Contraloría exhorta al Congreso a dar leyes que permitan agilizar inversión pública

El contralor general de la República, Nelson Shack, exhortó al Congreso a emitir mayores dispositivos legales que permitan agilizar la inversión pública y la ejecución de obras.

Durante su intervención en la sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Shack explicó que el marco normativo actual no exige a las autoridades a ejecutar parte de su presupuesto a favor de la población más vulnerable.

“Lo que necesitamos es que se les ordene]. A través de la ley se puede ordenar, imponer, no solo autorizar a que lo hagan”, dijo el contralor.

En relación a la propuesta del Ejecutivo de crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, el titular de la Contraloría aseveró que su institución está de acuerdo con la “esencia” de la iniciativa, pero mantienen desacuerdos en cuanto a su conformación y administración al replicar un modelo similar al de ProInversión.

“Estamos totalmente de acuerdo con la esencia de este proyecto de ley; sin embargo, sí tenemos, a partir de nuestras experiencias, reparos respecto de su conformación, su organización”, señaló.

De acuerdo al contralor, esta nueva entidad no contaría con el peso necesario para poder tomar decisiones importantes respecto a la ejecución de obras.

“Sugiero un Ministerio de Obras Públicas que concentre toda la capacidad, el poder y la responsabilidad de sacar adelante y de cerrar las obras y brechas de infraestructura en el país. Esta nueva organización tiene que tener mecanismos especiales de contratación, de ejecución de las obras y para eso hay cosas que funcionan muy bien en los contratos gobierno a gobierno”, indicó.

Por último sugirió que este nuevo ministerio deba estar sujeto al control político directo por parte del Congreso. “Debe tener un ministro que sea responsable al que puedan interpelar, censurar, al que puedan rendir cuentas”.

Wilber Medina Cuestiona Que Rop Haya

PERMITIDO INSCRIPCIÓN DE PARTIDO DE MARTÍN VIZCARRA, PESE A SENTENCIA DEL TC

El abogado Wilber Medina recordó que el expresidente Martín Vizcarra fue inhabilitado por partida doble por el Congreso de la República.

El abogado Wilber Medina dijo no entender los motivos por los que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) permitió la inscripción del partido político Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra, pese a estar inhabilitado por partida doble por el Congreso de la República.

Medina es uno de los principales impulsores del recurso de tacha que se presentará hoy a las 3.00 p. m. ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En principio, debemos entender que las leyes, las decisiones del Congreso de la República y las sentencias del Tribu - nal Constitucional deben ser acatados por todos los funcionarios públicos.

El señor Vizcarra tiene un proceso de inscripción de un partido político y la primera instancia lo hace en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). No hubiéramos llegado a esta oportunidad que se publica el día viernes 5 de mayo la síntesis (que es el logo del partido y su estructura orgánica) para que la gente pueda tachar, porque el señor está inhabilitado por el Congreso de la República por partida doble”, señaló en Ampliación de Noticias de RPP.

“A pesar de que existen estos pronunciamientos, tanto del Tribunal como del propio pleno, yo no entiendo por qué el jefe del Registro continúa con la publicación, a pesar de que este señor preside el Comité Ejecutivo de este partido y, además, es socio fundador”, agregó.

Alcances de la inhabilitación

Por otro lado, Medina recordó la sentencia del Tribunal Constitucional 3760-2004 sobre el caso Fujimori en el que se menciona los alcances de la inhabilitación para la función pública.

“La inhabilitación política incide sobre estos derechos en dos ámbitos: material y temporal. En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario público sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participar y el derecho de fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza”, finalizó.

Escribe: MANUEL GAGO

TRIBUNA LIBRE Boluarte esquiva su responsabilidad

En Su Respuesta Al Informe De La Cidh

Después de la primera vuelta electoral del 2021 –sabiendo que competiría con Keiko Fujimori– Perú Libre, el extremismo marxista y la progresía comenzaron a estructurar la victoria de Castillo, torciendo la voluntad popular y, a su vez, de antemano, afinando planes destinados a perennizar su mandato en ciernes.

Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia del partido de Vladimir Cerrón era parte de ese cogollo. Su primera aparición pública a nivel nacional fue en el debate de Chota, Cajamarca. Su intervención sorprendió de sobremanera. Se jugaba su candidatura en cuerpo entero y, por ende, el proyecto político de Cerrón. Hoy llama la atención su intento de disculpar las acciones de su Gobierno frente al “vandalismo” desatado por sus otrora camaradas de ruta, después del fracasado golpe de Estado de Castillo. En recientes declaraciones a El Comercio, dijo que “no estaban preparados para una violencia de esta naturaleza”. Veamos.

En el ideario de Perú Libre –miembro del Foro de Sao Paulo– la patria socialista es el norte, el destino final. Boluarte ¿desconocía el camino que recorrería Castillo con el fin de perennizar su gobierno? El poder –para el castrismo, el maoísmo y todo el espectro extremista– deja rastros de sangre, manipula votos, ejerce presión, persigue, extorsiona, encarcela y asesina opositores, captura las instituciones nacionales, impone un solo relato. ¿Acaso Boluarte olvidó la ahora triste frase de Aníbal Torres “correrán ríos de sangre” si vacan a Castillo? En ¿Jaque mate, Perú? (El Montonero, 14 de abril del2021) adelantábamos lo que sucedería. No es necesario ser pitoniso para saber qué harán y hacia dónde van los comunistas.

Estaba cantado. Castillo organizaba cuadros paramilitares disfrazados de ronderos para defender con uñas y dientes su Gobierno. Prefectos y gobernadores vinculados al Movadef fueron encargados de captar esa fuerza. Cocaleros, docentes del FenatepE (sindicato maoísta), separatistas, contrabandistas de oro y madera, mineros ilegales y otras criminalidades eran parte del esquema violentista. Insurrectos, llamados “vándalos” para mediatizar su actuar.

No obstante, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le resta importancia a esas acciones: cinco aeropuertos atacados de manera sincronizada y más de cien comisarias asaltadas, algunas incendiadas. Asimismo, se desentiende del secuestro de la población (impedida de transitar libremente por los bloqueos de carreteras), el intento de destruir sistemas hídricos y energéticos; y peor aún, ignora el cuerpo calcinado del suboficial PN José Luis Sonco, una muestra del desprecio por la vida por parte de los manifestantes. De esta verdad no hay ni una línea en el informe hecho a la medida para disculpar y darle aliento al “vandalismo” insurreccional que anuncia nuevas “tomas de Lima”.

La CIDH tuvo el cuajo de informar, ofendiendo a la verdad, que durante las protestas hubo “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales” por parte de las fuerzas del orden. Entrometiéndose en la vida nacional hace impertinentes juicios de valor. Señala que por la minería surgen descontentos en la población. No dice que las demandas de los protestantes eran políticas: nueva constitución, restitución de Castillo y cierre del Congreso.

La respuesta de Boluarte al dichoso informe esquiva sus responsabilidades. “No estábamos preparados y que, siendo jefa suprema de las FF.AA., no manejo comando”, dijo. Frente al peligro de nuevas asonadas violentas, estas vergonzosas cobardías niegan la responsabilidad suprema del Estado de defender la seguridad del país y de los pobladores por intermedio de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Que quede en claro que la justicia, y no otro, determinará si hubo excesos. Y que el informe de la CIDH, parcializado y perturbador, solo sirve para que puñados de extremistas continúen intentando imponerse por la fuerza, amenazando, secuestrando, extorsionando y asesinando de manera impune.