SUPLEMENTO - JUDICIAL

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

El juez de Garantías José Delmás ordenó ayer la prisión preventiva de María Selva, esposa de Javier Díaz Verón, también imputado por enriquecimiento ilícito.

4-5 ] CASO DÍAZ VERÓN

La esposa con prisión preventiva y el ex fiscal general imputado 2-3 ] CASO CURUGUATY

8 ] FERNANDO LUGO

JEM debe estudiar acusación contra camaristas que absolvieron a campesinos

Fiscalía tiene elementos para imputar a ex obispo por usurpación de funciones públicas

2

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

La fiscala general Sandra Quiñónez, presentando la acusación contra los camaristas.

CURUGUATY: FISCALA GENERAL PRESENTÓ ACUSACIÓN

JEM deberá estudiar acusación contra camaristas que absolvieron a campesinos La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, fue quien presentó la acusación por mal desempeño en sus funciones contra los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez.

E

l Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá analizar la acusación por supuesto mal desempeño en sus funciones, que presentó

la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, contra los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristobal Sánchez, quienes integraron la sala penal de

la Corte Suprema de Justicia y a su vez revocaron las sentencias de primera y segunda instancia, y absolvieron de culpa y pena a los 11 campesinos que en su momento

fueron sentenciados por la masacre de Curuguaty, donde fallecieron campesinos y agentes policiales.

Quiñónez pide en su escrito

“Corte quebró el Estado de derecho” JAVIER ZACARÍAS IRÚN SENADOR (ANR)

El senador de Honor Colorado Javier Zacarías Irún lamentó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que absolvió a los 11 campesinos involucrados en el caso Curuguaty, causa un terrible quiebre de estado de derecho en el país. Sostuvo que con este fallo, el mensaje que se envía a la sociedad es que en Curuguaty no pasó nada, no hubo muertos ni invasión de propiedad, tampoco hubo enfrentamiento.

El parlamentario afirmó que con esta acción, el país se ha sumergido en un caos jurídico lamentable. Sostuvo que es evidente el fuerte condimento político en la resolución del fallo. “En un evidente quiebre del estado de derecho, con esta sentencia que muestra que la política está por sobre lo jurídico y sobre la misma Corte Suprema de Justicia, y eso es lamentable que ocurra en el Paraguay”, expresó.

Zacarías Irún señaló además lo aberrante que fueron las incoherencias en el mismo fallo, señalando que era contradictorio lo que expresaron los ministros en la parte resolutiva. “Entre lo que propusieron los mismos magistrados y lo que finalmente resolvieron, al final ni siquiera eso tuvieron en cuenta, ni miraron bien”.

a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que dicten sentencia definitiva removiendo de sus respectivos cargos a los camaristas Rolón, Sánchez y Martínez Prieto por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones.

EL ESCRITO La representante del Ministerio Público sostiene en su escrito que las conductas irregulares atribuidas

a cada uno de los magistrados acusados son: falta de fundamentación, errónea aplicación de las normas y de las leyes, fallos infundados, erróneas aplicaciones de las normas con relación al plazo, errónea aplicación de las normas en relación con el alcance de la aclaratoria, extralimitación en las funciones.

Así como también la violación del deber de controlar y estudiar el fallo, errónea

3

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

ABSUELTOS DE CULPA Y PENA

“Fallo es un arreglo entre Añetete y luguismo”

•Rubén Villalba: fue condenado a 35 años de cárcel –30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad– por los delitos de homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.

ANTONIO BARRIOS

•Luis Olmedo Paredes: 20 años de cárcel por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.

SENADOR

El senador Antonio Barrios, de Honor Colorado, sostuvo en su momento que el fallo de la Corte para la liberación de campesinos, involucrados en el proceso por los hechos de Curuguaty en el 2012, fue consecuencia de un acuerdo político entre referentes de Colorado Añetete y el luguismo a cambio de contar con el apoyo de este último sector para que Nicanor Duarte Frutos asuma la dirección de la Entidad Binacional Yacyretá.

Agrego que “son los mismos (Añetete y oposición) que durante meses sostuvieron el discurso de una justicia independiente los que hoy esclavizan a la Justicia para lograr una decisión a la medida”, indicó el senador Barrios.

aplicación de la norma en cuanto al plazo para aclarar de oficio una resolución, entre otros puntos más.

La titular de la Fiscalía General explicó que el fallo judicial en cuestión violó las disposiciones del artículo 478 del Código Procesal Penal, que regula los motivos para la interposición del recurso extraordinario de casación, y el artículo 126 del Código de Forma, que estipula los casos y la forma en la cual se dictarán las resoluciones aclaratorias. Resalta que los citados camaristas infringieron las disposiciones legales establecidas en los artículos 50 y 346 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 397 del CPP, en atención a que los magistra-

dos, del voto mayoritario, se arrogaron atribuciones que escapan a sus competencias.

•Arnaldo Quintana: 18 años de cárcel por homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión.

Emiliano Rolón.

•Lucía Agüero: 6 años de cárcel en carácter de cómplice de homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.

•Mari Fani Olmedo: 6 años de pena privativa de libertad por cómplice de homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.

•Dolores López Peralta: 6 años de cárcel por cómplice de homicidio doloso agravado, asociación criminal e invasión de inmueble.

•Felipe Benítez Balmori: 4 años de condena por asociación criminal e invasión de inmueble.

•Juan Carlos Tillería: 4 años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble.

•Alcides Ramón Ramírez: 4 años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble.

Arnaldo Martínez Prieto.

•Adalberto Castro: 4 años de pena privativa de libertad por asociación criminal e invasión de inmueble.

Obs.: Todas las sentencias quedan sin efecto y se dispuso la libertad de los que están presos. *Integrantes del Tribunal de Sentencia que juzgó a los acusados por la masacre de Curuguaty -Benito Ramón González (presidente) -Ramón Trinidad Zelaya -Samuel Silvero

QUIEBRE DE INSTITUCIONALIDAD El grupo de agentes fiscales que tuvo a su cargo la investigación, así como el desarrollo del juicio oral y público que derivó en la condena de los 11 campesinos por la masacre de Curuguaty, criticó en su momento la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revocó las sentencias de primera y segunda instancias y a su vez ordenó la absolución y la libertad de los sentenciados. Los representantes del Ministerio Público consideran que el fallo deja un nefasto men-

•Néstor Castro Benítez: 18 años de pena privativa de libertad por homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.

Cristóbal Sánchez. saje a la ciudadanía.

“El fallo de la Corte atenta contra todos los principios esenciales del proceso penal; principalmente, el de inmediación. Solo en un juicio oral se pueden valorar las pruebas y no a través de una casación; si eso ocurrió, quiebra toda la institucionalidad del Estado. Es grave lo que

*Integrantes del Tribunal de Apelación que había ratificado la condena de primera instancia -Carlos Domínguez -María Belén Agüero -Narciso Ferreira *Sala Penal de la Corte que revocó las sentencias condenatorias, absolvió de culpa y pena y dispuso la libertad de los condenados.

-Cristóbal Sánchez -Emiliano Rolón -Arnaldo Martínez Prieto Fuente: La Nación

está pasando y mucho más grave el mensaje que estamos dejando a la ciudadanía”, argumentó la fiscala Liliana Alcaraz y agregó que “la insólita resolución emitida por la Corte produce un

profundo daño a las instituciones de la República”.

Por su parte, el fiscal Nelson Ruiz había manifestado que la “Corte cercena al Ministerio Público la posibilidad de

reencausar el proceso penal.

El fallo de la máxima instancia judicial deja un mensaje nefasto a la ciudadanía. Acá se produjeron hechos que atentan contra la vida de las personas”.

4

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

5

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

Díaz Verón acudieron hasta el lugar preocupados por la salud de la señora y al llegar denunciaron que las autoridades no los dejaban pasar.

PROCESO PENAL POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LAVADO DE DINERO

EVIDENCIAS Gubetich de Cattoni expresó que se incautaron extractos de bancos y depósitos financieros, además de varias copias de títulos de propiedad. Los intervinientes llevaron bolsas de documentos incautados, que serán deslacradas frente a los abogados de la defensa para luego analizarlos y ponerlos a consideración de la justicia.

PRISIÓN PARA ESPOSA DE DÍAZ VERÓN La fiscala María Estefanía González, en compañía de la fiscala general Sandra Quiñónez.

Díaz Verón es el primer ex fiscal general imputado por enriquecimiento ilícito

informe presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que contiene datos supuestamente falsos.

El juez de Garantías José Delmás ordenó la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de María Selva Morínigo, esposa de Díaz Verón.

La imputación revela que Díaz Verón obtuvo ingresos de G. 1.147.058.591, una cifra que no provendría de sus ingresos legítimos. Mientras que su esposa tuvo ingresos no justificados por G. 2.617.258.453.

D

esde la constituyente de 1992, en el cargo de Fiscal General del Estado se sucedieron Luis Escobar Faella, Aníbal Cabrera Verón, Óscar Germán Latorre y Rubén Candia Amarilla.

Luego, el quinto en ocupar el importante cargo fue Francisco Javier Díaz Verón, quien hoy se convirtió en el primer ex fiscal general del Estado imputado por enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público, además formuló imputación por lavado de

procedencia.

dinero contra María Selva Morínigo, esposa de Díaz Verón. Para ambos, se pidió la prisión preventiva.

La fiscala María Estefanía González fue quien encontró indicios que Díaz Verón se enriqueció al momento de ocupar el cargo de máximo representante de la sociedad.

A raíz de ello, el juez penal de Garantías Julián López admitió la imputación contra el ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz, mientras que el magistrado de Delitos

Julián López, juez.

José Delmás, juez.

Carmen Gubetich, fiscala. inhibición general de enajenar y gravar bienes, es decir, no podrán comprar ni vender bienes registrables (casa, vehículos, aviones, barcos, acciones).

Selva Morínigo, esposa de Javier Díaz Verón.

Económicos José Delmás admitió la imputación por lavado de dinero contra María Selva Morínigo,

esposa de Díaz Verón.

El Ministerio Público solicitó el embargo de los

bienes de la pareja Diaz Verón- Morínigo, pedido que los magistrados citados más arriba hicieron lugar

y ordenaron el embargo preventivo de los bienes de los imputados. Asimismo, la justicia dispuso la

ARGUMENTOS DE LA IMPUTACIÓN La Fiscalía realizó una investigación de la

declaración jurada de bienes de Díaz Verón y encontró que durante los años 2014, 2015, y 2016 obtuvo ingresos por valor de G. 1.147.058.591, cuya cifra no provendría de sus ingresos legítimos.

Con respecto a Morínigo, se pudo evidenciar que durante el 2013, 2014 y 2016 percibió G. 991.584.265 cuyo monto no pudo demostrar su

El Ministerio Público sostiene que Morínigo de Díaz durante el período 2013 al 2017 siendo su marido Díaz Verón, funcionario público, depositó al sistema financiero a través de sus cuentas bancarias sumas en efectivo que superarían los ingresos legales y conocidos de ambos por un valor de G. 1.625.674.188. El Ministerio Público menciona que el monto mencionado no se encuentra justificado con sus ingresos legales y es en la hipótesis de que las sumas facturadas por la esposa de Díaz Verón hayan efectivamente ingresado al sistema financiero.

ALLANAMIENTOS Una comitiva fiscal-policial allanó semanas atrás la casa de Díaz Verón. La agente fiscal anticontrabando Carmen Gubetich de Cattoni allanó la residencia del ex

hombre fuerte del Ministerio Público en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

Durante el procedimiento, se incautaron ocho bolsas de documentosycomputadoras, según informó el jefe d el D e p a r t a m ent o Antinarcóticos de la Policía, Baldomero Jorgge.

Gubetich de Cattoni fue designada por la titular de la Fiscalía, Sandra Quiñónez, a raíz de que la agente interviniente María Estefanía González fue recusada por el abogado Mario Elizeche Baudo, en representación de Alejandro Díaz, hijo de Díaz Verón, argumentando una “ i nd i si mu l a d a animadversión y enemistad” hacia su cliente. Además, el mencionado abogado defensor argumentó que la imputación contra el ex titular de la Fiscalía se realizó en base a un

También se procedió a rea l i za r va r ios procedimientos, específicamente sobre la calle Centenario casi Próceres de Mayo en el barrio San Vicente de Asunción. En la residencia, al momento del ingreso de los efectivos policiales de Antinarcóticos y los funcionarios fiscales, se encontraba únicamente la madre de Selva Morínigo, esposa de Díaz, y sus hijos, mencionó la fiscala Gubetich de Cattoni.

Familiares de la esposa de

El juez penal de Garantías José Delmás decretó la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. La resolución del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medida llevada a cabo en el Palacio de Justicia. Ante de comparecer ante el citado magistrado, Morínigo con su abogado Mario Elizeche se presentaron en la Comisaría 14ª Metropolitana y se dio por detenida. Fue trasladada hasta la oficina de la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni donde la imputada se abstuvo de prestar declaración indagatoria.

Posteriormente, acudió ante el magistrado Delmás quien ordenó la prisión de la mujer.

“Es un pase de factura” MARIO ELIZECHE BAUDO ABOGADO

El abogado Mario Elizeche, defensor de Diaz Verón y de su esposa, señaló en su momento que la imputación y pedido de prisión contra su cliente es fruto de una “guerra interna” del Ministerio Público. También alegó que esas acciones son arbitrarias y corresponderían a “un pase de factura”.

Para la defensa de Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito, no deja de llamar la atención la “medida extrema” que tomó la Fiscalía General de la República. El representante legal consideró que, más allá de las implicancias jurídicas, esta orden de captura corresponde más a un caso de “pase de factura” por parte del “verdadero círculo de poder que actualmente administra el Ministerio Público”. Si bien no se animó a citar nombres, aseguró que el “trabajo sucio” quedó en manos de la fiscala Estefanía González, quien tiene animadversión manifiesta hacia el ex fiscal general del Estado.

6

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

RESOLUCIÓN DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CSJ pide a jueces y camaristas de todo el país estado actual de sus expedientes Si la máxima instancia judicial detecta que los magistrados están en mora judicial, remitirá los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

L

os ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la sesión plenaria del 14 de agosto, resolvieron que todos los jueces de los tribunales de Apelación y Cuentas, magistrados de Primera Instancia de los distintos fueros y jueces de paz de todas las circunscripciones judiciales de la República informen al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en un plazo de 15 días, sobre la cantidad de expedientes en estado de “Autos para Sentencia” que se encuentran en sus despachos.

Igualmente, la CSJ dispuso que los jueces penales de Garantías tendrán que informar sobre las audiencias preliminares pendientes de realización, y los magistrados penales de Sentencias deberán adjuntar el listado de juicios orales pendien-

tes de realización especificando las fechas fijadas para los mismos, aclarando que la información brindada por cada magistrado será cotejada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional (a través del Judisoft, Dirección de Estadística Judicial y FRIE), sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pueda tomar el Consejo de Superintendencia como resultado de dicho informe.

De los resultados que arrojen los informes se tomarán las siguientes medidas: se dará transparencia a los datos proporcionados a través de la página web del Poder Judicial, se dará intervención a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional a fin de cotejar la información proporcionada.

Igualmente, la máxima instancia judicial advierte que en caso de disparidad entre los datos proporcionados y cotejados, se tomarán las medidas disciplinarias que correspondan. En caso de extrema dilación, se remitirá al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta situación obligará a todos los jueces de la República poner al día sus secretarías y sus despachos, o de lo contrario podrían ser enjuiciados por el JEM. MEDIDAS PARA COMBATIR LA MORA JUDICIAL La secretaria del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, Geraldine Cases, y el director general de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche, brindaron días atrás detalles de los procedimientos que serán utilizados para conocer el nivel de mora judicial existente y las medidas que adoptará la máxima instancia judicial para combatir este flagelo.

Los magistrados de todo el país deben respetar el plazo establecido por la máxima instancia judicial a partir de su notificación, que es de 15 días hábiles, para remitir

Geraldine Cáceres y Mario Elizeche de la CSJ. los datos solicitados en virtud del ejercicio del poder de superintendencia del más alto tribunal, que persigue el objetivo de un mayor control del ámbito jurisdiccional así como el de brindar más transparencia al desempeño judicial.

AUDITORÍA DE LA CORTE El director de la Dirección

General de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche, brindó detalles sobre las auditorías realizadas a las salas de la máxima instancia judicial, con el objetivo de facilitar el análisis de control interno y transparentar los procesos de erradicación a la mora judicial.

El control realizado forma parte de un plan de lucha contra la morosidad y con-

sistió en una auditoría de todas las secretarías judiciales de la Corte Suprema de Justicia.

Se resaltó un aumento en la producción de sentencias en comparación a años anteriores. Así también, se reflejaron los procedimientos unificados en las secretarías para agilizar la gestión de despacho, entre otros.

7

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

SALA CONSTITUCIONAL DE LA MÁXIMA INSTANCIA JUDICIAL

Corte debe definir si dos ministros del TSJE son inamovibles en sus cargos Si la máxima instancia judicial detecta que los magistrados están en mora judicial, remitirá los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

L

a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si hace lugar a la acción declarativa de certeza constitucional promovida por la ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral María Wapenka Galeano, quien accionó ante la Corte contra el Artículo 252 de la Constitución Nacional de la inamovilidad de los magistrados. La integrante del TSJE busca que la máxima instancia judicial la declare inamovible en su cargo hasta los 75 años.

Asimismo, la máxima instancia judicial deberá expedirse sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por el ministro del TSJE Jaime Bestard, quien solicitó su inamovilidad a través de la referida acción ante la Corte.

WAPENKA Y BESTARD En el caso de Wapenka, ya la sala constitucional tomó la determinación de dar trámite a la acción declarativa de certeza constitucional. Los ministros Miryam Peña y Antonio Fretes votaron por dar trámite al planteamiento hecho por Wapenka, mientras que la ministra Gladys Bareiro de Módica votó por el rechazo in límine del pedido. Para los altos magistrados, en mayoría, se reunieron los requisitos para analizar el planteamiento hecho por la ministra del TSJE. Sin embargo, para Bareiro de Módica “no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

tenga como deber y atribución entender las consultas o solicitudes de interpretación jurídica”.

Con respecto a Bestard, la máxima instancia judicial también ya dio trámite a la acción de inconstitucionalidad del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por lo que los altos magistrados deberán definir si se hace lugar a la acción y se le declare a Bestard inamovible en su cargo hasta los 75 años. El otro miembro del TSJE, el ministro Alberto Ramírez Zambonini, ya fue declarado inamovible en el 2000 a través de una acción planteada ante la Corte Suprema.

Bestard, a través de su acción, ataca el artículo 19 de la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia, que habla de la reconducción tácita de la función.

El artículo señala que los designados por el período para el cual fueron designados, de acuerdo al artículo 252 de la Carta Magna, seguirán en sus funciones, hasta tanto sean confirmados o nombrados sus sucesores.

Los ministros de la Sala Constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña dieron el trámite a la acción y corrieron vista a la Fiscalía General del Estado para que dictamine al respecto.

DAR TRÁMITE “Analizado el escrito de

presentación, se constata que la parte accionante ha justificado concretamente la lesión constitucional alegada, como también ha citado las normas que considera vulneradas, expresando con claridad y precisión su planteamiento”, sostienen los ministros.

Bestard busca que se declare inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609/95, al estar en contra de lo que refiere el artículo 252 de la Carta Magna, donde se indica que son inamovibles hasta los 75 años. El ex ministro del TSJE Juan Manuel Morales, en el 2009, también había sido declarado inamovible por la Corte, así como Ramírez Zambonini, por lo que estas acciones podrían tener el mismo resultado.

Jaime Bestard, ministro del TSJE.

La vía usada por Bestard, de atacar el artículo 19 de la Ley 609/95, específicamente sobre la reconducción tácita y la confirmación por parte del Congreso, fue utilizada por el ministro César Garay Zuccolillo en su acción para la inamovilidad en el 2009.

El pedido de Bestard y Wapenka se da cuando está por vencer el plazo de 5 años por los que fueron electos por el Congreso Nacional.

En caso de que la Corte haga lugar a la acción de Bestard y a la declaración de certeza constitucional de Wapenka, los tres ministros del TSJE serían inamovibles en sus cargos. La Justicia Electoral está ahora en el centro de la

Maria Elena Wapenka, ministra del TSJE. polémica a raíz de los audios filtrados, en los que se habla de pagos para cuidar votos para los parlamentarios.

RAMÍREZ ZAMBONINI, INAMOVIBLE Alberto Ramírez Zambonini, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desde 1995 y ex presidente del citado

órgano, logró su inamovilidad de manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2000. Dicha medida fue lograda por el alto magistrado a partir de un pedido de aclaratoria sobre el fallo de la Corte Suprema que declaró inamovibles a miembros de la máxima instancia judicial, dado en el Acuerdo y Sentencia Nº 447 del 17 de mayo del 2000.

En la misma, la Corte dio trámite al recurso planteado por Ramírez Zambonini para luego desestimarla, ya que no era parte del conflicto, pero la resolución extendió finalmente la inamovilidad al entonces titular del TSJE, con lo que logró quedar fijo en el cargo de una manera que muchos juristas cuestionan y tildan de irregular.

8

MIÉRCOLES 22 AGOSTO DEL 2018

EL MARCO PENAL AL QUE SE EXPONE EL LEGISLADOR ES DE HASTA 3 AÑOS DE CÁRCEL

Fiscalía ya tiene elementos para imputar a Lugo por usurpación de funciones públicas Los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia ya cuentan con elementos para poder imputar al senador Fernando Lugo, del Frente Guasu.

E

l Ministerio Público ya cuenta con varios elementos para poder formular la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el senador Fernando Lugo, del Frente Guasu, quien fue denunciado por las irregularidades que se dieron en el juramento de dos legisladores. La denuncia fue formulada en su momento por el abogado Juan Sosa Bareiro, representante legal de Horacio Cartes.

Los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia son los que llevan adelante la pesquisa y los mismos ya cuentan con varios elementos como ser la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la que se proclamó como senador activo a Horacio Car-

tes. Asimismo, el Ministerio Público ya tiene las actas del juramento como senador de Rodolfo Friedmann en vez de Horacio Cartes, las hojas de la resolución en la que se llama al ex gobernador del Guairá para jurar como parlamentario por el período 2018-2023 y el reglamento interno del Congreso Nacional.

Asimismo, los fiscales solo aguardan que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les proporcione copias de la resolución de la máxima instancia judicial, en la que habilitan a Nicanor Duarte Frutos. El fallo se dictó en el 2008.

DENUNCIA DE HORACIO CARTES El abogado Juan Sosa

Rodrigo Estigarribia, fiscal.

Sonia Mora, fiscala.

Bareiro, en representación de Horacio Cartes, presentó una denuncia penal basado en el artículo 241 del Código Penal, que habla de la usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado profesional sostuvo que en el mismo documento solicita la imputación de Fernando Armindo Lugo Méndez. Además de la comunicación al Juzgado Penal de Garantías y el pedido de desafuero del mismo.

las leyes vigentes”, agregó el asesor de Cartes. Asimismo, el abogado aseveró que ningún reglamento interno le autorizaba a Lugo a realizar una sustitución, “un reemplazo en forma unilateral de forma abusiva, faltando el derecho de los demás”.

Según Sosa Bareiro, el ex presidente del senado Fernando Lugo se expone a una pena privativa de libertad de hasta 3 años, previo desafuero.

“En ese entonces titular del Congreso, Lugo se arrogó funciones que no le competen, sobrepasó disposiciones constitucionales, prácticamente pasando encima del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de todas

Lugo había convocado para jurar como senadores a Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann en vez de los senadores electos Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes Jara bajo el argumento de que ambos deben ser senadores vitalicios por su condición de ex

Emiliano Rolón, abogado denunciante. presidentes.

Sin embargo, tanto Nicanor como Cartes fueron elegidos por la voluntad popular durante las elecciones generales del pasado 22 de abril. Además, la candidatura de ambos fue avalada y confirmada mediante un fallo emitido por la última instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia.

DENUNCIA DE NICANOR En su momento, los abogados de Nicanor Duarte Frutos presentaron la denuncia penal contra el senador Fernando Lugo por atentado contra el Estado, coacción contra los órganos del Estado, usurpación de las

funciones públicas, desacato, producción de documentos no auténticos, entre otros. Los abogados Carolina Berdoy y Rogelio Benítez fueron hasta la Fiscalía, donde presentaron la denuncia penal contra Lugo por haber generado un caos jurídico al atribuirse funciones de otros poderes del Estado y no dejar jurar a su defendido.

En su momento, la representante legal de Duarte Frutos sostuvo que el ex mandatario consiguió un amparo constitucional para poder asumir como congresista, sin embargo, Lugo –en carácter de titular del Congreso– decidió no hacer caso a la orden judicial y convocó para el juramento a Mirta Gusinky, pese a que esta no fue proclamada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). “Actuó con dolo, con el fin de hacerle daño al doctor”, resaltó.

La letrada comentó que aquí se puede constatar que se avasallaron los derechos de Nicanor y también los derechos electorales de los 80.000 votos que recibió.