes de los distritos que se encuentran en esta etapa deberán mantener distancia social de dos metros, usar tapabocas, higienizarse asiduamente las manos y respetar los protocolos vigentes en actividades económicas y recreativas. Asimismo los espacios cerrados que aglomeren personas continuarán cerrados, como los teatros y cines, así como el uso del transporte público de pasajeros, que seguirá exclusivamente para los trabajadores esenciales. Según las cifras oficiales hasta el momento hubieron en el país 1.242.182 personas infectadas y 33.560 fallecidos. Ademas del AMBA también se encuentran en DISPO las provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Jujuy, Chaco, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán. :::ANRed:::
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CONURBANO
Guernica: la CIDH pide informes al Gobierno sobre el violento desalojo policial de miles de familias
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Cancillería argentina, a cargo de Felipe Solá, un pedido de informes sobre el violento operativo represivo llevado adelante por Sergio Berni, ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el jueves 29 de octubre, con el cual desalojó a 1400 familias de una toma de tierras en Guernica, al sur del conurbano bonaerense. El pedido es en respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias, y se justifica en que el operativo pudo “colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio”, especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus. Asimismo, la CIDH se pregunta si el Gobierno garantizará el acceso a la alimentación, los servicios básicos y la atención médica de las familias, y consulta cuál es la situación actual en el terreno desalojado. La solicitud explicita que el Gobierno debe responder en siete días.
El pedido de la CIDH, firmado por la secretaria ejecutiva interina del organismo, María Claudia Pulido, y
entregado al canciller Felipe Solá, es la respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias. El texto de pedido de informes sobre el operativo represivo sostiene que el mismo “podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio”, especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus. Ambos organismos de derechos humanos habían presentado ante la CIDH una cautelar en favor de las familias por la “situación grave y urgente que requiere de manera inmediata la protección internacional en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, con el fin de evitar daños irreparables a las nueve personas delegadas de los ocupantes”, entre ellas Brian Leonardo Damián Poeta. Tras meses de negociación, entre el 27 y el 28 de octubre, desconociendo todo el trabajo en conjunto de diálogo con los delegados y delegadas de la toma y organizaciones, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, de la mano del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andres “Cuervo” Larroque dejando el campo llano para que avance la orden de desalojo del juez de Garantías de Cañuelas Miguel Martín Rizzo, que fue efectivizado por el megaoperativo conducido por el ministro de Seguridad Sergio Berni. El hecho fue confirmado y denuncia-
do por el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que reclamaron al magistrado suspender el desalojo a fin de “asegurar una relocalización colectiva que asegure los derechos fundamentales de alrededor de 1400 familias en juego”. Luego del violento desalojo represivo policial de fines de octubre, la semana pasada el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, confirmó a través de la publicación del Decreto 955, la creación de una Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, en la órbita del Ministerio de Gobierno, encabezado por Teresa García, que tendrá como objetivo el desarrollo de soluciones habitacionales y la urbanización en barrios populares. La Unidad estará
integrada por representantes de las carteras de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos, de Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana. La medida además fue acompañada con el anuncio de la creación de un Registro de Suelo Urbano, para identificar suelo fiscal urbanizable, “susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales”, detalla el texto oficial. :::ANRed:::
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LOCAL
Acosadas y encerradas en un mayorista de golosinas En primera persona, con el miedo aún latente y bronca en sus palabras, una vecina contó cómo ella y su cuñada fueron acosadas dentro de un comercio céntrico y en cerradas en el lugar. Su caso se hizo eco entre las varelenses y varias sumaron su relato de la misma experiencia. El caso ya fue presentado ante la justicia. «Hola buenas tardes, quería contarles lo que me sucedió hoy a la tarde, tipo 14:00 en el centro de Varela mayorista de golosinas, “Golo Varela”, más conocido como (Caramelito) que está ubicado en la calle Presidente Perón 438 y Almirante Brown en frente del playón comienza», arrancó contado Rocío –en sus redes sociales- para explayarse en algo que, hasta hoy, se silenciaba «Fuimos al lugar con mi cuñada a comprar unas cosas y a medida que íbamos buscando nos empezaron acosar con comentarios como por ejemplo “no me mires con esos ojos que me vas a hipnotizar” y mucho más». El acoso sexual en Florencio Varela es una de las manifestaciones de la violencia de género que más se naturaliza y –por ello- se silencia. Desde las instituciones, no existe un adecuado tratamiento ni recepción real normativa en el marco del derecho penal, al igual que en el resto del país. «Eran 5 hombres que trabajaban
en el lugar, todos mayores. Y luego dos de ellos teniendo una conversación se dicen “a cuál de las dos queres?” como si fuéramos cualquier cosa», narra Rocío. No existe mujer alguna en Florencio Varela que no haya recibo alguna vez, comentarios sexuales sin haberlos solicitado, o la hayan fotografía o grabado sin su consentimiento, haya tenido contacto físico indebido y sin su consentimiento, persecución o arrinconamiento, o haya sido espectadora involuntaria de masturbación, muestra de partes íntimas del cuerpo o gestos obscenos… «Empezamos a sentir más miedo, nos acorralaron uno de cada punta, nos seguían los pasos, nos ofrecían cosas gratis, nos hacían preguntas como “tenes novio?” y nos exigieron que nos quedáramos ahí, en ese momento nos dimos cuenta que la reja de acceso estaba cerrada siendo que todavía no era su horario de cierre, festejaban entre ellos y se reían de la situación. Hasta que el cajero del lugar, sería el número 5 de uno de ellos, les ordena que nos abran la puerta, insistiendo un par de veces porque no querían», cuenta Rocío y, como mujer, no puedo no sentir miedo y angustia, también. La mayoría de las veces, ante casos de acoso, se ha -a lo sumo- puteado y dado vuelta a la página, pero estas «costumbres» de algunos hombres, comprenden no solo un acoso sexual sino una vulneración al derecho a la salud, a la seguri-
dad, a la dignidad, como también al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y a la efectiva participación de las mujeres principalmente, en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. Pero, algo está cambiando en Florencio Varela, desde hace un tiempo…
«Yo apenas de lo sucedido fui rápido hacer la denuncia, me tomaron la declaración rápido. Difundan para que no le pase a nadie más, o quizá alguna lo paso y todavía no tuvo la valentía de poder decirlo por miedo, la suerte que tengo de poder contarlo yo», hizo público Rocío.
Y su no callarse tuvo un efecto mariposa, de todas partes de Florencio Varela, comenzaron a aparecer los testimonios de otras vecinas acosadas en el mismo lugar en distintas fechas.
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CENTRAL
#EsAhoraVarela ::: Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito Personas gestantes se manifestaron en distintos puntos iconicos de Florencio Varela para sumarse a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vale recordar que, Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de presidencia anunció el lunes que presentarán el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) elaborado por el gobierno, y será tratado en sesiones extraordinarias. Por el momento se desconoce el articulado del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Compartimos comunicado de prensa del #EsAhoraVarela: Finalmente, después de años de lucha, el Gobierno nacional enviará al Congreso el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Florencio Varela no puede quedarse al margen de ello. El Aborto Legal, Seguro y Gratuito es algo de lo que se habla en todos los puntos de nuestra ciudad, dando un de-
bate -no solo- por el derecho al aborto, -sino también- su despenalización social. Lo que, en un principio solo fueron un par de voces a las que pretendieron silenciar, hoy somos cientos que resuenan y nos hemos vuelto una marea, con el pañuelo verde como ícono del feminismo que nos hermana a nivel internacional. Somos el resultado del esfuerzo colectivo para lograr sociedades más justas e igualitarias. Somos una fuerza que ya ha logrado hacer visible a todos los vecinos la necesidad de avanzar en la garantía de derechos ya adquiridos, como la ESI y la ILE, que -lamentablemente- siguen siendo vulnerados día tras día. Este 11-11, salimos a la calle tomando las medidas necesarias para cuidarnos en esta pandemia, inundamos las redes sociales con el activismo de siempre para sumar a una gran acción federal que ya lleva 15 años, en favor de los derechos a la salud, la vida y la autonomía de las personas con capacidad de gestar. No hay democracia posible sin el derecho de todas las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus proyectos de vida. Las personas no somos instrumentos de reproducción humana, sino sujetos de pleno derecho. No hay justicia social sin la completa emancipación. No daremos ni un paso atrás en los derechos adquiridos. Hoy, en Varela hay un antes y un después, hoy nos de-
jamos de titubeos y nos plantamos firmemente. Los pañuelos verdes seguiremos en lo alto hasta que el aborto voluntario sea ley.
Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Es Ahora Varela 11-11 Florencio Varela
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GENERO
Violentada por su pareja, asesinada por un amigo Marisol Andrea Bustos tenía 35 años y fue vista por última vez el 30 de octubre. Estuvo desaparecida 8 días. Una amiga hizo la denuncia. El femicida se contradijo tanto en su declaración que terminó confesando el crimen y el lugar donde había dejado el cuerpo enterrado. El viernes 30 de octubre Marisol Andrea Bustos tomó su bicicleta playera y salió de su casa del barrio Bosco II, en la capital santiagueña, hacia la casa de un amigo, Fernando “Pila” Juárez. Esa fue la última vez que su familia la vio y por eso el martes 3 de noviembre una amiga hizo la denuncia de la desaparición en la seccional décima. Marisol apareció asesinada este sábado, en un terreno descampado. Por el femicidio está detenido Andrés Alejandro Juárez, hijo de “Pila” Juárez. Marisol tenía 35 años y cuatro hijxs. Uno de ellxs, de 10 años, es hijo de su actual pareja, Sebastián Gallo. Lxs tres vivían en el barrio Bosco II. Desde la División Trata de Personas y la de Homicidios y Delitos Complejos de La Banda comenzaron a reconstruir las últimas horas de Marisol: el viernes 30 estuvo en la casa de “Pila” Juárez. El sábado
31, cerca de las 19, salió con Andrés Juárez y caminaron hasta el terreno donde él la mató. A esas conclusiones llegaron lxs investigadores luego de tomarle declaración a varias personas, entre otras a los Juárez. Andrés, después de contradecirse varias veces en su testimonio, confesó el crimen y les dijo el lugar exacto donde estaba el cuerpo: avenida Circunvalación, entre Lavalle y Solís. Allí encontraron el cuerpo enterrado. Andrés Juárez quedó detenido, como presunto autor del femicidio, y esta semana se realizará la autopsia del cuerpo de Marisol. Según los informes preliminares, Marisol fue estrangulada. El mismo sábado que la Policía encontró el cuerpo, un grupo de personas prendió fuego la casa de “Pila”, padre de Juárez. El femicida estaba viviendo allí porque se había separado hace un tiempo de su esposa. La familia de Marisol cree que Juárez no actuó solo. Una historia de violencias La vida de Marisol estaba en riesgo desde hace años. Aunque en su asesinato aparentemente nada tuvo que ver su actual pareja, la hermana de Marisol contó a los medios que ella lo había denunciado varias veces por violencia de género. “La última denuncia fue en 2018. Después tenían idas y vueltas en la relación pero vivían juntos”, dijo. Desde la organización feminista Mumalá Santiago del Estero sumaron que conocieron a Marisol por un
acompañamiento hacia esas denuncias. “Estuvimos con ella en su casa e intentando crear puentes que puedan salvarnos, pero no fue suficiente”. Recordaron que cuando junto a ella denunciaron esa situación en la Dirección de Género de la provincia,
los funcionarios le explicaron que ya se había dispuesto la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento por cuatro meses, pero que no podían enviar policías para custodiar a Marisol porque no patrullaban en el barrio. Mumalá repudió el accionar de la
Justicia y de los medios de comunicación que “han estigmatizado su búsqueda, exponiéndola y revictimizándola” y exigió “celeridad y responsabilidad por parte de los funcionarios que debieron poner en marcha los mecanismos de protección hacia la víctima”.
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GENERO
Se defendió de su ex en Paraguay y fue presa por homicidio: necesita el refugio de Argentina Idalina Gamarra llegó a la Argentina en 2016 escapando del horror: como tantas otras veces su ex la atacó, en un forcejeo ella le clavó un cuchillo y él murió. Interpol la detuvo y estuvo presa dos años en Ezeiza y otro más con prisión preventiva. Paraguay pidió su extradición para juzgarla, sin tener en cuenta la legítima defensa. Idalina espera que Argentina la acepte como refugiada. Idalina Gamarra tiene 29 años y es paraguaya. En 2016 llegó a la Argentina con lo puesto, escapando del horror: en un forcejeo, producto de uno de los tantos ataques de su ex pareja, Adrián Benítez Villalba, ella lo apuñaló y él murió. Vivió unos días con una tía en Quilmes, hasta que Interpol, por pedido de la justicia paraguaya, la encontró y la detuvo. Paraguay pidió su extradición para juzgarla por homicidio doloso agravado. Idalina siempre tuvo miedo de volver a Paraguay: además de la amenaza de muerte de la familia de su ex, sabe que no será juzgada con perspectiva de género y que no tendrán en cuenta que actuó en legítima defensa. Por eso espera que Argentina acepte su solicitud de refugio. Al convertirse en refugiada, el proceso de extradición culminaría e Idalina podría volver a pensar en tener una vida y reencontrarse con su hijo de 12 años que hoy vive en Ciudad del Este con su papá, pareja anterior de ella. Para su defensa, no se trata de utilizar el refugio para evitar el castigo de un delito: Idalina actuó en legítima defensa, por lo que no hay delito. La espera de Idalina ya lleva cuatro años. En una primera instancia, la Comisión Nacional para los Refugiados (Co.Na.Re.) rechazó su solicitud. Pero a fines del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación apoyó la apelación que hizo la Defensoría General y entendió que correspondía reconocer la condición de refugiada de Idalina. Actualmente, el caso se encuentra a consideración del Ministerio del Interior de la Nación.
“A partir de ese dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos esperamos continuidad y progresividad en los estándares de protección de las mujeres frente a la violencia. Y el refugio es una herramienta válida para brindarla”, dijeron a Cosecha Roja desde la defensa de Idalina. En todo este tiempo de espera, Idalina estuvo presa en el penal de Ezeiza dos años y tres meses. En agosto de 2018, la Cámara Federal de La Plata le concedió el arresto domiciliario, con dispositivo de vigilancia electrónica. En mayo de 2019, el Juzgado Federal de Quilmes firmó el cese de la prisión preventiva. Pero no es totalmente libre: tiene que seguir utilizando la tobillera electrónica, lo que le dificulta cualquier interacción social y, claro, la obtención de un empleo. Vive en un departamento en Almagro con una amiga y los hijos de ella. Habla por teléfono bastante seguido con su hijo. En la cárcel empezó a cursar el secundario e hizo talleres de sociología, literatura, derechos humanos y feminismo. “Quiero salir de acá y ayudar a otras mujeres”, dijo y lo hizo. Una vez afuera, volvió a Ezeiza para acompañar y dar charlas sobre género. Desde la cooperativa Esquina Libertad asiste y acompaña a personas que están o estuvieron en situación de encierro. Una historia de violencias Idalina fue mamá adolescente y estaba separada del papá del niño pero se arreglaba sola y ayudaba a su padre y hermano. Todas las mañana abría la peluquería que tenía en el frente de la
casa: ahí cortaba y peinaba a mujeres y varones. Después empezó a vender productos en Herbalife, enseguida creció, aprendió en los congresos y pasó a liderar su propia red de revendedoras. Adrián Benítez entró en su vida porque los presentó una amiga en común. Se pusieron de novixs. Idalina tenía muchos amigos del barrio, de la infancia, clientes de la peluquería y de Herbalife. Ganaba bien y manejaba sus finanzas. Él no soportaba que ella fuese independiente ni sociable. Le revisaba el teléfono y le bloqueaba contactos. En octubre de 2015 Idalina tuvo que cerrar su peluquería para
evitar las peleas: él le espantaba los clientes, se enojaba porque algunos tenían buenos coches o quería imponer a quién le podía cortar el pelo. A fines de abril de 2016 Idalina puso fin a la relación. Y él se volvió más violento. El 9 de mayo de 2016 él llegó después de las 23 hecho una furia. La obligó a salir en su auto pero en el camino se largó una tormenta y volvieron. Esa noche él se quedó a dormir. Discutieron hasta las 3 de la mañana: ahí Idalina notó que tenía moretones en el brazo. A la mañana siguiente, él la volvió a atacar: no era la primera vez que le pegaba o la amenazaba con lastimarse con una navaja o un cuchillo hasta que ella se lo sacaba.
En una ocasión llegó a cortarse el brazo derecho y tuvieron que ir a urgencias. Esta vez se repitió la escena: para defenderse ella le quitó el tramontina y en el forcejeó se lo clavó. Idalina lo llevó al hospital. Benítez no sobrevivió: la herida tenía un centímetro de profundidad pero fue mortal. Lo que pasó después fue muy veloz. Una señora la agarró del brazo, le pagó el taxi para que buscara sus cosas y se fue hasta la triple frontera. Compró un pasaje y entró a la Argentina en micro. :::Cosecha Roja:::
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DDHH
Más de 160 familias confían en lograr sus lotes con servicios en el barrio “Alberto Fernández” Desde hace alrededor de un año más de 160 familias luchan y esperan contar con la regularización de sus lotes en el barrio “Alberto Fernández” – ex asentamiento La Olla – en Posadas, que pertenece a un privado y está en la zona del basural municipal, y ahora con tantas personas, ya dejó de ser un asentamiento. Este jueves continuará la reunión de la mesa de diálogo en la que la semana pasada referentes vecinales participaron en la Casa de Gobierno, con autoridades del Gobierno provincial y Municipal, el diputado del Frente Popular Agrario y Social Martín Sereno, y el abogado de las familias, donde se planteó una propuesta de solución consensuada en la asamblea realizada en el barrio. Ésta consiste en que cada familia pague mensualmente por su lote de tierra el equivalente a una Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional se compromete a efectuar la mensura y escrituración de los terrenos. Las familias se mostraron optimistas ante la posibilidad de lograr una solución que se vería plasmada este jueves cuando vuelvan a reunirse las partes interesadas.
“No pretendemos que nos regalen la tierra” Una de las vecinas del barrio “Alberto Fernández”, Andrea Gamarra, participó de la reunión y sostuvo que hace más de siete meses que luchan por sus derechos, y el viernes en la mesa de diálogo con las autoridades del Iprodha, ministros del Poder Ejecutivo y la representante de Tierras de la Municipalidad de Posadas, les comunicaron que tuvieron en contacto con los propietarios de la tierra y existen perspectivas de acuerdo. “No pretendemos que nos regalen los lotes, podemos pagar el equivalente a una Asignación Universal, y cuando lo propusimos hubo buena recepción. Este jueves tenemos otra reunión de la mesa donde estarán los propietarios, y esperamos que acepten nuestra propuesta”, detalló. “Somos 139 familias por un lado y después hay 27 familias más a las que ayuda el Padre Barros. Si el dueño acepta, pagaríamos en cuotas, y tenemos hasta cinco años para aportar todos los meses una cuota; pero veremos a cuánto nos quiere vender cada lote. El Iprodha se ocupará de las mensuras, y la Municipalidad de los servicios, luz y agua, todas cosas que hay que gestionar”, explicó.
Destacó el trabajo del abogado Federico Padolfi, porque cuando todas las familias tenían el desalojo “arriba de nuestras cabezas, otro abogado se lavó las manos y nos dejó solos con nuestra desesperación; pero gracias a él y a nuestro esfuerzo, presentamos el recurso de amparo y se pudo frenar el desalojo”, enfatizó Andrea. “Se busca garantizar el hábitat para estas familias” “Acompañamos a las familias en la mesa de diálogo y las autoridades plantearon que los dueños quieren dialogar; los vecinos expusieron su voluntad de pago, el Iprodha aceptó la propuesta y asumió el compromiso de hacer la mensura, división de lotes y la escritura, y así se garantizará el hábitat para más de 160 familias”, expresó el diputado Sereno. Para el legislador esto demuestra que las familias no quieren que “las cosas le vengan de arriba, como dicen algunos, sino que prefiere pagar, dentro de sus posibilidades, para vivir en un lugar propio. Vemos que los valores de la tierra, las viviendas y los lotes se inflaron, y se vuelven una burbuja que favorece sólo a los inversores inmobiliarios o a quienes tienen mucho dinero; mientras que a las personas de sectores vulnerables, algunos con trabajos informales o con empleo formal;
pero con salarios inferiores al mínimo vital y móvil, se les hace imposible pagar alquileres y menos aún comprarse una vivienda”. Consideró que la solución de fondo es que el Estado Provincial y Municipal planifiquen y desarrollen políticas sociales de vivienda y de hábitat, cuyas cuotas estén al alcance de las familias y puedan garantizarse su lugar para vivir”, afirmó. Políticas de lotes con servicios como respuesta habitacional Sereno recordó que el mismo Gobierno reconoce un déficit habitacional de más de 100 mil viviendas, con lo cual, es evidente que hay que se deben generar políticas para solucionarlo. “Si uno imagina que construyendo 5000 viviendas por año se tardaría 20 años o más en cubrir ese déficit. Por eso creo que las políticas deben ser de lotes con servicios, de urbanización, de repoblación de áreas abandonadas dentro del marco de la Ley y contemplando la tierra como un bien social como marca la Constitución”. Destacó que desde el PAyS presentaron muchos proyectos de Ley como el Instituto de Tierras, el Banco de Tierras, el Arraigo Rural, o los inmuebles ociosos que apuntan a buscar a resolver un problema real, estructural e histórico en Mi-
siones.”En el caso particular del barrio ‘Alberto Fernández’, confiamos que se solucione favorablemente para tranquilidad de todos y de todas y que marque un precedente de método de resolución de conflictos, en el que las familias tendrán un lugar seguro y una vivienda, el propietario recibirá un pago económico por el predio, y los Estados colaborarán con la mensura, el ordenamiento y el proceso de urbanización con la responsabilidad de garantizar a las familias misioneras un lugar donde vivir”, aseveró el diputado. El sueño del lote propio Elizabeth Da Silva y Victoria Márquez son algunas de las vecinas del barrio “Alberto Fernández”, que esperan ansiosas una resolución, y confían que en la mesa de diálogo se logrará una solución definitiva donde los Gobiernos anunciaron la voluntad del propietario de venderles la tierra que ocupan en el lote cuatro.”Este jueves vamos a participar nuevamente de la mesa de diálogo, y esperamos que acepten nuestra propuesta de que cada familia pague mensualmente una Asignación por Hijo y por fin tengamos nuestra tierra”, subrayan las mujeres. :::Patricia López Espínola para ANRed:::
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