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ISSN: 2075-6631

EDICIÓN #172

JACQUELINE XIOMARA PALACIOS T R AY E C T O R I A Y C R I T E R I O

ESPECIAL

CONTENIDO

DERECHO Y NEGOCIOS|3

6 Inicia funciones nuevo Consejo

18 Transparencia y control para

Redacción DyN

Iliana Andrea Aguilar

Nacional de la Judicatura período 2026-2031.

fortalecer la contratación pública moderna.

21 Jacqueline Palacios:

8 TACOP: el control

especializado que revisa la legalidad de la contratación pública. Wendy Mulato

10 Transparencia y control para fortalecer la contratación pública moderna.

Ernesto Alejandro Ramírez

12 Contratación pública:

una trayectoria entre tribunales, empresas y aulas.

Redacción DyN

32 Cuando el compliance falla, la tecnología deja de ser suficiente.

Iván Eduardo Ortega

¿Quién dijo que una

34 generación sabe más que otra?

Graciela Bocchi

24 ¿Qué esperar de los recursos administrativos y del contencioso administrativo en materia de contratación pública?

Jessica Mena

26 Participación societaria y

transparencia para un verdadero control.

José Roberto Barriere Ayala

14 La cláusula penal en el

prácticas anticompetitivas en las compras públicas.

Ronald Euceda

28 La dicotomía tradicional entre

contrato de obra pública.

Óscar Álvarez

16 Más allá del cumplimiento

formal en las contrataciones públicas.

Alfredo Ernesto Alvayero

acto administrativo y norma administrativa frente al acto administrativo plúrimo.

Carlos Humberto Chinchilla

30 ¿La inteligencia artificial

puede poseer derechos de autor?

Gabriela Sánchez Torres

www.derechoynegocios.net

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Derecho y Negocios

Edición #172 Fecha: 10-2026

ISSN: 2075 - 6631

Calle el Mirador, Pje. Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.

CARTA DEL

PRESIDENTE Estimados lectores: La contratación pública tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos y en la actividad de las empresas. De sus decisiones dependen obras, bienes y servicios que deben responder a necesidades concretas y al uso responsable de los recursos del Estado. Por ello, la transparencia y el control merecen una discusión que permita comprender cómo se toman esas decisiones, cómo se supervisan y qué mecanismos existen para cuestionarlas. Dedicamos el especial de nuestra edición 172 a examinar estos asuntos desde distintas perspectivas jurídicas. Nuestros colaboradores analizan el control especializado de la contratación pública, los recursos administrativos y judiciales, las obligaciones en los contratos de obra y los riesgos de prácticas anticompetitivas. Sus aportes invitan a reflexionar sobre la efectividad de los procedimientos y sobre la responsabilidad de quienes intervienen en ellos. Esta discusión también concierne al sector empresarial. Participar en las compras públicas exige conocer las reglas, evaluar compromisos y contar con herramientas para defender los derechos de los oferentes. La calidad de estos procesos importa tanto a las instituciones contratantes como a las empresas y a los ciudadanos que esperan resultados. En nuestra portada presentamos a Jaqueline Xiomara Palacios, reconocida como Abogada del Año 2025 en los Premios Derecho y Negocios. Dedicamos este espacio a conocer su recorrido profesional y su perspectiva sobre el ejercicio del derecho. Para nuestra revista, compartir estas experiencias contribuye a una conversación sobre el trabajo y las responsabilidades de quienes integran la comunidad jurídica. En actualidad, abordamos la elección del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, una institución relevante para la selección, evaluación y formación judicial. Ampliamos, además, el análisis hacia debates que plantean nuevas preguntas a la profesión: la autoría de las creaciones generadas por inteligencia artificial y el papel de las decisiones humanas en la gestión del riesgo digital y el cumplimiento. Agradecemos a nuestros autores, lectores y aliados por acompañarnos.

Atentamente

PRESIDENTE

Manuel Carranza

manuelcarranza@derechoynegocios.net

GERENCIA

Linda Alarcón

gerencia@derechoynegocios.net

COORDINACIÓN EDITORIAL

Alejandro Mejicanos editor@derechoynegocios.net

DISEÑO EDITORIAL

Diego Guzmán

arte@derechoynegocios.net

ManuelCarranza PRESIDENTE

NO SAB E S QUI EN ESTÁ DE L OTRO L ADO

# Que N oTeE ng anchen

Inicia funciones nuevo Consejo Nacional de la Judicatura período 2026-2031 El nuevo Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador inició el 22 de septiembre el período 2026-2031, luego de que la Asamblea Legislativa eligiera y juramentara a sus siete consejeros propietarios y siete suplentes.

l nuevo pleno asumió funciones cinco días después de su elección. En su primera sesión, los consejeros propietarios eligieron a Omar Alexander Hernández como presidente del organismo para el nuevo período.

La renovación, realizada en septiembre pasado, abre una etapa de cinco años para una institución que interviene en la selección, evaluación y capacitación de jueces y magistrados. Sus decisiones tienen relación directa con la carrera judicial y con la formación de quienes administran justicia. El nuevo pleno y su representación El Consejo quedó integrado por siete propietarios provenientes de distintos sectores vinculados con el sistema judicial. Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro representan al gremio de abogados en libre ejercicio. Luis Alonso Ramírez Menéndez representa a la Universidad de

El Salvador. Verónica Lisseth González Penado representa a las universidades privadas. Miguel Ángel Calero Ángel corresponde al Ministerio Público. Omar Alexander Hernández representa al sector de jueces y magistrados. La Asamblea también eligió siete suplentes. Ellos son Nelly Edith Posas Henríquez, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, Eduardo Antonio Pérez Hernández y Elías Alexander Mejía Merlos. También integra este grupo Manuel Alexander Guevara Hernández. Cuatro de los siete propietarios ya formaban parte del Consejo anterior. Son Guerra Grijalba, Ramírez Menéndez, González Penado y Calero Ángel, quienes iniciaron un segundo período. Cómo se desarrolló la elección Para los equipos de las firmas y las empresas, la gala representa una oportunidad de celebrar juntos los resultados de su labor. Detrás de cada candidatura hay personas que comparten responsabilidades, atienden clientes y dedican tiempo a construir una reputación profesional. Ese sentido colectivo dará también carácter a la noche. Los reconocimientos individuales convivirán con premios al trabajo de equipos, en una ceremonia que pondrá nombres y rostros a las contribuciones del sector. La cercanía de la fecha abre paso a la expectativa por conocer a los galardonados de 2026. El próximo 1 de octubre, la gala 17 de Derecho y Negocios volverá a reunir a sus invitados para compartir una noche de celebración y sumar una nueva edición a su historia de reconocimientos.

ACTUALIDAD DERECHO Y NEGOCIOS|7

Las funciones que tendrá el nuevo pleno El Consejo Nacional de la Judicatura cumple una función constitucional dentro del sistema de justicia salvadoreño. Su principal tarea consiste en proponer candidatos para distintos cargos judiciales. Entre ellos figuran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. El organismo también evalúa periódicamente el desempeño de jueces y magistrados. Esa tarea busca generar información sobre el trabajo judicial y apoyar los procesos relacionados con la carrera judicial. Además, el Consejo dirige la Escuela de Capacitación Judicial. Esta unidad desarrolla programas para mejorar la formación profesional de jueces y otros funcionarios del sector justicia. Por tanto, el nuevo pleno tendrá responsabilidades que abarcan tres áreas centrales: selección, evaluación y capacitación. Estas funciones acompañarán al sistema judicial durante los próximos cinco años. Compromisos planteados por los consejeros Durante las entrevistas, los aspirantes expusieron propuestas relacionadas con la evaluación y formación de funcionarios judiciales. También abordaron la reducción de la mora judicial, la digitalización y el uso responsable de inteligencia artificial. Los nuevos consejeros han planteado compromisos específicos para el período que comienza. Omar Alexander Hernández, elegido presidente del Consejo, señaló la importancia de fortalecer el trabajo institucional. Miguel Ángel Calero Ángel, representante del Ministerio Público, planteó modernizar y dinamizar los procesos de selección de candidatos judiciales. También destacó la necesidad de aplicar criterios de transparencia y objetividad. Santos Guerra Grijalba planteó que las evaluaciones deben considerar la idoneidad, la capacidad técnica y la integridad ética de jueces y magistrados. Por su parte, Luis Alonso Ramírez Menéndez y Verónica Lisseth González Penado destacaron el fortalecimiento de la Escuela de Capacitación Judicial.

Los cambios más importantes llegaron durante el proceso de paz. Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la antigua guerrilla incluyeron una reforma del sistema judicial. Los Acuerdos de Paz plantearon redefinir el Consejo para garantizar su independencia de los órganos del Estado y de los partidos políticos. También buscaron ampliar su composición hacia sectores relacionados con la sociedad y la administración de justicia. En 1991, una reforma constitucional modificó el artículo 187 y reconoció al Consejo como una institución independiente. La reforma también estableció su participación en la selección de candidatos para cargos judiciales. La segunda Ley del Consejo entró en vigencia en 1993. Esta norma amplió sus atribuciones y le asignó la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial. Posteriormente, en 1999 entró en vigencia la actual Ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Esa normativa definió su papel como órgano colaborador de la administración de la carrera judicial. Un papel ligado a la calidad de la justicia La función del Consejo no consiste en dictar sentencias ni sustituir a los tribunales. Su trabajo se concentra en los procesos que ayudan a integrar y fortalecer la judicatura. La selección de candidatos, la evaluación del desempeño y la capacitación forman parte de ese esquema institucional. Por ello, las decisiones del nuevo pleno tendrán efectos sobre la preparación y trayectoria de funcionarios judiciales. El período 2026-2031 comienza así con un Consejo integrado por representantes de abogados, universidades, Ministerio Público y jueces. El nuevo pleno deberá desarrollar sus atribuciones durante los próximos cinco años, conforme al marco constitucional y legal.

5 FUNCIONES

La historia de una institución creada con la Constitución

CLAVE DE CNJ

El Consejo Nacional de la Judicatura nació en la Constitución salvadoreña de 1983 como una institución de apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, comenzó a funcionar en 1990.

1. Proponer candidatos a cargos judiciales:

La primera Ley del Consejo fue aprobada en 1989. Aquella normativa estableció una estructura vinculada con la Corte Suprema y limitó inicialmente sus funciones.

Seleccionar y presentar aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras, jueces de primera instancia y jueces de paz. 2. Evaluar el desempeño judicial Evaluaciones magistrados.

periódicas

del

trabajo

jueces

3. Dirigir la Escuela de Capacitación Judicial: Organizar y supervisar su funcionamiento y sus programas de formación. 4. Fortalecer la formación profesional: Desarrollar programas de capacitación para jueces y otros funcionarios del sector justicia. 5. Colaborar en la administración de la carrera judicial: Aportar información y evaluaciones que apoyen los procesos relacionados con la trayectoria de los funcionarios judiciales.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 8|DERECHO Y NEGOCIOS

TACOP: EL CONTROL ESPECIALIZADO QUE REVISA LA LEGALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Una instancia decisiva para oferentes y contratistas, y algunas oportunidades para fortalecer su función de control. administrativo especializado antes de una eventual controversia judicial. El recurso comienza presentación

antes

La experiencia práctica demuestra que una controversia jurídicamente atendible no siempre se convierte en un recurso exitosamente planteado.

Wendy Mulato ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE IUSPUBLIK

ara una empresa que contrata con el Estado, decisiones como la adjudicación, la exclusión de una oferta, la declaratoria de desierto, una sanción o la terminación anticipada de un contrato pueden producir consecuencias económicas importantes. Por ello, participar en compras públicas exige no solo presentar una buena oferta, sino también conocer qué decisiones pueden controvertirse, ante quién, dentro de qué plazo y con qué argumentos. En ese escenario adquiere especial relevancia el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas (TACOP), órgano colegiado especializado encargado de resolver los recursos de apelación previstos en la Ley de Compras Públicas (LCP). El Reglamento de la LCP configura al TACOP como una autoridad administrativa independiente e imparcial (art. 82), cuyos miembros ejercen sus funciones con autonomía. Dentro de los límites del recurso, puede examinar la decisión cuestionada y, según corresponda, confirmarla, revocarla o anularla. Su función resulta valiosa para todos los participantes del sistema. Para las instituciones contratantes, contribuye a consolidar decisiones jurídicamente robustas; para oferentes y contratistas, ofrece un control

El Reglamento de la LCP exige al recurrente identificar el acto impugnado, desarrollar las razones de hecho y de derecho, precisar el agravio y formular una petición concreta (art. 74). También contempla supuestos de rechazo relacionados con legitimación, impugnabilidad, plazo y fundamentación. Esto tiene una consecuencia empresarial importante: la estrategia de defensa no debería comenzar cuando llega una resolución desfavorable. En contratación pública, la adecuada preparación de un eventual recurso comienza con la lectura jurídica de los documentos de solicitud, la verificación de los requisitos y formularios requeridos, la documentación de las actuaciones relevantes y el análisis de los criterios utilizados durante la evaluación. Un oferente que comprende el contenido del expediente de contratación está en mejores condiciones para decidir, si existe un agravio real, cuál es la vía procedente y qué resultado puede razonablemente solicitar y obtener. Por ello, la asesoría especializada en compras públicas aporta mayor valor cuando combina prevención y defensa. Los criterios del previenen riesgo

TACOP

también

Las decisiones del TACOP no resultan relevantes únicamente para los recurrentes. Sus criterios pueden orientar a las empresas antes de participar en futuras contrataciones. Un ejemplo es la identificación del beneficiario final: la LCP exige a los proveedores proporcionar esta información en el RUPES y mantenerla actualizada.

En la resolución de 21 de julio de 2026, referencia LCP-APL-55-2026, el TACOP examinó el beneficiario final de una sociedad en cuya estructura participaba un fideicomiso y diferenció la mayor participación económica del ejercicio efectivo del control. Para grupos empresariales con estructuras societarias complejas, criterios de esta naturaleza son particularmente relevantes. Revisar con antelación la estructura de propiedad, administración y control puede reducir contingencias relacionadas con la participación en procedimientos, impedimentos para contratar y eventuales sanciones. Lo mismo ocurre con materias como la razonabilidad de precios, prácticas anticompetitivas, requisitos de participación o aplicación complementaria de la legislación administrativa. Así, conocer los criterios del TACOP es también una herramienta de cumplimiento empresarial Cuatro oportunidades de evolución El actual modelo ha significado un avance importante al incorporar un control administrativo especializado. Precisamente a partir de esa experiencia podrían evaluarse, en futuras reformas, cuatro ajustes puntuales.

Primero, podría considerarse que el TACOP conozca determinados actos que actualmente quedan fuera de la apelación, particularmente decisiones finales relevantes en baja cuantía y en contrataciones directas por emergencia. En este último supuesto, cabría un diseño de la apelación sin efecto suspensivo cuando detener la contratación pudiera comprometer la atención de la emergencia. La LCP veda la apelación en estos procedimientos. Una ampliación cuidadosamente delimitada permitiría extender el control especializado sin afectar la agilidad que justifica esos métodos de contratación.

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|9

Segundo, resultaría pertinente un mecanismo administrativo específico frente a determinadas actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho relacionadas con una contratación. Actualmente, estas actuaciones pueden ser sometidas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues la LJCA reconoce expresamente su impugnabilidad en dicha sede. Un cauce administrativo especializado no sustituiría ese control judicial, pero sí ofrecería, en casos determinados, una respuesta más inmediata y técnicamente vinculada con la contratación pública.

Tercero, podría valorarse ampliar de manera puntual el ámbito de control del TACOP respecto de otros actos administrativos que, aun produciendo efectos relevantes durante el ciclo de contratación, no siempre cuentan con un mecanismo especializado de revisión. La extensión debería definirse cuidadosamente por ley, atendiendo a la naturaleza del acto, su impacto sobre los derechos e intereses de los participantes y la necesidad de preservar la eficiencia del procedimiento.

Cuarto, merecería valorarse que el TACOP carezca de legitimación pasiva cuando sus resoluciones sean posteriormente impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El derecho comparado ofrece referencias útiles. En España, el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa establece que los órganos administrativos que resuelven recursos en materia de contratación pública no tienen la consideración de parte demandada cuando sus decisiones llegan al control judicial. La posición procesal corresponde a las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso o que comparezcan en esa condición. Alemania utiliza un diseño procesal diferente, pero comparte una lógica semejante. Las Vergabekammern, encargadas de revisar procedimientos de contratación pública, ejercen sus funciones con independencia y, cuando su decisión es posteriormente impugnada ante el Oberlandesgericht competente, la cámara

revisora no se convierte en contraparte encargada de defender judicialmente su propia decisión. Una reforma en esta línea permitiría reforzar la posición institucional del TACOP como órgano especializado, independiente e imparcial de verificación, diferenciando su función decisoria de la controversia judicial posterior. La medida no supondría reducir sus competencias, sino consolidar el papel que desempeña como tercero revisor y permitir que, ante la jurisdicción, comparezcan principalmente quienes mantienen el interés material en la contratación controvertida. Estas propuestas no parten de una valoración negativa del sistema vigente. Al contrario, surgen de reconocer la utilidad del TACOP y preguntarse cómo puede fortalecerse de forma progresiva a una institución especializada que ya cumple una función relevante dentro de las compras públicas. Prevenir, recurrir y defender con estrategia Para las empresas, entretanto, la prioridad sigue siendo práctica: participar con acierto y reaccionar cuando una decisión afecte sus derechos o intereses. La revisión preventiva del RUPES, beneficiario final, impedimentos, documentos de solicitud y criterios de evaluación puede evitar controversias posteriores. Cuando estas surgen, la identificación del acto recurrible, el plazo, el agravio y la pretensión resulta determinante. En contratación pública, un buen recurso comienza antes de redactarlo. La práctica en contratación administrativa de IUSPUBLIK acompaña a oferentes y contratistas desde la revisión preventiva de su participación hasta la preparación de recursos ante el TACOP y, cuando corresponde, la defensa en sede contenciosoadministrativa. La finalidad no es promover controversias innecesarias, sino ayudar a las empresas a contratar con el Estado con mayor seguridad jurídica, prevenir contingencias y utilizar adecuadamente los mecanismos de protección que el propio ordenamiento establece, acompañamiento que hemos brindado de forma exitosa en múltiples casos.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 10|DERECHO Y NEGOCIOS

TRANSPARENCIA COMO MECANISMO DE CONTROL CIUDADANO EN LAS

COMPRAS PÚBLICAS

a Administración Pública tiene como fin primordial satisfacer los intereses generales, lo que se traduce en que busca el bienestar del pueblo, no así intereses propios o privados; y como parte de las facultades con las que cuenta la Administración Pública, es la de adquirir y contratar bienes o servicios a fin de satisfacer el interés general que debe prevalecer. Así, la facultad de contratar del Estado, se rige por una diversidad de principios, tales como el de legalidad, libre competencia, racionalidad del gasto público, eficacia y eficiencia; pero el que se trae a colación en esta oportunidad, es el de transparencia, como principio rector en el ciclo de compras públicas, y de vital importancia porque permite a los oferentes y a la ciudadanía en general, verificar el cumplimiento irrestricto de los principios en la actividad contractual del Estado; asimismo, que no exista una desviación en la satisfacción de los intereses generales.

Ernesto Alejandro Ramírez ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y EMPRESARIAL | SOCIO DIRECTOR DE PRIME LAW

Por ello, el principio de transparencia o publicidad por parte de las Administraciones Públicas constituye consecuencia directa de todo Estado Democrático, debido a que, los ciudadanos deben poder controlar el ejercicio del poder público, lo que requiere el acceso a las fuentes de información pública de manera completa, fidedigna y veraz. Tal es la importancia de dicho principio para los Estados y la Comunidad Internacional que, es necesario remitirnos al Art. 9.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por El Salvador el 1 de julio de 2004, en la que se instituye como obligación de los Estados adoptantes, entre otras cosas, establecer sistemas apropiados de contratación pública basados en la transparencia para prevenir la corrupción, cuyos sistemas deben velar por la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos.

De igual manera, en la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, se estimó la violación del Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, en la cual se expresó que es derecho de toda persona solicitar el acceso a la información bajo control estatal, sin necesidad de acreditar un interés directo; lo anterior, permite la transparencia en la gestión pública, haciendo posible que las personas ejerzan un control democrático de las gestiones estatales, que permitan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un correcto cumplimiento de las funciones públicas. A su vez, en el ámbito nacional, la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|11

de fecha 5/II/2008, referencia 65-O-2004, refiere que, el principio de transparencia en los procedimientos licitadores, constituye una garantía de una sana administración, salvaguarda los intereses de la comunidad, así como los intereses y derechos de los particulares que poseen la calidad de oferentes; asimismo, la transparencia y publicidad se encuentran íntimamente ligadas a la posibilidad de participación en el procedimiento licitatorio, en otras palabras, se potencia la libre competencia.

dicha información puede recaer en: a) documentos, independientemente de su soporte material o electrónico; b) contenidos, entendiéndose como aquellas otras informaciones que aún sin estar contenidas en un documento específico, obran en poder del sujeto obligado. Es importante recalcar que dicho derecho no es ilimitado, y las excepciones legales son supuestos tasados e interpretados de modo estricto.

¿Qué conlleva la transparencia? Según los doctrinarios Gamero Casado y Fernández Ramos¹, se articula mediante dos elementos que responden a dinámicas diferentes, pero complementarias:

¹ Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos, Manual básico de Derecho Administrativo – Vigésima Primera Edición (Madrid: Editorial Tecnos, 2024), 955-957.

1. La publicidad activa: le corresponde a la Administración Pública la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los poderes públicos, a través de sedes electrónicas o páginas webs, de forma periódica y actualizada; a su vez, la información a difundir es la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, así como, la información que es de interés de la ciudadanía. 2. El acceso a la información pública: es la ciudadanía quien toma la iniciativa de requerir la información que obra en poder de la Administración Pública, sin necesidad de expresar los motivos en la respectiva solicitud;

Ahora bien, cuando aterrizamos a la legislación salvadoreña, verificamos que el Art. 5 lit. a) de la Ley de Compras Públicas -en adelante LCP-, contempla que, el principio de transparencia debe regir en el ciclo de compra y toda actividad contractual, es decir, a través de todos los actos que se emitan en ocasión de la actividad contractual del Estado, siendo accesible de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada. Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Ética Gubernamental, juntamente con los principios contemplados en el Art. 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, tales como el de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad,

rendición de cuentas, entre otras. Asimismo, vemos de manera concreta el cumplimiento del principio de transparencia en la LCP, por ejemplo, la obligatoriedad en el uso de COMPRASAL de todas las instituciones de la Administración Pública (Art. 10); publicación en COMPRASAL de las compras bajo la modalidad de contratación directa (Art. 43); la amplia divulgación de la convocatoria pública para los procesos de compra (Art. 87); la transparencia en la apertura de las ofertas (Art. 95); la publicación en COMPRASAL del resultado del procedimiento de compra, identificando cuando sea adjudicada, el nombre del oferente ganador y el precio, juntamente con su respectiva formalización (Art. 105). Lo expuesto permite el control de las actuaciones administrativas en el ciclo de compras públicas a través de los recursos administrativos y judiciales que contempla el ordenamiento jurídico. No obstante, no se verifica consecuencias por el incumplimiento del principio de publicidad, tales como sanciones para los funcionarios públicos (más allá de lo contemplado en los Artículos 76 y 77 LAIP) o consecuencias en la validez de la adjudicación o del contrato mismo. Tal es el caso de España, ya que, según el Art. 39.2.c) de la Ley 9-2017 de Contratos del Sector Público, son nulos de pleno derecho los contratos celebrados en los que concurra la falta de publicación del anuncio de licitación en cualquiera de los medios que sean en cada caso obligatorios. Lo anterior, es un aspecto importante a tener en cuenta por parte del legislador en futuras reformas a la LCP, para efectos de blindar el principio de publicidad en los procedimientos de licitación y como parte del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de transparencia en la contratación pública. En síntesis, en un Estado democrático, el principio de transparencia constituye un verdadero mecanismo de control ciudadano en el ciclo de compras públicas, que permite mitigar los riesgos de corrupción en la gestión pública, las prácticas colusorias que afectan la libre competencia, y en general, que se garantice el cumplimiento objetivo de los fines colectivos mediante la correcta utilización y erogación de los recursos públicos. El poder observar cada paso de la Administración Pública en las contrataciones públicas no debe ser un tabú, sino lo cotidiano.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 12|DERECHO Y NEGOCIOS

CONTRATACIÓN PÚBLICA: TRANSPARENCIA PARA UN VERDADERO CONTROL para cumplir Fines Públicos con Fondos Públicos y, precisamente por eso, es que deben ser Públicos”. Es que debe existir la suficiente publicidad de los contratos públicos para que la población, que está dando los fondos para los mismos, sepa que esos fondos públicos (que vienen de sus impuestos o de préstamos que se pagarán con impuestos), sí se están utilizando para la obtención de fines o necesidades públicas, tal como ordenan los artículos 224 y 227 de la Constitución de El Salvador.

JOSÉ ROBERTO BARRIERE AYALA CONSULTOR LEGAL B&G CONSULTORES

n agradecimiento a Derecho y Negocios, por invitarme a participar en esta edición dedicada a la “Contratación Pública, Transparencia y Control”, tema que reúne de forma magistral tres piedras angulares del Desarrollo de los Pueblos. Hablar del Desarrollo de los Pueblos, implica hacer alusión a uno de los Derechos Humanos de la Tercera Generación, el Derecho al Desarrollo, para el cual, la Contratación Pública será un verdadero motor, sólo si existe Control de ésta, siendo la Transparencia un requisito fundamental para ese control. Como he mencionado en diversos foros y publicaciones, “los Contratos Públicos son

Por ello, es que el diseño de la Ley de Compras Públicas (LCP), plantea que los contratos públicos son para obtener fines públicos (Art. 1 LCP), siendo necesario que exista una programación de las compras públicas (Art. 17 LCP), de acuerdo a las necesidades y fines estatales, siendo esa planificación la base para el presupuesto institucional y posteriormente del Presupuesto General del Estado (PGE), por lo que deben ser publicitados. Luego, viene la ejecución del PGE y de todos los contratos presupuestados. Por ello es que el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en los numerales 15 y 19, ordena que todas las instituciones públicas o entidades que administran fondos públicos, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, la información siguiente:

» “15. El listado de las obras en

ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado…”

» “19. Las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, detallando en cada caso: a. Objeto. b. Monto. c. Nombre y características de la contraparte. d. Plazos de cumplimiento y ejecución del mismo. e. La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o concurso, público o por invitación, libre gestión, contratación directa, mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley. f. Detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;”

Como he mencionado en diversos foros y publicaciones, “los Contratos Públicos son para cumplir Fines Públicos con Fondos Públicos y, precisamente por eso, es que deben ser Públicos”. Es que debe existir la suficiente publicidad de los contratos públicos para que la población, que está dando los fondos para los mismos, sepa que esos fondos públicos (que vienen de sus impuestos o de préstamos que se pagarán con impuestos), sí se están utilizando para la obtención de fines o necesidades públicas, tal como ordenan los artículos 224 y 227 de la Constitución de El Salvador. Eso es lo que se conoce como Información Oficiosa, que debe ponerse a disposición del público a instancia de las instituciones. Continúa dicha normativa diciendo que la información oficiosa deberá publicarse de forma que facilite su uso y comprensión y permita asegurar su claridad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Es decir, que, por mandato de Ley, debe existir Transparencia en los Contratos Públicos, lo que alcanza no únicamente a los ofertantes y contratistas, sino que al Público en general como interesado que es. Es importante mencionar que la LCP, en su artículo 5, como el primero de sus Principios, establece la Transparencia, ordenando lo siguiente: Principio de transparencia: todos los actos que se emitan con ocasión de la actividad de contratación pública deben ser accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada. La información que se ponga a disposición debe ser cierta, precisa, oportuna, clara, consistente y con concordancia con la ley que rige el acceso a la información pública. Si bien la LCP contiene regulaciones expresas sobre la Transparencia, no son únicamente sujetas de dichas normas sobre Transparencia las contrataciones LCP, sino que todas las contrataciones públicas deben ser transparentes, de acuerdo con la LAIP, incluso las sujetas a leyes especiales, pues para que exista un verdadero control de la población, deben

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|13

mantenerse como información pública. Además de las normas de la LAIP y la LCP, existen otras normas internacionales que establecen la Transparencia elevándola incluso a categoría de Derecho Humano, por ejemplo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el Derecho a la Información como un derecho humano fundamental; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el Derecho a la información como un derecho humano; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que exige transparencia en contrataciones y decisiones de gestión pública; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual establece el derecho de las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, entre otros. Estas normas internacionales son fundamentales para garantizar la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Gestión Pública y en la Protección de los Derechos Humanos. Una herramienta fundamental para el control de la gestión pública y del uso de los fondos públicos es el Public Compliance, dentro del cual la Planificación de las Compras Públicas, es una herramienta básica, para ejercer controles primarios, sabiendo qué es lo que se va a comprar, pero también ejercer controles secundarios, durante la ejecución de los contratos públicos, sabiendo cómo se ejecutan, cómo se han liquidado y evaluado. Y para darle contenido a qué debe revisarse o cuáles deben ser los parámetros de control del Public Compliance, básicamente, debemos referirnos a dos elementos: 1. La Legalidad de las Contrataciones Públicas, que implica que, la determinación de necesidades, la planificación, los procedimientos de selección de contratistas y la ejecución contractual, deben hacerse apegados al Orden Legal, sin pretender crear supra derechos para la administración pública y sin enervar o privar de sus derechos a los ofertantes

y contratistas. 2. La Satisfacción u Obtención de Fines Realmente Públicos, que satisfagan necesidades reales de la población. Y este segundo control, puede ser fortalecido por medio de la Resiliencia en las Compras Públicas, pues, según Zoila Cristina Llempen López y otros, en “Cómo Incorporar Criterios de Resiliencia en la Inversión Pública”, para fortalecer la calidad de la Inversión Pública es necesario incorporar Criterios de Resiliencia desde la planificación hasta la ejecución y evaluación de los proyectos. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo introdujo el Invescore Resiliencia para promover proyectos más sostenibles, eficientes y mejor preparados frente a los crecientes desafíos climáticos, sociales y económicos. Ya no se trata únicamente de comprar con apego a Derecho y satisfaciendo necesidades públicas, sino que también de hacerlo de forma más eficiente y eficaz, lo que en sí es un control de las contrataciones públicas, trascendiendo a una gestión más congruente a aquellos desafíos. En El Salvador existen controles de las compras públicas, por ejemplo, la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), el Observatorio de Compras Públicas, el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas (TACOP), la Corte de Cuentas, etc., quienes deben velar por la Legalidad y Satisfacción de Necesidades, actuando con independencia. Complementariamente, debe fortalecerse el Control Ciudadano por medio de la Transparencia, pues el Control Institucional se verá consolidado con el Control Ciudadano de las Contrataciones Públicas. Es un reto para los gobernantes, la población lo merece, y será una excelente tarjeta de presentación tanto nacional como internacional.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 14|DERECHO Y NEGOCIOS

LA CLÁUSULA PENAL

EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (ejercicio del ius puniendi) con penalidades contractuales (actos de ejecución contractual) ha generado dispersión y confusión conceptual entre legisladores, instituciones contratantes e incluso administraciones de justicia, exponiendo la contratación de obra pública a un clima de incertidumbre y arbitrariedad en el que se aplican sanciones creyéndolas penalidades y se aplican penalidades creyéndolas sanciones.

Óscar Álvarez ABOGADO Y NOTARIO, MÁSTER EN COMPRAS PÚBLICAS SOCIO A & C CONSULTING

Este artículo examina la evolución y marco normativo vigente de la cláusula penal en El Salvador, en particular bajo la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales (LSAOM, 2021) y la Ley de Compras Públicas (LCP, 2023), proponiendo límites y requisitos formales para su correcta aplicación.

La Cláusula Penal en el Derecho Privado (Análisis Comparado) En el derecho privado comparado existen dos enfoques principales: Sistemas anglosajones: Distinguen explícitamente entre la cuantificación de daños (liquidated damages, permitidas) y las cláusulas eminentemente punitivas (penalty clauses, prohibidas, como en el UCC de EE. UU.).

a cláusula penal constituye una obligación accesoria destinada a garantizar el cumplimiento de obligaciones principales. Aunque su uso proviene del derecho privado —donde funciona como cuantificación anticipada de daños o mecanismo punitivo—, la administración pública la ha incorporado progresivamente en la contratación administrativa para proteger sus intereses como acreedora. Sin embargo, a diferencia de los particulares, la administración pública está estrictamente supeditada al principio de legalidad (art. 86 de la Constitución salvadoreña y art. 3.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos), según el cual solo puede actuar bajo una norma habilitante previa. En El Salvador, la coexistencia de sanciones administrativas

Sistemas continentales: Agrupan ambas funciones bajo la figura de la cláusula penal, con variaciones respecto al control judicial (Código Civil francés de 1804, chileno de 1855 y salvadoreño de 1860).

Marco Civil Salvadoreño (arts. 1406 y ss.): Naturaleza: Salvo pacto en contrario, la cláusula penal en El Salvador es esencialmente indemnizatoria (estimativa de perjuicios) y requiere que el deudor sea constituido en mora (excluyendo la responsabilidad objetiva, p. ej., casos de fuerza mayor o caso fortuito). Aplicabilidad: Procede tanto incumplimiento total como cumplimiento tardío (mero retraso).

por por

Acumulaciones: El art. 1408 C.C. permite exigir de forma simultánea la pena y la obligación principal solo cuando se estipuló por el simple retardo o cuando se pactó expresamente que el pago de la pena no extingue la obligación.

Control Judicial: La intervención del juez para moderar la pena pactada se restringe a obligaciones de valor indeterminado o inapreciable donde la sanción sea desproporcionada o "enorme".

Evolución Histórica en la Contratación Administrativa Salvadoreña La figura de la cláusula penal ha transitado por diversos modelos normativos:

» Ley de Suministros (1945) y Ley

de Suministros para el Ramo de Obras Públicas (1953): Modelo centralizado que recurría a multas pactadas contractualmente de carácter indemnizatorio, permitiendo incluso acumular penas por retardo e incumplimiento total y demandar excesos indemnizatorios en vía judicial.

» Ley de Suministro para el Ramo de

Salud Pública y Asistencia Social (1982): Se desplazó la cláusula penal convencional hacia el régimen administrativo sancionador, tipificando los retrasos e incumplimientos como infracciones administrativas sujetas al debido proceso, introduciendo elementos de dosimetría punitiva.

» Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública (2000) y Reformas (2011): Consolidaron la multa por mora como sanción administrativa y el incumplimiento grave como causal de caducidad con inhabilitación de 2 a 5 años. El Reglamento de la LACAP (2013) reintrodujo las penalidades contractuales por aspectos técnicos como cláusula obligatoria, pero sin definir parámetros claros de aplicación.

» Ley Especial de Asocios Público

Privados (2013): Permitió penalidades contractuales, encomendando su imposición al Organismo Fiscalizador (OFAPP) bajo un mismo procedimiento administrativo para sanciones y penas (acentuando la confusión).

» Ley Simplificada para las

Adquisiciones de Obras Municipales - LSAOM (2021) y Ley de Compras Públicas – LCP (2023): Delimitaron claramente dos vías: por un lado, las infracciones y sanciones administrativas (sancionadas vía Ley de Procedimientos Administrativos); y por otro, la estipulación de

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penalidades contractuales por incumplimientos técnicos u otros acordes al objeto contractual (art. 66 LSAOM / art. 160 LCP), sometidas a un procedimiento ad hoc cuya predeterminación es de carácter convencional.

procedimiento con imparcialidad y gestiona las pruebas.

» Máxima autoridad o delegado: Resuelve motivadamente notificando al contratista.

d. Aplicación Directa mediante Compensación Requisitos y Límites para la Estipulación y Aplicación de Penalidades A partir del marco normativo vigente, de la supletoriedad del derecho común y los principios del derecho administrativo, se proponen cinco límites y condiciones esenciales para la aplicación válida de cláusulas penales bajo la LSAOM y la LCP: a. Tipo de Penalidad Permitida (Naturaleza Indemnizatoria) Dado que los contratos administrativos son sinalagmáticos y conmutativos, las penalidades contractuales son de carácter pecuniario e indemnizatorio. Para ser procedentes, la acción u omisión penalizada debe causar un daño o menoscabo económico efectivo a la administración pública. Cobrar penalidades por incumplimientos formales que no generen perjuicio patrimonial genera un enriquecimiento sin causa para el Estado. Vgr. Multa por no portar una cachucha de determinado color, no pegar un sticker en los camiones. No, el cielo no es el límite.

b. Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad Toda estipulación de penas contractuales debe someterse al test de proporcionalidad (subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). Debe existir correlación directa entre el monto cuantificado de la penalidad y el perjuicio real ocasionado. La razonabilidad se evalúa en tres momentos: al redactar los Documentos de Solicitud, al aplicar la cláusula y al momento de su control (arbitral o judicial). c. Procedimiento Ad Hoc y Garantía de Audiencia La aplicación de penalidades no configura un acto administrativo sancionador, sino un acto de ejecución contractual. No obstante, por exigencia del art. 11 de la Constitución, es obligatorio configurar un procedimiento ad hoc con garantía de audiencia previa que contemple:

» Administrador del contrato: Detecta e informa el incumplimiento.

» Departamento legal / Ente sustanciador: Tramita el

Las leyes autorizan el cobro directo de la penalidad en los pagos pendientes. Jurídicamente, esto se fundamenta en la compensación como modo de extinguir obligaciones (art. 1525 Civil). Sin embargo, la administración no debe paralizar u oponerse a pagar las estimaciones de obra ejecutada durante la sustanciación de la audiencia para evitar asfixiar financieramente la obra. Si no hay créditos líquidos e inminentes a favor del contratista, la penalidad debe descontarse en las estimaciones siguientes o en la liquidación final. e. Conocimiento Previo e Incorporación en los Documentos de Solicitud Para garantizar la seguridad jurídica, la cláusula penal y su procedimiento de aplicación deben estar detallados previamente en los Documentos de Solicitud. Cuando el oferente presenta su propuesta, se adhiere a dichas reglas. Por tanto, es ilícito incorporar al contrato cláusulas penales no previstas en el DSO.

Conclusiones Principales Diferenciación conceptual: Las infracciones administrativas (ius puniendi) y las penalidades contractuales (mecanismos indemnizatorios de ejecución contractual) coexisten en El Salvador, pero se rigen por principios y procedimientos distintos. Límites de la Administración: La administración pública no goza de autonomía de la voluntad irrestricta para configurar e imponer penas pecuniarias arbitrarias. Condiciones de validez: La cláusula penal solo es válida si es indemnizatoria, razonable, notificada previamente en los Documentos de Solicitud, ejecutada por compensación y aplicada respetando el debido proceso de audiencia previa al contratista.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 16|DERECHO Y NEGOCIOS

MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

uando pensamos en contrataciones públicas, automáticamente las concebimos como el procedimiento que las instituciones públicas realizan para adquirir obras, bienes y servicios; sin embargo, esta visión es limitada, ya que se trata de un ciclo de actividades que parten desde la planificación de una compra hasta su liquidación, finalizando con una adecuada rendición de cuentas.

Alfredo Ernesto Alvayero ABOGADO Y NOTARIO, SOCIO DE A&A LEGAL

Dicho procedimiento inicia con la identificación de necesidades, el establecimiento de los requerimientos mínimos, y el cumplimiento de cada una de las etapas que determina la Ley de Compras Públicas, en adelante (LCP); no obstante, no se debe reducir la contratación pública a un mero cumplimiento de trámites; más bien hay que concebirlo como un proceso integral, que solventa la necesidad de la institución, identificando, previniendo y mitigando oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del proceso. Las contrataciones en el sector público, deben tener como finalidad, el brindar un servicio de calidad a la población, cumplir con los objetivos de la institución contratante

y, sobre todo, proteger el uso de los recursos públicos UNA VERDADERA SUSTANCIAL

TRANSPARENCIA

La transparencia es uno de los principales instrumentos que generan confianza en las decisiones que toma la Administración Pública, permite conocer y entender, el por qué y para qué se adquieren obras, bienes y servicios. El artículo 1 de la LCP menciona como uno de los principios que regirán el ciclo de compras públicas, el de la transparencia y en el artículo 5 de la misma ley, se desarrolla su concepto, estableciendo que los actos que se emitan deberán ser de libre acceso e igualitarios para cualquier interesado y que la información deberá ser cierta, precisa, oportuna, clara y consistente. Al respecto, cabe preguntarnos: ¿si se publican los documentos emanados dentro del ciclo de compras públicas, se cumple con el deber de transparencia? Para responderlo, debemos plantearnos si lo que se pretende es realizar únicamente la publicación de información del proceso, obteniendo un cumplimiento formal de la

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de un enfoque independiente a uno interdependiente, que promueve la creación de una verdadera cultura de integridad y prevención.

Las contrataciones públicas no deben medirse únicamente por el cumplimiento de su procedimiento; sino por su capacidad de proteger, transparentar y ef icientizar el uso de los fondos públicos.

obligación, o si, por el contrario, se busca tener información de calidad, que permita conocer y entender el proceso y así, dar paso a un escrutinio del ciclo de compras. Por ello, se debe pasar de la transparencia simple, que es el cumplimiento llano de la divulgación de información por medio de las publicaciones, convocatorias, adjudicaciones, entre otras, para entrar en el marco de una transparencia sustancial, en el que se tenga información accesible y comprensible para consulta de los interesados, en la que se identifiquen claramente a los actores y los criterios de participación, selección, evaluación, adjudicación y otros, reforzando así la legalidad e idoneidad de todas las actuaciones. En ese sentido, adquiere vital importancia herramientas como COMPRASAL, que es el sistema electrónico de Compras Públicas de El Salvador, en el que se gestionan y publican los procesos de contrataciones del Estado, el cual es un mecanismo de control preventivo y social, que nos permite tener trazabilidad para analizar y reconstruir el proceso de compras públicas. TRANSVERSALIDAD, UNA RESPONSABILIDAD CONJUNTA

El éxito o fracaso de una contratación pública no depende únicamente de lo que haga o deje de hacer la Unidad de Compras Públicas de la Institución contratante, ya que durante las diferentes etapas del proceso, interactúan otras unidades que cumplen con funciones particulares dentro de la misma; como por ejemplo: las áreas financieras que determinan la disponibilidad presupuestaria, los especialistas que preparan los términos de referencia, los evaluadores que determinan la procedencia e idoneidad de una oferta, la autoridad competente que toma la decisión, el administrador del contrato que da seguimiento a las cláusulas contractuales, el oficial de cumplimiento que se encarga de la vigilancia enfocada en la prevención de riesgos y el sistema antisoborno, entre otras. La transversalidad dentro de un proceso de compras es una responsabilidad compartida entre todos los intervinientes dentro de una institución, lo que conlleva acciones conjuntas, encaminadas al cumplimiento normativo, la transparencia y el control, pasando

PLANIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

El riesgo no es un elemento aislado dentro del proceso de compras, ya que debe formar parte de un sistema de prevención que interconecte el procedimiento de contratación, con aspectos clave como la ética, transparencia, racionalidad del gasto y los mecanismos de control. Esta integralidad hace que el enfoque basado en riesgos deje de ser un concepto abstracto, pasando a convertirse en acciones identificables y concretas que se incorporen y permeen en todas las etapas del proceso de contratación pública. Es necesario recalcar la relevancia que en los procesos de compras, se establezcan medios de control que sean preventivos y permanentes, ya que tradicionalmente, se entendía el control como un medio de verificación, una etapa de fiscalización en la que se iidentificaba qué y por qué salió mal una contratación; sin embargo, desde la última reforma de la LCP, el control es más que una herramienta para auditar, se ha convertido en un medio para mitigar que un potencial riesgo se consume, ha pasado de ser únicamente un medio corrector y se ha convertido en un medio previsor. Esto se desarrolla en el artículo 16 de la LCP y 10 de su respectivo Reglamento, en el cual se le establece la obligación a la administración pública de obtener y mantener una certificación antisoborno, conforme a estándares internacionales, los cuales tienen requisitos que se actualizan periódicamente; por lo que, no son estáticos, ni son de única consecución, pues conllevan un compromiso permanente, mediante la realización de acciones que son verificables por el organismo certificante, lo cual le da una nueva dimensión contralora que procura la integridad dentro de la Administración Pública. CONTRATACIONES PÚBLICAS: HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL

La contratación pública no es aquella que logra completar el procedimiento como si de un “checklist” se tratara; más bien es aquella que logra demostrar que la necesidad identificada estaba justificada, que la toma de decisiones fue acertada y razonable, que hubo transparencia sustantiva y posibilidades reales de escrutinio, que los controles aplicados permitieron mitigar riesgos, que los recursos públicos fueron utilizados adecuadamente y que se realizó la rendición de cuentas pertinente. El reto actual consiste en pasar de una cultura de cumplimiento formal y estática, hacia una cultura de gestión integral que sea dinámica y flexible. Cuando esto sucede, la contratación pública deja de ser un simple procedimiento administrativo y se convierte en una verdadera herramienta para proteger los fondos públicos, fortalecer la confianza de la población y garantizar que todas las actuaciones de la Administración Pública respondan directamente al interés general. Para alcanzar esta gestión integral en los procesos de contratación, debemos enfocar los esfuerzos en tener transparencia para dar a conocer y entender, contar con un enfoque de riesgos para prevenir y verificar, mecanismos de control para mitigar y corregir, pero por sobre todo voluntad y compromiso institucional al máximo nivel para qué esto no quede en el papel, sino que funcione efectivamente durante todo el ciclo de las compras públicas.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 18|DERECHO Y NEGOCIOS

TRANSPARENCIA Y CONTROL

PARA FORTALECER LA CONTRATACIÓN

PÚBLICA MODERNA

Actualmente, el debate gira también en torno a la gobernanza, la rendición de cuentas y la integridad institucional. Esta evolución responde a una realidad cada vez más evidente: no basta con cumplir formalmente la normativa; también es necesario garantizar que cada decisión contribuya efectivamente al interés público.

Iliana Andrea Aguilar Ramírez DIRECCIÓN LEGAL, COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVOS DIGITALES

a contratación pública es una de las actividades más importantes que desarrolla el Estado, aunque muchas veces su relevancia pasa desapercibida para la ciudadanía. A través de ella se adquieren bienes, se contratan servicios y se ejecutan obras que impactan directamente en la vida de las personas. Desde la construcción de una carretera hasta la adquisición de medicamentos para un hospital o la implementación de una plataforma tecnológica, buena parte de las políticas públicas se materializan mediante procesos de contratación. Por esa razón, la manera en que se administran Por esa razón, la manera en que se administran estos procesos tiene una incidencia directa en el desarrollo económico, la calidad de los servicios públicos y la confianza de la población en las instituciones. Cuando los recursos públicos son utilizados de manera eficiente y transparente, los beneficios alcanzan a toda la sociedad. En cambio, cuando existen deficiencias en los controles o falta de transparencia, las consecuencias pueden traducirse en retrasos, incremento de costos, obras inconclusas o pérdida de credibilidad institucional. En los últimos años, la contratación pública ha dejado de analizarse únicamente desde una perspectiva legal o procedimental.

En este contexto, la transparencia y el control adquieren una importancia estratégica. Ambos conceptos están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente. La transparencia permite que la información sea accesible y verificable, mientras que el control asegura que las actuaciones se desarrollen conforme a la ley y a los principios que rigen la gestión pública. Juntos constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y promover una administración más eficiente. Cuando se habla de transparencia en la contratación pública, con frecuencia se piensa únicamente en la publicación de licitaciones, adjudicaciones o contratos. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio. La transparencia implica que toda la información relevante del ciclo de contratación sea accesible, clara y comprensible para los diferentes actores involucrados. Esto comprende desde la planificación de una contratación hasta la ejecución y cierre del contrato. La planificación representa una de las etapas más importantes para garantizar procesos transparentes. Antes de iniciar una contratación, las instituciones deben identificar adecuadamente sus necesidades, realizar estudios técnicos y evaluar las condiciones del mercado. Estas acciones permiten justificar de manera objetiva el uso de los recursos públicos y facilitan que las decisiones sean comprendidas y evaluadas posteriormente. Cuando una institución planifica de forma adecuada y documenta sus decisiones, se reducen considerablemente los riesgos asociados a improvisaciones o actuaciones discrecionales.

Asimismo, la transparencia favorece la igualdad de oportunidades para los proveedores interesados en contratar con el Estado. Los procesos abiertos y debidamente divulgados permiten que un mayor número de empresas participe en condiciones equitativas, fomentando una competencia sana que se traduce en mejores ofertas para la administración pública. De esta manera, la transparencia no solo fortalece la legitimidad de los procedimientos, sino que también contribuye a una utilización más eficiente de los recursos estatales. No obstante, sería un error pensar que la transparencia, por sí sola, es suficiente para garantizar una contratación pública efectiva. La disponibilidad de información debe complementarse con mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. La experiencia demuestra que publicar información es importante, pero supervisar su correcta aplicación resulta igualmente indispensable. Desde esta perspectiva, el control se convierte en un elemento esencial para asegurar que las decisiones adoptadas respondan verdaderamente al interés general. Más que un mecanismo de

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fiscalización posterior, el control debe entenderse como una herramienta de acompañamiento que ayuda a prevenir errores, identificar riesgos y fortalecer la gestión institucional. El control puede ejercerse de distintas formas. Por una parte, existe el control interno desarrollado por las propias instituciones mediante auditorías, unidades especializadas, procesos de supervisión y mecanismos de seguimiento. Su objetivo principal es verificar que las actuaciones institucionales se ajusten a la normativa vigente y a los lineamientos establecidos. Por otra parte, el control externo, ejercido por organismos fiscalizadores y entidades competentes, aporta una visión independiente que fortalece la objetividad y credibilidad del sistema. La coordinación entre ambos niveles de control es fundamental. Un sistema eficiente no debe limitarse a señalar irregularidades cuando estas ya se han producido. Por el contrario, debe orientarse a prevenir situaciones que puedan comprometer el uso adecuado de los recursos públicos. Esta visión preventiva permite reducir riesgos relacionados con conflictos de interés, incumplimientos contractuales, sobrecostos injustificados o cualquier práctica que pueda afectar la confianza ciudadana. Uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente las administraciones públicas consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre control y eficiencia. En ocasiones, un exceso de procedimientos puede ralentizar la ejecución de proyectos importantes para la población. Sin embargo, la ausencia de controles adecuados puede generar consecuencias mucho más graves, tanto desde el punto de vista financiero como institucional.

Por ello, las tendencias modernas apuntan hacia modelos de supervisión basados en la gestión de riesgos. Este enfoque permite identificar las áreas más sensibles de un proceso de contratación y concentrar en ellas mayores esfuerzos de monitoreo y verificación. Lejos de representar una reducción de controles, se trata de una forma más inteligente y estratégica de aplicarlos, optimizando recursos y fortaleciendo la capacidad preventiva de las instituciones. La transformación digital también ha desempeñado un papel determinante en la modernización de la contratación pública. Las plataformas electrónicas han permitido incrementar los niveles de transparencia, facilitar el acceso a la información y ampliar la participación de proveedores. Gracias a estas herramientas, hoy es posible consultar procesos de contratación, documentos, adjudicaciones y otros datos relevantes con una rapidez impensable hace apenas algunas décadas. Además, la digitalización aporta un elemento particularmente valioso: la trazabilidad. Cada actuación realizada dentro de un procedimiento puede quedar registrada, facilitando el seguimiento de las decisiones y permitiendo reconstruir el historial completo de una contratación. Este aspecto fortalece significativamente las labores de supervisión y contribuye a la rendición de cuentas. Las nuevas tecnologías también ofrecen oportunidades para mejorar los procesos de control. El análisis de datos y los sistemas de monitoreo permiten identificar patrones que podrían representar alertas tempranas sobre posibles irregularidades. Estas herramientas facilitan una supervisión más proactiva y contribuyen a tomar decisiones oportunas antes de que los problemas generen mayores impactos. Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza una gestión transparente. Ninguna plataforma electrónica puede sustituir la integridad, el criterio profesional y la responsabilidad de quienes participan en la toma de decisiones públicas. La transparencia requiere instituciones comprometidas con la ética y servidores públicos conscientes de la relevancia de su función. Por esta razón, la profesionalización de los funcionarios vinculados a la contratación pública constituye un factor clave para el fortalecimiento institucional. La complejidad de los procesos actuales exige conocimientos jurídicos, técnicos, financieros y administrativos que permitan gestionar adecuadamente cada etapa de la contratación. La capacitación continua no solo mejora la calidad de las decisiones,

sino que también reduce errores y fortalece la confianza en las instituciones. Junto con la profesionalización, la participación ciudadana representa otro componente esencial de una contratación pública moderna. El acceso a la información alcanza su verdadero valor cuando permite a la sociedad ejercer vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos. El seguimiento de proyectos, la observación de procesos y el interés por conocer cómo se ejecutan las inversiones estatales contribuyen significativamente a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La experiencia internacional demuestra que los países con sistemas de contratación más transparentes suelen registrar mayores niveles de confianza institucional, seguridad jurídica y competitividad. Cuando las reglas son claras y las decisiones pueden ser verificadas, se genera un entorno más favorable para la inversión y para la participación de nuevos actores en los mercados públicos. Asimismo, la transparencia beneficia directamente al sector privado. Los procesos previsibles, abiertos y objetivos reducen la incertidumbre y promueven una competencia basada en méritos, capacidad técnica y eficiencia económica. Esto amplía las oportunidades de participación y contribuye a fortalecer el tejido empresarial. Finalmente, no debe perderse de vista que la contratación pública es una herramienta estratégica para alcanzar objetivos de desarrollo. A través de ella pueden impulsarse iniciativas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad, la inclusión y el crecimiento económico. Sin embargo, estos objetivos solo pueden alcanzarse plenamente cuando los procesos están respaldados por mecanismos efectivos de transparencia y control. En conclusión, la transparencia y el control constituyen pilares fundamentales para consolidar una contratación pública moderna, eficiente y orientada al interés general. Ambos principios fortalecen la confianza ciudadana, mejoran la gestión de los recursos públicos y contribuyen a obtener resultados que generen valor para la sociedad. Más allá de una obligación normativa, representan un compromiso permanente con la buena administración y con la construcción de instituciones más sólidas, responsables y confiables. Solo mediante la integración efectiva de estos principios será posible responder a las crecientes demandas de integridad, eficiencia y desarrollo que exige la ciudadanía en la actualidad.

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JACQUELINE PALACIOS: UNA TRAYECTORIA ENTRE

TRIBUNALES, EMPRESAS Y AULAS Su trayectoria en la función pública, los tribunales y la asesoría empresarial explica una práctica centrada en estudiar los expedientes, comunicar los riesgos y sostener el criterio profesional. La docencia completa una carrera que vincula experiencia y formación continua.

ntes de recomendar una salida jurídica, Jacqueline Palacios necesita establecer qué puede sostener con los documentos y qué espera conseguir la persona que tiene enfrente. Esa distancia entre las posibilidades de un expediente y las expectativas del cliente atraviesa su manera de ejercer. Su trayectoria, construida entre la función pública, los tribunales, la asesoría empresarial y la docencia, le ha permitido observar el conflicto desde distintas responsabilidades. La doctora Jacqueline Xiomara Palacios, abogada y notaria, dirige los Asuntos Jurídicos del Bufete Palacios Castillo desde 2015. Su trabajo combina la representación judicial con una premisa que resume así: “La clave está en no prometer un resultado y decir la verdad”. Una carrera entre instituciones y tribunales Su formación jurídica comenzó con la Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad Doctor José Matías Delgado, cursada entre 1998 y 2003. Se autorizó como abogada en 2005, cuando ya trabajaba en la Unidad Jurídica de la Policía Nacional Civil. Entre 2004 y 2010 desempeñó distintas funciones de asistencia y asesoría legal en la institución policial. Posteriormente, fue secretaria de Actuaciones de Primera Instancia del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, entre agosto de 2010 y agosto de 2014. El tránsito entre ambas instituciones amplió su experiencia procesal: de revisar la legalidad de diligencias policiales pasó al estudio cotidiano de resoluciones civiles y mercantiles. “Allí aprendí que había que aprender”, recuerda sobre esa etapa, que la obligó a trasladar conocimientos y reconocer diferencias entre procedimientos. Su preparación incluye un doctorado en Derecho Privado, desarrollado entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Doctor José Matías Delgado, y maestrías en Derecho de los Negocios y Estudios Judiciales. Sus investigaciones abordaron la evidencia tecnológica en los procesos penal y civil salvadoreños. Comprender el caso y explicar sus posibilidades En su práctica, escuchar y comprobar son tareas vinculadas. La consulta suele comenzar con una persona afectada por el conflicto;

la evaluación profesional requiere después revisar el expediente completo. Esa secuencia permite distinguir la percepción del cliente de los elementos sobre los cuales puede construirse una estrategia. “Primero entiendo a la persona, después, con los documentos en la mano, entiendo el caso”. Para la abogada, explicar un avance procesal también forma parte de la representación. Un resultado técnicamente favorable puede ser recibido como insuficiente si no existe una comprensión compartida de sus alcances. De ahí su insistencia en conversar sobre riesgos y posibilidades desde el comienzo. Su experiencia empresarial e institucional comprende la asesoría jurídica a la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa entre 2019 y 2021. Desde 2021 registra funciones de asesoría y representación judicial en LaGEO; en 2022 asesoró en derecho de empresa al Ministerio de Economía. Desde 2024 ejerce como gerente legal ad honorem de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Ese recorrido conecta su ejercicio con decisiones que involucran intereses empresariales y responsabilidades públicas. En ambos ámbitos, sostiene que necesita información completa para asesorar, aunque las consecuencias colectivas exigen una perspectiva diferente. Enseñar y seguir aprendiendo La docencia acompaña esa trayectoria desde 2012 en la Universidad Francisco Gavidia. También participa, desde 2023, como capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura en materias civiles y procesales. En 2026, su actualización también incluyó un curso sobre inteligencia artificial y transformación digital en el gobierno, impartido por la Saïd Business School de Oxford, Inglaterra. Reconocida como Abogada del Año 2025 por Derecho y Negocios, Palacios mantiene en su discurso una exigencia que vincula experiencia y actualización: “Estudiar como si fuéramos a vivir toda la eternidad”. Su perfil reúne así el trabajo sobre expedientes, la asesoría a instituciones y la formación de quienes asumirán nuevas responsabilidades jurídicas.

PORTADA 22|DERECHO Y NEGOCIOS

“LOS AÑOS DAN SABIDURÍA, PERO TAMBIÉN

PUEDEN DAR CONFIANZA EXCESIVA”

n abogado puede conocer los procedimientos y acumular años de práctica, pero ningún expediente viene con el desenlace asegurado. Jacqueline Palacios aprendió esa lección en su primera defensa penal, cuando comprobó que los criterios anteriores de un tribunal no bastaban para anticipar sus decisiones. Desde entonces, desconfía de la certeza que nace únicamente de la experiencia. También ha descubierto que una defensa se juega en conversaciones difíciles: al explicar un riesgo, comunicar un avance que el cliente considera insuficiente o sostener una opinión que este preferiría no escuchar. En sus respuestas, Palacios vuelve sobre esas situaciones y sobre una exigencia que comienza antes de formular cualquier estrategia: escuchar a la persona y estudiar lo que realmente consta en el expediente. La conversación recorre los momentos en que le tocó aprender de nuevo y llega hasta las aulas, donde prepara a quienes mañana asumirán sus propios casos. Habla con la pasión de quien todavía recuerda su primera absolución y con la paciencia que pide a sus alumnos: la madurez profesional, como el fruto de una planta de café, necesita tiempo. Al mirar su trayectoria, ¿qué experiencias marcaron su manera de ejercer el Derecho? Me autoricé como abogada en 2005. En 2006 o 2007 asumí mi primera defensa técnica penal, acompañada por un colega

experimentado. Aprendí, por contraste, que los años dan sabiduría, pero también confianza excesiva. Se daban por seguros los resultados y se confiaba en criterios anteriores del tribunal, aunque las decisiones eran adversas para el imputado. Entendí que no existe una única forma de tramitar una diligencia ni una sola finalidad para los medios de prueba. Confiar ciegamente en la experiencia es un grave error. También aprendí que, si no se conoce el posible resultado de una prueba, es preferible no pedirla. Los criterios judiciales cambian según la petición que se hace. En la vista pública me reconocí como defensora. El imputado enfrentaba una pena mínima de 27 años y fue declarado inocente. Cuando nuestro jefe llamó y agradeció el trabajo, sentí lo que significa ejercer una defensa técnica. ¿Qué la llevó a elegir sus áreas de especialización? Mi pasión por el Derecho Procesal nació en la Policía Nacional Civil. Cuidaba la legalidad de las diligencias para que los procesos de la Fiscalía no fueran cuestionados por el procedimiento policial. Entendí que una sentencia se sostiene sobre legalidad y legitimidad. Después me especialicé en Derecho Procesal Civil y Mercantil y fui secretaria de un juzgado. Pasar del trabajo de campo a una oficina fue un cambio radical.

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Allí aprendí que había que aprender. Estudiaba los procesos civiles trazando paralelos con el penal. Leía cada resolución del juez y cada certificación de la Cámara de Apelaciones. También conocí el trabajo de los colegas en el ejercicio libre, que exige creatividad e interpretación. ¿Qué necesita entender del conflicto antes de buscar una solución jurídica? Primero intento entender el estado anímico de quien consulta. Suele llegar con frustración y necesita escucha activa para explicar lo ocurrido. Pero su relato no siempre coincide con el proceso. Solicito la copia íntegra del expediente: no puedo emitir un criterio técnico jurídico solo con el relato de alguien afectado personalmente o por un familiar. Primero entiendo a la persona; después, con los documentos, entiendo el caso. ¿Cuándo una respuesta jurídicamente correcta resulta insuficiente para el cliente? Cuando no coincide con lo que espera. Una familia nos contrató para la audiencia preliminar de un imputado acusado de dos delitos agravados. Logramos que pasara a vista pública por uno solo, sin agravante, como habíamos explicado que era posible. La familia quedó satisfecha, pero él nos despidió. Después fue condenado y regresó cuando la Cámara ya había ratificado la sentencia. Aprendí que la razón técnica no basta: debemos compartir desde el inicio qué significa un buen resultado. ¿Cómo conversa con el cliente sobre los riesgos y las posibilidades reales de su caso? La clave está en no prometer un resultado y decir la verdad. Con el expediente explico los desenlaces posibles, porque la decisión no depende solo de mí. Aseguro que nuestras actuaciones buscarán proteger sus intereses. Otros abogados pueden prometer resultados más atractivos sin conocer el caso. Pero la confianza se construye con honestidad mutua. El abogado es, en cierta forma, un confesor que no juzga. ¿Cómo sostiene su criterio cuando el cliente quiere seguir otro camino? Digo la verdad y explico los riesgos, aunque no sea lo que quiere oír. La decisión le pertenece, pero no cambio mi opinión técnica para agradar. Casi siempre regresan y preguntan cómo enderezar el caso. Vuelven por confianza, con quien les dijo la verdad. ¿Qué exige de usted representar un asunto bajo escrutinio público? Exige estudio y carácter. Represento a cada cliente con la misma intensidad y pasión. Lo que cambia es la exigencia: bajo la mirada pública, el compromiso se acentúa y requiere preparación técnica. ¿Qué cambia al mirar un mismo problema desde el Estado o desde una empresa? Cambia la perspectiva. Al defender al Estado, el interés público orienta una visión global: el litigio nace de la tutela de los bienes colectivos y se sustenta en la Constitución y la legalidad. Un planteamiento impreciso puede afectar a toda una colectividad. En una empresa privada, la mirada se concentra en resolver un conflicto entre dos partes. ¿Qué necesita conocer del negocio de su cliente para asesorarlo bien? Necesito la información legal y contable de la sociedad y su trayectoria comercial. Sobre todo, exijo la verdad: solo con toda la información se puede asesorar bien. Los abogados tenemos infinidad de historias, pero nunca nombres. Esa reserva ética debe transmitirse a las nuevas generaciones.

Desde la docencia, ¿dónde observa las mayores dificultades al pasar de la teoría a la práctica? Amo con locura a mis alumnos, aunque una mala calificación les haga pensar lo contrario. La dificultad aparece cuando descubren que la práctica supera las historias de los libros. La realidad no está escrita: nosotros la diseñamos y construimos. Somos hacedores de justicia. ¿Qué habilidad debería dominar un abogado antes de asumir su primer caso? Más que una habilidad, es una actitud: ser profesionalmente honesto y necio, de forma prudente y legal. Intentarlo, mantener la pasión por el Derecho, buscar alternativas y prepararse académica y profesionalmente. Estudiar como si fuéramos a vivir toda la eternidad. Cuestionar lo que hacemos, aunque esté bien. También tener paciencia: como una planta de café, por más que la cuidemos, la maduración lleva tiempo.

Cuando se enseña con amor, todo se entiende. Deseo que mis alumnos, quienes administrarán justicia mañana, me recuerden como alguien que siempre quiso formarlos de manera excepcional. OMNIA CUM HONORE.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 24|DERECHO Y NEGOCIOS

¿QUÉ ESPERAR DE LOS RECURSOS

ADMINISTRATIVOS Y DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA?

Jessica Mena SOCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVE LAW CENTER

a Ley de Compras Públicas [LCP] prevé un particular sistema de recursos contra las decisiones relativas a la “selección del contratista” que no se adecúa al régimen general de la Ley de Procedimientos Administrativos [LPA] por expresa exclusión de la materia [art. 163 inciso 2º LPA]. Inclusive, ciertas decisiones definitivas en esta fase del ciclo de compras¹ no son impugnables en sede administrativa: el resultado en la Baja Cuantía, el resultado en las Compras en Línea o en la Contratación Directa en casos de emergencia. De ahí que es importante que todo ofertante o proveedor del Estado tenga claridad acerca del alcance de tales mecanismos, incluido el contencioso administrativo. ¹ No nos centramos en esta oportunidad en los recursos contra decisiones administrativas posteriores a la adjudicación y formalización de la contratación.

El recurso de revisión [arts. 119 y 120 LCP] conocido por la máxima autoridad de la institución, procede únicamente contra (a) la adjudicación de la contratación o la declaratoria de desierto; (b) la aprobación por la máxima autoridad de los resultados de la evaluación técnica en el procedimiento especial de subasta electrónica inversa a través de COMPRASAL; (c) la aprobación por la máxima autoridad del resultado de la evaluación técnica en los métodos

de consultorías en dos etapas; y, (d) el resultado de la acreditación de los proveedores que suscribirán el convenio marco con la DINAC. El plazo de interposición es de tan solo 2 días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación y en la práctica no se aplica la regla del art. 120 inciso 2º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa [LJCA] sobre las notificaciones por medios técnicos, como sí se admite en otras materias administrativas. Por su parte, el recurso de apelación conocido por el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas [TACOP] debe interponerse en 3 días hábiles y procede “en caso de inconformidad con el resultado del recurso de revisión”. Esta frase en la ley ha generado dos efectos con importante impacto en el alcance del recurso. El primero es que, a diferencia del régimen general, no es posible interponer recurso de apelación sin agotar el recurso de revisión; y, el segundo efecto, por actual interpretación del TACOP, es que deben alegarse cuestiones [motivos] que hayan sido resueltas expresamente en el recurso de revisión por entender que el objeto de control es la decisión final de este último. En otras palabras, se considera que la fundamentación jurídica del recurso de

apelación debe evidenciar las falencias en que incurrió la institución al momento de conocer el recurso de revisión y no exclusivamente las cometidas en la decisión original [REF.: LCP-APL-71/2025]. El anterior criterio, sin embargo, no se ajusta a una de las dos principales finalidades de todo recurso administrativo, esto es, permitir a la Administración tener la posibilidad incluso de oficio de reaccionar ante posibles errores cometidos y/o transgresiones a los derechos o intereses de los agraviados [en este sentido, sentencia del 30/I/2023 de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, Ref. 00120-21-ST-CORACAM]; evitando, así, el control judicial, como parte de su deber de mantener la legalidad y de restablecer el orden jurídico alterado con independencia de si el vicio o error es alegado o no por los interesados, esto último conforme al principio de verdad material también aplicable a las compras públicas [art. 3 #8 LPA; ver resolución final del 6-II-2024, ref. LCP-APL-04/2024 del TACOP]. Además, si el resultado del recurso de revisión es “confirmar” en todo o en parte el acto resultante del procedimiento de selección [por ejemplo, la adjudicación], entonces ciertamente el contenido de este último forma parte del primero, de manera que, en tal caso, la denuncia en apelación de un vicio en cualquiera de los elementos del acto “originario” no puede entenderse “ajeno” a la verificación de la validez del acto definitivo del recurso de revisión. Sin embargo, mientras aquél sea el criterio administrativo, todo litigante y ofertante debe tenerlo en cuenta para la eficaz impugnación. Asimismo, en la práctica, al advertirse un vicio en el resultado del recurso de revisión [y, por ende, en el acto originario], la regla es que el TACOP ordena, según el caso, a la Administración Pública contratante que “resuelva” lo que corresponde. Por ejemplo, si se demuestra que hubo un error en la calificación de la oferta del recurrente, la decisión del TACOP será ordenar a la institución que realice una nueva evaluación tomando en cuenta los criterios correctos, más no declarar directamente una adjudicación, aun si eventualmente tuviere

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|25

los suficientes elementos de convicción para adoptar esa decisión en apelación. Agotados los recursos administrativos, si persiste agravio, el ofertante puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. En esta sede existen diversas pretensiones que pueden deducirse en materia de contratación pública, cuya selección dependerá de cuál o cuáles son las actuaciones u omisiones administrativas causantes del agravio y qué es lo que pretende obtener el ofertante demandante. Por ejemplo, si lo que se busca es forzar al cumplimiento de las obligaciones contractuales [el pago], el interesado planteará la pretensión del art. 10 letra d) LJCA. Pero, si la controversia versa sobre la legalidad de una adjudicación o de una declaratoria de desierto, entonces en la demanda se deduce la pretensión principal de declaratoria de ilegalidad del acto y, por tanto, su anulación, ya sea porque adolece de vicios de nulidad relativa o de nulidad absoluta o de ambos tipos. En sede judicial deben impugnarse todos los actos administrativos definitivos que generan agravio a lo largo del agotamiento de la vía administrativa: la adjudicación, el resultado del recurso de revisión y el resultado del recurso de apelación. Y no es requisito que el motivo de ilegalidad haya sido conocido o resuelto por la Administración. A la anterior pretensión principal [art. 10 letra a) LJCA] deben acompañarse las pretensiones accesorias de reconocimiento de la situación jurídica individualizada del demandante y la emisión de las medidas para el restablecimiento del derecho vulnerado [art. 10 letra b) LJCA]. Y es que el ofertante perdidoso y agraviado no solo pretende que se declare nulo el acto de adjudicación y los subsiguientes, sino que se reconozca que tales actos afectaron su esfera jurídica particular por ser, por ejemplo, el ofertante que verdaderamente merece ser el adjudicatario [reconocimiento de una situación jurídica individualizada] para que el Tribunal ordene actuaciones para restablecer el derecho que le fue vulnerado; por ejemplo, que se le adjudique la compra y se firme el respectivo contrato [medidas a adoptar]. TIPO DE RESPONSABILIDAD

MODALIDAD

A QUIEN SE DEMANDA

Junto a OTRA pretensión principal

Se demanda al titular del patrimonio con el que se indemnizará [puede coincidir o no con el emisor de la actuación o con quien generó la omisión impugnada]

De manera autónoma

Se demanda al titular del patrimonio con el que se indemnizará [puede coincidir o no con el emisor de la actuación o con quien generó la omisión impugnada]

Inicialmente algunos Tribunales consideraron que si el demandante no solicitaba la o las pretensiones accesorias del art. 10 letra b) LJCA, entonces por el “principio dispositivo o rogativo” en la sentencia no se podían emitir las medidas para el pleno restablecimiento del derecho vulnerado, lo que riñe con el carácter de “plena jurisdicción” del contencioso administrativo que lo distingue de ser un mecanismo de mera revisión. Pero, ese criterio ha cambiado. Por ejemplo, el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo con sede en San Salvador, en el proceso con Ref. 103-24-ST-COPA3CO explicó en audiencia única del 24/ VIII/2026 que las disposiciones de la LJCA deben interpretarse conforme a la Constitución en cuyo art. 2 se reconoce el derecho a la protección jurisdiccional o a la tutela judicial efectiva [que incluye la reparación de los daños ocasionados] y en cuyo art. 172 se otorga al Órgano Judicial la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; gracias a lo cual en ese caso se introdujo oficiosamente en la fase de fijación de la pretensión y de los términos del debate la pretensión del art. 10 letra b) LJCA como accesoria de la prevista en la letra a) del mismo artículo, y se aclaró que no es posible aplicar los principios y figuras del Código Procesal Civil y Mercantil sin hacer los matices propios del Derecho Administrativo. Nos parece un importante aporte al control jurisdiccional de las actuaciones y omisiones de la Administración. En contratación pública, también es posible considerar la pretensión del art. 10 letra f) de la LJCA consistente en “la condena al pago de reclamaciones por responsabilidad patrimonial”. Lo anterior porque puede proyectarse que cuando finalice el proceso contencioso, la medida de restablecimiento no podrá ser “retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de emitirse el o los actos anulados”. Posiblemente la contratación adjudicada al tercero, a ese momento, ya habrá sido ejecutada y liquidada. Y es que, debido al interés público y la satisfacción de la necesidad institucional, no suele otorgarse la medida cautelar de suspensión de los efectos CALIDAD DEL DEMANDADO AL PRESENTAR DEMANDA

PRESUPUESTO DE PROCESABILIDAD A CUMPLIR

TRIBUNAL COMPETENTE

En el caso de que se presente la pretensión como conexa con la pretensión del art. 10 letra a) de la LJCA, NO se exige el agotamiento previo del procedimiento regulado en el art. 62 de la LPA, pues el demandante habrá tenido que agotar la sede administrativa respecto del acto impugnado [00018-20-ST-COPC-CAM, 19/II/2020]

Se sigue el criterio funcional; y si no aplica, entonces el material más la cuantía.

Es necesario el agotamiento previo del procedimiento regulado en el art. 62 de la LPA para tener acceso al contencioso.

Se sigue el criterio funcional; y si no aplica, entonces el material más la cuantía

En el caso de que se presente conexa con la pretensión del art. 10 letra a) de la LJCA, NO se exige el agotamiento previo del procedimiento regulado en el art. 62 de la LPA, pues el demandante habrá tenido que agotar la sede administrativa respecto del acto impugnado [00018-20-ST-COPC-CAM, 19/II/2020]

Se sigue el criterio funcional; y si no aplica, entonces el material más la cuantía

Institucional u objetiva

Junto a OTRA pretensión principal

Subjetiva o Personal del funcionario

Al funcionario o a los funcionarios a quienes se atribuyen las actuaciones u omisiones con las que se violó el derecho constitucional. El Estado o la Entidad Autónoma responderán subsidiariamente únicamente cuando dentro de la fase de ejecución del proceso se constate que el tes bienes para pagar

Caso en el demandado o los demandados siguen siendo funcionarios y/o dejan de serlo hasta después de presentada la demanda

Misma regla del supuesto anterior

El demandado o uno de los demandados dejó de ser funcionario antes de presentar la demanda. o Si el funcionario es la máxima autoridad de la Institución

NO es necesario el agotamiento previo del procedimiento regulado en el art. 62 de la LPA

Si se demanda cuando ya no es funcionario, solo aplican los criterios material y cuantía.

El demandado o los demandados siguen siendo funcionarios y/o dejan de serlo hasta después de presentada la demanda

Es necesario el agotamiento previo del procedimiento regulado en el art. 62 de la LPA

Se siguen los criterios en el siguiente orden: funcional, material y cuantía

Misma regla del supuesto anterior

El demandado o uno de los demandados dejó de ser funcionario antes de presentar la demanda. o Si el funcionario es la máxima autoridad de la Institución

NO es necesario el agotamiento previo del procedimiento regulado en el art. 62 de la LPA

Si se demanda cuando ya no es funcionario, solo aplican los criterios materiales con cuantía.

De manera autónoma

de una adjudicación que está siendo impugnada. Entonces, en tal caso, la medida de restablecimiento será de tipo compensatoria, es decir, la indemnización de daños y perjuicios frente a lo cual es útil la regulación de los artículos 55 y siguientes de la LPA. Ahora bien, el ofertante debe tener presente que es viable reclamar una indemnización por el daño ocasionado por la Administración Pública que aquél no estaba obligado a soportar, derivado del funcionamiento normal o anormal de ésta [responsabilidad institucional] o de la violación a un derecho constitucional [responsabilidad personal del funcionario], junto con la pretensión del art. 10 letra a) LJCA o de manera autónoma en un proceso contencioso administrativo. Esto último puede ocurrir cuando, previo a la vigente LJCA, el particular obtuvo una sentencia que declaró ilegal el acto, por ejemplo, de adjudicación; pero, debido a la limitada competencia de la Sala en ese tiempo, solo se señalaba que el demandante ganador tenía expedito el derecho para ejercer la acción para la reclamación de daños y perjuicios. En otros casos, la referida pretensión ha resultado útil en la actual jurisdicción cuando, bajo el criterio explicado como superado, en la sentencia no fueron emitidas las medidas para el restablecimiento del derecho vulnerado por no pedirse expresamente en la demanda. Plantear la pretensión de reclamación por responsabilidad patrimonial tiene un especial grado de complejidad. Al inicio de la LJCA vigente no se contaba con la regulación sustantiva de la LPA y en la actualidad todavía se definen y uniforman supuestos de procedencia, presupuestos de procesabilidad, entre otros aspectos cruciales para el éxito de su planteamiento. Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha realizado un plausible esfuerzo de explicación y de sistematización de importantes criterios para la correcta deducción de la pretensión de responsabilidad patrimonial, mediante el auto del 5/I/2026 con Ref. 6-20-PC-SCA, que merece ser conocida por la comunidad jurídica. Se comparte el siguiente cuadro que resume los aspectos esenciales de dicha sentencia junto a otros criterios previos que le complementan: En definitiva, el acompañamiento de un especialista en esta materia desde la preparación de una oferta no es un lujo; es una verdadera inversión que permite al empresario proveedor de bienes, obras y servicios tener claridad sobre los escenarios favorables y/o a qué debe abstenerse. Asimismo, este acompañamiento le permite hacer uso oportuno y eficaz de los mecanismos para la defensa efectiva de sus intereses en sintonía con la legalidad y la constitucionalidad.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL 26|DERECHO Y NEGOCIOS

PARTICIPACIÓN SOCIETARIA Y PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

ctualmente se ha entendido que la existencia de socios comunes entre dos personas jurídicas que participan en un mismo procedimiento de contratación pública constituye, por sí sola, una práctica anticompetitiva. Esto en razón de considerar que la coincidencia societaria elimina la independencia entre los oferentes y genera una ventaja indebida dentro del procedimiento. Dicho entendimiento nace, principalmente, de una interpretación literal del artículo 26 de la Ley de Compras Públicas, el cual agrupa bajo el epígrafe de «prácticas anticompetitivas» una diversidad de conductas, prohibiciones y consecuencias jurídicas.

Ronald Euceda ABOGADO MASTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Eso significa que, en la práctica, algunas instituciones contratantes pueden optar por excluir automáticamente a sociedades que poseen accionistas comunes, sin distinguir el porcentaje de participación, los derechos políticos asociados a las acciones, la capacidad de intervención en los órganos de administración o la existencia de un verdadero control empresarial. Tal interpretación puede parecer congruente con la finalidad preventiva de la norma; sin embargo, también puede conducir a restringir injustificadamente la participación de oferentes que conservan autonomía jurídica, económica y decisoria. La dificultad surge porque el artículo 26 de la Ley de Compras Públicas utiliza una misma denominación para regular situaciones que no necesariamente pertenecen a una misma categoría jurídica. Por una parte, se refiere a conductas propias del Derecho de competencia, como los acuerdos entre oferentes dirigidos a restringir o manipular el resultado de una contratación. Por otra, incorpora prohibiciones relacionadas con la participación de sociedades que poseen un mismo representante legal, socios comunes, vínculos empresariales o pertenencia a un mismo grupo económico. Valga decir que no todas estas situaciones constituyen, en sentido técnico, una práctica anticompetitiva. Sobre este punto, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia,

mediante opinión de referencia SC-015-O/ ON/R-2024, de fecha 19 de septiembre de 2024, advirtió que el artículo 26 de la Ley de Compras Públicas agrupa bajo una misma denominación conductas de naturaleza distinta. Algunas pertenecen propiamente al ámbito de aplicación de la Ley de Competencia, mientras que otras se relacionan con la integridad y el funcionamiento de los procedimientos de contratación pública. Asimismo, señaló que determinados supuestos de vinculación societaria requieren una valoración suficiente e individualizada sobre la existencia de control y la posible integración de un grupo económico. Es por ello que debe distinguirse entre participación societaria, control común, grupo económico y acuerdo entre competidores. La participación societaria únicamente expresa que una persona natural o jurídica posee acciones o participaciones dentro de una sociedad. Sin embargo, dicha participación puede ser minoritaria, carecer de derechos especiales y no permitir ninguna intervención relevante en las decisiones empresariales. En cambio, el control supone la posibilidad de ejercer influencia sustancial sobre otra sociedad, ya sea mediante la propiedad de la mayoría de

ESPECIAL DERECHO Y NEGOCIOS|27

acciones, derechos de voto, acuerdos entre accionistas, designación de administradores o cualquier otro mecanismo que permita dirigir su actuación. Consecuentemente, no produce los mismos efectos jurídicos que dos sociedades tengan un accionista común con una participación mínima, a que ambas se encuentren sometidas a una misma dirección, administración o estrategia empresarial. En el primer supuesto puede existir únicamente un vínculo societario débil; en el segundo, puede configurarse una unidad económica o un grupo empresarial con capacidad para organizar coordinadamente la participación de sus integrantes. Esta distinción también resulta necesaria para determinar si existe un acuerdo anticompetitivo. La colusión en una contratación pública presupone, en términos generales, la existencia de oferentes independientes que coordinan sus ofertas para alterar el resultado del procedimiento. Si dos sociedades forman parte de una misma unidad económica y no poseen autonomía real, difícilmente puede afirmarse que existe un acuerdo entre competidores, pues no concurren voluntades económicas verdaderamente independientes. En estos casos podría existir una infracción a las reglas de participación del procedimiento, pero no necesariamente una práctica anticompetitiva en los términos de la Ley de Competencia. De igual forma, la simple existencia de participaciones minoritarias comunes no representa necesariamente una afectación a la competencia. Para que el vínculo societario sea relevante debe verificarse si el accionista común posee capacidad para determinar o influir sustancialmente en las decisiones de las sociedades participantes. Esto dependerá no solo del porcentaje de acciones, sino también de los derechos de voto, de la dispersión del resto del capital, de los acuerdos entre accionistas y de la posibilidad de designar administradores o intervenir en las decisiones estratégicas. La aplicación automática de la prohibición puede afectar los principios de concurrencia, igualdad y proporcionalidad. Esto debido a que la exclusión de oferentes debe responder a una razón objetiva y jurídicamente comprobable, no a una mera apariencia de vinculación. De lo contrario, la Administración podría reducir innecesariamente el número de participantes, limitar la competencia efectiva y privarse de ofertas potencialmente favorables para el interés público. Es por ello que, antes de excluir a dos sociedades por la existencia de accionistas comunes, la institución contratante debería realizar una evaluación individualizada. Para ello, deberá examinar el

porcentaje de participación, los derechos de voto, la composición de los órganos de administración, la existencia de representantes comunes, los vínculos financieros, la capacidad de influir en las decisiones y la forma en que fueron elaboradas las ofertas. También pueden resultar relevantes otros elementos, tales como la coincidencia injustificada de precios, errores idénticos en los documentos, utilización de los mismos medios tecnológicos, presentación sucesiva de ofertas, intercambio de información o cualquier circunstancia que revele una estrategia coordinada. Sin embargo, tales elementos deben ser valorados en conjunto y no de manera aislada. En congruencia con lo anterior, la participación societaria común debería ser entendida como un indicio que habilita a la Administración para profundizar su análisis, pero no como una presunción absoluta de práctica anticompetitiva. Su función debe ser preventiva, en el sentido de alertar sobre una posible afectación a la independencia de los oferentes, sin relevar a la institución de la obligación de motivar adecuadamente su decisión. Una interpretación distinta puede producir un efecto contrario al perseguido por la Ley de Compras Públicas. Si se excluye a sociedades que, pese a compartir accionistas minoritarios, mantienen autonomía en sus decisiones, la Administración no estaría protegiendo la competencia, sino reduciéndose. A su vez, podría vulnerarse el principio de igualdad al tratar de la misma manera vínculos societarios que poseen intensidades y efectos completamente diferentes. Por ello, la correcta aplicación del artículo 26 exige superar una lectura puramente formal. La existencia de socios comunes no debería determinar automáticamente la exclusión, salvo que la ley establezca de manera inequívoca una prohibición absoluta. En ausencia de tal claridad, el aplicador deberá interpretar la norma conforme a los principios de libre concurrencia, proporcionalidad, buena fe e igualdad. En conclusión, la participación societaria común no constituye necesariamente una práctica anticompetitiva. Para que justifique la exclusión de una oferta debe comprobarse que permite ejercer control, influencia decisiva o coordinación sobre la actuación de los oferentes. De tal forma, la Administración podrá prevenir verdaderas afectaciones a la competencia, sin convertir cualquier vínculo societario en una barrera injustificada para participar en los procedimientos de contratación pública.

La participación societaria común debería ser entendida como un indicio que habilita a la Administración para profundizar su análisis, pero no como una presunción absoluta de práctica anticompetitiva

DERECHO 28|DERECHO Y NEGOCIOS

LA DICOTOMÍA TRADICIONAL

ENTRE ACTO ADMINISTRATIVO Y NORMA ADMINISTRATIVA FRENTE AL ACTO

ADMINISTRATIVO PLÚRIMO jurídica de esta categoría, a fin de aportar claridad teórica y utilitaria a la comunidad jurídica. El acto administrativo singular

Carlos Humberto Chinchilla COLABORADOR JURÍDICO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

radicionalmente, el acto administrativo se concibe como una manifestación de voluntad de carácter singular y concreto, destinada a producir efectos en la esfera jurídica de personas determinadas; efectos que, por su naturaleza, se agotan al materializarse en un caso particular. En sentido contrario, las normas administrativas no se extinguen con su aplicación; su objeto principal es innovar el ordenamiento jurídico mediante disposiciones secundarias que regulan una generalidad de situaciones, quedando disponibles para su aplicación ulterior. Así, mientras la norma se dirige a una colectividad indeterminada, el acto administrativo tradicional se agota en la especificidad de su destinatario. Sin embargo, la realidad jurídica nos presenta una categoría intermedia: los actos administrativos plúrimos, los cuales, sin revestir el carácter de normas, se dirigen a una pluralidad de sujetos determinados o determinables. Por lo tanto, ante la dispersión conceptual existente en nuestro ordenamiento jurídico, el presente artículo delimita la naturaleza

En principio, resulta indispensable delimitar el acto administrativo en su dimensión tradicional o singular. En ese sentido, para el análisis que nos ocupa, la característica esencial del acto administrativo tradicional radica en su singularidad: se trata de decisiones imperativas que inciden sobre un sujeto plenamente individualizado, agotándose en una situación jurídica específica y concreta. Las normas administrativas Frente a las características de especificidad, concreción y extinción inmediata del acto singular, resulta pertinente analizar las normas administrativas o reglamentos. Estas disposiciones se caracterizan por su carácter innovador dentro del ordenamiento jurídico. Al dirigirse a una pluralidad indeterminada de personas, sus efectos no se agotan con una aplicación singular, sino que gozan de vocación de permanencia. En definitiva, las normas administrativas configuran verdaderas fuentes del derecho que, a diferencia del acto administrativo tradicional, operan sobre la indeterminación de los sujetos y sobre situaciones que ocurrirán más adelante en el tiempo.

» Permanencia: Sus efectos jurídicos

no se consuman con un acto de aplicación, sino que perviven frente a situaciones abstractas y solo pueden ser revocados o modificados por una norma de igual o superior jerarquía.

» Abstracción e impersonalidad: Poseen un lenguaje impersonal y abstracto, instituyendo supuestos de hecho generales cuyos destinatarios no son identificables de forma previa.

En contraposición, el acto se distingue plenamente porque sus efectos fenecen con su ejecución y se encauzan hacia sujetos determinados o determinables. Este andamiaje conceptual permite consolidar un criterio de distinción basado en tres variables: la naturaleza del destinatario, la temporalidad de sus efectos y el objeto de la decisión. El acto administrativo singular Tradicionalmente se ha establecido que una de las diferencias entre el acto administrativo y el reglamento es la generalidad o singularidad respecto del sujeto a quien va dirigido. Inclusive autores como Cassagne, al referirse al alcance individual o general de los actos administrativos se limita a afirmar que únicamente las normas administrativas pueden tener efectos destinados a una pluralidad de sujetos (Juan Carlos Cassagne, 1974, p. 101).

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia —como los autos de las referencias 113-2017 y 489-2013—, ha perfilado con claridad las características distintivas del reglamento, condensándolas en los siguientes criterios cardinales:

Sin embargo, en la actualidad tanto la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen que un acto unilateral de la Administración Pública puede estar destinado a una pluralidad de sujetos, de ese modo existe una ruptura de la idea clásica que el acto administrativo únicamente produce efectos en la esfera jurídica de una persona en particular, sin que ello implique la emisión de normas administrativas.

reglamento integra y modifica el bloque de legalidad, encauzándose a la regulación general de la actividad administrativa.

Es así como surgen los actos administrativos plúrimos, los cuales se refieren a decisiones unilaterales de la Administración cuyos efectos jurídicos están destinados a una pluralidad de sujetos, los cuales son

Distinción entre el acto y la norma administrativa: Criterios jurisprudenciales

» Innovación del ordenamiento: El

DERECHO indeterminados, pero pueden ser determinables y aplicados a un caso en concreto. En esa línea, los actos plúrimos se circunscriben a una forma de actuar de la Administración Pública que producen efectos jurídicos, sin que ello signifique el ejercicio de una potestad normativa. La existencia de tal categoría de actos administrativos ha sido reconocida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español, en la sentencia emitida el 28 de mayo de 2014, en el recurso de casación 2310/2011, en la que, en lo pertinente, sostiene lo siguiente: “(…)Desde una perspectiva teleológica para calificar como disposición general una actuación administrativa, hemos de comprobar que tenga una finalidad normativa y que se integra en el ordenamiento jurídico, mientras que los actos administrativos, por el contrario, ya tengan por destinatario una persona determinada o una pluralidad indeterminada de personas (acto plúrimo), persiguen siempre una finalidad particularizada y no pasa a formar parte del ordenamiento jurídico” (Vid. Sentencia emitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español en https://vlex.es/vid/519778882). De la línea jurisprudencial citada existe una particularidad, y es que, además de reconocer la existencia de actos emitidos por la Administración Pública destinados a una pluralidad indeterminada, pero determinable, de sujetos, se establece límites que permiten diferenciar dicha categoría de actos con los reglamentos, y es que, básicamente el acto administrativo plúrimo no se incorpora al ordenamiento jurídico, ni perdura en el tiempo para ser aplicado a una cantidad indefinida y abstracta de supuestos, como sí lo hace el reglamento. Con base en lo antes expuesto, existe cierta flexibilidad en emitir una decisión unilateral destinada a una pluralidad de sujetos indeterminados, pero determinables, pueden existir casos diversos en los que se puede configurar un acto administrativo plúrimo, tal es el caso de las convocatorias públicas para concursar en la aplicación de una plaza del gobierno, una instrucción de fijación de horarios en el cierre de una carretera, entre otros. Así pues, a pesar que en la LPA no existe una disposición jurídica que de manera expresa regule dicha categoría de actos administrativos, existen artículos dispersos en tal cuerpo normativo, que sin catalogar el acto administrativo como plúrimo se ha referido a la generalidad no normativa del acto. Así, el art. 103 inc. 1° número 1 de tal ley establece: “Procederá la publicación y no será necesaria

DERECHO Y NEGOCIOS|29 la notificación individual, en los siguientes casos: 1. Cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas (…)”. Además, de forma complementaria, el art. 26 de la LPA regula: “Los actos administrativos producirán sus efectos desde que se comuniquen a los interesados, excepto si únicamente producen efectos favorables o no procede su notificación o publicación ” (el resaltado y subrayado son propios).

De la lectura de las disposiciones antes citadas, se confirma la existencia implícita de esta categoría de actos administrativos en El Salvador. Cuando el art. 103 inc. 1de la LPA ordena la publicación frente a una pluralidad indeterminada de personas, no está configurando el nacimiento de un reglamento, sino modulando la eficacia de un acto administrativo conforme al art. 26 de la misma ley. Así, la publicación en el Diario Oficial o en un periódico de circulación nacional no persigue innovar el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia, sino garantizar el conocimiento y la consecuente firmeza de una decisión que, aunque colectiva, agota sus efectos en la especificidad de un caso concreto. Por lo tanto, el legislador salvadoreño separa la forma de comunicación (publicación) de la naturaleza de la actuación, validando de forma indirecta que un acto de aplicación puede tener por destinatarios a una comunidad de sujetos determinables sin perder su esencia no normativa. La jurisprudencia salvadoreña en la actualidad también ha reconocido dicha categoría de actos administrativos, a través de la sentencia emitida en el recurso de apelación con referencia 4-25-RA-SCA, del 25 de agosto de 2025, en un supuesto en el cual la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones pretendía aplicar ciertos criterios técnicos en las concesiones de una frecuencia del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, a pesar de que de manera expresa no existe una disposición jurídica que reconozca como tal los actos administrativos generales no normativos, sí existen disposiciones jurídicas dispersas que implícitamente dan cabida a esta categoría de actos administrativos en la LPA. Además, la jurisprudencia local ha dado un gran paso con la sentencia antes referida, pues permite reconocer la existencia de los actos administrativos plúrimos y establecer diferencias claras con las normas administrativas. A fin de proveer una herramienta didáctica para la comunidad jurídica que facilite esta distinción, se señalan algunos criterios diferenciadores entre el reglamento y el acto administrativo plúrimo:

A partir de esta identificación, el litigante definirá la estrategia para su control judicial. Si nos encontramos ante un acto plúrimo, procederá su impugnación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa por tratarse de una declaración de voluntad con efectos particulares concretos. Por el contrario, cuando se trate de un reglamento, el abogado debe recordar que, a diferencia de otras legislaciones, en El Salvador no se permite la impugnación directa de las normas reglamentarias en la sede contencioso administrativa. Su cuestionamiento deberá encauzarse de manera indirecta, esto es, atacando el acto administrativo aduciendo la ilegalidad del reglamento que le sirve de base (ilegalidad por derivación). Así, la correcta calificación del acto plúrimo no es un mero ejercicio teórico, sino una condición indispensable para el acceso efectivo a la justicia y la defensa de la legalidad en nuestro país.

DERECHO 30|DERECHO Y NEGOCIOS

¿LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE POSEER DERECHOS DE AUTOR?

odos los días somos espectadores de imágenes, fotos, poemas y ‘‘arte’’ en general elaborado por la Inteligencia Artificial, en adelante IA. Y esto, abre debate, lo generado por softwares siguiendo indicaciones dadas por un humano, pero realizadas por la IA generativa ¿es propiedad intelectual de quien lo solicita o de la IA?

Gabriela Sánchez Torres ABOGADA CORPORATIVO Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL, FUNDADORA DE GST LAWYERS

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dirimió el conflicto entre Stephen Thaler (Apelante) contra Shira Perlmutter (Registradora de Derechos de Autor) y la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Apelados) y sentó un precedente sobre la autoría, o falta de esta, en relación al derecho de autor. Stephen Thaler solicitó registrar la obra visual “A Recent Entrance to Paradise”, la cual fue generada, según su propia descripción, de forma autónoma por la "Creativity Machine", un sistema de IA de su propiedad. La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos (USCO) rechazó la solicitud basándose en el requisito de autoría humana, lo que llevó a Thaler a impugnar la decisión en sede judicial, alegando que la ley debería evolucionar para reconocer la creación tecnológica. Las normas administrativas Para la Corte, el concepto de "autor" es un requisito legal que determina la validez y la existencia misma de cualquier registro. El razonamiento judicial sobre la Ley de Derechos de Autor de 1976 determina que el estatuto trata a las máquinas como herramientas de asistencia y no como creadores independientes. Un punto medular del fallo es la interpretación de la Sección 201(a) del Título 17 del Código de los Estados Unidos, que establece que el derecho de autor "viste inicialmente al autor". La Corte determinó que esto presupone una entidad con capacidad legal para poseer propiedad, un atributo intrínseco a la personalidad jurídica humana del que carecen los sistemas de software.

Al analizar la ley, la Corte rechazó la pretensión de Thaler sustentada en siete atributos humanos identificados en el texto legal que las máquinas no poseen: 1. Vida y Muerte: La duración de la protección se vincula a la vida del autor y 70 años tras su fallecimiento (Sección 302a). 2. Herederos y Sucesores: La ley prevé derechos de terminación para "viudos", "viudas" e "hijos sobrevivientes" (Sección 203a). 3. Domicilio y nacionalidad: Los criterios de protección para obras no publicadas se basan en la nacionalidad o el domicilio del autor (Sección 104a). 4. Herederos y Sucesores: La definición de obras conjuntas requiere la "intención" de los autores de fusionar sus contribuciones; las máquinas carecen de mente para formar intenciones (Sección 101). 5. Capacidad de firma: Las transferencias de propiedad deben realizarse mediante instrumentos firmados por el autor; la IA no posee capacidad legal para firmar (Sección 204a). 6. Capacidad de poseer propiedad: La titularidad inicial requiere una entidad capaz de ejercer derechos patrimoniales desde el momento de la creación. 7. Definición de máquina como herramienta: n las secciones 101 y 117 del Código en cuestión, los términos "computadora", "dispositivo" y "proceso" se definen sistemáticamente como mecanismos que asisten a los autores, presuponiendo siempre la existencia de un "dueño" humano que realiza mantenimiento o reparaciones. Obra por encargo Surgió un análisis adicional al evaluar la doctrina de "Obra por Encargo" (Workmade-for-hire). Thaler sostuvo que, al ser el dueño de la IA, él debía ser el autor legal, tal como una empresa es autora de lo que

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crean sus empleados. La Corte desestimó esta analogía mediante un análisis lingüístico preciso: la Sección 201(b), del Código antes citado, utiliza el término "se considera" (considered) el autor para corporaciones, precisamente porque el Congreso fue cuidadoso en evitar decir que tales entidades "son" autores en el sentido natural. El tribunal dictaminó que la doctrina de obra por encargo no genera autoría de la nada; requiere que exista un interés inicial de autoría humana para poder transferirse legalmente. Al no haber autor humano, no hay derecho que Thaler pudiera reclamar como empleador. Conclusiones del fallo El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. confirmó la denegación de la solicitud de registro de derechos de autor de la obra generada por la inteligencia artificial de Stephen Thaler. El tribunal dictó las siguientes conclusiones específicas en su fallo: 1. La autoría humana es un requisito indispensable: se determinó que la "Creativity Machine" no puede ser reconocida como autora de una obra protegida por derechos de autor porque la ley federal exige que toda obra elegible sea creada, en primera instancia, por un ser humano. 2. Rechazo de la doctrina de "obra por encargo" (work-made-for-hire): El tribunal concluyó que esta disposición no permite que Thaler reclame la autoría alegando que la máquina es su "empleada", ya que la ley exige que cualquier "obra de autoría original" deba ser creada en primera instancia por un ser humano, incluso en los casos de obras por encargo. 3. Renuncia

a reclamos alternativos (waiver): El tribunal no evaluó si Thaler podía considerarse el autor de la obra bajo el argumento de que él programó y dirigió la máquina, debido a que este reclamo fue desechado al no haber sido presentado formalmente ante la Oficina de Derechos de Autor durante la etapa administrativa inicial. Conclusiones propias Basado en la resolución del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C, podemos concluir que la Inteligencia Artificial no puede ser poseedora de derechos de autor, ya que la capacidad legal de poseer derechos está adherida a la capacidad de ejercerlos, transferirlos o invocarlos, y para el caso en comento, una máquina no podría ceder los derechos económicos de los que tendría en su calidad de autor, pues no existe consentimiento ni voluntad de parte de una máquina. No podría reivindicar la paternidad de la obra, u oponerse a que la modificaran por considerarla perjudicial para su reputación. Tampoco una máquina podría ser considerada como empleada de una persona natural o jurídica, puesto que no hay una relación de dependencia, ni obligación de cumplir derechos y deberes en favor de una máquina, esta no recibe una contraprestación económica por la generación de contenido, ni está sujeta a un horario, entre otros aspectos que definen y dan sentido a una relación laboral. Tal como lo ha citado el Tribunal, la piedra angular del derecho de autor es la autoría humana y la protección de la propiedad intelectual debe seguir siendo exclusiva al intelecto humano.

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CUANDO EL COMPLIANCE FALLA, LA TECNOLOGÍA DEJA DE SER SUFICIENTE

Iván Eduardo Ortega GERENTE LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

onfieso que, cada vez que escucho hablar de ciberseguridad, la primera imagen que se me viene a la mente es Matrix. Pantallas llenas de códigos verdes, hackers escribiendo a una velocidad imposible y alguien salvando al mundo con unas cuantas líneas de programación.

Hace algún tiempo conversaba con un colega del área de Tecnología y me hizo un comentario que no he olvidado: “la mayoría de los ataques aprovechan primero un error humano y después una vulnerabilidad tecnológica”. Esa idea me hizo pensar que, quizá, hemos estado haciendo la pregunta equivocada.

Durante muchos años asociamos el Compliance con leyes, reglamentos, auditorías y listas de verificación. Todo eso sigue siendo importante. Sin embargo, con el paso del tiempo he comprendido que su verdadero valor está en ayudar a las organizaciones a construir mejores decisiones.

Cuando ocurre un incidente ciberseguridad solemos preguntar:

Una política clara evita improvisaciones; Un procedimiento bien diseñado reduce errores; Una capacitación oportuna puede impedir una pérdida económica. Y una cultura donde las personas se sienten responsables de hacer las cosas correctamente vale mucho más que cualquier manual olvidado en un archivo.

En ¿Qué sistema falló? Yo prefiero hacer otra pregunta: ¿Qué decisión permitió que ese riesgo existiera? Imaginemos una situación muy sencilla. Una empresa recibe un correo electrónico aparentemente enviado por uno de sus principales proveedores. El mensaje solicita actualizar la cuenta bancaria para el siguiente pago. Todo parece normal. Hay una factura pendiente, el tiempo apremia y el colaborador quiere resolver el trámite cuanto antes.

No creo que Tecnología y Compliance compitan entre sí. Al contrario. Se necesitan. Mientras un equipo protege los sistemas, el otro ayuda a proteger la manera en que las personas toman decisiones. Cuando ambas funciones trabajan juntas, la organización está mucho mejor preparada para enfrentar cualquier riesgo.

Realiza la transferencia.

Después de varios años trabajando en cumplimiento, hay una conclusión que comparto con absoluta convicción.

En la mayoría de las organizaciones, las crisis no comienzan porque apareció un hacker con habilidades extraordinarias. Comienzan porque alguien reutilizó una contraseña, porque un correo electrónico no se verificó, porque un procedimiento se ignoró "solo por esta vez" o porque la prisa fue más fuerte que el control.

Dos días después descubren que el dinero nunca llegó al proveedor.

Las empresas no fracasan porque les falte tecnología.

Lo primero que suele escucharse es:

Muchas veces fracasan porque los controles dejaron de aplicarse, porque alguien decidió omitir un procedimiento o porque nadie hizo la pregunta correcta en el momento oportuno.

Y eso me lleva a una reflexión.

» ¿Existía un procedimiento para

La realidad de las empresas suele ser mucho menos espectacular... y precisamente por eso, mucho más peligrosa.

Como Gerente Legal y de Cumplimiento, he participado en conversaciones sobre riesgos empresariales. Nunca he escuchado a un director decir: "Hoy vamos a tomar una mala decisión." Sin embargo, las malas decisiones existen y, cuando se acumulan, terminan abriendo la puerta a problemas que pudieron evitarse.

—"Nos hackearon." Tal vez. Pero, desde mi experiencia, el problema comenzó mucho antes. confirmar ese cambio de cuenta bancaria?

» ¿Alguien verificó la información

mediante una llamada telefónica?

» ¿Se requería una segunda autorización antes de modificar datos bancarios?

La tecnología seguirá evolucionando. Los ataques también. Pero ninguna herramienta será suficiente si dentro de la organización se pierde la disciplina para gestionar los riesgos, respetar los controles y asumir que cada decisión, por pequeña que parezca, puede proteger o poner en peligro a toda la empresa.

» ¿El personal había sido capacitado

Quizá esa sea la mayor enseñanza.

Si la respuesta a varias de esas preguntas es negativa, entonces el verdadero problema no fue únicamente tecnológico.

Empieza mucho antes.

para identificar este tipo de fraude?

Fue una falla en los controles. Y ahí es donde, en mi opinión, el Compliance deja de ser un simple requisito legal para convertirse en una herramienta que protege el negocio.

La ciberseguridad no empieza cuando se instala un nuevo software.

Empieza cuando una organización decide construir una cultura donde hacer las cosas correctamente no sea una obligación, sino una forma de proteger su futuro.

MASTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS (modalidad on-line)

El Máster en Derecho de los Negocios (modalidad on-line), de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es un programa de estudios diseñado para proporcionar un conocimiento de vanguardia en el campo del Derecho. También para desarrollar las habilidades adecuadas y así intervenir en la realidad de los negocios, del comercio y de la empresa. El programa académico ofrece, como uno de sus objetivos principales, la preparación de profesionales altamente cualificados para el asesoramiento en Derecho de los Negocios. INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES Fecha de inicio: 7 Enero 2027 Dirección: Dra. María Isabel Martínez Jiménez Dr. Eliseo Sierra Noguero Para obtener información sobre la preinscripción, puede consultarse en la página Web y contactar al correo electrónico o teléfono/fax:

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Teléfono: +34 93 581 22 24 - Fax: +34 93 581 22 21 Correo electrónico: monica.perna@uab.cat Webs: https://masterenderechodelosnegocios.uab.cat https://bit.ly/2Movxhs

ACADÉMICO 34|DERECHO Y NEGOCIOS

¿QUIÉN DIJO QUE UNA GENERACIÓN

SABE MÁS QUE OTRA? depende de la tarea y el entregable asignado. Pragmáticamente hablando, cada uno sabe más sobre aquello por lo cual tiene que responder para garantizar su continuidad y su salario. Esto me acerca a un primer punto en común: a ambas partes les preocupa su trabajo, solo que de manera diferente.

Graciela Bocchi EXPERTA EN CAPITAL HUMANO, FACULTY ADEN BUSINESS SCHOOL

evisando las notas de mi bitácora sobre sesiones de liderazgo, encuentro dos que ejemplifican las tensiones derivadas del título de esta nota:

(...) “Esta gente grande como que es lenta para entender, hay que explicarles todo y siempre quieren hacerlo como lo han hecho siempre. Como que estuvieran oxidados”. (...) “Estos jovencitos lo que mejor hacen es mirar el reloj para irse a tiempo o, mejor, antes. No se ponen la camiseta. Parecen rápidos, pero se equivocan mucho y ahí estamos los viejitos solucionando sus errores con nuestro tiempo extra”. Generalizando la esencia que estos relatos expresan, podríamos afirmar lo que la bajada del título describe: ambos "bandos" generacionales esgrimen saber más que el otro. Jugando a la detective de los datos ocultos, podría deducir que no es que una generación sepa más que la otra, sino que cada una sabe algo más que la otra: las nuevas generaciones saben usar herramientas que agilizan el trabajo y los más maduros saben hacer bien lo que hay que hacer. Es decir, no es un tema de grado general, sino de graduación situacional:

A partir de mi experiencia en el desarrollo de líderes, considero valioso aportar a este debate algunas conclusiones que han surgido de observar y sistematizar estas dinámicas en distintos equipos y organizaciones. La convivencia intergeneracional dentro de las empresas presenta una contradicción que problematiza algo que, en el lenguaje de Edward Deming, es solo una variable implícita del sistema: la tensión entre innovación de la sangre nueva y conocimiento consolidado de quienes tienen mayor trayectoria laboral. Las diferencias que aparecen de esta tensión, suelen abordarse desde el criterio de “mejor”, en lugar de usar el constructo “diferente”. La diferencia que la diversidad manifiesta es la que nos cuesta. Por eso tendemos a gestionar desde la comparación: si bien simplifica la toma de decisiones, conlleva una segmentación en la valoración que es poco beneficiosa si realmente queremos cohesionar un equipo. Por el contrario, abordar este hecho desde el criterio de "diferentes" amplía la posibilidad de cohesión, asumiendo la complejidad que incluye la diferencia. Simplificar lo complejo es el peor sesgo del liderazgo en la actualidad, donde el propio negocio demanda innovación, lo cual requiere navegar y crecer en lo caótico, no en lo “sencillo”. Comparar diferencias con iguales criterios sólo amplifica lo que se quiere ignorar. Por el contrario, necesitamos la valentía de aceptar, promover y gestionar la diversidad en la fuerza laboral de una organización. Aunque declaramos que en las diferencias está la riqueza, gestionamos la diversidad de los equipos con expectativas de homogeneizarlos en la acción, a conveniencia del resultado que nos preocupa.

Por lo cual, si tuviera que responder la pregunta que encabeza esta nota, postulo que cada generación sabe hacer algo más y mejor en relación a la otra. En sintonía con Paulo Freire: “Nadie lo sabe todo ni nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo y todos ignoramos algo.” Es un rol indelegable de quien lidera equipos multigeneracionales crear y sostener un contexto donde este complemento se potencie y se haga efectivo. El verdadero problema no está en las diferencias generacionales, sino en no incorporarlas como parte de la gestión y del trabajo cotidiano. A veces, resulta inefectiva la práctica habitual de la llamada mentoría cruzada. En sí misma es válida, pero suele intentarse implementar sin considerar que enseñar involucra tiempo y en consecuencia, termina aumentando la carga de trabajo de ambas generaciones, volviéndose errática, voluntaria y carente de valor. Por lo tanto, refuerzo que siempre habrá tensión en la gestión de la diversidad. Considero ilusorio e inefectivo querer eliminar la tensión intergeneracional. Es precisamente la tensión entre las diferencias la que permite la creación de algo nuevo (el denominado “conflicto creativo”). El problema no son las diferencias generacionales en sí, sino que el líder las ignore y no asuma dos puntos esenciales:

» Tiene que transformar la forma en la

que actualmente lidera a su equipo y a su gente, asumiendo tanto lo que ignora como lo que sabe al respecto.

» Es una responsabilidad indelegable

involucrarse en la tarea de cohesionar al equipo del mismo modo que lo es responder por los resultados.

Esta respuesta surge de la sistematización de mi experiencia, sin ánimo de emitir un juicio categórico. Al final, quizá la pregunta no sea qué generación sabe más, sino qué podemos aprender cuando dejamos de comparar generaciones y empezamos a reconocer lo que cada una puede aportar. La respuesta, como siempre, queda abierta a quienes lideran y trabajan cada día con equipos diversos.

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EMPRESARIAL 36|DERECHO Y NEGOCIOS

MULTIPLICA TU PATRIMONIO TOMANDO MEJORES DECISIONES FINANCIERAS Una gestión financiera estratégica comienza cuando cada decisión sobre el dinero responde a un propósito.

Definir un presupuesto y mantener bajo control los gastos mensuales son buenos puntos de partida, pero una gestión financiera integral implica mucho más: requiere evaluar cómo asignar los recursos disponibles, establecer prioridades y tomar decisiones que respondan tanto a las necesidades actuales como a los objetivos de mediano y largo plazo Gestionar las finanzas personales implica, por tanto, pasar de una lógica centrada exclusivamente en el control a una visión más estratégica de los recursos. El desafío no está únicamente en cuánto se gana o cuánto se gasta, sino en determinar cómo distribuir los ingresos de manera que permitan atender las necesidades presentes, mantener capacidad de respuesta ante contingencias y, al mismo tiempo, avanzar en la construcción de patrimonio. Esta perspectiva supone reconocer que no todos los recursos deben cumplir la misma función. Una parte puede estar destinada al consumo cotidiano, otra a mantener liquidez para enfrentar imprevistos y otra puede orientarse hacia objetivos que requieren una perspectiva de mayor plazo. La adecuada asignación dependerá de las circunstancias, prioridades y etapa financiera de cada persona. Cada decisión responde a una necesidad diferente Uno de los principios de una gestión financiera ordenada es diferenciar el propósito de los recursos. El dinero que se necesita para cubrir compromisos de corto plazo requiere un nivel de disponibilidad distinto al capital destinado a un proyecto futuro o a una estrategia de inversión. De esta forma, el establecer objetivos financieros permite precisamente determinar estas prioridades. Para algunas personas, el primer paso puede ser consolidar una reserva para emergencias; para otras, destinar recursos a la adquisición de un activo, financiar un proyecto personal o construir patrimonio. También es posible que diferentes objetivos coexistan, haciendo necesario distribuir los recursos entre distintas alternativas. En este proceso, la liquidez constituye

un factor relevante. Mantener recursos disponibles permite responder ante necesidades inmediatas, mientras que aquellos que no serán requeridos en el corto plazo pueden evaluarse bajo una perspectiva diferente, considerando opciones que permitan generar rendimiento en el tiempo. El riesgo es otro elemento que debe formar parte de cualquier decisión de inversión. La posibilidad de obtener un determinado rendimiento está relacionada con el nivel de exposición que se asume, por lo que conocer la propia tolerancia a las variaciones del mercado resulta fundamental. La rentabilidad esperada, por sí sola, no debería determinar la elección de una alternativa. A esto se suma el horizonte de inversión. Los recursos que podrían necesitarse próximamente requieren una estrategia distinta de aquellos destinados a objetivos que se encuentran a varios años de distancia. Definir cuándo se necesitará el capital y cuál será su propósito permite evaluar con mayor criterio las alternativas disponibles. Planificar para tomar mejores decisiones Una gestión financiera eficiente no significa limitar permanentemente el consumo ni concentrar todos los esfuerzos en una única forma de hacer crecer el patrimonio. Se trata de establecer un equilibrio entre las necesidades presentes, la capacidad de respuesta ante contingencias y los objetivos que requieren una visión de largo plazo. Para ello, resulta útil revisar periódicamente la estructura de ingresos y gastos, establecer prioridades, mantener una reserva adecuada y conocer las alternativas disponibles para administrar los recursos. La información también desempeña un papel fundamental: comprender las características, condiciones, riesgos y potenciales rendimientos de una alternativa permite tomar decisiones con mayor criterio. La diversificación puede ser parte de esta estrategia. Distribuir los recursos entre diferentes alternativas, de acuerdo con los objetivos y el perfil financiero

de cada persona, puede contribuir a gestionar de mejor manera la relación entre disponibilidad, riesgo y potencial de rendimiento. En este sentido, la planificación financiera no debería entenderse como un ejercicio estático. Las necesidades cambian, los ingresos pueden evolucionar y también lo hacen las prioridades personales. Revisar periódicamente las decisiones permite ajustar la estrategia a las distintas etapas y circunstancias. Como parte de las alternativas disponibles para quienes buscan incorporar una perspectiva de largo plazo a su planificación financiera, AFP CONFIA cuenta con sus Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, Proyecta Life y Proyecta 5Plus, que responden a diferentes perfiles y horizontes de inversión. Más allá de la alternativa que cada persona elija, el principio fundamental es asignar un propósito a los recursos y tomar decisiones coherentes con ese propósito. El dinero puede cumplir diferentes funciones a lo largo del tiempo: atender necesidades, generar respaldo, financiar proyectos o formar parte de una estrategia de construcción patrimonial. Pasar de administrar el dinero a tomar decisiones financieras implica precisamente ampliar esa perspectiva. No se trata únicamente de saber cuánto se tiene disponible, sino de comprender qué función debe cumplir cada recurso y cómo puede contribuir a los objetivos definidos. Los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario te permiten construir un ahorro adicional para tus proyectos y planes a futuro. Escribe al WhastApp 2267-7777 para conocer cómo abrir tu cuenta y recibir asesoría personalizada sobre cuál de los fondos se adapta mejor a tu perfil y objetivos de ahorro. ¡Empieza hoy a diseñar el futuro que quieres!