INACCIÓN ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES SERÁ SANCIONADO POR CONTRALORÍA

El fenómeno climatológico de las últimas semanas ha ocasionado la pérdida de más de 70 vidas humanas, y casi 21 mil damnificados en diversas regiones afectadas, según los reportes oficiales.

Ante esta situación exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional, Regional y Local a adoptar de manera urgente las acciones necesarias y hacer uso efectivo y oportuno de los recursos públicos disponibles para reducir la vulnerabilidad de la población y atender las emergencias.

En los últimos cinco años los fondos del Programa Presupuestal 068, destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender de emergencias por desastres, no han sido usados diligentemente: el Gobierno Nacional ejecutó el 74.9%, los gobiernos regionales el 62.3% y las municipalidades el 68.5%. Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12.8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6% y 5.9%, respectivamente.

La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos -evidenciadas en las visitas de control y en más de 13 mil alertas emitidas por la Contraloría- son pasibles de sanción que puede llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado. Dicho incumplimiento

Alejandro Soto sobre Rosio Torres: “Alianza

Alejandro Soto aseguró que su partido no blindará a Rosio Torres ni a nadie en actos ilícitos y reiteró que se ha pedido a su colega de bancada dar explicaciones tras la grave denuncia en su contra. Además, le han dado un plazo de 48 horas para que haga un deslinde público.

“Alianza Para el Progreso no ha blindado jamás a nadie. Sancionamos a Freddy Díaz Monago, expulsamos a Heidy Juárez, separamos a Magaly Ruiz de las comisiones y ahora estamos haciendo lo mismo con Rosio Torres. Nosotros sí aplicamos lo que dice nuestros estatutos y fundamentalmente deslindamos toda responsabilidad y permitimos que la comisión de Ética para que pueda hacer una investigación clara y transparente”, manifestó en el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Soto reconoció que la congresista Rosio Torres estaría implicada en varios delitos y más aún cuando se reveló en la denuncia periodística que ella borró los chats que tenía con su sobrino.

“Hay indicios no solo de que se haya vulnerado la ley de ética parlamentaria, sino que habría la comisión de varios delitos que ya el Ministerio Público tendrá que determinar”, añadió.

La congresista Rosío Torres, de Alianza para el Progreso, habría obligado a sus trabajadores o extrabajadores de su despacho parlamentario a depositar parte de sus sueldos para su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, según un informe del dominical Punto Final.

En el reportaje también se observa una grabación de la congresista mientras borraba el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino mediante WhatsApp, minutos después de ser consultada por el mismo programa por los depósitos que realizaron sus trabajadores. Torres le escribió luego a su sobrino: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina. Es Nataly”. Mientras tanto, su familiar se ha negado a responder sobre estos pagos.

Abogado de Geiner Alvarado: Si

El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Geiner Alvarado, volvió a cuestionar el operativo policial que derivó en la captura del exministro. En su opinión, lo que se debió hacer fue una “operación de vigilancia y seguimiento” hasta que llegara la orden judicial debido a que, a su criterio, no es verdad que los agentes conocieran el documento judicial.

“Yo no puedo ponerle una mano encima, como autoridad estatal, a nadie sin un mandamiento escrito y motivado del juez. Él (Alvarado) entiende que ha sido capturado (pero) él no podía ser capturado. No puede darse lo que se ha dado. Al margen de que pensemos que la persona es un criminal, las reglas constitucionales hay que tomarlas en serio”, indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Geiner Alvarado señaló que el tuit del Poder Judicial no puede ser considerado como una notificación que haya justificado la detención del exministro. En su lugar, insistió en que los agentes debieron seguirlo hasta que se notifique la resolución que ordenaba su prisión preven- tiva y no “adelantarse” al mandato judicial.

Luego de criticar el proceso de detención, Humberto Abanto señaló que no existía un riesgo de fuga ya que el exministro, aseguró, tenía la intención de entregarse a la justicia luego de conocer la orden de detención en su contra. Para corroborarlo, el abogado enseñó una conversación entre ambos en la que le indicaba los objetos que necesitaría en prisión.

“Yo le había enviado, de puño y letra de mi hermana, por el WhatsApp, la lista de las cosas que necesitaba en el penal porque él y yo nos íbamos a entregar para irnos a entregar a la Dinincri (…) Alvarado tenía ese compromiso conmigo y lo iba a cumplir (por eso) le pasé la lista donde se le decía todo lo que debía tener para su internamiento en el penal”, apuntó.

“El mismo día de los hechos (cuando habían anunciado el tuit) yo le digo que tiene que venir y que compre todo eso (lista) para que venga y nos vamos a la Dinincri para ponernos a disposición de la autoridad. No había necesidad de hacer este espectáculo. Lo que querían son los en una situación de emergencia, sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o dejar de actuar con diligencia, dejando de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán ejemplarmente sancionadas. titulares del día siguiente y la fotografía de él enmarrocado”, agregó.

La actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia para atender las necesidades de la población y para prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reducir la vulnerabilidad de las personas, y salvaguardar sus vidas y pertenencias.

En línea con la problemática expuesta, anunciamos además que remitiremos al Congreso de la República dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante estados de emergencia, una relacionada con la inaplicación de normativas infralegales de los sistemas administrativos y funcionales, que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos, y otra, que establezca que todas las entidades públicas dispongan como mínimo del 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.

Finalmente, el abogado señaló que, en caso se revelaran nuevos hechos y pruebas que corroboraría los presuntos actos de corrupción que le imputa la Fiscalía -organización criminal- le recomendaría que se acoja a la figura legal de la terminación anticipada y no a una negociación o una colaboración con la justicia.

“Quien quiera atribuirle un delito tiene que probarlo. Yo no defendería a una persona cuya inocencia no creo (...) Yo no veo un escenario de negociación, entonces lo que yo le digo es que mientras corre el plazo del habeas corpus, quiero ver las actuaciones procesales”, apuntó.

Más temprano, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, uno de los más cercanos del expresidente Pedro Castillo, fue trasladado a la carceleta del INPE en el penal Ancón II, donde se determinará el lugar donde deberá cumplir los 36 meses de prisión preventiva impuesto por el Poder Judicial. Esto luego de que le cambiaran la medida a comparecencia con restricciones.