DECÁLOGO PARA EL NUEVO FISCAL GENERAL
compras y contrataciones
de nuevos arrendamientos Freno inmediato al gasto superfluo. Suspensión de nuevos contratos sin justificación técnica (ej. agencias subutilizadas). Rescisión y/o renegociación a la baja de los contratos de arrendamiento vigentes que resulten desfavorables.
a
de
por
nacional. Plan maestro de infraestructura del MP Conformación del comité técnico. Diagnóstico
Recuperación de la carrera fiscal
Auditoría estructural de contrataciones Revisión de ingresos y ascensos recientes.
Detección de "cuotas políticas" y personal de lealtad sin el perfil técnico requerido. Depuración administrativa legal y regularización de puestos con base en capacidades técnicas comprobadas.
Mecanismo de restitución de destituciones irregulares Reinstalación de los +105 fiscales de carrera purgados. Conciliación y pago de salarios caídos (Q30M). Recuperación de talento.
Rediseñar y reinstaurar la carrera fiscal Renegociación del Pacto Colectivo para eliminar la "libre remoción" de jefes fiscales. Diseño del nuevo sistema de méritos.
Sistema de trazabilidad del talento Diseño e inicio de la plataforma informática para registrar especialidades, historial y cursos de todo el personal.
Nivelación técnica de los fiscales reinstalados y su reasignación estratégica a casos de alto impacto.
Aplicación obligatoria de concursos públicos de oposición para todos los nuevos ascensos y traslados.
Despliegue del sistema: Asignación de casos complejos estrictamente a fiscales con la especialidad correcta (ej. finanzas, DDHH).
Política territorial
Protocolo de gestión con enfoque territorial Redacción de protocolo para transformar las agencias de "filtros de desestimación" a nodos de entrada de todo tipo de denuncia. Aplicación en terreno: Agencias recopilan inteligencia criminal local y derivan casos graves con primeras diligencias de calidad.
Auditoría integral y diferenciada de fiscalías clave
Reestructuración de fiscalías desnaturalizadas
Urgente clasificación de casos en FECI y Asuntos Internos: separar la criminalización indebida de los casos de alto valor (gran corrupción).
Intervención y saneamiento de personal Remoción inmediata de las jefaturas y "soldados ideológicos" que lideraron la persecución política y el engavetamiento.
Reactivación de casos contra organizaciones criminales
Direccionamiento estratégico
Búsqueda y reactivación de casos de gran corrupción congelados (ej. Comisiones Paralelas) para garantizar impunidad a aliados.
Reasignación estratégica de los expedientes auditados a fiscales técnicos y éticamente idóneos bajo nuevos lineamientos.
Nombramiento de nuevos jefes de sección y fiscales de unidad mediante procesos estrictamente competitivos.
Impulso de la persecución penal, recopilación de nuevas pruebas y litigio activo de los casos reactivados.
Política criminal y direccionamiento estratégico
Elaboración de estudios de criminalidad diferenciada por región (con datos y evidencia empírica) para salir del modelo inercial.
Plan de persecución penal Diseño del programa especializado. Priorización de redes de macrocriminalidad y reposicionamiento del análisis criminal.
Aplicación obligatoria del direccionamiento en las estrategias operativas de todas las fiscalías de distrito y de sección.
Ejecución táctica del plan: enfoque investigativo en atacar estructuras de poder, lavado y corrupción, no en casos aislados.
Instrucción para redefinir el uso de desestimación/archivo Emisión de directriz urgente prohibiendo el cierre por métricas (93%). Fijar estándares mínimos de investigación y control previo. Auditoría del cumplimiento de la instrucción. Monitoreo de la reducción drástica de la "tasa de impunidad pasiva".
Ponerle un alto a la criminalización
Instrucción general para examinar y detener la criminalización Orden interna de identificar expedientes espurios contra defensores y operadores de justicia. Crear rutas para su cierre formal. Monitoreo de "Cero Tolerancia" a nuevas denuncias de criminalización. Cierre de brechas legales usadas para abusos (ej. uso ambiguo de tipos penales).
de procesos de contratación 100% transparentes y basados en el perfil idóneo.
Cierre definitivo de todas las contingencias legales laborales heredadas por despidos arbitrarios.
Evaluación de desempeño e impacto cualitativo del personal que fue restituido.
Blindaje total de la independencia funcional del fiscal mediante garantías laborales inamovibles. Institucionalización de evaluaciones de desempeño basadas en la calidad del litigio y satisfacción.
Capacitación continua integrada y registrada en el historial de cada funcionario en la plataforma.
Consolidación de la red territorial que alimenta de datos locales reales al Laboratorio de Análisis Criminal.
Cierre definitivo de los expedientes viciados descubiertos, con resoluciones técnicas impecables.
Restitución total del carácter técnico, objetivo e imparcial en las fiscalías que habían sido cooptadas.
Obtención de las primeras sentencias condenatorias de calidad de los casos emblemáticos desentrampados.
Revisión y ajuste de métricas de éxito institucional (medir impacto social vs. volumen estadístico).
Evaluaciones anuales de capacidades técnicas automatizadas desde el ecosistema informático.
Evaluación de impacto de las agencias en la resolución de delitos y contención de estructuras locales.
Monitorización continua para evitar retrocesos en estas unidades críticas.
Operatividad plena y blindada contra interferencias de redes de poder tradicional.
Consolidación de la desarticulación de dichas estructuras criminales y recuperación de activos.
Actualización del direccionamiento estratégico para el siguiente periodo, basado en resultados.
Consolidación del modelo de persecución. Medición cuantitativa de la desarticulación de redes ilícitas. Resultados maduros y sentencias firmes derivadas directamente de la ejecución del plan estratégico.
Consolidación operativa de la cultura fiscal de "calidad investigativa sobre cantidad estadística".
Mantenimiento de tasas de archivo excepcionales, plenamente motivadas y comunicadas a las víctimas.
purgado definitivamente de prácticas de persecución y criminalización de Estado. Política consolidada de protección al ejercicio del derecho a la defensa y libre expresión. Separar a fiscales de expedientes de criminalización Remoción inmediata de fiscales de los casos de periodistas y defensores para frenar abusos como el uso perverso de la reserva legal.
Inicio de procesos disciplinarios y/o penales contra los fiscales salientes que cometieron prevaricato o abuso de autoridad.
Fiscalías operando con total imparcialidad y enfocadas exclusivamente en la persecución de delitos reales. Monitoreo y control interno para evitar la reaparición de actores de criminalización.
Laboratorio de Innovación Tecnológica Diseño e integración de bases de datos hoy fragmentadas (SICOMP, ASTREA, DICRI). Inicio de desarrollo de software analítico in-house.
Capacitación de personal Lanzamiento de cursos masivos (MOOCs) en metodologías modernas de análisis y talleres presenciales para equipos especializados.
Implementación de herramientas de Big Data e IA desarrolladas internamente para detectar patrones. Reducción del gasto en licencias privadas costosas.
Evaluaciones prácticas de desempeño en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas de investigación.
Nuevo modelo de gestión de casos
Implementación del nuevo modelo Diseño para reemplazar el GIC. Implementación de asignación automatizada de casos y creación de rutas procesales diferenciadas.
Implementación plena: el fiscal que investiga también litiga en casos graves. Tamiz de análisis criminal obligatorio previo a cualquier archivo.
de
objetivas y absolutamente libres de sesgos o instrucciones políticas.
Reducir índices de impunidad Reorganización técnica y despliegue del Laboratorio para atacar el 97% de impunidad heredada en delitos graves. Aumento progresivo de acusaciones sólidas y bien fundamentadas en delitos contra la vida, violencia y corrupción.
Comunicar de forma transparente Informe público sobre la herencia de opacidad y anomalías de la gestión Porras ("Apertura de la caja negra"). Reinstaurar acceso público.
Comunicación constante de resultados técnicos y rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria.
Consolidación del Laboratorio. El análisis criminal opera de forma proactiva como el verdadero motor de los casos.
Actualización continua de currículas técnicas para estar a la vanguardia en análisis criminal forense y digital.
Consolidación de resultados cualitativos. Disminución de sentencias absolutorias por investigaciones deficientes.
Mejora medible en la percepción ciudadana en las encuestas de confianza sobre el sector justicia.
Incremento medible de sentencias condenatorias firmes de alta calidad derivadas de buenas investigaciones.
Modelo de Datos Abiertos de la fiscalía 100% operativo para escrutinio académico y periodístico.
Expansión total de las capacidades tecnológicas de análisis de red a nivel nacional.
Personal 100% competente y autónomo en la conducción de investigaciones basadas en datos.
Mejora continua del modelo operativo con base en la retroalimentación de
Consolidación de la legitimidad institucional y autoridad moral del Ministerio Público.
Reducción consolidada de los índices de impunidad histórica, demostrable con datos abiertos.
Política de transparencia total institucionalizada y transversal a toda la institución.