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Residentes de Los Tres Brazos continúan a la espera de justicia
“Justicia y titulación”, clamor de afectados en Los Tres Brazos
Los comunitarios dicen que no se quedarán tranquilos hasta que se castigue a los culpables
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Wander Santana
SANTO DOMINGO. Adela Chalas tiene 69 años, y a pesar de los achaques de la edad y el fuerte calor, en la mañana de ayer, igual que muchas otras veces, estuvo de pie frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pidiendo cárcel para los acusados por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. “Tenemos más de seis años luchando, pero mientras estemos vivos, estaremos luchando. Estamos interesados en que nos den nuestros títulos. Yo he sufrido accidentes en esto (manifestándose), pero no me canso. Queremos título y tranquilidad en nuestras casas”, dijo la señora que tiene más de 40 años residiendo en Los Tres Brazos. su casita. “A veces dejábamos de comer para poner un block o poner una hoja de zinc… y ahora quieren quitarnos nuestra casita a fuerza de malicia”, reprochó la doña.
Acompañada de un grupo de manifestantes, la señora Chalas narró que cuando llegó a Los Tres Brazos, el lugar era “un monte”. Dijo que a fuerza de mucho sacrificio fue construyendo
Las pretensiones de la venta
4El Ministerio Público aseguró ayer que los imputados del caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos. La afirmación la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por la prensa. Además de Marmolejos, representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez. Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
Manifestó su deseo de que la Justicia ponga un ejemplo “para que no vuelvan a hacer eso. Porque si los dejan quietos, al tiempo van a volver a necear”.
Una advertencia
Otro que estuvo en la manifestación fue Fernando Morillo, dirigente del Comité de Lucha por Los Tres Brazos. En nombre del colectivo hizo una advertencia a las autoridades judiciales: “Queremos decirle a la Justicia dominicana que equivocarse con Los Tres Brazos, sería prender un barrio. Porque nosotros no nos vamos a estar quietos hasta que se haga justicia en Los Tres Brazos, se nos den nuestros títulos y se castigue a los culpables”.
Consideró que el juez de la instrucción que conoció la audiencia preliminar ha tenido suficientes elementos de pruebas para enviar a los acusados a un juicio de fondo.
El fallo será el lunes
La manifestación de los comunitarios se produjo en momentos en que estaban Algunos de los comunitarios que se manifestaron ayer.
esperando el fallo del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual debe decidir si envía a juicio de fondo a los acusados del caso por la venta de los terrenos del caso Los Tres Brazos.
Sin embargo, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, informó que la sentencia no estaba lista y pospuso el fallo para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público aseguró que entre las razones por las que no estaba listo el fallo figuran que es un caso complejo, con una gran cantidad de testigos y pruebas, y “quizás el tribunal necesite un poco más de tiempo para poder concluir el auto. Es una situación que hasta cierto punto es previsible en un caso tan complejo” dijeron.
Absuelven a los acusados por soborno en caso Super Tucano
En 2017 la empresa brasileña Embraer, suplidora de los aviones Super Tucano, pagó a RD una multa por US$7 millones y admitió sobornos
DIARIO LIBRE / JOSÉ ALEXANDER ARIAS
El mayor general Rafael Peña Antonio se abraza con sus familiares.
W. Páez/A. Romero
SD. La investigación por el alegado pago de sobornos para la compra de ocho aviones Super Tucano por el Gobierno dominicano, que comenzó en 2013 con el apresamiento en Brasil de un asesor de ventas de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), llegó este lunes a su fin parcial con la absolución de los acusados de recibirlos.
El exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y el empresario Daniel Aquino Hernández fueron declarados no culpables de recibir pagos por unos 3.5 millones de dólares, supuestamente para agenciar la compra de estas aeronaves, adquiridas en 2009.
Durante la lectura de la sentencia, las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, determinaron como ilógico que una transferencia bancaria aprobada en el 2009 haya sido para cumplir lo realizado por Peña Antonio a partir del 2007.
De igual forma, dijeron que las imputaciones de aumento patrimonial señalado por el Ministerio Público contra el exgeneral a partir del 2006 se debilitan, debido a que él hacía operaciones similares antes de su designación en el cargo.
También indicaron que el exministro de Defensa, mayor general Peña Antonio, presenta negocios desde el año 1986, y que al confrontarlos, estos no resultan absurdos.
El Ministerio Público había solicitado una condena de diez años de prisión para los acusados los sobornos de Embraer, empresa fabricante de las aeronaves que admitió los pagos irregulares y fue condenada en septiembre de 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares a favor del Estado dominicano.
En ese momento se explicó que esta sentencia fue posible gracias a la aplicación de un juicio penal abreviado, luego de que el 30 de agosto de 2018 la jueza Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo suscrito para tales fines.
José Miguel Marmolejos, procurador fiscal.
Pagos y condenas
Como parte del acuerdo he-
Alivio de los descargados
4Al salir del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, dijo llorando: “Al pueblo dominicano que cuide esos aviones, pues nos garantizan la seguridad nacional y que nos han ayudado tanto a combatir el narcotráfico. El narcotráfico para mí es un demonio”. Mientras que el coronel Carlos Piccini Núñez dijo: “He sido bendecido por el Señor, porque como ustedes saben, sufrí tres años injustamente de cárcel, de los cuales estuve un gran tiempo en solitario”. En tanto, los representantes del Ministerio Público expresaron que hay contradicciones en la declaración del tribunal y, por lo tanto, apelarán. cho con el Estado dominicano, Embraer se comprometió a entregar al Ministerio Público documentos con información sobre los sobornos que admitió haber pagado.
En diciembre de 2018 se informó que la justicia brasileña condenó a diez exejecutivos de Embraer por haber pagado 3.5 millones de dólares en sobornos para un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, a cambio de favorecer a la compañía en una venta, entre ellos al vicepresidente de la firma, Eduardo Muñoz de Campos.
Dos años antes, en octubre de 2016, Embraer acordó pagar 205 millones de dólares en Estados Unidos para cerrar casos por corrupción en terceros países.
Según lo publicado en esa fecha en los medios de comunicación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa brasileña hizo pagos irregulares a funcionarios de República Dominicana, Arabia Saudita y Mozambique, en tanto falseó datos sobre contratos en India.
Embraer pagó 107 millones de dólares al Departamento de Justicia estadounidense y otros 98 millones de dólares en multas y compensaciones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés).
La justicia estadounidense tuvo jurisdicción en los casos debido a que la empresa Embraer, que fue privatizada en 1994 aunque el gobierno brasileño tiene participación accionaria, cotiza en la bolsa de valores de Nueva York.
La compra
Desde los primeros aprestos para adquirir los ocho aviones Super Tucanos, diversos sectores expresaron sus críticas. Entre ellas de una supuesta sobrevaloración, además de los alegados sobornos.
Las aeronaves fueron compradas por 93.6 millones de dólares, a través de un préstamo aprobado por el Congreso dominicano en 2008 y suscrito con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S. A. (Embraer). Alexis Medina, mientras declaraba en su defensa.
Alexis Medina denuncia que ha recibido maltratos
Se rechazó su solicitud de variar la medida de coerción
Wilder Páez
SANTO DOMINGO. Durante sus alegatos de defensa en la audiencia de revisión obligatoria en la que se le ratificó la medida de coerción, Juan Alexis Medina, supuesto cabecilla de la red Antipulpo, expresó haber recibido malos tratos en la cárcel de Najayo.
“Ya tenemos cumplidos dieciocho meses pasando todas las vicisitudes y miserias que se pasan en las cárceles del país, todo lo que ustedes se pueden imaginar se pasa en la cárcel de Najayo, incluyendo tortura, a los presos, incluyéndome a mí que fui torturado en Najayo”, fueron las palabras de Alexis Medina al juez Deiby Timoteo Peguero.
Dijo que duró cinco meses impedido de hablar y que le dieron sopa llena de cabello, para que no comiera más.
Del mismo modo, alegó que sólo le permiten una hora al día para tomar el sol y el resto del tiempo se lo pasa encerrado.
“Este es un caso de venganza por temas políticos o qué es lo que quieren hacer. Porque lo que están haciendo con nosotros carece todo entendimiento posible”, señaló Medina.
Añadió que luego de que usan las computadoras en la cárcel las máquinas son revisadas a ver si han dejado alguna información importante.
También agregó que los fiscales del Ministerio Público secuestraron todo lo que tenía en su oficina, y cuando fue donde el juez José Alejandro Vargas en 2020 no tenían cómo demostrar que no se robaron ni una botellita de combustible.
Aún con los argumentos presentados por Alexis Medina, a este le fue ratificada la prisión preventiva por considerar el juez que no existen elementos nuevos que permitan la variación, que hay peligro de fuga y que los presupuestos son insuficientes.
El magistrado determinó que la lectura íntegra de esta decisión será el 21 de julio, mientras que la próxima revisión obligatoria de la medida será el 29 de agosto 2022. Asimismo, el abogado del Estado, Miguel Valerio, sostuvo que la audiencia preliminar de este caso está pautada para el 27 de junio.
Valerio negó que exista tortura contra los apresados, como planteó Medina.
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El Ministerio Público
El Ministerio Público Wilson Camacho, representante del Ministerio Público manifestó que ninguna de las defensas presentaron presupuestos y en consecuencia se mantuvo la medida coercitiva. Sobre la quejas de algunos de los imputados de supuestos abusos que reciben en la cárcel, Camacho expresó que, a ninguno se les ha vulnerado.
Piden detener violencia contra los haitianos
Alrededor de 27 organizaciones protestaron frente al Palacio Nacional
Graciela Cuevas
SD. Veintisiete organizaciones sociales denunciaron que el Gobierno en la República Dominicana practica “violencia racista” en contra de los inmigrantes haitianos y los dominicanos negros.
En una rueda de prensa frente al Palacio Nacional, las entidades demandaron del Gobierno detener su “política de violación” en contra de esas personas.
“No estamos diciendo que a las personas en condición migratoria irregular se les dé permiso de vivir en situación irregular, sino que se agoten los debidos procesos para que estas personas no se vean violentadas”, expresó Sheila Báez.
Las organizaciones se pronunciaron sobre todo por lo sucedido hace 12 días en la urbanización Ciudad Juan Bosch.
Las entidades firmantes son: Haitianos RD, Movimiento Reconoci.do, We Are All Dominican, Resistencia Cultural, Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, Militancia Revolucionaria Socialista, Junta de Prietas y Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista.
De igual forma, Red Joc, Grupo de Jóvenes de los Jovillos, Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Movimiento Caamañista, Así Soy, Fundación Comunitaria por el Desarrollo de Monte Largo, la Red de Defensores Populares, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó y Educación Espejo.
También se suma Aquelarre RD, Tertulia y Foro Feminista Magaly Pineda, RD es de Todes, La Ceiba, Asociación de Profesionales Integrados por el Desarrollo de Haití y la Unión Democrática de Mujeres, Frente de Lucha, Unidad y Progreso.
Alicia Méndez, una de las manifestantes, afirmó que el Gobierno utiliza el tema de la inmigración haitiana como “desvío” a los problemas sociales.
La protesta de ayer
SCJ ratifica bancos no pueden cobrar de salarios
Sentencia explica se necesita un acuerdo para hacerlo
SD. La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) retuvo la postura jurisprudencial de que los bancos comerciales no pueden descontar del salario de los trabajadores deudas pendientes con entidades de intermediación financiera.
La sentencia, de acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte de Justicia, indica que solo se puede descontar el salario con un convenio establecido por las partes en la forma que resulta del ordenamiento jurídico, por lo tanto, se requiere la autorización expresa, de lo contrario sería violatorio a la Constitución y al Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Sala Civil y Comercial decidió en su numeral 11 lo siguiente: “En ese sentido, dicha autorización tiene un carácter genérico, y en la especie la alzada dentro de su poder soberano de apreciación de las pruebas, comprobó que con el descuento realizado por la recurrente se afectó directamente el salario de la recurrida, en consecuencia para liberarse de responsabilidad civil el recurrente debió conseguir autorización específica para descontar de la cuenta en cuestión destinada a la nómina de la recurrida, puesto que como se lleva dicho en virtud de las normativas antes indicadas, el salario tiene una protección especial que debe ser tutelado por los organismos jurisdiccionales del Estado, en tal sentido la corte a qua realizó una correcta aplicación del derecho y no se evidencian los vicios invocados en el medio analizado, por lo que procede rechazarlo”.
La decisión se encuentra contenida en la sentencia núm. SCJ-PS-22-0717.
