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Inspectoría Judicial con ojos puestos en los jueces
Entre el 2020 y 2022 fueron destituidos siete magistrados en juicios disciplinarios, tras investigaciones del organismo
SD. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó la destitución de siete jueces que, durante juicios disciplinarios ventilados entre los años 2020 y 2022, fueron encontrados culpables de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
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Conforme a sentencias emitidas por el Consejo del Poder Judicial, los magistrados fueron desvinculados, luego de conocerse en su contra procesos donde la Inspectoría General jugó un rol preponderante, al asumir las investigaciones.
En los juicios disciplinarios en el 2020, fueron destituidos, los entonces jueces Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.
En el caso de Pérez García y Díaz, la desvinculación respondió a una investiga- ción abierta en 2017, con relación a la sentencia que ordenó un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos. A los magistrados les fueron canceladas las visas de los Estados Unidos por hacer uso de sus funciones
0 Los siete jueces desvinculados del Poder Judicial fueron hallados culpables de las acusaciones graves que se les formularon.
Denuncias contra jueces
Las denuncias se pueden interponer de manera presencial por escrito o vía correo electrónico.
También de oficio, si la Inspectoría se percata de una situación sospechosa.
El procedimiento para la investigación tiene una primera fase que se llama indagatoria preliminar, a través de la cual se determina si existen méritos para iniciar la pesquisa.
La investigación inicia cuando es designado un consejero de la instrucción disciplinaria, por el Consejo del Poder Judicial.
para beneficiar al narcotráfico. Ese mismo 2020, también fue procesado Robert Antonio de Aza Batista, en ese entonces juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, quien se determinó actuó con parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, al tirar una línea de cables en terrenos de los demandantes.
Un órgano que verifica el funcionamiento de los tribunales
La Inspectoría General es un órgano de apoyo disciplinario del Consejo del Poder Judicial (CPJ), que tiene bajo su responsabilidad verificar el funcionamiento de todos los tribunales, registro de títulos y demás dependencias judiciales. El departamento lo dirige Jacinto Castillo, desde el 2019. Ese órgano se encarga de realizar dos tipos de inspeccio- nes: ordinarias y extraordinarias, la primera es para verificar el funcionamiento de los tribunales, con miras a mejorar su actividad; mientras que las extraordinarias se realizan para verificar alguna denuncia disciplinaria específica presentada contra algún servidor judicial. La inspectoría también, a solicitud del Consejo del Poder Judicial, realiza levantamientos sobre asuntos puntuales que son importantes para ese poder del Estado.
5 La Inspectoría tiene un plazo de 5 meses para concluir la investigación y presentar un acto conclusivo.
Las denuncias se pueden realizar vía el correo: inspectoriajudicial@poderjudicial.gob.do
Otros cancelados
En el 2021, a la sazón, fueron cancelados los jueces: Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia y Gregorio Antonio Rivas Espaillat, juez de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
A Soriano Cisnero, la Inspectoría General le atribuyó incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al valerse de su investidura para cometer acciones que pusieron en tela de juicio la imagen, credibilidad y buen nombre del Poder Judicial.
