Alcalde de Lima declarará zona intangible el Centro Histórico de Lima: “Que se vayan a otro lado”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que declarará zona intangible el Damero de Pizarro, en el Centro de Lima. Esto tras la destrucción provocada por los malos manifestantes que intentaron tomar la capital en las últimas protestas.

El burgomaestre indicó que la plaza Dos Mayo también estará incluida en la zona de intangibilidad. “No se puede estar destrozando la ciudad... En Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, señaló durante una actividad en el distrito de Independencia.

Agregó que esta decisión tendrá que tomarse en una sesión del Concejo Metropolitano de Lima. “Vamos a declarar (el Centro de Lima) zona intangible absolutamente, no más plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, expresó.

“Más respeto por el bien de todos nosotros, todos nosotros vivimos justamente del negocio, el 90% es informal, (viven) del día a día, (los manifestantes) están destrozando la economía de Lima y de todo el Perú”, añadió.

¿Cuáles son las penas para las personas que bloquean carreteras e impiden el libre tránsito?

El abogado penalista Mario Amoretti aseguró que las personas que bloquean carreteras o impiden el libre tránsito pueden afrontar una pena de cinco a diez años por el delito de extorsión.

“Desde el momento en que bloquean una carretera están en curso del delito de extorsión, que este delito va de cinco hasta diez años de pena privativa de la libertad. Tenemos que estos asesinatos en contra de policías utilizando fuego es homicidio calificado. Los que causan lesiones a los policías utilizando cualquier medio contundente, como hemos sido testigos, y se produce la muerte va también con pena privativa de libertad de hasta 20 años”.

Mario Amoretti explicó también que el Código Penal señala como delito de terrorismo a los que causan alarma o terror, utilizando medios catastróficos o armas, como artesanales o artefactos pirotécnicos o bombardas, para causar lesiones a policías o incendios a edificios públicos o privados.

“Hay que individualizar, porque indudablemente una marcha de protesta no siempre todos son terroristas. Hay infiltrados que están perpertrando estos actos deleznables. Y también tenemos que las Naciones Unidas considera como delito de terrorismo la toma de aeropuertos como Arequipa, Cusco o Juliaca. Son actos de terrorismo, lo dice la ley”, expresó.

Mario Amoretti informó que ha conformado un grupo de abogados para defender a los agentes de la Policía Nacional que puedan ser denunciados durante el control de las manifestaciones violentas.

Para el abogado, el Gobierno envía a los policías “prácticamente al sacrificio” solo con un escudo, a pesar de que las leyes facultan a las fuerzas del orden a utilizar sus armas y sobre todo en legítima defensa.

“Está Cesar Nakazaki, el doctor Lamas Puccio, Julio Rodríguez, entre otros abogados que tenemos experiencia. Con el doctor Nakazaki defendemos a gente del Ejército que han sido denunciados y considero que uan de las razones por las cuales no ha querido entrar es que ingresan, hacen algo en defensa de la sociedad y son encima denunciados y procesados hasta la fecha”, añadió.

Escribe: Fernando Rospigliosi

TRIBUNA LIBRE El Perú profundo

El Perú profundo ha salido a la superficie. Todos lo están viendo. No es ese Perú absurdamente idealizado por los intelectuales de izquierda y toda la caviarada, sino el realmente existente. Es la turba asesina que en Juliaca masacra inmisericordemente a un policía, que no hace uso del arma que le ha entregado el Estado para utilizarla en circunstancias como estas, por miedo a que los caviares que dominan el sistema de justicia lo procesen y encarcelen, y que sus jefes no lo defiendan sino, atemorizados, lo dejen caer.

Son las bandas de delincuentes que con el pretexto de la “protesta social”, incitada por el terrorismo y alentada por los caviares y varios medios de comunicación, bloquean carreteras y cobran cupos a los indefensos y desesperados transportistas, asesinando a los que se resisten, como a Herbert Sánchez en Chao el 21 de enero.

Son las catervas que asaltan y queman fundos de agro exportación en Ica y operaciones mineras en el sur. Son las pandillas que incendiaron la casa de un congresista que ellos habían elegido en Ilave y que trataron de invadir la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otzuka, que tuvo que repelerlos a balazos porque la policía está desarmada y tiene órdenes del gobierno para no causar ningún daño a las hordas de vándalos. Son los comuneros, que movilizados por agitadores comunistas, bloquean la carretera central tratando de desabastecer Lima, provocando perjuicios a miles y miles de ciudadanos que quedan varados en la vía a merced del frío, del hambre y las enfermedades.

Ese Perú profundo ha salido a la superficie incentivado por una coalición de terroristas –los herederos de SL y MRTA, apoyados por gobiernos comunistas de América Latina- y de narcotraficantes, mineros ilegales, contrabandistas y otros malhechores, que se habían hecho del gobierno con el delincuente recluido en Barbadillo y que ahora quieren recuperarlo.

Están logrando su propósito porque al frente tienen un gobierno débil e incompetente, espasmódico, que un día anuncia firmes medidas para frenar la violencia terrorista y delincuencial, y al día siguiente se disculpa, pidiendo por boca de la presidente perdón a los “hermanos y hermanas” que están incendiando el país.

Y a grupos políticos –no me refiero a los terroristas y delincuentes que pueblan el Congreso- incapaces de ponerse de acuerdo en un mínimo común para tratar de superar la crisis deponiendo sus intereses particulares.

Por cierto, eso no debe sorprender a nadie. El sistema político ha sido destruido desde hace tiempo y ha terminado de ser demolido por la perniciosa influencia de los caviares en los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, y de los comunistas con Pedro Castillo.

Naturalmente, no todo el Perú es el descrito antes. La mayoría es gente trabajadora e ingeniosa que quiere sobrevivir, progresar y mejorar. Pero no hay que engañarse. En un país con 70% u 80% de informalidad, donde las economías ilegales han prosperado descontroladamente los últimos años, hay muchos desadaptados y un número creciente de delincuentes que actúa cada vez con más impunidad.

Esta crisis no puede ser resuelta en el marco institucional de una democracia fallida, controlada o trabada por grupos de corruptos malhechores que buscan destruirla e imponer una dictadura socialista del siglo XXI.

Se requieren soluciones radicales, un gobierno con la autoridad y fuerza necesaria para poner orden, despejar el camino y realizar en breve plazo elecciones verdaderamente limpias, con opciones razonables.