SUPLEMENTO - JUDICIAL - EDICIÓN 8.691

VIERNES 26 ABRIL DEL 2019

El ministro Alberto Martínez Simón planteó el envío de un proyecto de ley al Congreso que busca regular el ejercicio abusivo del derecho con relación a las recusaciones.

3 ] LIMITAR ABUSO EN LA JUSTICIA

Proponen ley de lucha contra las chicanerías 4 ] CASO “CUCHO” CABAÑA

Deben designar a fiscal para indagar rapiñas

5 ] CASO ELI PARINI

La Fiscalía debe determinar si existió negligencia en su muerte

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viernes 26 abril del 2019

RESULTADO REVELARÁ LA SITUACIÓN REAL DE LOS GABINETES DE LA CORTE

Ministro Ramírez Candia remitirá al Congreso mora de sus colegas Una nueva auditoría, que se está realizando actualmente, revelará quién de los ministros es moroso.

E

l ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, en conversación con los periodistas acreditados del Poder Judicial aseguró que si sus colegas caen en mora judicial, remitirán los antecedentes al Congreso de la Nación para que se inicie un juicio político de cada uno de los ministros de la Corte que están en esa situación.

ocupa”.

Asimismo, Ramírez Candia defendió su postura con relación a la suspensión de los jueces sin goce de sueldo debido a que son hechos muy graves que cometieron los magistrados que fueron suspendidos en sus funciones sin goce de sueldo.

AUDITORÍA

Aseguró que luchará contra la mora judicial que hace tanto daño al Poder Judicial.

Sostuvo que la mora es una fuente de corrupción y que todos deben combatir para poder erradicar y lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en la Justicia.

Semanas atrás, el pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso que se vuelva a realizar una nueva auditoría a cada gabinete de los miembros de la máxima instancia judicial que revelará el estado actual en que se encuentran los casos en la Corte Suprema de Justicia.

Ramírez Candia explicó: “Como nosotros no tenemos competencia para sancionar al ministro de la Corte que esta en mora judicial, lo que se puede hacer es remitir al órgano que le puede sancionar; es decir, comunicar al Congreso Nacional para un juicio político”, explicó el alto magistrado.

De acuerdo a los datos obtenidos, los trabajos de recolección de datos ya se iniciaron y están a cargo de los auditores de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, cuyo director es Mario Elizeche.

De acuerdo al cronograma de trabajo, el primer resultado se estaría dando a conocer en 45 días aproximadamente.

Agregó: “Yo no tengo ningún problema en enviar al Congreso la mora que tienen mis colegas porque cada ministro debe asumir su responsabilidad dentro del cargo que

El trabajo que están realizando los auditores consiste en la recolección de los datos, es decir ingresar en simultáneo en la tres salas de la Corte: la sala Penal, Civil y Consti-

Ministro Eugenio Jiménez.

Ministro Manuel Ramírez Candia. tucional de la Corte Suprema de Justicia y recabar los datos necesarios sobre la producción de cada miembro de la máxima instancia judicial.

Asimismo, Elizeche sostuvo que existe cooperación de los ministros de la Corte para poder realizar los tra-

Ministra Miryam Peña.

bajos de recolección de datos en relación a los expedientes que están en poder de los altos magistrados. Agregó: “Tenemos el apoyo de los ministros para realizar el trabajo con el equipo de auditores”, indicó.

Esta es la segunda determinación que adoptaron los

ministros de la CSJ para poder autoauditarse debido a que durante la presidencia del jubilado ministro Raúl Torres Kirmser también se inició una auditoría, pero el resultado de la misma no fue puesto a conocimiento de la ciudadanía. Ahora, según el actual titular de la Corte,

Eugenio Jiménez, y el ministro Ramírez Candia, el resultado de la nueva auditoría se dará a conocer a la ciudadanía y a todos los interesados.

El resultado del trabajo de la Dirección de Auditoría revelará la situación real de los gabinetes de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Ministro Luis María Benítez Riera.

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viernes 26 abril del 2019

SE PRETENDE ERRADICAR LAS RECUSACIONES A JUECES SIN CAUSA

Alberto Martínez Simón inicia lucha contra chicanas judiciales que se inhiban de algún caso, tendrán que fundamentar el motivo de su inhibición de los procesos, y no como sucede ahora que solo menciona que no aceptan y el expediente ya pasa a otro despacho. Los ministros de la Corte deberán emitir su opinión con relación al nuevo proyecto ley antichicanas.

El proyecto de ley antichicanas plantea varios aspectos de la recusabilidad. En uno de los artículos se refiere sobre la forma de excursarse de un magistrado. El texto dice: “El magistrado deberá excusarse en auto fundado en el que explicará la causal que invoca, aunque se trate de motivos de decoro y delicadeza, remitiendo los autos al magistrado que resulte determinado, a y través del sistema, que deberá ser reglado por Acordada de la Corte Suprema de Justicia. Si no fuese legal la causal invocada o no se cumpliere con lo dispuesto en el párrafo precedente, el magistrado que recibe la causa deberá impugnar por auto fundado la excusación y la impugnación”.

Asimismo deberá devolver el expediente impugnado.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo proyecto de ley busca regular el ejercicio abusivo del derecho en relación a las recusaciones que se presentan en los diferentes procesos judiciales.

A

l asumir el cargo y participar de la primera sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, propuso como iniciativa legislativa que el Poder Judicial remita al Congreso de la Nación la ley antichicanas para evitar que se siga presentando recusaciones con el simple objetivo de dilatar los procesos judiciales.

El alto magistrado explicó a sus colegas que en la máxima instancia judicial tendrá que hacer uso de sus iniciativas legislativas y pueda enviar al Congreso la ley antichicanas a los efectos de darle entrada, incluso manifestar el interés institucional de que

esta ley sea aprobada en los términos que se envíe o en términos modificados, agregando que la idea sería que evitemos la recusación “sine die” (sin plazo), a través de un procedimiento que es la recusación meramente dilatoria.

La propuesta de Martínez Simón fue aceptada por los demás ministros de la Corte y en la próxima sesión de la máxima instancia judicial ya se podría tener una resolución definitiva sobre el pedido del nuevo miembro de la Corte.

Igualmente el ministro de la CSJ, Martínez Simón se refirió sobre el nuevo proyecto de ley antichicanas que contempla poner límites al uso excesivo de recusaciones y que las mismas

El ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón. incluso se resuelvan en un periodo breve de tiempo.

Asimismo, mencionó que con el nuevo proyecto se pretende regular el ejercicio abusivo del derecho al recusar a los jueces y que dicha recusación solo permite dilatar los casos judiciales.

El mencionado proyecto, que fue analizado por varios jueces, también fue distribuido a los demás ministros para que anali-

cen en sus gabinetes y tener a más tardar para el martes próximo el documento pulido, con modificaciones si amerita, para enviar al Poder Legislativo cuanto antes. Martínez Simón sostuvo que la recusación con causa es un derecho, pero en la práctica se demuestra que hay abusos.

El espíritu del documento es establecer que solo las partes originarias de un juicio sean las que puedan

plantear las recusaciones.

Se establece igualmente la figura de la irrecusabilidad del órgano, que a su vez entiende en la recusación de un juez, de modo a garantizar la continuidad de un proceso. También se establecen sanciones por una recusación extemporánea que sería de hasta 100 jornales mínimos, entre otras penas.

La iniciativa plantea que los ministros de la Corte,

El superior deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas de integrado el tribunal. Si el tribunal resolviese hacer lugar a la impugnación ordenará al impugnante que remita nuevamente los autos al magistrado impugnado.

En caso de inhibiciones infundadas rechazadas en más de dos ocasiones en el mismo año judicial, comunicará a la Corte Suprema de Justicia. Sólo si rechazase la impugnación ordenará la radicación de los autos al impugnante.

Pendiente la decisión del superior, el proceso continuará su trámite ante el magistrado impugnado, el que deberá realizar todos los actos procesales salvo el dictado de sentencia definitiva u otro acto conclusivo.

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REEMPLAZANTE DE SELVA MOREL DE ACEVEDO

Corte deberá definir quién será el próximo defensor general

El pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Pedro Mayor Martínez.

Leonardo Ledesma.

Los ternados son Pedro Mayor Martínez, Leonardo Ledesma y Lorena Segovia.

E

l pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir quién será el próximo defensor general del Ministerio de la Defensa Pública. Días atrás el Consejo de la Magistratura elaboró la terna para el mencionado cargo. Los seleccionados son Pedro Mayor Martínez, actualmente camarista del fuero penal; Leonardo Ledesma, juez penal de Garantías de J.A. Saldívar, y la abogada María Morena Segovia Azucas. De estos tres candidatos saldrá el nuevo o la nueva titular del Ministerio de la Defensa Pública.

El procedimiento para la elección del defensor general es que el Consejo

de la Magistratura deberá comunicar a la máxima instancia judicial sobre la conformación de la terna. Luego el presidente de la Corte tendrá que ordenar que se incluya en el orden del día de la sesión plenaria de la máxima insta ncia judicia l el tratamiento de la elección de un defensor general del MDP. Posteriormente, se debate y luego se vota por los postulantes al mencionado cargo que ejerce la representación legal de los reos pobres.

En caso de que se tenga un empate entre dos ternados, será el titular de la Corte quien deberá desempatar y elegir al nuevo titular

del Ministerio de la Defensa Pública. Luego, la secretaria general de la Corte deberá fijar la fecha para el juramento del electo defensor general para asumir.

ELECCIÓN DEL CONSEJO E l C on sejo de la M a g i s t r at u r a (C M ) resolvió el pasado 15 de abril elegir la terna para el cargo de defensor general del Ministerio de la Defensa Pública.

En total se presentaron 52 postulantes para el mencionado cargo. Los mencionados más arriba son los que lograron el mayor porcentaje final en el proceso de selección, de acuerdo a los datos dados a conocer por el Consejo de la Magistratura.

La terna será remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es la institución encargada de

Lorena Segovia. elegir al nuevo titular del Ministerio de la Defensa Pública. Actualmente, este cargo está ocupado de forma interina por Selva Morel Acevedo.

E l C on sejo de la Mag istrat ura está integrado por Claudio Bacchetta, el diputado Roberto González (ANR), el senador Juan Bartolomé Ancho Ramírez (PLRA), el representante del Poder Ejecutivo Carlos Raúl Cabrera y el ministro de la Corte Luis Benítez Riera.

Además, forman parte los representantes del Gremio de Abogados, Adrián Salas; de las universidades n acion a les, O s v a ldo González Ferreira, y de las universidades privadas, Cristian Kriskovich.

El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con casi 300 defensores públicos a cargo de los casos judiciales de personas

que no pueden costear un abogado y se maneja con un presupuesto de cerca de G. 265.000 millones.

DEFENSORA CONDENADA Semanas atrás, un Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Cinthia Lovera y Julián López– condenó a 1 año de cárcel a la defensora general suspendida en sus funciones Noyme Yore, quien fue encontrada culpable por el delito de usurpación de funciones públicas al designar a abogados particulares como defensores públicos en diferentes puntos del interior del país.

OTRO PROCESO La fiscala de Delitos Económicos, Victoria Acuña, acusó por lesión de confianza a Noyme Yore y a Germán “Yiyo”

Fatecha, dirigente liberal efrainista y ex director general de Infraestructura del Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Otras 14 personas que ocupaban altos cargos en el MDP fueron imputadas por la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979 a la Defensoría y que habría sido ocasionado por los 16 imputados mediante la firma de contratos y el pago de sumas de dinero a empresas que no realizaron a cabalidad las obras de construcción de las sedes del MDP de San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Horqueta, Caacupé y San Juan Bautista. También están imputados por lesión de confianza Carlos Barreto Burgos, Eulalio Quintana Armoa, Darío Amarilla Villalba, Vicente Giardina Barreto, Hugo Benítez González, entre otros.

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LA FISCALA MARÍA LUJÁN ESTIGARRIBIA TIENE EL CASO

Investigan a agentes que allanaron la casa de Cambios Unique SA Se trata de los agentes de la Senad, la DEA y la Policía, denunciados por presuntamente haberse quedado con US$ 15.000 y la suma de G. 15 millones.

El agente especial de la DEA revisando las cajas del local allanado.

La fiscala María Luján Estigarribia investiga el presente caso.

El dinero que estaba en una de las cajas de seguridad de la casa de cambios.

El abogado Édgar Alonso y su representada Wu Pei Yu, presidenta de la casa de cambios Unique.

E

l Ministerio Público se encuentra investigando la denuncia que se realizó contra varios agentes de la Policía Nacional, la Senad, la DEA, denunciados por presuntamente haberse quedado con US$ 15.000 y la suma de G. 15 millones, cuando realizaron un allanamiento a la casa de cambios Unique SA en Ciudad del Este.

La denuncia fue realizada por el el abogado Édgar Alonso Montiel, en representación de la firma Cambios Unique SA, cuya presidenta es Wu Pei Yu. Los delitos denunciados

son quebrantamiento del depósito, usurpación de funciones públicas, hurto agravado y apropiación, y es contra de varios agentes de la Senad, de la DEA de la Policía Nacional, quienes participaron de un allanamiento llevado a cabo el 17 de mayo del 2018 en la mencionada casa de cambios.

En relación a la denuncia, la presidenta de la referida casa de cambios, Wu Pei Yu, ya compareció ante la agente fiscal María Luján Estigarribia y se ratificó en su denuncia

inicial; además, agregó varias pruebas como ser fotografías y otros elementos sobre la irregularidad del procedimiento policial, de la Senad y la DEA. Por su parte, el abogado Montiel sostuvo “tenemos todos los documentos, videos y fotografías para poder comprobar que el procedimiento con agentes de la Fiscalía, Senad, Policía y de la DEA fue irregular en relación al local de mi representada. La irregularidad es la actuación e intervención directa de los gentes de la DEA y Senad en el procedimiento fiscal policial, donde los agentes de la DEA solo tenían que estar de observadores, así como lo resolvió el juez

Gustavo Amarilla pero los mismos participaron del procedimiento ingresando a la casa de cambios con pasamontañas, rompieron las cámaras y comenzaron sus fechorías”, indicó el mencionado profesional del derecho.

El denunciante agregó que “son aproximadamente 20 personas las que actuaron en el procedimiento y que lo primero que hicieron es dejar detenidos a los funcionarios de la casa de cambios Unique, y como prueba tenemos las fotografías en las que los empleados están privados de su libertad en el primer piso de la casa de cambio”. Por otro lado, acotó que solicitó a la fiscala Estigarribia que libre oficio al fiscal Pecci a los

efectos de que dé a conocer la nómina de funcionarios que realizaron el allanamiento.

De acuerdo al escrito de la denuncia “el gerente de la casa de cambio Unique, Hugo Raviolo, había dejado depositado justamente en la caja de la oficina un paquete que contenía dinero por la suma de US$ 15.000 y la suma de G. 15 millones. Al corroborar el acta de procedimiento del Ministerio Público nos encontramos que faltaba dicho monto de dinero.

Añaden los denunciantes que el objetivo de los destrozos y el daño causado como ser la rotura de las cámaras de seguridad y otros era la de evitar que las filmaciones

salgan a la luz y se descubra la actuación real de los todos agentes intervinientes en el allanamiento llevado a cabo en la casa de cambios Unique SA. Asimismo, explican que la participación de los agentes de la DEA fue irregular debido a que los mismos solo tenían que estar de observadores así como dice en la resolución del juez penal de garantías Gustavo Amarilla, pero los agentes especiales habrían participado activamente en el allanamientos realizado a la mencionada casa de cambios y es por ello que piden que se brinde los datos de las personas que participaron del procedimiento.

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JUICIO CONTRA WALTER BOWER Y OTROS DOS ACUSADOS

El proceso penal más largo del país tiene fecha para juicio oral Para el 20 de octubre se fijó el inicio de la audiencia oral para los tres acusados por tortura.

E

l proceso penal por tortura que soporta el ex ministro del Interior Walter Bower, considerado el más dilatado de la historia de nuestro país, ya tiene fecha para el inicio del juicio oral y público, que será a partir del 20 de octubre de este año. En la presente causa penal, además de Bower están acusados los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, quienes también estarán sentados en el banquillo de los acusados por tortura.

El Tribunal de Sentencia, que tendrá a su cargo juzgar a los tres procesados, está integrado por los jueces Carlos Hermosilla como presidente y los miembros titulares Rossana Maldonado y Víctor Medina, respectivamente. Los mismos ya fijaron la fecha del comienzo de la audiencia oral para el 20 de octubre y se extenderá por varios días, según el calendario de los magistrados de sentencia. De esta manera, se genera una expectativa muy grande que este caso, que se inició hace 18 años, pueda terminar en primera instancia.

En el juicio oral se discutirá si Bower y los demás acu-

sados cometieron el hecho punible de tortura. Para ello, tanto el Ministerio Público deberá demostrar si los acusados son los responsables de la tortura que se denunció al comisario Alfredo Cáceres. Asimismo, las defensas de cada uno de los acusados tendrán su oportunidad de presentar sus pruebas y así sostener la inocencia de sus representados.

En julio del 2018, el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla, tras 17 años de haberse iniciado el proceso penal, finalmente pudo llevar a cabo la audiencia preliminar y, por ende, dictó la resolución elevando el caso a juicio oral y público.

El citado magistrado había señalado en aquel entonces “que se hizo un trabajo minucioso en la verificación de las pruebas para saber qué elementos se tienen y qué no. Como adelanté, y como siempre se nos enseñó, lo que está en el expediente es lo que existe. Lastimosamente, el trabajo del Ministerio Público fue desordenado y negligente a la hora de ofrecer las pruebas. La carpeta de investigación fiscal, en uno de sus tomos, es todo copia simple y se sabe que los

El fiscal del caso, Fabián Centurión.

Walter Bower estará sentado en el banquillo de los acusados. jueces y tribunales de sentencia no pueden valorar las copias simples”, indicó Amarilla.

Con relación al extravío del cuaderno de novedades de la Armada Nacional, Amarilla señaló que fue ofrecida por el querellante, el abogado Rolando Alum, y que se admitió por ser copia autenticada. Asimismo, el magistrado remitió un oficio a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, comunicándole lo sucedido

El juez de sentencia Víctor Medina.

durante la realización de la audiencia preliminar, en la que el fiscal Fabián Centurión admitió no contar con las pruebas documentales y que tampoco presentó en el momento de la acusación bajo el argumento de que se extravió de las gavetas de la Fiscalía.

MEDIDAS PARA BOWER La querella y el Ministerio Público habían planteado un incidente de prisión preventiva contra Bower, Pala-

cios y Vera para que los mismos vayan a la cárcel. Con relación a dicho pedido, el juez Amarilla explicó que “el juzgado le impuso medidas alternativas a la prisión a Bower bajo una fianza real de G. 1.000 millones. Además, tiene la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio, de comparecer en forma mensual ante el Tribunal de Sentencia que tendrá la causa. En cuanto a los demás acusados, se mantiene su situación procesal”.

SANCIÓN PENDIENTE Bower fue sancionado con 48 horas de arresto disciplinario en el retén del Poder Judicial por haber presentado varias chicanas durante el proceso penal.

Esta sanción fue confirmada en Cámara de Apelaciones y la defensa del ex secretario de Estado presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tratando de anular la sanción.

El juez de sentencia Carlos Hermosilla.