Recuperar el Parlamento

NO EXISTE CRISIS DE LEGITIMIDAD, PERO SÍ DE REPRESENTACIÓN

El Congreso rara vez ha pasado del 30% de popularidad. Desde el año 2000 fluctúa (momentos críticos) en alrededor del 10% de aprobación. Quien recuerde al Congreso de Alejandro Toledo coincidirá en que la voz unánime era que se vaya y que con él se vaya el presidente. Lo mismo ocurrió luego y más luego y luego también porque si hay una constante en la historia republicana es la crisis parlamentaria y la voz cantante del manido “que se vayan todos”, un salto al vacío tomando en cuenta que el sucesor de la presidenta Dina Boluarte, sin reformas previas, podría ser bastante más peligroso que Pedro Castillo.

Manuel González Prada se despachó muy bien sobre los vicios de la representación. Así que no hay nada nuevo y el máximo error es confundir desaprobación con ilegitimidad. La legitimidad es el título o justificación para lograr obediencia como autoridad; y las leyes tienen el mismo poder y vigencia en razón de que es el Congreso el que las expide y las leyes hay que cumplirlas. Porque las firmen diez “niños” o un cuestionado al cubo no deja de ser ley.

Tribuna Libre

Escribe: CECILIA BÁKULA

Los antivalores en la política peruana

LOS CASOS DE LOS EXPRESIDENTES TOLEDO, FUJIMORI Y CASTILLO

Hemos tomado conocimiento tanto de la decisión de la justicia norteamericana de conceder la extradición al ex presidente Alejandro Toledo, presidente del Perú entre el 2001 y el 2006, como de la renuencia de este de aceptar dicho fallo.

Vale recordar que Toledo, quien ha recurrido a todos los ardides y argucias legales posibles, se encuentra inmerso en una serie casi inagotable de investigaciones y procesos que han llevado a la Fiscalía de la Nación a solicitar más de 20 años de cárcel por posibles delitos de colusión y lavado de activos; por supuestamente haber recibido sobornos por no menos de US$ 35 millones a cambio de otorgar obras de gran importancia nacional.

Ese sistema se enquistó y ha venido mellando la dignidad de la función pública de una manera grotesca que es necesario revertir. Posteriormente, una comisión especial solicitó un incremento de condena hasta por 35 años, dada la gravedad de lo que se venía descubriendo, más allá de esa sonada y publicitada cuestión.

El caso de Toledo podría ser, de alguna manera, emblemático porque él se presentó –una vez más– como el hombre del pueblo que había logrado superar los escollos de una sociedad hostil hacia los Andes y todo era una gran patraña. Resultó ser un mentiroso de gran calibre, una persona de doble moral incapaz de devolver a este país, que supuestamente le había dado la oportunidad de estudiar y destacar, siquiera la expresión de una conducta intachable que le permita ahora, más allá de las argucias legales, vivir con la frente en alto.

Toledo es, hoy por hoy, la negación del servidor público, lo opuesto al mandatario digno, la antítesis de la honradez y la verdad. Y demore lo que demore, la justicia llegará y quien sabe si en la senectud de su vida, este hombre que recibió tanto del país y le devolvió solo con miserias, tenga que terminar sus días con la humillación en el rostro por no haber sabido aprovechar la oportunidad de ser honrado, leal, transparente y saber que en la vida, si no se vive para servir, no se sirve para vivir.

Lamentablemente, nuestra historia no queda allí. En este momento, todos los gobernantes vivos del Perú se encuentran bajo algún tipo de investigación o están viviendo carcelería. Así es el caso de Alberto Fujimori cuyo caso es mucho más mediático en tanto se siente respaldado por una agrupación política que, mal que bien, va tratando de mantener su imagen viva y se le reconoce algunos actos importantes en su gestión. Fue elegido democráticamente para un periodo de gobierno que iría entre 1990 y 1995, pero optó por dar un autogolpe de Estado, cerrar el Congreso y gobernar de manera autoritaria.

Sin entrar ahora en las razones o sinrazones, deseo señalar que se encuentra purgando 25 años de prisión privativa de libertad y, sean mediáticamente aceptados o no, haya habido indulto o no, lo cierto es que es otro expresidente en la cárcel por delitos como el peculado, la usurpación de funciones, los denominados casos de secuestros y muertes en La Cantuta y Barrios Altos que dejaron heridas aún abiertas en la sociedad, por actos de corrupción ejecutados o permitidos a través de personajes siniestros de su entorno y otras acusaciones que siguen un larguísimo proceso, aun estando él en un estado de salud muy precario.

La de los parlamentos es una impopularidad casi conjunta cuya data no representa nada para su autoridad. Según Gallup, el Congreso de los Estados Unidos logró en 2014 (por decir una fecha) apenas el 16% de aprobación, la más baja desde 1974. Es la democracia más sólida del mundo y nadie le dice a un miembro de la cámara de representantes “no me representas” ni se para frente al Capitolio para entonar el estribillo tan argentino, propio de los piquetes y cacerolazos de 2001: “que se vayan todos”. Como se ve, el “que se vayan todos” no soluciona nada si lo que está afuera podría ser peor o la continuación de lo anterior.

El Congreso peruano es, pese a sus defectos (no más groseros que de otros congresos que recuerde), legítimo. Su mandato concluye en 2026, no se puede ir por renuncia, sí por disolución y bajo las prescripciones de la Constitución. Ni la renuncia de Boluarte llama a una elección parlamentaria porque de lo que se trata en el texto es de reemplazar a quien dejó la Presidencia vacante. Así que calmar el bobo, el Congreso es legítimo con buffet o sin buffet, con sensualidad gastronómica o sin ella por la simple razón que así lo manda la Constitución. La cuestión sobre las delicias culinarias del comedor parlamentario es de las más inconvenientes, lo es porque sí y por el momento en que se da: cuando muchos llaman a su cierre mientras se cierne sobre la república el caos.

Más grave que el buffet es que en la composición parlamentaria actual se cuenten congresistas investigados por negociar en la sombra con el presidente Castillo, el Congreso convertido en mercadillo, uno que ya no expresa con pulcritud la representación cabal de los ciudadanos que votaron por él. ¿Cuántos son los niños en realidad? Eso sí importa porque, aunque no exista crisis de legitimidad, sí existe una de representación.

El título de esta columna, “Recuperar el Parlamento”, es una ironía. Pero comencemos por recuperar los partidos políticos, sempiterna utopía alimentada por los expertos.

PS. Para ser congresista hay que conectar con la sensibilidad de la gente. Si no van a tener cuidado de sus palabras, mejor que aprendan a reverenciar el silencio.

No dudo que pueden reconocerse obras buenas en su gobierno, pero también es cierto que la realidad es que se trata de un ex presidente preso y que lo que se hizo con la mano derecha, se borró con la izquierda y eso, no se condice con la excelencia que debe poder demostrar un gobierno ni con el arte del buen gobernar.

El caso más reciente, triste y hasta risible, porque es una tragicomedia en nuestra historia es el de Pedro Castillo, personaje que llegó a la casa de Pizarro sin saber cómo es que sucedió ni quién lo había puesto allí y señalo esto porque siguen existiendo severas dudas respecto a la transparencia del proceso electoral que concluyó con la victoria de su agrupación política. Lo cierto es que inauguró su gobierno ya con ademanes de incapacidad, muy mala elección de colaboradores y desde el primer día se hizo manifiesta la tremenda inexperiencia e improvisación, al mismo tiempo que el deseo desesperado de “aprovechar” la oportunidad para que cercanos y familiares accedieran a algún tipo de prebendas, beneficios, puestos de trabajo, coimas, fueran intermediarios y otras finísimas maneras de enriquecimiento. Desgraciadamente, este sistema de supuestos derechos a “recibir pagos” a cambio de algunas gestiones se ha entronizado en la administración pública y ha de ser cortado desde la raíz.

Castillo, que no dio luz ni fuego –ni él ni su entorno, ni sus ministros ni sus asesores– sí logró hacer de la victimización una herramienta que le generó grandes beneficios y que lo convirtió en el protegido de un grupo político social que sabe, perfectamente, cómo lucrar y medrar de personas como él. Lo cierto es que, acorralado por su propia incapacidad y los gravísimos indicios de corrupción que ahogaban a todo su entorno, se atrevió a creerse capaz de autogobernar el país y así poder seguir protegiendo y permitiendo la situación de crisis, de roberías y caos y el 7 de diciembre último, con un temblor en la voz y en las manos, decidió, decretar su propia sentencia de muerte al expresar en público y a nivel nacional, su voluntad de dar un autogolpe de Estado.

Las consecuencias para el país han sido desastrosas, no porque él sea necesario ni mucho menos, sino porque esa situación política ha sido utilizada con desgraciada actitud antipatriota por un grupo de personas que creen que la violencia es la vía para la obtención del futuro mejor. Pero, lo cierto es que Castillo está preso y afronta, por ahora, una prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración a los que, sin duda. Se añadirán los relacionados con el desajuste patrimonial, las coimas, los ingresos, la malversación y otros delitos que incrementarán las penas y las condenas.

Más allá de eso, tenemos dos presidentes que supuestamente viven en libertad pero que son esclavos de su conciencia como los casos de Humala y Vizcarra.

Ollanta Humala, ahora con libertad restringida, se encuentra bajo investigación, junto con su esposa por delitos como el lavado de activos por dinero presumiblemente recibido de la misma empresa que quebró al país durante el régimen de Toledo y del gobierno de Venezuela, en la forma de conversión y ocultamiento que involucra, además, a varios miembros de la agrupación política que lideraba Humala.

Y, qué podemos decir de Martín Vizcarra quien se “pavonea” como si no se percatara de que sobre él penden serias acusaciones de tipo judicial y personal. Quizá, es moralmente severa la de traición que le espetó Pedro Pablo Kuczynski, de quien fuera su primer vicepresidente y que vale mencionar, fue un gran lobbista que acaba de recuperar su libertad condicional por lo que tampoco fue un gran ejemplo de pulcritud y transparencia.

Pero más allá de eso, pesan sobre Vizcarra acusaciones de gran calibre asociadas a su gestión en el gobierno regional de Moquegua y, sobre todo, a la fatal gestión realizada durante la terrible pandemia que soportó el país por la Covid 19, pues se ha demostrado que hubo serias irregularidades en el manejo de la crisis de salud y en la adquisición de vacunas, lo que ocasionó miles de muertes de conciudadanos; por ello, el pleno del Congreso, con 102 votos a favor y solo 8 abstenciones, aprobó el informe final que recomienda formular una acusación constitucional contra el expresidente Vizcarra.

Entonces, con ese manoseo grosero de la política, ¿qué mensajes se está dando a la nueva generación? ¿Es que ha desaparecido esa gloriosa casta de personas como Haya de la Torre, a quien hemos recordado recientemente en el día de la Fraternidad Aprista? ¿No es posible volver a hacer de la política un acto de noble ejercicio de la capacidad más digna del género humano: servir?