RUMBO CLARO
Donde hay pueblo, ahí camina el gobernador
La semana transcurrió con el peso y la belleza de un compromiso que no se delega, sino que nace del amor por Chiapas

Págs. 8-9
ISSTECH impulsa salud preventiva
Luis Avendaño reiteró su compromiso de mejorar la atención digna, cercana y orientada al bienestar de sus usuarios

Conflicto crece en Altos y señalan al Ayuntamiento
La disputa ha escalado más allá, al incorporar señalamientos políticos y una creciente confrontación por el control de recursos básicos

Organizaciones y ciudadanos han señalado posibles irregularidades en los procesos de contratación, incluyendo la repetición de proveedores Piden transparencia en contratos en Ixtapa
La modificación permitirá valorar el contexto de agresión y cambiará cómo se juzga a las mujeres

TRAZOS
El resumen El meme



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Día de Star Wars: Se celebra el “May the Fourth”, una fecha adoptada por fans de la saga Star Wars en todo el mundo

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OPINIÓN
1904: Estados Unidos asume el control de la construcción del Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX
Día con Día Soberanía sacudida

Aguilar Camín

Va quedando claro que el crimen organizado es la mayor amenaza que hay para la soberanía política de México. La soberanía del gobierno sobre varias zonas del país está perdida a manos del crimen, que es quien tiene ahí el poder y el monopolio de la fuerza. Pero el crimen también lesiona la soberanía internacional. Le da a Estados Unidos argumentos de sobra para exigir que México haga lo que Washington le pide, quiera o no la soberanía mexicana.
La jornada de ayer fue una muestra dramática de esta última realidad. Washington pidió detener, con fines de extradición, a la banda política que le entregó Sinaloa a su cártel criminal. Lo hizo en todos los órdenes de complicidad que puede haber entre política y delito: corrupción monetaria, colusión electoral, entrega de puestos de gobierno, protección para producir y traficar, pitazos de operativos antidrogas, impunidad judicial, y acompañamiento policiaco en homicidios. Washington pide que México detenga al gobernador en funciones del estado, Rubén Rocha Moya; al senador en funciones, Enrique Inzunza; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; al
vicefiscal del estado, Dámaso Castro y a otros seis personajes, un ex secretario de gobierno y cinco ex jefes policiacos.
En las imputaciones estadunidenses a Rocha Moya y su banda sobre cómo negociaron y entregaron su estado al crimen, no hay nada que sorprenda a los mexicanos, ni a los sinaloenses.
Habrá, en todo caso, que precisar crímenes y responsables específicos de esa maniobra de traición a Sinaloa, hecha a contrapelo de la Constitución, de la soberanía, del bienestar y la tranquilidad de los sinaloenses, y de la nación.
El margen que hay para una decisión soberana del gobierno ante la exigencia estadunidense, es muy estrecho. En lo fundamental tiene dos opciones.
O el gobierno entrega lo que le piden y crea un terremoto político interno, o no entrega lo que le piden y acaba de abrir con Washington, y con su presidente mercurial, un pleito en el que México tiene todo que perder.
El gobierno ha optado, al parecer, por darle un rodeo formalista al terremoto y ganar tiempo.
Creo que la soberanía política de México perdió ayer algo de lo que todavía le quedaba.
Carta de Viaje

Carlos Tello Díaz
5 de mayo: la versión de los vencidos

¿Cómo vivieron la batalla del 5 de mayo de 1862, frente a Puebla, los soldados del Cuerpo Expedicionario de Francia en México? ¿Cuál es la versión de los vencidos?
El núcleo de la batalla, que estalló antes del mediodía, duró más o menos cuatro horas. En ese lapso murieron alrededor de 254 hombres: 83 mexicanos y 171 franceses. Un promedio de más de 60 combatientes por hora: un muerto cada minuto, durante cuatro horas… Hubo también heridos, muchos, 436 en total: 132 mexicanos y 304 franceses. Un promedio de cerca de 110 soldados por hora: dos heridos cada minuto, durante cuatro horas… Las batallas eran sangrientas en aquellos tiempos, con tácticas napoleónicas de choque frontal entre las líneas. En el campo de los franceses imperaba un sentimiento de amargura después de la batalla. “El general Lorencez sintió un intenso pesar por el fracaso que había sufrido”, recordaría, ya grande, el general Gustave Niox, entonces oficial del Cuerpo Expedicionario. Echó la culpa al representante de Francia en México, el señor Dubois de Saligny, quien lo había engañado, dijo, con respecto de
las emociones favorables a la Intervención en la ciudad de Puebla. “¡Soldados y marinos! Su marcha a México se detuvo”, proclamó en un bando Lorencez. “Se les había repetido cien veces que la ciudad de Puebla estaba ansiosa de su presencia y que su población correría a su encuentro para cubriros de flores. Con la confianza que nos dieron esas certezas engañosas nosotros nos presentamos en Puebla”. Sus oficiales hicieron eco de esas palabras. “Nos engañaron sobre el verdadero estado de las mentes”, escribió uno de ellos. “Mejor hubiera sido no venir nunca”. Por un momento, Lorencez pensó en recomenzar el ataque por otro punto, pero al final decidió la retirada hacia Orizaba. No quería exponer a su ejército, que era pequeño, a otro descalabro. El 10 de mayo salió de Amozoc rumbo a Tepeaca para seguir de frente hacia Acatzingo, Quecholac y Palmar. Sus hombres marchaban cabizbajos. El capitán de artillería Paul Guinard escribió el 22 de mayo, ya desde Orizaba: “Cuando dejamos Francia, todo el mundo hablaba de nuestra expedición como de un juego. Un paseo nada más, ¿no es cierto? Tan sencillo como ir un
domingo a Saint-Cloud”. El capitán Guinard moriría un año después, el 16 de mayo de 1863, la víspera de la rendición de Puebla. Sus compañeros entraron al día siguiente en la ciudad, mientras él era sepultado.
Todo comenzaba a ser visto con menos inocencia por los franceses. Quedaba ya claro que la Intervención en México, para tener éxito, implicaba multiplicar, en hombres y en armas, los elementos del Cuerpo Expedicionario. Esa fue la decisión que tomó en aquel verano de 1862 el emperador Napoleón III, junto con la de relevar del mando al general Lorencez. Estaba molesto con su conducción de la batalla del 5 de mayo, furioso por las consecuencias que todo eso tenía sobre sus planes. El descalabro en Puebla, en efecto, habría de retrasar por un año la llegada de los franceses a la capital de la República. En ese momento, la nación tuvo el tiempo que necesitaba para preparar la resistencia. Los franceses habían sufrido una derrota de verdad en las afueras de Puebla.
ESTADO
PATRIMONIO HISTÓRICO
1979: Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido
Poder Judicial del estado celebra aniversario 201
Moreno Guillén destacó la importancia de la memoria jurídica como base para fortalecer el Estado de Derecho
KEVIN NARVARTE/TDN
La conmemoración del 201 aniversario del Poder Judicial en Chiapas se convirtió en un ejercicio de reconstrucción histórica con implicaciones institucionales contemporáneas, donde el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén asumió el centro del acto al subrayar la vigencia del origen jurídico del estado como base de su presente democrático.
Desde la sede judicial, la presentación de la reproducción de la Constitución chiapaneca de 1825 funcionó como eje simbólico y político del evento. Moreno Guillén colocó el documento no solo como pieza histórica, sino como un referente que permite interpretar la evolución del Estado de Derecho en la entidad a lo largo de dos siglos. En su intervención, el magis-

trado presidente enfatizó que la comprensión del pasado jurídico no es un ejercicio ornamental, sino una condición para fortalecer la identidad institucional. Bajo esa lógica, el acto fue plan-
teado como una continuidad entre la memoria histórica y la responsabilidad actual de impartir justicia con apego a principios de legalidad.
El evento también evidenció
una narrativa de colaboración entre poderes del estado, en la que el Poder Judicial se posicionó como guardián de la memoria normativa de Chiapas. La recuperación del documento histó -
“Enfatizó que la comprensión del pasado jurídico no es un ejercicio ornamental, sino una condición para fortalecer la identidad institucional”
rico se convirtió en un esfuerzo de articulación institucional que buscó reforzar la legitimidad de las estructuras jurídicas actuales.
En este contexto, Moreno Guillén consolidó su papel como figura central en la reivindicación del legado jurídico chiapaneco, vinculando el pasado constitucional con los retos contemporáneos del sistema de justicia. El acto no solo recordó el origen del Poder Judicial, sino que lo proyectó como un componente activo en la construcción del futuro institucional del estado, reafirmando su vigencia dentro del orden jurídico chiapaneco.
ISSTECH impulsa salud preventiva
Luis Avendaño reiteró su compromiso de mejorar la atención digna, cercana y orientada al bienestar de sus usuarios
KEVIN NARVARTE/TDN
La jornada de vacunación en la Clínica de Consulta Externa de Tuxtla se convirtió en un punto de supervisión directa para la gestión del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), donde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez encabezó un recorrido orientado a evaluar la operación de uno de los programas preventivos más relevantes para la población afiliada.
Más allá de la verificación técnica del proceso, la presencia del di-
rector del ISSTECH funcionó como un gesto de acompañamiento institucional hacia los usuarios del sistema de salud. En un contexto donde la demanda de servicios médicos preventivos ha ido en aumento, la vacunación se mantiene como una de las herramientas más efectivas para reducir riesgos sanitarios en poblaciones aseguradas. Durante su visita, Avendaño Bermúdez sostuvo un acercamiento con derechohabientes y personal de salud, lo que permitió observar de primera mano la dinámica operativa de la clínica. Este tipo de recorridos se enmarca en una estrategia de supervisión que busca reforzar la comunicación entre niveles administrativos y operativos del sistema de seguridad social. El contacto con el personal médico y administrativo también
puso en evidencia el papel del capital humano dentro de las jornadas de salud pública. En instituciones como el ISSTECH, la continuidad de estos programas depende en gran medida de la coordinación entre equipos de atención, logística y dirección institucional, especialmente en campañas de alcance estatal o nacional.
Bajo este escenario, la gestión de Avendaño Bermúdez ha buscado proyectar una línea de trabajo centrada en el humanismo institucional, donde la atención a la salud no solo se mide en cobertura, sino en la calidad del trato y la cercanía con los afiliados. La supervisión de la jornada de vacunación en Tuxtla se inscribió así en una lógica de fortalecimiento operativo y sensibilidad social dentro del sistema de seguridad social chiapaneco.

Ley Petrona redefine la legítima defensa
La modificación permitirá valorar el contexto de agresión y cambiará cómo se juzga a las mujeres
DAMIÁN CERVANTES/TDN
Con la aprobación de una reforma al Código Penal en Chiapas que incorpora la legítima defensa con perspectiva de género, el Congreso local impulsó un cambio de fondo en la forma en que el sistema de justicia interpreta la violencia contra las mujeres, reconociendo que las agresiones no siempre son visibles ni ocurren en condiciones de igualdad, lo que durante años colocó a muchas víctimas en escenarios de vulnerabilidad incluso después de defender su propia vida.
Dentro de una discusión legislativa que colocó en el centro la experiencia cotidiana de mujeres que enfrentan violencia estructural, la denominada “Ley Petrona” introdujo una presunción legal que permitirá valorar el entorno previo a una agresión, modificando los criterios bajo los cuales una mujer puede ser juzgada e integrando factores como el contexto de abuso, la reiteración de la violencia y

la falta de alternativas reales para escapar de estas situaciones.
Bajo el reconocimiento de que la violencia de género responde a procesos acumulativos y no a
hechos aislados, la reforma rompe con esquemas tradicionales que exigían evidencia inmediata de agresión, dejando de lado elementos como el miedo constante,
la intimidación prolongada y las relaciones de poder desiguales, aspectos que históricamente han sido ignorados en la aplicación del derecho penal.
Conflicto crece en Altos y señalan al Ayuntamiento
La disputa ha escalado más allá, al incorporar señalamientos políticos y una creciente confrontación por el control de recursos básicos
DAMIÁN
CERVANTES/TDN
Mientras la disputa comunitaria en la región Altos escala hacia un terreno de confrontación abierta, autoridades de San Antonio de los Baños colocaron bajo cuestionamiento la actuación del Ayuntamiento de San
Cristóbal de Las Casas, al advertir un presunto respaldo indirecto a grupos que han intensificado la presión territorial, en un contexto donde la gobernabilidad local comienza a erosionarse ante la falta de mediación efectiva.
En medio de un escenario donde el control de recursos básicos se vuelve un punto de conflicto, especialistas advirtieron que la disputa por el agua y el territorio no es un hecho aislado, considerando que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicaron que más del 35 por ciento de las viviendas en zonas rurales de Chiapas no cuentan con acceso regular a agua entubada, lo que convierte estos espacios en focos recurrentes de tensión social.
A medida que los mecanismos tradicionales de diálogo comunitario pierden eficacia, el conflicto ha transitado hacia formas más directas de confrontación, lo que se inserta en una tendencia estatal donde la Fiscalía General ha registrado más de mil 200 denuncias vinculadas a conflictos sociales y comunitarios en los últimos años, muchas de ellas sin resolución inmediata.
En este entorno de creciente fragmentación, la dimensión política adquirió un peso determinante, sobre todo si se considera que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi ubica a Chiapas entre las entidades con mayor percepción de desconfianza hacia autoridades
“Con este nuevo marco legal, la reforma se posicionó como uno de los cambios más relevantes en materia de justicia con enfoque de género en Chiapas”
En este contexto, el Congreso no solo legisló sobre una figura jurídica, también abrió un debate más amplio sobre la necesidad de que las normas penales evolucionen junto con la realidad social, especialmente en escenarios donde las mujeres han enfrentado obstáculos institucionales para acceder a una justicia que comprenda las condiciones en las que ocurre la violencia.
Con este nuevo marco legal, la reforma se posicionó como uno de los cambios más relevantes en materia de justicia con enfoque de género en Chiapas, al plantear una reconfiguración en la relación entre ciudadanía y sistema judicial y establecer que la protección de la vida y la integridad de las mujeres debe prevalecer frente a interpretaciones rígidas de la ley.

municipales, superando el 60 por ciento entre la población consultada.
Ante este panorama, la exigencia de intervención por parte de los distintos niveles de gobierno no solo responde a una demanda de seguridad, sino a la necesidad de reconstruir condiciones mínimas de convivencia, en una región donde el deterioro del tejido social se profundiza frente a la ausencia de respuestas institucionales oportunas.
CEDES promueve oferta en el Instituto Registral
Apuestan por integrar conocimiento académico con la práctica institucional, impulsando la profesionalización del servicio público en el estado
Con una estrategia orientada a posicionar la formación académica en espacios clave de la administración pública, el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) llevó su oferta educativa al Instituto Registral del Estado de Chiapas, apostando por acercar programas especializados a perfiles vinculados directamente con la gestión institucional, en un momento donde la profesionalización del servicio público se vuelve un factor determinante para mejorar la eficiencia gubernamental.
A través de esta visita, el CEDES no solo promovió sus licenciaturas, también planteó una ruta para insertar su modelo educativo en áreas donde el conocimiento técnico y jurídico tiene un impacto directo en la operación del Estado, particularmente en procesos relacionados con registro, certificación y control de bienes, lo que convierte a estos espacios en puntos estratégicos

para la actualización académica.
Desde una visión que busca vincular la formación universitaria con
las necesidades reales del sector público, la institución plantea que la capacitación continua del perso-
nal en dependencias gubernamentales puede incidir en la mejora de procesos administrativos, en la
Piden transparencia en contratos en Ixtapa
Organizaciones y ciudadanos han señalado posibles irregularidades en los procesos de contratación, incluyendo la repetición de proveedores
KEVIN NARVARTE/TDN
Con el arranque de una revisión pública sobre la gestión municipal en Ixtapa, la asignación de contratos de obra comenzó a ocupar el centro del debate, en medio de cuestionamientos que apuntan a una posible concentración de re-
cursos y a la falta de competencia en los procesos, lo que ha encendido alertas sobre la transparencia en el uso del presupuesto local.
Desde una dinámica que ha sido observada por organizaciones civiles y actores políticos, el modelo de contratación ha despertado dudas sobre la apertura de los procesos, especialmente en un contexto donde datos del Instituto de Transparencia estatal indicaron que más del 60 por ciento de los municipios en Chiapas presenta rezagos en la publicación de información sobre obra pública.
A medida que se revisan los patrones de asignación, especialistas en fiscalización mencionaron que la repetición de proveedores y la
aparición de empresas sin trayectoria consolidada podría estar relacionada con prácticas de simulación, un fenómeno que ha sido identificado por la Auditoría Superior del Estado en cerca del 35 por ciento de las observaciones vinculadas a infraestructura municipal. En paralelo, el manejo del presupuesto destinado a obra cobra relevancia si se considera que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que los municipios chiapanecos destinaron en promedio más del 20 por ciento de su gasto total a infraestructura, lo que convirtió este rubro en uno de los más sensibles frente a posibles irregularidades administrativas.
“La capacitación continua del personal en dependencias gubernamentales puede incidir en la mejora de procesos administrativos”
reducción de errores operativos y en el fortalecimiento de la certeza jurídica para la ciudadanía. En este contexto, la interacción con el Instituto Registral adquirió una dimensión más amplia al abrir la posibilidad de establecer esquemas de colaboración que trasciendan la difusión educativa, permitiendo construir programas de formación, asesoría técnica y desarrollo profesional alineados a los retos actuales de la administración pública en Chiapas.
Con este tipo de acciones, el CEDES consolidó una estrategia que buscó ir más allá de la promoción académica tradicional, posicionándose como un actor que articula conocimiento, práctica institucional y desarrollo profesional, con el objetivo de contribuir a la construcción de un servicio público más capacitado, eficiente y conectado con las demandas sociales.

Frente a la ausencia de posicionamientos claros por parte de las autoridades locales, la presión social ha comenzado a trasladarse a espacios públicos y digitales, en un entorno donde la desconfianza hacia los go-
biernos municipales supera el 65 por ciento entre la población, de acuerdo con encuestas oficiales, lo que anticipa un escenario de mayor exigencia ciudadana y posibles revisiones institucionales en el corto plazo.
DE CAJÓN
Con este ritmo de trabajo, la administración estatal apostó por consolidar una imagen de gobierno activo y articulado”
RUMBO CLARO
Donde hay pueblo, camina el gobernador
La semana transcurrió con el peso y la belleza de un compromiso que no se delega, sino que nace del amor por Chiapas
DAMIÁN CERVANTES/TDN
Con un estilo de gobierno que combina cercanía, discurso de convicción y una agenda activa en territorio, el gobernador de Chiapas ha buscado posicionarse como un perfil comprometido con el desarrollo social y la transformación institucional, proyectando una narrativa donde el deber público se asume como una vocación permanente más que como una función administrativa.
Desde ese enfoque, la semana arrancó con una reunión de gabinete en el Mirador Los Chiapa, donde el llamado no se limitó a la operación gubernamental, sino a reforzar principios como la responsabilidad, la conciencia y el sentido ético del servicio público, en un intento por consolidar una identidad política basada en valores.
Bajo esta misma lógica de proyección estatal, la participación de Chiapas en el Tianguis Turístico Acapulco 2026 se convirtió en una vitrina estratégica para posicionar al estado como destino competitivo, apostando por su riqueza cultural y natural como motor de desarrollo económico.
En materia de seguridad y gobernabilidad, la realización de la Mesa de Paz en el marco del aniversario del Poder Judicial evidenció la intención de articular esfuerzos interinstitucionales, colocando la coordinación como eje para atender los retos en justicia y estabilidad social.
A la par, la conmemoración de los 201 años del Poder Judicial permitió reforzar el discurso sobre la importancia de consolidar un sistema de justicia más cercano y eficiente, en un contexto donde la confianza institucional sigue siendo uno de los principales desafíos.
Dentro de la agenda educativa, la reunión con la Universidad Agraria Antonio Narro abrió la puerta a nuevas propuestas académicas con enfoque productivo, lo que apuntó a una estrategia que busca vincular la formación profesional con las necesidades del campo chiapaneco.

Intención de responder y resolver a las demandas sociales. (FOTOS: CORTESÍA)
El acercamiento con jóvenes también formó parte de la agenda, particularmente con la entrega de apoyos del programa Conecta Chiapas en un plantel educativo de Tuxtla Gutiérrez, donde la tecnología se planteó como una herramienta clave para reducir brechas en el acceso al conocimiento.
En el ámbito de la salud, la coordinación para dar seguimiento a la Semana Nacional de Vacunación dejó ver una estrategia enfocada en la prevención, con énfasis en la cobertura territorial y la articulación con autoridades municipales.
En el plano político nacional, el reconocimiento a la nueva titular de la Secretaría de Bienestar reflejó una alineación con la agenda federal, reforzando la relación institucional con el gobierno de México.
La seguridad pública ocupó un lugar relevante con la reunión sostenida con el titular federal, Omar García Harfuch, donde la cooperación intergubernamental se planteó como una pieza clave para mantener la tendencia a la baja en delitos de alto impacto.
Durante su estancia en la Ciudad de México, la visita a la Rotonda de las Personas Ilustres introdujo un matiz simbólico a la agenda, al conectar la acción política con referentes culturales e históricos, particularmente con la figura de Rosario Castellanos.
En el ámbito social, el encuentro con integrantes de logias masónicas sumó un componente de reconocimiento ciudadano, en una dinámica que busca ampliar los espacios de interlocución con distintos sectores.
La agenda también incluyó actividades comunitarias, como la celebración del Día de la Niña y el Niño en una colonia de Tuxtla Gutiérrez, donde el mensaje se centró en la importancia de la atención y el bienestar infantil como base del desarrollo social. En conjunto, la semana del gobernador mostró una estrategia que combinó presencia territorial, discurso institucional y vínculos políticos, en un intento por sostener una narrativa de cercanía y acción constante frente a los retos de Chiapas. Con este ritmo de trabajo, la administración estatal apostó por consolidar una imagen de gobierno activo y articulado, donde la agenda pública se construye entre la gestión, la representación y la intención de responder a las demandas sociales con una visión de largo plazo.
ahí gobernador







Reiteró su compromiso con la vigilancia del erario como eje para garantizar eficiencia y rendición de cuentas
KEVIN NARVARTE/TDN
La presencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la más reciente reunión de gabinete en Chiapas marcó un énfasis claro en la intención de colocar la transparencia como eje transversal de los proyectos de desarrollo estatal. Desde el Mirador Los Chiapa, el encuentro no solo delineó una ruta administrativa, sino que también envió un mensaje político sobre la forma en que se pretende ejecutar la inversión pública.
En ese contexto, Ana Laura Romero Basurto asumió un papel central al refrendar que el combate a la corrupción y la eficiencia institucional no serán elementos accesorios, sino condiciones obligatorias para la ejecución de obras y programas. Su participación subrayó la idea de que los proyectos sociales y de infraestructura deben estar acompañados de mecanismos de control y supervisión más estrictos.
La reunión también colocó sobre la mesa una estrategia de
SAyBG refuerza control público

Eficiencia administrativa y menos corrupción son los objetivos. (FOTO: CORTESÍA)
atención territorial enfocada en 12 pueblos históricamente rezagados, donde se concentrarán acciones en carreteras, salud, educación y agua potable. Sin embargo, el enfoque
planteado no se limita a la expansión de obras, sino a su ejecución bajo esquemas de vigilancia institucional que eviten desviaciones o fallas administrativas.
Desde la visión del Ejecutivo estatal, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, el planteamiento de “prosperidad compartida” busca abarcar los 124 municipios con una
Cambio
Implicaría un traslado a una ciudad con mayores costos de vida, lo que podría dificultar la permanencia del alumnado en la institución
KEVIN NARVARTE/TDN
El posible traslado de la sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Venustiano Carranza hacia San Cristóbal de Las Casas reabrió el debate sobre la fragilidad del acceso a la educación superior en Chiapas, una entidad donde las condiciones estructurales ya colocan a miles de estudiantes en riesgo de abandono académico. Las cifras oficiales mostraron un contexto crítico, pues la Secretaría
de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ubican a Chiapas con una cobertura universitaria cercana al 25–30 por ciento, una de las más bajas del país. Este dato demostró una presión acumulada sobre los sistemas alternativos de educación superior, particularmente en regiones rurales donde la oferta institucional es limitada.
El Consejo Nacional de Población reportó que más del 60 por ciento
de los municipios chiapanecos se encuentran en niveles alto o muy alto de marginación, lo que condiciona de origen la permanencia escolar. En estos contextos, cualquier cambio de sede implica no solo desplazamiento geográfico, sino una ruptura potencial en la continuidad educativa.
El impacto también se cruza con condiciones económicas estructurales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Chiapas mantiene uno de los ingresos laborales más bajos del país, lo que reduce la capacidad de las familias para sostener gastos adicionales derivados de movilidad o reubicación académica.
“Su participación no solo acompañó el discurso de transformación institucional, sino que lo aterrizó en la exigencia de un gobierno más vigilado”
lógica de distribución económica más amplia. No obstante, el papel de la Secretaría Anticorrupción aparece como contrapeso técnico para asegurar que los programas de apoyo, créditos y reactivación económica se mantengan dentro de márgenes de control y rendición de cuentas.
En este esquema, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se posicionó como un actor clave en la reconfiguración del modelo de gestión pública estatal. Su participación no solo acompañó el discurso de transformación institucional, sino que lo aterrizó en la exigencia de un gobierno más vigilado, donde la eficiencia administrativa y el combate a la corrupción se integran como condiciones para la legitimidad de la acción pública.

Problemática de permanencia y desigualdad educativa. (FOTO: CORTESÍA)
Finalmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advirtió que uno de cada cuatro habitantes del estado presenta rezago educativo, una cifra que ayuda a dimensionar el riesgo de que decisiones institucionales mal ajustadas terminen profundizando la deserción. En este escenario, la discusión sobre la reubicación de la UBBJ trascendió lo administrativo y se insertó en una problemática estructural de acceso, permanencia y desigualdad educativa.
Observatorio turístico fortalecerá al estado
El proyecto busca mejorar la toma de decisiones mediante información actualizada sobre el comportamiento de visitantes y tendencias del sector
DAMIÁN CERVANTES/TDN
El sector turístico de Chiapas dio un paso hacia la incorporación de modelos de análisis más sofisticados al consolidar un acuerdo de cooperación que buscó transformar la manera en que se diseñó la política pública en la materia. La Secretaría de Turismo estatal se colocó como eje articulador de una estrategia que apostó por el uso de datos como herramienta central de planeación.
En el marco del Tianguis Turístico de México 2026, la dependencia chiapaneca formalizó un convenio con su homóloga de Guanajuato para desarrollar un Observatorio Turístico con enfoque en nuevas tecnologías. La iniciativa retomó la experiencia de una entidad que ha consolidado sistemas de medición y análisis del comportamiento de visitantes como base para su competitividad.
El planteamiento implicó un cambio de enfoque en la gestión turística de Chiapas, al pasar de

Destinos más ordenados y con mayor capacidad de competencia. (FOTO: CORTESÍA)
decisiones basadas en dinámicas tradicionales a esquemas sustentados en información sistematizada.
La Secretaría de Turismo buscó con ello construir una plataforma capaz de identificar patrones de
Toman MP en Jiquipilas por caso de desaparición
La movilización encabezada por mujeres reflejó el papel creciente de los colectivos y familias en las labores de búsqueda
DAMIÁN CERVANTES/TDN
La desaparición de tres trabajadores de la construcción en Jiquipilas detonó una protesta que derivó en la toma del Ministerio Público, en un contexto donde la exigencia de resultados se cruzó con una crisis estructural de localización de personas en Chiapas. El caso volvió a evidenciar la presión social que
enfrentan las instituciones encargadas de la búsqueda. En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó más de 110 mil personas desaparecidas a nivel nacional, mientras que Chiapas concentró más de dos mil 500 casos acumulados históricos, lo que colocó al estado dentro del mapa de mayor complejidad en el sur del país.
La movilización en Jiquipilas se inscribió en un escenario donde la capacidad de respuesta institucional es limitada. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la mayor efectividad en localización ocurrió en las primeras 72 horas, pero en Chiapas la infraes-
tructura operativa es reducida, con menos de una decena de células activas de búsqueda regionales, según reportes públicos de la propia CNB.
A nivel estructural, el problema se agrava por condiciones sociales, ya que, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha señalado que más del 60 por ciento de la población chiapaneca vive en situación de pobreza, lo que impacta en la capacidad de las familias para sostener procesos prolongados de búsqueda, traslados y exigencia legal.
En términos de seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado un aumento
movilidad, preferencias de consumo y tendencias de mercado en tiempo real.
“Este tipo de herramientas permitirá no solo observar el flujo de visitantes, sino también anticipar escenarios de demanda”
Este tipo de herramientas permitirá no solo observar el flujo de visitantes, sino también anticipar escenarios de demanda y rediseñar estrategias de promoción y desarrollo regional. La intención es que la información recopilada se convierta en insumo directo para la creación de destinos más ordenados, sostenibles y con mayor capacidad de competencia en el mercado nacional e internacional.
Con este convenio, la Secretaría de Turismo de Chiapas se posicionó en una ruta de modernización institucional que coloca a la tecnología y al análisis de datos como pilares de su estrategia. La colaboración con Guanajuato abrió la posibilidad de trasladar modelos ya probados a un contexto distinto, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y elevar el nivel de planeación del sector turístico estatal.

Crisis en estructural en localización de personas. (FOTO: CORTESÍA)
sostenido en las carpetas por desaparición en el estado en los últimos años, lo que ha impulsado la organización de colectivos que sustituyen en muchos casos la ac-
ción institucional. En Jiquipilas, la protesta no solo exigió respuestas, también exhibió la fractura entre la urgencia ciudadana y la capacidad estatal de reacción.

La fantasía y la acción épica vuelven en lo que promete ser el próximo éxito de la Warner Bros

AGENCIAS/TDN
“El director Simon McQuoid regresó cinco años después de la primera entrega en una cinta que promete más acción y contiendas”
El director Simon McQuoid regresó cinco años después de la primera entrega en una cinta que promete más acción y contiendas, la película Mortal Kombat II.
¿De qué trata la película
Mortal Kombat II?
Mientras la amenaza de Shao Kahn se cierne sobre la Tierra con la amenaza de destruirlo, los campeones terrestres se preparan para un nuevo enfrentamiento.
La narrativa retoma a la figura de Johnny Cage (Karl Urban), que se prepara para un combate bajo las reglas ancestrales del “Mortal Kombat”.

¿Quiénes están en el reparto?
Gran parte del elenco original regresa en esta entrega, entre ellos se encuentran nombres como Josh Lawson, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee y Tadanobu Asano.
A la cinta se incorpora Karl Urban, a quien hemos visto recientemente en la exitosa The Boys, así como la actriz, nacida en Hong Kong, Adeline Rudolph (Riverdale).
Detrás de la película
Mortal Kombat II
El guion ha llegado en esta ocasión por parte de Jeremy Slater, quien ya ha escrito en proyectos en los que destaca la acción y fantasía, logrando series
como The Umbrella Academy y Moon Knight.
La producción regresó con el equipo de producción liderado por Todd Graner y el aclamado director James Wan (El conjuro).
La película también vuelve con la colaboración de la productora dirigida por Wan, Atomic Monster, que vuelve a apostar por el talento de McQuoid en esta entrega.
La compañía, ya nos ha brindado cintas como El misterio de Salem’s Lot (2024) y El mono (2025).
La cinta, que se vería marcada por retrasos tanto en la producción como exhibición, finalmente es una realidad, y apunta a ser uno de los estrenos más relevantes de la compañía Warner Bros.
El surgimiento de una nueva franquicia
Las primeras entregas del videojuego verían la luz en 1992. Creaciones de los diseñadores estadounidenses Ed Boon y John Tobias.
Distribuidas en primera instancia por Midway Games, el juego atrajo gran atención por la violencia de sus gráficos, además de la autenticidad de los personajes; quienes tenían movimientos propios y algunos instrumentos para las diversas contiendas.
Estreno de la cinta
La segunda entrega llega a los cines el próximo 7 de mayo de 2026.



NACIONAL
RED SEÑALADA
2000: Se anuncia la secuenciación casi completa del genoma de la bacteria Escherichia coli, avance clave en la investigación genética
Funcionarios bajo lupa por control en Sinaloa
Investigaciones y reportes de inteligencia han puesto bajo escrutinio al entorno político del gobernador
Rubén Rocha Moya
AGENCIAS/TDN
Apartir de 2018, Sinaloa entró en una etapa de reconfiguración del poder en la que distintos actores políticos comenzaron a ocupar espacios estratégicos en la administración pública, coincidiendo con el inicio del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, investigaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos han colocado a funcionarios estatales como piezas centrales de una estructura que habría consolidado influencia en lo económico, político y de seguridad dentro de la entidad.
El eje político encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya y su entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, habría articulado un proceso de control progresivo sobre institucio-

Informes que señalaron presuntos vínculos criminales. (FOTO: CORTESÍA)
nes locales. Este reordenamiento no solo implicó el ascenso de perfiles cercanos al grupo gobernante, sino también la salida de figuras relevantes de administraciones municipales mediante procedimientos políticos y judiciales que reconfiguraron los equilibrios en los principales municipios del estado. En ese entramado, Inzunza Cázarez pasó de encabezar el Poder
Judicial estatal a convertirse en un operador político clave dentro del proyecto de gobierno, con influencia en decisiones administrativas y en la definición de sucesiones locales. Su transición de magistratura a la arena política reforzó la percepción de un esquema de concentración de poder que, según versiones políticas locales, ha sido utilizado para consolidar una
Aumenta tensión por caso
Carlos Manzo en Uruapan
Juan Manzo acusó al ayuntamiento de presuntamente financiar la defensa de personas vinculadas al homicidio de su hermano
AGENCIAS/TDN
Las acusaciones en torno al asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez han abierto un nuevo frente de tensión política en Uruapan, ahora centrado en el papel del propio ayuntamiento. Desde el entorno familiar de la víctima, se ha señalado que la administración
municipal estaría interviniendo en el financiamiento de la defensa legal de personas presuntamente involucradas en el crimen.
El señalamiento fue hecho por Juan Manzo, hermano del edil asesinado y actual subsecretario de Gobernación en el estado, quien planteó dudas sobre la actuación del gobierno local encabezado por Grecia Quiroz García. En su posicionamiento público, consideró inusual que recursos municipales estén siendo destinados a la defensa de quienes enfrentan cargos relacionados con el homicidio.
Más allá del reclamo político, el caso introdujo una nueva dis-
cusión sobre el manejo institucional del proceso judicial. Mientras algunos actores exigieron transparencia en la investigación, la mención de posibles apoyos legales desde el ayuntamiento ha generado sospechas sobre el nivel de involucramiento de distintas estructuras locales en el desarrollo del caso.
posible continuidad hacia el proceso electoral de 2027. El área de seguridad también forma parte de los señalamientos, con la incorporación de exfuncionarios y mandos policiacos vinculados a distintas etapas de la estrategia estatal. Exsecretarios, mandos de investigación y responsables de corporaciones locales han sido mencionados en
“Estructura que habría consolidado influencia en lo económico, político y de seguridad dentro de la entidad”
investigaciones y reportes que los relacionan con estructuras de protección y operación en un contexto marcado por la disputa entre grupos criminales en la entidad. En el plano internacional, las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y advertencias de instancias de inteligencia militar mexicana han colocado al gobierno de Sinaloa bajo un escrutinio creciente. Estos informes señalaron presuntos vínculos con actividades del crimen organizado y posibles omisiones institucionales, en un escenario donde la disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico ha intensificado la presión sobre la administración estatal y su gabinete.

Delito que ha funcionado como punto de fricción entre políticos. (FOTO: CORTESÍA)
El proceso penal también sigue en curso contra varios escoltas del exalcalde, vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en modalidad de omisión. En paralelo, la ausencia de avances en la localización de un jefe de escoltas señalado como pieza clave ha alimentado la percepción de que el caso aún mantiene zonas de opacidad dentro de la investigación. En contraste con estas acusaciones, voces políticas locales han planteado interpretaciones distintas sobre el proceso, sugiriendo que existe una disputa narrativa en torno al caso. En ese contexto, el homicidio de Carlos Manzo continúa extendiéndose más allá del ámbito judicial, convirtiéndose en un punto de fricción entre instituciones, actores políticos y el propio círculo familiar del alcalde asesinado.
INTERNACIONAL
OPERACIÓN FURIA
2015: Se establece el Día Internacional del Bombero, en reconocimiento a la labor de los cuerpos de emergencia en todo el mundo
EU gasta 25 mil mdd en conflicto con Irán
Autoridades militares estadounidenses argumentaron que el aumento del gasto busca garantizar el liderazgo estratégico del país
AGENCIAS/TDN
El conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán ha comenzado a dejar una factura económica de gran escala para el Pentágono, que ya calcula un gasto mínimo de 25 mil millones de dólares en apenas dos meses de operaciones militares. La cifra mostró la magnitud de una ofensiva que, lejos de limitarse a acciones puntuales, ha implicado un despliegue sostenido de recursos en distintos frentes.
De acuerdo con el subsecretario de Defensa estadounidense encargado de asuntos financieros, Jules Hurst, la mayor parte de ese gasto se concentró en el uso intensivo de municiones, aunque también incluyó costos operativos, mantenimiento de equipos y reposición de material militar. La operación, identificada como “Furia Épica”, se

ha convertido en uno de los compromisos financieros más altos del actual ciclo de conflicto.
El impacto presupuestal del enfrentamiento se discute en paralelo a una solicitud histórica del Departamento de Defensa, que busca alcanzar 1.5 billones de dóla-
res para su financiamiento general. Este incremento del 40 por ciento respecto a ejercicios anteriores ha encendido el debate en el Congreso sobre la sostenibilidad de la estrategia militar en un escenario de múltiples tensiones internacionales.
Chile propone recortes a programas sociales
La propuesta incluye ajustes a políticas como alimentación escolar, lo que ha generado debate sobre el alcance de la reestructuración del gasto social
AGENCIAS/TDN
Una propuesta interna del Ministerio de Hacienda de Chile encendió una controversia política al plantear una revisión profunda del gasto público que incluye la eliminación o reducción significativa de programas sociales clave. El documento, orientado a la construc-
ción del presupuesto 2027, ha sido interpretado como un giro de alto impacto en la estructura del financiamiento estatal.
El informe identificó 142 programas susceptibles de recorte o reasignación, con un ajuste estimado que alcanza los 5.4 billones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de seis mil millones de dólares. La proyección de estas modificaciones se extiende hasta 2031, en un contexto marcado por la advertencia de una estrechez fiscal que obligaría a redefinir la ejecución del gasto público.
Entre los puntos más sensibles aparece la mención a programas de alimentación escolar que bene-
fician a millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Aunque el documento no plantea su eliminación directa como política, sí sugiere cambios en su diseño operativo, lo que abrió un debate sobre el alcance real de las modificaciones propuestas. La interpretación política del informe derivó en una rápida reacción del gobierno, que buscó desmarcarse de la idea de recortes sociales inmediatos. Desde la administración se insistió en que no se trata de eliminar derechos ni políticas públicas, sino de reorganizar la forma en que estas se ejecutan bajo criterios de eficiencia y reestructuración administrativa.
Desde la cúpula del Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth ha defendido la expansión del gasto como una necesidad estratégica. Su argumento se centró en la preservación del liderazgo militar estadounidense en un entorno global que considera cada
“El conflicto ha tenido consecuencias políticas y militares profundas en la región, mientras el costo económico se convierte en otro frente de presión”
vez más inestable y con amenazas simultáneas en distintas regiones del mundo.
Mientras tanto, la guerra en Oriente Próximo continúa escalando tras la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero. El conflicto ha tenido consecuencias políticas y militares profundas en la región, mientras el costo económico se convierte en otro frente de presión para la administración estadounidense y su aparato de defensa.

Se advirtió de medidas de transformación estructural. (FOTO: CORTESÍA)
En paralelo, la discusión escaló hacia el terreno ideológico, con críticas desde la oposición que ven en la reforma un rediseño del rol del Estado. Mientras el Ejecutivo defiende un ajuste técnico orientado
a la sostenibilidad fiscal, sectores políticos advirtieron que el alcance de las medidas podría implicar una transformación estructural del modelo de protección social vigente en el país.


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