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Desafío Exportar | Octubre 2026

editorial

Dos países en uno. Por Paola Batista.

economía

El desafío ya no es sólo bajar la inflación. Por Diego Piccardo. Cayó el PBI en el segundo trimestre. BRICS: entre la diversificación económica y la disputa por el orden internacional. Por Lucía Díaz Coll.

comercio exterior 14

Seguridad corporativa y su impacto en el EBITDA. Por Dr. Julio Theaux.

Cálculo de intereses sobre deudas aduaneras en dólares. Fin de la discusión. Por Dr. Juan Pedro Arancedo. Del corredor logístico al corredor de capacidades: dónde se juega el valor argentino. Por Beatriz Cáceres. La IA no necesita rebelarse para cambiarlo todo. Por Gustavo Iglesias. Fiscalización Algorítmica: El impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Tributario y el Control Aduanero Moderno. Por Dra. Gabriela Camara. La revolución silenciosa del comercio exterior argentino. Por Juan Cruz Miñones. Estamos bárbaro. Podríamos ir mejor.

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logística

El RIGI no para de darnos sorpresas en cuanto a anuncios se refiere. Por Alejandro Arroyo Welbers.

255

infraestructura

Patagonia, el nuevo territorio que buscan los grandes data centers.

industria

Patentes, evergreening y un cajoneo que duró 28 años en el Congreso. Por Paola Batista.

tecnología

Regular la IA: quién decide y quién responde. Por Ignacio Adrián Lerer.

medio ambiente

Contamina y no paga: la vulnerabilidad financiera y ambiental del modelo ultra fast fashion. Por Julián D’Angelo.

novedades empresarias

Editor/Director Richard Leslie Ramsay

Subdirectora General Paola Batista

online

Diseño Gráfico Ronald Leslie Ramsay Asesoría Legal Estudio Arbit y Asoc. Desafío Exportar La revista de comercio exterior es una publicación de Puls Media

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EXPORTAR

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del tintero

editorial

Dos países en uno Paola BATISTA Subdirectora Revista Desafío Exportar

Argentina dio un giro de 180 grados. Bajó la inflación de manera drástica, eliminó el déficit, se abrió al mundo, recortó trabas, burocracia y “kioscos”, y recibe una lluvia de inversiones. ¿Estamos mejor? La respuesta es sí y no. Sí, si miramos la macroeconomía con sus números de vitrina. No, si miramos la economía real, donde una parte enorme de la población no logra mejorar sus ingresos o llegar a fin de mes. Otra vez hay dos países que no se tocan: el de los indicadores y el de la góndola, la boleta y la farmacia. Las pymes son el punto donde esos dos países chocan. Son también el puente que podría volver a unirlos. Con las ventas internas en baja, tienen una oportunidad histórica para salir a un mundo que ahora tiene las puertas abiertas. Pero llegan a esa puerta cargando una presión tributaria que les saca competitividad antes de embarcar. Fuera de los commodities y las materias primas agroindustriales, se vende poco. La competitividad es feroz. El resto del mundo no incluye en el precio de sus productos la ineficiencia político-administrativa de su Estado, y nosotros sí.

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Los jubilados son los que menos pueden esperar. El recorte en medicamentos es brutal y los aumentos, insignificantes. Entonces, si la economía está estabilizada, si hay un nuevo orden en las cuentas del Estado y ya empiezan a verse los ingresos de Vaca Muerta y la minería, ¿por qué los jubilados no pueden ganar más? La pregunta sigue sin respuesta. La universidad pública es un emblema de orgullo nacional. Eso no está en discusión. Que sea auditada, tampoco debería estarlo. Hay una industria donde se ve con claridad qué pasa cuando se mira el corto plazo. La marina mercante y la industria naval llevan 30 años de intentos de desmantelamiento. La receta es sencilla: intereses extranjeros, una pizca de intereses locales, un par de leyes tapón en el Congreso cada tanto y mucha ignorancia y soberbia por parte de los gobernantes. El resultado es que somos el único país que quiere dejar la navegación de sus ríos en manos de terceros, en principio paraguayos. Se argumenta que las tarifas extranjeras son más competitivas. Claro: con un 10% de ganancias, un

10% de IVA y un 10% de cargas sociales, cómo los paraguayos no van a serlo frente a la flota argentina. Lo que nadie parece preguntarse es qué pasará con esas tarifas cuando se sepa que tienen el monopolio de la navegación. ¿O acaso el gobierno va a dejar que los chinos hagan el cabotaje argentino? La solución existe, es el mecanismo que usaron Dinamarca, Alemania y España (a través de Canarias) para que sus armadores no se fueran a banderas de conveniencia, y tiene nombre: Segundo Registro. En una próxima edición vamos a explicar en detalle de qué se trata. Mientras tanto, el mundo hace lo contrario. Estados Unidos reabre su política naval con un plan que ya reúne 150.000 millones de dólares de inversión dedicada. India aprobó un paquete cercano a 7.300 millones de dólares y apunta a ser potencia naval en 2047.

Hasta quienes más predican libre mercado protegen su flota. Por si todo esto fuera poco unos capos en desarrollos de IA dicen que ésta nos va a matar? Esto no lo puedo asegurar, pero mientras tanto les recomiendo usar todo su potencial y quizás hasta que nos maten, podríamos poner algunas leyes para que nuestros derechos y seguridad no sean vulnerados. Falta un año para las elecciones y la campaña ya empezó. Hasta ahora hay un solo candidato, Javier Milei, y en el horizonte no se ve a nadie que le haga sombra. Los pocos nombres que circulan ya mostraron en el pasado lo que hicieron con el país, y parecen fingir demencia auto postulándose. Los votantes, creemos, no. Los invito a leer esta edición, que tiene mucho para pensar y también para hacer.

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economía

Opinión

El desafío ya no es sólo bajar la inflación Diego PICCARDO Economista Jefe Libertad y Progreso.

La economía argentina atraviesa un momento incómodo. La actividad perdió dinamismo, el mercado laboral muestra señales de fragilidad y, para una parte importante de la población, el poder adquisitivo sigue siendo la principal preocupación. Sería un error minimizar estos problemas. Pero también sería un error analizarlos como si el punto de partida hubiese sido una economía ordenada que simplemente dejó de crecer. A fines de 2023, la Argentina tenía reservas netas negativas por más de US$11.000 millones, una inflación anual de 211,4%, controles cambiarios y una amplia brecha entre los distintos tipos de cambio.

A eso se sumaban precios y tarifas atrasados, restricciones a las importaciones, un volumen extraordinario de deuda comercial con proveedores del exterior y pasivos remunerados del Banco Central equivalentes a casi 10% del PBI. El déficit financiero rondaba 4,5% del producto y el acceso del soberano al mercado internacional estaba prácticamente cerrado. La estabilización, por lo tanto, partió de una situación extremadamente frágil. Tres años después, los problemas son otros. La inflación dejó de ocupar el lugar excluyente que tenía en la agenda y la discusión se desplazó hacia la actividad, los salarios y el empleo. Eso muestra un cambio de régimen macroeconómico, aunque de ninguna manera significa que los desafíos estén resueltos. El dato de julio fue especialmente malo: el EMAE cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% interanual. Sin embargo, la tendenciaciclo aumentó 0,2%, lo que sugiere que parte del movimiento pudo haber estado amplificado por facto-

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res transitorios. Los indicadores de agosto son mixtos pero compatibles con algún rebote respecto de julio, todavía insuficiente para hablar de una recuperación generalizada. La mejor forma de describir la economía actual sigue siendo la de una economía a dos velocidades. Los sectores más vinculados a la exportación (energía, minería y agro) muestran una dinámica mejor que las actividades dependientes del mercado interno. Esa divergencia probablemente continúe. En este contexto, el sector exportador adquiere un papel cada vez más relevante: aun con una demanda doméstica débil, puede seguir aportando crecimiento, inversión y las divisas necesarias para fortalecer la economía. También hay razones para pensar que la construcción podría comenzar gradualmente a sumar impulso. La Red Federal de Concesiones prevé incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo esquemas de inversión privada. San Juan acaba de colocar US$600 millones en el mercado in-

ternacional para financiar infraestructura asociada al desarrollo minero. Y los proyectos aprobados bajo el RIGI acumulan compromisos de inversión por decenas de miles de millones de dólares. Nada de esto genera un boom inmediato, pero sí puede empezar a compensar parcialmente la debilidad de otros componentes de la demanda. El principal problema hacia 2027 es que el contexto internacional dejó de acompañar. El aumento del precio de la energía asociado al conflicto entre Irán y Estados Unidos volvió a alimentar presiones inflacionarias globales. La Reserva Federal subió en septiembre su tasa de referencia al rango de 3,75%-4,00% y el rendimiento del Treasury a diez años superó el 5%, un nivel que no se veía desde antes de la crisis financiera global. Para la Argentina, todavía con riesgo soberano elevado, esta combinación importa mucho: si sube la tasa libre de riesgo, también aumenta el costo al cual eventualmente podría volver a financiarse. Por eso una parte de la reciente tensión financiera local debe leerse mirando el programa financiero de 2027. El Gobierno había decidido no depender de una emisión internacional y preservar esa alternativa como una opción. Durante algunos meses esa estrategia parecía razonable porque el Tesoro podía obtener dólares en el mercado local a tasas inferiores a las que habría enfrentado en el exterior. El inconveniente es que las ventanas financieras no permanecen abiertas indefinidamente. Con tasas internacionales más altas y un año electoral cada vez más cercano, el mercado presta mayor atención a la capacidad de refinanciar vencimientos localmente y al eventual impacto sobre las reservas si ese financiamiento no aparece. Ese es probablemente el principal canal de riesgo. El programa financiero contemplaba aproxi-

madamente US$5.000 millones de colocaciones en dólares en el mercado local para 2027, además de compras de divisas al Banco Central y financiamiento de organismos internacionales. Si ese fondeo aparece, la presión sobre las reservas será manejable. Si no aparece, una mayor proporción de los pagos deberá salir de los dólares disponibles. Los riesgos, sin embargo, no están sesgados solamente hacia abajo. Una desescalada del conflicto en Medio Oriente podría reducir la prima geopolítica incorporada al petróleo. Antes de la escalada, el Brent se mo-

pondría mayor presión sobre las reservas del Banco Central. Salvo que alguno de estos escenarios extremos se materialice, la fotografía con la que la Argentina llegará al proceso electoral probablemente sea parecida a la actual. Seguiremos hablando de una economía a dos velocidades, con sectores exportadores e inversiones vinculadas a recursos naturales mostrando dinamismo y un mercado interno más débil. La inflación habrá dejado de ser el único problema alrededor del cual

“

El desafío hacia 2027 será transformar la estabilización en crecimiento, inversión y empleo vía cerca de US$70 por barril; hoy el conflicto mantiene al mercado alrededor de US$100. Una normalización ayudaría a moderar las presiones inflacionarias globales, quitaría presión sobre las tasas largas y podría permitir que la Reserva Federal abandone el actual sesgo contractivo. En ese escenario, también podrían mejorar las condiciones financieras para los mercados emergentes y reaparecer una ventana de financiamiento para la Argentina. El escenario negativo sería el contrario: petróleo elevado, tasas internacionales altas durante más tiempo y un deterioro de las expectativas políticas domésticas. Esa combinación elevaría el costo de financiamiento, aumentaría los incentivos a dolarizar carteras y

gira la discusión; el empleo y el poder adquisitivo ocuparán cada vez más espacio. Eso no debería llevar ni a negar los problemas actuales ni a olvidar el punto de partida. La economía recibida a fines de 2023 acumulaba desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y externos extraordinarios. La fuerte desaceleración de la inflación y la capacidad de atravesar un shock internacional de esta magnitud sin recrear aquellos desequilibrios son cambios relevantes. El desafío hacia 2027 será transformar la estabilización en crecimiento, inversión y empleo. Y para lograrlo, el sector exportador será una de las principales fuentes de dólares, productividad y expansión de la economía argentina.

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economía

Informe

Cayó el PBI en el segundo trimestre Por Invecq Consulting S.A.

Economía En el segundo trimestre el PBI se contrajo 0,6% respecto del primero en la medición desestacionalizada, la primera caída trimestral desde mediados de 2024. En la comparación interanual el producto todavía crece 2,0%, y el primer semestre acumula un alza de 2,2% i.a., pero la dinámica reciente es de estancamiento: el nivel del segundo trimestre es apenas 0,1% superior al del cuarto trimestre de 2025. La caída fue de demanda interna, y el sector externo es el que actuó como amortiguador. La absorción interna se contrajo 2,1% t/t desestacionalizada, con el consumo privado cayendo 2,4%, el consumo público 2,3% y la inversión 0,9%. Las exportaciones, en cambio, avanzaron 2,5% y las importaciones se retrajeron 3,5%, de modo que las exportaciones netas amortiguaron buena parte del ajuste y explican que el PBI haya caído bastante menos que el gasto doméstico. Si comparamos contra el primer trimestre de 2023, las exportaciones fueron el gran motor, con un salto de 45% impulsado por agro, energía y minería, y el consumo privado recuperó lo perdido en 2024 hasta quedar 4,2% arriba. En el otro extremo, la inversión es el componente más castigado: cayó cerca de 25% en 2024, rebotó hasta mediados de 2025 y volvió a ceder, de modo que hoy está 13,2% por debajo de 2023. El dato tiene una consecuencia directa sobre el año. Si la actividad se mantuviera en el nivel del segundo trimestre durante lo que resta de 2026, el crecimiento anual sería de apenas 1,3%, lo que representa el arrastre estadístico. Para alcanzar nuestra proyección de 2,2% la economía debería avanzar cerca de 1,2% trimestral desestacionalizado en el tercero y en el cuarto trimestre, un ritmo muy superior al 0,4% promedio de los últimos seis meses. Los primeros datos del tercer trimestre no muestran ese cambio de tendencia: en julio la industria manufacturera cayó 5,0% m/m desestacionalizado —su menor nivel desde junio de 2024, con una

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baja acumulada de 2,6% i.a. en el año—, la construcción retrocedió 4,6% y volvió al piso de marzo pese a acumular 1,7%, e incluso minería y petróleo, que crece 7,7% i.a. y sigue siendo uno de los motores, encadenó dos meses de caída. Sostener un ritmo elevado en la segunda mitad del año luce desafiante y aumenta la probabilidad de un ajuste a la baja de la estimación. Es por esto, que las estimaciones de actividad presentadas esta semana en el Presupuesto 2027 sufrieron correcciones, pero igualmente quedaron algo optimistas. El supuesto de crecimiento para 2026 pasó de 5,0% a 3,0%, aún por encima del arrastre y del consenso. Para 2027 proyecta 4,0%, contra 2,9% del último REM y 2,5% de nuestra estimación, apoyado en una inversión que subiría 9,2% después de caer 2,1% en 2026 y en un consumo privado que crecería 3,4%. Es un escenario que exige condiciones de crédito y confianza que hoy no están. En precios, en cambio, la estimación luce más realista: la inflación proyectada para 2026 pasó de 10,1% a 29,0%, en línea con el consenso de 30%, y para 2027 se prevé 18%, algo por debajo del 20% del REM. La contracara es cambiaria: el dólar pasaría de $1.600 en diciembre de 2026 a $1.847,6 un año después (+15,5%), por debajo de la inflación, de modo que el escenario oficial supone una nueva apreciación real en un año electoral. En síntesis, el freno del segundo trimestre es la manifestación más clara del trilema: acumulación de reservas, la inflación y el nivel de actividad. La misma estrategia que sostiene la desinflación —tasas altas y ancla cambiaria— es la que limita la actividad, y el costo en términos de crecimiento se vuelve cada vez más relevante frente a lo que aporta en materia de precios.

Finanzas y mercados El endurecimiento de las condiciones financieras globales se profundizó esta semana, luego de que la Reserva Federal elevara su tasa de referencia por primera vez en más

de tres años. En este contexto, el aumento de las tasas internacionales incrementa el costo de financiamiento para Argentina y retrasa la vuelta del Gobierno a los mercados internacionales. La Reserva Federal de Estados Unidos, por unanimidad de los 12 miembros del FOMC, elevó la tasa de referencia en 25 p.b., hasta el rango de 3,75%-4,00%, en la primera suba desde julio de 2023. La decisión se dio en un contexto en el que

la actividad económica continúa sólida, el mercado laboral mantiene cierta resiliencia, pero la inflación permanece por encima del objetivo del 2%. En este marco, la Fed señaló que la decisión busca favorecer un retorno más oportuno de la inflación a su meta. Los últimos datos económicos reforzaron la necesidad de mantener esta postura monetaria más restrictiva. En agosto, el IPC estadounidense aumentó 0,4% mensual y 3,4% interanual -muy lejos del target-, con

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economía

el precio de la nafta explicando más de un tercio del incremento mensual, luego del recrudecimiento del conflicto. A su vez, la inflación núcleo avanzó por encima de lo esperado reforzando las probabilidades de que el organismo suba las tasas en septiembre. Por el lado del mercado laboral, en agosto se crearon tres veces más puestos de trabajo de lo esperado y la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, reflejando una economía que continúa mostrando capacidad de generación de empleo. El cambio de esta semana en las expectativas de política monetaria respecto de marzo resulta significativo. En aquel momento, el dot plot mostraba que la mayoría de los miembros de la autoridad monetaria esperaba mantener la tasa sin cambios durante 2026 y comenzar con las subas recién en 2027. Sin embargo, la persistencia de las presiones inflacionarias y la continuidad del conflicto en Medio Oriente llevaron a revisar al alza la trayectoria esperada de tasas: actualmente la mediana de las proyecciones ubica la tasa de política en 4,125% a fines de 2026, lo que supone una suba adicional respecto del nivel actual. No obstante, las expectativas del mercado muestran una trayectoria algo más gradual. Los futuros de Fed Funds asignan actualmente una probabilidad relevante a una nueva suba, aunque recién en enero de 2027. En este contexto, la evolución de la inflación en los próximos meses, el desarrollo del conflicto en Medio Oriente y las elecciones de medio término en Estados Unidos serán factores clave para determinar el ritmo de la política monetaria. El endurecimiento de la política monetaria, además, no se limita solamente a Estados Unidos. A partir del segundo trimestre del año, varios bancos centrales ya habían comenzado a endurecer su política monetaria también con subas de 25 p.b en su mayoría: el Banco Central Europeo, Nueva

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Zelanda, Dinamarca y Hong Kong -entre otros países-. Además, esta semana se sumó el Banco de Japón, que llevó su tasa a 1,25%, el nivel más alto desde 1995. Este giro hacia condiciones monetarias más restrictivas responde a la persistencia de las presiones inflacionarias, en un contexto de mayores tensiones geopolíticas, pero principalmente a las crecientes preocupaciones por la sostenibilidad fiscal de las principales economías. El encarecimiento de la energía vinculado al conflicto en Medio Oriente agrega presión sobre la inflación, mientras que el mayor endeudamiento público mantiene elevados los rendimientos de los bonos soberanos de largo plazo. Para Argentina, este escenario representa un desafío adicional. El aumento de las tasas internacionales eleva el costo de financiamiento externo y, por lo tanto, la tasa que debería convalidar el país para acceder nuevamente a los mercados de capitales. En este contexto, una eventual colocación de deuda soberana enfrentaría condiciones menos favorables y la hace menos probable, dada la postura del Gobierno de no convalidar tasas que considere excesivas. Por otro lado, en el plano local, el BCRA amplió el cupo de tenencia de títulos públicos para las entidades financieras, permitiendo que las posiciones que anteriormente estaban concentradas en LECAP puedan rotarse hacia otros títulos en pesos, incluidos los dólar linked y duales. La medida amplía el universo de instrumentos que los bancos pueden incorporar, lo que podría favorecer una mayor demanda por títulos dólar linked y dual -no tan de corto plazo como los de tasa fija-, contribuyendo a una compresión de sus rendimientos. Esto cobra relevancia de cara a los próximos vencimientos (más de $100 bn hasta diciembre 2026, contando público y privado) y a la estrategia del Tesoro de lograr rollover cercano al 100%.

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economía

Opinión

BRICS: entre la diversificación económica y la disputa por el orden internacional Lucía DÍAZ COLL Licenciada en Relaciones Internacionales. Asistente de Comunicación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en América del Sur. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano.

La última cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre, volvió a mostrar una realidad difícil de ignorar. El grupo ya no puede ser leído únicamente como un foro de economías emergentes. Su expansión, la incorporación de nuevos miembros y socios y la ampliación de su agenda lo han convertido en una plataforma con peso económico, institucional y geopolítico creciente. La declaración final reafirmó la voluntad de profundizar la cooperación política, económica y financiera, y de promover una gobernanza internacional más representativa. La pregunta no es si los BRICS reem-

plazarán pronto al orden internacional liderado por Occidente. La evidencia sugiere algo más complejo. El grupo creó mecanismos propios, ganó capacidad de negociación y amplió las alternativas disponibles para sus miembros, pero continúa inmerso en las instituciones y mercados existentes. Al mismo tiempo, para países como China y Rusia, ofrece algo adicional. Un espacio desde el cual promover una distribución distinta del poder global. Esa doble dimensión —económica y geopolítica— es precisamente la que obliga a prestarle especial atención. La ampliación aumentó su relevancia, pero también su heterogeneidad. En una misma estructura conviven democracias y regímenes autoritarios, economías con niveles de desarrollo muy distintos y gobiernos con vínculos estratégicos divergentes. India y Brasil han tendido a considerar a los BRICS como un instrumento para ampliar la representación del Sur Global y aumentar su autonomía sin romper con las instituciones existentes. China y Rusia, en cambio, asignaron al

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grupo un papel más explícito en la construcción de un orden multipolar y en la reducción del predominio occidental. En Nueva Delhi, Xi Jinping volvió a definir al ascenso del Sur Global como un impulsor de la multipolaridad y presentó a los BRICS como una plataforma central de esa transformación. Los BRICS pueden funcionar, al mismo tiempo, como foro de cooperación, mecanismo de presión reformista y plataforma de proyección estratégica. La evolución financiera del grupo lo demuestra. Tras la crisis de 2008, los entonces BRIC intensificaron su coordinación dentro del G20 y reclamaron una mayor representación de las economías emergentes en el Fondo Monetario Internacional. Cuando esas reformas avanzaron lentamente, desarrollaron instrumentos propios. El Nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reservas de Contingencia ampliaron las opciones de financiamiento y protección de sus miembros, pero no sustituyeron al Banco Mundial ni al FMI. Más que una ruptura, representaron una es-

trategia de diversificación y contrapeso. Algo similar ocurre con la desdolarización. Los BRICS han promovido un mayor uso de monedas locales y mecanismos de pago transfronterizos, pero todavía no existe una moneda común capaz de competir con el dólar como activo de reserva global. Reducir dependencia en determinados intercambios no equivale a construir una arquitectura monetaria alternativa. Ese límite también refleja la heterogeneidad interna. India puede buscar una menor exposición al dólar sin aceptar una estructura financiera dominada por el yuan. Brasil puede aspirar a una mayor autonomía internacional sin transformar esa búsqueda en una política de confrontación con Europa o Estados Unidos. Los miembros coinciden más fácilmente en ampliar su margen de acción que en definir un orden alternativo compartido. Por eso, interpretar cada acercamiento a los BRICS como un alejamiento de Occidente es simplificarlo. Para muchos países del Sur Global, participar simultáneamente en distintos espacios es una estrategia racional de diversificación. Más mercados, fuentes de financiamiento y socios comerciales pueden reducir vulnerabilidades y ampliar márgenes de decisión. Desde una perspectiva liberal, ese proceso puede ser positivo. La competencia entre instituciones puede generar incentivos para mejorar aquellas que durante décadas ocuparon posiciones dominantes. Sin embargo, más alternativas no significa que todas sean equivalentes ni que la dimensión política deba quedar fuera del análisis. El comercio puede desarrollarse entre países con regímenes muy diferentes, y limitarlo exclusivamente a las democracias sería impracticable y económicamente costoso. Pero las instituciones importan. Las empresas

invierten y comercian bajo marcos jurídicos concretos. La protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la transparencia, la estabilidad regulatoria y los límites a la arbitrariedad estatal inciden directamente sobre el riesgo económico. Por eso conviene distinguir entre apertura y dependencia. No implica el mismo riesgo exportar bienes a un mercado, que concentrar infraestructura crítica, tecnología estratégica o cadenas esenciales de suministro en un único proveedor. Una política comercial abierta no exige indiferen-

cia, no bastará con exigir alineamientos, deberá ofrecer crecimiento, acceso a mercados, inversión, financiamiento y reglas confiables. Los BRICS, por lo tanto, no deberían evaluarse únicamente por cuánto avanzan en comercio, financiamiento o cooperación tecnológica. También deben ser observados como una plataforma estratégica cuya relevancia puede crecer a medida que se profundice la competencia por las reglas y la arquitectura del sistema internacional. Ese aspecto adquirirá aún mayor

“

Los BRICS pueden funcionar, al mismo tiempo, como foro de cooperación, mecanismo de presión reformista y plataforma de proyección estratégica cia frente a estas diferencias; exige evaluarlas sin convertir la seguridad económica en una justificación automática para el proteccionismo. La expansión de los BRICS también interpela a Europa y Estados Unidos. Parte de su atractivo reside en la percepción de numerosos países de que las instituciones creadas en el siglo XX ya no reflejan adecuadamente la distribución contemporánea del poder. La declaración de Nueva Delhi volvió a reclamar una gobernanza internacional más representativa y una mayor participación de las economías emergentes en la definición de sus reglas. Si Occidente pretende conservar influen-

importancia en 2027 cuando China asuma la presidencia del grupo, tal como confirmó la declaración de Nueva Delhi. Beijing presenta a los BRICS como una pieza central de la cooperación del Sur Global y de la construcción de un mundo multipolar; Xi Jinping volvió a expresarlo de manera explícita durante la cumbre. Rusia comparte, con sus propias prioridades, el interés por un orden menos concentrado en Occidente. Por eso, la pregunta más relevante no es si los BRICS sustituirán al sistema actual, sino hasta qué punto podrán modificar sus reglas, sus equilibrios y las opciones estratégicas disponibles para otros países.

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comercio exterior

Opinión

Seguridad corporativa y su impacto en el EBITDA Dr. Julio THEAUX Ph.D. en Ciencias Económicas Empresariales | Delegado LATAM en Roca Defense & Systems| Investigador y Director de Investigaciones FAE-UdeMM | Vicepresidente ASIS Capítulo 215.

Por qué la mitigación de riesgos en la cadena de suministro internacional ya no es un gasto operativo, sino una inversión directa en la rentabilidad del negocio. En el complejo tablero del comercio internacional contemporáneo, las disrupciones en la cade na de suministro han dejado de ser anomalías transitorias para convertirse en variables constantes. Tradicionalmente, las empresas exportadoras han abordado la seguridad de sus operaciones

bajo un paradigma reaccionario y físico: un costo ineludible, un ítem más en la extensa columna de gastos operativos (OPEX) destinado a cumplir normativas básicas, instalar tecnología de vigilancia o contratar pólizas de seguros. Sin embargo, en un entorno global caracterizado por la volatilidad geopolítica, la hiperconectividad y las amenazas híbridas, esta visión no solo resulta insuficiente, sino financieramente peligrosa. Hoy, la mitigación de riesgos en la cadena de suministro internacional exige un enfoque integral y sofisticado que cruce la barrera operativa para anclarse de manera directa en la estrategia financiera de la compañía. Gestionar las vulnerabilidades logísticas a través de un modelo de Enterprise Security Risk Management (ESRM) ya no se trata simplemente de evitar pérdidas por robos o siniestros; se trata de proteger el Profit & Loss (P&L) y asegurar el EBITDA. En el nuevo desorden global, el Director de Segu-

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ridad Corporativa (CSO) y el Director Financiero (CFO) deben hablar el mismo idioma, entendiendo que cada eslabón asegurado en la cadena de exportación es un punto de rentabilidad blindado frente a la incertidumbre.

1. El nuevo paradigma del riesgo global y el costo oculto de la vulnerabilidad logística El comercio exterior opera hoy en un escenario de fragmentación geopolítica. La reconfiguración de las cadenas de valor impulsada por el nearshoring y el friendshoring , las tensiones en corredores marítimos estratégicos (como el Mar Rojo, el Estre cho de Taiwán o las sequías en el Canal de Panamá) y el auge del crimen organizado transnacional exigen un nivel de inteligencia económica y previsión sin prece dentes. A esto se suman las amenazas cibernéticas que pueden paralizar operaciones portuarias enteras en

cuestión de segundos. En este contexto, la vulnerabilidad logística esconde costos que rara vez se analizan en su totalidad. Cuando ocurre un siniestro —ya sea el robo de un contenedor de alto valor, la contaminación de la carga con sustancias ilícitas, o una demora crítica en aduana por fallas de cumplimiento normativo —, el análisis financiero tradicional suele limitarse al valor de reposición de la mercadería o al deducible del seguro. Esto es un error de cálculo fundamental. El “efecto multiplicador” de la pérdida. El verdadero impacto en el P&L se comprende a través del efecto multiplicador financiero. Si una empresa exportadora opera con un margen de beneficio neto del 10%, y sufre el robo o la pérdida de mercadería valuada en USD 100.000, el daño real no son esos cien mil dólares. Para recuperar la rentabilidad neta perdida en ese siniestro, la compañía deberá generar USD 1.000.000 en ventas adicionales.

“

Ante dos ofertas de similar calidad y precio, el comprador internacional elegirá indefectiblemente al proveedor que garantice resiliencia, trazabilidad y cumplimiento normativo A este impacto directo hay que sumarle los costos ocultos e indirectos: l Costos de reposición acele-

rada: Fabricar y enviar la mercadería de reemplazo por vías más costosas (ej. flete aéreo urgente en lugar de marítimo) para intentar salvar la relación comercial. Penalidades por incumplimiento: Multas establecidas en l

los contratos internacionales por retrasos en las entregas. l Daño reputacional: La pérdida de confianza del cliente internacional, que en mercados altamente competitivos suele traducirse en la no renovación de contratos y la búsqueda de proveedores más confiables. l Costos de investigación y litigio: Honorarios legales y horashombre dedicadas a resolver el in-

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cidente, desviando recursos de las actividades core del negocio. Visto bajo este prisma, la falta de una estrategia de seguridad corporativa robusta actúa como un agujero negro que devora sistemáticamente los márgenes de ganancia.

2. Impacto directo en el EBITDA y el P&L: Tres ejes fundamentales Integrar la seguridad bajo el modelo ESRM significa alinear la gestión de riesgos con los objetivos estratégicos de la empresa. Esta integración genera un impacto directo y medible en el EBITDA a través de tres ejes financieros críticos:

A. Reducción de costos operativos y optimización de primas de seguros El mercado de seguros de carga internacional se ha endurecido significativamente en los últimos años debido a la siniestralidad global. Las aseguradoras ya no evalúan solo el destino de la carga, sino la madurez del programa de seguridad del

exportador. Una corporación que puede de mostrar un programa de ESRM sólido — con trazabilidad sate lital en tiempo real, auditorías exhaustivas a proveedores logísticos, rutas dinámicas basadas en inteligencia de amenazas y pro tocolos de respuesta a incidentes— cambia su perfil de riesgo. Al pasar de ser un tomador de riesgo “reactivo” a uno “proactivo”, la empresa obtiene un poder de negociación sustancial para: l Reducir el valor de las primas de seguros. l Disminuir los deducibles. l Eliminar exclusiones de póliza que de otro modo dejarían a la empresa financieramente expuesta.

La diferencia entre pagar una prima estándar y una optimizada mediante gestión de riesgos es dinero que fluye directamente al EBITDA, transformando lo que antes era un gasto opaco en una

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estructura de costos eficiente.

B. Protección de ingresos (Revenue Protection) y cumplimiento de SLAs El ingreso no se consolida cuando la mercadería sale de la fábrica, sino cuando llega en tiempo, forma y calidad al cliente final en el extranjero. Los Service Level Agreements (SLAs) internacionales son cada vez más estrictos. Las grandes cadenas de retail y manufactura en Norteamérica, Europa y Asia operan bajo esquemas Just-in-Time (JIT), donde un retraso de 24 horas paraliza líneas de producción o vacía góndolas. La seguridad corporativa actúa aquí como el garante del Revenue Protection . Al anticipar disrupciones (por ejemplo, mediante inteligencia geopolítica que alerta sobre huelgas portuarias, cortes de rutas o riesgos de piratería), la empresa puede pivotar sus operaciones logísticas a tiempo. Garantizar la continuidad del negocio asegura el flujo de caja, evita penalidades contractuales y

retiene a los clientes Tier 1, que son los que mejores márgenes aportan al negocio.

C. Eficiencia en el capital de trabajo y reducción del “Buffer Stock” Desde la perspectiva del CFO, el capital de trabajo atrapado en inventario inmovilizado es ineficiente. Ante la desconfianza en la cadena de suministro, las empre sas suelen recurrir a la creación de buffer stocks o inventarios de seguridad: fabrican y envían mercadería de más “por si algo pasa” en el camino. Este inventario de seguridad conlleva altos costos de almacenamiento, seguros adicionales, riesgo de obsolescencia y, lo más crítico, inmoviliza capital (Caja) que podría estar generando retornos o financiando el crecimiento. Una cadena de suministro protegida y predecible permite operar con inventarios más ajustados (Lean

Logistics). Cuando la dirección confía en que la mercadería no será robada ni retenida, puede liberar ese capital de trabajo, mejorando drásticamente el Cash Flow y la salud financiera general de la corporación.

3. La mitigación de riesgos como ventaja competitiva y argumento de ventas Si tradicionalmente la seguridad ha sido vista como un área defensiva, el panorama actual la posiciona como un motor de crecimiento ofensivo. En los mercados más maduros y exigentes del mundo (como Estados Unidos y la Unión Europea), la mitigación de riesgos ha dejado de ser un “plus” para convertirse en una barrera de entrada comercial. Los compradores internacionales de gran envergadura exigen a

sus proveedores argentinos y latinoamericanos el cumplimiento de normativas estrictas para pro teger sus propias cadenas de suministro contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dine ro. Programas como el C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) en EE. UU., o el OEA (Operador Económico Autorizado) promovido por la Organización Mundial de Aduanas, son certificaciones que auditan los procesos de seguridad física, lógica y documental. Estar certificado y contar con estándares internacionales (como ISO 28000 en seguridad de la cadena de suministro o ISO 31000 en gestión de riesgos) transforma el perfil de la empresa exportadora. De centro de costos a habilitador de negocios: Para el Director Comercial y sus equipos de ventas en el exterior, la seguridad corporativa se convierte en

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un poderoso argumento de cie rre de contratos. Ante dos ofertas de similar calidad y precio, el comprador internacional elegirá indefectiblemente al proveedor que garantice resiliencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Mostrar a un cliente potencial cómo la empresa gestiona y mitiga los riesgos geopolíticos, de seguridad física y cibernética de su carga genera una confianza invaluable. La seguridad cierra ne gocios; la falta de ella, los pierde.

Conclusión: El rol estratégico del liderazgo y el gobierno corporativo La disociación entre las finanzas, las ventas y la seguridad es un error conceptual que las empre sas con aspiraciones globales no pueden permitirse. Superar este paradigma requiere un cambio profundo en el gobierno corpo rativo. Los directorios, liderados

“

en un mundo donde el riesgo es la única certeza, la resiliencia logística es la moneda más valiosa por sus CEOs, CFOs y Directores Comerciales, deben integrar a la seguridad corporativa en la evaluación de proyectos de exportación desde el minuto cero, y no como una reacción tardía ante un incidente. La inteligencia económica, el análisis geopolítico y el Enterprise Security Risk Management deben converger en un mismo table ro de control. El liderazgo debe exigir métricas de seguridad que hablen el idioma del negocio: retorno sobre la inversión (ROI) de los sistemas de mitigación,

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reducción porcentual de primas, días de inventario recuperados y siniestralidad evitada. En definitiva, en un mundo donde el riesgo es la única certeza, la resiliencia logística es la moneda más valiosa. Financiar la protección de la cadena de suministro internacional no es un peaje que se paga para poder operar; es una inversión estratégica que defiende la rentabilidad, viabiliza el crecimiento sostenible y, en última instancia, protege férreamente el EBITDA de la compañía en el mercado global.

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Opinión

Cálculo de intereses sobre deudas aduaneras en dólares Fin de la discusión Dr. Juan Pedro ARANCEDO Abogado especializado en derecho aduanero y comercio exterior. Socio del Estudio Soto Arancedo. www.sotoarancedo.com.ar

En esta oportunidad quisiera abordar el tema de la tasa de interés aplicada por la Aduana para las liquidaciones de deudas de tributos aduaneros expresadas en dólares. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicto sentencia en los autos “CAF 38946/2017/CA1CS1. Colecction SRL (TF 32281-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo.” La cual representa un hito jurisprudencial de máxima relevancia en el derecho aduanero, al poner un freno al ejercicio intemperante de las facultades reglamentarias de la Administración y restituir la vigencia de los principios constitucionales de reserva de ley y razonabilidad tributaria. Es un tema de total actualidad ya que

afecta directamente la práctica de los operadores del comercio exterior y por el cual se repiten las consultas de importadores, exportadores y despachantes de aduana, particularmente en los casos de deudas litigiosas o de cierta antigüedad. Esta discusión respecto a la tasa de interés aplicable a las deudas aduaneras fijadas en dólares viene desde hace muchos años siendo objeto de análisis y debate por lo que en el año 2025 escribí el artículo titulado “Cálculo de intereses sobre deudas aduaneras en dólares”, publicado en marzo de 2025 en la edición N° 236 de la revista Desafío Exportar. A modo de presentación del tema que nos convoca debemos partir del análisis del artículo 794 del Código Aduanero, el cual establece que vencido el plazo de diez días desde la notificación del acto administrativo por el cual la Aduana efectuó una liquidación de tributos el deudor deberá pagar, juntamente con los mismos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. El referido artículo no indica cuál es

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esa tasa de interés, sino que remite a lo que fije el Poder Ejecutivo Nacional, pues indica que debe ser fijada por la Secretaría de Estado de Hacienda. A través de los años se dictaron distintas resoluciones del Ministerio de Economía en las cuales se establecieron las tasas de interés aplicables para las deudas de tributos aduaneros. Pero estas resoluciones no diferenciaron los intereses aplicables para deudas en pesos o en dólares lo que generó una distorsión absoluta ya que el Fisco decidió aplicar la misma tasa para ambas. Para las deudas en pesos los intereses fijados son muy altos porque están concebidos para aplicarse sobre una moneda que sufrió una brutal depreciación por la inflación y apuntan a actualizar el valor real de la deuda en cuestión. Ahora bien, si esa tasa de interés pensada para el peso, con todas sus devaluaciones a cuestas, la aplicamos a una deuda en dólares se genera un cálculo disparatado ya que, si tomamos como base una moneda dura, la

convertimos a pesos al día de hoy y le aplicamos un interés pensado para actualizar el valor real de una deuda expresada en una moneda devaluada (peso) arribaremos a un resultado absolutamente arbitrario y desproporcionado que no se condice con el valor real adeudado. Entonces hoy la Aduana por un lado, actualiza el valor de la deuda aduanera mediante la conversión del monto expresado en dólares a pesos al tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Nación el día anterior al efectivo pago, lo cual genera una verdadera actualización del monto por ajuste inflacionario del tipo de cambio, y, por otro lado, a ese monto actualizado se lo vuelve a indexar al aplicarle una muy elevada tasa de interés pensada para recomponer el valor de las deudas en pesos duramente golpeadas por los años de inflación sufridos por nuestro país. Este doble e injustificado mecanismo de ajuste elegido por la Aduana arroja un resultado ridículamente elevado y arbi-

trario que nada tienen que ver con la preservación del valor histórico adeudado y el cómputo de intereses por el transcurso del tiempo, pues duplica la deuda en términos reales y -a la postre -, deviene en un enriquecimiento sin causa del Fisco. En el año 2019 el Ministerio de Hacienda dicto la resolución N° 598/19 en la que corrigió la omisión y diferenció la tasa de interés aplicable a las deudas aduaneras en pesos y en dólares. Esto constituyó un gran avance a los fines de traer razonabilidad a la hora de establecer los intereses aplicables a las deudas aduaneras en dólares ya que fija un interés del 0,83 % para los intereses resarcitorios y del 1% para los intereses punitorios. Asimismo, en los años siguientes el Ministerio de Economía dicto otras resoluciones que ratifican el criterio adoptado por la resolución 598/2019. De esta forma se corrigió la falta de distingo que regía hasta el año 2019 y se estableció una tasa de interés pura y razonable para aplicar a una

deuda de valor (capital en moneda dura), no depreciada por la inflación. Es decir, se fijó una tasa que representa la compensación por el transcurso del tiempo sobre una deuda de valor, pero que no la desnaturaliza ni se transforma en una fuente de enriquecimiento sin causa para el Fisco. Y otra tasa para las deudas en pesos, que cumple la doble función de compensar la depreciación de nuestra moneda y de fijar un interés sobre ese capital recompuesto. A partir de estos antecedentes analizaremos el citado fallo de la CSJN que pone fin a la discusión y sienta la doctrina aplicable para el cálculo de los intereses correspondientes a las deudas aduaneras fijadas en dólares. En primer lugar, debemos partir de la determinación de obligaciones aduaneras establecido mediante la Ley 23.905 y RG AFIP 3271/02. El artículo 20 de la Ley 23.905 establece con claridad que los derechos de importación, de exportación y demás

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tributos aduaneros se determinarán expresamente en dólares estadounidenses. Si bien su cancelación puede efectivizarse en moneda nacional, la equivalencia debe fijarse conforme al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) correspondiente al día hábil anterior al del efectivo pago (criterio ratificado en el precedente de la CSJN “Volkswagen Argentina SA”, Fallos 334:1080). En idéntica línea, la Resolución General (AFIP) 3271/02 (artículo 1°, incisos a y b) prevé la conversión a pesos al tipo de cambio vendedor del BNA del día hábil previo al pago y dispone que los intereses aduaneros se calcularán sobre el capital adeudado —en pesos— hasta la fecha de su cancelación, con ajuste al artículo 794 del Código Aduanero. Por su parte, el artículo 794 del Código Aduanero establece un límite legal impositivo al otorgar la facultad de fijar la tasa de interés resarcitorio a la Secretaría de Estado de Hacienda, pero le impone una restricción legal imperativa en su parte final: “...no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de docu-

“

El pronunciamiento dictado por la CSJN en fallo “Colecction SRL” se consolida como un hito jurisprudencial de máxima relevancia en el derecho aduanero mentos comerciales”. Oportunamente, en ejercicio de dicha delegación, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dictó la Resolución 841/10 (publicada el 14/12/2010), sustitutiva del artículo 1° de la Resolución 314/04. Dicha

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norma fijó una tasa de interés resarcitorio unificada del 3% mensual (36% anual) aplicable indistintamente a deudas impositivas (art. 37, Ley 11.683) y aduaneras (art. 794, Código Aduanero). La grave falencia del esquema radicó

en que la autoridad administrativa omitió ponderar que las deudas aduaneras se determinan en dólares estadounidenses, absteniéndose de fijar una tasa diferenciada conforme a la moneda de origen de la obligación.

Fundamentos centrales del fallo de la CSJN Al resolver la causa, el Máximo Tribunal desplegó un estricto control de razonabilidad sobre el ejercicio de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo en la determinación de acreencias accesorias. El Tribunal estableció que el límite fijado por el artículo 794 del Código Aduanero no puede analizarse en forma aislada, sino coordinadamente con el artículo 20 de la Ley 23.905 y la RG (AFIP) 3271/02. En este punto, la Corte enfatizó la vigencia irrestricta del tope legal es-

tatuido por el legislador, recordando la cita textual imperativa del artículo 794 del Código Aduanero: “...[L]a tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.” El Test de Razonabilidad y la Evidencia Estadística. La CSJN formuló categóricamente la premisa dogmática de correspondencia monetaria: “...si los intereses de obligaciones tributarias aduaneras deben ser calculados sobre el capital adeudado en dólares estadounidenses -convertido a pesos al tipo de cambio vendedor vigente al día hábil anterior al del efectivo pago-, resulta razonable interpretar que el límite al que hace referencia el artículo 794 del Código Aduanero debe guardar correspon-

dencia con la tasa de interés mensual que se aplicaba a obligaciones expresadas en la misma moneda, es decir, en dólares estadounidenses.” A partir de esta premisa, la deconstrucción técnico-financiera realizada por el Tribunal desnudó el vicio de falta de razonabilidad de la norma impugnada. Por un lado, se parte de un fundamento erróneo, la tasa del 3% mensual de la Resolución 841/10 se calculó sobre la base de la tasa activa promedio del BNA para descuento de documentos en pesos (que ascendía al 1,55% mensual en diciembre de 2010). La misma se aplicó indistintamente a deudas aduaneras porque el BNA no registraba una tasa activa para descuento de documentos comerciales en dólares estadounidenses. Seguidamente, apoyándose en consolidada jurisprudencia (Fallos: 234:482; 310:267), la Corte evaluó los efectos

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prácticos de la norma para verificar su razonabilidad dentro del ordenamiento jurídico. Según el Boletín Estadístico del BCRA de noviembre de 2010, la mayor tasa nominal anual en moneda extranjera cobrada por entidades oficiales era del 5,91% (rubro “Otros adelantos de moneda extranjera”). Lo analizado deviene en una clara inconsistencia matemática ya que si se aplicaba la pauta del artículo 794 del Código Aduanero (duplicar la tasa de referencia del mercado), el techo legal para deudas en moneda extranjera daba una cifra inferior al 12% anual. Por ende, la tasa del 36% anual fijada por la Resolución 841/10 superaba en más de tres veces el límite tope legalmente admitido. Por último, se destaca la ausencia de justificación, la Corte en la citada sentencia señaló que la norma reglamentaria no ofreció motivación alguna que justificara semejante desproporción como compensación razonable por la indisponibilidad del capital (Fallos: 323:3412, “Neumáticos Goodyear S.A.”). En este sentido, el considerando 8° estableció categóricamente:

“Esta Corte tiene declarado que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del cual forma parte es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 310:267, entre otros)... No se aprecian motivos, ni la resolución 841/10 brinda razón alguna para sostener que el modo en que fija la tasa de los intereses resarcitorios ‘más allá de lo normal’ resulte una compensación razonable por la indisponibilidad del capital, aun teniendo en consideración las razones de bien común que priman en la regular y tempestiva recaudación de las rentas públicas (conf. arg. de Fallos: 323:3412 ‘Neumáticos Goodyear S.A.’), lo que revela la manifiesta desproporción de la tasa impugnada.” El Máximo Tribunal observó que la propia administración pública terminó reconociendo la distorsión del régimen al dictar la Resolución (MH) 598/19 (modificada por la Res. 559/22). Dicha norma derogó el esquema unificado anterior e introdujo un régimen de tasas diferenciales para acreencias en dólares

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estadounidenses: fijó una tasa del 0,83% mensual (9,96% anual) para intereses resarcitorios (art. 1° y 3°) y del 1% mensual (12% anual) para intereses punitorios (art. 2° y 3°). La tasa resarcitoria del 9,96% anual representa menos de un tercio de la tasa del 36% anual impuesta por la derogada Resolución 841/10. Al examinar esta reforma reglamentaria, la Corte determino: “...previó ‘tasas diferenciales para obligaciones expresadas en dólares estadounidenses o que deban abonarse de acuerdo con el monto de categorías u otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago’... Conforme lo expuesto, la tasa de interés resarcitorio anual aplicable a las obligaciones tributarias aduaneras en virtud de la resolución 598/19 es del 9,96%, es decir, menos de un tercio de la tasa anual del 36% que estableció la derogada resolución 841/10 que aquí se discute.”

Conclusiones El pronunciamiento dictado por la CSJN en fallo “Colecction SRL” se consolida como un hito jurispru-

dencial de máxima relevancia en el derecho aduanero, ya que pone un claro freno al ejercicio intemperante de las facultades reglamentarias de la Administración y restituye la vigencia de los principios constitucionales de reserva de ley y razonabilidad tributaria. De la doctrina establecida por la Corte Suprema podemos vislumbrar tres reglas imperativas de observancia obligatoria: Regla de Homogeneidad Monetaria. La tasa de interés aplicable a deudas aduaneras expresadas originariamente en dólares estadounidenses debe guardar estricta correspondencia con las tasas activas vigentes en el mercado financiero para la misma moneda, resultando ilegítimo extrapolar tasas fijadas para deudas en pesos. Queda vedada la aplicación analógica de

tasas desproporcionadas concebidas para compensar la depreciación del peso (como el 3% mensual de la Res. 841/10) a pasivos constituidos en dólares estadounidenses. Toda liquidación que traslade índices inflacionarios a capitales en moneda dura incurre en un ajuste doble y en un enriquecimiento sin causa del Fisco. Regla de Infranqueabilidad del Tope Legal. Las resoluciones que dicte la Administración Pública en materia de intereses no pueden perforar el techo fijado por el artículo 794 del Código Aduanero, el cual prohíbe superar el doble de la tasa comercial de descuento del BNA correspondiente a la moneda de la deuda. Regla de Proporcionalidad y Razonabilidad. Configura una desproporción inconstitucional aplicar tasas en moneda extranjera que tripliquen la rea-

lidad del mercado financiero (como el 36% anual de la Res. 841/10 frente al tope legal inferior al 12% anual), lo que deviene en una penalidad encubierta o exacción injustificada desprovista de fundamento en la indisponibilidad del capital. A modo de cierre quisiera destacar que el fallo “Colecction SRL” reafirma de manera categórica que la potestad recaudadora del Estado en materia de accesorios tributarios encuentra un límite infranqueable en las pautas legales fijadas por el Congreso Nacional y en la garantía constitucional de razonabilidad de los actos administrativos. Con la doctrina sentada por la CSJN en el fallo en análisis se pone fin a un largo debate respecto de la tasa de interés aplicable a las deudas aduaneras consignadas en dólares.

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Opinión

Del corredor logístico al corredor de capacidades: dónde se juega el valor argentino Beatriz CÁCERES Lic. Comercio Internacional.

El Corredor Andes–Atlántico puede ampliar la capacidad argentina para exportar minerales y energía, pero su efecto transformador dependerá de algo menos visible que puertos, ductos o ferrocarriles: cuánto conocimiento, tecnología, ingeniería, servicios y empresas nacionales consiga incorporar el país a las nuevas cadenas estratégicas. Durante décadas, buena parte de la discusión sobre la inserción internacional argentina se concentró en cuánto más podía exportar el país. Esa pregunta sigue siendo relevante, aunque hoy resulta insuficiente, porque la reorganización de las ca-

denas globales obliga a mirar también cuánto valor nacional queda incorporado en aquello que se vende al exterior. Desde esa perspectiva, el lanzamiento del Corredor Andes–Atlántico entre Argentina y Estados Unidos debe leerse como algo más que un anuncio de infraestructura. La iniciativa busca conectar las regiones mineras del noroeste y Vaca Muerta con los puertos atlánticos y los mercados internacionales mediante transporte, energía, conectividad e infraestructura digital. El Build the Future Framework firmado con EXIM prevé movilizar financiamiento por hasta USD 7.000 millones hasta 2027 para proyectos elegibles; se trata de un marco potencial y no de recursos ya desembolsados. El contexto internacional ayuda a explicar por qué estas iniciativas ganaron relevancia. Las cadenas globales ya no se organizan únicamente por costos y eficiencia, sino también por seguridad de abastecimiento, resiliencia y dependencia tecnológica. En minerales críticos, esa preocupación es evidente, Chi-

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na pasó de representar alrededor del 15% de la capacidad mundial de fundición de cobre en 2005 a cerca del 50% en 2025. El cuello de botella no siempre está donde se encuentra el mineral, sino donde se lo procesa y transforma. Para Estados Unidos, diversificar proveedores puede reducir riesgos estratégicos; para Argentina, la cuestión es más exigente. Asegurar demanda, financiamiento e infraestructura puede aumentar las exportaciones, pero no determina quién fabricará los equipos, desarrollará el software, realizará la ingeniería sofisticada o conseguirá convertir proveedores locales en exportadores. Ambos objetivos pueden ser compatibles, aunque no son sinónimos. La minería muestra con claridad esta diferencia. En 2025, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron aproximadamente USD 6.073 millones, pero oro, litio y plata concentraron el 95,4% del total. En litio, Argentina ya realiza etapas de transformación química; sin embargo, la estrategia no tiene por qué consistir en reproducir toda la cadena hasta

una batería terminada. La pregunta relevante es en qué eslabones el país puede construir ventajas competitivas sostenibles, porque procesar más dentro de la frontera no garantiza por sí solo mayor productividad ni mayor valor doméstico. El cobre ofrece una oportunidad distinta, precisamente porque gran parte de la nueva escala productiva todavía está por construirse. Grandes proyectos requieren energía, agua, automatización, mantenimiento, software, ingeniería, monitoreo ambiental y servicios profesionales; por eso, el potencial no reside únicamente en el mineral extraído, sino también en formar una red de proveedores capaz de vender luego esas soluciones en otros mercados. La misma lógica puede aplicarse a

Vaca Muerta. Construir ductos y capacidad de evacuación es indispensable, pero el valor agregado comienza donde termina la infraestructura básica: convertir gas en GNL, utilizarlo como insumo petroquímico o para fertilizantes y, sobre todo, desarrollar ingeniería, automatización, software y servicios especializados capaces de trascender al proyecto original. Una cuenca energética puede exportar hidrocarburos y convertirse, al mismo tiempo, en un laboratorio para empresas que luego exporten conocimiento. Allí aparece uno de los activos argentinos menos visibles. Las exportaciones vinculadas con la Economía del Conocimiento alcanzaron aproximadamente USD 9.600 millones en 2025 y representaron más de la mitad de las exportaciones

de servicios. Software, inteligencia artificial, geología, analítica, ciberseguridad, IoT, servicios ambientales, ingeniería y logística pueden incorporarse a minería y energía aunque las estadísticas aduaneras sólo registren litio, cobre o GNL. Una tonelada exportada puede contener, por lo tanto, mucho más valor argentino que el que revela su composición física. Esta idea permite evitar una discusión binaria entre “exportar materias primas” e “industrializar todo”. Una etapa adicional de procesamiento puede incorporar valor, pero también resultar poco competitiva si depende de tecnología e insumos importados y opera con costos elevados; a la inversa, una exportación aparentemente primaria puede sostener una red sofisticada de servicios

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y proveedores locales. Lo decisivo es cuántas capacidades competitivas quedan instaladas. Por eso resulta útil incorporar una noción que podría denominarse “densidad exportadora”, no como un nuevo indicador estadístico, sino como una pregunta: además de saber cuántos dólares exporta un proyecto, ¿sabemos cuántas empresas, horas de ingeniería, soluciones tecnológicas, proveedores y capacidades argentinas están contenidas directa o indirectamente en esos dólares? Dos proyectos pueden exportar el mismo monto y, sin embargo, dejar detrás estructuras productivas muy diferentes. Nada garantiza que el Corredor Andes-Atlántico resuelva por sí solo este desafío. Es posible que aumenten la producción, la infraestructura y las exportaciones sin que crezcan en igual proporción la tecnología o los proveedores nacionales. Desarrollar proveedores locales tampoco significa proteger empresas ineficientes, sino utilizar la escala de los nuevos proyectos para elevar productividad, certificaciones y capacidades

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Una tonelada exportada puede contener mucho más valor argentino que el que revela su composición física hasta convertirlas en competidores internacionales. El verdadero salto aparecería cuando el corredor deje de ser solamente una vía de salida y se convierta también en un corredor de capacidades: cuando una mina demande software desarrollado en Argentina, cuando un proyecto de GNL forme ingenieros que después vendan servicios en otras cuencas o cuando un proveedor de Vaca Muerta consiga contratos en terceros países. Por eso, el éxito del Corredor Andes–Atlántico no debería medirse únicamente por toneladas transpor-

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tadas o crecimiento de las exportaciones. También habrá que observar cuánto valor agregado doméstico contienen esas ventas, cuántas empresas argentinas lograron ingresar en las cadenas y cuántas consiguieron luego internacionalizarse. En última instancia, la prueba más exigente no será cuánto consiga exportar el corredor, sino si las capacidades creadas a su alrededor pueden seguir compitiendo cuando se las separe del yacimiento que les dio origen. Sólo entonces Argentina habrá convertido una ventaja geológica en una ventaja productiva.

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Opinión

La IA no necesita rebelarse para cambiarlo todo Gustavo IGLESIAS CEO de Bowery. choosebowery.com

Durante décadas imaginamos el riesgo de la inteligencia artificial de una manera bastante cinematográfica: una máquina alcanza cierto nivel de inteligencia, adquiere conciencia, concluye que los humanos somos el problema y decide actuar en nuestra contra. Hollywood hizo el resto. Hoy algunas de esas preguntas dejaron de pertenecer exclusivamente a la ciencia ficción y llegaron a las mesas de gobiernos, empresas tecnológicas y Naciones Unidas, pero quizás estamos mirando demasiado lejos y perdiéndonos una discusión mucho más cercana sobre lo que hacemos nosotros con esta tecnología. Dirijo una empresa de tecnología que decidió convertirse en AI-first y, desde ese lugar, no paso mis días

pensando si mañana una inteligencia artificial va a despertar con intenciones propias. Pienso en algo mucho más concreto: sistemas capaces de producir, analizar, programar, investigar y ejecutar tareas a una velocidad que empieza a superar ampliamente nuestra capacidad humana para revisar todo lo que producen. La IA no necesita tener conciencia para equivocarse ni malas intenciones para amplificar un error; alcanza con darle suficiente autonomía, acceso a sistemas reales y un objetivo mal definido.

Hay riesgos que exceden a una empresa Sería ingenuo minimizar la otra conversación. La posibilidad de que modelos cada vez más capaces sean utilizados para desarrollar armas, potenciar ciberataques o facilitar amenazas químicas o biológicas es objeto de discusión entre gobiernos, investigadores y los propios laboratorios que construyen estos sistemas. Naciones Unidas viene avanzando además sobre la gober-

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nanza internacional de la IA y sobre los límites aplicables a sistemas de armas autónomas. Son problemas enormes y requieren respuestas que exceden ampliamente a cualquier empresa individual. Necesitamos gobiernos, acuerdos internacionales, investigación en seguridad y compañías tecnológicas dispuestas a asumir la responsabilidad que implica construir sistemas cada vez más poderosos. Pero si llevamos toda la conversación sobre IA hacia esos escenarios, corremos otro riesgo: hacer que millones de empresarios sientan que esta tecnología es algo peligroso que conviene observar desde lejos. Y creo exactamente lo contrario. No todos podemos decidir cómo se gobierna la inteligencia artificial en el mundo. Pero todos podemos decidir cómo se gobierna la inteligencia artificial que ponemos en funcionamiento.

Nuestro metro cuadrado también importa Para una empresa que exporta

alimentos, manufactura, software o servicios profesionales, el riesgo cotidiano de la IA probablemente no sea una máquina rebelándose. Es mucho más mundano: compartir información sensible con el modelo equivocado, automatizar una decisión que necesitaba criterio humano, generar una respuesta incorrecta a un cliente, construir una solución costosa para un problema que no existía o llenar la organización de herramientas que seis meses después nadie utiliza. Y justamente por eso gobernanza no debería ser sinónimo de miedo ni burocracia. Debería ser una manera de adoptar más rápido y mejor. Particularmente en América Latina, donde nuestras empresas compiten contra organizaciones con mayor acceso a capital, mercados más grandes y estructuras tecnológicas más sofisticadas, la IA representa una de las oportunidades de productividad más importantes

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Para América Latina la IA representa una de las oportunidades de productividad más importantes que hemos tenido en décadas que hemos tenido en décadas. Nos permite empezar a hacer algo que hasta hace poco parecía reservado a organizaciones mucho más grandes: multiplicar capacidad sin multiplicar estructura en la misma proporción. Y cuando hablo de IA no estoy hablando solamente de poner un chatbot a disposición de los

empleados. Estoy hablando de mirar una operación completa y preguntarse dónde una persona pasa horas cruzando documentos, órdenes, correos y planillas para tomar una decisión; dónde un equipo prepara manualmente información para una auditoría; dónde logística depende de mensajes para resolver excepciones; o dónde un gerente

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necesita reunir información de cinco sistemas antes de entender qué está pasando. Es ahí donde la IA deja de ser una curiosidad y empieza a convertirse en infraestructura operativa.

La IA no eliminó el cuello de botella, lo movió Lo veo dentro de nuestra propia empresa. Hace algunos años, frente a determinado volumen de trabajo, la respuesta natural era sumar personas. Hoy la primera pregunta es diferente: ¿qué parte necesita realmente juicio humano y qué parte podemos amplificar con tecnología? No se trata de reemplazar indiscriminadamente personas, sino de conseguir que el talento humano deje de gastar energía moviendo información y pueda concentrarse en tomar decisiones, relacionarse con clientes, detectar oportunidades y resolver las excepciones que realmente requieren experiencia. Es parecido a lo que hacemos todos los días cuando usamos un GPS. Le delegamos algo que hace mucho mejor que nosotros: procesar miles de variables y encontrar rápidamente un camino. Pero no dejamos de mirar por el parabrisas. Si intenta mandarnos por una calle cortada, esperamos que el conductor tenga criterio suficiente para seguir de largo. La potencia de la herramienta no elimina nuestra responsabilidad sobre la decisión. Con la IA ocurre algo parecido, pero a una escala mucho mayor. En desarrollo de software ya lo estamos viviendo. Durante años el cuello de botella era producir código; hoy podemos producirlo a una velocidad extraordinaria y el problema se desplazó hacia quién revisa, quién entiende las consecuencias, quién decide qué llega a producción y quién responde por el resultado. La capacidad se está volviendo abundante. El criterio y el ownership empiezan a ser lo escaso.

Gobernar no significa frenar Para un empresario que esté pensando cómo empezar, no esperaría a que exista una regulación perfecta ni intentaría automatizar toda la compañía. Elegiría un proceso concreto, entendería cómo funciona hoy y lo mediría: cuánto tiempo consume, cuántas personas intervienen, dónde aparecen errores y cuánto cuesta. Después incorporaría IA sobre una parte controlada y volvería a medir. Si funciona, ampliaría. Si no,

realmente está generando valor. Implementar IA por el simple hecho de implementarla también puede convertirse en una manera muy sofisticada de desperdiciar dinero.

Responsabilidad también es avanzar Después de años construyendo tecnología y de transformar nuestra propia empresa alrededor de la inteligencia artificial, soy profundamente optimista sobre lo que viene. No porque los grandes riesgos sean

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Podemos competir mejor, producir más, tomar mejores decisiones y liberar a nuestra gente de una cantidad enorme de trabajo que nunca necesitó realmente de su talento aprendería y corregiría. La gobernanza puede empezar igual de simple: ¿qué información puede ver este sistema?, ¿qué decisiones puede tomar solo?, ¿cuáles necesitan aprobación humana?, ¿podemos saber qué hizo y revertirlo?, ¿quién responde por el resultado? Son preguntas básicas, pero obligan a diseñar responsabilidad antes de diseñar autonomía. También importa con quién hacemos este recorrido. En esta etapa no alcanza con encontrar a alguien capaz de conectar una API o montar un agente. Necesitamos equipos tecnológicos que entiendan primero el negocio, trabajen junto a quienes conocen el proceso, protejan la información, establezcan límites y midan si la tecnología

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imaginarios, sino porque reconocerlos no debería obligarnos a elegir entre avanzar o ser responsables. Gobiernos y organismos internacionales tendrán que hacer su parte frente a los riesgos que requieren respuestas globales. Los laboratorios que construyen los modelos más poderosos tendrán que hacer la suya. Y quienes desarrollamos y adoptamos esta tecnología tenemos un metro cuadrado de responsabilidad mucho más cercano: decidir qué automatizamos, qué datos utilizamos, qué límites establecemos y dónde una persona sigue teniendo la última palabra. Puede parecer pequeño frente a discusiones sobre armas autónomas o seguridad global, pero millones de decisiones responsables

tomadas dentro de empresas también construyen la forma en que una tecnología termina incorporándose a una sociedad. La cultura alrededor de la IA no se va a definir solamente en Naciones Unidas o en Silicon Valley. También se está definiendo hoy en una fábrica de Córdoba, una exportadora de alimentos de Santa Fe, una empresa de logística de Buenos Aires o una compañía de software que vende servicios al mundo. Para quienes producimos y exportamos desde esta parte del mundo, quedarse afuera por miedo sería desperdiciar una oportunidad extraordinaria. Una empresa relativamente pequeña puede empezar a operar con niveles de capacidad, información y velocidad que antes

requerían estructuras enormes. Podemos competir mejor, producir más, tomar mejores decisiones y liberar a nuestra gente de una cantidad enorme de trabajo que nunca necesitó realmente de su talento. Hay que experimentar, medir y avanzar. Hay que hacerlo con empresas responsables, poner límites antes de delegar decisiones importantes y conservar criterio humano allí donde las consecuencias lo requieren. Pero hay que empezar. Quizás nuestro aporte a una inteligencia artificial más segura no sea intentar resolver desde nuestras empresas todos los riesgos de esta tecnología. Sea algo mucho más simple: utilizarla bien en el lugar que nos toca. Y si millones hacemos eso, nuestro pequeño metro cuadrado

deja de ser tan pequeño. Para profundizar

United Nations - Multilateral AI Governance (septiembre de 2026).

Una mirada institucional sobre el desafío de construir gobernanza internacional alrededor de la inteligencia artificial, manteniendo al mismo tiempo sus oportunidades de innovación y desarrollo.

Anthropic - Detecting and countering misuse of AI: September 2026.

Casos concretos detectados por Anthropic sobre intentos de utilizar modelos de IA para operaciones cibernéticas, fraude, vigilancia y otros usos de riesgo, junto con las medidas implementadas para identificarlos y detenerlos.

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Opinión

Fiscalización Algorítmica: El impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Tributario y el Control Aduanero Moderno Dra. Gabriela CAMARA Especialista en Derecho Tributario/Comex. @gabrielaa.camara LinkedIn: Gabriela A. Camara

El cambio que plantea la fiscalización algorítmica que ya se implementa en la administración tributaria y aduanera global y nacional a partir de la integración de herramientas de Inteligencia Artificial, lejos de ser una mera innovación operativa, redefine la relación entre el Estado y el contribuyente, atravesando un sutil equilibrio entre la optimización de la recaudación fiscal, la lucha contra la evasión en el comercio exterior y la preservación infranqueable de los principios y garantías constitucionales del debido proceso tributario.

La Metamorfosis Tecnológica de las Administraciones Tributarias El comercio internacional atraviesa una reconfiguración estructural impulsada por la digitalización intensiva. Las administraciones tributarias y aduaneras (ATA), tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes, están adoptando sistemas avanzados de Inteligencia Artificial (IA), incluyendo aprendizaje automático (Machine Learning), procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y analítica predictiva sobre arquitectura Big Data. El propósito central de este despliegue es maximizar la eficiencia en la recaudación impositiva, prevenir maniobras de evasión y agilizar los flujos logísticos globales. Históricamente, los controles aduaneros operaban mediante esquemas rígidos y parámetros estáticos (tales como filtros selectivos basados en el país de origen, perfil de la firma importadora o la posición arancelaria aislada). En contraste, la fiscalización algorítmica contemporánea permite

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realizar análisis de riesgo predictivo en tiempo real. Los motores de IA procesan masiva y automáticamente los datos provenientes de manifiestos de carga, facturas comerciales y certificados de origen de manera concomitante o previa al arribo de las mercaderías. Como resultado, el sistema asigna de forma dinámica un “puntaje de riesgo fiscal” a cada operación, redirigiendo los recursos de inspección hacia aquellas transacciones que exhiben inconsistencias objetivas. Este cambio de paradigma no responde únicamente a un imperativo de facilitación logística, sino que persigue un objetivo netamente tributario: proteger la base imponible nacional, asegurar el correcto ingreso de las obligaciones tributarias derivadas de la importación y la exportación, y contrarrestar esquemas sofisticados de fraude transfronterizo.

Tipologías de Evasión en el Comercio Exterior y Respuestas Algorítmicas Las maniobras de subfacturación

(orientadas a mitigar indebidamente el pago de derechos de importación o gravámenes internos) y de sobrefacturación (utilizadas con frecuencia para la fuga no autorizada de divisas o la erosión de la base imponible del Impuesto a las Ganancias) constituyen dos de los mayores retos de la tributación aduanera. En este contexto, las plataformas de fiscalización alimentadas con IA operan en observancia estricta de las normas de valoración del Acuerdo del Valor del GATT/OMC. Estos motores contrastan los valores FOB declarados contra bases de datos globales dinámicas y continuas. Frente a desvíos de precios que no encuentren justificación técnica o económica en variables tales como el valor unitario por masa o volumen, la ruta logística empleada, o el historial operativo del proveedor, el sistema genera alertas automáticas para dar inicio a procedimientos de control de valor o reajuste fiscal. De igual modo, la clasificación aran-

celaria en el Sistema Armonizado (SA) representa una fuente recurrente de controversia y litigiosidad tributaria. Las agencias fiscales aplican modelos de PLN entrenados con la nomenclatura oficial, para verificar que la descripción cualitativa y técnica de la mercadería coincida de manera indudable con la posición arancelaria consignada. Esta verificación analítica neutraliza intentos de elusión impositiva por aplicación de alícuotas diferidas o indebidas exenciones. Asimismo, el cruce masivo de información transfronteriza sustentado en estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y los marcos de la OCDE como el Plan de Acción BEPS y el Intercambio Automático de Información habilita a los organismos de recaudación a identificar triangulaciones complejas y operaciones entre partes vinculadas encaminadas a derivar utilidades hacia jurisdicciones de baja o nula imposición.

El Escenario Nacional: La Integración Fiscal y Aduanera en ARCA En la República Argentina, el control del comercio transfronterizo y la percepción de las cargas tributarias se articulan mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que integra las competencias de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI). La adopción de Inteligencia Artificial dentro de este organismo persigue la convergencia definitiva entre el control aduanero de frontera y la fiscalización impositiva posterior. El despliegue analítico y operativo de ARCA se estructura en tres ejes estratégicos fundamentales: Asistencia y Clasificación Simplificada (VUCE): A través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se han integrado herramientas basadas en IA que facilitan la búsqueda normativa y la gestión de

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trámites. Estos algoritmos sugieren clasificaciones arancelarias a nivel de 11 dígitos a partir del lenguaje natural utilizado en las descripciones comerciales, reduciendo errores formales de los operadores que de otro modo derivarían en sumarios infraccionales (Arts. 954 y ss. del Código Aduanero). Fiscalización Sistémica e Integración Tributario-Cambiaria: Desmantelados los esquemas rígidos de valores de criterio tradicionales, ARCA se orienta hacia motores analíticos integrados. El sistema entrelaza de forma simultánea las declaraciones aduaneras de exportación/ importación con las liquidaciones del mercado de cambios y las declaraciones juradas impositivas del Impuesto a las Ganancias y del IVA, detectando discrepancias fiscales y financieras en tiempo real.

Inspección No Intrusiva con Procesamiento de Imágenes: La aplicación de visión artificial y redes neuronales en el procesamiento de imágenes de rayos X en escáneres aduaneros (desplegados en nodos estratégicos como el Puerto de Buenos Aires, el Complejo Portuario de Rosario y pasos fronterizos) permite comparar la densidad y estructura física proyectada de la carga con la documentación declarada en el manifiesto, detectando inconsistencias o presunciones de contrabando sin paralizar la cadena logística.

La Frontera Constitucional: Garantías del Contribuyente frente a la “Caja Negra” A pesar de sus evidentes ventajas operativas, el avance invasivo de la

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Inteligencia Artificial en el ámbito tributario-aduanero suscita dilemas jurídicos sustanciales relativos a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de los contribuyentes. El ejercicio de las facultades de verificación y determinación de oficio por parte del Estado no puede quedar exento de control constitucional con el pretexto de la eficiencia tecnológica. El empleo de sistemas algorítmicos por parte de la administración debe supeditarse al cumplimiento estricto de principios rectores del Derecho Tributario: Principio de Legalidad y Reserva de Ley: La obligación tributaria, la imposición de multas o el reajuste de bases imponibles deben fundarse estrictamente en la ley y en hechos probados objetivamente. Una liquidación de oficio no puede sostener-

se exclusivamente en la inferencia probabilística o en el resultado de un algoritmo opaco (“caja negra”). Derecho de Defensa y Debido Proceso: Los contribuyentes y auxiliares del comercio exterior (despachantes de aduana, agentes de transporte) ostentan el derecho inalienable de acceder a la motivación de los actos administrativos. Si una declaración es rectificada o revalorizada a partir del resultado de un modelo automatizado, el administrado debe tener acceso a los criterios y variables que nutrieron dicho resultado para ejercer efectivamente su defensa. El Enfoque Human-in-the-Loop (HITL): En consonancia con las re-

comendaciones de la OMA y las pautas internacionales de ética pública en IA, los algoritmos deben constituir herramientas auxiliares de gestión de riesgo. La potestad sancionatoria, la emisión de cargos tributarios y la resolución final de las actuaciones deben permanecer indelegablemente bajo el arbitrio, la firma y la responsabilidad sustantiva del funcionario humano.

Consideraciones Finales La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una mera expectativa de innovación para consolidarse como el eje estructurante de la política fiscal moderna. A escala global, la convergencia entre Big Data, redes complejas e intercambio interna-

cional de información avanza hacia un paradigma de fiscalización omnipresente, capaz de resguardar el crédito fiscal sin imponer trabas desproporcionadas al intercambio comercial. Para la Argentina, la evolución tecnológica en el seno de ARCA plantea una oportunidad valiosa de consolidar una inteligencia tributaria y aduanera plenamente integrada. Sin embargo, el principal desafío del sistema normativo e institucional radicará en perfeccionar la capacidad de detección del fraude transfronterizo e impositivo sin resentir las garantías constitucionales del contribuyente, asegurando en todo momento la transparencia algorítmica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

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comercio exterior

Opinión

La revolución silenciosa del comercio exterior argentino Juan Cruz MIÑONES Asesor en Comercio Exterior. https://www.linkedin.com/in/ jcminones/ juancruzminones@gmail.com cipexar@gmail.com

Durante décadas, Argentina desarrolló un modelo pensado para exportar grandes operaciones individuales. Sin embargo, el comercio mundial ya no gira alrededor de operaciones aisladas, sino de mercados digitales, plataformas y cadenas logísticas globales. La pregunta ya no es cómo simplificar una exportación. La verdadera pregunta es si estamos preparados para vender al mundo de una manera completamente distinta. Hoy el debate no es aduanero, es de estrategia comercial internacional. El 29 junio de 2026, el Ministro de Desregulación, FEDERICO STURZENEGGER, sorprendió cuando en

el congreso “Somos PyMEs” explicó como las empresas argentinas podrían aprovechar “…la próxima liberación de la exportación postal para llegar a cualquier mercado en el mundo.” Al mismo tiempo, decía que en Argentina estaba prohibida la exportación postal, mientras que hacemos importación postal, pero la sorpresa es que no había una norma que lo prohibiera, nadie sabía por qué no se podía, simplemente a nadie se le había ocurrido. Hasta ahora toda la simplificación se basaba los envíos Courier y la creación de Exporta Simple.

Exporta Simple Cuando se creó, era exclusivo para envíos aéreos, y solo procesado por las principales empresas Courier del país. Aunque la idea era extenderlo a otros medios, la normativa no estaba adaptada. Se intentó, sin éxito, incluir a Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas como operadores de Exporta Simple, pero eso no prosperó, hoy pasa a ser un dato trascendente. Los operadores logísticos del régimen eran prestadores CUSE, pero para la

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nueva versión se creó la figura del Operador Logístico Exporta Simple (OLES), lo que permitió la incorporación de más operadores al régimen. Con la Resolución 5664/2025, que habilitó otros depósitos fiscales y medios de transporte a operar como OLES, se descentralizaron los envíos, no siendo necesario que todos los envíos pasen por Ezeiza, que originalmente, era el único lugar habilitado y con escáner.

Envíos Courier El Decreto 604/2026, es el primer decreto de una serie de normas que dan base a la creación del nuevo régimen de destinación simplificada de mercaderías a través de Prestadores de Servicios Postales (PSP), que realizan envíos Courier. Es un régimen diferente a Exporta Simple (ES), con sus características muy marcadas por la simplificación de los tramites, la no finalidad comercial a diferencia de Exporta Simpe que es una exportación comercial, y con limites en cuanto a pesos máximos y cantidad de envíos. El documento aduanero es la Destinación Simplificada Courier de

Exportación (DSCE) que, como toda exportación, tiene obligación de ingresar divisas por intermedio de una entidad financiera, pero a diferencia de una exportación tradicional o del portal ES, no tiene seguimiento en SeCoExpo. El Decreto 604/2026 del 16/07/2026, establece en su 1° articulo, que “que las exportaciones con finalidad comercial realizadas por via postal no estarán sujetas a límites de valor.” Este es el primer concepto fundamental para la creación de la exportación postal. La RG 5883/2026 del 28/07/202 modificó la Res 5608, que fijaba el tope de U$D 3.000 para los envíos Courier, eliminando este tope para las exportaciones, segundo concepto fundamental de los envíos Courier, pero mantiene límites para los envíos en concepto de ayuda familiar, pero sin gravámenes, ya que

las exportaciones de envíos postales destinados a ayuda familiar u obsequio personal estarán exentas de los tributos que graven la exportación para consumo en el régimen general. Estos envíos podrán efectuarse siempre que su valor acumulado por mes y por remitente no excediere el equivalente de U$D 5.000

el Anexo II que regula las importaciones postales. Esta serie de normas vienen a ordenar las importaciones y exportaciones por Courier y, muy especialmente, la exportación postal, que hasta el momento no estaba normada ni regulada, por lo que no era posible realizarla por no tener un procedimiento especificado.

La importación postal

La nueva exportación postal

El Dec 604/2026, también simplifica las importaciones, exonerando de los derechos de importación y la tasa de estadística, para los envíos de hasta un valor FOB de U$D 400 por envío, hasta un máximo de 5 envíos anuales por persona. Por otra parte, la Resolución General 5883/2026 de ARCA, en sus dos Anexos, detalla las nuevas condiciones como los pequeños envíos, las muestras y otros. La novedad está en

La normativa faculta al Correo Oficial, Correo Argentino, a operar como agente facilitador del proceso aduanero, agilizando los tiempos de tránsito y despacho en frontera. El tercer concepto fundamental, en la creación de este régimen, está en el 1° articulo de la RG5886/2026 publicada el 31/07/2026 que indica “Aprobar el procedimiento de declaración simplificada para la expor-

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tación de mercaderías con finalidad comercial por vía postal a través del operador postal designado…”. La serie de normas que se encadenaron para crear y ordenar este régimen, fueron el Decreto 604/2026 que básicamente elimina los máximos para una exportación via Courier, Res Gral 5883/2026 que elimina los montos máximos para las exportaciones postales, y ordena las importaciones por Courier y postales, y la Res Gral 5886/2026 de ARCA, introduce el marco normativo para el nuevo régimen de Exportación Postal. Los puntos fundamentales de esta resolución, los que definen el rumbo, están en los considerandos: l Las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor l ARCA dictará las normas com-

plementarias y operativas necesarias para su efectiva aplicación. Las pautas establecidas por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) impulsan a las administraciones aduaneras a cooperar con los operadores designados para facilitar el despacho aduanero.

La gran expansión del comercio transfronterizo promovido por el comercio electrónico ha revolucionado la forma en que los consumidores compran mercancías.

l Falta reglamentar el procedi-

miento de declaración simplificada para la exportación de mercaderías con finalidad comercial por vía postal. Esta misma norma, deja en manos del micrositio de ARCA la publicación

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de las normas particulares y el procedimiento para realizar las operaciones, de acuerdo con un cronograma que dará a conocer ARCA y Correo Argentino, que lo indica su website: “EN PROCESO. El nuevo régimen de exportación comercial ya fue reglamentado y comenzará a operar de acuerdo con el cronograma que publique ARCA y Correo Argentino.”

El nuevo paradigma, la exportación postal ¿Se termina el paradigma de la exportación tradicional? El comercio electrónico transfronterizo y el nuevo desafío para las PyMEs argentinas llevan a necesitar una adecuación del entramado normativo para liberar la operatoria y permitir el acceso a más empresas. En este sentido, el cuarto punto fundamental para el cambio está en el Anexo de la RG 5886/2026 que fija algunos parámetros operativos.

- Crea la nueva Destinación De Exportación Simplificada DESP - El usuario deberá estar registrado en ARCA como exportador, emitir la factura “E” y registrar los formularios CN22 o CN23 requeridos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Unión Postal Universal (UPU), que antes solo eran para envíos postales sin valor comercial. - El pedido se procesa en el Centro Postal Internacional (CPI). - La Aduana jurisdiccional procede a realizar el cumplido de la exportación. - La exportación postal, está alcanzada por las prohibiciones no económicas aplicables al régimen general de exportación, y regímenes arancelarios. - Régimen cambiario, las exportaciones postales quedan sujetas a control cambiario, pero nada dice que sea en la forma y plazos actuales. - La exportación postal no goza del beneficio del cobro de los reintegros

a la exportación. ¿Esto estará relacionado a lo que regué el BCRA? ¿Por qué la exportación postal es importante y por qué decimos que estamos ante un nuevo paradigma? Cuando alguien compra un producto en Estados Unidos y lo envía por correo oficial, el Correo Argentino realiza la entrega cobrando una tarifa reducida. La contracara es que el correo de EE. UU. tiene que cobrar una tarifa reducida por los paquetes que nosotros enviamos allá. Es decir, hasta ahora nosotros les entregábamos los paquetes a ellos, y no habilitábamos a que ellos entreguen los nuestros, por eso el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger dijo que estaba prohibido. Que podemos leer ,entre líneas, sobre cómo sería la nueva Exportación Postal, y que es lo que falta: -Falta reglamentar y adecuar los sistemas para operar la nueva DESP, y

que Correo Argentino tenga los sistemas que les permita operar de acuerdo con las normas. -El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene que reglamentar sobre la DESP, adecuar SeCoExpo y comunicar cual será el régimen de ingreso y liquidación de divisas, y las excepciones si las hubiera. Quedan además abiertos estos interrogantes, que serán develados en breve por ARCA y Correo Argentino: l ¿Cómo será operativamente la destinación DESP? l ¿Cuál será el procedimiento concreto entre exportador, Correo Argentino y Aduana? l ¿Qué ocurrirá con la liquidación y el ingreso de divisas? l ¿Habrá una adecuación específica del régimen cambiario por parte del BCRA? l ¿Hasta dónde llegará realmente la simplificación?

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Lo que cambia en el nuevo enfoque El propio decreto reconoce algo muy importante, la expansión del comercio electrónico transfronterizo. Es decir, el Gobierno no presenta esto solamente como una simplificación postal, sino dentro del contexto del cross-border e-commerce, porque hoy estamos preparados para importar de Amazon, pero no podemos vender a Amazon. En el 2018 se hizo un intento con un acuerdo entre Exporta Simple y Amazon, donde estos últimos “seleccionaron” un grupo de empresas. La pregunta es: ¿por qué no podemos? Ahí es donde entra la frase “estamos prohibidos”. Nuestra reglamentación no lo permite, pero no expresamente. Para vender por Amazon, hoy debería hacer una exportación y Amazon ser el importador que compra la mercadería, eso nunca va a suceder. Para vender en alguna de eses plataformas, tengo que hacer una exportación por catálogo. La idea sería que un productor argentino pueda vender una unidad directamente a un consumidor en Francia, Estados Unidos o Japón y despacharla mediante la

red postal internacional (UPU), sin tener que pasar por un régimen pensado para exportaciones comerciales tradicionales. Es exactamente el modelo que utilizan millones de pequeños vendedores en Asia. Hoy, nuestro flujo operativo de una exportación es que el exportador le factura a un destinatario determinado, el importador determinado. El esquema de exportación por inventario es, el exportador envía a un centro logístico un determinado stock, después se realiza la venta y se factura al consumidor final. Hoy, MercadoLibre, en su depósito de China, está haciendo este segundo esquema. Es decir, no le vendo a Amazon, le envío a Amazon, pero a nombre de una empresa de logística o agencia aduanera (conocidas como IOR Services) que cobran una tarifa por figurar legalmente como los importadores en los papeles aduaneros de destino mientras la mercadería va en camino a Amazon. Esto es lo que todavía no se puede hacer en Argentina, nosotros exportamos a un comprador determinado, y entiendo que

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este esquema es el que está modificando la nueva normativa. Este cambio, muy profundo, explica la aparición de los formularios CN22 y CN23 que hasta ahora solo eran usados por Correo Argentino en envíos sin valor comercial. Y acá entra en juego también el BCRA, dado que el IOR no es mi comprador, la transferencia no la realizan ellos, sino el comprador final, cuando se vendan mis productos. Ese pago, no va a ser por el total de la mercadería, va a ser por cada unidad vendida y por fuera del sistema SWIFT. ¿Los productos argentinos podrán comercializarse en el Marketplace internacional de MercadoLibre, desde el depósito en China? Esto revolucionaria el mercado En definitiva, el desafío es pensar a la PyME como un vendedor global ¿Que necesita para vender más al mundo, y qué necesita el Estado para sentirse cómodo permitiendo esto sin perder el control? El mejor régimen es el que satisface los dos al mismo tiempo. Mi consejo de siempre, antes de avanzar en una operación, consulte a un experto, los errores en COMEX son caros, y caros en dólares.

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Día de la Exportación

Estamos bárbaro. Podríamos ir mejor La Argentina se encamina a un récord de exportaciones de US$103.000 millones, según proyecta la Cámara de Exportadores (CERA), mientras el Gobierno celebra la apertura de mercados, la estabilidad y las inversiones que empiezan a llegar. Pero el dato que incomoda está del otro lado del mostrador: según CERA, desde 2015 el país se mantuvo estancado en torno a las 9.300 empresas exportadoras, y las pymes siguen siendo minoría. El desafío ya no es solamente vender más afuera, sino conseguir que muchas más empresas puedan hacerlo. Hay dos discursos que, escuchados rápidamente, parecen hablar de dos argentinas distintas. Uno habla de acuerdos comerciales, mercados abiertos, inversiones, energía, minería, inteligencia artificial y una diplomacia comercial decidida a salir al mundo. El otro habla de retenciones, reintegros demorados, aduanas, logística, costos portuarios y un régimen cambiario de lógica penal que nació hace más de medio siglo. Pero no se contradicen tanto. La diferencia está en el dónde. En la 30.ª edición del Día de la Exportación, organizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), su presidente, FERNANDO LANDA, y el canciller Pablo Quirno terminaron describiendo desde dos lugares diferentes, el mismo desafío: cómo convertir una mejora en las condiciones generales de la economía en una verdadera máquina exportadora. Para la Cancillería, el problema de fondo fue durante años una economía cerrada, inestable y con pocos acuerdos comerciales. PABLO QUIRNO recordó que entre 2011 y 2024 el volumen exportado apenas creció 9%. Para CERA, aun cuando reconoce y celebra los avances del Gobierno en materia macroeconómica y de apertura, todavía hay una cantidad de obstáculos puertas adentro que hacen que exportar siga siendo una actividad innecesariamente difícil. Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿de qué sirve tener

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una puerta cada vez más grande hacia el mundo si todavía cuesta tanto llegar hasta ella? Quirno llegó al encuentro con una narrativa clara y la planteó como una pregunta: qué cambió en menos de tres años para que hoy se pueda aspirar a una cifra récord. Su respuesta fue irónica: “Sería una curiosa coincidencia que el mundo hubiera descubierto la calidad de la Argentina justo ahora”. Lo que cambiaron, dijo, fueron las condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo. La cifra, vale aclararlo, es una proyección de CERA: US$103.000 millones de exportaciones para 2026, un récord histórico. El canciller puso en primer plano el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria, la desregulación, la reducción de derechos de exportación y una ofensiva diplomática para ampliar el acceso a mercados. La lista es larga y parece impensada si uno se para en cualquier fecha anterior al 10 de diciembre de 2023: Unión Europea, EFTA, Estados Unidos, Singapur, CPTPP, India, Japón, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos. No todos están en el mismo punto: el acuerdo con la Unión Europea ya tiene aplicación provisional; el de EFTA está concluido a la espera de entrar en vigor; el de Singapur fue aprobado por el Congreso; el CPTPP es una solicitud de adhesión; y con India, Japón, Vietnam y Emiratos las negociaciones siguen abiertas. Según Quirno, la red de acuerdos e instrumentos comerciales pasó de cubrir alrededor del 10% del PIB mundial a

acercarse al 30%, con la aspiración de llegar al 50% en el mediano plazo y, según el objetivo que fijó el Presidente, al 80% en los próximos cuatro años. Hay, además, más de 170 negociaciones con más de 40 países. El mensaje es evidente: hay que ir a buscar compradores. La Cancillería parece haber asumido esa tarea como propia; el mismo canciller la definió como “abrir mercados para que el trabajo argentino encuentre compradores en todo el mundo”. La diplomacia deja de ser solamente diplomacia y pasa a funcionar como una herramienta comercial, una tarea casi olvidada por décadas: acuerdos, habilitaciones sanitarias, rondas de negocios, ferias y defensa de mercados conquistados por empresas argentinas. El ejemplo de la miel que ofreció Quirno es ilustrativo. Un producto que enfrentaba un arancel del 17,3% para entrar a la Unión Europea consiguió una cuota con arancel cero y, según el canciller, el primer embarque desde Concordia completó todo el cupo disponible. También se cumplieron los cupos de huevos y de arroz. “Cuando la cancha está nivelada, ustedes saben cómo ganar el partido”, dijo. Es difícil discutir la lógica: si el Estado consigue que una empresa enfrente menos barreras afuera, le está haciendo más fácil vender. El problema empieza después. ¿O será antes? Porque mientras se abren puertas al mundo, queda por mirar por qué todavía no las atraviesan más empresas. Conseguir que el mundo abra una puerta no garantiza que del otro lado haya miles de empresas argentinas en condiciones de cruzarla. Es ahí donde el discurso de Landa introduce una segunda verdad, menos espectacular y bastante más

incómoda. CERA reconoce explícitamente los avances desde 2023, como la reducción de derechos de exportación y el rumbo de desregulación. También reivindica el RIGI como una “ventana de normalidad” para atraer inversiones. Pero inmediatamente después corre el foco de los grandes proyectos hacia la operatoria cotidiana del exportador. Y ahí aparecen los problemas menos fotogénicos. La pesca y algunos productos industriales todavía pagan derechos de exportación y, al mismo tiempo, enfrentan en ciertos mercados de destino aranceles de hasta 50%. Los reintegros pueden demorarse, porque no tienen fechas perentorias de pago. Para recuperar el IVA se sumaron condicionamientos que no están previstos en la ley y cuya sanción, según CERA, no guarda proporcionalidad con el eventual incumplimiento. “No podemos seguir exportando impuestos”, planteó Landa. Y el exportador continúa sujeto a un Régimen Penal Cambiario vigente desde 1971. Landa lo resumió con una frase deliberadamente provocadora: la exportación argentina lleva 55 años “a la sombra de una ley penal”. Y agregó, con ironía: “¡Valiente ha de ser el exportador!”. La frase importa más allá de su efecto retórico, porque señala hasta qué punto una regulación concebida en otro contexto histórico todavía hoy condiciona la actividad exportadora. En estos puntos radica la contradicción central de esta etapa: el Gobierno quiere que el empresario argentino piense como un jugador global, mientras parte del entramado regulatorio todavía lo trata como si estuviera administrando una emergencia cambiaria permanente. La macroeconomía puede ordenar las cuentas y bajar la in-

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comercio exterior

flación. La diplomacia puede conseguir un acuerdo. El RIGI puede generar condiciones para una inversión millonaria. Pero una pyme no vive en una planilla macroeconómica: vive en los costos. Para ella, el peso de los impuestos y la recuperación del crédito fiscal son el primer escollo; después vienen el financiamiento del capital de trabajo, cruzar una frontera, llevar la mercadería hasta un puerto y absorber un sobrecosto logístico ineficaz más allá del buen trabajo empresario. Y ahí está probablemente la parte más importante del discurso de CERA: la competitividad no se juega solamente en los grandes anuncios. Se juega en la ruta que lleva la producción al puerto. En el ferrocarril que no llega. En el paso fronterizo que demora. En el (sobre) costo portuario. En la posibilidad de utilizar una vía hacia el Pacífico. En la digitalización (y eliminación) de los trámites. En la velocidad de una devolución de impuestos. En el acceso al financiamiento. CERA reclama una hoja de ruta para la infraestructura logística que ataque esos costos con mayor velocidad. Landa reconoció que los avances en la hidrovía “son fundamentales, son excepcionales”, pero advirtió que todavía falta avanzar en infraestructura ferroviaria y vial, caminos rurales y pasos fronterizos. Y hay un dato que debería ocupar bastante más espacio en la conversación que el número de exportaciones totales: desde 2015, según CERA, la Argentina se mantuvo alrededor de las 9.300 empresas exportadoras, con una participación pyme de las menores de la región. Landa habló de una fuerte caída de empresas que exportan y luego un completo estancamiento que lleva una década. Es decir que puede haber un récord de dólares exportados sin que eso implique una expansión equivalente de la cantidad de empresas que exportan. El propio Landa cuestionó que, tradicionalmente, se mire el monto anual exportado como el indicador fundamental, “pero único y singular”. Esto cambia la pregunta. Ya no alcanza con preguntar cuánto exportará la Argentina. Hay que preguntar cuántas empresas argentinas serán capaces de exportar. Porque una economía puede aumentar fuertemente sus ventas externas impulsada por energía, minería, agroindustria y grandes inversiones. El discurso de Quirno muestra precisamente esa expectativa: RIGI, Vaca Muerta, minería, GNL y grandes proyectos de infraestructura aparecen como motores de una nueva oferta exportable. Los proyectos aprobados bajo el régimen, según el canciller, ya reúnen más de US$55.000 millones comprometidos, mientras existen iniciativas bajo estudio por otros US$150.000 millones. Una transformación impensada hasta 2023, pero no necesariamente la que necesita una pyme. Quirno planteó que esas obras pueden ser una oportunidad para los proveedores locales, que podrían acreditar experiencia ante clientes internacionales. Falta ver cuántos llegan a ese lugar.

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El desafío que queda por delante es lograr que una empresa que hoy fabrica para el mercado interno pueda mañana vender una parte de su producción en Chile, Brasil, Estados Unidos, Europa o Asia. Que pueda certificar. Financiarse. Cumplir una norma sanitaria. Conseguir logística competitiva. Cobrar. Reinvertir. Volver a exportar. Y crecer. En otras palabras: que exportar deje de ser una hazaña empresarial y pase a ser una decisión de negocios. Ahí los dos discursos vuelven a encontrarse. Quirno reconoció que “la burocracia y un cambio arbitrario de reglas pueden alejar un mercado mucho más que la geografía”, y afirmó que “exportar tiene que ser un buen negocio para quien exporta”. Sostuvo, además, que la baja de la inflación permite calcular costos y comprometer entregas a meses vista. Landa, por su parte, planteó que no hay exportación sin inversión, tecnología, mejora continua y estándares, y que un servicio elemental para quien vende en un tercer país es “la eliminación de la incertidumbre, para lo cual la estabilidad de reglas es fundamental”. Son dos maneras de decir prácticamente lo mismo. La Argentina necesita previsibilidad. Pero la previsibilidad no termina en el equilibrio fiscal. Tampoco termina en un tratado comercial. La verdadera prueba del cambio llegará cuando un producto no cargue en su costo la mala praxis política y las pymes pueda atravesar todo el circuito exportador sin necesitar una estructura extraordinaria para sobrevivir a las reglas argentinas. El Gobierno está intentando abrir la Argentina al mundo. CERA le está diciendo que, para que esa apertura sea sostenible, también hay que ordenar la Argentina que queda de este lado de la frontera. No es una discusión entre apertura y proteccionismo. Es bastante más concreta. Es la discusión entre tener mercados disponibles y tener empresas capaces de aprovecharlos. Por ahora, hay razones para mirar el vaso medio lleno. Según el discurso de Quirno, las exportaciones de bienes superaron los US$58.000 millones entre enero y julio, casi un 23% más que un año atrás; la agroindustria alcanzó un récord de 74 millones de toneladas; las pymes exportaron más de US$6.400 millones en ese período, su mejor registro para esos meses en 13 años; y energía y minería muestran fuertes aumentos. Pero precisamente porque esos números son alentadores, vale la pena mirar el otro indicador que marca cuántos exportadores tenemos. Hacia el final de su discurso, el propio canciller dijo trabajar “para que cada récord encuentre a más empresas argentinas entre sus protagonistas”. Todavía hay trabajo pendiente. Porque el récord de exportaciones es una buena noticia. Pero sería una noticia todavía mejor si detrás de esos US$103.000 millones hubiera muchas más empresas argentinas, muchas más pymes y muchas más provincias integradas a esa historia. Ahí estaría el verdadero salto exportador.

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logística

Opinión

El RIGI no para de darnos sorpresas en cuanto a anuncios se refiere Alejandro ARROYO WELBERS Profesor de posgrado y consultor.

Para resumir podemos mencionar que hasta Agosto de este año nuestro país lleva confirmados unos 21 proyectos por USD 47 Billones, además de otros 22 proyectos aún bajo análisis detectivesco por un monto de USD 101 Billones. Todo esto sin siquiera contar, desde luego, con el megaproyecto LNG Argentina de YPF, ENI y XRD de Emiratos Árabes por USD 51 Billones. Por supuesto que todo esto resulta muy alentador mirando de aquí hacia adelante, aunque resulta interesante resaltar algunos aspectos. Cualquiera que haya tenido experiencia en gestión de

proyectos, sabe muy bien que estos números pueden cambiar sustancialmente por cuestiones de la propia dimensión de cada proyecto que hace que los estimados de costos puedan diferir a la hora de confirmarse la inversión (FID); por cuestiones geopolíticas hoy ni siquiera imaginadas; por cuestiones eleccionarias pendulares típicas de nuestro país; o sencillamente por limitantes infraestructurales acerca de las cuales Argentina puede dictar clase de cómo operar activos logísticos que en la 2da guerra mundial ya resultaban obsoletos. Somos un poco como eran los mecánicos en Uruguay quienes sabían reparar autos de todos los modelos y años que uno pudiera imaginar. Otro aspecto interesante de señalar es por qué existe un RIGI y no un régimen abierto de inversiones para cualquier cristiano que quiera venir e invertir en estas tierras. La respuesta se las dejo a cada uno para que la menciones en vos bien bajita ya que las mismas pueden dar un poquito de miedito y/o incertidumbre a futuro. Mientras tanto tenemos anuncios de bases navales integradas y polos

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logísticos internacionales en Tierra del Fuego para que nuestras FFDD (Fuerzas Desarmadas) desplieguen allí todo el potencial que distintas administraciones les supieron, con plena convicción, brindar con visión estratégica, a la vez que no hay un peso para bachear las rutas a Vaca Muerta ni decisión de desregular el cabotaje fluvial con baja de impuestos y tasas incluídas. Y ahora parece que “habemus” un polo logístico aéreo en La Plata a ser financiado y construido por XIAMEN ITC Group de China, quienes aparentemente irían a presentar el proyecto en ronda de inversores del Asia-Pacífico. De ser cierto, en buena hora; sin embargo, no hubiera sido mejor apuntar a Neuquén con todo lo que implica una provincia con un PBI p/ cápita comparable a un país desarrollado? Sería interesante conocer más del proyecto y sus “fundamentals” para poder opinar con elementos, verdad? Si de infraestructura hablamos, podemos mencionar sin temor a equivocarnos que la demanda por servicios logísticos y su infraestructura asociada, supera holgadamente a

la oferta, quedando los costos y precios en niveles altísimos y poco competitivos – a punto tal de hacer del “near-shoring” y “friend-shoring” dos oportunidades inexistentes. Primero porque no estamos “near” de nada y por lo que se puede ver, tampoco tenemos muchos amigos por el barrio. A pesar de todo esto Argentina debe tomar el toro por las astas y hacer una especie de Plan Houston en distintas partes del planeta para llevar visibilidad de lo que el RIGI significa y todo lo que se viene en términos de volúmenes de negocios y cargas. Sugiero a los muchachos de Cancillería ir armando una agenda agresiva de promoción de inversiones para New York, Houston, Toronto (sobre todo considerando que en el 2027 se viene el MERCOSUR-CANADÁ), Madrid, Paris, Londres, Singapur (otro acuerdo que viene pronto a nivel MERCOSUR), Abu Dhabi, y Beijing. Si se les explica de modo profesio-

nal a esta gente el brutal desfasaje existente hoy y a futuro entre oferta y demanda en Argentina, cualquiera se da cuenta al instante que hay mercado, y mucho. El tema, desde luego, pasa por la sostenibilidad de la inversión, la cual una vez enterrada no puede migrar o abandonar el país alegremente como si fuera uno de los 8 buques FLNG que operaran – felizmente – en el Golfo de San Matías. Incluso en este segmento de GNL existen enormes necesidades de infraestructura más allá de los ductos, tanques y monoboyas – todo lo cual es bienvenido, aunque falta mucho todavía. FFCC, HPP, terminales marítimas y fluviales, tecnologías de recepción y transferencia, construcción naval, plataformas logísticas, centros intermodales, terminales de carga aérea, red vial, energía en el centro-norte del país y mucho más. Si combinamos estas necesidades con el ritmo y grado de apertura que

esta marcando la agenda del MERCOSUR – más allá de varios sectores productivos que no debieran ser eliminados a favor de una importación masiva – la perspectiva luce muy tentadora para el inversor, sea extranjero o nacional. Ojo, no hablo de protección boba y sesgada de cualquier actividad industrial, sino de darle la oportunidad de que aquellos sectores que muestren vocación por la mejora y la innovación, renueven tecnología, mejoren gestión, accedan a créditos por medio de alianzas con un nuevo socio externo a partir de la apertura, y no mandarlo al muere con 0% de arancel. Las industrias que logren adaptarse también generarán nuevos flujos de importación y un salto de productividad exportadora. Habrá otras que, acostumbradas al signo de lo prebendario y la protección arancelaria infinita, sucumban en el proceso. Pero para todo esto la infraestructura es simplemente vital.

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logística

“

Proyecto para transformar el Aeropuerto de La Plata.

O acaso VALE de Brasil no invirtió en su propio FFCC de 912 km y su puerto de aguas profundas de Nacala en el proyecto MOATIZE de Mozambique por un monto de USD 4.4 Billones? O acaso Rio Tinto de Australia no invirtió en su propio FFCC de 800 km para unir su proyecto Simandou de 120 millones de toneladas / año de mineral de hierro con la terminal de aguas profundas de Morebaya, en Guinea, África occidental por un monto total de USD 10 Billones – frente a las costas donde opera Vale en Brasil. Cabe referenciar los dos FFCC de Vale que en Brasil (EFVM + EFC) unen los depósitos de mineral de hierro con las terminales de Ponta da Madeira, MA y Tubarao, ES y le brindan a Vale una productividad tal que le permite competir con Australia para abastecer, entre otros, a China, Japón, Korea y Taiwán, además de Europa. Vale hoy, es el operador logístico más relevante de Brasil (11va economía del mundo). Usted me podrá decir….

Está todo por hacerse en Argentina. Hay que saber salir a venderla. No puede ser tan difícil. qué horror!!, qué es esto de compararnos con África? Acá va la respuesta: África nos ha superado con creces en muchos aspectos. Mientras acá la política nacional aplaudía la estrategia de “milanesas para todos”, los ´pañuelitos verdes, y el “vivir con lo nuestro”, África avanzaba en infraestructura para hacer de sus recursos naturales un eje exportador. Basta mirar los 3 corredores logísticos que unen Namibia con Sudáfrica en donde productos del mar

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pescados en Namibia se transportan en camiones termos y son cargados en aviones Jumbo 747-400 en Johannesburgo con rumbo a PLAZA, Plataforma Logística de Zaragoza para su distribución en toda Europa. Un detalle: son pescados y mariscos frescos – NO congelados. Ahora entenderá el valor de la logística eficiente y la infraestructura asociada. Está todo por hacerse en Argentina. Hay que saber salir a venderla. No puede ser tan difícil.

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infraestructura

Inteligencia artificial

Patagonia, el nuevo territorio que buscan los grandes data centers La Patagonia argentina dejó de ser vista únicamente como un reservorio de hidrocarburos y energías renovables. Ahora también empieza a posicionarse como uno de los territorios más codiciados para la infraestructura de inteligencia artificial y es porque los grandes centros de datos demandan cientos de megavatios de energía, miles de millones de dólares y una conectividad internacional de alta capacidad. Este interés ya no proviene solamente de empresas tecnológicas. Fondos de inversión, compañías eléctricas y desarrolladores de infraestructura observan a Neuquén, Chubut y otras provincias patagónicas como el escenario donde podría instalarse la próxima gran industria digital de la Argentina.

patagónicas, con proyectos que van desde decenas hasta varios cientos de megavatios, todos condicionados por un mismo cuello de botella: la capacidad eléctrica y la conectividad internacional.

Neuquén, el corazón de la apuesta

El proyecto que mayor expectativa generó fue Stargate Argentina, anunciado mediante una carta de intención entre OpenAI y Sur Energy en octubre de 2025. La iniciativa contempla un complejo de inteligencia artificial que podría alcanzar 500 MW de capacidad y movilizar inversiones de hasta US$ 25.000 millones en su desarrollo completo. Su cofundador, EMILIANO KARGIEMAN, confirmó recientemente que la empresa trabaja junto al gobierno neuquino en la identificación del predio, mientras la decisión final depende de la firma de los contratos definitivos por parte de OpenAI. El proyecto ilustra la nueva escala del negocio: ya no se trata de edificios para alojar servidores, sino de infraestructura energética y digital comparable con una gran planta industrial.

El caso más avanzado es el de Pampa Energía. Según Reuters, la empresa fundada y presidida por MARCELO MINDLIN proyecta construir un data center de hasta 500 MW junto a su complejo de Loma de la Lata, aprovechando la disponibilidad de energía y la cercanía de Vaca Muerta. La inversión estimada ronda los US$ 900 millones, y la compañía ya comenzó a cotizar precios de suministro eléctrico con potenciales clientes para alcanzar acuerdos preliminares hacia fines de 2026. La lógica es simple dado que la inteligencia artificial necesita cantidades crecientes de electricidad y refrigeración. Allí la Patagonia ofrece una combinación difícil de replicar en otras regiones a partir de un clima con temperaturas más bajas, abundancia de gas, desarrollo eólico y solar, y grandes extensiones disponibles para infraestructura de escala. Pero Neuquén no está sola. También existen iniciativas en Chubut y expresiones de interés en otras provincias

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Stargate Argentina y una apuesta de US$ 25.000 millones

El desafío de construir infraestructura Durante los últimos meses el Gobierno impulsó instru-

mentos como el RIGI y el proyecto de Súper RIGI para captar inversiones de gran escala, con un foco especial en desarrollos tecnológicos y centros de datos. Sin embargo, los incentivos fiscales aparecen apenas como una parte de la ecuación. Expertos advierten que la mayoría de los proyectos continúan en etapas preliminares a la espera de resolver cuestiones mucho más costosas: nuevas líneas de transmisión, mayor capacidad de generación, fibra óptica internacional, financiamiento de largo plazo e infraestructura. En ese contexto cobra relevancia otro anuncio realizado en el último viaje de Milei a los Estados Unidos. La creación del Corredor Andes–Atlántico, un programa conjunto entre Argentina y Estados Unidos que habilita un marco de financiamiento de hasta US$ 7.000 millones para obras de infraestructura estratégica a través del EXIM Bank. El esquema no constituye un préstamo único, sino una línea destinada a múltiples proyectos hasta 2027 e incluye sectores directamente vinculados con el desarrollo de los data centers: redes eléctricas, puertos, ferrocarriles, gasoductos, infraestructura digital y conectividad de alta capacidad. Para una industria cuyo principal insumo es la energía, la disponibilidad de financiamiento para esas obras puede resultar tan importante como los beneficios impositivos.

Capital global y la cuestión Malvinas La carrera por la infraestructura digital también revela otro fenómeno que no distingue fronteras, la creciente presencia del capital internacional en sectores conside-

rados estratégicos. Entre los accionistas institucionales de Pampa Energía figura BlackRock, uno de los mayores administradores de activos del mundo, junto con otros grandes inversores globales presentes en compañías energéticas argentinas. Al mismo tiempo, BlackRock mantiene una participación minoritaria en Rockhopper Exploration, empresa asociada al desarrollo petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La coincidencia no implica participación directa en ese proyecto ni la vincula con las acciones impulsadas por el Estado argentino sobre la cuestión Malvinas, pero sí expone una característica del capitalismo financiero contemporáneo: los mismos fondos pueden estar presentes, simultáneamente, en activos energéticos argentinos y en negocios ligados a recursos cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa. Si estos proyectos logran superar la etapa de las cartas de intención y convertirse en obras concretas, la Patagonia podría incorporar un activo completamente nuevo a su perfil productivo. A su histórica condición de potencia energética podría sumar la de convertirse en uno de los principales polos de infraestructura digital de América del Sur. La inteligencia artificial ya no busca solamente talento o software. Busca electricidad abundante, clima frío, fibra óptica, estabilidad regulatoria y territorios capaces de operar durante décadas lejos de los grandes focos de conflicto. En esa nueva geografía del poder tecnológico, la Patagonia argentina dejó de ser el fin del mapa para empezar a convertirse en uno de sus espacios más estratégicos.

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industria

Farmacéutica

Patentes, evergreening y un cajoneo que duró 28 años en el Congreso Por Paola Batista. Argentina lleva más de medio siglo vinculada al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pero nunca terminó de incorporarse al sistema dado que no se ratificó en el Congreso. El país firmó el tratado en 1970 y el Senado aprobó la adhesión en 1998. Desde entonces, el expediente quedó cajoneado en Diputados durante 28 años, hasta que volvió a ponerse en movimiento en 2026. No es un dato menor. En el Congreso argentino, cajonear un proyecto es una práctica habitual cuando un tema es políticamente sensible o afecta intereses económicos enfrentados. Un proyecto que no obtiene tratamiento puede permanecer años en las comisiones hasta perder impulso, mientras los sectores involucrados buscan evitar que llegue al recinto o modificar sus condiciones. En este caso, el PCT atravesó gobiernos de distinto signo político sin convertirse en ley. La pregunta entonces es, por qué? Hay una confusión bastante extendida que conviene despejar y es que el PCT no crea una patente única mundial. No existe una “patente PCT” que una empresa obtenga y que automáticamente le dé derechos exclusivos en todos los países miembros. El primer beneficio que ofrece el tratado es la organización en el procedimiento para presentar una solicitud y búsqueda internacional, pero

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cada país conserva la decisión final sobre si concede o no la patente de acuerdo con su legislación.

La ventaja de ganar tiempo El PCT tampoco protege automáticamente una invención en todos los países que forman parte del tratado. Su ventaja radica, entre otras cosas, en que permite que quien desarrolla una invención presente una única solicitud internacional y gane tiempo antes de tener que decidir en qué países quiere continuar con el trámite para obtener una patente. Ese plazo puede llegar a unos 30 meses desde la fecha de prioridad. Durante ese período, el solicitante puede continuar con la investigación, obtener información sobre el estado de la técnica y evaluar si la invención realmente tiene posibilidades comerciales antes de afrontar los costos de tramitar una patente, país por país. Esto es especialmente relevante en industrias como la farmacéutica, aunque no es la única, donde entre el descubrimiento de una molécula y la llegada de un medicamento al mercado pueden pasar muchos años y requerirse investigaciones y ensayos costosos. Pero la ventaja de ganar tiempo es apenas una parte de la discusión. La otra cuestión, mucho más sensible cuando se habla de patentes farmacéuticas, es hasta dónde puede extenderse la protección de una innovación. Y

ahí aparece el concepto de evergreening, algo así como el reverdecimiento de las patentes, del que hablaremos más adelante. Veamos un caso práctico:

1. Se descubre y se presenta la solicitud. Un laboratorio desarrolla una molécula que podría tener una determinada aplicación terapéutica y presenta una primera solicitud de patente. Con esa presentación fija una fecha de prioridad para la invención.

2. Se recurre al PCT y se gana tiempo. Dentro del plazo correspondiente, el laboratorio presenta una solicitud PCT. No obtiene una patente mundial, pero puede utilizar el sistema internacional para mantener abierta la posibilidad de buscar protección en numerosos países y postergar la entrada en las respectivas fases nacionales. Durante ese tiempo puede seguir investigando la molécula, realizar ensayos y evaluar si realmente tiene una aplicación comercial.

3. Llega el momento de decidir país por país. Antes de que venza el plazo, el laboratorio debe deci-

dir dónde quiere continuar con el trámite. Si considera que el medicamento tiene mercado en Argentina, Estados Unidos, Europa u otros países, deberá entrar en las respectivas fases nacionales o regionales y cada oficina aplicará su propia legislación para decidir si concede la patente. La clave entonces es que el PCT no agrega 30 meses de duración a la patente. Lo que hace es permitir que el solicitante postergue y ordene la decisión de dónde buscar protección, mientras continúa desarrollando la invención y obtiene información que le permite decidir dónde vale la pena invertir en una patente.

Entonces, ¿por qué Estados Unidos insiste tanto? Para las empresas que desarrollan tecnología, medicamentos, productos químicos o biotecnología, la propiedad intelectual es un activo económico central. Y Estados Unidos tiene una enorme cantidad de empresas cuya actividad depende de esos derechos. La presión estadounidense sobre Argentina en materia de propiedad intelectual tampoco nació en 2026. Hay antecedentes de décadas. Documentación parlamenta-

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industria

ria argentina de 1998 registra reclamos del Gobierno estadounidense por el régimen argentino de protección de la propiedad intelectual y las advertencias vinculadas al mecanismo conocido como Special 301, mediante el cual Washington evalúa la protección de esos derechos en otros países. Desde 1996 Argentina ha estado en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” hasta que salió de ahí recién en este año. Ese mismo documento recuerda que Estados Unidos había suspendido parcialmente beneficios comerciales (aranceles) para Argentina en 1997 en el marco de esa disputa.

El peso de la industria farmacéutica y el “EVERGREENING” Argentina tiene desde 1995 la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Esa ley establece los requisitos para que una invención pueda ser patentada y otorga al titular derechos exclusivos sobre ella. También contempla mecanismos frente a prácticas anticompetitivas. El problema que plantea la industria farmacéutica nacional no es simplemente si Argentina quiere o no reconocer las patentes. El problema es qué considera una verdadera innovación patentable. Y ahí aparece una palabra que probablemente sea la clave para entender buena parte de la resistencia histórica: evergreening. El “evergreening” cuya traducción podría ser “siempre verde” o “reverdecimiento” es la pelea detrás de la pelea. Imaginemos un medicamento nuevo. Una compañía desarrolla una molécula, presenta una solicitud de patente y, si cumple con los requisitos legales, obtiene protección. La patente tiene un plazo determinado. Pero antes de que esa protección termine puede aparecer una nueva solicitud relacionada con el mismo medicamento como podría ser una modificación de la formulación, una nueva combinación, una determinada presentación, una modificación de la molécula, una nueva utilización u otra variante. La pregunta jurídica es sencilla de formular, aunque no siempre sea sencilla de responder: ¿Estamos frente a una nueva invención que merece una nueva patente o frente a una modificación menor destinada, en los hechos, a prolongar la exclusividad comercial del producto original? Y esta práctica, que podría ser un ardid para la extensión del cobro de regalías, es lo que se conoce como evergreening. CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, sostiene que existen solicitudes de este tipo que protegen innovaciones menores sobre medicamentos ya conocidos, sin aportar -según su posición- efectos terapéuticos o valor suficiente y que

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terminan obstaculizando durante años la entrada de medicamentos competidores. La cámara sostiene además, que una de las consecuencias puede ser el retraso de la llegada de medicamentos genéricos y biosimilares, con impacto sobre la competencia y los costos del sistema sanitario. Vale aclarar que no toda solicitud presentada es “evergreening”. Si una modificación constituye realmente una invención nueva y cumple con los requisitos de patentabilidad como por ejemplo, novedad y actividad inventiva, sí puede ser patentable. Pero la discusión está precisamente en el límite. Porque si el estándar para considerar una modificación como una nueva invención es demasiado amplio, una compañía puede intentar construir alrededor de un medicamento una sucesión de derechos de propiedad intelectual. Si el estándar es más estricto, las modificaciones que no representan una verdadera innovación quedan fuera de la protección y los competidores pueden ingresar cuando vence la patente original.

Pero qué tiene que ver esto con el PCT? El PCT por sí mismo no permite extender una patente ni habilita el evergreening. Pero sí introduce un sistema internacional de búsqueda y, en determinadas condiciones, de examen preliminar de las solicitudes. El tratado tiene un Capítulo I dedicado a la solicitud y búsqueda internacional y un Capítulo II referido al examen preliminar internacional y es allí el punto que lo convirtió en una cuestión política en Argentina. La discusión de 2026 incorporó una particularidad que no estaba en el proyecto original: Diputados aprobó el PCT con modificaciones y el proyecto volvió al Senado. La discusión sobre el alcance del Capítulo II es particularmente sensible para la industria farmacéutica nacional. CILFA ha sostenido que Argentina debe mantener un examen riguroso de las solicitudes farmacéuticas y rechazar aquellas que considere simples estrategias de evergreening. En su posición pública de marzo de 2026, la cámara incluso valoró que el acuerdo con Estados Unidos no hubiera incorporado una extensión del plazo de las patentes y sostuvo que las solicitudes deben analizarse caso por caso conforme a la Ley 24.481. Es decir, el temor de la industria nacional no es que mañana aparezca una “patente mundial” que automáticamente le dé a un laboratorio extranjero veinte años de monopolio en Argentina. El temor es que un sistema internacional más favorable a la circulación y evaluación de solicitudes pueda combinarse con criterios de patentabilidad más amplios y termine aumentando la cantidad de patentes conce-

didas sobre productos farmacéuticos, incluidas aquellas que la industria local considera modificaciones menores. Argentina fue construyendo un sistema de patentes farmacéuticas con criterios propios y con la posibilidad de ingresar con genéricos y biosimilares cuando vencen las patentes correspondientes. Buena parte de la industria local defendió históricamente reglas destinadas a impedir que modificaciones menores de medicamentos ya conocidos se transformaran en nuevas barreras de entrada. CILFA sostiene que esa competencia permitió desarticular monopolios y reducir costos, y ubica justamente al evergreening entre las principales amenazas para ese esquema. Después de 28 años, el expediente dejó de estar cajoneado. La Cámara de Diputados finalmente lo aprobó el proyecto el 27 de agosto de 2026 por 147 votos contra 93, aunque introdujo modificaciones y por eso el proyecto regresó al Senado.

Pero la discusión que lo había mantenido allí durante tanto tiempo sigue viva. Porque en definitiva, el debate no es si Argentina quiere o no reconocer una patente sino dónde se pone el límite entre una nueva invención y una modificación utilizada para prolongar una exclusividad. Ahí es donde el viejo expediente del PCT deja de ser un trámite internacional aparentemente técnico y de inserción internacional y se convierte en una discusión económica mucho más grande. ¿Quién puede cobrar por una innovación, durante cuánto tiempo y qué tiene que demostrar para volver a cobrar por ella cuando la primera patente está por vencer? Y las semillas? ¿Quién tiene derechos sobre una semilla una vez que fue comprada, sembrada y vuelve a producir nuevas semillas? Un debate, una adhesión y una pregunta que sigue abierta. Quizás la clave no esté en el tratado, sino en quién pone el límite.

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tecnología

Opinión

Regular la IA: quién decide y quién responde Ignacio Adrián LERER Abogado (UBA), Executive MBA (IAE, Universidad Austral) e investigador en evolución jurídica, instituciones e inteligencia artificial. estudio.justitia.com.ar

La acusación exige distinguir lo que Bessent atribuye a la industria de lo que cada empresa propone. También permite examinar una expresión aparentemente tranquilizadora: compartir la responsabilidad.

Qué se está pidiendo El pedido de compartir las decisiones sobre el futuro de la inteligencia artificial abre una disputa sobre quién cargará con sus consecuencias. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, puso sobre la mesa una pregunta que atraviesa el pedido de regulación de la inteligencia artificial: ¿los laboratorios buscan compartir el control o las consecuencias de perderlo? En una entrevista con CNBC, el 21 de septiembre, rechazó otorgarles un escudo de responsabilidad. Según su interpretación, advierten sobre peligros extremos y, al mismo tiempo, pretenden que el gobierno los releve de responder por ellos.

Dario Amodei, de Anthropic, propuso moderar el avance de las capacidades, incorporar evaluadores externos con acceso permanente a los laboratorios y coordinar precauciones entre empresas y gobiernos. Sam Altman acompañó públicamente la necesidad de moderar el ritmo y la incorporación de evaluadores independientes. Esa coincidencia no constituye un acuerdo sobre todos los instrumentos. Hay una precisión jurídica decisiva. Amodei solicita una exención acotada en materia de competencia para ciertas conversaciones sobre seguridad entre empresas rivales. Habilitar esas conversaciones no equivale a liberar a sus participantes de responsabilidad por los daños que causen sus sistemas. Confundir ambas cosas haría más estridente la crítica, pero menos sólida. OpenAI, por su parte, afirmó el 21

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de septiembre que los laboratorios deben asumir la responsabilidad de desarrollar con seguridad conforme a las leyes existentes. También sostuvo que avanzar requiere decisiones democráticas informadas y aclaró que los estándares técnicos propuestos no serían licencias ni autorizaciones previas. La tensión está allí: convocar a otros a decidir y, a la vez, conservar responsabilidades propias.

La compañía que pide compañía Una empresa puede decidir cuánto capital arriesga. Resulta más difícil justificar que decida por sí sola qué peligros deben soportar quienes no son sus clientes, no firmaron sus contratos y quizá nunca utilicen sus productos. Si las consecuencias exceden a la organización, hay buenas razones para que la deliberación también la exceda. El laboratorio que demora un lanzamiento para hacer más pruebas puede perder terreno frente a otro que avance. Una precaución común podría evitar esa desventaja. El pedido admite una explicación legítima que no requiere suponer una maniobra

para eludir responsabilidades. Pero esa intervención también cambia la historia que podrá contarse después de una falla. Una compañía que fijó sola sus precauciones deberá explicar por qué las consideró suficientes. Si participaron autoridades, expertos y competidores, podrá invocar el proceso colectivo. Aunque ninguna ley haya modificado las indemnizaciones, el costo político y reputacional de haber avanzado podría quedar repartido. Ése es, a mi juicio, el mensaje de fondo que merece examinarse. Pedir regulación puede ser también pedir que otros acompañen una decisión cuyo resultado nadie está en condiciones de garantizar. Una preocupación genuina por la seguridad puede coexistir con el interés en no quedar solo frente a las consecuencias.

Decidir, explicar, reparar La palabra responsabilidad reúne tres cuestiones diferentes: quién decide cuánto riesgo aceptar, quién debe explicar el fracaso y quién afronta sus consecuencias jurídicas y patrimoniales. Incorporar al Estado en la primera no resuelve automáticamente las otras dos. El problema aparece cuando esas funciones se superponen sin que quede claro qué conserva cada participante. El desarrollador señala al evaluador; el evaluador, a los límites de su encargo; la autoridad, a la información que recibió; la empresa usuaria, al proveedor que contrató. Puede haber muchos intervinientes y muy poca capacidad para reconstruir una decisión concreta. Pensemos en un exportador que utiliza un sistema de IA para preparar documentación o coordinar entregas. Es un ejemplo hipotético: un error podría comprometer una operación aunque el modelo hubiera superado evaluaciones exigentes. Habría que saber qué se evaluó, para qué uso, qué decidió automatizar el exportador y qué controles conservó. La distribución

jurídica dependería de los hechos, los contratos y el derecho aplicable. Para esa empresa, la regulación vale también por la posibilidad de obtener registros y reclamar una corrección. Un certificado de alcance incierto puede tranquilizar al comprador sin ayudarlo cuando necesita explicaciones.

La responsabilidad que no alcanza a pagar Bessent rechaza que el gobierno absorba la responsabilidad de los laboratorios y sostiene que éstos deben responder por los eventos extremos. La posición tiene una fuerza intuitiva: quienes desarrollan y explotan una tecnología no deberían poder desprenderse de sus consecuencias simplemente porque intervino un regulador. Sin embargo, queda un problema que esa afirmación no resuelve. Si los daños posibles superaran la capacidad patrimonial de sus responsables, conservar la obligación de indemnizar no garantizaría una reparación suficiente. Tampoco devolvería lo perdido cuando el daño fuera irreversible. La responsabilidad jurídica puede subsistir y, aun así, parte de las pérdidas recaer sobre las víctimas. Por eso rechazar un escudo de respon-

sabilidad no vuelve innecesaria la prevención. Obliga a discutir controles, capacidad de intervención y recursos para responder, sin confundir una promesa de reparación con la posibilidad efectiva de cumplirla. La contrapartida de compartir decisiones debería ser entregar información y aceptar límites verificables, no obtener una absolución anticipada. También importa quién define la evidencia de seguridad. Los estándares comunes que propone OpenAI pueden mejorar las evaluaciones. Pero, si sus criterios son insuficientes, cumplirlos podría servir de defensa reputacional: todos hicimos lo que se consideraba adecuado. Sin otorgar inmunidad, un estándar puede influir en cómo se juzgan las decisiones. Por eso importan quién lo fija y cómo se revisa cuando falla. Antes de aceptar la invitación de los laboratorios a compartir responsabilidad, conviene preguntar qué están dispuestos a compartir del poder que la origina. ¿Quién podrá acceder a la información, cuestionar una evaluación y exigir que se detenga una actividad? Si esas facultades siguen concentradas mientras las consecuencias se distribuyen, la firma pública habrá acompañado una decisión que no llegó a controlar.

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medio ambiente

Opinión

Contamina y no paga: la vulnerabilidad financiera y ambiental del modelo ultra fast fashion Julián D’ANGELO Director Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (FCE-UBA).

A fines de septiembre, la caída de las acciones de la plataforma china de fast fashion Shein, tras su reciente salida a bolsa, estuvo presente en los principales medios financieros del mundo. Las acciones de Shein se desplomaron en la Bolsa de Hong Kong después de que la compañía presentara su primer balance trimestral desde su debut bursátil el 1° de septiembre. Los títulos llegaron a caer 14% en un día y cerraron con una pérdida del 10,7%, llevando a la empresa a su menor valor desde su salida al mercado. La ganancia neta ajustada cayó

67% interanual en el segundo trimestre, hasta U$S 228 millones, mientras el margen se redujo a apenas 2,1% y las ventas retrocedieron tanto en Europa como en Estados Unidos. La acción ya acumula una caída superior al 27% desde su salida a Bolsa. Este derrumbe llevó la capitalización de Shein a unos US$ 17.000 millones, frente a los US$ 26.000 millones de su debut y muy lejos de los US$ 100.000 millones que llegó a alcanzar en sus rondas previas de financiamiento privadas. Detrás de este desplome aparecen como algunas de sus causas, el aumento de los costos logísticos, la eliminación de beneficios aduaneros para los envíos de bajo valor en Estados Unidos y Europa y la presión sobre los márgenes de un modelo basado en precios extremadamente bajos. Y todo esto podría ser también una buena noticia, ya que permite volver a poner bajo la lupa a la ultra fast fashion y, con ella, al modelo de producir, consumir y descartar ropa a una velocidad cada vez mayor. En los últimos años, el comercio mun-

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dial de textiles y prendas de vestir alcanzó un valor superior a los US$ 800.000 millones anuales, con Asia como principal centro de producción. China, Bangladesh, Vietnam e India concentran buena parte de la industria exportadora, apoyados en su capacidad de fabricación, bajísimos costos laborales y cadenas de suministro integradas. Esta dimensión global de la industria también permite comprender la magnitud de uno de sus principales desafíos: el volumen creciente de materias primas, prendas y productos textiles que ingresan al mercado y, posteriormente, se convierten en residuos. La industria textil es una de las más contaminantes del mundo, y esta situación en lugar de mejorar, continúa agravándose. El nivel de producción y consumo de ropa no solo es insostenible, sino que también es absurdamente obsceno. Se producen en el mundo, por ejemplo, dos millones y medio de zapatos, por hora. Esta industria produce 100.000 millones de prendas de vestir

al año. Según estimaciones de ONGs ambientalistas, existiría actualmente ropa en circulación para abrigar a las próximas ocho generaciones de seres humanos. GAP lanza cada año, unos 12.000 artículos nuevos. H&M se estima que duplica ese número, y produce hasta 25.000 modelos nuevos anualmente. Zara eleva esa cifra a los 36.000 productos nuevos por año. Y, según cálculos de especialistas, el modelo de negocios del ultra fast fashion de Shein, llegaría a producir un millón y medio de modelos nuevos cada año. Adicionalmente, es una industria que depende en gran medida de los combustibles fósiles, ya que la mayoría de las fibras sintéticas proceden del petróleo y porque los procesos de teñido y acabado tienen un enorme impacto ambiental. Se ha estimado que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) anuales de la producción textil pueden superar a las de todos los vuelos

internacionales y el transporte marítimo juntos. La industria consume cada año unos 215 billones de litros de agua, el equivalente a 86 millones de piscinas olímpicas, y es responsable del 9% de los microplásticos que contaminan los océanos. Producir un solo pantalón jean genera 25 kg de CO2 y requiere un consumo de 8.000 litros de agua. En el caso de una sola cartera, se liberan 67 kg de CO2 y se gastan 17.000 litros de agua. Además de los materiales y los procesos de fabricación, es el creciente volumen de consumo lo que está teniendo un efecto devastador. Mientras que, hasta fines del siglo XX, la ropa se usaba hasta que se gastaba y luego se reparaba, se calcula que hoy en día más de la mitad se tira en menos de un año. Este modelo de negocios se basa en bajísimos costos de producción, la deslocalización de las fábricas a países con mano de obra barata y en estrategias comerciales que juegan con

la creación continua de necesidades y la obsolescencia percibida. Esta actividad exorbitante genera, cada año, unas 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Cerca del 12% se pierde antes de que siquiera exista la prenda (en las etapas de diseño y producción) El modelo de ultra fast fashion genera además un problema creciente para el reciclaje. La calidad del material textil se deteriora, lo que conlleva una caída de la calidad del material reciclado. Las fibras se vuelven demasiado cortas para la producción de nuevos textiles y se utilizan en aplicaciones con menor valor añadido en las industrias automotriz, construcción o plásticos. Menos del 1% vuelven a la industria textil. En nuestro país, según la Encuesta de Consumo responsable, hábitos sustentables y capital social, que llevamos a cabo recientemente desde el CENARSECS, uno de cada dos argentinos vende, intercambia o dona ropa usada.

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medio ambiente

Pero en términos industriales, una parte importante de la ropa usada de los países desarrollados es enviada hacia mercados del Sur Global, muchas veces bajo el argumento de la donación o reutilización. La cantidad de ropa usada exportada desde la Unión Europea hacia países del sur global se triplicó en las últimas dos décadas y pasó de 550.000 toneladas en el año 2000 a casi dos millones de toneladas en la actualidad. La mitad de estos textiles se envían a África. Por otro lado, tampoco Estados Unidos, ni China, tienen capacidad para reciclar toda la ropa que descartan, y gran parte la exportan a otros países de Asia y a África. En especial a Pakistán, Malasia, Kenia e India. El destino de estos textiles no siempre está claro. Si bien algunos efectivamente se reutilizan, se estima que, entre el 10 % y el 40 %, generalmente terminan en vertederos. En los países importadores, si bien existe cierta demanda de ropa usada accesible, la idea de que estas donaciones textiles sean actos de caridad para quienes lo necesitan no se ajusta necesariamente a la realidad. Existe en estas regiones una importante actividad de comercialización y reutilización que genera empleo e ingresos, pero también una creciente preocupación por la calidad de las prendas que llegan. Una proporción cada vez mayor corresponde a ropa de baja calidad que no puede ser revendida ni reutilizada y termina literalmente en vertederos a cielo abierto, como los que podemos encontrar en Ghana, Nairobi, India, Nigeria y, acá cerca, en Chile, donde está el más grande vertedero de ropa usada del mundo, en el desierto de Atacama. En el desierto de Atacama, al norte de Chile, existen actualmente unas 300 hectáreas de ropa arrojada a cielo abierto, una superficie equivalente a 1400 estadios de fútbol. Cada año se siguen recibiendo allí unas 60.000

toneladas de ropa provenientes de Europa, Asia y Norteamérica a través del puerto libre de Iquique. Al menos 40.000 toneladas de ropa sin vender terminan abandonadas o incineradas ilegalmente en las dunas. En octubre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una ley destinada a reducir el desperdicio de textiles en la Unión Europea. Esta norma responsabiliza de la recolección, clasificación y reciclaje de la ropa y los textiles domésticos usados a las empresas que los producen. La dimensión del problema llevó esta cuestión a la agenda del Convenio de Basilea, el acuerdo internacional que regula los movimientos transfronterizos de determinados residuos y busca evitar que su gestión genere daños al ambiente y a la salud. En su reunión de 2025, la Conferencia de las Partes decidió incorporar para el período 2026-2027 el análisis de los movimientos transfronterizos de textiles usados y residuos textiles, incluyendo una cuestión central: cómo distinguir una prenda que todavía puede ser reutilizada de un residuo que simplemente está siendo trasladado de un país a otro. La COP18 del Convenio de Basilea, prevista para abril de 2027 en Panamá, deberá considerar las alternativas que surjan de este proceso. Este debate no será fácil. Por un lado, existen numerosas organizaciones ambientales que reclaman mayores controles, trazabilidad y mecanismos que permitan evitar que los países con mejores sistemas de gestión de residuos trasladen parte de su problema a regiones con menor capacidad para gestionarlo. Por otro lado, el comercio de segunda mano constituye una actividad económica relevante y generadora de empleo en numerosos países africanos. Por eso, quienes participan de esta actividad sostienen que cualquier modificación de las reglas internacionales debe contemplar también el impacto sobre las personas y comunidades que viven de la comercializa-

Desafío Exportar | Octubre 2026

ción y reutilización de estas prendas. La discusión deja planteada una cuestión de fondo para la economía circular: la ropa de segunda mano no es necesariamente circular por el solo hecho de tener una segunda vida. Si una prenda viaja miles de kilómetros para ser revendida y finalmente termina en un vertedero porque su calidad no permite reutilizarla o reciclarla, el problema ambiental no desapareció. Simplemente cambió de lugar. La verdadera circularidad exige intervenir sobre toda la cadena: cómo se diseña y produce la ropa, qué materiales se utilizan, cuánto tiempo puede permanecer en uso, qué posibilidades existen de reparación, reutilización y reciclaje y quién asume los costos cuando el producto llega al final de su vida útil. Una experiencia de circularidad de ropa implementada por Zara en Inglaterra recientemente, mostró como, solamente reintroduciendo al mercado unos 600 kilos de ropa usada se evitaba la generación de unos 2300 kg de CO2, se ahorraba el consumo de 3600 millones de litros de agua y la tala de 144 árboles. En el mismo sentido, en 2019 unas 56 empresas de moda y textil suscribieron el Fashion Pact para abordar la lucha contra las emisiones de GEI, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la contaminación plástica de los océanos. Por eso, junto con las restricciones al movimiento internacional de residuos, cobra relevancia la Responsabilidad extendida del productor. El desafío consiste en que las empresas no sean responsables solamente hasta el momento en que venden una prenda, sino que participen también de la gestión de los impactos y costos asociados a su destino final. De esta manera, la discusión sobre los residuos textiles deja de ser exclusivamente un problema de los consumidores o de los países que reciben la ropa usada y pasa a involucrar a todos los actores de la cadena de valor.

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novedades empresarias

MOMLY

B&B GLOBAL

El 54,5% de las mujeres en relación de dependencia frenó su carrera por la carga de cuidados.

Presenta rebranding especial con motivo de su 30 Aniversario.

La maternidad suele aparecer en las conversaciones sobre trabajo cuando una mujer deja una empresa, pide mayor flexibilidad o necesita reorganizar su jornada. Pero hay decisiones que ocurren mucho antes y que, en muchos casos, no quedan registradas en ningún indicador de gestión: mujeres que dejan de postularse, rechazan oportunidades o empiezan a pensar en renunciar. En ese contexto, MOMLY, consultora especializada en retención y desarrollo de talento femenino, presenta los resultados del relevamiento “Maternar y trabajar en Argentina” sobre la carga de cuidados y decisiones de carrera.

En el marco de su 30° aniversario, B&B Global, estudio integral

Según la encuesta, el 54,5% de las mujeres que se encuentran en relación de dependencia, afirmó haber rechazado, dudado o dejado de postularse a una oportunidad laboral en los últimos dos años debido a su carga de cuidados. El dato abre una dimensión menos visible del problema: el 70,4% de quienes atravesaron alguna de esas situaciones no lo llevó a ningún canal formal de su organización. Solo 2 personas de las 199 que integran ese grupo dijeron haber informado al área de Recursos Humanos. El relevamiento también muestra que el 40,5% de las mujeres en relación de dependencia pensó seriamente en renunciar durante el último año. En el 72% de esos casos, la dificultad para conciliar el trabajo y los cuidados tuvo peso en la decisión o fue el principal motivo. A su vez, el 31,5% sintió que fue penalizada laboralmente después de ser madre. El agotamiento aparece como otra dimensión central: el 76,8% de las madres que respondieron se siente mentalmente agotada. Pero el relevamiento permite mirar más allá del cansancio y observar cómo ese estado se relaciona con las trayectorias profesionales: culpa, carga de tareas domésticas y de cuidado y la percepción de que crecer profesionalmente puede alejarlas de sus hijos forman parte de las experiencias relevadas. La relación de las mujeres con el acompañamiento de las organizaciones también muestra diferencias significativas. En cuanto al acompañamiento que perciben de su empleador, en una escala del 1 al 10, el promedio fue 6,14, pero entre quienes calificaron ese acompañamiento entre 1 y 4, el 62,5% había pensado seriamente en renunciar, frente al 29,1% entre quienes lo calificaron entre 8 y 10. La diferencia no parece explicarse solamente por la existencia de beneficios. El relevamiento distingue entre aquello que las empresas ofrecen y aquello que las mujeres efectivamente utilizan. El trabajo remoto o híbrido, el horario flexible al regresar de la licencia, los espacios de cuidado y las licencias extendidas aparecen entre las medidas más extendidas y utilizadas. La sala de lactancia se aparta del grupo: está disponible para el 35,1% de las mujeres en relación de dependencia, pero solo la usa el 35,2% de quienes la tienen, menos de la mitad de la tasa de uso que registran los demás beneficios. En cambio, sólo el 3,8% trabaja en una organización que ofrece un espacio o taller específico sobre maternidad y trabajo, y el 4,4% en una que tiene un programa de retorno. El relevamiento también permite mirar a quienes ya dejaron un empleo en relación de dependencia: entre esas mujeres, el 56,5% afirma que la maternidad pesó bastante o fue el motivo principal de su salida, mientras que el 62,1% volvería a una empresa o negociaría su regreso. Entre las condiciones mencionadas vuelve a aparecer, especialmente, la flexibilidad horaria. Más que cerrar una discusión, MOMLY busca poner información sobre la mesa para abrirla: qué sucede con las carreras de las mujeres cuando maternan, qué políticas tienen realmente disponibles, cuáles utilizan, qué decisiones toman en silencio y qué diferencias aparecen según el tamaño de la organización, la industria, el nivel del puesto o la etapa de crianza.

Desafío Exportar | Octubre 2026

especializado en comercio exterior, presenta un rebranding especial de su marca, una actualización que acompaña este hito y pone en valor su recorrido a lo largo de tres décadas. La nueva identidad suma un guiño conmemorativo por los 30 años, en línea con este momento clave para la compañía. Más que un cambio estructural, se trata de una intervención simbólica que refleja la historia construida y su continuidad en el tiempo. A lo largo de su trayectoria, B&B Global se consolidó acompañando a empresas en sus procesos de comercio internacional, desarrollando un modelo basado en la personalización de sus servicios, el cumplimiento normativo y la incorporación de tecnología. Con más de 7.000 operaciones en despacho aduanero mensuales y presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa, la compañía continúa fortaleciendo su propuesta con soluciones orientadas a optimizar la operatoria y adaptarse a un entorno cada vez más dinámico. En línea con su visión de crecimiento sostenido, B&B Global mantiene una apuesta constante por la expansión estratégica de sus operaciones y el desarrollo de nuevos mercados internacionales. El rediseño de su identidad se enmarca en este recorrido: una marca que evoluciona desde lo simbólico, acompañando una trayectoria consolidada, una visión de largo plazo y el compromiso de seguir creciendo junto a sus clientes.

INSTITUTO ALEXANDER FLEMING

Incorpora una nueva herramienta de visualización para optimizar la cirugía guiada por fluorescencia.

En el marco de su compromiso con la innovación y la incorporación de tecnología aplicada a la atención oncológica, el Instituto Alexander Fleming utiliza Greenbac, un insumo basado en verde de indocianina (ICG) que permite potenciar la visualización de estructuras anatómicas durante distintos procedimientos quirúrgicos. La fluorescencia con verde de indocianina constituye una herramienta de imagen intraoperatoria que permite realizar una visualización en tiempo real durante la cirugía. Mediante el uso de una fuente de luz infrarroja cercana, el trazador fluorescente emite una señal que es captada por cámaras específicas y proyectada en una pantalla, brindando al cirujano información adicional sobre el campo operatorio. Esta tecnología puede ser especialmente valiosa en procedimientos en los que resulta fundamental conocer la perfusión de los tejidos, la vascularización, la localización de determinadas estructuras o el drenaje linfático, ya que permite obtener información durante el mismo acto quirúrgico y contribuir a una toma de decisiones más precisa.

MAIL BOXES ETC.

RASTI

El mercado global del arte crece y las ventas internacionales abren nuevas oportunidades para artistas y galerías argentinas.

Un estudio revela que los padres sienten culpa por darles pantallas a sus hijos, aunque la solución podría ser más simple de lo que creen..

Una obra de arte puede venderse en un solo click, pero trasladarla intacta hasta un coleccionista en otro lugar del mundo requiere una logística completamente diferente a la de cualquier otro producto. La internacionalización del arte argentino gana impulso a partir de la participación de galerías en ferias internacionales, el desarrollo de plataformas digitales y distintas iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad exportadora del sector. En ese contexto, cada vez más obras encuentran compradores fuera del país y la logística especializada se convierte en un eslabón clave para que esas ventas lleguen a destino En ese contexto, el mercado mundial del arte continúa mostrando signos de crecimiento. Según el Art Basel & UBS Art Market Report 2025, las ventas globales de arte aumentaron un 4% en 2025 y alcanzaron un valor estimado de US$59.600 millones, consolidando un escenario en el que las operaciones internacionales tienen un peso cada vez más importante. Detrás de cada obra que cruza una frontera hay un proceso que rara vez es visible para el comprador. Pinturas, esculturas, fotografías y otras piezas de alto valor requieren embalajes diseñados a medida, condiciones específicas de manipulación y transporte, además del cumplimiento de la normativa aduanera de cada país de destino. En este tipo de envíos, un error en el embalaje, un documento incompleto o una demora en aduana puede significar daños irreversibles. A diferencia de otros productos, una obra de arte suele ser una pieza única. Si sufre un daño durante el transporte, en muchos casos la pérdida es irreparable. La venta termina cuando alguien compra la obra, el verdadero desafío empieza cuando hay que hacerla llegar intacta al otro lado del mundo. Frente a ese escenario, la logística especializada adquiere un rol central. Embalar correctamente una pintura, proteger una escultura o preparar la documentación para un envío internacional requiere procesos muy distintos a los de una mercadería convencional. Mail Boxes Etc. (MBE) ofrece soluciones específicas según la necesidad particular de cada envío, ya sea una pintura, una escultura o fotografías. La compañía, que opera una red global de más de 1.800 centros en más de 45 países, integra embalaje profesional adaptado a cada pieza, coordinación del transporte, gestión de documentación aduanera y trazabilidad durante todo el recorrido. Para artistas y galerías que exportan por primera vez o que buscan escalar sus operaciones internacionales, contar con ese respaldo marca la diferencia entre una experiencia fluida y una que puede comprometer la relación con el comprador. El crecimiento del mercado global del arte no solo amplía el horizonte comercial para la producción argentina: también eleva las exigencias operativas de quienes participan en él. En ese nuevo escenario, la logística especializada deja de ser un detalle para convertirse en parte del valor que un artista o una galería ofrece a sus compradores internacionales.

Una investigación cualitativa realizada por la consultora Youniversal para Juguetes Rasti, que incluyó focus groups con madres y padres de niños de 3 a 8 años en el AMBA, encontró un patrón que se repite en la mayoría de las familias: la pantalla aparece como la solución más a mano cuando no hay tiempo, energía o ganas de jugar. Aunque sea una salida efectiva en el momento, después queda la culpa. “Le doy mi teléfono para que vea dibujitos o juegue a algo, pero después para sacárselo es un escándalo”, contó una de las participantes. Sin embargo, el mismo estudio encontró algo alentador: cuando los padres logran sentarse a jugar (aunque sea un rato, sin grandes producciones) la respuesta es inmediata, tanto en los chicos como en ellos mismos. “Para mí sentarme a armar algo, una hora, es un tiempo muy valioso que disfruto mucho, salir de la tecnología”, contó otra madre entrevistada. Otro testimonio fue más allá: “Cuando mis hijos se enganchan conmigo jugando, ya está, ya sé que está todo bien.” Según el informe, la clave no está en grandes decisiones ni en desconexiones totales de la tecnología, sino en gestos simples y sostenibles: sentarse en el piso, proponer un juego, estar presente activamente aunque no se trate de largos períodos. El ofrecimiento, señala el estudio, tiene que salir del adulto, cuando eso pasa, los chicos se enganchan casi siempre. A partir de estos hallazgos, y de innumerable evidencia sobre la importancia del juego en el desarrollo y creatividad de los chicos, Rasti, de la mano de la agencia NøBullshit, construyó su nuevo concepto de marca, “Jugar nos hace bien”, y lo llevó a la práctica con el #Desaf íoRasti, una serie de videos con familias reales que pusieron a prueba, sin actores ni guión, la elección de sus hijos cuando tenían un Rasti al lado de una pantalla. Daniel Dimare, director de marketing de Juguetes Rasti, dijo: “Lo que más nos sorprendió del estudio no fue que a los padres les preocupan las pantallas, fue descubrir que ellos mismos las usan como solución rápida y después cargan con la culpa. Quisimos que la marca fuera un alivio a esa culpa, no otra exigencia más.” Mariano Dorfman, fundador de NøBullshit, agregó “El punto de partida para pensar creativamente el desaf ío y el concepto de marca fue un dato real: a los chicos y chicas les encanta jugar, y mucho más si es con sus padres. Solo necesitaban una razón para volver a hacerlo y quisimos ponerlo a prueba para confirmarlo”

Desafío Exportar | Octubre 2026

on line

La industria metalmecánica acumuló una caída de 10,9% en los primeros siete meses de 2026

La producción metalmecánica profundizó su retroceso y acumula una caída interanual de 10,9% hasta julio de 2026, frente a una baja de 2,6% en el conjun to de la industria. El sector también registró una reducción del empleo y de la cantida d de empresas, aunque las exportaciones mostraron una mejora durante el primer semestre del año. La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argent ina (CAMIMA) presentó su Informe Metalúrgico de julio de 2026, que refleja una situación compleja para el sector, con fuertes diferencias entre las distintas ramas de actividad. Los principales datos del informe son: • Producción: La actividad metalmecánica cayó 10,9% interanual acumulada a julio, mientras que la industria manufacturera en su conjunto retrocedió 2,6%. • Empleo: En abril de 2026, el sector ocupaba 234.100 puestos de trabajo, un 6,1% menos que un año atrás. La caída representa 15.200 puestos. • Empresas: Había 11.983 empresas metalmecánicas activas en abril. Son 91 menos que en marzo y 957 menos que en el pico de noviembre de 2023. En un año, el sector perdió el 4,1% de sus empresas. • Exportaciones: Crecieron 2,7% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, aunque todavía permanecen estancadas frente a sus niveles históricos. • Importaciones: Disminuyeron 10,2% interanual durante el primer semestre, en un contexto de menor inversión, consumo y actividad industrial. • Comercio exterior: El déficit acumulado de productos metalmecánic os durante los últimos 12 meses alcanzó los US$20.115 millones, con US$22 .255 millones de importaciones y US$2.140 millones de exportaciones. • Salarios: El salario medio real metalmecánico cayó 1,6% interan ual en abril de 2026. Medido en dólares, alcanzó los US$1.625, un nivel elevado en la comparación de los últimos cinco años. • Precios mayoristas: Los productos metalmecánicos aumentaron 16,3% interanual a julio, por debajo del 29,5% registrado por la industria y del 31,1% del índice general de precios mayoristas. El relevamiento muestra una marcada heterogeneidad entre las distinta s ramas metalmecánicas, aunque la contracción alcanza a prácticamente todos los sectores, tanto en producción como en empleo y cantidad de empresas. Los números muestran el impacto que la menor actividad viene teniend o sobre las empresas del sector, pero destacaron también algunos indicadores que permiten sostener expectativas de recuperación.

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